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Técnicos del CSN denuncian una «caza de brujas» en el organismo regulador atómico y advierten de su “grave deterioro actual”

EFE / Europa Press.- La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha denunciado, en una carta dirigida a los grupos parlamentarios, «una caza de brujas» por parte del presidente del CSN, Fernando Martí, hacia los profesionales del mismo, que afecta a la «seguridad nuclear«.

La misiva, dirigida a todos los grupos políticos, fue registrada en las Cortes por parte de la Asociación, con representación sindical en la Junta de Personal del CSN, en la que cuentan con 3 de los 13 delegados existentes. ASTECSN alerta en la carta de que desde la llegada del exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí, a la presidencia del CSN en 2013 «se vienen sucediendo hechos preocupantes para la seguridad nuclear», y piden a los diputados «que tomen cartas en el asunto y promuevan un cambio urgente en el regulador«. Por su parte, fuentes del CSN aseguran que el escrito de la citada asociación «tiene un trasfondo político» impropio de «un órgano técnico».

Los denunciantes afirman que la gestión de Martí está «marcada por la instauración del miedo, la ocultación interna y externa de información, y las presiones sobre los técnicos evaluadores e inspectores». Los técnicos también aseguran que hay informes «secretos» referentes a las evaluaciones de la central nuclear de Garoña (Burgos) o al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. En el caso concreto de la posible reapertura de la central burgalesa, el CSN ha contestado que ya remitieron una explicación a Greenpeace en la que subrayaban que al Consejo «no compete adoptar ninguna posible decisión de paralización del procedimiento de renovación de licencia», y que su labor se limita a un «asesoramiento de carácter técnico».

«Grave deterioro» en función reguladora

ASTECSN expresó sus «inquietudes» por el «deterioro progresivo» en el funcionamiento del CSN desde la renovación de su cúpula directiva en 2013, que «trajo cambios organizativos» en el relevo de mandos en el CSN. Por ello, cuestionan nombramientos y ceses que ASTECSN entiende que suponen un «desprecio» a la necesidad de conocimientos específicos y experiencia en los puestos técnicos y un mensaje «claro» de «lo efímero» de los cargos de libre designación y acusa a esta cúpula de forzar «más que nunca a una sintonía con los objetivos políticos establecidos».

La carta de siete páginas, expone las deficiencias que para la asociación se están produciendo en materia de supervisión de centrales nucleares, relata la sobrecarga de trabajo y los enfrentamientos internos entre los técnicos y sus superiores. Respecto a la información al público sobre los incidentes en las centrales nucleares lamentan la reducción de los sucesos que se publican y que «no resultan del agrado de los titulares de las centrales nucleares», cuestionando así la falta de independencia del regulador.

«Es fundamental que los inspectores mantengan su capacidad para identificar incidencias y poder solicitar a los titulares que emitan las correspondientes notificaciones. En la situación actual se ha ido perdiendo esa potestad y los inspectores residentes en las centrales nucleares han llegado a recibir indicaciones para que no pierdan el tiempo buscando estas incidencias», añaden. Del mismo modo, resaltan la reducción del número de expedientes sancionadores por la falta de transparencia y una desregulación implícita.

En la carta, firmada por la presidenta de la asociación, Nieves Sánchez Guitián, se añade que la lista de quejas trasladada a la ASTECSN por problemas para ejercer su independencia profesional es «larga», incluido el impedimento al realizar alguna inspección reactiva que debe hacerse en las instalaciones radiactivas tras determinados incidentes. También ha recibido quejas por «presiones» y «amenazas» hacia los técnicos para que cambiaran las conclusiones de sus informes o las actas de inspección cuando no son del agrado de los titulares y denuncia que quienes no se han prestado a ello fueron excluidos de la firma del informe.

Respecto a los ceses y nombramientos, lamenta que en el seno del organismo regulador, «discrepar es motivo suficiente para ser cesado alegando pérdida de confianza» y ven con preocupación este asunto porque el sistema de libre designación permite cubrir más del 30% de los puestos ocupados por los técnicos.  Por otro lado, se refiere también a la «actitud huidiza» y a la ausencia del control institucional que se plasman en la no comparecencia del presidente del CSN ante la Cámara Baja el pasado abril. «No es más que una constatación de la degradación institucional», lamenta.

Respecto al clima interno, explica que está «peor que nunca porque el regulador está capturado y debilitado por la connivencia y laxitud de su superioridad jerárquica, que cede a las presiones del sector en busca de una desregulación que va en detrimento de la seguridad nuclear«. Por último, insiste en que los controles externos están «anestesiados», no solo por las incomparecencias ante la Comisión de Industria y por la desactivación en la práctica del comité asesor y considera que es deber y conciencia de responsabilidad poner en conocimiento de la comisión esta preocupación porque la función pública que están desempeñando desde el CSN es «mejorable».

El PP se opone a la petición mayoritaria de la oposición de citar en el Congreso al presidente del CSN

EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso decidirá este miércoles si cita a comparecer al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y sobre el futuro de las centrales de Almaraz (Cáceres) y Garoña (Burgos), una petición de la oposición que el PP rechaza. Previsiblemente se aprobará al ser una petición de la mayoría de los grupos.

Fuentes parlamentarias explicaron que los populares alegan para su negativa que la comparecencia del responsable del CSN en la Cámara Baja siempre se ha producido en una ponencia específica cuyas reuniones no son públicas, dado el tema de especial sensibilidad del que trata. Sin embargo, en este caso, el hecho de que la ponencia aún no esté constituida y la posible disolución de las Cortes el 1 de noviembre, lleva a los grupos parlamentarios a adelantar la presencia de Martí en comisión, ya que esperar a esos trámites para una comparecencia en ponencia impedirían que ésta se produjera y se tendría acumularía un nuevo informe a presentar, el de 2016.

El PSOE ya había presentado a mediados de septiembre una petición de comparecencia de Martí denunciando, además, que éste había usado «todos los subterfugios posibles para evitar comparecer» en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, «a pesar de reiteradas peticiones formuladas por los grupos parlamentarios«. En el texto registrado, los socialistas también solicitaban su presencia en el Congreso para informar sobre la reapertura de la central de Garoña, la evaluación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y la posible relajación de los criterios sobre la gravedad de los sucesos en las centrales nucleares.

El PSOE pide al presidente del CSN que explique en el Congreso el ejercicio 2015 y la situación de Garoña

Redacción / Agencias.- La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, registró en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, con el fin de que presente el informe de actividad del organismo durante 2015, así como para que dé explicaciones sobre cuestiones de seguridad nuclear. En este sentido, el grupo socialista pide al CSN información sobre el proceso de renovación y explotación de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña.

Lucio destacó el carácter de «infraestructura critica» de las centrales nucleares, y la importancia del papel del CSN en el diseño y desarrollo de medidas de prevención y de gestión de emergencias, «sobre las que consideramos imprescindible una explicación por parte de Martí». En esa línea, Lucio incidió en que de acuerdo con la legislación vigente, «el CSN rinde cuentas exclusivamente ante el Parlamento», y que está pendiente la presentación por su parte de su presidente del informe de actividad correspondiente a 2014 y 2015.

Lucio recordó que el presidente «utilizó todos los subterfugios posibles para evitar comparecer» en la Cámara Baja en la pasada legislatura, cosa que no hace desde diciembre de 2014 y «a pesar de reiteradas peticiones formuladas por los grupos parlamentarios«, lo que ha dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos menos el PP hayan pedido su dimisión». En cuanto a las obligaciones legales del CSN en relación con la información y la participación del público, «es preciso que explique también las razones de la escasa atención prestada al Comité Asesor para la información y la participación».

Para la diputada socialista esta actitud es «grave» dadas las causas pendientes de este organismo. En este sentido recordó la intención de seguir con el proceso de renovación de la central de Garoña, la «opacidad» con la que han realizado la evaluación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y las resoluciones parlamentarias sobre el Plan de comunicación del CSN que, según recordó, «no se ha hecho«. Del mismo modo, ha señalado «las circunstancias en las que se produjo el cese del jefe de área operativa» y la «relajación de los criterios sobre la gravedad de los sucesos en las centrales nucleares». «Pedimos que comparezca cuanto antes», ha insistido Lucio.

El ATC preocupa en Cuenca

Por su parte, el diputado socialista por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, exigirá que dé cuenta sobre cuestiones de seguridad nuclear, como la evaluación del CSN sobre la solicitud de construcción del ATC en Villar de Cañas (Cuenca). El diputado socialista denunció que, pese a no tener la autorización, «el gobierno de Mariano Rajoy no ha dejado de actuar en él ignorando las reiteradas advertencias que se le han hecho». Asimismo, el parlamentario conquense ha recordado que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a petición de la ONG Transparencia Internacional, exigió al CSN que hiciera pública documentación relativa al emplazamiento.

Interior pasará de 185 a 490 los efectivos para cubrir la seguridad en las centrales nucleares ante el «desafío» yihadista

Redacción / Agencias.- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que España pasará de 185 a 490 efectivos para cubrir la seguridad física de las centrales nucleares españolas y el material nuclear, que requieren de unos sistemas de protección y seguridad «acordes a la actual amenaza terrorista».

Durante la II Conferencia Internacional de Reguladores de la Seguridad Física Nuclear en el Museo del Prado de Madrid, Fernández Díaz reconoció que los «continuos ataques del terrorismo yihadista contra la estabilidad demuestran que los desafíos para la Seguridad Nacional revisten una elevada complejidad que ha desbordado los conceptos tradicionales de defensa y seguridad pública«. Así, ha destacado que las instalaciones nucleares y el material nuclear requieren de sistemas de protección y seguridad de acuerdo a la amenaza existente que no solo deberán estar «perfectamente capacitados» para intervenir, detectar y retardar «cualquier intento de ataque» sino también para responder «adecuadamente» para garantizar la seguridad de los ciudadanos y su protección.

En este contexto, ha explicado que el nuevo modelo definido para la seguridad de las centrales nucleares en España se basa en la activación de Unidades de Respuesta de la Guardia Civil, que se ubicarán de forma permanente en cada una de las centrales nucleares. En concreto, ha precisado que en 2016 hay 185 efectivos dedicados a este fin y que la cifra aumentará en otros 305 en 2017, hasta cubrir todas las centrales nucleares en España con un total de 490 efectivos. Además, Fernández Díaz felicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por «convertir a España en una referencia a nivel mundial en el campo de la seguridad nuclear».

El presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhaussen, consideró que la reunión es una oportunidad para aprender unos de otros y fortalecer la colaboración, para desarrollar estrategias conjuntas de regulación nuclear para proteger tanto a los ciudadanos como a las infraestructuras críticas«. Por su parte, el director general adjunto de Seguridad Nuclear de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Juan Carlos Lentijo, destacó que la ampliación de la aplicación de la Convención sobre protección física de material nuclear significa que «ahora» hay requisitos legalmente vinculantes para los países para proteger las instalaciones nucleares, así como los materiales nucleares objeto de utilización, almacenamiento y transporte».

En la misma línea, el presidente del Nuclear Regulatory Commission de Estados Unidos (USNRC), el organismo regulador estadounidense, Stephen G. Burns, subrayó que esta conferencia «se basa en el trabajo de 4 años, en los que se han mantenido las mismas inquietudes: los marcos legales y reglamentarios para la seguridad, las metodologías de establecimiento de amenazas base de diseño y su evaluación, así como la protección de la información y la ciberseguridad, la conexión entre la normativa de seguridad y su protección». El objetivo de la Conferencia internacional es «fortalecer la capacidad de seguridad física nuclear en todo el mundo y apoyar la implementación de buenas prácticas en este campo».

Martí (CSN) explica a Transparencia Internacional los informes sobre el ATC de Villar de Cañas

EFE.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, informó durante una hora al presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, sobre las características de dichos informes, relativos a la idoneidad y condiciones de seguridad de la ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta actividad (ATC), en Villar de Cañas. A finales de febrero pasado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluyó en una resolución que el CSN remitiese 2 de los 6 documentos solicitados por Transparencia.

Lizcano añadió que el plazo de entrega de la documentación expira el 10 de abril, según sus cálculos, y el 13 de abril según el CSN, momento a partir del cual los hará públicos. El organismo regulador en materia nuclear solicitó hace un par de semanas una prórroga al Consejo de Transparencia para el envío de la documentación, debido a que necesitaba cerciorarse de que no incurría en posibles conflictos con protección de datos, propiedad intelectual o secreto profesional de los autores de los estudios.

El ATC, con un presupuesto superior a los 900 millones de euros, consiste en una nave blindada con paredes de casi 2 metros de espesor, y guardará 6.700 toneladas de combustible gastado y de residuos de alta actividad de las plantas nucleares en cápsulas selladas. En 2010, 8 localidades presentaron sus candidaturas para acoger el ATC nuclear: Zarra (Valencia), Santervás de Campos (Valladolid), Ascó (Tarragona), Albalá (Cáceres), Congosto de Valdavia (Palencia), Melgar de Arriba (Valladolid), Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas. El informe técnico final colocó a la localidad conquense en el cuarto lugar, después de Zarra, Ascó y Yebra.

El pasado 30 de mayo, el Tribunal Supremo rechazó los recursos de los ayuntamientos de Ascó y Yebra contra la decisión del Gobierno de elegir a Villar de Cañas , porque «nada obligaba» a escoger al municipio con mayor puntuación en la valoración técnica. Según la sentencia del alto tribunal, el criterio de la Comisión Interministerial que elevó la propuesta al Consejo de Ministros no era vinculante para el Gobierno.

El CSN presenta una denuncia por las pancartas desplegadas en su sede por Greenpeace contra la reapertura de Garoña

Redacción / Agencias.- Activistas de la organización ecologista Greenpeace desplegaron 2 pancartas de 27 m2 cada una sobre la fachada del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid. Bajo los mensajes Stop Garoña y Stop nucleares, Greenpeace expresó su rechazo a la reapertura de la central nuclear burgalesa. El CSN presentó la correspondiente denuncia por el acceso a su sede central ante la Dirección General de la Policía. 6 activistas de Greenpeace fueron detenidos.

Los hechos transcurrieron así: 2 vehículos con miembros de la organización Greenpeace accedieron al edificio del CSN por los pasos del garaje, que estaban abiertos para el acceso del personal del CSN, y desplegaron pancartas en la fachada del edificio para pedir el cierre de Garoña (Burgos). Dichos vehículos han sido retenidos por el servicio de seguridad de la sede del CSN, hasta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una vez alertados, tomaron el control del incidente, según explicó el organismo regulador. La Policía Nacional detuvo y trasladó a dependencias judiciales a 6 activistas tras permanecer colgados de la fachada del CSN durante más de 4 horas.

El Pleno del CSN lamentó la acción de Greenpeace, pues como órgano regulador en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, con carácter independiente, «no debe verse influenciado por presiones de ningún tipo. Además las competencias del CSN en la renovación de Garoña «se limitan a la emisión del informe técnico»; corresponde al Ministerio de Industria la resolución final, «tanto en lo que se refiere a la concesión o denegación de la petición, como a cualquier eventual decisión sobre la suspensión de dicho informe técnico». El CSN apela a la responsabilidad de los distintos grupos de interés para que no lleven a cabo acciones reivindicativas que pueden ser interpretadas como «una presión moral y jurídicamente injustificada sobre un organismo regulador».

Greenpeace quiere paralizar el proceso

Además de la protesta realizada en la fachada del CSN, junto a la puerta de la sede otros activistas han portado una tercera pancarta en la que se podía leer Por un CSN independiente. De este modo, Greenpeace pide al CSN que paralice el proceso de evaluación para la reapertura de Garoña, “después de que en el último pleno, el pasado 3 de febrero, aprobara varios informes que allanan el camino para que se pueda emitir un informe favorable que permita darle una licencia a la central nuclear burgalesa para operar hasta los 60 años”.

La organización apunta que, con esta decisión, el presidente del CSN, Fernando Martí, «ha hecho oídos sordos a la mayoría del Parlamento» ya que todos los grupos parlamentarios, menos el PP, habían pedido previamente a través de una carta que paralizara el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno. En la misiva también le comunicaban que solicitarían su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso tan pronto como esta se constituya, solicitud que ya se ha llevado a cabo. Para la organización ecologista, la decisión del CSN es “inaceptable, teniendo en cuenta que corresponde al Parlamento español ejercer un control continuado sobre las actuaciones del CSN”.

Greenpeace denuncia que “las decisiones del CSN se están llevando a cabo bajo influencia del PP del que proceden 3 de sus miembros, incluido el presidente del organismo regulador”. La organización ecologista recuerda que el nombramiento del presidente en 2012 se llevó a cabo sólo 24 horas después de su destitución como secretario de Estado de Energía, una decisión, a su juicio, «muy cuestionable» teniendo en cuenta que la Ley de Creación del CSN establece que es independiente de la Administración General del Estado. “Entre las tareas de Marti como secretario de Estado de Energía estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN», subrayó Greenpeace.

En este sentido, Greenpeace también recuerda que otro consejero procedente del PP, Javier Dies, ocupó su cargo un mes antes de las elecciones del 20-D, nombrado por el Ministerio de Industria, sin el consenso del resto de partidos, en lo que consideran «una maniobra que les permitió dejar el control del CSN en manos del PP antes de las elecciones».

Aparte de la protesta, Greenpece ha lanzado también una petición de firmas para que no se renueven las licencias a las centrales nucleares. «El CSN no debe dar ni un paso más en el proceso de reapertura de Garoña. Decisiones tan relevantes como permitir a Garoña operar hasta los 60 años deben ser tomadas de forma transparente e independiente», señaló la organización.  «El presidente del CSN ha preferido seguir acatando las órdenes del gobierno en funciones de Partido Popular», denunció Marta González, portavoz de la campaña de nuclear de Greenpeace.

La reapertura de Garoña: la decisión técnica y la decisión política

Es necesario percibir con el suficiente distanciamiento la episódica situación de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña para comprender lo que está pasando y como se está embarrando el terreno en torno a esta decisión. Una frialdad prácticamente imposible en el caso de Garoña.

Distanciamiento, en este caso, que supone el hecho de no figurar en ningún bando, ya sea el de forofos o el de los opuestos respecto a una tecnología de generación o respecto a cualquier otra. Y este mismo distanciamiento es necesario para valorar cuáles serían las tecnologías que podrían sustituir el hueco nuclear en el mix de generación. De ahí, los intentos en convertir la reapertura de esta central en una cuestión de política politizada a través de los medios. Los titulares en la prensa española contribuyen en la politización de una cuestión de índole técnico y procedimental tras la solicitud de renovación de operación por parte de sus titulares.

Todo parte del debate falaz en torno a la vida útil de estas instalaciones. Falaz, en primer lugar, porque la vida útil inicial de una instalación puede prolongarse en función de la inversión adicional que se vaya produciendo, así como de las condiciones de seguridad y mantenimiento que la misma tenga (como en tantas otras instalaciones y activos), sin que haya mediado una obsolescencia tecnológica. Cuestión que, por otra parte, ya se ha resuelto en países con comportamientos democráticos y económicos pragmáticos como Estados Unidos.

Por tanto, podemos leer titulares que afirman que se “aceleran” los pasos para la reapertura de Garoña, tras el cumplimiento de las inversiones y requerimientos fijados por la Administración a la misma. Y también se puede leer cómo el aplazamiento (reglamentariamente establecido) de la valoración de su situación en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también se entiende en clave política. Añadamos además el marco general de una situación de stand by en la política española combinado con lo que supone convertir Garoña en tema de combate en las redes.

Los contrarios a su reapertura afirman que debería ser una decisión “política” y que hay que dejar al Gobierno que finalmente surja (de las elecciones o de los pactos) manos libres para hacer y deshacer sin que haya consecuencias económicas. Temen que la resolución del debate de la vida útil mediante una prolongación condicionada a la certificación de la seguridad de la instalación suponga la ruptura del dogma del concepto de vida útil en sus planteamientos. Por tanto, censuran cualquier afirmación que no conlleva la adopción de ese posicionamiento político.

En esta línea, el PSOE se opone a la reapertura de Garoña por tres motivos: defender el cierre de 2013, dispuesto por Zapatero y anunciado con fuerte aparato mediático y apoyo de los sectores más radicales del partido; por recuperar la cabeza de las posiciones antinucleares en las corrientes más izquierdistas de España, aunque suponga encarecer los precios de la electricidad; y seguir la influencia de Jorge Fabra en los actuales jóvenes responsables del partido dedicados a la energía. Esta pretensión del PSOE les une a Podemos, que combina el papel relevante que juegan los ecologistas de Equo en esta formación junto a las pulsiones intervencionistas hacia el sector eléctrico que respiran la mayor parte de sus iniciativas y postulados.

Por su parte, como trasfondo, el PP ha proseguido con la tendencia a la politización del CSN, un órgano que, en teoría, debería estar exclusivamente dedicado a vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares, no a definir la política en torno a esta tecnología. Se trató de asegurar el control político con el nombramiento como presidente del CSN de Fernando Marti Scharfhausen tras su paso por la secretaría de Estado de Energía. Una decisión que ha derivado en el incendio torpe del organismo, derivando en el escándalo permanente. Y, en el intercambio de cromos del turnismo político, se incorporó como consejera por parte del PSOE a una política antinuclear declarada como Cristina Narbona. El cóctel es explosivo.

En conclusión, se deben separar las decisiones técnicas de las políticas. En primer lugar, el cumplimiento de los criterios de seguridad de una instalación nuclear para seguir operando mientras así se cumplan debería ser una cuestión estrictamente técnica en el seno de un CSN no politizado. Posteriormente, se trataría de valorar esta decisión en términos de política energética, a su vez, inserta en la política económica y medioambiental: mantener un mix de generación equilibrado, que responda a los principios de seguridad, medioambiente, cumplimiento de nuestros objetivos en materia de emisiones de gases contaminantes y sostenibilidad económica en la tarifa, teniendo en cuenta, además, lo que supone despreciar potencia operativa, inversiones realizadas y el impacto marginal en los precios de generación.

Pero eso, es ya mucho pedir.

El CSN da el visto bueno a mejoras necesarias para la reapertura de Garoña con el voto discrepante de Narbona

Europa Press.- El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear aprobó, por cuatro votos a favor y uno en contra, un informe favorable de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear sobre la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de la actualización de las curvas límite de presión y temperatura de la vasija del reactor de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

En la cuestión no ha habido unanimidad en el pleno, donde la consejera Cristina Narbona ha votado en contra porque la iniciativa va dirigida a la vuelta en operación del reactor de Burgos sin que el regulador atómico haya aclarado ni debatido de manera técnica y jurídica las «implicaciones» de la solicitud del titular, Nuclenor, de renovar su licencia hasta 2031, un periodo superior al de las Revisiones Periódicas de Seguridad, que se realizan cada 10 años, normalmente coincidiendo con las peticiones de renovar los permisos.

Según el pleno, el informe responde a los requisitos del CSN exigidos a Nuclenor en la Instrucción Técnica Complementaria sobre la documentación y los requisitos adicionales previos a discutir la solicitud de renovación de la central atómica burgalesa.

La actualización de las curvas de presión-temperatura (P-T) son calculadas para 40, 50 y 60 de operación correspondientes a los escenarios de arranque y parada en operación normal y de prueba hidráulica, así como para las condiciones de núcleo crítico. También se entiende que la vasija está en condiciones de vacío y se ha analizado la adecuación de las curvas de P-T a esta situación. Esta revisión sería aplicable «solo en el caso» de que el titular lograse una renovación de la autorización de su explotación.

Durante el pleno se ha puesto en evidencia las diferencias sobre la cuestión de Garoña, ya que además del voto en contra y voto particular presentado por la consejera Narbona, tanto el presidente, Fernando Martí, como el consejero Fernando Castelló Boronat, han adjuntado al acta del pleno del día 4 de noviembre sus respectivos votos particulares, a favor de la decisión y en contra de la postura de Narbona.

Así, en su voto particular, Narbona se reitera en el contenido de su voto particular emitido en julio de 2014 en el que discrepa de la decisión del pleno porque es «la primera vez en la historia» en España en que un titular de una central solicita renovar su autorización de explotación por más de 10 años y esto «implica la disociación automática» de las Revisiones Periódicas de Seguridad del tiempo de duración de las renovaciones de las autorizaciones de explotación. A su juicio, esto rompe «una buena práctica reconocida internacionalmente y asumida por el CSN desde la década de los años 90».

Además, afirma que también es la primera vez en la historia de la seguridad nuclear española que un titular ha solicitado operar un reactor nuclear hasta los 60 años de explotación comercial y esto supone un incremento de los residuos nucleares.

«La calidad de los procesos de regulación son inherentes y consustanciales a las garantías de seguridad», considera Narbona que no identifica el objetivo general de la mejora de la seguridad nuclear y radiológica en el «inédito» proceso de renovación que sigue el regulador sobre Garoña, ya que se ha iniciado la evaluación para su renovación sin que el Pleno haya aclarado aún si puede o no aceptar tal «anómala solicitud de Nuclenor».

Por ello, reitera su petición de que el pleno delibere y decida «cuanto antes» respecto a la vigencia de la práctica de asociar las revisiones periódicas de seguridad con el periodo de autorización de explotación. A este respecto, estima que si el pleno decide cambiar esta práctica tendría que explicar las mejoras técnicas y jurídicas que introduciría tal disociación en la seguridad nuclear y radiológica y, también, las implicaciones de operar un reactor a 60 años. «Hasta que esto no se produzca, esta consejera considera inadecuado proseguir con el proceso de evaluación de la central», concluye Narbona.

Del mismo modo, el presidente del CSN ha presentado su voto particular para justificar su voto favorable en el que el expediente votado está incardinado en el cumplimiento de los propios acuerdos del pleno del regulador atómico en julio de 2014 en el que se establecían una serie de requisitos a Garoña, como condición previa a estudiar su solicitud de renovación.

En su opinión y respecto al voto en contra de Narbona, Marti Scharfhausen argumenta que la reiteración de argumentos, opiniones y juicios de valor no introduce elemento novedoso alguno para la seguridad nuclear. «Considero que dicha reiteración sí menoscaba la credibilidad de este organismo regulador, cuya misión no es otra que garantizar la seguridad nuclear», concluye el presidente.

Asimismo, estima que se repiten conceptos separados como asociar o identificar los periodos de tiempo de la revisión periódica de seguridad para analizar tendencias e incorporar lecciones, con el nuevo tiempo por el que se solicita o se revisa las condiciones de las seguridad para la operación a largo plazo, siempre a futuro.

Por su parte, el consejero Castelló Boronat es más exhaustivo en su explicación de voto y sus opiniones respecto a su compañera Narbona. En concreto, recuerda que el argumento de Narbona sobre la necesidad previa de un debate técnico y jurídico sobre la propia solicitud de Nuclenor «en su momento sólo contó con un solo voto» y que el pleno adopta las decisiones por mayoría.

A su juicio, la existencia o no de un debate amplio sobre un proceso regulatorio, no puede ni debe predeterminar el voto concreto sobre un asunto que técnicamente está «perfectamente soportado y argumentado» por el cuerpo técnico.

De este modo, opina que la reiteración de los argumentos ya expuestos y conocidos por Cristina Narbona en su momento, «fundamentados en el error conceptual» de confundir los mecanismos de evaluación» de una revisión periódica de seguridad sobre los diez años pasados, con los de la evaluación para la continuidad de Garoña en el futuro «no pueden utilizarse de forma reiterada, en contra de la amplia mayoría de los miembros del Pleno, ya que pueden confundir a la opinión pública y menoscabar la credibilidad del regulador nuclear.

Castelló califica de «extemporáneo» plantear este tipo de cuestiones que no son objeto de lo que se está analizando en el pleno y que, de hecho, ya han sido objeto de análisis por parte del mismo o que lo serán en su momento.

En definitiva, el consejero estima que la «buena» práctica regulatoria es «respetar los procedimiento y los tiempos» que conllevan los trámites y las evaluaciones técnicas y «ceñirse» a las cuestiones que son «realmente» la competencia del organismo y «no introducir elementos de debate ajenos y sesgados por debates políticos o circunstanciales».

Del mismo modo, critica la «predisposición para disturbar la toma de decisión» sobre la cuestión introduciendo elementos de análisis del proceso regulador.

En ese sentido, advierte de que la «previa disposición de «alguno» de los consejeros a emitir su voto sobre un asunto concreto, en función de un posicionamiento general y amplio en el que se pueda encontrar dicho asunto, «puede interpretarse como estrategia política estrictamente como un debate regulatorio sobre una propuesta técnica.

«La existencia o no de un debate amplio sobre un proceso regulatorio no puede ni debe predeterminar el voto concreto sobre un asunto, que técnicamente está perfectamente soportado y argumentado por el cuerpo técnico», manifiesta el consejero.

Finalmente, insiste en que en su opinión, «no parece oportuno ni conveniente que se aproveche cada ocasión que se incluye en el orden del día un asunto relativo a una instalación determinada, en este caso Santa María de Garoña».