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Escal UGS comunica al Gobierno que el MIT y Harvard no realizaron un informe oficial sobre el almacén gasista Castor

Europa Press.- Escal UGS presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica un escrito en el que comunican que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard reconocen que el informe Castor «no es un informe oficial producido o perteneciente al MIT o Harvard».

Según la empresa participada por ACS, dicho escrito «contradice» las conclusiones alcanzadas por todos los grupos de científicos que han emitido estudios al respecto, calificándolo de «erróneo y descuidado» y sus resultados de «inconscientes, contradictorios e incompatibles». Para Escal, el informe Juanes et al, en alusión a los profesores del MIT y de Harvard que habrían realizado el estudio a título personal y no en representación de sus respectivas escuelas, dice que la sismicidad ocurrió en la falla Amposta, lo que contradice las observaciones instrumentales.

Por ello, Escal UGS considera que las conclusiones de este informe «deberían haber sido sometidas a revisión independiente por parte del Ministerio antes de hacerse públicas». «A la vista de los errores, imprecisiones y de las dudas que suscita su contenido, Escal UGS considera preciso someter el mismo a un debate riguroso con participación de expertos que puedan aportar una visión más completa», señala Escal.

En mayo de 2017, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló que el almacenamiento Castor no se reabriría y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan descartar “ningún problema». El ministro adelantó algunos datos que se desprenden del informe que supuestamente habría sido encargado al MIT y a Harvard, el mismo que ahora Escal UGS desmiente que fuera oficial. Según explicó Nadal, este estudio relacionaba la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos.

Teresa Ribera cree que el conflicto con la banca por la indemnización del almacén de gas Castor «acabará judicializado»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado sus sospechas de que el conflicto con el Banco Santander, CaixaBank y Bankia por el almacenamiento subterráneo de gas Castor «acabará judicializado», dada la complejidad jurídica del caso. Así se pronunció la ministra sobre la demanda de las 3 entidades financieras contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el cierre del almacén submarino de gas Castor.

«Dada la complejidad jurídica de estos momentos, con la sentencia del Tribunal Constitucional, con las sentencias del Tribunal Supremo, con la dificultad para poder abordar la recuperación de todo aquello, pues sospecho que acabará judicializado», señaló. En el recurso, presentado el 4 de enero ante el alto tribunal, los bancos solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado más los daños causados por dicha inversión, que realizaron al hacerse cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

Ribera ha explicado que en la primera fase el Gobierno se centra en el taponamiento definitivo del almacén: «En los años por venir, no vamos a necesitar mayor capacidad de almacenamiento y no se necesita ese emplazamiento«. «La primera decisión es decir públicamente que aquello pasa a la historia; y la segunda, evidentemente, es garantizar con la máxima seguridad un proceso de progresivo desmantelamiento», añadió.

Sobre el apagón nuclear, que el Ministerio abordó con las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, Ribera ha señalado que el desmantelamiento de las centrales debe ser solvente y sólido, con un calendario ordenado sin idas y vueltas que generen «incertidumbres». «Fue una reunión interesante, no será la última ni con ellos ni con otros actores. El mensaje fue claro y conciliador», ha sostenido, y ha añadido que el Gobierno no es quien debe decir cuándo se cierran las plantas, ya que esto es una decisión que debe tomar cada central, según la ministra.

Preguntada por una hipotética subida de la tasa a las eléctricas si falta dinero para desmantelar las nucleares, Ribera ha sostenido que Enresa es quien se debe pronunciar al respecto, sobre «cómo hacer un planteamiento de seguridad de gestión de residuos radioactivos que repase todos los elementos de esa seguridad, incluyendo la disponibilidad de recursos financieros para actuar con seguridad». La ministra señaló que el objetivo es que España reduzca las emisiones en un 20% en 2030 con respecto a 1990, porque es el único escenario que permitiría llegar a las cero emisiones en 2050. «Son 37 puntos en poco más de una década», resaltó.

Compromís pide al Gobierno que aborde el desmantelamiento de Castor mientras la banca reclama el dinero prestado para la indemnización

Europa Press.- El senador de Compromís por Castellón, Jordi Navarrete, ha pedido al Gobierno que «defienda el dinero público» y aborde «con responsabilidad» los pagos vinculados a la construcción y mantenimiento del «fiasco» del almacén de gas Castor, así como el futuro de este proyecto energético «fallido».

Por su parte, Santander, CaixaBank y Bankia presentaron un recurso contra el Ejecutivo ante el Tribunal Supremo en el que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), a la sociedad promotora Escal UGS, participada por ACS.

El senador ha asegurado que Compromís mantendrá en 2019 su postura de «rechazo total a este proyecto por peligroso, innecesario; por su opaca tramitación e irresponsable desenlace del Gobierno, que pagó por un proyecto inservible, mal ejecutado y en el que falló todo». Ante esta situación, ha reclamado «un cambio autocrítico de postura del Gobierno y que se ponga del lado del contribuyente, que no tiene por qué pagar miles de millones por un fracaso de tal magnitud, y defienda el dinero de todos y la decencia del servicio público».

Navarrete ha recordado que Compromís intentó crear en el Senado una comisión de investigación sobre el proyecto, una iniciativa que «el PP frenó en solitario para evitar identificar a responsables, acceder con transparencia a los informes y auditorías realizadas sobre la planta o conocer su operatividad antes de indemnizar a los promotores». «Pedimos al PSOE, ahora en el Gobierno, que aborde los pagos para que tanto las retribuciones, mantenimiento de Enagás o el pago a Escal UGS se ajuste a lo que les corresponda legalmente, pues no es de recibo que los consumidores sean quien pague por unas instalaciones inservibles ni que se castigue a quien financió los proyectos o se pague a quienes no lo merecen», ha aseverado Navarrete.

También ha defendido la necesidad de poner en marcha «nuevas acciones a varias bandas, desde dilucidar responsabilidades, ejercer acciones para recuperar el dinero malgastado, auditar los trabajos, devolver el ingresado ilegítimamente a los consumidores y abordar de una vez el desmantelamiento de la planta«. Compromís ha reclamado nuevos documentos al Gobierno sobre el desmantelamiento de Castor en base a «los informes que maneja la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera».

La banca reclama su dinero

Ahora es la banca la que reclama su dinero ante la Justicia después de que en abril Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban dicha devolución, al considerar que, de lo contrario, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible. Debido a que el Consejo de Ministros agotó el plazo preceptivo de la reclamación sin haberla resuelto, se entiende que la misma ha sido desestimada y que cabe recurrir ante el Supremo.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia. Por ello la CNMC decidió paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.

Asimismo, Enagás decidió presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicitaba la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas. Esta decisión de la empresa se producía después de que el Gobierno decidiera finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron también paralizados por la CNMC a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

Enagás presenta una reclamación patrimonial contra el Estado por los costes de mantenimiento y seguridad del almacén de gas Castor

Europa Press.- Enagás ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicita la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas Castor, hibernado desde 2013 tras los seísmos ocurridos en las costas de Vinaroz (Castellón). Fuentes de la compañía indicaron que han valorado esta decisión como la «mejor opción» y subrayaron que seguirán realizando estas tareas ya que se trata de «un tema de seguridad y responsabilidad».

Esta decisión de la empresa se produce después de que el Gobierno haya decidido finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron ya paralizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

En la propuesta de orden que fue sometida a consulta, el Ejecutivo reconocía a Enagás Transporte está cantidad por 8,73 millones de euros en concepto de los costes de mantenimiento y operatividad de Castor, y daba también el visto bueno para que el operador del sistema gasista recuperara las cantidades que no fueron abonadas en los ejercicios anteriores como consecuencia de la sentencia del Constitucional, que ascendía a 17,4 millones de euros. Sin embargo, en la orden definitiva de peajes y cánones del sistema gasista para 2019, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio dejaba definitivamente fuera esta retribución para Enagás. Esta reclamación supone un paso previo para iniciar un contencioso administrativo.

En abril, Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no habían recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento gasista Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.

Además, recientemente el Supremo volvía a dar la razón a la patronal catalana Cecot en el recurso contencioso-administrativo que presentó. En este sentido, obligaba al Gobierno a devolver a los consumidores las cantidades abonadas por el mantenimiento y operatividad del almacenamiento subterráneo de gas de Castor. Cecot calculó que entre la primera y esta segunda resolución se han anulado 118 millones de euros en retribuciones que el Gobierno debe reintegrar a los consumidores de gas.

El Gobierno reintegra en la orden de peajes de 2019 los derechos de cobro de Enagás por el almacén Castor

Europa Press.- El Gobierno ha reintegrado en la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 los derechos de cobro de Enagás por los costes de mantenimiento y operación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, que fueron paralizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a principios de este año tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

En su propuesta de orden para el próximo año se reconoce a Enagás Transporte la cantidad de 8,73 millones de euros en concepto de costes de mantenimiento y operatividad del Castor. Asimismo, se da el visto bueno para que el operador del sistema gasista recupere las cantidades que no fueron abonadas como consecuencia de la sentencia del Constitucional. En concreto, se reconoce a Enagás los costes por Castor correspondientes a 2017 y 2018, «al haber sido detraídos y no haberse abonado respectivamente». En ambos ejercicios, la cantidad asciende a 8,73 millones de euros, el mismo importe por este concepto recogido en la orden para 2019.

«Al objeto de evitar el abandono incontrolado de la instalación, se considera perentorio dotar a la empresa responsable de la administración de las instalaciones de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garanticen la seguridad de la instalación para las personas y el medioambiente», señala el Ministerio para la Transición Ecológica en su propuesta de orden.

Lo que no se incluye en la orden de peajes y cánones del sistema gasista para el próximo año son los costes de unos 80 millones de euros anuales para hacer frente al pago de la deuda por Castor, paralizada en enero por la CNMC tras la sentencia del Constitucional. En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.

Esa deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros y que se abonó a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. En su sentencia de 2017, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en su aprobación como un Real Decreto de urgencia.

En consecuencia, la CNMC paralizó en enero los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que están en manos de los tres bancos. El regulador indicó así que, en aplicación de la sentencia de 2017 del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro dejaban «de ser sujetos del sistema de liquidaciones».

Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé en su la memoria de su propuesta de orden un superávit de más de 5 millones de euros del sistema gasista para 2019. En concreto, el gabinete dirigido por Teresa Ribera estima unos ingresos previstos del sistema vía peajes y cánones de 3.022,67 millones de euros, frente a unos costes de 3.017,31 millones de euros.

El Supremo obliga a devolver los más de 17 millones percibidos por Enagás por el Castor en 2014 y 2015

Europa Press.- El presidente de la patronal catalana Cecot, Antoni Abad, ha afirmado que el almacén subterráneo de gas Castor fue «una inversión fallida» después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ha estimado un recurso contencioso-administrativo presentado por Cecot, obligando así a la devolución a los consumidores de gas de los más de 17 millones de euros percibidos por Enagás en concepto de operación y mantenimiento del almacén subterráneo de gas durante 2014 y 2015.

El Tribunal Supremo señala que «la Administración debe obrar en consecuencia para llevar a efecto ese pronunciamiento anulatorio y, en su caso, adoptar las medidas procedentes para proceder al reintegro de las cantidades abonadas al amparo de la orden que se declara nula». A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional ya declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.

En concreto, el Supremo se refiere en esta nueva sentencia a los importes percibidos por Enagás por este concepto de operación y mantenimiento en 2014, durante el mes de diciembre, y en el año 2015. No obstante, el Alto Tribunal señala que siendo la devolución de las cantidades «una consecuencia natural del fallo, no procede sin embargo que haga un pronunciamiento específico en el sentido que se propugna, que no dejaría de ser hipotético, pues en el curso del proceso no ha quedado debidamente acreditado que efectivamente se hayan realizado pagos ni, por tanto, las fechas y cuantías de los que se hayan podido realizar».

Fuentes de Enagás indicaron que confían en que este tema «se resolverá con agilidad» ya que se refiere a costes auditados que corresponden a materias de seguridad. Asimismo, subrayaron que la compañía va a seguir realizando estas tareas «sí o sí, ya que se trata de un tema de seguridad y responsabilidad». En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.

La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros y que se abonó a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. En su sentencia de 2017, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un decreto de urgencia.

A finales de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank, según consta en el informe de la liquidación provisional del sector gasista correspondiente a noviembre. El regulador indicó así que, en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro dejaban «de ser sujetos del sistema de liquidaciones». Aún así, el reconocimiento de los pagos a Enagás por esas labores de mantenimiento y seguridad del Castor podrían incorporarse por el Gobierno en una próxima orden de peajes del sistema gasista.

«Una inversión fallida» para Cecot

Por su parte, Cecot ha indicado que Castor fue una inversión «en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad» y ha criticado que se haya pagado un mantenimiento cuando no se ha puesto en marcha. Ha alertado también de la afectación a la competitividad del sector industrial, que consume más del 60% de gas, ya que el incremento de costes no supondrá una mejora en los servicios de suministro. La organización empresarial interpuso un recurso en 2015 para evitar que los consumidores de gas, y en especial las empresas del sector industrial, asumieran el coste de compensación a la constructora y concesionaria de Castor.

A finales de abril de 2015, la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones a tomar medidas para evitar que los españoles abonaran los 1.350 millones de euros de compensaciones y en 2017 el Tribunal Constitucional avaló la medida de la Eurocámara, argumento que ha usado la patronal en las demandas de impugnación de las distintas órdenes ministeriales publicadas a partir del Decreto-ley 13/2014. También mantiene la impugnación de las órdenes para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y espera que las sentencias también sean favorables y significaría que se debería reintegrar una cuantía de unos 200 millones de euros.

Cecot ha recordado que hay un estudio del INE, llamado Panorámica Industrial, que ha apuntado quea partir de 2016 el coste del Castor está perjudicando la continuidad de sectores como la industria extractiva, la manufacturera española y la química, entre otros, teniendo en cuenta que España es lo de los países de la Unión Europea con la energía más cara. El consumo de gas energético en la industria extractiva y manufacturera española es del 28%, mientras que en la química puede alcanzar el 43%.

Los demandantes de Castor recurren al Tribunal Constitucional el archivo de la querella presentada contra el almacén de gas

Europa Press.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización, el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, promotores de la querella #CasoCastor, han anunciado que han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional «por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» tras la ratificación del archivo de su querella contra el proyecto Castor por parte de la Audiencia Nacional.

El colectivo hace alusión a la decisión tomada el pasado mes de septiembre por la Audiencia Nacional, que desestimó y confirmó el archivo de la demanda penal que acusaba a varios exministros y a los responsables de Escal UGS de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, presentada por este grupo ciudadano el pasado febrero. El colectivo cargaba contra los exministros de Industria, Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria; de Fomento, Magdalena Álvarez; de Medio ambiente, Elena Espinosa; el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto; el consejero valenciano Juan Cotino; el presidente de ACS, accionista de Escal, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.

En el recurso de amparo presentado ahora ante el Tribunal Constitucional, el grupo ciudadano afirma que «en este caso está en juego la credibilidad del conjunto del sistema político y económico, y también del judicial si no investiga». Asimismo, denuncia la «existencia de corrupción en la administración pública española a partir del análisis de un conjunto de elementos acreditados que demuestran, más allá de la complejidad del proyecto, una inaudita facilidad de tramitación del proyecto Castor acompañada de un singular resultado: una infraestructura que no es operativa pero que mediante su construcción la proyectista ha ingresado altísimas cantidades (sobrecostes añadidos) y todo ello asumido por la ciudadanía en la factura del gas por un valor de 1.350.730.000 euros más intereses».

Además, lamentan que «el marco jurídico internacional de la lucha contra la gran corrupción» quede «huérfano de tutela en el presente caso» y hacen alusión a la «corrupción medioambiental» generada al respecto, pues los «bienes jurídicos afectados no son únicamente de naturaleza económica y por lo tanto la tutela judicial efectiva deviene más necesaria y su acceso debería entenderse como menos exigente». «Es notorio y conocido que el proyecto Castor ha sido la causa de importantes movimientos sísmicos en la zona de Tarragona y Castellón. Sin embargo, y más allá del resultado concreto del procedimiento, nadie puede negar a estas alturas que ha existido afectación medioambiental a raíz del fallido proyecto Castor», prosigue el recurso.

«Por lo tanto, la investigación que se pretende por parte de los recurrentes es una acción popular que busca perseguir y castigar la corrupción en un caso en el que además de haber provocado un grave perjuicio económico al conjunto de la ciudadanía, también ha generado un grave resultado en cuanto a la afectación medioambiental», añade. Además, advierte de que la falta de investigación sea «generadora de impunidad» y concluye que «anticipar que no puede realizarse reproche penal alguno a los hechos denunciados sin tan siquiera practicar diligencia de investigación alguna, como hace la resolución recurrida a pesar de los indicios y argumentos alegados, significa omitir totalmente la actividad propia de los tribunales ante un caso grave como el presente».

El Congreso debate este martes la creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor y su indemnización

Europa Press / EFE.- El pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor, situado frente a Vinaroz (Castellón), y encontrar vías a partir de las cuales recuperar dinero de las indemnizaciones previstas.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicataria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad. Estas formaciones enumeran varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría tener que rendir explicaciones ante la comisión, en caso de que saliera adelante su constitución, por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Además de la afectación que causó este proyecto, en forma de más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón, Unidos Podemos y Compromís buscan investigar la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, así como la gestión de la hibernación del proyecto, y su desmantelamiento.

Precisamente, el pasado diciembre el Tribunal Constitucional anuló el procedimiento por el que se estableció la indemnización para las empresas promotoras del proyecto en 2014 por fijar la compensación, de 1.350,7 millones de euros, a través de un decreto ley. En su sentencia, el Constitucional estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acordaba declarar «inconstitucionales y nulos» los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén tras los seísmos registrados.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo confederal Ione Belarra calificó Castor como «un monumento al país de la corrupción, del ladrillazo y de los contratos a dedo que nos dejó el PP», y saludó la posibilidad de dirimir responsabilidades políticas, «ahora que la Audiencia Nacional ha dicho que no hay responsabilidades penales». Belarra confió, además, en que pueda recuperarse la indemnización prevista en el contrato Castor a la concesionaria Escal UGS, controlada por la constructora ACS, y ha criticado que este contrato «se hizo para que lo ganara ACS, propiedad de Florentino Pérez».

Por otra parte, Compromís ha reclamado a PP, PSOE y Ciudadanos que “permitan depurar responsabilidades políticas derivadas desde el inicio de este proyecto”, momento desde el cual esta formación, sostiene su diputada Marta Sorlí Fresquet, advirtió de que «era una estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente«. «Por desgracia, los sucesivos gobiernos priorizan los intereses de las grandes empresas frente a los de nuestros pueblos y comarcas», critica Sorlí, que recuerda que la solicitud de una investigación se produjo al evidenciarse que «el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a Florentino Pérez».

La Audiencia Nacional archiva la demanda por el almacén de gas Castor contra 5 exministros y la empresa concesionaria Escal-UGS

Europa Press.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación contra la decisión de la juez Carmen Lamela, que desestimó y archivó una demanda que exigía responsabilidad penal por la indemnización fijada por el cese de actividad del almacén de gas Castor porque consideraba que existía «concierto criminal».

La demanda, presentada por Xarxa de L’Observatorio del Deute en la Globalització, reclamaba responsabilidad penal contra los exministros de Industria Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria; de Fomento, Magdalena Álvarez; de Medio ambiente, Elena Espinosa; el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto; el consejero valenciano Juan Cotino; el presidente de ACS, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.

El fallo de la Audiencia considera que los hechos que acaecieron no son constitutivos de infracción penal y concluye que «no revisten apariencia delictiva, resultando inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias propuestas no se desprende la revisión de las auditorías que sustentaron la indemnización».

Para la Sala Tercera «no cabe cuestionar» la corrección de errores a un Real Decreto, porque esto es una decisión administrativa firme y apunta que «no existen indicios» de sobrecoste.

Los magistrados excluyen el «concierto criminal» en los hechos de objeto de análisis porque la serie de resoluciones administrativas fueron adoptadas por Gobiernos sostenidos por formación política distinta.

La Audiencia concluye que los hechos descritos en el recurso no revisten de «apariencia delictiva» por lo que resulta inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias que proponía la demanda no se propende revisar las auditorías que sustentaron la indemnización que se extendió a Escal (ACS es accionista mayoritario) por el cierre del almacén de gas subterráneo Castor frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

La Sala refleja las auditorías que sustentaron la indemnización, ante las observaciones de la Comisión Nacional de la Energía sobre la forma de contratación de las principales partidas de inversión en el almacenamiento subterráneo de Castor en el primer semestre de 2009, aprobado por su consejo de administración en enero de 2010.

Asimismo, señala que la convergencia entre Escal-UGS y ACS no implica un sobrecoste en perjuicio de la Administración, sino más bien lo contrario, en un momento en que no había previsión sobre concurrencia de una causa de extinción de la concesión.

Los demandantes acusaban de prevaricación a los demandados, por mantener varias reuniones con las administraciones implicadas de cara a la concesión.

Asimismo, acusaban a los demandados de elaborar un «plan delictivo» en el que se concertaron resoluciones entre las cuales figura que se excluyera al proyecto de someterse a evaluación de impacto ambiental.

A su juicio de la querella, la inversión de ESCAL-UGS habría estado «plagada de irregularidades», por lo que observa que habría «indicios de enriquecimiento ilícito» y que los beneficios de ACS «se escaparon a todo control» por la falta de concurrencia, algo que para los querellantes «solo se puede comprender desde la lógica del acuerdo delictivo».

La actividad del almacén de gas Castor fue suspendida en el verano de 2013 ante la actividad sísmica que se inició durante las pruebas para inyectar gas en el mismo. Los eventos sísmicos provocaron la suspensión temporal y la subsiguiente renuncia a la concesión por parte de Escal, que solicitó la compensación establecida. Desde entonces, el almacén subterráneo está en situación de hibernación y así seguirá hasta nuevo orden.

Aquella compensación se fijó en un total de 1.350,72 millones de euros que se garantizan mediante el pago durante los próximos 30 años a través de la factura de gas de los ciudadanos con un interés fijo del 4,267%.

Por otro lado, la instancia desestima la querella por delito de malversación o alternativamente de fraude a la Administración y de prevaricación porque «no toda revisión judicial de la actuación administrativa implica un delito de prevaricación» y añade que «no es lo mismo una ilegalidad administrativa que una actuación buscada de propósito para acordar una actuación injusta».

Los demandantes han anunciado a través de la red social Twitter que no se dan por vencidos a pesar de que la Audiencia Nacional mantenga el archivo de su querella, contra la cual no cabe recurso alguno. Advierten de que el archivo de lo penal de la querella de este grupo ciudadano «no va a suponer el cierre de la iniciativa judicial».

El grupo formado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña anuncia que ya está preparando «los próximos pasos».

La Audiencia Nacional archiva la querella contra 5 exministros y Florentino Pérez por el proyecto Castor

Europa Press.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela desestimó y archivó la querella interpuesta contra 4 exministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del de Mariano Rajoy, además de empresarios como Florentino Pérez, en relación con el proyecto Castor, al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal. Los promotores del caso Castor anunciaron que recurrirán la decisión.

La querella del Observatorio de la Deuda en la Globalización se dirigía contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, así como el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino; Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritario de la sociedad mercantil Escal UGS (quien tenía la concesión del almacén gasista); el presidente de la compañía Escal, Recaredo del Potro; y el exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto.

Tras estudiar los hechos, la juez concluye que la construcción del almacén de gas es fruto no de una idea «aislada ni peregrina», sino acorde a la política de explotación y suministro de gas, que se había planteado previamente, en 2002, antes de que los querellados accedieran a sus cargos. Si bien, admite que esta política con los años se comprobó «deficitaria«. La juez añade que las resoluciones que se fueron dictando en las distintas fases del proyecto y cuyas firmas por parte de los querellados determinan su responsabilidad, según el querellante «no aparece» y «tampoco se expone en la querella que se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido».

Además, el auto de la juez considera que no parece que la actuación de los querellados se guiase por «un afán de perjudicar los intereses de la Administración adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley». De hecho, añade que «por el contrario, su actuación fue razonada y documentada». En el auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 ha desestimado la querella planteada por delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración pública. Además, el informe de la Fiscalía, fechado en 18 de junio, solicita que se desestime la querella y se archiven las actuaciones.

De hecho, el auto admite que la actuación podría ser discutida jurídicamente, «tal y como sucedió» pero añade que esta discrepancia se ha resuelto a través de diversos procedimientos en la vía contencioso-administrativa. Asimismo, añade Lamela que tras examinar las distintas resoluciones recaídas no se desprende que la actuación de los querellados fuera arbitraria e incluso en algunos casos la actuación fue amparada desde la Administración, mientras en otros, la estimación se debió a motivos «formales, no de fondo«. En otros, por su parte, el auto de la juez estima que se pone de manifiesto la «complejidad del problema y la falta de doctrina jurisprudencial».

«Pero en ningún caso se puso de manifiesto que la Resolución impugnada adoleciera de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, estos es, que fuera manifiestamente arbitraria», aclara. De este modo, Lamela señala que no puede estimar que se cometiera delito de prevaricación porque según la jurisprudencia, ese delito se comete cuando se adopta en un asunto administrativo una resolución «injusta, no en el sentido meramente ilegal o contraria a Derecho, sino patente y clamorosamente opuesta al ordenamiento jurídico», y que el agente del hecho obre «con clara conciencia» de la arbitrariedad, algo que «no acontece en el supuesto examinado».

Lamela concluye que esto le lleva «igualmente» a considerar que no se puede estimar los delitos de malversación y fraude a la Administración, puesto que no se desprende del relato de hechos en la querella y en los documentos que la acompañan que los querellados hayan quebrantado los deberes del ejercido de su cargo, «quebrantando una especial confianza, ni que los caudales públicos hayan sido desviados torticeramente de su destino«. A ese respecto, agrega que estas circunstancias tampoco han sido apreciadas en las distintas resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional.

Recurrirán el archivo del caso

Por su parte, los promotores de la querella recurrirán el auto que desestima la querella y pide su archivo. El grupo promotor de la demanda, Caso Castor, está formado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Eso sí, el colectivo evitó pronunciarse sobre el contenido del auto hasta que su equipo jurídico lo estudie detalladamente.