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El Congreso pide al Gobierno que recupere la indemnización de 1.350 millones concedida a Escal UGS por el proyecto Castor

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Europa Press.- La comisión de Energía del Congreso ha apoyado una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se pide al Gobierno que emprenda las acciones legales necesarias para recuperar la indemnización concedida a Escal UGS S.L. tras la extinción de la concesión para el proyecto Castor. La formación morada entiende que la empresa incurrió en dolo o negligencia imputable y que por tanto «la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones».

Así lo recoge en el texto votado, que contó con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, en la que, además, también pide iniciar acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de Escal UGS por «los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia» de la puesta en funcionamiento del almacén de gas.

Además, llama al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para impedir que, en el futuro, sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio. «Para ello, se dará un mayor protagonismo a la Oficina Nacional de Evaluación para mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control anterior a la licitación y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos», apunta la propuesta.

El ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconocía recientemente que el proyecto Castor “nunca debió existir» y que «lo ideal» es desmantelarlo con cuidado. En este sentido, el texto llama a establecer una calendarización para el sellado de pozos y el desmantelamiento de las instalaciones de Castor, tanto las terrestres como las marinas. Unidos Podemos plantea que, con la participación de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de las localidades afectadas, se busquen soluciones «responsables, transparentes y no onerosas para las arcas públicas».

Así, piden al Gobierno elaborar estudios técnicos sobre la afectación que la hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente y otras instalaciones de riesgo presentes en la zona; realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que sufrieron las poblaciones cercanas a las costas de Castellón y Tarragona, como consecuencia de los terremotos y, de este modo, realizar las reclamaciones que correspondan. Además, piden que se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes elaborados por la Universidad de Standford y el MIT relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto.

En este sentido, el portavoz de la formación morada, Josep Vendrell, ha denunciado «el menosprecio» del Ejecutivo hacia los diferentes informes sobre el riesgo enviados por diferentes centros de investigación y organizaciones, que ya alertaron de las posibles consecuencias del almacén de gas. Además de denunciar que el concurso para la adjudicación de este proyecto «estaba hecho a medida de la única empresa que se presentó» y, por lo tanto, «no hubo concurrencia real», Vendrell también ha criticado que el Gobierno decidiera, finalmente, resolver este problema buscando la solución «más beneficiosa para la empresa y más onerosa para la ciudadanía”.

Volver a inyectar gas en Castor podría provocar terremotos de hasta 6,8, según el informe del MIT y de Harvard

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Europa Press.- Reanudar las operaciones de inyección de gas en el almacén Castor que fueron paralizadas en 2013, por los terremotos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón), aumentaría de nuevo la actividad sísmica y podría provocar terremotos «incluso mayores», de una magnitud hasta 6,8, según concluye un estudio encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard.

El análisis, realizado a lo largo de 18 meses con un coste de 600.000 euros, concluye que las operaciones de inyección de gas durante el verano de 2013 en el almacén de gas de Castor, provocaron terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización, de modo que si se vuelve a introducir gas, podría volver a aumentar la actividad sísmica en la zona de manera «incluso mayor«, según el informe. Tras conocerse su contenido, el Ministerio de Energía ha decidido no volver a reabrir el almacén de gas Castor y, una vez analizado el informe, encargará estudios de ingeniería y, posteriormente, de viabilidad económica, para acometer su desmantelamiento.

Entre las conclusiones del informe los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw, de la Universidad de Harvard, han destacado que hay un «riesgo elevado» de que vuelva a aumentar la actividad sísmica en caso de reanudar las operaciones de gas en el almacenamiento de Castor, porque la sismicidad ocurrida ha acercado varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable de lo que era originalmente». Además, han explicado que con estos antecedentes de ocurrencia y sismicidad, en la actualidad hay mayor probabilidad de que se produzca un terremoto en la zona y que podría llegar a ser de una magnitud «mucho más elevada», de hasta 6,8.

Sin embargo, los responsables del informe han concluido también que con los estándares exigidos a la industria en el momento de acometer aquellas operaciones «difícilmente se habría podido predecir el aumento de la actividad sísmica», al tiempo que han reclamado que en el futuro se realicen este tipo de estudios que integran la geología, la geofísica y la geomecánica. Juanes ha señalado que la sismicidad ocurrida acercó varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable» de lo que era antes de las operaciones de inyección de gas por lo que han llegado a la conclusión de que este sistema de fallas ha sido desestabilizada por los terremotos.

Juanes ha indicado que, en todo caso, la actividad sísmica actual en la zona ha vuelto a las mismas tasas anteriores a septiembre de 2013. A nivel técnico, Juanes ha precisado que la inyección de gas provocó una desestabilización de la falla de Amposta y de las ramificaciones que ahora se ha descubierto que están activas «en el bloque colgante de la falla». Así, ha apuntado que una tasa de inyección menor provoca una tasa de desestabilización menor pero que, tras analizar el ciclo completo de inyección de gas y recuperación, han advertido de que la desestabilización sísmica sería «mayor a la que se provocó en 2013, en el orden de un factor de dos».

Por su parte, el profesor de la Universidad de Harvard, John H. Shaw, ha sido más contundente al afirmar que reanudar las operaciones «agravaría el estrés de la falla» y que «habría riesgo elevado» porque se desestabilizó por las inyecciones de gas, independientemente del volumen de inyección, la tasa de inyección o el volumen del pozo. Juanes ha defendido que este estudio realizado post mortem, a partir de un encargo del Gobierno exigido a través del real decreto ley de 2014, integra la sismología estructural, la geología y la geomecánica y ha pedido nuevos estándares a la hora de evaluar los riesgos sísmicos antes de operaciones de este tipo, sobre todo en áreas tectónicamente activas.

Una vez conocidas las conclusiones y recomendaciones del estudio en el que han participado siete investigadores de ambas instituciones académicas, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha subrayado que el documento confirma que la decisión del Gobierno en 2013 de paralizar la actividad fue acertada de cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos. En cuanto al posible dolo o negligencia de la promotora de Castor, Escal-UGS, ha señalado que el Gobierno remitirá este estudio a los juzgados que dirimen esta cuestión para que analicen «con cautela» las conclusiones, que son «muy contundentes».

Navia ha afirmado que «es muy difícil definir un estándar de operatividad del almacén que permita reanudarlo con seguridad, por lo que «no hay ningún elemento en este informe» que lleve a replantearse la reapertura de Castor, que «va a seguir hibernando». El siguiente paso, según ha dicho, será encargar un estudio de ingeniería y posteriormente de viabilidad económica de cara a desmantelar la instalación, con la prioridad puesta en la seguridad de las personas y del medio ambiente. Navia ha concluido que «queda claro» que «no era fácilmente previsible, con un estándar de rigor razonable, que en Castor ocurriera lo que finalmente ha pasado».

El Gobierno autonómico de Cataluña pide la mejor solución para el territorio y la ciudadanía con el fallido almacén Castor

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Europa Press.- El consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget, exigió que el Gobierno central analice todas las alternativas posibles sobre el futuro del fallido almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a la costa de Tarragona y Castellón, y tenga en cuenta «la que sea más beneficiosa para el territorio, el medio ambiente y la ciudadanía».

Baiget considera que, tras conocerse el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard, que vincula los seísmos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón) con la actividad del almacén gasista Castor, el Ejecutivo central debe «rendirse ante la evidencia» y que «había cosas que salieron adelante sin tener los informes suficientes». De hecho, cree que si se hubiese hecho caso de los informes no se hubiese tenido que autorizar el almacén, pero cree que el Gobierno español actuó de manera unilateral.

«Bienvenido sea el informe del MIT si ha propiciado lo que era una evidencia, que este depósito de gas no se debería haber empezado nunca», ha aseverado. «Ahora el mal ya está hecho, lo que queremos es que la repercusión del coste de lo que se ha hecho no lo tengamos que pagar en el recibo del gas todos los ciudadanos», sentenció antes de anunciar que la Generalitat continuará luchando para evitar esta consecuenciapor la vía judicial mediante las causas abiertas en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional.

La Generalitat interpuso en 2014 un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley 13/2014 por el que el Gobierno español reconocía una indemnización de 1.350 millones de euros para los promotores del almacén Castor y repercutía esta cantidad en la tarifa del gas. El recurso se fundamenta en el hecho de que este decreto ley implanta un régimen singular y diferente de lo que resultaría de la aplicación de la legislación general, y también en que no concurría una urgencia extraordinaria para justificar esta figura jurídica. Según el Ejecutivo catalán, este decreto ley vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la justicia.

Además, el Gobierno catalán ha interpuesto recursos contencioso administrativos ante las órdenes que cada año aprueba el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para establecer los peajes y cánones del sector gasista, donde se incluyen las partidas destinadas al mantenimiento del Castor, con el objetivo de que éstas no se trasladen a los usuarios. Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló que el almacén Castor no se reabrirá y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener las garantías de que esta decisión no va a suponer ningún problema. «Cuando se pueda hacer se hará», sentenció Nadal tras conocerse las conclusiones del informe.

Exige al Estado desmantelar Castor

Por su parte, el delegado del gobierno autonómico para las Tierras del Ebro, Xavier Pallarès, ha exigido al Gobierno central que ejecute «pronto» el desmantelamiento de la plataforma de gas Castor porque la hibernación no es viable. «El MIT ha confirmado lo que teníamos claro desde el primer momento: detenido el Castor, detenidos los terremotos», ha defendido Pallarès, que ha criticado que la mala gestión del Gobierno central la deberán pagar, una vez más, los ciudadanos, que primero sufrieron los terremotos, luego tuvieron que afrontar la indemnización a la empresa Escal UGS y ahora el coste de desmantelar la plataforma.

Unidos Podemos pide que Nadal explique en el Congreso el futuro de Castor; Greenpeace espera que no se repita

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama protocolos para evitar «despropósitos» de alto riesgo medioambiental y económico como el del almacén de gas Castor. Mientras, En Comú Podem, a través de su portavoz de Energía en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha solicitado la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para que dé cuenta del informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre Castor.

El estudio asegura que la inyección de gas que se realizó frente a las costas de Castellón y Tarragona generó los terremotos que desestabilizaron la falla de Amposta. Tras conocer estos resultados, Nadal anunció que el almacén no volverá a operar y que se realizarán estudios para conocer si sería viable un desmantelamiento de la plataforma. Desde la formación catalana denuncian que Castor fue un proyecto «especulativo» e «innecesario», además de «irresponsable» en su gestión, teniendo en cuenta que estaba ubicado en una zona sísmica.

Del mismo modo, denuncia que haya sido «la ciudadanía la que ha tenido que pagar el fiasco del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora Escal UGS». «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», apunta Vendrell. A su juicio, se trata de «un nuevo caso de rescate de una gran empresa» tal y como ha ocurrido «con los bancos, las eléctricas o los concesionarios de las autopistas». Por ello, Podemos también pedirá a Nadal, durante su comparecencia, que explique a quién pedirá responsabilidades así como los planes que tiene el Gobierno sobre Castor para el futuro.

Castor no volverá a operar

Por su parte, el diputado en las Cortes de la Comunidad Valenciana del grupo parlamentario Podemos, César Jiménez, ha mostrado su satisfacción ante el informe sobre el almacén Castor que «ha dictaminado que esta plataforma no podrá volver a operar». Jiménez celebra que los expertos hayan determinado que fueron las inyecciones de gas realizadas en el almacén las causantes de los centenares de movimientos sísmicos que se registraron en la zona, por lo que «el almacén no puede en ningún caso volver a ponerse en funcionamiento, y tampoco se debe intentar extraer el gas inyectado porque podría nuevamente causar movimientos en la falla de Amposta».

En este sentido, Jiménez ha resaltado que «por fin la población de la comarca del Baix Maestrat podrá dormir tranquila sabiendo que la plataforma Castor no podrá volver a poner en riesgo su integridad, ya que no podrá volver a operar». No obstante, ha lamentado que «la actuación del PSOE como impulsor del proyecto, y del PP, que aprobó en solitario indemnizar con más de 1.350 millones de euros a su propietaria, Escal UGS, además de poner en riesgo a la población de esta comarca, les ha dejado como legado algo similar a un Chernobil, ya que, según los expertos, ni se puede desmantelarni se puede volver a utilizar».

Jiménez recordó que Podemos impulsó en el Congreso de los Diputados, en coordinación con el grupo parlamentario de las Cortes de la Comunidad Valenciana, una iniciativa que fue aprobada hace un año por la Comisión de Industria del Congreso para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de «exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS, cuya presidencia ostenta Florentino Pérez«.

La iniciativa también instaba a impulsar las actuaciones necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión, al entender que la compañía «incurrió en dolo o negligencia imputable» y a establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS, «por los movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén». El parlamentario aseveró que Podemos considera «injusto que el fracaso de una iniciativa privada tuviera que ser asumido por la ciudadanía».

Greenpeace: que no se repita

Por otro lado, según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén de gas es «uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público» que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en «energías sucias». Así, la organización ecologista subraya que la empresa constructora del proyecto, ACS, recibió 1.350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. «Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4.400 millones de euros«, recalca, para añadir que con esta suma se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio.

La organización añade que en abril de 2015 el Parlamento Europeo solicitó al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago. «Es necesario desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas, y para ello hay que revisar los procesos de evaluación de impacto ambiental con exhaustividad», ha advertido.

Compromís pide que el desmantelamiento del almacén de gas Castor se produzca cuanto antes y se identifique a los responsables

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Europa Press.- Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han pedido que el desmantelamiento del proyecto Castor se produzca cuanto antes y que se identifique a los responsables. Así se han expresado tras conocerse las «pretensiones» del Ministerio de Energía de «alargar la agonía» de dicho proyecto, «que seguirá hibernando mientras se estudia su posible desmantelamiento a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, de los contribuyentes».

Compromís lamenta que no se haya hecho «el mínimo esfuerzo en identificar a los responsables políticos de la mala gestión y actuaciones imprudentes que permitieron poner en funcionamiento un proyecto energético que pretendía convertirse en el mayor almacén submarino de España y que ha acabado siendo el mayor fiasco económico de los últimos años». Para el senador Jordi Navarrete, «en la coalición no nos vamos a quedar callados como han hecho otros, ya que considerábamos y seguimos considerando que esto es un atropello, un chanchullo, no han justificado los enormes sobrecostes ni la gestión económica que denunciaba la Comisión Nacional de la Energía y no nos han facilitado las memorias y auditorías que les reclamamos».

Compromís entiende que «se actuó de forma imprudente, obviando estudios tan evidentes como los sismológicos, y no es posible que todos los involucrados hayan cobrado, incluso repartido dividendos multimillonarios, y se esté repercutiendo a los consumidores en sus facturas un escándalo de tal magnitud sin que existan culpables políticos y técnicos». Así, ha apuntado que, tras los temblores, la propia empresa promotora «no se demoró en renunciar al proyecto y cobrar la parte que le correspondía por su diseño y construcción». «El Gobierno les pagó también con celeridad y, tras unos años de retrasos que han conllevado los nuevos e innecesarios estudios, se opta por estudiar si se desmonta, alargando de nuevo los plazos y aquí no ha pasado nada».

Se ha pedido el desmantelamiento

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes de la Comunidad Valenciana, Mònica Àlvaro, recordó al Gobierno que «ya en la pasada legislatura, y a propuesta de Compromís, las Cortes Valencianas, la diputación de Castellón y la gran mayoría de instituciones valencianas ya aprobaron proposiciones no de ley reclamando no sólo el cierre del Castor, sino su desmantelamiento«. En todo este tiempo, según lamentó Àlvaro, «el Ejecutivo del PP ha hecho caso omiso a los acuerdos de las Cortes a este respecto».

El almacenamiento se encuentra desde 2015 en hibernación y gestionado por Enagás, que asumió esta función tras el pago de una indemnización a la sociedad adjudicataria, Escal UGS. Su actividad se encuentra detenida desde 2013, cuando se detectaron, durante la fase de llenado de gas colchón, los movimientos sísmicos. En mayo de 2014, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) presentó los resultados de su informe sobre Castor, en el que considera que la sismicidad en la zona de Vinaroz (Castellón) es en parte de origen natural, si bien resulta «razonable» considerar que estuvo relacionada con las operaciones de inyección de gas colchón realizadas en 2013 en la instalación.

El IGME también concluyó que la primera parte de la secuencia sísmica fue de tipo «inducida» y su magnitud resultó «relativamente pequeña», lo que sería «habitual» en muchas operaciones similares. Asimismo, fue sincrónica, es decir, que se produjo al mismo tiempo que las inyecciones de gas. Este informe fue el tercero de los realizados por el instituto nacional e incorporó los datos más avanzados hasta ese momento acerca de la localización de la incidencia sísmica.

El primero fue en 2007, a solicitud de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, relativo a cuestiones generales del proyecto de almacenamiento. Fue emitido antes de la autorización de construcción del almacén y en él no se hacía referencia a la posible sismicidad inducida. El segundo informe se emitió el 20 de diciembre de 2013, después de los terremotos y en respuesta a un requerimiento de la Dirección General de Política Energética (Ministerio de Industria) sobre las causas de la sismicidad acaecida en meses anteriores en el entorno del almacén Castor.

Inútil y, en su momento, potencialmente peligrosa

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Ayer se presentó el informe realizado para evaluar los riesgos sismológicos derivados del almacén de gas Castor. Las conclusiones del informe, elaborado por dos instituciones universitarias y tecnológicas norteamericanas de prestigio, el MIT (Massachusetts Institute Tecnology) y la Universidad de Harvard, son claras en lo que se refieren a la seguridad y los riesgos: la instalación es la causante del gran número de seísmos que se produjeron en la costa de Vinarós (Castellón) durante su llenado, produciendo un estrés importante en la falla de Amposta frente a Tarragona.

Conclusiones claras pero contradictorias con los estudios españoles del Instituto Geográfico Nacional (IGN), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que apuntaban a una falla menor no cartografiada. Actualmente, la instalación se encuentra estable y lo mejor es no menealla, optando por una hibernación con un coste de entre 80 y 100 millones de euros anuales, adicionales a la indemnización de 1.400 millones de euros a la concesionaria Escal. Castor está actualmente bajo la gestión de Enagás y el vaciado y llenado de este silo podría volver a causar seísmos de hasta 6,8 grados en la escala de Ritcher, según el Informe.

Por otro lado, el desmantelamiento costaría aproximadamente 280 millones de euros, con cargo también a la tarifa de suministro gasista, siendo la alternativa que baraja el Ministerio de Energía. La instalación siempre ha estado rodeada de polémica por una actuación que debería ser un caso de estudio, al margen del riesgo sísmico que genera, en lo que se refiere a la cultura de la sobreinversión en infraestructuras en nuestro país y sobre nuestra calidad institucional.

Por ello deben analizarse los mecanismos de evaluación y decisión de las infraestructuras que van con cargo a los costes de acceso, en términos de su necesidad y su utilidad, o incluso la forma en que se introducen rectificados en sus presupuestos (en el caso del Castor esta cuestión no estuvo exenta de fuerte polémica por los peritajes). Todo ello queda de forma más contundentemente expresado a través de varias preguntas: ¿Era necesaria esta infraestructura si disponemos de una base instalada de regasificadoras que permitían una gestión activa del aprovisionamiento? ¿Por qué nadie plantea la sustitución de Castor tras su hibernación/desmantelamiento por otro almacén gasista?

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha declarado que era difícil de prever todo el devenir sísmico cuando se aprobó el proyecto en el flujograma administrativo español. Lo que nadie le ha pedido al MIT y a Harvard es, de forma complementaria, analizar, si era útil, su necesidad económica, el retorno de la inversión por mejora de la eficiencia en la gestión de aprovisionamiento para el consumidor, los niveles de almacenamiento necesarios con los cambios operados internacionalmente en estos años en los mercados del gas.

Hoy el sistema gasista anticipa un déficit tarifario de volúmenes mucho menores que el que alcanzó el eléctrico pero, eso sí, creciente. Déficit tarifario que se ve desde el punto de vista asépticamente contable para darle apariencia burocrática de normalidad. De esa forma, mediante un proceso pautado de autorización de infraestructuras y su absorción por el consumidor, además de su propia construcción y encarecimiento, tenemos una infraestructura excedente, inane y en su momento, potencialmente peligrosa.

El juez del caso Castor ordena a las dos acusaciones particulares actuar bajo el mismo abogado

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Europa Press / EFE.- El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz (Castellón), que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas frentes a la costa castellonense, ha ordenado a las dos acusaciones particulares personadas en la causa que actúen bajo la misma dirección letrada, según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El instructor determinó que sea el abogado que representa a la primera afectada que se personó en la causa la que defienda los intereses de otros dos particulares personados tras expirar el plazo de 10 días otorgado por la Audiencia de Castellón para que se pusieran de acuerdo y designaran una sola defensa. El juez elige a dicho abogado porque su cliente fue la primera que se personó en el procedimiento y para evitar que la falta de acuerdo entre las acusaciones dilate el procedimiento.

A este respecto, el auto señala que, basándose en un «criterio objetivo y estrictamente temporal se acuerda, de conformidad con el artículo 113 de la LECRIM, que ambas acusaciones particulares actúen bajo la misma representación y dirección letrada». En noviembre el instructor acordó la personación de las acusaciones particulares que lo solicitaron, pero unificadas bajo una misma dirección letrada. Las partes recurrieron esta decisión a la Audiencia Provincial, quien estimó parcialmente su petición y acordó que fueran las mismas partes quienes designaran a su representante.

Podemos pide recuperar la indemnización pagada por el proyecto Castor a Escal UGS

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Europa Press.- En Comú Podem quiere recuperar la indemnización pagada por el proyecto Castor a la empresa concesionaria Escal UGS por el final de su actividad, estudiar los daños causados en el medio ambiente y, en caso de haberlos, depurar responsabilidades con la empresa y las administraciones públicas. En una PnL registrada en el Congreso, Podemos asegura no entender que se indemnice a la compañía, pues esta «incurrió en dolo o negligencia imputable», y por lo tanto consideran que la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones.

Este proyecto, que En Comú califica de «despropósito» y «uno de los fracasos más importantes de la historia de este país», ha supuesto un desembolso de más de 1.350 millones de euros de dinero público. A ello hay que sumarles, apuntan, otros 295 millones por los derechos retributivos devengados por la empresa concesionaria. Según cifras procedentes de las organizaciones de consumidores más representativas que recoge En Comú, el coste final para la ciudadanía podría llegar a superar los 4.700 millones de euros incluyendo la cantidad, el plazo y los intereses.

«No es aceptable que una empresa que ha construido con riesgo sísmico y sin tener en cuenta los informes que alertaban de ese riesgo, no asuma ningún tipo de responsabilidad y se le reconozca la extinción de la concesión y de la indemnización sin la debida auditoría y estudios de la diligencia profesional», consideran en la exposición de motivos. La formación catalana también hace mención a los daños que la operación ha causado, más de mil movimientos sísmicos tras la puesta en funcionamiento de este almacén de gas natural, y por tanto pide depurar responsabilidades.

En este sentido, proponen realizar un peritaje “que cuantifique daños materiales, y morales si fuera pertinente, que ha podido sufrir la ciudadanía de Terres de l’Ebre por los terremotos, y también estudios técnicos sobre la afectación del medio ambiente y otras instalaciones de riesgo” presentes en la zona. Asimismo, Podemos pide establecer un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones terrestres y marinos del almacén.

Los afectados de Castor piden 1.000 millones de fianza para indemnizaciones

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EFE.- La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca) ha pedido más de mil millones de euros en concepto de fianza a los investigados como presuntos responsables de los seísmos supuestamente derivados de la actividad de la planta de gas instalada frente a la costa de Vinaròs (Castellón).

Esta cifra, recogida en el escrito remitido por Aplaca al Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, es el resultado de multiplicar el número de potenciales afectados (86.284) por 12.000 euros, la suma provisionalmente estimada por el perjuicio sufrido por cada residente en la zona afectada por los seísmos.

El colectivo se constituyó en marzo para exigir indemnizaciones para los más de 86.000 perjudicados «material o moralmente» por el millar de terremotos que sacudió la costa norte de Castellón y sur de Tarragona en septiembre de 2013 y que fueron percibidos en media docena de localidades de ambas provincias.

La solicitud «tiene el objetivo de evitar una posible declaración de insolvencia de la promotora del proyecto y asegurar las futuras indemnizaciones a los afectados», según los abogados de Aplaca.

La asociación sostiene que el «temor, la angustia y la incertidumbre» sufrida a lo largo de todos estos años «es indemnizable», tal y como reconoció el Juzgado de Instrucción en una resolución dictada el 11 de febrero de 2016.

Recuerda que la promotora de la planta, Escal UGS, «es una sociedad meramente instrumental e indisolublemente asociada al proyecto Castor, por lo que cabe pensar que pronto pueda quedar vaciada patrimonialmente».

A este hecho hay que sumarle un reciente cambio de domicilio social, según consta en el Registro Mercantil, y que la empresa no disponga de página web, advierte la plataforma. «Ambos elementos son indiciarios de la deriva económico-patrimonial de la misma», sostienen las mismas fuentes.

En esta lista incluyen al Estado español, a la concesionaria Escal UGS; a las socias de la promotora, ACS Actividades de Construcción y Servicios y Castor Limited Partnership o CLP; y a Dundee Energy Limited, entidad de derecho canadiense, anteriormente denominada Eurogas Corporation, propietaria del 73,7 % de Castor Limited Partnership o CLP.

El juez del caso Castor amplía de 18 a 20 el número de investigados en la causa

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Europa Press.- El Juzgado de Instrucción de Vinaròs, que instruye el caso Castor, ha citado a declarar en calidad de investigados al exsubdirector general de Evaluación de Impacto Ambiental, Ángel Muñoz, y al director general de Escal UGS en el momento de los hechos, según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El juez responde así a la petición del Ministerio Fiscal, que solicitó estas nuevas diligencias, y amplía de 18 a 20 el número de investigados en la causa, abierta por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón. Los nuevos investigados están citados para el 30 y 31 de mayo. Además, el instructor ha citado a 13 testigos y a 5 peritos.

Entre los testigos, deberán declarar el presidente del Instituto Geológico y Minero de España, el presidente de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Senia, el exdirector del Observatorio del Ebro y un técnico del Área de Proyectos de la Dirección General de Políticas Ambientales y de Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. Entre otras diligencias, el juez ha pedido también a Escal-UGS que aporte la filiación y los cargos de los operarios que se encontraban en Castor durante la inyección de gas colchón.

Las diligencias sobre Castor, que ya superan los 13.000 folios, han sido declaradas causa compleja por el número de investigados, 18 anteriormente y 20 a partir de las nuevas citaciones, la complejidad de los delitos y el volumen de documentación susceptible de ser sometida a análisis periciales. La declaración de causa compleja, acordada por el instructor el pasado enero, permite ampliar el plazo de instrucción de 6 a 18 meses.