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Unidos Podemos quiere que el inspector de la nuclear de Almaraz explique en el Congreso su cese desde el CSN

Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado en el Congreso la comparecencia del exinspector residente de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), Carlos García, que fue cesado hace un mes por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), para que explique en sede parlamentaria las razones de su actual situación. Según ha explicado el portavoz de Medio Ambiente de la formación morada, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, esta petición llega ante la «preocupación» que le genera la seguridad de la planta.

Fue en diciembre cuando el CSN decidió cesar de su cargo a García «sin dar ninguna explicación al respecto», según denuncia Unidos Podemos. A juicio de la formación, tampoco aclaró esta situación «de forma convincente» el presidente del regulador, Fernando Martí, cuando fue interpelado sobre este tema por el propio Uralde durante la Comisión de Energía de la Cámara Baja. El diputado advierte de que la central nuclear de Almaraz es la siguiente, tras Garoña, que cumple los 40 años y debe renovar su licencia. «Por este motivo Unidos Podemos considera necesaria la comparecencia del Inspector residente recién cesado», apunta.

«Nos preocupa la seguridad de la planta, y por eso consideramos necesario conocer los motivos del cese del inspector residente. La historia reciente del CSN nos hace pensar que podría haber una intención de silenciar las advertencias sobre posibles fallos de la central puestos de manifiesto precisamente por el inspector, y eso nos preocupa mucho» ha señalado López de Uralde. En concreto, en 2016 las denuncias realizadas giraron en torno a tres temas: la falsificación de rondas de vigilancia contra incendios, los fallos en las bombas de agua de servicios esenciales y las pruebas del cambiador del sistema de componentes.

Unidos Podemos pregunta en el Congreso por la subvención del proyecto de Gas Natural en Doñana y reclama su paralización

Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado una nueva pregunta en el Congreso respecto al proyecto de almacenamiento gasista de Gas Natural en Doñana en la que ha pedido explicaciones al Gobierno por la última subvención concedida a Gas Natural. El coportavoz federal de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha tildado de «disparate» que no se frene el proyecto y se subvencione con dinero público. «Por supuesto que pedimos explicaciones y reclamamos de nuevo su paralización», ha sentenciado.

Así, Unidos Podemos ha vuelto a llevar al Congreso el proyecto que Gas Natural pretende poner en marcha en Doñana, preguntando esta vez por «los 6,3 millones de euros que el Gobierno ha concedido a la empresa para sufragar el almacenamiento de gas en el subsuelo del espacio natural». La formación ha instado al Gobierno a pronunciarse sobre si «conoce el informe del Defensor del Pueblo que desaconseja el almacenamiento de gas en Doñana» y sobre el motivo para mantener esta subvención, «teniendo en cuenta la oposición y los informes existentes en contra del proyecto«.

Por su parte, la coportavoz andaluza de Equo, Carmen Molina, aprovechó para volver a pedir a las distintas administraciones, y en especial a la Junta de Andalucía, «contundencia a la hora de dejar claro que el proyecto no se llevará a cabo». Molina ha reclamado que «se acabe con la incertidumbre» y se diga ya «abiertamente» que este proyecto «no se materializará de ninguna de las maneras». «Aunque se agradece que la Junta de Andalucía esté de parte de quienes nos oponemos al proyecto, dejando atrás esa etapa en la que otorgaba autorizaciones ambientales a esta empresa, son necesarias más acciones y menos palabras», indicó.

Para Unidos Podemos, con esta nueva subvención el Gobierno «vuelve a primar los intereses de una empresa extractiva y contaminante» en lugar de elegir «apostar por pequeñas empresas y cooperativas de energías renovables». Así lo señala el también coportavoz andaluz de Equo, Francisco Sánchez Molina, quien ha criticado que el Ejecutivo del PP «no aprenda del pasado». «El proyecto Castor es otro ejemplo de cómo el Gobierno central va de la mano de un oligopolio energético altamente contaminante y destructivo con el medio natural», ha denunciado, al tiempo que ha explicado que «estas empresas se lucran con la connivencia de los gobiernos centrales y autonómicos«.

Con todo, la formación ha insistido en «no bajara la guardia» porque con esta subvención el Gobierno «avala el interés general de un proyecto al que multitud de colectivos, partidos y ciudadanía» han mostrado su «más profundo rechazo». Por ello, ha reiterado que la prioridad «debe ser escuchar al CSIC y al IGME para evitar consecuencias» como la de Castor, porque si «hay que esperar a que la Justicia resuelva, damos tiempo a Gas Natural y al PP para culminar un proyecto inviable para Doñana».

“La subvención es una barbaridad”

Por su parte, la diputada por Huelva de Unidos Podemos, Isabel Franco, ha criticado que «esta barbaridad del Gobierno central de nuevo demuestra que gobierna para Gas Natural», indicando además que «con esta partida y otra en el anterior año, ya ha recibido esta empresa, que quiere utilizar Doñana para almacenamiento de gas, un total de 12,6 millones en concepto de peaje y cánones», estimó. En este sentido, lamenta que el Gobierno «haga oídos sordos» ante todas las denuncias que van contra este proyecto tanto de vecinos, ayuntamientos, Unesco, UICN, ONGs, organizaciones ecologistas, instituciones e incluso el Defensor del Pueblo.

Por otra parte, ha criticado que el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), al que hace referencia el Defensor del Pueblo, «no esté publicado y sea accesible a la ciudadanía y las instituciones«, y asegura encontrarse a la espera de las respuestas a las preguntas registradas en el Congreso para conocer «por qué ocultan dicho informe y cuándo estará accesible su información».

Por su parte Jesús Romero, parlamentario autonómico por Huelva de Podemos Andalucía, calificó de «irresponsables e inmaduras las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, al afirmar que el odio nubla la razón de Podemos al obviar que el PP es responsable del proyecto de gas en Doñana«. Romero recordó que en 2010, cuando el Gobierno era presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se dio la primera declaración de impacto ambiental al proyecto y «ningún diputado ni en el Parlamento ni en el Congreso manifestaron queja ninguna ni emprendieron ningún procedimiento para impedirlo, ni del PP, ni del PSOE».

Por ello, Romero ha criticado «la inacción continua del Gobierno andaluz, incluso cuando en 2013 y 2014 la Unesco advertía de los peligros de Doñana» y ha recalcado que la Junta «sólo comienza a posicionarse en contra del proyecto y tomar alguna medida en 2015 tras las movilizaciones de la plataforma Salvemos Doñana junto con acciones en el Parlamento andaluz de organizaciones políticas como Podemos«.

En ese mismo año, según asegura Romero, «Fiscal hablaba de la seguridad del proyecto y alababa su completa legalidad, lo cual denotaba que seguían con la inercia de la irresponsabilidad», a la par que ha advertido de «la falta de evaluación de impacto sísmico del proyecto, aún estando en la zona del golfo de Cádiz con alta actividad sísmica y que sabemos, como ocurrió con el proyecto Castor, que la inyección provoca aún más actividad«.

Unidos Podemos pide apoyar la propuesta del Parlamento Europeo para vigilar las emisiones de los vehículos y desincentivar el diesel

Europa Press.- Unidos Podemos presentó una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a defender y apoyar la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo para homologar y vigilar el mercado de los vehículos de motor de cara al cumplimiento de la normativa y límites de emisiones de CO2.

Así, la diputada de Equo, Rosa Martínez, ha explicado que la iniciativa registrada busca que la Comisión Europea pueda vigilar a los Estados miembro tras demostrarse en el pasado que los países han sido «muy laxos» en esta materia como demuestra el caso Dieselgate. Además, ha añadido que Podemos quiere que se imponga la «máxima transparencia» para poder publicar los resultados para que los consumidores y las instituciones sepan qué marcas cumplen los estándares de emisiones y cuáles no. «Creemos que el control de las emisiones de los vehículos es clave en la contaminación», ha manifestado la diputada por Vizcaya.

Asimismo, el grupo considera que es «clave» para la industria automovilística pasar a «una nueva movilidad», con nuevos vehículos eléctricos y que cada vez sean menos contaminantes y con los que se vayan abandonando progresivamente los combustibles fósiles. En este contexto, Martínez ha recordado que recientemente el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó un informe en el que «prácticamente todos» los vehículos analizados superaban los límites de emisión. «Sólo 1 de cada 10 vehículos diesel en Europa cumple los límites de emisiones», asegura.

La iniciativa parlamentaria pide al Gobierno que apoye la propuesta del Parlamento Europeo, «muy especialmente”, en cuanto dice que se vigilarán un 20% de los nuevos modelos de vehículos en carretera cada año y que se realizarán estos test en todas las categorías. Del mismo modo, la proposición pide aceptar las auditorías y revisiones a las autoridades nacionales con capacidad de realizar homologaciones y la creación de una base de datos digital pública con los resultados de las pruebas realizadas. Finalmente, insta al Gobierno a defender la realización de análisis de emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción para evitar «casos» como el Dieselgate.

Por su parte, Mónica Vidal, de Ecodes, presentó un informe de Transport & Environment, la ONG que descubrió el fraude de las emisiones de la industria del automóvil. El estudio Diesel: The true dirty story analiza la situación actual dos años después del descubrimiento del software instalado en algunos vehículos con motor diésel, que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando detectaba que el coche estaba siendo objeto de pruebas de laboratorio, y asegura que sobre las carreteras europeas circulan ahora 37 millones de vehículos contaminantes de diesel.

Entre sus conclusiones, el estudio afirma que el 70% de los vehículos diesel se venden en el mercado europeo, frente al 1% en Estados Unidos o el 2% en China. El informe plantea distintas soluciones para poner fin a esta situación de elevadas emisiones a consecuencia del transporte en Europa, introduciendo incentivos mayores a los vehículos sin emisiones y terminando con los bonus y beneficios fiscales a los vehículos diesel. También expone otras medidas como reducir el tráfico urbano con restricciones y zonas por las que únicamente puedan circular vehículos eléctricos o bajos en emisiones.

El Estado gasta 15,7 millones de euros al año en el mantenimiento en hibernación del almacén de gas Castor

Europa Press.– El mantenimiento de las instalaciones de la plataforma de almacenamiento de gas de Castor cuesta a las arcas del Estado unos 15,7 millones de euros al año, según ha indicado el propio Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el coportavoz de Equo, el diputado Juan López de Uralde.

Este proyecto de extracción de gas, instalado en el mar Mediterráneo frente a las costas de Castellón y Tarragona, fue aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2008 y comenzó a funcionar ya bajo mandato de Rajoy en 2012. Sin embargo, su actividad tuvo que suspenderse un año más tarde, después de que la zona en la que se situaba registrara una serie de seísmos.

Desde entonces, las instalaciones se encuentran en hibernación, siendo Enagás Transporte la sociedad responsable de su mantenimiento en condiciones seguras. Pero, según explica el Ejecutivo, a cambio recibe de las arcas públicas una compensación por los costes incurridos en la ejecución de tales funciones. Además, también le corresponde «la realización de estudios necesarios sobre la seguridad» de la plataforma. Para López de Uralde, esta información facilitada por el Gobierno demuestra que Castor «es un pozo sin fondo» para el erario público. «Todo ese dinero debería estar gastándose en impulsar la transición energética basada en renovables, en vez de mantener una estructura que no va a servir de nada ya», denunció.

En la pregunta registrada en el Congreso, el coportavoz de Equo recuerda al Gobierno que este proyecto ya ha costado a los españoles unos 1.350 millones de euros, en relación con la indemnización que el Ejecutivo aprobó en favor de Escal UGS, la sociedad a la que se concedió el desarrollo del proyecto. Por otra parte, López de Uralde también preguntaba por el posible desmantelamiento de las instalaciones y el coste que esto supondría, una pregunta a la que, sin embargo, el Gobierno no responde.

Equo plantea esta posibilidad después de los resultados obtenidos en el estudio encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard, en el que se señalaba a las instalaciones de Castor como causantes de los seísmos detectados en 2013. Cuando se conoció el informe, el actual ministro de Energía, Álvaro Nadal apuntó que «lo ideal en un futuro», en su opinión, es poder desmantelar la instalación.

Unidos Podemos demanda al Gobierno que defienda unos objetivos de energía y clima más ambiciosos ante la Unión Europea

Europa Press.- Unidos Podemos, grupo parlamentario del que forma parte Equo, exigió al Gobierno una serie de objetivos verdes que deberá defender en el marco de la Unión Europea, dentro de la negociación del paquete de medidas legislativas Energía limpia para todos los europeos. Así lo hizo con una moción consecuencia de la interpelación que la coportavoz de Equo, Rosa Martínez, dirigió al ministro de Energía, Álvaro Nadal.

En su iniciativa, Unidos Podemos plantea que el Gobierno defienda en las negociaciones comunitarias objetivos nacionales y vinculantes para situar en 2030 el uso de renovables en el 45% y el ahorro en eficiencia energética en el 40%. Este es uno de los objetivos con los que Unidos Podemos esperaba que el Congreso instara al Gobierno a redirigir su política energética en Bruselas. Otras de las medidas propuestas por Unidos Podemos pasan por defender el acceso prioritario de las energías renovables a la red eléctrica, el apoyo a las cooperativas de productores energéticos, el establecimiento de «una estrategia transversal contra la pobreza energética» y la obligatoriedad de un presupuesto de carbono en la Unión Europea.

Asimismo, también llaman a acabar con los mecanismos por capacidad, pues consideran que son «subvenciones encubiertas a las energías sucias» y, si no es así, recurrir a ellas siempre que no se supere el umbral de emisión de 350 gramos por CO2, como propone la propia Comisión Europea, para centrales ya existentes y nuevas. Otras de las medidas que incluyen en su moción son el fin de las subvenciones públicas a los agrocombustibles, que compiten con la producción alimentaria y contribuyen a la deforestación en países empobrecidos, reforzar la cooperación a nivel nacional, regional y municipal, y fijar una tasa de renovación de viviendas «eficientes, saludables y asequibles» del 3%.

Durante su interpelación Nadal, la dirigente de Equo afeó al ministro que España no se situara en el «eje París-Berlín» y se decantara por hacer «causa común con Polonia en defensa de las energías sucias». En el texto de la moción, Martínez critica que, aunque los objetivos propuestos por la Comisión Europea «no son todo lo ambiciosos que deberían para dar cumplimiento a los Acuerdos del Clima de París», la posición del Ejecutivo español «ha sido la de defender unos objetivos en energía renovables y eficiencia energética muy por debajo de los propuestos por la Comisión». De esta forma, la diputada de Unidos Podemos acusa al Gobierno de «defender una transición mucho más lenta de lo que es posible tecnológicamente».

Martínez critica que la posición española condicione cualquier objetivo y acuerdo a la construcción de nuevas interconexiones, que si bien concede que este elemento «será importante en la transición energética» asegura no compartir «la supeditación de los objetivos de renovables a la construcción de nuevas interconexiones». Así, advierte del «altísimo coste económico» de estas infraestructuras y vuelve a demandar «máxima transparencia y control» habida cuenta de su impacto ambiental. «Necesitamos más información y evidencias de la necesidad estratégica de estos proyectos: estudios de mercado, los cálculos, análisis de coste-beneficio, de la viabilidad de otras opciones (ahorro, almacenamiento, gestión de la demanda)… Estos informes deben ser públicos y debatidos, dado el esfuerzo que va a suponer en la factura eléctrica», asevera.

Nadal advierte de que un cierre de las térmicas de carbón encarecería el precio de la electricidad hasta un 15%

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno defenderá la permanencia de las centrales de carbón «mientras no perjudique los objetivos medioambientales» y ha argumentado que su desaparición podría encarecer hasta un 15% el precio de la electricidad en los momentos de mayor repunte de los precios.

Así lo ha asegurado durante la interpelación dirigida al Gobierno por la coportavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos, Rosa Martínez, que le ha reclamado mayores esfuerzos por impulsar energías limpias y luchar contra el cambio climático. Sin embargo, Nadal ha asegurado que España es, dentro de los países grandes de la Unión Europea, el que más energía renovable ha instalado «con diferencia», que este año alcanzará el 18,9% cuando el objetivo es el 20% en 2020, por lo que cree que es el país que «más rápidamente» está dando cumplimiento a sus compromisos.

Ante las exigencias de la diputada de Equo, el ministro instó a «aprender de los errores del pasado», recordando que la apuesta hace 10 años por «renovables totalmente inmaduras» tiene un coste anual de 7.000 millones durante 25 años y que decisiones de este tipo tienen un coste en la factura. «Aquí todo el mundo promete mucho y sueña mucho», lamentó, acusando a Martínez de «pintar el mundo de color de rosa», y que estas decisiones, y su impacto en el empleo, en la producción industrial, acaba con el mundo «pintado de color de paro».

Nadal ha rechazado que la decisión de mantener este tipo de centrales o su apuesta por las interconexiones energéticas se motiven por el interés de las grandes compañías eléctricas, ya que ha argumentado que tanto el aumento de los precios que traería el cierre de térmicas como una mayor competencia que traerán las interconexiones no beneficiarán sus intereses. El ministro ha defendido la necesidad de profundizar las interconexiones con el resto de países pues ha explicado que permitirá que dotar al sistema de una mayor flexibilidad en los momentos en los que las energías renovables no aporten suficientemente al pool.

La escasa interconexión de España, reflexionó Nadal, condena al país a tener un sistema de pago por capacidad ya que en los momentos de escasez hay que pagar la estacionalidad de centrales térmicas, pero sí ha reconocido la necesidad de encontrar un procedimiento más competitivo, como subastas, «para revelar el coste de esta flexibilidad«. El ministro ha cuantificado que el coste anual de no estar suficientemente conectado con Europa, por los momentos de escasez y el exceso de energía renovable que no puede derivarse a otros sistemas, supone 1.200 millones, pero que en caso de avanzar a objetivos en renovables más ambiciosos, superiores al 20% e incluso cercanos al 30%, estos costes podrían aumentar hasta los 10.000 millones de euros.

Por su parte, Rosa María Martínez ha lamentado que España no contribuya a que Europa lidere las energías renovables y cree que la posición del Gobierno hace que vaya «justo en la dirección contraria a una transición limpia, justa y democrática«. «Ha perdido la oportunidad de ponerse al lado de los Estados que con más fuerza están apostando por la acción climática y las renovables. En vez de ponerse en el eje París-Berlín, hace causa común con Polonia en defensa de las energías sucias», criticó.

Para Martínez, la argumentación del ministro por las limitaciones tecnológicas para apostar por sistemas alternativos no es válida. «Han destrozado la ciencia y la investigación; quizás tengan parte de responsabilidad», denunció. Tampoco dio por buenas ni la defensa de la interconexión ni del carbón. «Me crié en una zona minera. Llevo 20 años viendo cómo se dilapidan los fondos que iban destinados a dar futuro y alternativa a las cuencas», aseveró, responsabilizando al PP y al PSOE. «Su cierre va a llegar antes o después. No lo digo yo, lo dice la transición energética«, auguró.

Respecto a las interconexiones, Martínez expresó su rechazo a que España condicione su compromiso en renovables y contra el cambio climático a estas infraestructuras, y ha reiterado su demanda por poder tener acceso a los análisis, estudios de mercado y coste-beneficio, entre otros, de estos proyectos, recordando los resultados de otros proyectos como el Castor o muchas autopistas, rescatados con dinero público. «Mientras no los tengamos, vamos a seguir pensando que, o bien son excusa para retardar el objetivo de las renovables, o un medio para conseguir contratos millonarios para eléctricos y grandes constructoras«, sentenció.

Asimismo, también puso en duda que las interconexiones vayan a perjudicar a las grandes compañías, como decía el ministro, pues pueden dar salida al gas o a los ciclos combinados, y que si sirven para exportar en momentos como el parón nuclear en Francia, ha advertido que «con el mix actual va a disparar el precio de la electricidad». También criticó la ausencia de alternativas por parte de Nadal, como la búsqueda de formas de almacenamiento, el ahorro energético o la gestión de la demanda. «Eso nos va a dar flexibilidad y no se contempla en sus discursos», ha dicho, defendiendo que esto sí provocaría un descenso de los precios.

La diputada de Equo ha criticado la «visión cortoplacista» de Nadal, «basada en el precio», y que «las acciones del Gobierno indican que no tiene ningún compromiso». «Dice que a España le cuesta mucho más luchar contra el cambio climático, pero es que lo sufre mucho más«, ha dicho. «Dígale a la gente que sufre y está pagando la factura de las consecuencias del cambio climático en su vida que es más caro actuar contra el cambio climático que no hacer nada. Dígaselo», ha concluido.

La Eurocámara pide una estrategia «clara» para elevar la eficiencia energética en el sector de la edificación

Europa Press.– La comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha reclamado una estrategia «clara» para que los edificios tanto públicos como privados cuenten con un alto nivel de eficiencia energética para 2050. Concretamente, los eurodiputados han fijado su posición de cara a las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros) sobre la propuesta legislativa de la Comisión Europea. Esta posición, no obstante, debe recibir el visto bueno del pleno de la Eurocámara antes de que comiencen las negociaciones.

El objetivo de la propuesta del Ejecutivo comunitario es impulsar la eficiencia energética de edificios y apoyar la renovación de los “ineficientes» desde el punto de vista energético ya que los edificios representan el 40% del consumo final de energía en Europa. Así, la comisión europarlamentaria propone introducir objetivos de reducción energética para 2030 y 2040, así como indicadores cuantificables del progreso alcanzado, como medidas para evaluar cómo los edificios contribuyen a los objetivos generales de eficiencia energética de la Unión Europea. Además, respaldan que se instalen infraestructuras para vehículos eléctricos en los nuevos edificios o aquellos que vayan a ser renovados, como puntos de recarga, cuando dispongan de más de 10 plazas de aparcamiento.

Por otro lado, los eurodiputados han aprobado el uso de un «indicador de inteligencia» para ayudar a reducir el consumo de energía adaptando el edificio a las necesidades de los ocupantes. También han apuntado que debe darse prioridad a altos estándares de salud y calidad del aire en el interior de edificios. «Hemos conseguido una mayoría sólida en el Parlamento Europeo para impulsar renovaciones de eficiencia energética. Es vital que los Estados miembros muestren un compromiso claro y tomen acciones concretas en sus estrategias a largo plazo», ha destacado el eurodiputado Bent Bendtsen, que pertenece al Partido Popular Europeo (PPE).

La eurodiputada del grupo Socialistas y Demócratas (S&D), Miapetra Kumpula-Natri, también resaltó que los países deben diseñar estrategias de renovación de edificios a largo plazo para garantizar que se cumplen los objetivos de eficiencia energética de 2050. Por su parte, el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, subrayó que «nuestro objetivo es que la renovación de las casas europeas permita a los ciudadanos europeos vivir en lugares más saludables, eficientes y más asequibles. Se trata por tanto de una oportunidad extraordinaria para reducir la pobreza energética».

Podemos recurre ante el Tribunal Constitucional el veto del Gobierno a su propuesta de cierre progresivo de las centrales nucleares

EFE.- El grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el veto del Gobierno, confirmado después por la Mesa del Congreso, a la toma en consideración de su proposición de ley para el cierre progresivo de las centrales nucleares.

El recurso se presenta tras la desestimación el 6 de junio por parte de la Mesa del Congreso del escrito de reconsideración que había presentado Podemos y en el que rechazaba el veto del Gobierno amparándose en el principio de estabilidad presupuestaria. Por contra, Podemos considera que el cierre nuclear progresivo no afecta al presupuesto en vigor, ni tampoco tendría efectos presupuestarios en el ámbito de 3 años cubierto por los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha insistido en que su grupo hará «todo lo posible» para proteger los derechos de los diputados que la Mesa del Congreso, «dominada por el PP y Ciudadanos», no defiende ante el «uso abusivo» de la prerrogativa del Gobierno de vetar proposiciones de ley que tengan afectación presupuestaria. «No puede ser, no es democrático que una cuestión de gran trascendencia, como es el cierre o la continuidad de las centrales nucleares, se resuelva unilateralmente por el Gobierno a través de órdenes ministeriales, sin ningún tipo de participación del Congreso, de los representantes de la ciudadanía», denunció.

Por su parte, el diputado Juan López de Uralde (Equo) ha asegurado que «las centrales nucleares españolas están llegando al final de su vida y van a cerrarse en todo caso. Nuestra propuesta es que se haga de forma ordenada y segura«. La proposición de Unidos Podemos planteaba el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, con el fin de lograr el apagón nuclear en 2024. El calendario de cierre que proponía es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó y Cofrentes en 2021, y por último Trillo en 2024.

Unidos Podemos pide cuentas al Gobierno por almacenar uranio radiactivo de larga duración en el almacén de El Cabril

Europa Press.- Unidos Podemos ha pedido explicaciones al Gobierno en el Congreso por el traslado de dióxido de uranio radioactivo de larga duración al almacenamiento nuclear de El Cabril (Córdoba), un almacén que tiene autorización para residuos radiactivos cuya vida media no excede los 30 años. En concreto, según figura en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de 2016, el traslado del uranio a esta instalación procede de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca).

En total, se han almacenado 374,944 gramos de este elemento en forma de UO2 no recuperable. El diputado de Equo (Unidos Podemos), Juan López de Uralde, el UO2 se caracteriza por tener una baja radiactividad pero que «dura eternamente». Es en este punto donde, a su juicio, el Ejecutivo está incumpliendo la normativa. Por ello, en una pregunta registrada en el Congreso, la formación morada cuestiona al Gobierno sobre la idoneidad del cementerio cordobés para albergar este tipo de desechos. Además, López de Uralde señala que esta decisión pone en duda el tiempo que el Ejecutivo quiere mantener el almacén de El Cabril en activo.

Fiscalidad medioambiental cuestionada: Equo denuncia que el Gobierno no destina los impuestos a las hidroeléctricas al cuidado de los ríos

Europa Press.- Unidos Podemos ha denunciado que el Gobierno está incumpliendo la Ley de Aguas al no destinar la cantidad recaudada en el canon a las hidroeléctricas a la mejora y protección de los cauces de los ríos, según obliga la norma.

Esta denuncia llega tras una respuesta del Ejecutivo a una pregunta del diputado de la formación morada y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde. En ella, el Gobierno explica que los ingresos obtenidos por este canon, en el año 2016, supusieron 198 millones de euros, mientras que cifra la inversión en términos de obligaciones reconocidas en actuaciones en cauces y calidad de las aguas en 64 millones de euros.

Esta cifra supone un 32% de lo recaudado cuando el decreto que regula esta materia señala que el 2% de los ingresos netos tendrán la consideración de ingresos del organismo de la cuenca correspondiente, mientras que el 98% restante se ingresará en el Tesoro. En este sentido, la normativa señala que «los Presupuestos destinarán al menos un importe igual a dicha cantidad prevista, a actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico». «No sabemos dónde han ido a parar 134 millones de euros que deberían haberse destinado a la protección y mejora de los ríos», manifiesta López de Uralde.

Equo se pregunta dónde está el 66% restante de la cantidad señalada por el Gobierno e indica que, en el caso que esa cantidad se esté derivando a otros fines distintos para los que fue creado, podría tratarse de un caso de «malversación de fondos«. El partido verde recuerda que las partidas destinadas en los Presupuestos a medio ambiente ya sufrieron un significativo recorte, en concreto de 230 millones en el Programa de Ordenación de Recursos Hídricos y el de su gestión. «Al no invertirse tampoco la cantidad acordada para la protección de los cauces hidrológicos, el Gobierno demuestra lo poco que le importan las políticas de agua y las condiciones en las que se encuentran nuestro ríos», concluyó Uralde.