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Sordo (CCOO) exige al Gobierno que regule la deslocalización de empresas con beneficios para evitar casos como el de Vestas

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EFE.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, como sucede en Francia.

Así lo ha afirmado en León, donde participó en la manifestación convocada por UGT, CCOO y CGT para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en la localidad leonesa Villadangos del Páramo y la reindustrialización de la provincia.

El líder de CCOO ha tildado de «atropello» lo que pretende hacer la multinacional danesa y ha ofrecido todo el apoyo del sindicato para frenar las intenciones de la empresa.

«Es una batalla en la que no vamos a cejar porque consideramos inaceptable que una empresa que arroja resultados positivos y cuenta en León con una planta que tiene unos ratios de productividad muy importante sea cerrada después de contar con recursos públicos y con un tratamiento privilegiado», ha advertido.

Ha añadido que es «inaceptable» que en una provincia como León se produzcan estos episodios de desindustrialización que «desanclan las empresas del territorio y provoca que la gente se tenga que marchar».

«No podemos admitir que empresas multinacionales que acceden a recursos públicos se marchen sin ningún ejercicio de responsabilidad con su entorno, y vamos a promover el Gobierno tome medidas», ha anunciado Sordo, que ha calificado de «intolerable» la forma de actuar de la empresa.

Ha señalado que los trabajadores de Vestas ya han demostrado su disposición a la negociación, que pasa, ha precisado, porque la empresa reconsidere su decisión, y están dispuestos a asumir medidas que mejores incluso los ratios de productividad y rentabilidad.

Ha precisado que cuando se facilita que las empresas se vayan sin tener que dar explicaciones una vez que han aprovechado los recursos públicos, los episodios de deslocalización son más habituales de lo que deberían.

«Por tanto exigimos medidas para controlar que empresas con beneficios no se puedan ir de esta manera, tal y como sucede en otros países y Francia es un buen ejemplo donde hay leyes que condicionan las decisiones de las empresas», ha zanjado.

Los sindicatos piden que la manifestación para exigir la continuidad de Vestas sea el comienzo de una reindustrialización de León

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EFE.- Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han animado a la participación en la manifestación convocada este jueves en León para exigir la continuidad de la planta de la multinacional danesa Vestas en Villadangos del Páramo, y confían en que esta movilización sea el arranque de la reindustrialización de la provincia.

Bajo el lema Por la reindustrialización y el empleo de León. Vestas, la marcha partirá a las 20.00 horas desde la sede de los sindicatos, en Gran Vía de Marcos, para desembocar en la plaza de San Marcelo tras recorrer las principales calles leonesas. El responsable de industria de UGT en la provincia de León, Francisco Romero, ha expresado su decepción por el resultado de la reunión celebrada entre la empresa y el Gobierno, y ha recalcado que el objetivo es mantener la planta en León y no negociar traslados o recolocaciones de los trabajadores.

«Exigimos a los administraciones que fuercen a la empresa a cambiar su decisión y mantenga la planta leonesa», ha señalado el dirigente sindical, que ha recordado que la compañía recibió 13 millones en subvenciones. Además, advierte de que el Gobierno de España no debe caer en el «engaño de la multinacional» de que ahora apuesta por las factorías de Ciudad Real y Lugo, cuando «hasta hace poco decían que la de Villadangos era la mejor planta de España y al cumplirse el plazo fijado por las subvenciones recibidas la cierran».

Mayor beneficio durante este año

Por su parte, el responsable de la CGT, Javier Suárez, ha denunciado que el modelo que representan empresas como Vestas es «pan para hoy y hambre para mañana» y subraya que se va de León dejando «un reguero de cadáveres». El presidente del comité de empresa, Juan Francisco García, ha insistido en que no hay causas objetivas que justifiquen el cierre ya que, sólo en el primer cuatrimestre, Vestas ganó con la planta en Villadangos un 45% más que en el mismo periodo del año anterior. Finalmente, el responsable de industria de CCOO en la provincia de León, Ángel Santos, ha apostado por mantener la lucha como la única forma lograr mantener el tejido industrial.

Desde que Vestas anunciara su intención de cerrar su fábrica leonesa para deslocalizar la producción a China o India, prácticamente la totalidad de la plantilla cuenta en su haber con la carta de la empresa en la que les comunica el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La mesa de negociación del ERE ya ha sido compuesta por los mismos integrantes del Comité de empresa de Vestas, según indicó el presidente del Comité. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados mantendrán levantado el campamento, instalado ante la factoría, hasta que consigan una solución.

El PSOE, en la manifestación

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, participará en la manifestación convocada en León para la defensa de los trabajadores de Vestas. En este sentido, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha formulado un llamamiento a todos los leoneses para que participen en la protesta contra la pérdida de empleo. El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, también ha confirmado su presencia en la protesta que se celebrará bajo el lema No al cierre de la industria, no a la despoblación de León.

El PSOE de León destaca cómo desde que los trabajadores de Vestas dieron la primera voz de alarma, a principios de verano, se posicionó en todo momento a favor de sus «justas» reivindicaciones.Cendón reitera ahora que es «lamentable que intereses puramente empresariales» lleven a esta situación a una fábrica «modélica desde el punto de vista de la eficiencia y la competitividad» y lamenta que la empresa no haya dado el margen necesario en las conversaciones abiertas con el Gobierno.

«Cuando conocimos la gravedad de la situación dimos los pasos necesarios para evitar el cierre. El Gobierno ha trasladado a Vestas la apuesta decidida por las energías renovables y el volumen de negocio que eso puede suponer para la empresa, pero no ha servido de nada porque la decisión ya estaba tomada en Dinamarca», señala Cendón.Pese a todo, mantiene un hilo de esperanza ante la posibilidad de encontrar un comprador para el mantenimiento de la planta tras la línea de negociación abierta entre el Ejecutivo y la compañía danesa.

Cendón también abogó por mantener el consenso logrado en este conflicto para apoyar a los trabajadores «porque es un momento para la unidad de las instituciones, con el objetivo de que todos echen una mano a una empresa importante para León».»No podemos entrar en luchas partidistas porque no se puede permitir que se vaya otra empresa de León», concluyó.

Transición Ecológica también pierde empleos en León: Ribera no consigue evitar el cierre de Vestas y culpa al anterior Gobierno

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Redacción / EFE.- Los trabajadores de las cuencas mineras no están solos. A ellos ya se les pueden sumar los más de 300 trabajadores de la factoría de Vestas en Villadangos del Páramo (León), una provincia a la que los tiempos de cambio que corren en el sector energético amenazan con agravar el mal de la despoblación que ya padece desde hace décadas.

Una provincia que se vacía como vacíos suenan los anuncios del Gobierno de que se abre una línea de negociación permanente con Vestas durante los próximos días «al más alto nivel» con el fin de trabajar en la búsqueda de alternativas industriales para la comarca leonesa tras el anuncio de cierre de la factoría del grupo danés. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Vestas ha manifestado su compromiso de seguir invirtiendo en las plantas de Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real) para convertirlas en referentes de producción para Europa. Un compromiso que no esconde el fracaso del Ministerio para la Transición Ecológica: donde antes había 2 factorías, ahora solo habrá 2.

Además, y tras la reunión mantenida por el Gobierno con representantes del fabricante de aerogeneradores, ambos departamentos han criticado la política energética del anterior Gobierno y han subrayado que «es en este anterior contexto en el que se enmarca la decisión del cierre de la planta de Vestas en León». Asimismo, han insistido en que ante el anuncio de cierre de la planta de la empresa en León se trabajará para minimizar el impacto en la zona con alternativas industriales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvo un encuentro con representantes de Vestas al que ha acudido también el secretario general de Industria, Raül Blanco, y el director general de Industria, Galo Gutiérrez. El encuentro, según indicaron ambos Ministerios, forma parte del proceso de reuniones que el Ejecutivo mantiene con la empresa desde que se conoció su decisión de abandonar la provincia leonesa.

Según han expresado, en el marco de la reunión Vestas ha valorado el proceso de transición energética iniciado por el Ejecutivo. De hecho, antes de finales de año el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá listos el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En ambos, han explicado, se establece la senda para la transición hacia un sistema energético más limpio que vendrá acompañado por un «rápido» incremento de la generación mediante las renovables, entre ellas, la eólica, y el desarrollo de unas reglas del mercado «previsibles y estables«.

En este sentido, el Gobierno ha recordado que el sector de las renovables tiene perspectivas positivas en España y que este «cambio de rumbo» tiene como objetivo dar cumplimiento con los acuerdos internacionales firmados por España en la lucha contra el cambio climático. Esta política, han señalado ambos Ministerios, contrasta con la liderada por el anterior Gobierno «que no apostó por el desarrollo de energías renovables ni anticipó la necesaria transición hacia un nuevo modelo». «Es en este anterior contexto en el que se enmarca la decisión del cierre de la planta de Vestas en León», han asegurado ambos departamentos.

Piden formar una comisión negociadora

Por su parte, ya antes de la reunión con el Gobierno, la multinacional danesa Vestas decidió posponer la entrada en vigor de su ERE de extinción para su planta de Villadangos aunque paralelamente comenzó a pedir a sus empleados que constituyan la comisión negociadora de este ERE. Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, que denunció que la multinacional «vetó» a la Junta en esa reunión, «quizá» por ser «demasiado beligerantes».

Asimismo, la consejera ha explicado que Vestas aún no ha contestado a la petición formal de reunión que la semana pasada los Ejecutivos nacional y autonómico trasladaron con carácter de urgencia a la sede de la empresa en Dinamarca, por lo que Del Olmo ha insistido en que aún esperan una respuesta por parte del consejo de administración de Vestas.

Por ello, la consejera ha aseverado que «seguirán peleando» a «todos los niveles» para impedir que la multinacional lleve su planta a China o Rusia, pues esto es un «problema» que concierne a toda Europa, pues «no tiene ningún sentido» que la Unión Europea permita estas deslocalizaciones y luego tenga que importar estas mercancías de países que no cumplen los mismos requisitos laborales y de emisiones que en la Unión Europea. Finalmente, si la empresa decidiera quedarse, Del Olmo admitió que la Junta extendería la «alfombra roja», aunque de cerrar, Vestas quedaría «proscrita» de «Castilla y León, de España y de la Unión Europea», amenazó.

Izquierda Unida contra las multinacionales

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, José Sarrión, ha afirmado que parte de la culpa de la situación por la que atraviesan los trabajadores de Vestas, en León, se debe a que «España ha puesto la política energética en manos de multinacionales con capital extranjero». A su juicio, eso provoca una «falta de sensibilidad con la tierra» que es lo que motiva que empresas como Vestas opten por la deslocalización de su producción a países como India o China «basándose únicamente en criterios económicos» y «cargándose a unos empleados que han demostrado ser capaces».

El dirigente de Izquierda Unida ha visitado el campamento que los trabajadores instalaron hace casi una semana a las puertas de la multinacional danesa en el polígono de Villadangos del Páramo. Sarrión ha calificado de «heroica» la actitud de estos trabajadores, de quienes ha dicho que son un ejemplo «de lucha por la defensa de sus derechos y su dignidad». Además, ha avanzado que Izquierda Unida llevará esta situación tanto al Congreso como al Senado y también al Parlamento Europeo para tratar de darle una solución a un conflicto del que dependen 370 empleos directos y más de 2.000 indirectos.

La ministra Ribera se reunirá este lunes con representantes de Vestas para tratar el cierre de su factoría en León

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EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunirá este lunes en la sede del Ministerio con representantes de la empresa Vestas para tratar el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por esta empresa para su plantilla.

Asistirá también a la reunión el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica.

La multinacional danesa Vestas Eólicas presentó el pasado lunes un ERE para despedir a la totalidad de la plantilla, cerca de 370 trabajadores, de su factoría de Villadangos del Páramo (León).

Según el comité de empresa, el argumento utilizado por la compañía ha sido la baja demanda de los motores eólicos que se fabrican en León con destino al sur de Europa y cuya producción pretende trasladar a sus fábricas de Argentina y Rusia.

Los trabajadores de Vestas tienen instalado un campamento permanente frente la fábrica de Villadangos del Páramo como señal de protesta.

Siemens Gamesa finaliza su plan de reducción de empleo con 226 salidas voluntarias

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EFE. –   El fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa ha concluido su expediente de despido colectivo con la salida voluntaria de 226 trabajadores en España. Este plan de reducción de empleo ha sido acordado con los sindicatos mayoritarios una vez concluido el periodo de consultas.

Así, Siemens Gamesa notificará la salida con quince días de preaviso a los empleados que se han acogido al plan. Una vez cumplido ese periodo, las bajas se irán produciendo de forma progresiva hasta finales del año fiscal.

Por todo esto, la empresa se ha mostrado satisfecha con el resultado del plan y ha destacado el «gran esfuerzo» realizado para conseguir las mejores condiciones para los trabajadores.

El sindicato ELA

El sindicato vasco ELA no ha firmado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que articula el plan de salidas voluntarias y prejubilaciones puesto en marcha por Siemens Gamesa ante la actitud de la empresa de «no cumplir su palabra» y no ofrecer «la garantía de empleo prometida». .

Según ELA, pese a que la empresa ha conseguido con las salidas voluntarias el objetivo de cubrir sus necesidades, «ha sido incapaz de ofrecer la garantía de empleo prometida» de «no ejecutar despidos traumáticos» durante el plan de negocio, cuya vigencia finaliza en 2020. Para el sindicato, que ha afrontado el proceso de negociación con la empresa con el objetivo de que las salidas se produjeran en las mejores condiciones siempre bajo el criterio de voluntariedad, «pero sobre todo ha tratado de garantizar un futuro a la plantilla que permanecerá en la multinacional».

ELA ha criticado «la deslealtad» de la dirección y ha señalado que echa de menos una reflexión crítica hacia su gestión, ya que «el hecho de que tantas personas hayan querido salir de la empresa demuestra que las cosas no se están haciendo bien en la compañía».

En cambio, para UGT ha afirmado rotundamente que le parece «un buen acuerd0″ el alcanzado en Siemens Gamesa. Además, la dirección se ha comprometido a garantizar el empleo durante 2018 y, en caso de que surja algún problema extraordinario, a abrir un período de dos meses a partir de enero de 2019 para buscar con los sindicatos medidas «no traumáticas», que partirían de las mismas condiciones pactadas en el ERE suscrito ahora. 

Finalmente, las partes también han acordado la constitución de una mesa de empleo que afecte a todas las fábricas de la empresa para tratar sobre el plan de negocio y tratar de dar estabilidad al empleo.

La plantilla de Nuclenor ratifica con 145 votos el preacuerdo de ERE en Garoña

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EFE.- La plantilla de Nuclenor ha ratificado hoy el preacuerdo laboral alcanzado el pasado viernes entre sindicatos y empresa, con 145 votos a favor y 64 en contra, después de que cada empleado haya conocido cuáles son las condiciones aplicables ante el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

En declaraciones, Pedro San Millán, representante de UGT en la comisión mixta negociadora, ha destacado el apoyo «mayoritario» al preacuerdo, «el mejor que se ha podido obtener«.

Los trabajadores de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en Valle de Tobalina (Burgos), han conocido esta semana cómo les afectaría de manera particular los acuerdos alcanzados.

Nuclenor, empresa propietaria participada por Endesa e Iberdrola, ha mantenido encuentros individuales con la plantilla, formada por 227 miembros, ha recordado San Millán. Y, con esa información en las manos, la comisión negociadora ha sometido a referéndum el preacuerdo, que ha salido adelante con 145 votos favorables, de los 211 emitidos. Un apoyo «mayoritario» de la plantilla de Nuclenor, que «pone en valor el trabajo» realizado por los sindicatos, aun cuando se han registrado 64 votos en contra y dos votos nulos.

San Millán ha insistido en que el preacuerdo, cerrado el pasado viernes tras un mes de negociaciones, es «el mejor que se ha podido obtener», con las mejores condiciones posibles.

Esta semana los sindicatos también se lo han intentado explicar a todos los trabajadores y «la plantilla ha ido a votar sabiendo su situación particular», ha insistido el delegado sindical.

Una vez ratificado el acuerdo, Nuclenor tendrá que comunicárselo a la autoridad laboral, para que lo autorice, y se deberá elaborar un documento definitivo de expediente de regulación de empleo. Deberá incluir nombre a nombre qué empleados se quedarán en Santa María de Garoña para el desmantelamiento, quiénes serían recolocados en centros de Iberdrola y Endesa y quiénes prejubilados.

En términos generales, serán 120 los trabajadores que mantengan su puesto en Garoña, mientras que una treintena serían prejubilables y alrededor de 68 tendrían opción de recolocación.

Pedro San Millán ha explicado que Nuclenor ha planteado también una indemnización de 20 días por año trabajado, según marca la norma laboral, para aquellos que rechacen las recolocaciones.

Cuando Nuclenor presente a los sindicatos el documento definitivo se abrirá un plazo máximo de un mes para consultas y negociación, y una vez aprobado se remitirá a Trabajo. En el momento que la autoridad laboral lo autorice, el expediente de regulación de empleo podrá ser aplicable, ha apuntado San Millán.

La plantilla tendría que estar reorganizada para finales de año, como ya puso de manifiesto Iberdrola en el mes de agosto, quedando solo en Nuclenor los 120 empleados destinados al desmantelamiento.

El 1 de agosto, el Ministerio de Energía anunció la denegación de la autorización de prórroga de la explotación de Garoña, solicitada por Nuclenor en 2014. Con esa decisión se puso el punto final al funcionamiento de la nuclear burgalesa, iniciándose un proceso de desmantelamiento que lleva aparejada la reorganización de la plantilla.

La comisión mixta negociadora, con miembros de los sindicatos y Nuclenor, inició las reuniones el 10 de agosto y, un mes más tarde, han alcanzado el preacuerdo ratificado hoy por la plantilla.

La propietaria Nuclenor y los sindicatos alcanzan un preacuerdo de ERE para la plantilla de la central nuclear de Garoña

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EFE.– Nuclenor, propietaria de la central nuclear Santa María de Garoña, y los sindicatos alcanzaron un preacuerdo para el expediente de regulación de empleo (ERE) que se aplicará a los 227 trabajadores de la planta ubicada en Valle de Tobalina (Burgos) Tendrá que ser ratificado por la plantilla la próxima semana.

Pedro San Millán, representante de UGT en la comisión mixta que desde agosto negocia las condiciones del ERE, explicó que el preacuerdo firmado se ha cerrado con la unanimidad de las cuatro centrales sindicales (UGT, USO, ALOG y ACN/ATYPE), y la parte empresarial. Tras el preacuerdo, los plazos que se manejan pasan ahora por informar del mismo a los trabajadores para que lo voten el próximo jueves mediante un referéndum. «Son las mejores condiciones que hemos podido obtener, aunque entendemos que no a todos van a gustar», reconoció San Millán, quien, sin embargo, no quiso avanzar los datos del preacuerdo.

Se ha impuesto un criterio de confidencialidad en las reuniones y, además, la próxima semana Nuclenor tendrá que comunicar a cada uno de los empleados cómo les afecta en particular el texto. Lo que sí se sabe es que el ERE se sustentará en prejubilaciones y recolocaciones en centros de Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor. Además, como Iberdrola ya avanzó, para finales de año solo deben quedar 120 trabajadores, que se encargarán de gestionar el proceso de desmantelamiento de Garoña. De este modo, aproximadamente un 47% de la plantilla saldrá de la central nuclear con recolocaciones y prejubilaciones, aunque todavía no se han cerrado los datos, indicó San Millán.

Si la plantilla acepta las condiciones, se iniciará el diseño del ERE por parte de Nuclenor, que tendrá que comunicarlo a Trabajo. A continuación se abrirá un nuevo periodo de negociación sobre el documento y, cerrado un acuerdo, el expediente se remitirá a Trabajo para su autorización, ha recordado San Millán, que insiste en que el haber llegado a un acuerdo es «positivo» y es «lo mejor que puede pasar».

Isolux cierra el ERE voluntario con la salida de 356 trabajadores, un 19% menos de los previstos

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EFE.- Isolux cerró el expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario que puso en marcha a comienzos de agosto con la salida de 356 trabajadores, un 19% menos respecto al máximo de 441 empleados a los que inicialmente estaba destinado el ajuste, si bien representan algo más de la tercera parte (un 35,5%) de la plantilla total del grupo.

La compañía de construcción e ingeniería en concurso de acreedores no ha logrado así cubrir el objetivo del recorte voluntario de empleo a pesar de que ya había rebajado el objetivo máximo en un 10%, desde los 441 hasta los 397 empleados. Además, el número de trabajadores que solicitaron acogerse al ERE voluntario (un total de 382) se ha visto reducido en 26 efectivos a los que la administración concursal de Isolux vetó su salida de la empresa, al considerar que su función es necesaria en el puesto que ocupan.

A pesar de todo ello, el administrador descarta por el momento implementar el ERE temporal que en un principio sopesó activar para el caso de que el ajuste de extinción voluntario no lograra copar el objetivo de recorte de plantilla, según indicaron fuentes sindicales. La administración concursal de Isolux puso en marcha el ERE a comienzos de agosto, un mes después de que en julio se viera abocado al concurso de acreedores, uno de los mayores de la historia empresarial española. Además, el ajuste tiene lugar un año después del último abordado por la empresa, que afectó a 435 trabajadores. En los planes contemplan también el diseño de un nuevo programa de venta de activos.

En cuanto al ERE que acaba de cerrar, del total de 356 trabajadores finalmente afectados, 155 corresponden a Isolux Ingeniería, un 27,5% menos respecto a los 214 inicialmente fijados. Otros 158 empleados serán de Isolux Corsán Construcción, un 12% menos, y los 43 restantes (un 15% menos), de la matriz del grupo. La salida de estos trabajadores se hará efectiva en los días que restan de este mes de agosto, según detallaron dichas fuentes sindicales. Isolux y seis de sus filiales se declararon insolventes el pasado 12 de julio, un año después de que sus bancos la rescataran, con un agujero patrimonial de 801,9 millones de euros, una deuda financiera de 1.270 millones y adeudos a proveedores de 405 millones.

Isolux Corsán solicita entrar en concurso de acreedores tras no lograr un inversor aunque tiene 6 ofertas en la recámara

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Europa Press / Servimedia.- El consejo de administración de Isolux Corsán ha aprobado solicitar el concurso de acreedores para el grupo y seis de sus filiales, después de dos años tratando de superar sus dificultades financieras y, en último término, tras no lograr un inversor que entre en su capital y lo rescate. Acto seguido, el presidente de la firma, Nemesio Fernández-Cuesta, y el resto del consejo presentaron en bloque su dimisión para «facilitar la gestión de la nueva etapa», según explicó la compañía.

El concurso de Isolux es el mayor de una compañía de construcción de los últimos años y de los de más dimensión de la historia empresarial española junto con los de Martinsa Fadesa, Abengoa, Nueva Rumasa, Pescanova o Reyal Urbis. Isolux recurre finalmente al concurso tras dos años tratando de superar sus tensiones de liquidez y financieras y al no poder acometer una segunda reestructuración de su deuda apenas un año después de que en julio de 2016 fuera rescatada por sus bancos acreedores, que desde entonces controlan la compañía.

El grupo, en preconcurso desde el pasado abril, buscaba estos últimos meses un socio que entrara en su capital, inyectara fondos y la reflotase. El grupo finalmente no ha tenido tiempo para conseguirlo, si bien en esta última reunión el consejo anunció que «en los últimos días» se han recibido seis ofertas presentadas por distintos inversores interesados sobre distintos negocios de la división de construcción e ingeniería de la empresa.

Se trata de propuestas que se comprometen a subrogar no sólo a los trabajadores vinculados a los proyectos, sino también a otros de otras áreas, según detalló el hasta ahora presidente ante la junta general de accionistas que Isolux celebró. «Corresponde a los nuevos administradores, al administrador concursal y al juez, enjuiciar, valorar y, en su caso, aprobar alguna de estas propuestas recibidas que den continuidad a la labor empresarial y a los trabajos de este consejo de administración que termina su tarea«, concluyó Fernández-Cuesta.

La junta de Isolux, que desde el rescate del pasado año estaba controlado por sus bancos acreedores, liderados por CaixaBank y Bankia, aprobó nombrar tres nuevos gestores que sustituyan al dimitido consejo y trabajen junto a los administradores concursales que designe el juez. Se trata de David Pastor, que será además el nuevo presidente de la compañía; David Vilella, que ejercerá de vicepresidente y Enrique Medina en representación de la firma Fuster&Partners, expertos en concursos los dos primeros y especialista en reestructuraciones empresariales el segundo.

Isolux se declara en quiebra con un agujero (un patrimonio negativo) de unos 801,9 millones de euros y una plantilla, tras el ERE pactado el pasado año, de 3.884 trabajadores. De ellos, los empleados de las firmas que solicitarán el concurso son 1.992 empleados, 1.104 de ellos, en España. Asimismo, a pesar del rescate y la reestructuración de deuda del pasado año, la compañía soportaba al cierre de abril una deuda de 1.270 millones de euros (557 millones ligados a proyectos). El grupo tiene una deuda de 405 millones con proveedores, pero, según asegura, está al día en el pago de las nóminas y el resto de obligaciones con los trabajadores (Seguridad Social e IRPF).

El ya expresidente de Isolux señaló a la gestión realizada en el negocio de concesiones de infraestructuras como causa última de la situación. No obstante, achacó a la «desvinculación por sorpresa» el pasado mes de marzo de unos de los bancos acreedores como factor que precipitó el concurso. Fernández-Cuesta trazó la radiografía de los problemas del grupo, entre los que citó el endeudamiento que asumía en los proyectos de concesión, el trasvase de caja al negocio concesional desde los contratos de construcción, que recaían en retrasos, sobrecostes y penalizaciones. También señaló a las inversiones realizadas en negocios ajenos al constructor, como el del biodiésel y las termosolares y al «riesgo adicional» que asumía en los proyectos por los que competía.

CaixaBank descarta un «impacto adicional”

Por su parte, CaixaBank afirmó que sus exposiciones accionariales y crediticias relacionadas con Isolux «ya se encontraban adecuadamente provisionadas al cierre del primer trimestre de 2017». Según explicó la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), «en consecuencia, no espera ningún impacto adicional significativo por estas circunstancias en las cuentas del segundo trimestre de 2017″. La entidad que preside Jordi Gual tiene previsto publicar los resultados del primer semestre del año el próximo 28 de julio.

Elcogas y los sindicatos firman el acuerdo de conciliación sobre el ERE, que afecta a 143 empleos

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EFE.- Representantes de CCOO y UGT y los abogados de Elcogas firmaron el acuerdo de conciliación para retirar la demanda colectiva sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supone el despido de los 143 empleados de la planta termoeléctrica de Puertollano, final que ha sido recibido con «sabor agridulce» por los trabajadores.

El acuerdo supone mejorar las indemnizaciones y crear una comisión de seguimiento que estudiará la posible recolocación de la plantilla en las empresas eléctricas españolas, como explicó el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, que admitió que este acuerdo deja «un sabor agridulce» porque lo que querían los empleados de Elcogas «era trabajo, empleo, no dinero por liquidar así la responsabilidad social» pero ha insistido en que esperan que el compromiso de estudiar las recolocaciones funcione.

El presidente del comité de empresa ha recordado que de los 143 trabajadores 121 han salido ya y los demás están en fase de preparación del desmantelamiento de la factoría, aunque no llegará hasta octubre, un plazo que ha dicho debe aprovecharse para estudiar opciones de viabilidad que devuelvan la actividad a Elcogas. José Antonio Alcaide avanzó que hay 14 compañeros que ya han sido recolocados, 7 en Endesa y 7 en Iberdrola, y ha añadido que durante un año y medio una comisión de seguimiento estudiará nuevas recolocaciones en estas empresas y en Hidrocantábrico. «Para nosotros, lo más importante de este acuerdo son esos compromisos para valorar las vacantes externas que salgan en las empresas eléctricas españolas», ha afirmado.

Esperanzas después de las elecciones

El portavoz de la plantilla ha insistido en la importancia de que la Junta de Castilla-La Mancha vele porque ese compromiso se cumpla, pero ha subrayado que los trabajadores seguirán «defendiendo que Elcogas no se desmantele», y que «no se permita el desmantelamiento de la central». De este modo, se ha mostrado confiado en que el 26 de junio, España tenga «un gobierno más progresista que entienda que una central de más de 1.000 millones de euros no se puede achatarrar». José Antonio Alcaide ha asegurado que no quieren «crear falsas expectativas» en Puertollano, pero abogan por que se estudie la posibilidad de que «otras empresas hagan lo que las empresas españolas no quieren hacer» y Elcogas vuelva a abrirse.

Por su parte, la empresa ha indicado que los accionistas españoles de Elcogas «mantienen su voluntad de ofertar a los extrabajadores de la compañía las vacantes que se produzcan en sus empresas, que coincidan con el perfil profesional solicitado, y extienden esta opción hasta diciembre de 2017». Elcogas señala que con el acuerdo ratificado finaliza un proceso «en el que la empresa ha manifestado y mostrado su mayor voluntad negociadora, para conseguir las mejores condiciones económicas posibles para todos los trabajadores» El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por su parte, indicó que aprueba la conciliación alcanzada entre las partes y archiva el procedimiento.