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El CSN retomará este miércoles el análisis de los requisitos impuestos a Nuclenor para operar Garoña hasta 2031

Redacción / Agencias.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) retomará este miércoles 3 de febrero el estudio del cumplimiento de las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas exigidas a Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), de cara a la tramitación de su solicitud de reapertura hasta 2031.

El pleno del CSN llevaba en el orden del día del pasado 20 de enero varios puntos relativos a la solicitud de reapertura de Garoña, pero la discusión de estos puntos se aplazó a una próxima reunión. Asimismo, también se aplazaron asuntos respecto al almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), en conformidad con las reglas del funcionamiento del pleno. Además, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfausen, no convocó una nueva cita para el 27 de enero, cuando habitualmente el pleno se reúne cada miércoles, y emplazó a los consejeros para 15 días después, el 3 de febrero.

Respecto a Garoña, este miércoles se estudiarán la revisión de las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas de Garoña y las propuestas relativas a las modificaciones de diseño sobre independencia de sistemas eléctricos, aislamiento de la contención primaria, protección de equipos relacionados con la seguridad frente a la caída de la cubierta del edificio de turbina tras un incendio, y a la ampliación de las condiciones de utilización del edificio de almacenamiento de material usado. En cuanto al ATC, se aplazó la valoración de la Instrucción Técnica sobre la aplicación al ATC de una directiva comunitaria.

Algunos de estos puntos del día corresponden a los requisitos establecidos por el pleno del CSN el 30 de julio de 2014 y tienen que ser verificados en un análisis de resultados de las inspecciones o la implantación de modificaciones de diseño antes de la carga de combustible y cuya apreciación deberá ser favorable. Pese a lo que se decida este miércoles, el proceso hasta que el pleno del CSN acuerde informar favorablemente o en contra de la solicitud formulada por Nuclenor de volver a producir electricidad en Garoña hasta 2031, no acabará aquí, pues aún quedan «al menos un par de meses» en concluir «todo lo que aún está pendiente«, según han explicado a fuentes internas del organismo regulador.

De acuerdo con estas fuentes, el ritmo está siendo más lento de lo que en un principio se preveía, algo que califica de «normal» en estos casos, en los que se requiere información adicional al titular. En este sentido, añadieron que los trámites avanzan a medida que los técnicos van teniendo su trabajo disponible para el pleno. Estas fuentes admiten que el proceso a veces ha sufrido acelerones y que parece que en este momento el debate en el seno del pleno se ha ralentizado.

Garoña está en situación de cese de explotación desde mediados de diciembre de 2012, aunque su permiso para producir electricidad expiró el 6 de julio de 2013 sin que el titular pidiera una renovación de su licencia. Sin embargo, un año después, en mayo de 2014, el consejo de administración de Nuclenor solicitó renovar la autorización de explotación de la central hasta el 2 de marzo de 2031, hasta cumplir los 60 años de operación.

Esta petición se basó en el artículo 28 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado mediante Real Decreto 102/2014, del 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. La empresa, Nuclenor, considera que un marco temporal de explotación «de estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas».

El 30 de julio de 2014, el pleno del CSN aprobó una instrucción técnica con nuevos requisitos para volver a estudiar la petición de renovación de licencia de Garoña y su consiguiente entrada en funcionamiento, entre ellos una completa revisión de la vasija de su reactor. En concreto, se le exigía verificar el estado funcional y la integridad estructural de la vasija del reactor y de sus componentes para descartar defectos como el de la central nuclear belga de Döel.

Pedro Miró (Enerclub) asegura que España necesita un marco que ofrezca certezas para que el sector energético acometa las inversiones precisas»

Redacción / EFE.- El presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, indicó que España, «en un momento político especialmente complejo, donde el diálogo y el consenso serán claves», necesita una estrategia energética con un marco de actuación claro para el medio y largo plazo, en línea con los objetivos fijados por la Comisión Europea para 2030.

Miró ha insistido en un congreso en Barcelona que ésta es una de las peticiones que ha hecho el sector energético al mundo político en los últimos meses. De hecho recordó que el Club Español de la Energía presentó el documento La energía hoy en España. 15 temas clave para la próxima legislatura antes de las elecciones con el objetivo de influir en las políticas energéticas del futuro.

Los objetivos propuestos por la Comisión Europea para 2030 son la reducción en un 40% de las emisiones de gases efecto invernadero con respecto a los existentes en 1990, el aumento hasta el 27% del peso de la energía generada a partir de fuentes renovables en el consumo de energía primaria, así como un 27% no vinculante de mejora en eficiencia energética. Unos objetivos reforzados por el resultado de la Cumbre de París (COP21), a pesar de que suscita algunas incógnitas sobre la firmeza de los compromisos de los países, sobre lo que Miró opinó que plantear los retos a 15 años vista «es lo más adecuado».

Miró ha explicado que la industria energética de España ha hecho un importante esfuerzo en los últimos años, soportando grandes inversiones que han hecho perder competitividad respecto a países con menos restricciones. En este sentido, ha apuntado que espera que el acuerdo alcanzado en la cumbre de París en 2015 reequilibre el mercado y sirva para aumentar la competitividad de las empresas españolas del sector. Al respecto, subrayó los esfuerzos realizados por la diplomacia europea para lograr el éxito en las negociaciones.

A nivel europeo, Miró ha tachado de relevante el año 2015 en el contexto del mercado interior europeo de la energía, en el que España ha realizado una nueva interconexión con Francia, «algo impensable hace pocos años», ha dicho. Aún así, ha indicado que el sector energético tiene muchas carencias en materias de comunicación, un ámbito «con mucho camino por recorrer» y ha apuntado que necesita conectar mucho mejor con el ciudadano para que esté bien informado.

Asimismo, Miró señaló como tareas pendientes del modelo energético europeo la «elevada dependencia» de recursos energéticos del exterior así como la existencia de unos precios «poco competitivos». Como solución, apuntó a la Unión Energética como la vía de ubicar la energía y el clima en un «marco realista» para conseguir los objetivos.

A nivel español, el presidente de Enerclub señaló al sector eléctrico como «clave» para la transición energética y apostó por alargar la vida útil de las centrales nucleares, por el gas natural como tecnología de respaldo de las renovables y llamó a resolver «incógnitas» en torno al carbón nacional. Todo en un contexto de hacer un «tratamiento adecuado» del exceso de potencia. También señaló como necesario un nuevo diseño del mercado mayorista eléctrico, que aporte «señales» para la inversión y contemple los mecanismos de capacidad «necesarios».

El consejero delegado de Cepsa también hizo referencia al descenso de los precios del petróleo, que «marca» la situación del sector energético de forma «muy acusada». En este sentido, recordó que el mercado aún tiene que hacer frente a las consecuencias de la entrada del crudo iraní y la ralentización de la economía china. Al respecto, indicó que el «principal» reto es el impacto que está teniendo sobre las cuentas de resultados de las compañías y abordar el exceso de capacidad de refino. Asimismo, en materia gasista, Miró confió en que el mercado iberico se convierta «en el hub europeo que esperamos».

Por su parte, el director general de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, subrayó que la apuesta por un sector energético sostenible es una «gran oportunidad económica» y será «rentable» para toda la sociedad en su conjunto. En este sentido, apuntó a que supondrá «importantes inversiones» en renovables. «Avanzar hacia una energía sostenible es un desafío global y requiere de un marco regulatorio estable», señaló Ristori.

También subrayó la necesidad de una nueva visión para la Unión Energética que tenga en cuenta la seguridad de suministro, que contemple una reforma del mercado interno, además de propulsar la eficiencia energética, gestionar la descarbonización todo ello bajo el paraguas de la innovación tecnológica. Finalmente, Ristori ha avanzado la próxima publicación por parte de la Comisión de una comunicación sobre la seguridad de suministro en el mercado europeo del gas y otra que establecerá un nuevo diseño para el mercado interior de la electricidad.

Entre otros ponentes de la jornada, destacó la directora del Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI), Teresa Ribera, que aseveró que ha empezado una revolución «necesaria» en el ámbito energético. Ribera ha indicado que la variable que se añadió en las discusiones de la Cumbre de París fue el tiempo, por lo que ha dicho que el sector está viviendo «una carrera contrarreloj» en la que debe hacer muchos esfuerzos y ser muy exigente.

 

Podemos exige al CSN que detenga la evaluación de la reapertura de Garoña hasta que haya un nuevo Gobierno

Europa Press / EFE.- Mientras el Gobierno autonómico de Navarra también reclama su cierre, la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos y diputada del grupo parlamentario de esta formación, Carolina Bescansa, entregó una carta en el registro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para instar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, a detener el proceso de evaluación de la solicitud de Nuclenor para volver a producir electricidad en la central nuclear de Garoña (Burgos), por lo menos hasta que haya un nuevo Ejecutivo.

Tras entregar la misiva en el registro del organismo, Bescansa se mostró en contra de la reapertura de la instalación e incidió en la necesidad de iniciar una «transición energética» hacia otras fuentes de energía «limpias y renovables». En todo caso, hizo hincapié en que un Gobierno en funciones no debería tomar decisiones cuyo efecto podría revertir en una aprobación de actividad de Garoña para los próximos 15 años. Según indicó, «no es el momento de tomar una decisión» mientras el Ejecutivo sea un Gobierno en funciones «transitorio» y señaló que, en caso de que el Parlamento o el próximo Ejecutivo decida clausurarla, el permiso de reapertura podría dar lugar a reclamaciones por lucro cesante.

«Tenga en cuenta que otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera mantener la actual orden ministerial de cese de explotación definitivo«, reza la misiva firmada por los diputados de Podemos y dirigida al presidente del CSN. Garoña está paralizada desde 2013 por decisión de su propietaria, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), que no renovó la autorización de explotación por motivos de no rentabilidad.

Para Bescansa, más allá de las cuestiones técnicas sobre la viabilidad o no de la reapertura de la instalación, la decisión sobre la vuelta a la actividad de la planta es también cuestión de «voluntad política» y de «un modelo energético de país». «En todo caso, las decisiones sobre energía nuclear no son decisiones aisladas sino que responden a un modelo energético de país y creemos que ya llegó el momento de que se plantee la transición energética de nuestro país, tan necesaria, hacia las energías limpias y renovables», subrayó.

Durante su intervención, Bescansa reiteró hasta 4 veces que Garoña es una instalación «gemela» de la central nuclear de Fukushima, en Japón, que fue destruida por un maremoto en 2009. En este sentido, el texto que han entregado en el CSN pone de relieve que la hipotética renovación de la concesión de actividad de Garoña sería «inédita en la historia de la seguridad nuclear de España» y supondría «autorizar llevar un reactor nuclear hasta los 60 años de vida» cuando «su vida útil de diseño estaba prevista hasta los 40 años«. Asimismo, recuerdan que permitiría «una autorización administrativa de 17 años consecutivos, cuando jamás en España se había dado una renovación de autorización de explotación por más de 10 años«.

Por estos motivos, «es debida una detallada explicación al Parlamento de las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales que conllevaría esta inédita renovación», añade el documento. Finalmente, Podemos señala que la paralización de la actividad de la central en 2013 «no ha supuesto ningún problema para el suministro eléctrico«, situación que, a su juicio, podría prolongarse «unos meses más», hasta que se haya formado un Ejecutivo. «En consecuencia, le pedimos que el CSN detenga temporalmente el proceso de evaluación de la autorización de renovación de explotación de Garoña hasta la formación del nuevo Gobierno que deberá tomar la decisión final sobre el informe preceptivo que emita el organismo colegiado que usted preside actualmente», concluye el texto.

Navarra en contra de Garoña

El Gobierno de Navarra, formado por una coalición de nacionalistas vascos y partidos de izquierdas con el apoyo de Podemos, adoptó un acuerdo por el que solicita al Estado que no se reabra la central nuclear de Garoña, así como que se desmantele con seguridad para las personas y el medioambiente. En su acuerdo, el Ejecutivo que presidente Uxue Barkos ha considerado que «cualquier incidencia de esta central puede tener implicaciones directas en amplias zonas de Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, densamente poblada, y con una actividad agraria muy importante para la economía de la Comunidad Foral».

Podemos asegura que los «intentos» del PP para reabrir Garoña pueden suponer una indemnización de 900 millones de euros a sus propietarios

Europa Press / EFE.- Podemos ha asegurado que los «intentos» del Gobierno del PP en funciones para «facilitar» la reapertura de la central nuclear de Garoña podrían costar «más de 900 millones de euros» a las arcas públicas en concepto de indemnización a sus propietarios, en caso de que un eventual Ejecutivo de otro partido decida revertir esa decisión y mantener cerrada la planta.

El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, denunció las «decisiones» que está adoptando el gabinete de Mariano Rajoy para que la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava, pueda ampliar su permiso de actividad hasta 2031. El portavoz de Equo recordó que el Gobierno central se encuentra en funciones, por lo que, según la normativa que regula estas situaciones, su margen de acción debe ser «el despacho ordinario de asuntos públicos». En este sentido, López de Uralde considera que las decisiones que puedan dar lugar a la reapertura de Garoña por un período de 15 años exceden el ámbito de actuación que debería tener un Gobierno en funciones.

Asimismo, el portavoz de Equo argumentó que el PP logró a finales del año pasado el «control absoluto» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hasta entonces estaba dirigido por dos personas propuestas por el PP, otras dos designadas por el PSOE y otra más nombrada a instancias de CiU. Ahora, el PP tiene 3 representantes «afines» sobre un total de 5, con lo que dispone de la «mayoría absoluta» del CSN. Uralde incidió en que este organismo, que es el encargado de dictaminar si las centrales nucleares cumplen o no los requisitos de seguridad para seguir operando, inició un procedimiento «específico» para «acelerar» los trámites que puedan llevar a la reapertura de la central.

En todo caso, indicó que aunque el CSN determine que Garoña reúne las condiciones necesarias para volver a funcionar, la decisión definitiva al respecto la debe tomar el Gobierno central, que puede negar el permiso de reapertura. López de Uralde subrayó que existe una amplia mayoría de diputados partidarios de que Garoña sea clausurada de forma definitiva. No obstante, advirtió de que si fructifican los «intentos» del PP para «facilitar» el visto bueno del CSN a la reapertura, esto podría llevar a los propietarios de la central (Nuclenor: Endesa e Iberdrola) a reclamar una indemnización por «lucro cesante», es decir, por el dinero que dejaría de ganar si un nuevo Gobierno decide revertir el proceso y mantener cerradas las instalaciones.

Aunque no ha podido precisar la cuantía exacta que podría reclamarse en esa situación, ha recordado que Nuclenor (la empresa coparticipada por Ibedrola y Endesa que es propietaria de Garoña), ya reclamó «más de 900 millones» de euros por este concepto cuando el Gobierno del PSOE decretó el cierre de la planta en 2012. La petición, sin embargo, fue rechazada por los tribunales de justicia. Ante esta situación, un grupo de diputados de Podemos se desplazará este miércoles a la sede del CSN, en Madrid, para entregar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, una carta en la que piden que el proceso para la renovación de la licencia de Garoña se aplace hasta que se haya formado un nuevo Gobierno.

En el escrito, desde Podemos alertan de que «otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en el caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera» mantener el cierre«. Esto, según alerta Podemos, podría causar «graves problemas a la hacienda pública«.

La formación morada registró además una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a cerrar Garoña definitivamente, a impulsar un plan de reactivación económica para la zona y a establecer un calendario público de desmantelamiento de la planta. Asimismo, Podemos registrará también en las Cortes Generales una proposición para impulsar la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico mediante la eliminación de las «trabas» actuales, la simplificación de los trámites y la creación de una legislación que favorezca esta opción.

La reapertura de Garoña: la decisión técnica y la decisión política

Es necesario percibir con el suficiente distanciamiento la episódica situación de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña para comprender lo que está pasando y como se está embarrando el terreno en torno a esta decisión. Una frialdad prácticamente imposible en el caso de Garoña.

Distanciamiento, en este caso, que supone el hecho de no figurar en ningún bando, ya sea el de forofos o el de los opuestos respecto a una tecnología de generación o respecto a cualquier otra. Y este mismo distanciamiento es necesario para valorar cuáles serían las tecnologías que podrían sustituir el hueco nuclear en el mix de generación. De ahí, los intentos en convertir la reapertura de esta central en una cuestión de política politizada a través de los medios. Los titulares en la prensa española contribuyen en la politización de una cuestión de índole técnico y procedimental tras la solicitud de renovación de operación por parte de sus titulares.

Todo parte del debate falaz en torno a la vida útil de estas instalaciones. Falaz, en primer lugar, porque la vida útil inicial de una instalación puede prolongarse en función de la inversión adicional que se vaya produciendo, así como de las condiciones de seguridad y mantenimiento que la misma tenga (como en tantas otras instalaciones y activos), sin que haya mediado una obsolescencia tecnológica. Cuestión que, por otra parte, ya se ha resuelto en países con comportamientos democráticos y económicos pragmáticos como Estados Unidos.

Por tanto, podemos leer titulares que afirman que se “aceleran” los pasos para la reapertura de Garoña, tras el cumplimiento de las inversiones y requerimientos fijados por la Administración a la misma. Y también se puede leer cómo el aplazamiento (reglamentariamente establecido) de la valoración de su situación en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también se entiende en clave política. Añadamos además el marco general de una situación de stand by en la política española combinado con lo que supone convertir Garoña en tema de combate en las redes.

Los contrarios a su reapertura afirman que debería ser una decisión “política” y que hay que dejar al Gobierno que finalmente surja (de las elecciones o de los pactos) manos libres para hacer y deshacer sin que haya consecuencias económicas. Temen que la resolución del debate de la vida útil mediante una prolongación condicionada a la certificación de la seguridad de la instalación suponga la ruptura del dogma del concepto de vida útil en sus planteamientos. Por tanto, censuran cualquier afirmación que no conlleva la adopción de ese posicionamiento político.

En esta línea, el PSOE se opone a la reapertura de Garoña por tres motivos: defender el cierre de 2013, dispuesto por Zapatero y anunciado con fuerte aparato mediático y apoyo de los sectores más radicales del partido; por recuperar la cabeza de las posiciones antinucleares en las corrientes más izquierdistas de España, aunque suponga encarecer los precios de la electricidad; y seguir la influencia de Jorge Fabra en los actuales jóvenes responsables del partido dedicados a la energía. Esta pretensión del PSOE les une a Podemos, que combina el papel relevante que juegan los ecologistas de Equo en esta formación junto a las pulsiones intervencionistas hacia el sector eléctrico que respiran la mayor parte de sus iniciativas y postulados.

Por su parte, como trasfondo, el PP ha proseguido con la tendencia a la politización del CSN, un órgano que, en teoría, debería estar exclusivamente dedicado a vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares, no a definir la política en torno a esta tecnología. Se trató de asegurar el control político con el nombramiento como presidente del CSN de Fernando Marti Scharfhausen tras su paso por la secretaría de Estado de Energía. Una decisión que ha derivado en el incendio torpe del organismo, derivando en el escándalo permanente. Y, en el intercambio de cromos del turnismo político, se incorporó como consejera por parte del PSOE a una política antinuclear declarada como Cristina Narbona. El cóctel es explosivo.

En conclusión, se deben separar las decisiones técnicas de las políticas. En primer lugar, el cumplimiento de los criterios de seguridad de una instalación nuclear para seguir operando mientras así se cumplan debería ser una cuestión estrictamente técnica en el seno de un CSN no politizado. Posteriormente, se trataría de valorar esta decisión en términos de política energética, a su vez, inserta en la política económica y medioambiental: mantener un mix de generación equilibrado, que responda a los principios de seguridad, medioambiente, cumplimiento de nuestros objetivos en materia de emisiones de gases contaminantes y sostenibilidad económica en la tarifa, teniendo en cuenta, además, lo que supone despreciar potencia operativa, inversiones realizadas y el impacto marginal en los precios de generación.

Pero eso, es ya mucho pedir.

Standard & Poor’s advierte de posibles subidas de impuestos a la energía hidráulica y nuclear en España

Europa Press / EFE.- Standard & Poor’s (S&P) cree que «el regulador podría considerar la imposición de mayores impuestos sobre la producción hidráulica y nuclear» en España, al tiempo que advierte de la «incertidumbre» en el sector eléctrico tras las pasadas elecciones. La agencia de calificación crediticia realiza estas consideraciones en un informe titulado Las eléctricas españolas afrontan incertidumbres tras los no concluyentes resultados de las elecciones.

Tras aludir a la «escasa visibilidad» acerca de la política energética española en el largo plazo fruto del reciente resultado electoral, S&P indica que las eléctricas disfrutan de estabilidad gracias a la reforma energética y considera que los «riesgos» proceden de la actividad de generación, a la vista de que «el sistema tarifario está expuesto a la intervención política». El posible aumento de la presión impositiva sobre la nuclear y la hidráulica «podría reducir la generación de caja de los generadores«, en un momento en el que además es previsible un «mayor escrutinio» por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca de sus márgenes de generación y de comercialización.

El regulador, señala, también podría revisar los servicios de ajuste y los pagos por capacidad, si bien cualquier cambio retributivo en este aspecto sería «muy complejo». «También podría acometerse una reforma de los incentivos del carbón nacional, pero habría que cumplir con los objetivos del país en lucha contra el cambio climático», indica. S&P alude en su análisis a las «implicaciones negativas» para las eléctricas, especialmente para Iberdrola y Endesa, de «algunos programas electorales» en los que se recoge el cierre gradual de las centrales nucleares. En todo caso, considera que este «riesgo» es «manejable».

Otro de los aspectos que contribuyen a la incertidumbre se refiere a la necesidad de poner en marcha un nuevo marco para «incentivar las fuertes inversiones que se necesitan para acompañar la transición energética». Este aspecto resulta «especialmente importante» en un país en el que las inversiones en renovables «prácticamente se han congelado» tras haber experimentado un «rápido crecimiento». S&P no contempla en sus análisis sobre el rating de las eléctricas la posibilidad de que se produzca una «significativa intervención política negativa» para su negocio que pueda afectar a las redes de transporte o distribución ya que el esquema retributivo está fijado hasta finales de 2019 para las actividades reguladas.

Nuclenor anuncia que avanza en sus proyectos mientras Soria asegura que «no podemos permitirnos el lujo» de prescindir de Garoña

Redacción / Agencias.- Nuclenor, el titular de la central nuclear de Garoña, indicó que «sigue avanzando en los proyectos» de poner a punto la planta de acuerdo a las instrucciones y requisitos establecidos «a la espera de la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear». Mientras tanto, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, considera que es «un lujo que no nos podemos permitir» el prescindir de la energía nuclear, ya sea de la planta de Garoña como de cualquier otra.

En este sentido, el ministro ha reiterado que Garoña (Burgos) seguirá operando si cumple con las condiciones e inversiones que pueda establecer más adelante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), máximo organismo regulador en materia de seguridad nuclear. Soria incidió en que la nuclear generó el 21% de la electricidad en España durante 2015 y consideró que el país no se puede permitir «determinados lujos; y uno de ellos desde luego es prescindir de la generación de energía nuclear». En consecuencia, tanto en el caso de Garoña como en el de cualquier otra central nuclear en España, «permanecerá abierta o no en función de que cumplan o no los requisitos y las inversiones que a tal efecto establezca el CSN«.

«Siempre dijimos que la energía nuclear es una tecnología importante dentro de lo que es el mix energético español», añadió al respecto. Por ello, Soria reiteró la voluntad del Ejecutivo de autorizar la reapertura de la central nuclear de Garoña. «Si se cumplen todas las condiciones que se establecen desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de las inversiones que el CSN considera que tiene que hacer, desde luego el gobierno va a dar luz verde a la reapertura», subrayó Soria, que recordó que esa «fue una de las primeras decisiones» que adoptó el ejecutivo de Mariano Rajoy en la pasada legislatura»

Nuclenor sigue «avanzando» sus proyectos

Por su parte, Nuclenor anunció que «sigue avanzando en los proyectos» de poner a punto la planta de acuerdo a las instrucciones y requisitos establecidos «a la espera de la evaluación del CSN». Así lo confirmó el director de comunicación de la planta atómica burgalesa, Elías Fernández, tras conocerse que el pleno del regulador atómico aplazó a una próxima reunión el estudio de varias cuestiones relativas a los requerimientos realizados a la central de cara a la posterior evaluación de la solicitud de Nuclenor de volver a producir electricidad hasta marzo de 2031, cuando cumpla 60 años de edad. Además, indicó que el personal de Garoña sigue realizando sus funciones con normalidad y que se están acometiendo las mejoras requeridas.

El PSOE pide que un Gobierno en funciones no decida sobre reabrir Garoña mientras desde Greenpeace piden paralizar su reapertura

Europa Press / EFE.- La formación ecologista pide al nuevo Congreso que paralice una reapertura de la central nuclear de Garoña y priorice el medioambiente. En este sentido, el PSOE registró una nueva batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso para «recuperar» derechos civiles y económicos, entre las que se encuentra la que insta al Gobierno a no adoptar, en su condición de gobierno en funciones, ninguna decisión para reabrir la central nuclear, cuyo reactor permanece parado desde 2012.

Se trata de una proposición no de ley, para su debate en pleno, en la que pide que se mantenga, «sin ninguna modificación», la condición de cese definitivo de su explotación, que la planta atómica tiene desde el 6 de julio de 2013, y exigiendo a la empresa titular Nuclenor (Endesa e Iberdrola) a continuar «sin ulterior demora» el proceso que debe conducir a la obtención de una autorización de desmantelamiento de la central. Además, quiere que el Gobierno desarrolle un plan de incentivación de actividad económica en la comarca, para garantizar los puestos de trabajo de cara a un futuro cierre de la central.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aún tiene pendiente resolver la solicitud de renovación de la explotación de la planta burgalesa, cuyo reactor nuclear es el más antiguo de España. En esta misma iniciativa, los socialistas reclaman la supresión del decreto con el que el PP cambió un reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas «para permitir la renovación de Garoña», que ya estaba en situación de cese definitivo de explotación. «Esa modificación se realizó para permitir que Nuclenor pudiera solicitar una renovación de explotación en vez de tener que solicitar una nueva autorización de explotación, lo que hubiera comportado mayores exigencias, especialmente una declaración de impacto ambiental», sostiene el PSOE.

La proposición no de ley reafirma el compromiso del PSOE de que es preciso abordar una transformación del modelo energético español, que implicaría el cierre de las plantas nucleares a los 40 años, como máximo, del inicio de su funcionamiento. Otra de sus peticiones en la proposición no de ley es que se revise la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, «garantizando la solvencia de los criterios técnicos y de seguridad» establecidos por el CSN. Los socialistas ya llevaron esta medida en el programa de las elecciones generales de diciembre.

Greenpeace pide paralizar la reapertura

La formación ecologista Greenpeace ha solicitado a las nuevas formaciones que conforman el Congreso de los Diputadosen esta XI Legislatura que «soliciten con urgencia al CSN la paralización del proceso de renovación de explotación de la central nuclear de Garoña» hasta la conformación del nuevo gobierno, además de que prioricen el medio ambiente en la actividad parlamentaria. Según recuerda la organización ecologista, el CSN rinde cuentas de sus actividades al Congreso y al Senado.

«El nuevo Parlamento está compuesto por una mayoría que no quiere dar nuevas licencias a las viejas centrales, en concreto 178 de los diputados se comprometieron a cerrar Garoña», señala la organización ecologista. Desde diciembre de 2014 existe un acuerdo entre PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria. «Esta decisión no tiene en cuenta al nuevo Parlamento. La mayoría de los nuevos diputados expresan un rechazo absoluto a la reapertura de la central nuclear», sostiene la responsable de campañas de Greenpeace España, María José Caballero.

Por otro lado, Greenpeace solicitó a la nueva Cámara que siga las «líneas verdes» en la aprobación de iniciativas parlamentarias y de los acuerdos para formar gobierno «por el bien de la sociedad y del entorno». En su opinión, los retos que debe afrontar el nuevo Parlamento son, entre otros, «el cambio climático, la pobreza energética y la muerte prematura de más de 30.000 personas por contaminación, más apoyo a las renovables, la eliminación de las trabas al autoconsumo energético y del llamado impuesto al Sol, el abandono del uso del carbón, el fracking o reducir las emisiones de CO2″.

Primera visita conjunta de Bélgica y Holanda a una central nuclear belga

EFE.- Las autoridades belgas y holandesas llevaron a cabo una primera inspección conjunta de una central nuclear, la de Doel en Bélgica, cerca de la frontera entre ambos países y que en los últimos meses ha sufrido varias averías.

El ministro belga del Interior, Jan Jambon, y la ministra holandesa de Medio Ambiente, Melanie Schultz, subrayaron la necesidad de comunicar mejor y aumentar la transparencia sobre la seguridad nuclear, informó la agencia Belga.

«Hoy es una etapa importante en la cooperación entre Bélgica y Holanda en relación a la seguridad nuclear», señaló Jambon, que junto a Schultz participó en la visita.

Recientes incidentes en las centrales nucleares belgas han suscitado un debate público y político en Holanda, además de inquietud en Luxemburgo y Alemania, según los medios belgas.

En enero se produjo la última avería en esa planta, relacionado con un problema en el alternador, lo que provocó la parada automática del reactor Doel 1, el más antiguo de Bélgica. El pasado 30 de diciembre ese reactor volvió a funcionar tras seis meses parado, después de que el Gobierno belga y la empresa eléctrica Electrabel decidiesen prolongar su vida útil hasta 2025.

Hoy el ministro belga dijo comprender los interrogantes que plantea la seguridad nuclear, pero subrayó que los recientes acontecimientos en las centrales de Bélgica se han producido en zonas no nucleares. «No nos preocupemos demasiado, incluso si yo comprendo los interrogantes en Bélgica y en el país vecino. Por esto necesitamos seguir comunicándonos a través de las fronteras», añadió.

Por su parte, la titular holandesa subrayó la importancia de garantizar una transparencia, que pasa por el acceso «a los sistemas y a los resultados de las inspecciones» de cada uno de los países.

La central de Doel, dijo la ministra, «desempeña un papel importante para Bélgica en el aprovisionamiento de energía. ¿Por qué debería, como ministra holandesa, decir que debe cerrar, si responde a las exigencias? Si algo sale mal, seré la primera en afirmar que debe cerrar, pero no es el caso en la actualidad», añadió.

La nuclear fue la primera fuente de generación en 2015 al aportar el 20,8% de la electricidad en España

Europa Press.- La energía nuclear se mantuvo en 2015 como la primera fuente de generación eléctrica en España, ya que aportó al sistema eléctrico el 20,8% del total, un 0,32% más que en 2014, según los datos de Foro Nuclear recopilados con información del Avance 2015 de REE.

El Foro Nuclear indicó que la potencia instalada en 2015 fue de 7.864,7 MW (7,26% del total) y funcionó 7.744 horas, el 88,4% del total. Respecto a la demanda de energía eléctrica en 2015, fue de 262.871 GWh, un 1,8% más que en 2014. Una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica fue un 1,6% superior a la registrada en 2014. Según el presidente de Foro Nuclear, Antonio Cornadó, en la última década «la energía nuclear ha producido alrededor de la quinta parte de la electricidad generada en España, consolidándose como una fuente de generación indispensable en el mix eléctrico español por su fiabilidad y la garantía de suministro que ofrece al sistema».

En relación con la producción de electricidad sin emisiones contaminantes generada en España, la procedente del parque nuclear ha supuesto el 37% (3,6 puntos porcentuales más que en 2014). Finalmente, ha apuntado que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) refleja que existen 441 reactores en situación de operar y 67 más en construcción en todo el mundo y que en 2015 se conectaron a la red 10 nuevas unidades (1 en Corea del Sur, 1 en Rusia y 8 en China); comenzó la construcción de 7 reactores nucleares (1 en Emiratos Árabes Unidos y 6 en China) y se clausuraron definitivamente 7 unidades (1 en Alemania, 1 en Reino Unido y 5 en Japón).