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Ferroatlántica pacta un ERTE de 2 años para toda su plantilla en España y culpa a la subasta de interrumpibilidad

Europa Press.- Ferroatlántica ha acordado aplicar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) de 2 años de duración y de carácter rotatorio para toda la plantilla de 550 trabajadores que suma entre sus 3 fábricas y en las oficinas con que cuenta en España. La compañía, que forma parte de Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones participado al 55% por el Grupo Villar Mir, atribuye este ajuste al precio de la energía y al resultado de la subasta de interrumpibilidad.

La compañía acordó el ERE con UGT, CC.OO y USO, mientras que el otro sindicato con representación, CIG, se descolgó del acuerdo. El ajuste afectará a todos los trabajadores que la firma tiene repartidos en sus 2 fábricas de La Coruña, la planta que tiene en Cantabria y las oficinas centrales de Madrid. En virtud del acuerdo, el ERE temporal se extenderá durante 2 años, hasta febrero de 2021, y se aplicará con carácter rotatorio a toda la plantilla, con un promedio máximo de afectación del 35% en cada fábrica y de un 40% de la jornada de cada trabajador.

Ferroatlántica pacta este ERTE justo cuando el Gobierno central está diseñando medidas para las empresas que registran un alto consumo de electricidad para acometer su producción, con la voluntad de aprobar estas medidas, que conformarán un Estatuto del Consumidor Electrointensivo, a través del procedimiento de urgencia. De su lado, el sindicato CIG atribuyó su decisión de descolgarse de la firma al considerar que se trata de un mal pacto, «sin garantías de empleo y de producción industrial, que deja a las fábricas de Ferroatlántica en el mismo escenario en el que estaban, con los hornos parados y una enorme incertidumbre».

Maroto alega que concedió ayudas a Alcoa «por responsabilidad» pese a saber que iba a cerrar varias plantas en España

Europa Press.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha justificado en el Congreso que el Gobierno concedió «por responsabilidad» ayudas a la empresa Alcoa pese a conocer en ese momento que tenía intención de cerrar dos de sus plantas, con el fin de facilitar la búsqueda de un inversor.

Así, durante su comparecencia ante la comisión de Industria, a la que ha acudido a informar sobre esta crisis industrial, Maroto ha señalado que las tres plantas de esta empresa se beneficiaron de las ayudas correspondientes al mecanismo de compensación de costes indirectos a las emisiones de CO2 para compensar los costes eléctricos. La ministra ha señalado que el Gobierno concedió estas ayudas «para garantizar la búsqueda de inversor» y así no poner ningún «impedimento» para encontrar una empresa que se hiciera cargo de las plantas amenazadas por el cierre.

Además de estos mecanismos de compensación, Maroto destaca que el Gobierno puso «a disposición» otras ayudas, como los programas de apoyo a la inversión industrial para el fomento de la competitividad o el programa de apoyo financiero a proyectos de I+D+i. A renglón seguido, la ministra ha incidido en que el decreto ley aprobado por el Gobierno con varias medidas para el sector, entre ellas la creación del estatuto para las empresas electrointensivas, incluye la garantía para que las empresas que reciban este tipo de ayudas mantengan la producción y el empleo durante 3 años.

Durante su intervención ante la Comisión de Industria, Maroto celebró que ya cuenta con varias ofertas para dar un futuro a las plantas y que en las mesas de seguimiento en las que participa el propio Gobierno se evaluará «de forma conjunta» el plan de inversión de «los distintos agentes que han manifestado interés». En este sentido, subrayó que tendrá prioridad la presentación de un plan de futuro. «No vale cualquier plan de inversión, necesitamos uno que garantice la viabilidad en el corto, pero también en el medio y largo plazo en ambas instalaciones», señaló.

“No nos vale cualquier inversión”

Así, Maroto ha manifestado la importancia de que el inversor que presente una oferta por las plantas «venga para quedarse» ya que, optar por una opción sin contar con el largo plazo tendría el riesgo de convertirse en «pan para hoy, hambre para mañana». Maroto destacó el papel jugado por el Gobierno a la hora de actuar en esta crisis, subrayando que con Alcoa «el acompañamiento ha sido total, diario» y reivindicando la dificultad en alcanzar el acuerdo para dar más margen en la búsqueda de un nuevo inversor, que garantiza que no haya ni un solo despido hasta junio.

«Ha sido muy difícil que Alcoa revirtiera una decisión que había tomado, algo que no está suficientemente reconocido», ha aseverado la ministra. Si bien en un principio la propia Alcoa se posicionó como «muy distante» a la hora de buscar alternativas a las plantas, una búsqueda en la que, ha asegurado, «era impensable» que participara al inicio de la crisis, ha celebrado que ahora exista «un compromiso escrito» para ser «actor activo en la búsqueda de soluciones y las inversiones que necesita para seguir funcionando«.

La ministra ha recordado que la empresa ya planteó hace 5 años un ERE para su plantilla en España, y ha mencionado los «problemas estructurales» de los que adolece, pero ha pedido también no poner el foco únicamente en el coste de la energía. «No solamente es por un coste de pérdida de competitividad. También, pero no solamente», ha manifestado.

Respecto a la puesta en marcha del estatuto para la industria electrointensiva, ha justificado la aminoración en las partidas por compensación por emisiones en que será este estatuto el que defina con qué recursos contará, y también ha avanzado que su departamento trabaja en acelerar la presentación del mismo. Así, ha avanzado que buscan que este mismo mes de febrero puedan presentar a los grupos un borrador sobre un texto que, actualmente, se encuentra en período de consultas en el que la Xunta de Galicia y el propio comité de empresa de Alcoa en A Coruña ya han trasladado propuestas.

Industria trabaja para revertir los cierres de Alcoa ya que sus plantas españolas «siguen siendo viables» para el Gobierno

Europa Press.- El secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha afirmado que el Ministerio de Industria trabaja para revertir la decisión de la multinacional canadiense Alcoa de aplicar un ERE en sus plantas en Galicia y Asturias, al considerar que «siguen siendo viables«, y que mantendrá todas las opciones abiertas ante la intención de cierre de la entidad.

Blanco explicó que en la actualidad existe una propuesta de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la compañía en las plantas que tiene en A Coruña y Avilés, lo que motivaría el cierre de las mismas y afectaría a alrededor de 700 trabajadores. Así, recordó que la negociación laboral se ha ampliado hasta este martes y que desde el Gobierno están haciendo lo posible para evitar esta situación. «Creemos que las plantas siguen siendo viables», afirma Blanco, que añade que las medidas de apoyo a la industria electrointensiva aprobadas recientemente por el Ejecutivo afectarán de forma positiva, tanto a Alcoa como a otras industrias, ya que aportan un marco regulatorio estable.

Asimismo, indicó que desde Industria trabajan para tener cualquier posibilidad abierta ante la decisión de cierre de la compañía, al igual que se hizo en el caso de la planta de Villadangos del Páramo (León) de Vestas, un ejemplo que calificó como «un éxito», puesto que se pasó de un cierre en agosto a firmar un acuerdo con un nuevo inversor en diciembre. «Podemos hablar de que ha sido un éxito, ya que pasar de un cierre anunciado desde agosto a firmar un acuerdo en diciembre con un nuevo inversor que garantiza todos los empleos de la planta y también de la industria auxiliar es una noticia muy positiva», manifestó.

Unidos Podemos avisa al Gobierno de que su subasta de interrumpibilidad «pone en riesgo» a Alcoa y la industria electrointensiva

Europa Press.- Unidos Podemos ha advertido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que la subasta de interrumpibilidad planteada para el primer semestre del próximo año «pone en enorme riesgo a las empresas electrointensivas, pero muy particularmente a Alcoa«.

Y es que, según ha criticado en el Congreso su diputada Yolanda Díaz, de En Marea, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), considera que el número de bloques de potencia planteados «son insuficientes», por lo que ha reclamado elevarlos de 40 a 90, como mínimo. Además, ha exigido que aumente el plazo de la interrumpibilidad subastada para que sea de, al menos, un año. «Vamos nuevamente a que las empresas no saben cuál va a ser el precio de la electricidad en 2019», ha criticado la diputada de Unidos Podemos.

Unidos Podemos cree que con esta subasta el Gobierno socialista «reproduce los males» del anterior Ejecutivo del PP, subrayando que vuelve a ser «una subasta puramente especulativa» y «opaca», a costa del consumidor. «Repite un modelo que es fallido y no sirve para dar respuesta a las industrias electrointensivas», ha lamentado. Por otro lado, Díaz ha cuestionado que Ribera no aborde la regulación de las empresas electrointensivas, sino que haya decidido esperar a la Ley de Cambio Climático para contemplar la elaboración de un Estatuto para estas empresas, cuyo desarrollo tendría que establecerse en un reglamento 6 meses después a la aprobación de la ley.

Díaz apuesta por arreglar el tema “de manera definitiva» ya que cree que «tal y como lo plantea el Gobierno, las industrias electrointensivas están abocadas al cierre». Por otro lado, el grupo confederal de Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que plantea diversas medidas con las que, asegura esta formación, el Gobierno «puede salvar a Alcoa«. «Está en manos del Gobierno evitar el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña. El tiempo cuenta y está corriendo ahora mismo para mandar a la calle a 700 trabajadores», recriminó el diputado de Podemos, Segundo González.

Entre estas medidas, proponen la paralización del ERE extintivo, impedir una parada técnica de las plantas, estudiar la intervención del Estado en las plantas mediante la SEPI y fomentar así la inversión de otras empresas y una ley para que, si Alcoa decide definitivamente marcharse, tenga que devolver todas las ayudas y bonificaciones otorgadas. En este sentido, González ha reclamado que, a partir de ahora, cualquier ayuda o subvención que se otorgue a una empresa esté condicionada al mantenimiento de la actividad de las empresas.

El Gobierno aprobará medidas para ayudar a la industria electrointensiva a combatir el coste energético

Europa Press.- El Gobierno lanzará antes de finalizar 2018 un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía, según anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras analizar las actuaciones a adoptar para evitar el cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y Coruña. Maroto indicó que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en nuestro país».

El Gobierno también puso sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que vamos a trabajar por este sector».

En lo que respecta a Alcoa, el Gobierno y las instituciones autonómicas de Galicia y Asturias acordaron «unidad de acción» para pedirle la retirada del ERE extintivo para las dos plantas, que supone una amenaza para casi 700 puestos de trabajo, y para la creación de una mesa de trabajo «para plantear escenarios que permitan el mantenimiento de las fábricas y del empleo», añadió Maroto.

La ministra indicó que la creación de esta mesa, en la que deberán participar todas las administraciones, sindicatos y la empresa, se abordará en paralelo a la retirada del ERE extintivo y tendrá por objetivo «plantear propuestas y conocer las alternativas a explorar para que las plantas no se cierren«. Maroto subrayó que la urgencia de la formación de esta mesa «es máxima», ya que el periodo de negociación del ERE se abrió por la compañía y se deberían estar buscando soluciones para las plantas.

El Gobierno, Vestas y los sindicatos acuerdan las medidas para paliar los efectos del cierre de la planta de León

Europa Press.- El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, los sindicatos UGT y CCOO y la compañía Vestas firmaron el Marco General de Actuación para paliar el impacto del cierre de la planta situada en Villadangos del Páramo (León). El acuerdo tiene como objetivo principal apoyar la recolocación de los trabajadores de la fábrica y el tejido industrial asociado a la misma.

El Marco General de Actuación contempla que Administración pública estatal y empresa se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para lograr inversores industriales antes del 31 de diciembre de 2019, según indicaron fuentes ministeriales. La Administración pública estatal se compromete a «promover el diseño de medidas de política industrial que contribuyan a la reindustrialización de la zona en pro de un desarrollo económico sostenible«. La empresa «promoverá una oferta de empleo dentro del Grupo Vestas en España y fuera de España» e informará a los empleados de León, que tengan interés, sobre las oportunidades de empleo y apoyará su reincorporación. Asimismo, facilitará la recolocación en empresas subcontratistas de Vestas o en otras empresas de León.

En el Marco también se contempla la disposición por parte de Vestas de un presupuesto máximo de 300.000 euros para planes de formación para el empleo. Vestas se compromete a «mantener el edificio en condiciones de operatividad hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta la transferencia del mismo a un inversor, lo que ocurra antes», y a mantener la actividad en las fábricas de Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real), eslabones fundamentales en la cadena global de producción de la empresa, conforme a las actuales condiciones de mercado.

Además, se compromete a facilitar el proceso de venta de las instalaciones en proporción a las garantías que ofrezca el futuro inversor sobre la contratación de empleados de la bolsa de trabajo creada a tal efecto. El acuerdo incluye la creación de una Comisión de Seguimiento del desarrollo de las medidas y actuaciones recogidas en el Marco General de Actuación.

Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se trata de «un buen acuerdo» al que se ha llegado después «de un intenso trabajo» con los sindicatos y la empresa, al fijar un marco de actuación para dar una salida industrial a la planta de Villadangos. La titular de Industria ha subrayado que el acuerdo incluye medidas para lograr un inversor que pueda mantener la unidad productiva, así como planes de recolocación y de formación dirigidos a los trabajadores afectados por el ERE. Por último, la ministra también hizo hincapié en que el acuerdo alcanzado «está abierto para que otros agentes se sumen».

La compañía minera Hullera Vasco-Leonesa inicia un ERE de extinción para sus últimos 68 trabajadores tras 125 años de historia

EFE.- La administración concursal de la compañía minera Hullera Vasco-Leonesa ha iniciado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para la práctica totalidad de los 68 empleados que aún desempeñaban su trabajo en la empresa, que tiene 125 años de historia.

Según CCOO, este ERE supone un «nuevo mazazo a la provincia de León, al sector de la minería y a sus comarcas» y significa el cierre de la compañía.

Las causas que alegan los administradores concursales para presentar el ERE son económicas por el desmantelamiento de la mina de interior y que actualmente no tienen ningún contrato de compra de carbón para el próximo año por parte de las eléctricas.

CCOO estaca que con esta decisión «se pone punto y final a una larga agonía que desde 2014 ha supuesto la presentación de multitud de ERE para cientos de trabajadores, el cierre de las subcontratas de la compañía y la entrada en el concurso de acreedores por su delicada situación económica».

En este sentido, CCOO cree que la pérdida de empleo y la desaparición del sector del carbón no puede seguir siendo el principal objetivo de las propuestas del Gobierno.

Por ello, el sindicato espera que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y los asesores ministeriales presentes en la última reunión trasladen sus reclamaciones a la ministra y al secretario de Estado del ramo.

«Es necesario contemplar globalmente todas las implicaciones que están en juego, y más aún con una noticia tan drástica y lamentable para el sector y la provincia de León como la anunciada por la sociedad Hullera Vasco-Leonesa», ha apuntado CCOO.

El sindicato confía en que finalmente se evite la tensión que se viene acumulando en el sector, ya que puede tener consecuencias sociales imprevisibles.

La danesa Vestas anuncia la salida de trabajadores de su planta de León entre octubre y diciembre de este año

EFE.- La dirección de Vestas ha anunciado a los representantes de los trabajadores que la salida de los operarios de la planta de Villadangos del Páramo (León) se producirá entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre de este año.

Según han indicado fuentes sindicales, se ha vuelto a abordar el informe técnico con el que la empresa quiere justificar el cierre.

«De nuevo queda demostrado que los motivos del cierre son insuficientes y puramente económicos y dejan claro que influye el coste de la energía, lo que claramente afectará a más plantas de España», han señalado fuentes del comité de empresa.

Los sindicatos han vuelto a pedir a la dirección que concrete las condiciones de las recolocaciones de parte de la plantilla que ofrece, sin que la empresa haya hecho mayores concreciones, según ha denunciado el comité.

Los sindicatos temen que la intención de la firma de componentes eólicos sea la de ir cerrando este y otros aspectos según vayan avanzando las negociaciones del ERE de extinción presentado.

Señalan que, como principal oferta, la empresa asume el compromiso de reabsorber a parte de la plantilla, pero sin concretar en qué número y las condiciones laborales.

Además, la dirección de la multinacional ha entregado a los sindicatos un informe técnico en el que argumenta la decisión del cierre de la planta leonesa, que achaca exclusivamente a factores objetivos de mercado.

El comité recuerda que lleva meses presentado propuestas para la mejora de la planta de León que han sido rechazados o directamente desoídos en una estrategia preconcebida para el cierre de la factoría de Villadangos.

La empresa notificó a los representantes de los trabajadores el ERE de extinción para los 362 empleados.

Los gobiernos central y autonómico han exigido a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones.

De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta leonesa, que sumados con los puestos indirectos llega a dar trabajo a más de 2.000 personas.

Los cerca de 600 trabajadores, entre fijos y de empresas auxiliares dedicadas en exclusiva a proveer a Vestas, que se verían afectados mantienen levantado un campamento instalado ante la factoría hasta que consigan una solución a su problema.

Vestas ofrece recolocar a parte de su plantilla de León sin concretar a cuantos trabajadores alcanzará esta medida

EFE.- La dirección de Vestas ha ofrecido al comité de empresa la recolocación de parte de la plantilla de la factoría que la multinacional danesa tiene en la localidad leonesa de Villadangos del Páramo, pero sin concretar a cuantos trabajadores alcanzará esta medida. Según fuentes sindicales, la intención de la firma de componentes eólicos es ir cerrando éste y otros aspectos a medida que vayan avanzando las negociaciones del ERE de extinción presentado.

Los sindicatos señalan que, como principal oferta, la empresa asume el compromiso de reabsorber a parte de la plantilla, pero sin concretar en qué número ni las condiciones laborales. Además, la multinacional ha entregado a los sindicatos un informe técnico en el que argumenta la decisión del cierre de la planta leonesa, que achaca exclusivamente a factores objetivos de mercado.

Las mismas fuentes han precisado que los representantes de los trabajadores «han desmontado uno por uno los argumentos de la empresa», y recalcan que era una decisión tomada al margen de criterios de rentabilidad o productividad. Al respecto, han recordado que presentaron propuestas para la mejora de la planta de León que han sido rechazados o directamente desoídos en una estrategia preconcebida para el cierre de la factoría de Villadangos.

Responsabilidad ante las subvenciones recibidas

Al margen de estas negociaciones, la Fundación Anclaje, de la que forman parte la Junta de Castilla y León, Cecale, CCOO y UGT, sigue trabajando en la búsqueda de un inversor que quiera hacerse cargo de la planta y propiciar así el mantenimiento del empleo. La reunión tuvo lugar después de que miles de personas participaran en una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta. A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones. De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta leonesa, que sumados con los puestos indirectos llega a dar trabajo a más de 2.000 personas.

Los eurodiputados españoles piden al fabricante danés de aerogeneradores Vestas que no cierre su planta en León

EFE.- La dirección de Vestas ha notificado a los representantes de los trabajadores de la planta que el fabricante de aerogeneradores danés tiene en la localidad de Villadangos del Páramo (León) el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para los 362 empleados, una documentación que el comité de empresa ha rechazado recoger. Por otra parte, los eurodiputados de los principales partidos políticos españoles han enviado una carta pidiendo a Vestas que paralice el cierre de su planta.

La carta se dirige al presidente de Vestas Wind System Latinoamérica, Sur de Europa y MENA (Medio Oriente y Norte de África), Eduardo Medina, y por extensión al presidente de la empresa, Anders Runevad, según indicaron los socialistas españoles. En la misiva urgen a la multinacional danesa a que mantenga la actividad productiva y el empleo directo e indirecto en Villadangos del Páramo. La presidenta de la Delegación Socialista Española, Iratxe García; el eurodiputado popular, Agustín Díaz de Mera; Miguel Urbán, de Unidos Podemos; Paloma López, de Izquierda Unida, y Javier Nart, de Ciudadanos, firman esta carta, en la que califican de «grave, injusta e irresponsable» la decisión de Vestas.

A juicio de los eurodiputados, la decisión del fabricante de aerogeneradores danés es «inaceptable», teniendo en cuenta el apoyo financiero autonómico, nacional y europeo que ha recibido. También consideran «incoherente» cerrar esta planta, que se ha convertido en la última década en una de sus unidades más competitivas en Europa. Según los eurodiputados, el ERE y cierre de la planta anunciado por Vestas supondría el despido de 500 empleados y afectaría de forma indirecta a unos 2.000 trabajadores en León.

ERE extintivo para 362 trabajadores

Por otro lado, según han indicado fuentes sindicales, el motivo por el se han negado a recoger la documentación se debe a un «defecto de forma», ya que en la convocatoria de la reunión sólo se aclaraba que el encuentro sería previo al registro del expediente en la Oficina Territorial de Trabajo, para que la empresa anunciase si seguía adelante con el cierre de la planta leonesa o había rectificado. Además, los sindicatos han advertido a la empresa de que al negarse a recoger la documentación no empieza a contar a contar el plazo de un mes para el periodo de consultas relativo al ERE.

Los trabajadores recuerdan el apoyo de una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en Villadangos y la reindustrialización de la provincia. A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones. De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados, entre fijos y de empresas auxiliares, mantienen levantado un campamento instalado ante la factoría hasta que consigan una solución a su problema.