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Unidos Podemos denuncia que las partidas contra el cambio climático son “de las que más se reducen» en los Presupuestos

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EFE.- Unidos Podemos ha denunciado que la lucha contra el cambio climático es una de las partidas «que más se reducen» en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 a pesar «de los compromisos teóricos» ratificados, pasando «de los 27 a los 21 millones de euros».

Además, López de Uralde ha reclamado explicaciones acerca de las intenciones del Gobierno con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, estaría lista este año y, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal, no se podrá redactar hasta que haya una normativa europea aprobada sobre esta materia.

Por otro lado, el parlamentario conservacionista ha añadido que, según datos facilitados por España a la Unión Europea, en 2017 se registró un aumento de las emisiones, en concreto, «el primero en 7 años». Así, ha explicado que las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas en España «se dispararon más de un 10%» el año pasado, respecto a 2016, lo que, además, supone que la industria «acumule alrededor del 40% de todos los gases invernadero» en España. «Este dato suele marcar cada año el total del balance de emisiones, que España debe comunicar a la Unión Europea y a la ONU para cumplir con sus compromisos contra el calentamiento global», ha denunciado.

Pero, además, Unidos Podemos denuncia que el país se sitúa como «uno de los Estados europeos en los que más crecieron estos gases el pasado ejercicio«. Con estos datos sobre la mesa, que plantea la formación morada, López de Uralde ha recriminado al Gobierno que considere adecuado reducir las partidas en los Presupuestos en materia de «actuaciones para le prevención de la contaminación y el cambio climático». El portavoz ya se mostró muy crítico con las cuentas propuestas por el Ejecutivo para 2018. A su juicio, las partidas «van en contra del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático» y «alejan» a España «de la transición energética».

AEE valora el informe del comité de expertos pero cree que «no queda reflejado» todo el potencial de la eólica

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Europa Press / EFE.- Mientras desde Equo, integrante de Unidos Podemos, aseguran que el informe del comité de expertos sobre transición energética señala que el aumento de la capacidad de la interconexión con otros países no facilita la consecución de los objetivos ambientales y no favorece a las renovables, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora el informe de los expertos, ya que «propone medidas positivas», pero considera que el potencial de la eólica «no queda reflejado en todos los escenarios contemplados por los expertos«.

La patronal destaca que el documento contempla «un incremento sustancial» de la generación renovable en el sistema en los próximos años, apuesta por una reforma de la fiscalidad, una gobernanza independiente y una reducción de los extracostes de la tarifa eléctrica, todo ello respaldado por un aumento sustancial en la electrificación de la economía. Sin embargo, AEE cree que los parámetros asignados a la eólica no reflejan la actualidad de esta tecnología en lo referente a costes y horas de producción, donde en las últimas subastas de nueva potencia la inversión inicial fue de 1,2 millones de euros por megavatio (MW), un 7,7% menos que en el informe, mientras que las horas equivalentes mínimas eran de 3.000, un 36% más.

El informe, sin embargo, contempla una inversión de 1,3 millones de euros por MW y 2.200 horas equivalentes mínimas. Asimismo, AEE señala que en el escenario que más ventajas ofrece para el cumplimiento de los objetivos a 2030, se contempla un incremento de la eólica de 31.000 a 47.150 MW, constatando que con una mayor aportación de esta tecnología es posible alcanzar «objetivos más ambiciosos de la aportación de renovables en el mix (energías que suministran la electricidad), por encima del 27% en energía final«.

Por otra parte, considera que hubiera sido «deseable» que los expertos hubieran tenido en consideración la repotenciación del parque eólico español, del que el 50% tendrá en 2030 más de 25 años. Según la AEE, la repotenciación implica que, con menos aerogeneradores, se logra más producción de energía (en algunos casos hasta el doble) y la eficiencia es mayor, lo que redunda en un mayor cumplimiento de los objetivos europeos que se aprueben para 2030.

Así, AEE, que subraya que el informe de los expertos es «un paso adelante» en el debate sobre cómo hacer la transición energética en España, ve necesaria una planificación para los próximos años que garantice un mix equilibrado y una integración «ordenada y progresiva» de las tecnologías renovables según su nivel de competitividad. Esta asociación ya presentó un documento para su consulta a los expertos en el que señalaba que la potencia eólica instalada en España en 2020 alcanzaría los 28.000 megavatios (MW) y en la década siguiente los 40.000, un escenario que la AEE califica de «posible» y «realista».

Equo cuestiona las interconexiones energéticas

Por su parte, tras el informe de los expertos, la diputada de Equo / Unidos Podemos, Rosa Martínez, exigió de nuevo al Gobierno y a Red Eléctrica la paralización del proyecto de conexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya. Martínez asegura que, según los resultados obtenidos de las simulaciones eléctricas recogidas en el informe del comité de expertos para asesorar la estrategia de energía y clima, las interconexiones no mejoran la consecución de los objetivos ambientales.

Para la diputada, se desmienten así parte de los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Energía para justificar la construcción de la megainfraestructura submarina proyectada en el Golfo de Vizcaya, 278 kilómetros de cables submarinos más otros 80 terrestres para unir la estación de conversión existente en Gatika, (Vizcaya) y la estación de Cubnezais, en la región francesa de Aquitania.

Según Martínez, las simulaciones del informe reflejan que, con la interconexión, por una parte, se aumentan las emisiones, y por otra, se mantiene o se reduce el porcentaje de energías renovables estimado en energía final. A esto ha de sumarse, según el estudio, que un incremento de las interconexiones se traduce en un aumento del coste marginal de la energía. El experto propuesto desde Unidos Podemos, Cristóbal José Gallego, apunta además en sus conclusiones que a ese encarecimiento se ha de añadir el aumento de los costes de inversión en la red de transporte, que pasan de 131 a 334 millones de euros al año.

«En este informe del comité de expertos se reconoce que estas interconexiones eléctricas no tienen los beneficios ambientales apuntados y encarecen la luz. El Gobierno de Rajoy tiene que replantearse este proyecto con un gran impacto en el territorio de Vizcaya y un elevado coste económico. No pueden pasar por alto los resultados de estos expertos», insiste Martínez. En caso de que el Ejecutivo de Rajoy siga adelante con el proyecto en Vizcaya, la diputada de Equo en Unidos Podemos emplaza al Gobierno a entregar datos sobre los «beneficios concretos» de este proyecto. «El coste de los actuales proyectos de interconexión en marcha puede convertirse en otro ejemplo más de infraestructuras innecesarias como lo fue el proyecto Castor», advirtió Martínez.

 

Podemos achaca a la «escasa voluntad política» del Gobierno los retrasos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El grupo parlamentario Unidos Podemos achaca los retrasos del Gobierno en la creación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a su «escasa voluntad política» así como a su «nulo compromiso» con este problema. En este sentido, la formación morada ha denunciado que el Ejecutivo anunció recientemente que el proyecto de ley de Cambio Climático se retrasa hasta que esté lista la normativa europea sobre este mismo tema.

Así lo aseguraba el ministro de Energía, Álvaro Nadal, alegando que en España siempre se han hecho las leyes así, transponiendo una norma aprobada por la Unión Europea, y que ahora no se iba a cambiar este procedimiento. Sus palabras sorprendieron, principalmente, porque la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, declaró en varias ocasiones que la nueva Ley comenzaría a redactarse en 2018. Para Unidos Podemos, las palabras de Nadal «no tienen sentido», como tampoco lo tiene «esperar a una normativa europea, cuando hay países como Francia, Reino Unido o Suecia, que ya tienen sus Leyes de Cambio Climático».

«Incluso dentro del Estado, ante el vacío de legislación climática por parte del Gobierno, las comunidades autónomas han cogido la delantera, y ya hay leyes en Baleares o en Cataluña, en donde, según recuerdan, está recurrida por el propio Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Por ello, el secretario general del grupo parlamentario Unidos Podemos, Txema Guijarro, ha criticado la actitud del Gobierno en esta materia y su falta de compromiso «con los acuerdos internacionales ya firmados contra el cambio climático».

Por su parte, el portavoz de Cambio Climático de la formación, el diputado de Equo Juan López de Uralde, cree que «ya es imposible seguir mirando para otro lado o echar balones fuera» sobre este materia. En este sentido, recordó que el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advertía de que, «si se continúa con las políticas actuales, será imposible reducir las emisiones a tiempo para no superar los 1,5ºC o incluso los 2ºC».

Energía no concederá el permiso final al proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana sin el visto bueno del IGME

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EFE.- Mientras el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía está ultimando el recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno central de no evaluar de forma conjunta los impactos de los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital indicó que no concederá el permiso final para la puesta en funcionamiento del proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana sin el visto bueno del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Así respondió el Ministerio a una pregunta planteada por el coportavoz federal y diputado de EQUO, Juan López de Uralde, que hacía referencia a unas informaciones sobre que el IGME había detectado «alta peligrosidad» en uno de los almacenes de gas planteados en Doñana. En dicha respuesta se señala que «según lo previsto en la autorización, las instalaciones no podrán entrar en funcionamiento hasta que el propio IGME valide estos estudios adicionales. El Ministerio no permitirá la puesta en marcha del proyecto en tanto dichas modificaciones no se realicen satisfactoriamente».

Según se desprende de su respuesta, pese a la Autorización Ambiental Unificada positiva, el Ministerio condiciona la autorización definitiva al cumplimiento de todos los requisitos ambientales, de seguridad, etcétera. Desde EQUO, convencidos de que no se cumplen, han vuelto a pedir la paralización cautelar de la ejecución del proyecto Marismas Occidental, cuya primera fase está actualmente en ejecución, hasta conocer la valoración definitiva del Instituto Geológico y Minero de España.

«No tiene sentido continuar con los trabajos previos si luego la autorización no se va a conceder, no pretendan luego reclamar compensaciones por la inversión ya realizada. Lo mejor que puede hacer Gas Natural es irse de Doñana ya», ha incidido la portavoz de EQUO en Huelva, Isabel Brito. EQUO reclama desde el primer momento, tanto mediante la movilización en las calles como con iniciativas en las distintas instituciones, la paralización de este proyecto gasístico, para el que recientemente desde EQUO Huelva, y tras reunirse con la subdelegada del Gobierno, ha solicitado la retirada de la declaración de interés general.

La Junta prepara un recurso

«Se está ultimando para presentarlo de forma inminente», ha asegurado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que ha recordado que su departamento hizo un requerimiento oficial al Ministerio para que evaluara de forma conjunta los impactos de los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «a tenor de los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del IGME, que alertaban de determinados peligros que no habían sido tenidos en cuenta».

«No se nos contestó y el gabinete jurídico emprendió la elaboración de ese contencioso contra la decisión del Gobierno de no evaluar de manera conjunta los cuatro proyectos de gas natural», ha explicado, tras lo que interpretó que no lo ha hecho porque si lo evaluara de forma conjunta, el proyecto «decae absolutamente«. No obstante, recordó que la norma permite a la Junta impedir que «ni un solo metro cruce el espacio natural de Doñana, lo cual invalida el conjunto» y de ahí que Gas Natural Fenosa haya hecho una reclamación patrimonial a la Junta de 359 millones de euros.

Unidos Podemos propone reformar el sistema de nombramientos del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para garantizar su independencia

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Europa Press.– Unidos Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso en la que propone una «profunda reforma» en el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, más concretamente, en el sistema de nombramientos, con el objetivo de garantizar la independencia de este órgano.

El texto recoge que los miembros del Consejo del CSN serán nombrados por el Congreso de los Diputados, en donde deberán contar con el apoyo de, al menos, tres quintos de la comisión competente, lo que supondría una mayoría reforzada. «El objetivo de esta proposición de ley es adaptar el organismo a la creciente demanda social en materia de transparencia, información y participación pública sobre seguridad nuclear y protección radiológica», explicaron los firmantes de la iniciativa, el portavoz morado de Medio Ambiente, el diputado de Equo Juan López de Uralde, y el portavoz de Energía del mismo grupo, el diputado de En Comú, Josep Vendrell.

Los morados destacan que, en los últimos años, se ha denunciado en reiteradas ocasiones «la progresiva pérdida de independencia» del CSN, y las limitaciones a la participación en cualquier proceso de decisión. Por ello, también plantean ampliar el derecho de acceso ciudadano a sus registros, archivos y, en general, a todos los documentos que formen parte de los expedientes administrativos, en curso o terminados, que tengan alguna implicación en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, siempre que dichos documentos no se encuentren en proceso de elaboración o conciernan a comunicaciones internas. Igualmente, piden que las sesiones plenarias del CSN, que actualmente son a puerta cerrada, seAn de carácter público.

López de Uralde se ha mostrado «convencido» de que «una mayor transparencia en las actividades del CSN redundará en más seguridad para las centrales«. «La participación ciudadana garantizaría en el largo plazo un seguimiento más riguroso de la seguridad nuclear”, ha explicado. Por su parte, Vendrell ha señalado que esta proposición de ley «pretende garantizar la plena independencia del CSN, evitando que el organismo regulador y supervisor esté al servicio de los intereses y las políticas del gobierno de turno«. El diputado ha insistido que «el CSN es un organismo fundamental para garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica y en los últimos tiempos esa transparencia e independencia se han visto cuestionados por la actuación del presidente del CSN».

Bruselas concluirá en marzo si lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la contaminación

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Europa Press.- Mientras desde Unidos Podemos han pedido la comparecencia de la concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ante la comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados, la Comisión Europea confirmó que ha recibido «información adicional» de España y del resto de países con expedientes abiertos por contaminación atmosférica y ha explicado que tomará la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a mediados de marzo.

«Podemos confirmar que efectivamente todos los Estados miembros involucrados han presentado información adicional que ahora evaluaremos y después volveremos al asunto a mediados de marzo», ha señalado la portavoz del Ejecutivo comunitario Mina Andreeva. «En estos momentos no estoy en disposición de dar información más concreta sobre Estados miembros individuales», añadió después. España y los otros ocho países con procedimientos similares de infracción (República Checa, Alemania, Francia, Alemania, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido) debían presentar documentación con medidas «adicionales, creíbles, a tiempo y efectivas» para atajar sus problemas con la calidad del aire.

De lo contrario, tal y como acordó a finales de enero el colegio de comisarios, Bruselas daría el último paso contemplado para este tipo de procedimientos, que es elevar el asunto ante la Justicia europea. Concretamente, el expediente abierto a España afecta Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), que han excedido de forma «continuada y persistente» los límites de partículas finas (PM10), así como a la ciudad de Madrid, la ciudad de Barcelona y el extrarradio de esta última por sobrepasar los umbrales máximos de dióxido de nitrógeno (NO2).

El Plan A de Madrid

Por otro lado, el motivo de pedir la comparecencia de Sabanés en el Congreso es solicitar información sobre las medidas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid para reducir la contaminación atmosférica en la ciudad, según Equo. El objetivo de esta comparecencia es responder a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y del comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, sobre la responsabilidad de ayuntamientos como el de Madrid en relación a los expedientes abiertos por Europa a España en materia de contaminación.

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid aprobó un Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático, denominado Plan A, que supondrá la puesta en marcha de una treintena de medidas para reducir la contaminación y la emisión de gases efecto invernadero, y para cumplir la legislación europea y nacional en materia de calidad del aire. Este plan pretende reducir un 23% los niveles de NO2 en 2020.

El PP lamenta que Unidos Podemos y Ciudadanos pongan en riesgo en Europa la interconexión eléctrica con Francia

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Europa Press.- El PP lamenta que Unidos Podemos y Ciudadanos pongan en riesgo el proyecto de interconexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya al someter a votación en el Parlamento Europeo una iniciativa que busca anular el listado de proyectos de interés común sujetos a subvención del programa Conectando Europa.

En este sentido, el portavoz energético de los populares en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha criticado que detrás de esa propuesta «desgraciadamente» hay eurodiputados españoles de Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y Equo, por lo que ha pedido a estos partidos que «llamen la atención a sus eurodiputados para que también piensen en el país que los ha elegido». «Está muy bien firmar documentos, pero no han sido conscientes de la enorme problemática que tiene esto. Pueden perjudicar gravemente los intereses del país que les ha votado como eurodiputado», ha aseverado.

Mariscal ha defendido este proyecto de interconexión energética que, en principio, iba a contar con una subvención de 578 millones de euros de los 1.750 millones a los que ascenderá la inversión. «Eso quiere decir que los españoles iban a ver reducido el pago de esa cantidad por esa ayuda«, ha explicado, señalando también que el tráfico energético a través del cable permitirá recuperar la inversión en tan solo dos años, que prácticamente duplicará el volumen de interconexión, pasando de 2.800 MW a 5.000MW, y que así «España dejará de ser una enorme isla energética».

«Si eres una isla, la posibilidad de que un fallo afecte a todo el sistema es mayor que si estamos conectados», ha señalado, abundando que, al no contar con estas conexiones, España depende de tecnologías más caras para prevenir el sistema de posibles colapsos por picos de demanda y escasez de oferta, dada la variabilidad de la producción de energía renovable. Además, ha señalado que el «excedente» de energía renovable que España produjera en los momentos de mayor producción podría colocarse a través de esta conexión, convirtiendo al país en «un hub eléctrico para Europa».

Salvemos Doñana registra casi 200.000 firmas pidiendo al Estado la paralización del proyecto de gas planteado por Gas Natural Fenosa

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Europa Press.- La Plataforma Salvemos Doñana, en la que se incluyen hasta 214 organizaciones adheridas, ha registrado en la Delegación del Gobierno de Andalucía un total de 197.000 firmas para solicitar al Ejecutivo de Mariano Rajoy la cancelación definitiva del proyecto Marismas de almacenamiento de gas natural en el subsuelo del espacio. A la entrega han acudido representantes de algunas de las organizaciones que conforman la plataforma que defiende este entorno natural.

En nombre de Salvemos Doñana, Juan Romero ha advertido tanto al Gobierno central como al Ejecutivo autonómico que «el subsuelo de Doñana no es una infraestructura industrial para que una empresa multinacional venga a hacer negocio a costa de un bien público». Tras recordar las acciones que ha realizado la plataforma para pelear contra el proyecto de gas, Romero ha incidido en que hay nueva información que respalda sus reclamaciones, como el Instituto Geológico Minero, que «ha aportado documentación que recoge que se trata de una zona inundable», así como también ha criticado que «se ha obviado» el riesgo sísmico que hay en la zona.

«Queremos que el Gobierno central modifique la Declaración de Impacto Ambiental y que la Junta, de oficio, modifique la Autorización Ambiental Unificada», ha agregado el portavoz, que ha avisado a Gas Natural Fenosa y a las administraciones que apuestan por el gas de que «no nos vamos a cansar hasta parar este proyecto». «Tenemos la esperanza de que a esto le quede dos telediarios», zanjó.

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha hecho hincapié en que «es la sociedad civil organizada la que va a conseguir salvar el patrimonio que es de todos, mientras quienes gobiernan en no pocas ocasiones están pensando en cálculos electorales». Además, ha subrayado que el proyecto de gas «no aporta absolutamente a la ciudadanía»: «No hay nada de contrapartida, convertimos nuestra joya natural más preciada en un almacén de gas para que se lucren multimillonariamente los que nos cortan la luz y nos dejan en la pobreza energética a cambio de absolutamente nada, y teniendo sobre la mesa nuevos elementos que nos permiten parar el proyecto«, sentenció Rodríguez.

Por eso, ha dicho que el partido morado tiene muchas esperanzas en que las firmas registradas «generen reacciones», al tiempo que ha recordado al Gobierno autonómico que «tiene que cumplir sus compromisos» y, por tanto, emprender acciones legales contra el proyecto. «Estaremos ahí para, erre que erre, recordar a la Junta que debe cumplir con los compromisos y no sólo hacerse la foto con las plataformas», ha proseguido Teresa Rodríguez, quien ha insistido en que «si conseguimos parar esto será obra de la sociedad civil organizada de Andalucía que defiende el patrimonio de nuestros hijos».

De su lado, el líder andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, instó a la Junta a denunciar al Gobierno central ante el Tribunal de Justicia de Estrasburgo por permitir el desarrollo del proyecto de Gas Natural. Ha defendido que para lograr paralizar este proyecto es necesario que la Junta «pase a la acción«, toda vez que ha reiterado que su formación está totalmente «en contra de que se metan en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas», lo que convertiría esta joya de Andalucía en «un polígono industrial». Según Maíllo, «Marismas Occidental es un proyecto especulativo que demuestra que las puertas giratorias existen y funcionan perfectamente».

López de Uralde, de Equo, ha señalado que este proyecto de Gas Natural «no hace falta», de manera que «además de los impactos medioambientales o de que los estudios de impacto ambiental se han dividido en 4 subproyectos para saltarse ilegalmente la normativa ambiental, es innecesario». «El Gobierno tiene la obligación de parar este proyecto, que no tiene sentido», sentenció antes de advertir de que puede ocurrir lo mismo que en el caso del Castor.

Salvemos Doñana ha mantenido recientemente una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para intercambiar información sobre las diferentes acciones que la administración ambiental y la plataforma ciudadana han realizado y tienen previstas para lograr un objetivo que es «común al 100%» para ambas entidades, que es la cancelación definitiva del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural, incluidos todos y cada uno de los 4 subproyectos que integra.

En esta segunda reunión, ya que la primera fue en primavera del año pasado, Fiscal recordó a la plataforma que la Junta ha elevado un requerimiento al Gobierno central y considera que tiene las herramientas necesarias para abrir la vía contencioso-administrativa, a la cual «el consejero se ha mostrado totalmente convencido de que van a llegar«. Salvemos Doñana, por su parte, ha informado al responsable autonómico de que va a seguir apostando por las acciones para informar a la ciudadanía y lograr la movilización tanto de los habitantes de la comarca como de la sociedad.

La asamblea está organizando una hoja de ruta con acciones participativas, propuestas de movilización y encuentros informativos «para que nadie se quede con la duda sobre la importancia de cancelar el almacén de gas en Doñana». El colectivo ciudadano apoya un cambio de enfoque en la zona para impulsar la lucha contra el cambio climático con un modelo energético que cree empleo verde en sus municipios y base el desarrollo local en las energías renovables.

Equo pide a Nadal que exija a Enagás la retribución abonada por el mantenimiento de la regasificadora de El Musel

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Europa Press.- Equo reclama al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que deje de pagar a Enagás el mantenimiento de la regasificadora de El Musel (Gijón) y que exija los pagos abonados hasta el momento, pues señala que estaban condicionados a una autorización válida que ya no existe.

La formación ecologista, integrada en el Congreso dentro del grupo confederal de Unidos Podemos, recuerda que la Justicia anuló la autorización de esta planta, por lo que creen que el Gobierno debe recuperar los 120 millones de euros que, aproximadamente, ha abonado a la gasística por los costes de operación y mantenimiento en la instalación. En este sentido, aseguran que estas retribuciones estaban condicionadas a la validez de una autorización que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias de Los Verdes, en una decisión confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. Esto hace que, según denuncia Equo, deba tramitarse de nuevo una autorización desde el inicio.

Todo ello tras recibir respuesta por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante la que el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, solicitó que informara al Gobierno de que no debía abonar las retribuciones previstas a Enagás y que reclamara las ya abonadas. El macrorregulador se remitió a la opinión ya dada sobre la retribución de los costes de operación y mantenimiento para los años 2013-2015 y recuerda que es competencia del Ministerio establecer o modificar las retribuciones al titular de cada instalación.

Equo señala que en ese informe la CNMC condiciona los pagos a Enagas a la existencia de una autorización válida algo que, señalan, «a día de hoy no existe». Por ello, reclaman al ministro Nadal que «asuma las decisiones judiciales y actúe en consecuencia», reclamando a la gasística el reintegro de pagos provisionales que hasta ahora ha recibido. «En el caso de que no actúe en este sentido», abundan, «sus responsables podrían incurrir en responsabilidades contables por alcance en razón del perjuicio causado al sistema».

Tejerina invita a Podemos a trabajar por el aire de Madrid y Barcelona tras el toque de atención de Bruselas

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Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 8 países de la Unión Europea que presenten medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contaminación atmosférica. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, invitó a Unidos Podemos a «asumir sus responsabilidades» en materia de calidad del aire y trabajar por reducir la contaminación en Madrid y Barcelona, los dos únicos problemas que, a su juicio, tiene España en cuanto a emisiones.

«Está en manos de su partido arreglar el problema», ha respondido Tejerina en la Comisión de Cambio Climático del Congreso a las críticas del portavoz de la formación morada, Juan López de Uralde, sobre la posición de España dentro de Europa en materia de calidad del aire. La ministra ha asegurado que se «sonroja» ante la posibilidad de que Unidos Podemos le hable de esta cuestión porque, aunque ha reconocido que «España tiene problemas» con la calidad del aire, ha precisado que estos son «puntuales» y corresponden a Madrid y Barcelona, en donde gobiernan confluencias de la formación morada. «Hable con su partido y tómeselo en serio. Son muchos los millones de ciudadanos afectados en estas dos ciudades», ha insistido.

Tras su intervención en la Cámara Baja, Tejerina ha aclarado que la labor del Gobierno en este tema es la de ayudar a las administraciones locales a que cumplan con sus competencias, a través del segundo Plan del Aire aprobado el pasado mes de diciembre, y con una financiación «de más 275 millones de euros». Del mismo modo, ha recordado que existen otras medidas como los 1.200 millones invertidos para renovar el parque automovilístico del país o medidas de mejora energética en las viviendas, con las que el Ejecutivo está aportando soluciones para los municipios.

Estas iniciativas han sido trasladadas a la Unión Europea en una reunión ministerial a la que España ha sido citada, junto a otros países, para explicar sus incumplimientos en materia de calidad del aire. Tras la reunión, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confiado en que la Comisión Europea tenga en cuenta las medidas adoptadas a nivel nacional, así como las mejoras logradas y «las mejoras que las administraciones responsables prevén conseguir a corto plazo«. García indicó además que el Ministerio informará por escrito al Ejecutivo comunitario del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados.

En cualquier caso, la secretaria de Estado subrayó que en España no existe «un problema generalizado» de contaminación, sino que se trata de un problema «en determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, ha indicado que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos municipios afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y conurbación de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

García también ha señalado que durante la reunión ha trasladado a Bruselas «todas las medidas en las que las que todas las administraciones vienen trabajando desde hace mucho tiempo». Asimismo, ha aprovechado la reunión para pedir a la Comisión reforzar el trabajo conjunto mediante visitas sobre el terreno para «conocer de cerca qué problemas hay y qué medidas se están poniendo en marcha», por ejemplo, por la administración asturiana para reducir en la zona de Avilés la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de esta localidad.

Hay 5 incidencias en España

También se ha referido al incumplimiento de material particulado que se ha registrado en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en la que se han establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona para solucionar esta situación. «La calidad del aire en España mejora respecto al año 2001, cuando tenía 8 incumplimientos. Ahora tiene 5″, explica Tejerina sobre este tema, para aclarar que dos de estas incidencias corresponden a «medidas incorrectas» en Avilés y otra a Villanueva de Arzobispo. «Sí, hay dos problemas en los que hay que abordar la situación en mayor profundidad, que son Madrid y Barcelona, y ahí es donde tienen que poner el acento los ayuntamientos», ha insistido.

En relación a las dos grandes ciudades, Medio Ambiente ha trasladado a la Unión Europea que desde la Generalitat se puso en marcha en 2014 un Plan de Actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un Programa de medidas. Además, el pasado año, se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de la Ciudad Condal con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020.

«Como resultado de todo ello, la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona y alrededores ha mejorado sensiblemente desde 2010 hasta 2016, en los que ya no se superan los valores límites de este contaminante y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se garantice el cumplimiento de los objetivos», explica el Ministerio.

También destaca que en Madrid el Ayuntamiento ha implantado, desde el 2017, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, alcanzando el cumplimiento en 2020.

Toque de atención a España

«Insto a todos los Estados miembros a abordar este problema con la urgencia que merece. La inacción tiene consecuencias y los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar. La inacción también tiene consecuencias legales para los Estados miembros», ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, antes de tomar la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra los países a los que el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la calidad del aire de algunas áreas, que son España, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Vella ha señalado que se han presentado «algunas sugerencias positivas», aunque también ha subrayado que «a primera vista no son suficiente sustanciales para cambiar la imagen completa». «Sin medidas nuevas y efectivas, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose durante meses y años«, auguró. El comisario ha remarcado una vez más que cada año mueren de forma prematura 400.000 personas en la Unión Europea por la contaminación atmosférica, mientras que otros muchos sufren enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

«Estoy seguro de que los presentes en la reunión comparten mi frustración», indicó Vella, aunque posteriormente reconoció que ese «sentido de urgencia» no siempre es «evidente» entre Estados miembros, a los que ha reclamado «adoptar todas las medidas posibles sin retrasos». Además, Vella ha insistido en que Bruselas denunciará a los países si no adoptan estas medidas para atajar el problema. «Lo único que puede evitar que la Comisión vaya al TUE) es que las medidas y acciones que los países pongan sobre la mesa sean suficientes para alcanzar nuestras metas sin retrasos», ha garantizado.