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La delegación de europarlamentarios ve «seria» la problemática de Doñana y confía en emitir en febrero recomendaciones al Gobierno

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Europa Press / EFE.– La delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que evalúa el estado del Parque Nacional de Doñana se ha entrevistado con peticionarios y ONG medioambientales, además de con la Junta de Andalucía y también se ha programado un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, con la idea de poner en marcha un procedimiento que culminaría en torno al próximo mes de febrero con la emisión de una serie de recomendaciones sobre el particular al Gobierno central.

Así lo indicó el presidente de la delegación, el europarlamentario eslovaco Pál Csáky, que ha calificado de «seria» y «muy importante» la problemática del espacio natural, que ha propiciado la presentación de 5 peticiones a la comisión, de carácter medioambiental y fundamentalmente centradas en el proyecto de almacenamiento de Gas Natural. «Estamos aquí para entender la situación e intentar echar una mano«, ha asegurado Csáky, que ha explicado que, a partir de la información recabada, se elaborará un texto conjunto en la Eurocámara que, en principio, debería estar listo para noviembre, con idea de que los temas sean directamente tratados con la Junta, el Ejecutivo central y la Comisión Europea.

Según el tiempo que se emplee en el texto consensuado, en diciembre o enero podría someterse a votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, siendo «muy probable» que se puedan emitir recomendaciones para las autoridades españolas «más bien para febrero». En este sentido, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha sido taxativo al asegurar que ha solicitado «abiertamente» del Parlamento Europeo un pronunciamiento «inequívoco» en contra del gasoducto. «Mientras estemos aquí tendremos las herramientas suficientes como para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana, que no se toca; he pedido que el Europarlamento se sume a la opinión prácticamente unánime de la sociedad andaluza».

Fiscal también ha recordado la creación de una comisión Gobierno central-Junta para analizar jurídicamente el proyecto de gas, toda vez que la visión ambiental que ostenta el actual Ministerio para la Transición Ecológica «es la misma que la nuestra: ambientalmente entendemos que no es sostenible, pero hay un ordenamiento jurídico que cumplir y lo haremos con la máxima seguridad jurídica«.

Sobre la situación también se ha pronunciado el eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, que mantiene que «sin un cambio de modelo productivo y una transición energética, Doñana seguirá estando amenazada». Marcellesi, parte de la delegación junto a los eurodiputados españoles Rosa Estarás y Soledad Cabezón, así como Miltiados Kyrkos y Thomas Waitz, viene siguiendo de cerca las distintas problemáticas que amenazan a este espacio privilegiado.

WWF ha sido otra de las organizaciones que ha mantenido un encuentro con la delegación europea. El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha señalado que la postura que defiende su colectivo gira en torno a lo «inmoral» y el sinsentido de guardar en el subsuelo gas en un proyecto «que acabará con elementos naturales como playas y marismas». «Hay que pedir desde Europa, igual que desde otros organismos como el Defensor del Pueblo, el Parlamento o el Congreso, que se rehaga este proyecto con una alternativa de energía renovable», indica Carmona, que lamenta que la iniciativa se haya «cuarteado», incumpliendo la normativa europea.

Preocupaciones del Defensor del Pueblo

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, trasladó a la delegación su preocupación por el proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana, para el que solicita su «suspensión definitiva». Precisamente el pasado mes de marzo fue el Defensor del Pueblo quien intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para relatar las actuaciones de esta institución sobre las amenazas a este espacio natural, lo que propició que se enviara esta misión para investigar el estado de Doñana.

Gas Natural lleva años explotando diversos yacimientos en el espacio protegido y su entorno, y proyecta la realización de un gasoducto que conectara dichas explotaciones y la construcción de las infraestructuras necesarias para utilizar los pozos existentes como lugar de almacenamiento, previa inyección, de los gases extraídos. El Defensor recordará que gran parte del trazado del proyecto discurre por el Parque Natural de Doñana, otra parte por una zona contigua al Parque Nacional de Doñana y, en todo caso, su ejecución se llevará a cabo en un entorno que es inseparable de estos espacios protegidos.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, la ejecución del proyecto de gasoducto de Doñana «no es compatible, de acuerdo con el principio de precaución, con la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento del Espacio Natural de Doñana», y por ello, reclama «la suspensión definitiva» del proyecto. En este sentido, recuerda lo ocurrido con el proyecto de almacenamiento de gas en la denominada plataforma Castor que, «pese a contar con la preceptiva autorización y haber obtenido una Declaración de Impacto Ambiental favorable, ha debido ser paralizado por el Gobierno de la Nación como consecuencia de los movimientos sísmicos producidos tras su puesta en marcha», recuerda.

El Defensor considera que «no existen razones suficientes que puedan justificar la asunción de los riesgos que conlleva este proyecto para la preservación de este ecosistema único. No solo el principio de precaución, sino el mero sentido común, debería llevarnos a ponderar si los riesgos asumidos con este proyecto, por pequeños que sean, se justifican con los beneficios que pretenden obtenerse del mismo«. De este modo, Maeztu «espera y confía», que de esta visita extraigan las conclusiones necesarias para promover, desde esa Comisión de Peticiones, la adopción por las instituciones europeas de las medidas para «preservar los valores singulares de un ecosistema único como es el Espacio Natural de Doñana».

Izquierda Unida confía en Europa

Por otro lado, Izquierda Unida se ha mostrado esperanzada en que el Parlamento Europeo se sume a las «voces contrarias» al proyecto de almacenamiento de gas que pretende ejecutar Gas Natural en el entorno de Doñana, tras la visita de la misión de la Eurocámara a la zona. La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, asegura que Europa «no puede permanecer callada antes las amenazas que sufre Doñana». «No queremos que haya un nuevo Castor; el futuro de Doñana no puede ser que se vea convertida en un almacén de gas», recalca Albiol, que asegura que dicho proyecto pueda estar «incumpliendo muchas directivas europeas, entre ellas la directiva sobre impacto ambiental».

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado que ahora hay «un marco nuevo» en España, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que cree que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya no tiene «excusas» y no puede «culpar» al anterior presidente, Mariano Rajoy, de que no se paralice el proyecto. «Este proyecto es incompatible con la vida en Doñana, es necesario paralizarlo y para eso no puede haber ninguna fisura«, ha clamado el dirigente de IULV-CA, que ha apostillado: «Y Bruselas tendrá que definirse sobre si quiere ser una Europa de los Ciudadanos que defienda los espacios naturales o, por el contrario, una Europa de los lobbies».

Equo alerta del «riesgo» que suponen los residuos nucleares que permanecen en Garoña tras el cierre de la planta atómica

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Europa Press / EFE.- Equo ha mostrado su «preocupación» por los «interrogantes» existentes en torno al desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y ha alertado del «riesgo» que supone que los residuos nucleares generados durante el periodo de actividad de la planta sigan en las instalaciones de esta central. Por ello, urge a la empresa pública de residuos radioactivos (Enresa) a aprobar cuanto antes el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos por Álava, Juan López de Uralde, registró una pregunta en el Congreso para que el Gobierno central ofrezca explicaciones sobre la situación en la que se encuentra el desmantelamiento de la central, ubicada en Burgos. Uralde reclama información sobre los avances realizados por Enresa, sobre el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y sobre la estimación de los plazos de ejecución para desmontar las instalaciones. El coportavoz de Equo expresó su «preocupación» por los «muchos interrogantes y falta de certezas» sobre la situación de la planta, un año después del anuncio del cierre definitivo.

Equo ha alertado sobre el peligro que entraña para la salud de la población y para el medioambiente la continuidad en el recinto burgalés de los residuos radioactivos, que suponen un «riesgo potencial» de contaminación del agua, el suelo y la atmósfera. Equo critica que 12 meses después de la clausura de la central, «nada ha trascendido sobre el futuro de este material radioactivo». Uralde ha censurado el «oscurantismo» que rodea al proceso de desmantelamiento.

Además, ha denunciado que «se están incumpliendo las obligaciones europeas de seguridad» en el tratamiento de los residuos nucleares en lo referente a la dotación de soluciones de almacenamiento final de los residuos de alta actividad. Equo ha criticado que los residuos nucleares «continúan en Garoña y se desconoce, por el momento, dónde y cómo se van a gestionar». «Es inconcebible que un año después, aún no hayamos recibido explicaciones sobre cómo se va a acometer el desmantelamiento; qué se va a hacer con los residuos; y cómo se va a pagar todo esto», criticó.

Para el diputado la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es «uno de los principales problemas» que debe abordar el Gobierno una vez que se ha asegurado que no se alargará la vida útil de una planta. López de Uralde destacó que un informe de la Comisión de Energía del Congreso «incide en la necesidad» de impulsar las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Sobre Garoña, el desmantelamiento podría alcanzar los 350 millones de euros y terminaría en 2023.

López de Uralde insistió en que «las centrales si no son seguras deben cerrarse sí o sí». Ha agregado que en España tampoco está resuelto del debate sobre la ubicación de los residuos nucleares y ha reclamado por ello la elaboración de un plan para abordar esta cuestión. Todas estas carencias son, a su juicio, consecuencia de la «falta de profesionalidad» de los miembros del CSN que, en su opinión, se han dedicado a acatar las órdenes del PP. Por ello, ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a iniciar la renovación de su composición.

Además, ha advertido de que las administraciones competentes «deben implicarse» en el proceso, y apoyar a los trabajadores que se verán afectados por el desmantelamiento, un respaldo que considera que ha de extenderse a la comarca afectada por el cierre. Equo ha reclamado un análisis del Plan de Dinamización del área de influencia de la central propuesto tras la petición de 14 municipios afectados. «No se puede abandonar a esa gente a su suerte; las instituciones deben contribuir a la revitalización de la zona», señaló.

Ciudadanos no ve «serio» que el Gobierno paralice el ATC nuclear, respaldado con consenso parlamentario, mientras Equo celebra esta decisión

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Europa Press.- Mientras el coportavoz de Equo, el diputado Juan López de Uralde, ha valorado positivamente la paralización, por parte del Gobierno, de los trámites para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos (ATC), lo que ha considerado el «principio del fin» de este proyecto, desde Ciudadanos han criticado la decisión del Gobierno. Para los naranjas, «no es serio condicionar la política energética del futuro con 84 diputados» cuando había un consenso parlamentario en este sentido.

Ciudadanos ve «imprescindible» que España cuente con un ATC «por motivos de seguridad y eficiencia» y «sin perjuicio de una localización que debería elegirse por consenso». «España necesita una planificación seria de verdad, nacida del consenso político y de un nuevo Plan general de Residuos», indicaron. Para Ciudadanos, el país necesita este plan porque las piscinas de residuos de las centrales españolas se están desbordando, y porque enviar los residuos de una sola de estas centrales a Francia cuesta más de 40.000 euros al día.

«El almacenamiento de residuos nucleares es un tema lo suficientemente grave como para que Sánchez se dedique a dinamitar consensos», denuncian los naranjas, para quien el Gobierno «no puede reconocer que no tiene un mix energético cerrado mientras la ministra adelanta cierres de centrales nucleares». «No puede ser que el Congreso instara al Gobierno de Zapatero a poner en marcha el ATC y que luego llegue Sánchez y lo paralice para lograr un titular. El PSOE debe dejar de jugar con las nucleares», ha concluido.

Equo arremete contra el ATC

Por su parte, López de Uralde ha recordado que la aprobación del ATC fue «una decisión mal tomada desde el comienzo» porque la localidad elegida para su ubicación, Villar de Cañas (Cuenca), era la cuarta opción en cuanto a condiciones técnicas. «La decisión de ubicar el almacén en Villar de Cañas fue política, por presiones de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha», ha señalado, para apuntar que, si hubiera sido una decisión técnica, no se hubiera decidido llevar el ATC a un lugar «alejado» de las centrales nucleares. «No era el más adecuado porque se estaba nuclearizando otra región», ha insistido.

Para López de Uralde, los análisis del suelo en el que se iba a construir tampoco eran los más adecuados, según los informes realizados. Además, ha destacado que en Castilla-La Mancha ha habido conflictos entre municipios y la población por la protección del espacio natural de la zona. «El retraso que llevaba era muy notable, debía estar funcionando en 2015 y ni siquiera en 2018 hay visos de que entre en funcionamiento. Esto abre una cuestión muy relevante sobre si realmente hay que dejar de producir residuos radioactivos», ha declarado.

Aún así, cree que estos residuos no supondrán un problema en un futuro próximo si no se construye el ATC. El coportavoz ha explicado que todas las plantas tienen su almacén temporal individual (ATI). «La problemática sería si se alarga la vida de las centrales y no hay espacio para los nuevos residuos. Es ahí donde puede haber conflictos«, concluyó.

El PSOE contra el PP

En lo que respecta al PSOE, se han felicitado por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de paralizar los trámites del ATC recordando que fue el PP el que «se empeñó en instalar en Castilla-La Mancha lo que nadie quería, pese a que los informes técnicos lo desaconsejaban». Así se expresó la diputada autonómica socialista Ana Isabel Abengózar.

«Estamos de enhorabuena», indicó Abengózar, que añadió que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «ha sido sensible con las reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha y de García-Page sobre la no idoneidad de ese basurero nuclear» en Castilla-La Mancha. Una infraestructura que «el PP se empeñó en instalar» en la región, demostrando que «es verdad que para ellos lo primero es el partido y después los castellano-manchegos». A su juicio, los populares «nos han tratado como ciudadanos de segunda».

El PP opta por esperar

Por su parte, el diputado autonómico del PP, Carlos Velázquez, ha preferido esperar a ver «en qué se materializa» el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha destacado que las cosas «que están diciendo que van a hacer» desde el Gobierno central «al final no las hacen», siendo el de Pedro Sánchez un Ejecutivo «que está caracterizado por hacer muchos anuncios pero no poder hacer nada con poco más de 80 diputados».

“Buena noticia” para Izquierda Unida

Finalmente, Izquierda Unida de Cuenca ha valorado la suspensión de la tramitación del ATC como una «buena noticia, trabajada durante años por la ciudadanía conquense y castellano-manchega que, por fin, encuentra recompensa al esfuerzo«. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cuenca, Jacobo Medianero, señaló que desde su formación están «contentos porque es una victoria sin duda, un paso muy grande hacia el olvido definitivo de una infraestructura negativa para la zona donde se instale».

Medianero explicó que coincide con la Plataforma contra el ATC, «como no podía ser de otra manera, en que es preciso que se deniegue la autorización previa o de ubicación lo que daría carpetazo final«. «Y es que esta paralización, a pesar de ser un paso hacia el fin del proyecto, no significa de por sí el final definitivo», indicó.

Por otro lado, Medianero cree que el Ministerio debe trabajar ahora «en el cierre paulatino de las centrales nucleares para poder seguir avanzando en el camino de las energías renovables, sostenibles y sin residuos que no sabemos cómo gestionar». Además, ha añadido que ese cierre «es la única opción para saber con seguridad cuantos residuos tenemos y que soluciones existen a su almacenamiento». Medianero ha indicado que, tras registrar una pregunta sobre esta cuestión en el Congreso, esperarán para registrar la Proposición No de Ley que su grupo parlamentario tiene preparada «hasta analizar bien la paralización y ver los siguientes pasos del Gobierno del Estado».

El Gobierno estudia el borrador de la Ley de Cambio Climático de Tejerina y presentará una norma para completarlo

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en el Congreso que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que quiere presentar, en una primera versión, antes del verano. Para ello, está estudiando el borrador que ha dejado la exministra popular Isabel García Tejerina, aunque ha apuntado que este texto era «insuficiente» y propone mejoras.

Ribera explicó que se trata de una norma en la que ha trabajado parte del equipo del anterior Ministerio de Medio Ambiente y que su contenido coincide «bastante» con la ley sobre esta materia que registró en la Cámara Baja el PP. Sin embargo, la titular de Transición Ecológica ha calificado el contenido de insuficiente y ha apuntado la necesidad de fortalecer objetivos y reforzar algo que, a su juicio, está «ausente» en la actualidad y que es «la voluntad de participación» y de que la norma pueda someterse «a crítica y análisis externo por parte de la comunidad científica».

Para la ministra es «fundamental» llevar a cabo este proceso porque, según ha defendido, el cambio climático no puede «sustraerse del debate público» y de las garantías procedimentales a la hora de aprobar normas. «No se debe venir con un texto sin haberlo trabajado antes, cuando el Gobierno tiene la ocasión de abrir este debate respetando a las instituciones y a la sociedad», ha apuntado Ribera, que respondía así al portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde.

Uralde llamó a la ministra a incluir objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones y no quedarse en los que son obligación por parte de la Unión Europea, objetivos también en renovables y eficiencia energética. Además, le pide un plan de cierre de centrales nucleares y carbón, con una transición «justa» para que no se pierdan empleos en este proceso. «Apostamos por la recuperación, por parte de la Administración Pública, de las centrales hidráulicas en cuando las concesiones caduquen», añadió el diputado, quien también aboga por una reforma del mercado eléctrico y la democratización de este mercado, así como medidas contra la pobreza energética.

Ribera, por su parte, acogió estas ideas con agradecimiento y ha asegurado que tratará estos temas con Uralde y otros grupos para lograr el mayor consenso posible en esta materia. En este sentido, apuntó que espera contar con la colaboración de todos los partidos y que estos sientan «el mismo entusiasmo y necesidad por este asunto», algo que no duda después «de que el PP haya mostrado su interés» por el cambio climático con la presentación reciente de su ley.

El PP presenta en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética prometida por Tejerina desde el Gobierno

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Europa Press.– El PP ha registrado en el Congreso su proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética, un texto que ha elaborado la exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y que se había comprometido a presentar antes del verano.

Este texto, incluye los objetivos para España en materia de reducción de emisiones, tanto a 2030 como a 2050. En el primer caso, la norma pone como meta una reducción de, al menos, un 26%, mientras que esta cifra se eleva al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, se pretende que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a la eficiencia energética.

Para lograr estas cifras, explica el PP, se deben tener en cuenta los factores medioambientales y socioeconómicos del país, entre ellos el grado de interconexión con otros Estados de la Unión Europea. Del mismo modo, estos objetivos se deben incluir en los planes integrados de energía y clima que se presentan a la Unión Europea cada 10 años y que podrán ser revisados si cambian los compromisos internacionales o europeos.

Del mismo modo, la ley propone la elaboración de un plan de adaptación a este fenómeno para «hacer frente a los efectos del mismo» y que tenga en cuenta la asistencia de grupos sociales y sectores vulnerables. También se exigirá un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberán tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura.

«Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establece que todas las administraciones públicas, locales, autonómicas y general, deben destinar al menos un 20% de su presupuesto anual a actuaciones con impacto positivo en la lucha contra el cambio climático», ha explicado la portavoz popular en esta materia, Belén Bajo. Del mismo modo, ha señalado que se propone que «toda la normativa que se apruebe por todas las administraciones públicas» debe integrar la variable de cambio climático en términos de mitigación, adaptación, y coste-beneficio.

Más medidas sobre fiscalidad ambiental

El Banco de España deberá elaborar también un informe, cada dos años, en el que explique el estado de la economía española y el sistema financiero frente a los riesgos y vulnerabilidades y oportunidades relacionadas con el cambio climático. La ley también incluye medidas sobre fiscalidad ambiental. En este caso, se determina la necesidad de una reforma para «mejorar la aplicación del principio quien contamina, paga» y que contemple cargas fiscales para aquellas actividades que incrementen las emisiones invernadero. Si por el contrario, la actividad contribuye a la reducción de emisiones, tendrá un incentivo fiscal.

«Las administraciones públicas deberán de dar ejemplo, tanto en las contrataciones, como en los planes de reducción de emisiones o en la compra y uso de vehículos para el impulso de la descarbonización de la economía española», apuntó Bajo. Finalmente, la ley propone la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética que estará formado por expertos de reconocido prestigio que servirá de asesoramiento de las políticas y medidas que se vayan aprobando.

Equo habla de «oportunismo indecente«

Por otro lado, el coportavoz de Equo y portavoz de cambio climático de Unidos Podemos en el Congreso, Juan López de Uralde, ha calificado de «oportunismo indecente» esta proposición de ley de cambio climático. En este sentido, la formación ecologista critica que el Grupo Popular haya presentado esta proposición después de la moción de censura que «derribó» al Ejecutivo de Mariano Rajoy «después de 6 años en el Gobierno sin actuar contra el cambio climático».

Según el diputado López de Uralde, el Gobierno del PP redujo «cada año» el presupuesto destinado a la lucha contra el cambio climático y «obstaculizó» el desarrollo de las energías renovables con medidas como el conocido impuesto al sol. Asimismo, ve «paradójico» que tras «reducir sistemáticamente» las partidas públicas encaminadas a combatir el cambio climático, el PP proponga aumentar este gasto un 20% al año. «Es increíble el grado de cinismo que refleja esta propuesta», concluyó el coportavoz de Equo.

Teresa Ribera deberá conjugar la reducción de emisiones con la competitividad económica mientras en Asturias preocupa el futuro del carbón

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EFE /Europa Press.- Izquierda Unida y Foro Asturias han trasladado su temor a que el nuevo Gobierno socialista acelere la transición energética con Teresa Ribera al frente del Ministerio encargado de gestionar las áreas de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático. Ribera llega al Ejecutivo en un momento clave, en pleno proceso de diseño de la ruta hacia una economía más limpia, por lo que deberá encontrar un equilibrio entre la lucha contra el cambio climático y la competitividad de las empresas españolas.

Las competencias en materia energética, que hasta ahora recaían en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, un departamento con marcado cariz económico, pasarán a la órbita medioambiental. Ribera deberá desarrollar un plan de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y definir el papel que tendrán las tecnologías de generación eléctrica, en especial las centrales nucleares y de carbón. En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que decidir si alarga la vida útil de las nucleares.

De momento, ya cuenta con el informe elaborado por el comité de expertos en transición energética, que apuesta por la fiscalidad medioambiental y por eliminar de la tarifa eléctrica los costes no asociados a su producción y distribución. Ribera se encontrará con una proposición de ley presentada por el PP para ampliar los criterios que se pueden valorar para autorizar el cierre de las centrales eléctricas. El objetivo de su antecesor, Álvaro Nadal, era evitar que la decisión quedara exclusivamente en manos de las empresas.

Ribera deberá impulsar los proyectos de nueva potencia renovable derivados de las subastas realizadas por el Gobierno del PP. Los proyectos ya están identificados y deben ponerse en marcha antes de 2020. El Ministerio de Energía también había anunciado su intención de traspasar a las compañías los costes por el desmantelamiento de las centrales nucleares que ahora recaen en la empresa pública Enresa, y de revisar la retribución de las redes de gas y electricidad.

Otra cuestión espinosa es el pago de los costes derivados del cierre del almacén gasista Castor. El Tribunal Constitucional anuló varios artículos del decreto que permitió pagar la indemnización a la sociedad gestora del almacén, controlada por ACS. Los derechos de cobro fueron adquiridos por un grupo de bancos, que dejaron de percibir las cantidades que se cargaban a la tarifa del gas. Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones de euros.

El carbón preocupa en Asturias

Para el diputado regional de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, el nombramiento de Teresa Ribera es preocupante porque su posición en torno a la transición energética «no beneficia para nada una salida justa, equilibrada y no de ruptura» para la industria y comarcas mineras asturianas. La nueva ministra, que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue secretaria de Estado de Cambio Climático, es una reconocida defensora de la descarbonización de la economía.

De hecho, Zapico ha pedido al presidente del Principado, Javier Fernández, que lidere una «mayoría parlamentaria sólida en defensa de una transición energética no exprés y equilibrada en los territorios mineros«. «Si no logramos explicar a Pedro Sánchez y sus nuevos ministros la importancia que tiene para Asturias y sus comarcas mineras afrontar todo lo que tiene que ver con la planificación energética de una forma sosegada y consensuada con los territorios va a ser muy difícil poder abordar la situación con optimismo«, ha advertido el parlamentario de Izquierda Unida.

El diputado nacional de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, también incide en que con Ribera como ministra encargada de Energía, «Asturias se enfrenta a un programa de desertización escondido bajo el eufemismo de la descarbonización que ella lidera desde hace años». En su opinión, mientras Foro defiende el progreso de las cuencas mineras, Ribera será la defensora de las posturas del PSOE, coincidentes con Izquierda Unida y Podemos, «que ya votaron conjuntamente en el Congreso de los Diputados para adelantar en cierre de las térmicas».

Equo ve positivo el nombramiento

Por su parte, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha valorado tanto el «giro político» que supone la creación de un Ministerio de Transición Ecológica como la elección de Teresa Ribera para dirigirlo y ha dicho que espera que el cambio climático centre sus políticas. «Teresa Ribera es una persona solvente con una trayectoria relevante en la lucha contra el cambio climático aunque tenga algunas decisiones cuestionables, como Castor», apuntó el diputado y portavoz de Medio Ambiente en el Congreso de Unidos Podemos.

Eso sí, López de Uralde ha advertido de que estarán vigilantes para que «no sea el oligopolio energético quien acabe dominando la política de cambio climático, sino al revés». En este sentido, el diputado vasco considera «fundamental» impulsar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Pero, además, Equo avisa de que la ausencia de esta norma no impide que «se puedan aprobar por fin algunas reformas urgentes» como la eliminación del impuesto al sol, y que se aborde el cierre nuclear y del carbón.

Equo avisa al presidente Sánchez de que estarán «vigilantes» con la política medioambiental y «darán caña» si no hay cambios

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Europa Press.- Equo ha avisado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que estarán «muy vigilantes» con lo que su Ejecutivo, que previsiblemente se nombrará esta semana, haga en materia medioambiental, aunque aseguran que ofrecen su «mano tendida» para que haya «cambios», ya que se muestran confiados con los socialistas.

«Peor que estábamos no vamos a estar, creemos que el PSOE puede hacer muchos cambios», ha afirmado el miembro y coportavoz del partido ecologista Juan López de Uralde, que apunta que Equo «quiere creer» a Sánchez cuando este les trasladó que escucharía sus propuestas, pero que si, por el contrario, su periodo de mandato es un «lavado de cara», el partido estará «dando caña».

«El medio ambiente no puede esperar, tiene que cambiar desde el minuto uno», ha insistido la también coportavoz de Equo, Marta Santos. Tanto López de Uralde como Santos insisten en que hay «cosas concretas que tienen que hacerse sí o sí» en lo que queda de legislatura con un nuevo Gobierno, como es el caso de la eliminación del impuesto al sol, la creación de un Ministerio específico de Medio Ambiente desligado de Agricultura y la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambos han presentado en Madrid las Diez propuestas ecologistas para frenar la crisis medioambiental de Equo, un documento que en principio se trataba de una «crítica» a las actuaciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia de medio ambiente y que, ahora, van dirigidas al nuevo Gobierno de Sánchez con el objetivo de que haya «verdaderamente un cambio», según ha manifestado López de Uralde.

De la decena de sugerencias que hace Equo, la «primera prioridad» es la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues critican que hasta la fecha no hay siquiera un borrador de dicha ley. En concreto, Equo reclama que esta Ley sea «ambiciosa», que tenga objetivos concretos, que sea transversal y que implique a todos los sectores afectados. Además, insisten en que se establezca un calendario concreto para el cierre de centrales nucleares y de carbón.

Igualmente, hacen hincapié en la necesidad de electrificar el transporte para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero, un mayor control y transparencia sobre las emisiones de vehículos, y que el Gobierno central impulse medidas como las que ya realizan los ayuntamientos de Madrid, Barcelona o Valladolid de restricción del tráfico.

Izquierda Unida y Equo reclaman al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que paralice los proyectos de Gas Natural en Doñana

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EFE / Europa Press.- Izquierda Unida y Equo han reclamado al nuevo gobierno de Pedro Sánchez que se posicione en contra del proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana y «anule la declaración de utilidad pública» que le concedió el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ambos partidos presentarán para ello una moción en el pleno de la Diputación de Huelva.

El objetivo de esta iniciativa es que la Diputación «acuerde trasladar su rechazo al proyecto de Gas Natural en Doñana a la Delegación del Parlamento Europeo que visitará la provincia los próximos días 19 y 21 de septiembre para comprobar los riesgos que supone este proyecto para toda la comarca y el espacio natural de Doñana«, ha indicado Izquierda Unida, que recordó que esta visita partió de la última ocasión en la que este partido llevó este asunto al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, donde intervino el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, el pasado mes de marzo.

En este sentido, Pepa Beiras, responsable del Área de Medio Ambiente de Izquierda Unida en Andalucía, le ha pedido que «tome todas las medidas necesarias para que este proyecto, por ser inviable y enormemente peligroso medioambientalmente, quede anulado oficialmente y lo paralice de manera definitiva». La representante de Izquierda Unida ha recordado «el posicionamiento contra el proyecto de Gas Natural que ya ha adoptado la Junta de Andalucía«, por lo que ha señalado que «el nuevo gobierno de Pedro Sánchez tiene que tomar todas las iniciativas necesarias para paralizarlo y librar a Huelva y a toda la zona del entorno de Doñana de la grave amenaza que supone la construcción de este almacén de gas».

Por su parte, Isabel Brito, coportavoz de Equo-Huelva, ha recordado que «el gas es un combustible fósil insostenible y que contribuye a incrementar el cambio climático, por lo que consideramos que todas las infraestructuras que se construyan para su almacenamiento y distribución, sólo sirven para generar una burbuja económica y especulativa para las grandes multinacionales energéticas«, como es el caso de Gas Natural Fenosa. Además, Brito ha exigido al Gobierno central de Pedro Sánchez que tenga en cuenta el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) que alerta sobre «los graves riesgos sísmicos que acarrea el proyecto de Gas Natural.

La representante de Equo-Huelva tampoco ha dejado pasar la reclamación a la Junta de Andalucía para que sean «transparentes» e informen sobre cómo se está desarrollando el proyecto de Marismas Occidental que, desde mediados de 2016, es la única parte de las cuatro en las que se dividió el proyecto de Gas Natural, que se está ejecutando actualmente. Tanto Izquierda Unida como Equo siguen reclamando que todas las infraestructuras del proyecto de Gas Natural que se puedan realizar, incluida la parte de Marismas Occidental, queden paralizadas y se eviten definitivamente sus amenazas sobre Doñana. En ese sentido, Brito recuerda como Equo recogió 180.000 firmas para reclamar la anulación del proyecto.

Ecologistas en Acción piden «cuidado y transparencia» tras un incendio que aconteció en enero en la central nuclear de Garoña

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EFE.- El portavoz de Ecologistas en Acción para asuntos nucleares, Francisco Castejón, pide «cuidado y transparencia» en el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña tras el incendio del 31 de enero en la planta que no fue notificado por la empresa al Consejo de Seguridad Nuclear.

Tras una pregunta del diputado de Equo en el Congreso, Juantxo López de Uralde, sobre un posible incendio en la planta que no se conoció hasta hace unos días, Castejón ha asegurado que el incendio «realmente se produjo, no fue ningún conato y tardó 6 horas en ser controlado», desde las 15 hasta las 21 horas.

No obstante, Nuclenor, propietaria de la central, consideró que no era de aplicación la instrucción de seguridad número 10 del Consejo de Seguridad Nuclear que obliga a notificar inmediatamente a este organismo cualquier incidencia.

El incidente se ha conocido gracias al informe trimestral que realiza un técnico residente del Consejo de Seguridad Nuclear desde la parada de la central nuclear en diciembre de 2012.

Castejón ha explicado que, según ese informe técnico, el incendio se origino cuando se estaba cortando una plancha de metal con oxicorte, una especie de soplete que corta a temperaturas muy elevadas.

Cerca del lugar donde se realizaba esta operación había resinas de los filtros de intercambio que comenzaron arder.

Aunque el incendio se limitó al contenedor de resinas, Castejón recuerda que uno de los defectos históricos de la central de Garoña es su deficiente sistema de protección contra incendios, que había llevado a plantearse cambiar «metros y metros de cableado» para asegurar que un incendio en cualquier zona de la central no pudiera llegar al reactor.

Ha precisado que, aunque el reactor está ahora sin combustible, se encuentra muy cerca de la piscina donde se encuentran las barras de ese combustible, por lo que sigue existiendo peligro de que se produzca una fuga radiactiva.

Tras el incendio, el portavoz ecologista se pregunta por qué Nuclenor decidió no notificar inmediatamente lo ocurrido al Consejo de Seguridad Nuclear, y se muestra «alarmado porque no se deberían producir estos fallos en el desmantelamiento».

Aunque en este momento es Nuclenor la que se encarga de los trabajos preparatorios de la parte principal de desmantelamiento, que será acometida por la empresa pública Enresa, Castejón pide que aumenten «claridad y transparencia», y pone como ejemplo el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Zorita, «muy correcto pese a que lleve dos años de retraso».

Un informe para la Comisión Europea pone en duda la viabilidad económica del gasoducto MidCat y Equo pide su suspensión

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Europa Press.- Equo ha reclamado la suspensión del gasoducto MidCat tras conocerse las dudas sobre su viabilidad económica contenidas en el informe encargado por la Unión Europea sobre la primera fase de este proyecto que debe unir España y Francia por Cataluña.

Previamente, la Comisión Europea había respaldado el proyecto, con un coste previsto de 3.000 millones de euros, que duplicaría la cantidad de gas que puede ser transportado a través de los Pirineos. La francesa Terega, propiedad de la italiana Snam, y la española Enagas quieren invertir en el proyecto. El proyecto ya encontró la oposición de la Comisión de Regulación de la Energía de Francia (CRE), que afirma que el MidCat elevaría los precios sin mejorar la seguridad de suministro.

Viable con menos gas argelino

El estudio, llevado a cabo por Poyry, una consultora contratada para supervisar la primera fase del proyecto, indica que es poco probable que el gasoducto sea económicamente viable y sostiene que sólo lo sería «en un escenario con un mercado ajustado en gas natural licuado». Así, indica que esa situación ajustada en el mercado del gas natural licuado podría estar causada por un descenso drástico de la exportación de gas desde Argelia a Europa, algo que las fuentes consideran improbable. Otros expertos han manifestado además que la infraestructura existente en los Pirineos está infrautilizada, incluso en los periodos de mayor demanda. «Si hubiera una demanda real para el MidCat, el mercado ya habría construido esas interconexiones», ha indicado un experto.

Equo pide suspender el MidCat

«Pedimos máximo rigor y transparencia en los cálculos y estudios sobre los que se apoyan las decisiones de inversiones» afirmó la responsable económica de Equo en el Congreso, Rosa Martínez, adscrita a la Comisión de Energía del Congreso en Unidos Podemos. En este sentido, Martínez ha exigido suspender este proyecto «hasta que esté demostrada su viabilidad ambiental, económica y se haya valorado concretamente su impacto en el precio de la energía», y ha expresado sus sospechas por los intereses que pueden esconderse tras esta infraestructura. «El proyecto tiene bastantes sombras respecto a los intereses de grandes empresas, en este caso, Red Eléctrica y Enagas, que son las principales beneficiarias, y las que toman la decisión sobre su necesidad», ha aseverado.

Además, Equo recuerdan que el comité de expertos del Gobierno sobre transición energética también expresó dudas acerca de la interconexión eléctrica entre Vizcaya y Francia. Así, señalan que las simulaciones del informe «reflejan que con la interconexión, por una parte se aumentan las emisiones, y por otra se mantiene o se reduce el porcentaje de energías renovables estimado en energía final». En este caso el gasoducto MidCat, apostilla la formación ecológica, «además de suponer un gran coste, estimado en más de 3.000 millones de euros, y generar un alto impacto ambiental, no sería sostenible, ni rentable según el análisis de costes y beneficios del informe encargado por la Comisión Europea».