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El BNG propone una tarifa eléctrica para Galicia inspirándose en el euskopeaje que existe para la industria del País Vasco

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EFE.- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado una serie de medidas que su partido defenderá en sede parlamentaria con el objetivo de tratar de frenar la “estafa” eléctrica que, a su juicio en estos momentos, sufre Galicia. Pontón salió así al paso de un inminente suplemento territorial a aplicar en la electricidad por parte del Gobierno central, el cual recibe como un “nuevo expolio” para el bolsillo de los gallegos, pese a ser una comunidad productora de energía.

Ante este panorama, la líder de la organización frentista ha reiterado su propuesta de una tarifa eléctrica propia gallega, a semejanza de la que dispone el País Vasco, y que, según asegura, permitiría ahorrar a las familias gallegas cerca de 200 euros anuales. Otra de sus demandas ha sido la reducción de la carga tributaria del IVA en la electricidad del 21% a tan solo un 4%, lo que salvaría cerca de 330 euros al año en cada hogar gallego.

Asimismo, Pontón defiende la creación de una empresa pública que asuma la gestión de los embalses en cuentas de su competencia que hayan finalizado las concesiones vigentes, además de impedir por ley que se puedan producir cortes de luz y gas por tratarse de bienes “de primera necesidad”. La dirigente nacionalista ha sostenido que si el precio de la electricidad sube continuamente “es por los gobiernos gallegos” y ha censurado que la normativa actual “penaliza a las personas” en beneficio de las empresas. Por todo ello, ha anunciado que esta batería de propuestas estará acompañada de una campaña social para concienciar sobre este tema y para denunciar el agravio comparativo que sufre Galicia como comunidad productora frente a otras beneficiarias.

ERC cree que el euskopeaje, que reduce la factura eléctrica para las industrias vascas, puede ser una ayuda ilegal

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Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) cree que la reducción de la factura de la luz a empresas en determinados territorios, consecuencia de la diferenciación en tarifas con similares tramos de tensión, puede constituir una ayuda de Estado ilegal. Así consta en las preguntas registradas por su portavoz de Energía en el Congreso, Joan Capdevila, con las que esta formación reclama corregir unas diferencias que considera discriminatorias. Tiene además efectos en los Presupuestos de 40 millones de euros para compensar esta reducción de ingresos.

El diputado se refiere a los peajes de acceso a la red, diferentes entre los tramos de tensión entre 1kV a 30kV y 30kV a 36kV. Una distinción que, argumenta Capdevila, «responde a la decisión discrecional del Gobierno para establecer políticas que favorezcan más a determinados territorios». De hecho, los valores unitarios fijados para retribuir a las compañías eléctricas distribuidoras son los mismos en el tramo 24kV y 36kV, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avala que la diferenciación «no está justificada por motivos técnicos».

Pacto entre PP y PNV

Esta distinción, relata Capdevila, se acentuó además con el abaratamiento de la tarifa para el tramo de 30kV a 36kV, en virtud del acuerdo entre el PP y el PNV para la aprobación de los Presupuestos de 2017, lo que benefició a 1.250 empresas de 6 comunidades, la gran mayoría del País Vasco. Todasellas se beneficiaron de un ahorro estimado en unos 50 millones de euros anuales, reduciendo el coste del MWh en un 43%, reduciendo aún más una tarifa que ya les era más favorable por la distinción realizada a partir del acceso a la red en la tensión a partir de 30kV.

Esquerra denuncia que los efectos de esta medida «son selectivos territorialmente» y, además, pueden constituir una ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario, pero es que además tiene un coste para las arcas públicas, en la medida en que los propios Presupuestos dotan con 40 millones las cuentas de la CNMC en concepto de compensación por la reducción de ingresos en el sistema eléctrico.

De las aproximadamente 4.450 compañías que no se beneficiaron por el peaje, al estar conectadas a un tramo inferior de tensión, 3.277 están ubicadas en Cataluña, y según ERC deben afrontar un sobrecoste en su factura por la distinción de unos 300 millones de euros. Por todo ello, Capdevila reclama al Gobierno a «aplicar medidas correctoras» para que las empresas conectadas a redes de distribución de entre 25kV y 30kV cuenten con las mismas tarifas.

Urkullu reclama al Gobierno central que cumpla el acuerdo para rebajar el precio de la electricidad a la industria vasca

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EFE.- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado al Gobierno central que cumpla el acuerdo sobre tarificación eléctrica para empresas vascas recogido en los Presupuestos de 2017 que el Ejecutivo pactó con el PNV. «Esto ha de hacerse porque es un compromiso del Gobierno español en 2017 y con proyección a 2018. No debe estar sujeto a la negociación de este año», matizó. En este sentido, ha indicado que el incumplimiento de este acuerdo “afecta a la competitividad de las empresas vascas».

El Gobierno traspasará 40 millones de euros al sistema eléctrico desde los Presupuestos para cubrir el vacío recaudatorio del euskopeaje

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EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía transferirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 40 millones de euros para compensar la reducción de ingresos al sistema eléctrico por la eliminación de la tarifa 6.1.b, que arrancó el PNV al PP para apoyar los Presupuestos del 2017. Si se aprobara el proyecto de Presupuestos para 2018, dicho importe tendrá que ser incorporado de una sola vez como ingreso al sistema de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por la CNMC.

El acuerdo entre el PP y PNV para aprobar las cuentas del Estado de 2017 incluía la eliminación en 2018 de esa tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kilovoltios (Kv), utilizadas sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 100 millones de euros anuales para las industrias afectadas. La medida fue contestada en Cataluña, donde hay más de 3.000 empresas conectadas a una tensión de 25 Kv que no se benefician del cambio, y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) protestó ante la Comisión Europea, que acordó investigar la reforma pactada entre PP y PNV.

Además, el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2018 mantiene en sus disposiciones adicionales dos medidas que ya incluyó en 2017 y que implican que el superávit del sistema eléctrico pueda utilizarse no sólo para reducir la deuda acumulada. Así, se mantiene que los superávits de ingresos puedan utilizarse, de forma excepcional, a pagar indemnizaciones correspondientes a resoluciones de litigios referidos a la normativa del sector eléctrico, aunque la legislación vigente establece que se destinen a reducir la deuda acumulada del sistema eléctrico.

También está previsto en una disposición adicional que, con cargo al superávit eléctrico, se puedan conceder ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables conectadas al sistema eléctrico por un importe máximo de 60 millones de euros en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos FEDER. Por otra parte, en el proyecto de Presupuestos se prevé destinar 755 millones de euros en 2018 a atender el extracoste de la generación eléctrica en los sistemas extrapeninsulares.

Además, en el proyecto de Presupuestos se habilita al Gobierno a establecer un sistema de ayudas a las industrias electrointensivas, de acuerdo a la normativa europea, para la reducción de los costes incurridos en la consecución de los objetivos de transición energética. El colectivo de empresas que podrán acceder a estas ayudas se determinará atendiendo a la intensidad del uso de la electricidad y la del comercio con terceros países y dentro de los límites previstos en las directrices sobre ayudas estatales que les sean de aplicación, según una disposición.

Revisión retributiva de actividades eléctricas

Por otro lado, el Gobierno revisará aspectos de la retribución de las empresas de distribución y transporte de energía eléctrica, siguiendo así las recomendaciones de la CNMC. En concreto, el Consejo de Ministros aprobó una declaración de lesividad de determinados aspectos relativos a las empresas de distribución y transporte de energía eléctrica. El Consejo de Ministros declaró lesivas para el interés público una orden que establecía la retribución de las empresas de distribución eléctrica para 2016, así como otra que fijaba la de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para 2016, respecto de la retribución fijada para Red Eléctrica de España.

El origen de esta declaración radica en observaciones presentadas por la CNMC, que consideró necesario corregir diversos errores “que incrementaban de manera no justificada la retribución de las empresas que realizan la actividad de distribución o transporte de electricidad”. Así, mediante la declaración de lesividad acordada, se iniciará el procedimiento para corregir las órdenes afectadas y adecuar las retribuciones de las empresas, siguiendo los trámites del procedimiento administrativo. Fue el pasado septiembre cuando el Ministerio de Energía inició un procedimiento de declaración de lesividad de la orden que establecía la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el 2016. Energía tomaba en consideración para iniciar este procedimiento las recomendaciones de la CNMC respecto a la sobrerretribución detectada.

En concreto, la CNMC constató que, en la retribución percibida en 2014 por la lectura de contadores y equipos de medida de los clientes conectados a sus redes, no se aplicó una penalización al no estar accesible la información para el cálculo en el momento de su publicación. Por ello, la consideración de tal penalización debería suponer una reducción de la retribución de las empresas distribuidoras por dicho concepto. El organismo presidido por José María Marín Quemada cifraba esta penalización en 4,93 millones de euros para el conjunto de compañías.

Otra de las cuestiones puestas en consideración por la CNMC se refería al cálculo de la vida de los activos de las empresas, en donde advertía que en la retribución para aquellas empresas con más de 100.000 clientes conectados a sus redes se procedía a descontar los elementos totalmente amortizados para cuantificar los años de vida residual de los activos.

El anuncio de la corrección de estas órdenes se produce cuando el Ministerio de Energía ha anunciado que tiene intención de aprobar, mediante una proposición de ley que el PP presentará en el Congreso, una serie de ajustes en los sistemas de retribución, atendiendo a las observaciones que hizo la CNMC sobre la existencia de un exceso de retribución por diferentes conceptos. Las reformas generarían en total un ahorro al sistema eléctrico de hasta 190 millones de euros, según las estimaciones que facilitó entonces el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Nadal se escuda en la falta de Presupuestos y en la denuncia presentada desde Cataluña para retrasar el euskopeaje

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicó que la Comisión Europea ha trasladado un expediente informativo al Ministerio por el acuerdo alcanzado el pasado año entre PP y PNV sobre la reforma del peaje eléctrico en Euskadi, en el marco de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado, y contra el que el Defensor del Pueblo Catalán presentó una denuncia impulsada por la Generalitat de Cataluña.

Al respecto, el ministro ha incidido en que la materialización del euskopeaje requiere que este año se cuente con Presupuestos Generales en el Estado, así que «la pregunta es también quién va a apoyarlos», ha puntualizado. Asimismo, ha advertido de que también se requiere que la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideren «correcto desde el punto de vista de ayudas de Estado» el cambio tarifario, cuestión que ha «complicado muchísimo» las dos denuncias planteadas por instituciones catalanas.

En este sentido, Nadal ha anunciado que la Comisión Europea ha «mandado un expediente informativo al Ministerio para que lo respondamos», ha añadido. «Pensamos que es una operación buena porque ayuda a la política industrial el hecho de materializar una rebaja de los costes energéticos«, ha afirmado, para añadir que se trata de una cuestión «perfectamente planteable» ante las autoridades comunitarias. No obstante, ha insistido en que «si tenemos una demanda preventiva, lo complica mucho».

Europa abre una investigación sobre el euskopeaje a instancias de Cataluña y el Ministerio argumenta que no vulnera la competencia

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EFE.- El Ministerio de Energía considera que la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de 30 kilovoltios (kV), utilizada sobre todo por empresas vascas y sobre la que la Comisión Europea ha abierto una investigación a instancias de la Generalitat de Cataluña, no vulnera la competencia. Así se manifestó Energía tras confirmar el viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, la investigación del acuerdo entre el Gobierno y el PNV sobre la tarifa eléctrica industrial.

El acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kV, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas. Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que la Generalitat ha decidido denunciarlo ante la Comisión Europea.

Zarraonandia ha explicado que el acuerdo «de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado», ya que su objetivo es «corregir una discriminación histórica» que supuso en 2013 «un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca». No se trata, ha insistido, de «un trato de favor a la industria vasca» ni posiciona a las empresas de Euskadi en situación de ventaja, sino que simplemente «las homologa respecto a otras industrias del Estado».

De hecho, el viceconsejero ha explicado que de este cambio de tarifa se beneficiarán también empresas de otras comunidades autónomas, como Navarra, Cantabria, Asturias y Andalucía. Sin embargo, las empresas catalanas, en general, no se benefician por el acuerdo «porque están conectadas a un nivel de tensión de 25 kV”. «Nosotros tenemos que defender los intereses de la industria vasca y la Generalitat tiene que defender los intereses de las empresas catalanas y no perjudicar a los demás», ha agregado.

Energía niega vulnerar la competencia

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía han indicado que hasta el momento no han tenido conocimiento oficial de la investigación abierta por la Comisión Europea por la eliminación de esa tarifa. Al igual que Zarraonandia, las mismas fuentes han señalado que la eliminación de esa tarifa no vulnera la competencia y no privilegia a unas zonas de España respecto a otras, pues afecta no sólo a empresas del País Vasco, sino también de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía.

Según los datos de la Plataforma KV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión en toda España, unas 1.250 empresas en las 5 comunidades autónomas afectadas, de ellas 790 del País Vasco, se beneficiarán del cambio en la tarifa. Esta plataforma, que ha venido reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad para las empresas consumidoras de alta tensión, señaló que en Cataluña 3.277 empresas no podrán beneficiarse del cambio porque la potencia aplicada es de 25 kV, al igual que les ocurrirá a otras de Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.

Partidos vascos critican a Cataluña

Por otro lado, los partidos vascos han considerado un error la denuncia presentada por Cataluña ante Bruselas para que investigue la rebaja a la industria vasca. El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha precisado que no es la Generalitat catalana la que promueve el recurso, sino el Defensor del Pueblo catalán, y ha considerado que la actuación «políticamente no es muy presentable«. El portavoz nacionalista ha opinado que la denuncia «en el fondo no tiene demasiado recorrido» y ha afirmado que el acuerdo entre PP y PNV ha corregido «una discriminación histórica» sufrida por la industria vasca, que paga tarifas más altas por el uso de las redes eléctricas en comparación con otras regiones de España.

Asimismo, el PNV, a través de las redes sociales, ha asegurado que «lamenta» la denuncia catalana y ha insistido, como el Gobierno del País Vasco, en que esa reforma «no constituye ningún privilegio para la industria vasca sino que viene a paliar la sobretasa que pagaba desde hace años». «Grave incoherencia catalana: no es justo ni necesario atacar los derechos legítimos de otros para defender los propios», ha criticado la formación presidida por Andoni Ortuzar.

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, ha considerado el recurso catalán «un error en el fondo y la forma» porque esa reforma no supone «una ayuda de Estado«, sino «la subsanación de un agravio» sufrido por las empresas vascas. A su juicio, «quien ha hecho perder cientos de millones a las empresas vascas» por este asunto «han sido los gobiernos del PP y del PSOE» por «permitir» que esta situación se mantuviese en el tiempo. Para el portavoz parlamentario de ElkarrekinPodemos, Lander Martínez, el recurso catalán en este momento «es sorprendente». A su juicio, no tendrá «mucho recorrido» y «tiene más que ver con marcar una posición política de enfrentarse al Gobierno Vasco».

En opinión del representante socialista Eneko Andueza, la denuncia es «un error» y «una especie de agresión, de falta de respeto». «Llama la atención que algunos quieran construir país a costa de destruir el país de otros», ha indicado. Por su parte, la parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha opinado que la iniciativa es «un contrasentido» y «un disparate«. En su opinión, «choca» que quien hace «planteamientos rupturistas» y «menoscaba» la democracia «mire a una cuestión negociada entre dos Administraciones». Garrido también ha destacado que el acuerdo en materia de tarifa eléctrica no constituye «ningún trato de favor» para la industria vasca, sino una solución a la situación «de desventaja» en la que se hallaba.

El Gobierno defenderá el euskopeaje

Por su parte, el PP del País Vasco ha confiado en que el Gobierno de España responderá ante la denuncia presentada desde Cataluña y defenderá ante la Comisión Europea el cambio en las tarifas eléctricas que pagan las empresas vascas. La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha manifestado su «apoyo rotundo» a la industria vasca y ha mostrado su confianza en que el Gobierno de España defenderá ante la Comisión Europea los «intereses de la industria de Euskadi».

Nadal defiende revisar la rentabilidad razonable de las plantas renovables para bajar hasta un 10% el recibo de la luz

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Europa Press.- Así como desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital insisten en que las interconexiones energéticas deben «tener un foco y preponderancia» en las negociaciones en la Unión Europea de los objetivos del conocido como paquete de invierno, el ministro Álvaro Nadal se ha mostrado a favor de revisar la rentabilidad razonable de las plantas renovables a partir de 2020, ya que puede rebajar la factura de la luz de los consumidores españoles «entre un 5% y un 10%».

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Nadal afirmó que el Gobierno «sí que está a favor» de esta revisión para que suponga «una rebaja sensible al recibo de la luz de todos los españoles». El titular de Energía defendió ligar la retribución al bono del Estado, tal y como recoge la norma, lo que implicaría una caída de esta rentabilidad a las renovables con respecto al 7,39% fijado para el periodo actual.

En 2013 se fijó este primer periodo regulatorio para las renovables, que termina en diciembre de 2019, con una rentabilidad calculada con el rendimiento del bono del Estado a 10 años más un diferencial de 300 puntos básicos, lo que suponía ese 7,4%. Sin embargo, el descenso en este tiempo del interés del bono y el no proceder a un cambio normativo para aumentar el actual diferencial llevaría a caer esa rentabilidad razonable para las plantas renovables para el periodo que se iniciará en 2020.

«Dado que está en la Ley y que todo el mundo sabe las reglas del juego, sí que queremos que baje entre un 5% y un 10% la luz de los consumidores españoles. Cada uno puede tener su opinión y la del Gobierno es esta», sentenció el ministro, que subrayó que la «prioridad número uno» del Gobierno es que todas las empresas y los consumidores «paguen lo menos posible» en la tarifa de la luz.

Las interconexiones deben ser «preponderantes»

Respecto a las negociaciones con la Unión Europea, Nadal advirtió que el tema de las interconexiones debe estar «al mismo nivel» que el resto de los objetivos planteados, como las renovables, el mercado interior energético o la eficiencia energética. A este respecto, resaltó que defendió ante el resto de socios comunitarios que se otorgue un tratamiento adecuado a los Estados en las obligaciones y exigencias incluidas en las propuestas que tenga en cuenta el grado de interconexión real, por lo que la normativa europea debería «tener un cierto grado de flexibilidad con los sistemas aislados».

Nadal apuntó que la falta de interconexiones representa un sobrecoste para España de unos 1.200 millones de euros anuales. Por ello, apostó por ligar los objetivos medioambientales con el nivel de interconexión energética y pidió un consenso a las fuerzas políticas. A este respecto, la diputada socialista, Pilar Lucio, criticó al Gobierno el justificarse en el «mantra de las interconexiones» para situarse en contra de las objetivos para 2030. «No querer objetivos vinculantes hace sospechar que el compromiso no es el que debería ser», indicó.

En materia de eficiencia energética, destacó la importancia del reconocimiento en Bruselas de un mejor tratamiento para las inversiones en esta materia acometidas en el periodo 2018-2021, lo que facilitará las inversiones «a largo plazo». Además, destacó el acuerdo alcanzado por los Estados miembros para fijar un objetivo de eficiencia energética para 2030 del 30%, tres puntos superior al anterior del 27%, y aclaró que al final «se quitó la palabra vinculante» para estos objetivos.

Respecto al pacto entre el PNV y el Gobierno para rebajar los peajes eléctricos a las empresas de baja tensión, Nadal señaló que se trata de «un acuerdo de política presupuestaria, no de política energética» y, por tanto, se mostró «abierto» a acuerdo de este tipo con cualquier partido político. Además, insistió en que se trata de una medida de apoyo industrial que tiene más incidencia en el País Vasco pero que afecta a todo el territorio nacional, por lo que no hay trato de favor hacia las empresas vascas.

Asimismo, indicó que este pacto «no le cuesta un euro» al resto de consumidores, por lo que cual deberá aparecer una partida presupuestaria en el presupuesto de 2018, y afirmó que existe la dificultad de que Europa lo valide y no lo considere como ayuda de Estado y de que reciba el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

5.800 industrias sufren una «discriminación eléctrica» de 350 millones, según una plataforma molesta por el trato favorable al País Vasco

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Europa Press.- Un total de 5.800 industrias sufren una «discriminación tarifaria eléctrica» consistente en el pago de un sobrecoste anual de 350 millones por estar encuadradas en un tramo tarifario diferente al que consideran que les corresponde, según la Plataforma Energética kV 25/30. El Gobierno bajó los peajes en 2014 a las tarifas con una tensión mayor o igual a 30 kilovoltios (kV) y menor de 36.

Esta plataforma está liderada por SEA Empresarios Alaveses, Grupo ASE, Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona, y presentó sus reivindicaciones en el Senado, acompañada por responsables de Confemetal. Estas empresas denuncian una «incoherencia regulatoria» y piden que se les ubique «en la tarifa eléctrica que les corresponde, evitando así un inexplicable sobrecoste». El promotor de la plataforma y gerente de ASE, Ramón López, indicó ante la Comisión de Energía de la Cámara Alta que estas empresas sufren una «incoherencia regulatoria que supone una arbitrariedad que origina inseguridad jurídica, discriminación y, en definitiva, un sobrecoste».

El problema, explica la plataforma, se originó en 2008, cuando se modificó el Reglamento de Líneas y las redes de 25 y de 30 kilovoltios (kV), clasificadas como de segunda categoría, pasaron a pagar como de tercera categoría. La solución que reclama esta plataforma es que las redes entre 25 y 30 kV se trasladen al nivel de tensión 2 de la tarifa, en concreto a la tarifa 6.2, cuyos peajes eléctricos son inferiores. Este nivel de tensión contempla unos peajes eléctricos inferiores de los que se beneficia buena parte de la industria vasca, cuya tensión es de 30 kV. En todo caso, estas reivindicaciones también beneficiarían a empresas vascas.

El Gobierno del País Vasco pide a Industria que rebaje la tarifa eléctrica a las empresas electrointensivas

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EFE.- El Gobierno del País Vasco va a reclamar al Ministerio de Industria que rebaje los impuestos de la factura eléctrica a las industrias intensivas en el uso de energía, como las siderúrgicas, lo que permitiría reducir «a la mitad» el coste de sus tarifas y garantizar su competitividad. Así lo indicó la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, tras reunirse en Vitoria la Mesa del Acero.

En este sentido, Tapia anunció que el martes va a entregar en el Ministerio de Industria un informe que recoge tres medidas concretas que son «eficientes» y que se pueden tomar a «cortísimo plazo», «incluso en una situación de interinidad» como la del actual Gobierno, para hacer frente al alto coste energético de las empresas. En primer lugar incidió en la necesidad de abaratar la tarifa eléctrica rebajando de «forma drástica» los impuestos que deben pagar las industrias, con el objeto de que la factura que se abone sea más acorde con el coste de la generación de la energía.

También reclamó una rebaja en los peajes eléctricos que las empresas vascas tienen que pagar y que, según indicó, son mucho mayores que las comunidades limítrofes. Recordó que estos peajes ya se han bajado un 50% pero incidió en que se debe rebajar otro 50% con el objetivo de equiparse a las autonomías vecinas. La tercera medida que van a plantear es la modificación del sistema de interrumpibilidad al que acceden las grandes empresas consumidoras para garantizar “la seguridad jurídica que no existe en la actualidad”. Tapia subrayó que la situación que atraviesa el sector del acero requiere de actuaciones urgentes y que son medidas «imprescindibles» para que el sector industrial sobreviva y sea competitivo.

El Gobierno del País Vasco asegura que la bajada de la luz a la industria vasca «no es un privilegio»

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EFE.- La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, indicó que la bajada del precio de acceso a la electricidad para la industria vasca no constituye «una situación de privilegio» y aseguró no estar preocupada por la posibilidad de que el Ministerio de Industria, previa consulta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pueda dar marcha atrás en la aplicación de dicha rebaja del precio de la luz a la industria vasca, el euskopeaje.

«No me preocupa porque está trabajado de forma muy detallada y concreta», apuntó. A su juicio, en este asunto «estamos ante una situación como la del Concierto Económico, que hablan de que tenemos un privilegio» cuando, según indicó, se trata «de recuperar una situación peor» de las empresas vascas «por hallarse ubicadas en Euskadi» debido a que «el tipo de redes que tenemos son diferentes a las del resto del Estado». «Por tanto , no estamos en una situación de privilegio, sino todo lo contrario: estamos tratando de recuperar una posición y situarnos al mismo nivel que el Estado», argumentó.