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Soria asegura que suprimir la energía nuclear subiría la luz un 14% mientras el sector se augura un futuro “complicado”

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Europa Press / Servimedia.- El acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Ciudadanos que incluye establecer el cierre de las centrales nucleares al cumplir 40 años “de vida útil” supondría el fin de la energía atómica en España en 2028 y un futuro «complicado» para el sector, según la Sociedad Nuclear Española (SNE), mientras que el ministro de Industria, José Manuel Soria, señalaba que esta decisión  «encarecería la facturación de la electricidad en un porcentaje por encima del 14%».

El ministro ha manifestado que no le gusta el acuerdo adoptado porque cuando ha visto «en detalle» lo que atañe a energía ha observado que «quieren suprimir todas las centrales nucleares» cuando lleguen a 40 años sin «ninguna posibilidad de prórroga». Soria defendió la energía atómica en España porque representa el 21% de la generación eléctrica y porque es «limpia». También indicó que prefiere el sistema actual en el que, cuando una planta llega a los 40 años, el organismo regulador (el Consejo de Seguridad Nuclear) determina si con determinadas inversiones podría seguir adelante «5, 10 o 15 años más».

Futuro «complicado» para el sector

Por su parte, Sociedad Nuclear Española reivindicó que si el pacto entre PSOE y Ciudadanos llegara a ejecutarse, se podría perder una industria que aporta el 0,27% del PIB español (2.781 millones de euros) y que genera más de 27.500 empleos, según sus estimaciones. En este sentido, el presidente de la SNE, José Ramón Torralbo, apostó por la operación a largo plazo de las centrales nucleares y señaló que a nivel mundial la «tendencia» es continuar con la energía nuclear. De este modo, reclamó un marco «estable» para el sector.

La Sociedad Nuclear Española también advirtió de que el cierre paulatino de las centrales nucleares en España obligaría al sector a paralizar o desviar sus inversiones a otros países. Eso sí, Torralbo subrayó que de momento no se han planteado ese escenario sobre la mesa, ya que «aún hay un margen de tiempo, las legislaturas duran lo que duran y las políticas energéticas han sido cambiantes a lo largo de los años«. La SNE, que reúne a mil profesionales cuya misión es la difusión de la tecnología nuclear, propugna un modelo energético consensuado, con un mix equilibrado en el que esté presente la producción nuclear.

«Fundamentalmente hay que tener el cuenta que el sector está exportando el 70% de los servicios y actividades y que, sobre todo, ha crecido al amparo de su desarrollo en la plantas nucleares», cuya tecnología está exportando. «A nadie se le escapa que, si las nucleares no existen, la tarjeta de presentación en otros países será complicada y, por tanto, esa tecnología y las centrales tendrán un futuro muy complicado».

«Los próximos años serán momentos de tomar decisiones de inversiones importantes para las centrales del país» y de acordar si acaban su vida útil a los 40 o 60 años, tesis defendida por la Sociedad Nuclear Española. Al respecto recordó que casi todo el parque nuclear de Estados Unidos ha apostado por la operación a largo plazo ya que a 81 de sus 99 plantas atómicas se les ha concedido un permiso de 60 años.

A juicio de Torralbo, cerrar las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento es un error puesto que la «esperanza de vida» de las plantas es muy larga y supera con creces ese plazo. «La edad no es importante sino la actualización tecnológica para que sean plantas seguras, fiables y competitivas», argumentó. Con esa decisión, la vida media restante del parque nuclear español sería de 8 años: la primera de las centrales tendría que cerrar en 2021 y la última en 2028. Por el contrario, operar las centrales españolas hasta los 60 años de edad generaría 1,2 millones de kilowatios hora, reduciría la dependencia energética y evitaría la emisión a la atmósfera de 800 millones de toneladas de CO2.

Torralbo ha destacado que la energía nuclear supuso la primera fuente de electricidad en España en 2015, con un 20,3% de la producción y un 7,3% de la potencia instalada. En este contexto, ha asegurado que en 2015 el parque nuclear español tuvo «un funcionamiento bueno» y que así sigue siendo en 2016. El año pasado, según ha añadido, las plantas funcionaron 8.760 horas, lo que significa un 88,26% de factor de carga y un 90,26% de todo el año.

También ha apuntado que la demanda de la electricidad, según UNESA, creció en España un 1,8%, «por primera vez en cinco años» y que las centrales nucleares supusieron el 36,3% de la energía libre de CO2, que supone el 60% del total. «Todas las energías deben ser consideradas. La energía nuclear debe formar parte de un modelo energético equilibrado», concluyó.

El CSN acusa a la asociación de técnicos ASTECSN de filtraciones interesadas sobre Almaraz y estudia acciones legales

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Europa Press / EFE.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado por unanimidad un comunicado en el que defiende su «independencia y autonomía» como «único» organismo regulador encargado de la seguridad nuclear y la protección radiológica en España, y acusa a la ASTECSN, una nueva asociación de técnicos, de «filtraciones» e «informaciones» interesadas cuyas repercusiones legales está estudiando.

En un comunicado poco habitual emitido por el regulador, los consejeros exponen su posición «ante circunstancias e informaciones que se han venido produciendo» sobre varios asuntos y respecto del funcionamiento y gestión del CSN en «temas de su competencia durante estos últimos meses». En concreto, defiende el ejercicio de sus competencias y asegura que las seguirá haciendo «con total independencia y autonomía» según exige la ley. Además, explica que en los procesos de licenciamiento, como la de la solicitud de renovación de licencia de la central de Garoña que estudia en la actualidad, su labor regulatoria está «reglada» y «se limita» a emitir un informe preceptivo y vinculante si es negativo al Ministerio de Industria.

«En dichos procesos el CSN sólo y exclusivamente puede informar de las cuestiones relativas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica, sin emitir opiniones o conclusiones que puedan ser materia de política energética o que estén fuera de sus competencias», insiste. Por tanto, traslada al Ministerio la responsabilidad de «analizar o tener en cuenta cuestiones de oportunidad política, criterios económico-financieros, sociológicos o de política energética». En este contexto, se refiere expresamente a la Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), creada hace unos meses. Así, los consejeros opinan que las actividades que realizan «no han contribuido a potenciar el ambiente de neutralidad y reposo en los análisis y evaluaciones técnicas, que son propias del CSN”.

´”Acciones criticables y nada transparentes”

Según el CNS, ASTECSN es una asociación privada de la que ha solicitado información a la Junta Directiva, pero que desconoce su composición. De este modo, señala que conoce por comentarios internos que está formada por algo más de una veintena de técnicos. En este contexto, denuncia sus actuaciones «criticables» porque la organización se ha pronunciado “en paralelo” sobre cuestiones que están siendo evaluadas, «unas veces dirigiendo al Pleno su opinión fuera de los procedimientos establecidos y con clara inobservancia de los cauces de tratamiento de discrepancias técnicas, que existen en el organismo; otras veces, la información interna y de trabajo fue publicada incluso antes de su conocimiento por el Pleno y de que finalizasen los procesos internos de evaluación».

A su juicio, estas actuaciones desde el punto de vista regulador son «cuanto menos muy criticables» y las califica de procedimiento inorgánico y «nada transparente» pues sus valoraciones «aparentemente técnicas, se realizan bajo la cobertura de la asociación, pero desde el anonimato de su autor o autores«. El pleno del CSN insiste en que «desconoce la identidad» de los miembros de la asociación salvo de los miembros de su junta directiva y, por tanto de los funcionarios internos del regulador atómico que están elaborando estas opiniones que se dirigen al pleno «o que son recogidas por los medios de comunicación». En este contexto, el regulador atómico insta a que se canalicen orgánicamente mediante los procedimientos establecidos para dichas discrepancias técnicas.

Gota que colma el vaso

El último episodio de estas actuaciones ha sido una información que alertaba de posibles fallos en el sistema de agua y, en consecuencia, de la seguridad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), de la que el pleno finalmente concluyó que no es necesario requerir actuaciones adicionales al titular y que sus garantías de expectativa razonable de operatividad son «suficientes». Sin embargo, advierte de que la normativa existente indica que cuando se vierten “informaciones personales o privadas”, bajo el paraguas «técnicos del CSN» y que no suponen «en ningún caso» la posición oficial del CSN, «pueden provocar una alarma social no justificada que socava la credibilidad del regulador y ocasiona un daño moral a los ciudadanos totalmente inmerecido e injustificado».

A juicio de los cinco consejeros, esto es lo que pasó con la cuestión de Almaraz, de cuya situación de seguridad el CSN se reitera y aunque no considera requerir al titular actuaciones adicionales, informa de que está realizando un seguimiento detallado de los resultados del plan de actuaciones del titular así como una evaluación de la información adicional que este suministre en virtud de los compromisos adquiridos con el CSN. Por último, el CSN indica que se está reservando la posibilidad de iniciar acciones legales que pudieran derivar de «los hechos y las cuestiones que pudieran ser contrarios a ley» para proteger las actuaciones del cuerpo técnico con el máximo rigor, igual que los procedimientos establecidos en el organismo.

La Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear (ASTECSN) rechaza la reacción del pleno del CSN a sus actuaciones

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Europa Press.– La Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) está en «desacuerdo total» con el comunicado emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) respecto de las actividades y acciones de la asociación y considera que «atenta contra los principios democráticos» y busca «mantener la cultura del miedo«. Así lo estima su presidenta, Nieves Rodríguez Guitián, que cree que ha emitido una nota «equivocada» pero añade que si consideran que la ASTECSN ha cometido «algún delito», que se lo comuniquen.

De este modo, asegura que los miembros de la asociación entienden que han actuado en todo momento de forma responsable, informando al pleno de las cuestiones de seguridad nuclear que consideraban importante que conocieran los consejeros. «Hemos usado la vía correcta. Los propios inspectores nos han pedido que transmitiéramos esas informaciones al pleno», ha señalado Rodríguez Guitián sobre el informe sobre el presunto fallo de seguridad en Almaraz. Además, apunta que en el CSN «no existe» un procedimiento interno para presentar las discrepancias internas en el organismo, por lo que Guitián solicita, precisamente un mecanismo para gestionar estas discrepancias según el modelo de la NRA (organismo regulador de Estados Unidos).

Asimismo, respecto a la queja del CSN de que no conoce los miembros que conforman la ASTECSN, lamenta la queja porque no tiene por qué informar de los integrantes de la asociación «más aún cuando se pueden producir represalias«. En todo caso, recordó que en el regulador hay en torno a 210 técnicos de los que forman parte de la nueva asociación «más de la veintena que dice el CSN».

En definitiva, opina que la publicación de un comunicado del CSN «contra sus propios técnicos» es un suceso inaudito que no había sucedido nunca. Finalmente, ha manifestado que para la ASTECSN, el CSN adolece de falta de independencia, de transparencia y de un liderazgo de calidad para poder funcionar con responsabilidad y calidad. «Nosotros sabemos que debemos defender la calidad y la transparencia. El camino no es fácil», ha concluido.

El CSN presenta una denuncia por las pancartas desplegadas en su sede por Greenpeace contra la reapertura de Garoña

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Redacción / Agencias.- Activistas de la organización ecologista Greenpeace desplegaron 2 pancartas de 27 m2 cada una sobre la fachada del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid. Bajo los mensajes Stop Garoña y Stop nucleares, Greenpeace expresó su rechazo a la reapertura de la central nuclear burgalesa. El CSN presentó la correspondiente denuncia por el acceso a su sede central ante la Dirección General de la Policía. 6 activistas de Greenpeace fueron detenidos.

Los hechos transcurrieron así: 2 vehículos con miembros de la organización Greenpeace accedieron al edificio del CSN por los pasos del garaje, que estaban abiertos para el acceso del personal del CSN, y desplegaron pancartas en la fachada del edificio para pedir el cierre de Garoña (Burgos). Dichos vehículos han sido retenidos por el servicio de seguridad de la sede del CSN, hasta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una vez alertados, tomaron el control del incidente, según explicó el organismo regulador. La Policía Nacional detuvo y trasladó a dependencias judiciales a 6 activistas tras permanecer colgados de la fachada del CSN durante más de 4 horas.

El Pleno del CSN lamentó la acción de Greenpeace, pues como órgano regulador en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, con carácter independiente, «no debe verse influenciado por presiones de ningún tipo. Además las competencias del CSN en la renovación de Garoña «se limitan a la emisión del informe técnico»; corresponde al Ministerio de Industria la resolución final, «tanto en lo que se refiere a la concesión o denegación de la petición, como a cualquier eventual decisión sobre la suspensión de dicho informe técnico». El CSN apela a la responsabilidad de los distintos grupos de interés para que no lleven a cabo acciones reivindicativas que pueden ser interpretadas como «una presión moral y jurídicamente injustificada sobre un organismo regulador».

Greenpeace quiere paralizar el proceso

Además de la protesta realizada en la fachada del CSN, junto a la puerta de la sede otros activistas han portado una tercera pancarta en la que se podía leer Por un CSN independiente. De este modo, Greenpeace pide al CSN que paralice el proceso de evaluación para la reapertura de Garoña, “después de que en el último pleno, el pasado 3 de febrero, aprobara varios informes que allanan el camino para que se pueda emitir un informe favorable que permita darle una licencia a la central nuclear burgalesa para operar hasta los 60 años”.

La organización apunta que, con esta decisión, el presidente del CSN, Fernando Martí, «ha hecho oídos sordos a la mayoría del Parlamento» ya que todos los grupos parlamentarios, menos el PP, habían pedido previamente a través de una carta que paralizara el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno. En la misiva también le comunicaban que solicitarían su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso tan pronto como esta se constituya, solicitud que ya se ha llevado a cabo. Para la organización ecologista, la decisión del CSN es “inaceptable, teniendo en cuenta que corresponde al Parlamento español ejercer un control continuado sobre las actuaciones del CSN”.

Greenpeace denuncia que “las decisiones del CSN se están llevando a cabo bajo influencia del PP del que proceden 3 de sus miembros, incluido el presidente del organismo regulador”. La organización ecologista recuerda que el nombramiento del presidente en 2012 se llevó a cabo sólo 24 horas después de su destitución como secretario de Estado de Energía, una decisión, a su juicio, «muy cuestionable» teniendo en cuenta que la Ley de Creación del CSN establece que es independiente de la Administración General del Estado. “Entre las tareas de Marti como secretario de Estado de Energía estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN», subrayó Greenpeace.

En este sentido, Greenpeace también recuerda que otro consejero procedente del PP, Javier Dies, ocupó su cargo un mes antes de las elecciones del 20-D, nombrado por el Ministerio de Industria, sin el consenso del resto de partidos, en lo que consideran «una maniobra que les permitió dejar el control del CSN en manos del PP antes de las elecciones».

Aparte de la protesta, Greenpece ha lanzado también una petición de firmas para que no se renueven las licencias a las centrales nucleares. «El CSN no debe dar ni un paso más en el proceso de reapertura de Garoña. Decisiones tan relevantes como permitir a Garoña operar hasta los 60 años deben ser tomadas de forma transparente e independiente», señaló la organización.  «El presidente del CSN ha preferido seguir acatando las órdenes del gobierno en funciones de Partido Popular», denunció Marta González, portavoz de la campaña de nuclear de Greenpeace.

Podemos defiende planificar el cierre de las centrales de carbón, clausurar las nucleares antes de 2024 y prohibir el fracking

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EFE / Servimedia.- El documento presentado por Podemos para intentar un gobierno de coalición con el PSOE propone la planificación del cierre de las centrales de carbón, aunque garantizando «una transición justa» de los empleos de esta actividad hacia otros sectores. Asimismo, se subraya que la meta es que haya un sistema eléctrico 100% renovable en 2050 y que todas las centrales nucleares estén clausuradas en 2024. También quiere una Ley de Cambio Climático y rechaza el fracking y realizar nuevos sondeos petrolíferos.

Todas estas medidas aparecen recogidas en el documento en el apartado relativo al modelo económico e industrial, que tendría como meta «la transición energética hacia una economía descarbonizada, menos dependiente enérgicamente del exterior y más eficiente». Podemos aboga por «un Gobierno del Cambio» que impulse una reforma del sistema eléctrico, entre cuyos ejes estaría lo relativo al carbón. La formación que lidera Pablo Iglesias aboga por «la planificación del cierre de las centrales de carbón, garantizando una transición justa de los empleos de esta actividad hacia otros sectores». Ya en el programa de las elecciones generales del 20 de diciembre, Podemos defendía «el cierre progresivo de las centrales de carbón».

Por otro lado, Podemos defiende además una fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes. Para ello, se reformarán los impuestos sobre los hidrocarburos y el carbón y, en particular, los beneficios fiscales existentes, señala el texto. Las críticas desde los territorios mineros no han tardado en producirse. La secretaria de Política Municipal del PSOE y diputada por Asturias, Adriana Lastra, criticó a Podemos por su postura sobre el carbón. «Podemos se alía con el PP contra la minería del carbón. En campaña lo negaban. Esto es lo que pinta Podemos Asturias», ha censurado Lastra en Twitter.

En las propuestas presentadas por el PSOE para intentar pactar un gobierno, no se menciona el asunto del carbón. En su programa electoral, los socialistas planteaban que hasta que se avance hacia una transición energética y una economía libre de emisiones, era preciso encontrar una «solución justa» para la minería del carbón. Esta salida, según los socialistas, debería combinar su compromiso de «cero emisiones con la necesidad de avanzar en la autonomía energética del país y la seguridad del suministro».

Rechazo al fracking o prospecciones

Volviendo a la propuesta de Podemos, el documento Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con garantías aboga por el «cierre paulatino» de las centrales nucleares que actualmente están en funcionamiento en España, Además, plantea la prohibición del fracking y de nuevos sondeos de hidrocarburos y aprobar una Estrategia de Rescate Ecológico a 20 años para recuperar las zonas degradadas por causas diversas, con especial atención a la biodiversidad. Derogar la Ley de Costas, medidas para llegar al «vertido cero» e inversiones públicas en infraestructuras ambientales son otras propuestas realizadas.

La formación de Iglesias reivindica la elaboración de una Ley de Cambio Climático que recoja una potenciación de las actuaciones autonómicas sobre política forestal encaminadas a la repoblación con especies autóctonas y retomar las negociaciones con la Unión Europea para hacer una propuesta de gestión de emisiones de CO2 y poner precio fijo a la tonelada de carbono emitido. Esa nueva norma supondría elaborar un plan de transición energética para que el 100% del consumo proceda de energías renovables en 2050 y un plan de reducción de emisiones en los sectores difusos (residencial, transporte, agrícola y ganadero, residuos, gases fluorados e industrial no sujeto al comercio de derechos de emisión).

Dies Llovera, consejero del CSN a propuesta del PP, defiende su rigor y «más absoluta independencia» de motivaciones políticas

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Europa Press.- El consejero de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Javier Dies Llovera, emitió un voto particular en el que defiende su «más absoluta independencia de cualesquiera motivaciones políticas ajenas a las funciones del organismo regulador en el marco del proceso de evaluación de la renovación de licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

El consejero votó la semana pasada a favor de cuatro puntos que figuraban en el orden del día relativos a ese proceso y ahora ha emitido una explicación de su voto en la que defiende que su toma de decisión se corresponde con el procedimiento que establece el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas que determinan el proceso de evaluación de las solicitudes de los titulares de las instalaciones nucleares y los requisitos a los que deben someterse y las modificaciones de diseño que deben estar aprobadas durante el proceso de evaluación de la solicitud de renovación de la licencia.

30 años de experiencia nuclear

En consecuencia, de acuerdo con el voto particular, añade que la práctica regulatoria se sigue de acuerdo con la normativa aplicable, con los procedimientos internos y, «en este caso también» con una guía de evaluación específica. Asimismo, en su toma de decisión favorable, Dies Llovera expone que su voto se basa también en sus «conocimientos y experiencia adquiridos durante más de 30 años de ejercicio profesional como profesor de ingeniería nuclear». En base a este bagaje, afirma compartir «plenamente» la fundamentación técnica de las propuestas como resultado de la «estricta aplicación de la normativa» y del seguimiento del procedimiento, además de «en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como consejero».

Respecto del procedimiento de Garoña en cuestión, explica que la evaluación de la seguridad nuclear y la protección radiológica no es un proceso abstracto y dependiente únicamente del buen saber y entender de los técnicos implicados y de los miembros del Pleno, sino que viene determinado por la aplicación estricta de la normativa aplicable y debe basarse en criterios técnicos. El consejero defiende que lo relacionado con Garoña se decide en el marco de las competencias del CSN, a cuyo pleno «le corresponde el ejercicio de todas las funciones resolutorias, de asesoramiento, supervisión y protección radiológica previstas» en la Ley y, por tanto, «adoptará cuantos acuerdos resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de tales funciones.

Los plazos ya están marcados

Del mismo modo, añade que toda esta normativa «garantiza la transparencia y predictibilidad del proceso administrativo y determina con antelación los hitos administrativos que deben irse cumplimiento y los tiempos en que deben cumplirse», de modo que los expedientes analizados en el pleno del 3 de febrero respecto a la planta atómica de Garoña, «cumplen plenamente» tanto con los requisitos técnicos impuestos, como con los procedimientos administrativos e internos preestablecidos«. En todo caso, afirma que «ninguna» de las decisiones adoptadas, en cumplimiento de los procedimientos previstos para su aprobación, prejuzga la decisión final sobre la renovación de la autorización de la central, que continúa evaluándose, sino que son, de acuerdo con la normativa aplicable, requisitos regulatorios previos a dicha decisión.

Por último, subraya que, a su juicio, el pleno tiene la «responsabilidad de analizar en profundidad los argumentos técnicos que apoyan las propuestas, así como si han respetado las garantías administrativas y procedimientos; en base a ello cada consejero debe formarse su criterio y emitir su voto. Mientras, al CSN le corresponde determinar si las solicitudes son «compatibles con la seguridad nuclear, así como qué requisitos deben imponerse para mejorarla».

Narbona (CSN) pide paralizar las decisiones sobre Garoña hasta debatir las implicaciones de alargar un reactor hasta los 60 años

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Europa Press / EFE.- La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha pedido, en el seno del organismo regulador, que se paralice cualquier decisión sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta que se analicen y difundan a la opinión pública las implicaciones en seguridad nuclear y radiológica de autorizar hasta los 60 años el funcionamiento de un reactor nuclear.

El pleno del CSN está compuesto por 5 miembros, el presidente, Fernando Martí (a propuesta del PP) y los consejeros Javier Dies Llovera y Fernando Castelló (a propuesta del PP) y las consejeras Cristina Narbona y Rosario Velasco (a propuesta del PSOE). La consejera ha emitido un voto particular a la decisión adoptada la semana pasada por mayoría en el pleno del Consejo, que apreció favorablemente varias actuaciones en el marco del proceso de evaluación de la renovación de la licencia de la central, solicitada por el titular, hasta 2031. Si ese informe es negativo, obliga al cierre definitivo de la planta; si es positivo, correspondería al Gobierno la decisión política de prorrogar su funcionamiento.

Narbona ha votado en contra de varias decisiones del pleno en relación a la renovación de licencia de la central desde que se presentó y ha emitido diversos votos particulares. Sin embargo, en este caso, la política socialista aclara que sí voto a favor la semana pasada de la decisión del pleno del CSN de ampliar las condiciones del edificio de almacenamiento de material usado al tratarse de una instalación en todo caso necesaria para el desmantelamiento de la central. Eso sí, recuerda en su voto particular que la orden ministerial que decretó el cierre de la planta está plenamente vigente y que esa orden obliga al CSN a proseguir con las labores de cierre.

«Dado que no hay ningún plazo, ni legal ni técnico, que obligue al CSN a emitir su informe preceptivo en un tiempo determinado, por estar parada la central desde hace más de 3 años, el Consejo debería posponer los asuntos para la toma de decisión sobre Garoña», señala. Concretamente, en su voto particular, reclama que antes sea debatidas y explicadas, tanto en el pleno como ante la opinión pública, las implicaciones técnicas y jurídicas y las mejoras que en materia de seguridad nuclear y radiológica se estarían introduciendo derivadas de autorizar a un reactor nuclear a llegar a los 60 años de explotación comercial y con una renovación de más de 10 años de duración.

No es una petición nueva de la consejera, como recuerda Narbona, que apunta también su coincidencia con lo manifestado por el consejero Fernando Castelló (propuesto por el PP) en su voto particular emitido en noviembre de 2014 en el que afirmaba que dicho debate «debería haberlo hecho el pleno como cuestión previa cuando se tuvo conocimiento de la petición por parte del Ministerio de Industria». Que una central nuclear pueda operar hasta los 60 años de actividad es una circunstancia inédita en España, puesto que rebasaría los 40 años que operó por ejemplo la central nuclear de José Cabrera (Zorita).

Narbona plantea que debe aplazarse la decisión sobre Garoña hasta que no estén concluidas todas las mejoras técnicas que permitan a Nuclenor (titular de la central) cargar el combustible nuclear que, «es precisamente para lo que habilita una autorización de explotación». En todo caso, apunta que, si para implantar algunas de las modificaciones requeridas por el CSN para la hipotética carga del combustible, hiciera falta alguna aprobación puntual por tener que intervenir en los sistemas de seguridad disponibles en la actualidad, Narbona entendería justificada la elevación a pleno de un informe concreto sobre este asunto. «Si no fuera así, esta consejera considera que el pleno no debe proseguir con esta inédita forma de evaluar», advierte.

Narbona especifica que no está introduciendo «elementos políticos» en la tramitación de la solicitud presentada por Nuclenor ante el Ministerio y remitida al CSN. «Todos y cada uno de los argumentos que contempla este voto particular se refieren a la calidad de los procedimientos que garantizan la máxima seguridad nuclear y protección radiológica», añade. El regulador atómico ha informado de que está previsto que la remisión de ese informe al Ministerio «se produzca durante el segundo semestre del presente año». Al respecto, la consejera considera que el CSN no debería imponerse plazos para informar sobre la prórroga de la central.

El PSOE señala que el Congreso puede pedir el cese del CSN mientras Castilla y León pide anteponer la técnica

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EFE.- La secretaria de Cambio Climático del PSOE, Pilar Lucio, indicó que el Congreso de los Diputados puede instar al cese del presidente y consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y demandó explicaciones a su máximo responsable, Fernando Martí, tras la decisión adoptada por este organismo regulador, que informó favorablemente sobre varias actuaciones para la reapertura de la central de Garoña, cuyo propietario, Nuclenor, solicitó una licencia para volver a operar hasta el año 2031.

Precisamente, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, había registrado una carta en el CSN en la que pedían una moratoria al presidente y a los consejeros del regulador en el proceso de evaluación hasta la constitución del nuevo Gobierno. Por ello, la portavoz socialista de energía acusó al CSN de plegarse al Gobierno en funciones al decidir continuar con el proceso de evaluación de la renovación de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos), no escuchando a los grupos parlamentarios cuando «por respeto» debería haber considerado y respetado el contenido de la misiva.

Debe dar explicaciones al Parlamento

«El Gobierno es ejecutor», pero a quien tiene obligación de dar explicaciones es al Parlamento, enfatizó Pilar Lucio, quien recordó el artículo 7 de la Ley de Creación del CSN: «El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese de Presidente y Consejeros». «Esto debe quedar perfectamente claro», añadió la responsable socialista, que recordó que tanto su grupo como el resto de formaciones que firmaron la mencionada misiva han exigido la comparecencia de Fernando Martí una vez se constituya la Comisión de Industria y Energía en la Cámara Baja.

En su opinión, la decisión del CSN muestra a las claras que las órdenes del Ejecutivo en funciones «se cumplen sin dilación y las peticiones del nuevo legislativo son totalmente ignoradas». «La moratoria es una petición legítima, perfectamente realizable si el presidente así lo quisiera, ya que es él quien decide los puntos del orden del día a incluir en los plenos» del CSN. «El CSN ha vuelto a hacer caso a las exigencias de un gobierno en funciones y ha dado la espalda al Congreso una vez más», insistió.

En caso de prosperar la renovación de la licencia de autorización de Garoña sería la primera vez en la historia del país en que se permitiría a un reactor operar 60 años, en lugar de 40 años, y que dicha licencia tuviera una duración de 17 años, cuando hasta el momento el máximo fue de 10 años. «Pedimos sentido común y un debate sosegado sobre nuestro modelo energético en un proceso de transición, en el cual estamos la gran mayoría de acuerdo, pero en el que el CSN va en la dirección opuesta», concluyó Lucio.

Anteponer conclusiones científicas en Garoña

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, reclamó anteponer las conclusiones científicas a los planteamientos políticos sobre el futuro de la central nuclear de Garoña y reconoció que, si se garantiza la seguridad de las instalaciones desde el punto de vista científico, el Ejecutivo autonómico estaría «encantadísimo» de que la central nuclear burgalesa pudiera seguir activa, pero insistió en que se trata de una decisión «al margen de la política». «Son muy importantes los puestos de trabajo, pero también que se cumpla lo que diga el CSN», resumió la vicepresidenta, convencida de que deben ser los científicos los que den «garantías» sobre el futuro de Garoña.

«Que el CSN afronte indemnizaciones»

Por otro lado, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), emplazó a los miembros del CSN a que «paguen cualquier posible indemnización que pudiera derivarse» de la reapertura de Garoña. En este sentido, indicó que la posición del PP «es claramente favorable a la reapertura» de la central burgalesa y que un próximo Gobierno podría denegar la reapertura posteriormente, con lo que los propietarios de la instalación, Nuclenor (Endesa e Iberdrola) podrían reclamar por lo tanto una indemnización. Ante esta posibilidad González invitó públicamente a los miembros del CSN a que paguen esa posible indemnización, ya que «si quieren seguir amparando una decisión del PP, entonces que se hagan responsables personales de sus actos«.

Fuentes forales confirmaron que tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Álava se personarán conjuntamente «de manera inmediata» en el expediente de reapertura de Garoña, para mostrar su «disconformidad con cualquier acto administrativo encaminado a la reapertura de la central». Si pese a los fundados motivos jurídicos no se permitiera la personación de la Diputación, ésta recurrirá, anunció González. El ejecutivo foral y el Gobierno Vasco solicitaron un informe jurídico sobre las posibilidades de actuación legal en el procedimiento de reapertura de la central, «ya que no se ha tenido en consideración la opinión de Álava en ningún momento». Este informe jurídico concluyó que la entidad «tiene que ser parte en dicho procedimiento, ya que tiene un interés directo».

Fernández Vara exige más información al CSN sobre Almaraz y Equo pide su paralización

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EFE.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado que ha pedido un informe por escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre los posibles fallos en el sistema de agua de servicios esenciales de la central nuclear de Almaraz para «someterlo a la consideración de expertos».

Vara ha indicado que aunque no duda de los argumentos dados por el Consejo en los que se asegura que «no hay ningún riesgo», ha solicitado un informe por escrito sobre el funcionamiento de la central nuclear para «poder someterlo al conocimiento de la gente que sabe de esto».

El presidente extremeño ha insistido en que «la transparencia tiene que ser máxima» y ha destacado que «no puede haber ninguna duda sobre la información que tiene que haber en relación a los posibles hechos que puedan ocurrir» en la planta de Almaraz. Ha advertido también de que «hay que informar de todas las eventualidades en tiempo y forma» para que «se sepa que no hay trampa ni cartón».

Preguntado sobre el hecho de que el CSN admite que aún no se conoce que ha fallado en el motor del sistema de refrigeración de servicios esenciales de la central nuclear, Vara ha indicado que «se supone que ese fallo no afecta a nada que pueda poner en peligro nada, que está en las cuestiones que pueden considerarse como accesorias».

 

Equo exige al Gobierno central la paralización de la actividad de la CNA

La formación política Equo ha exigido hoy al Gobierno en funciones la paralización de la actividad de la Central Nuclear de Almaraz y ha abogado por cambiar el modelo energético para desechar las fuentes altamente contaminantes en favor de las renovables.

En un comunicado, afirma que la central más antigua que continúa en activo en el país acumula «cada vez más fallos y más frecuentes», y añade que el informe del CSN pone de manifiesto que los problemas de refrigeración «no han tenido una respuesta técnica satisfactoria».

Tras analizar el caso, señala Equo, los inspectores han concluido que no existen «suficientes garantías» de que el sistema de refrigeración pueda funcionar con normalidad porque se han detectado «deformaciones» de las piezas de los motores y las revisiones periódicas se eliminaron hace diecinueve años.

Explica que Almaraz es la única central nuclear en Europa que utiliza un embalse para su refrigeración, además de las torres de refrigeración habituales en el resto, para enfriar sus condensadores.

En este sentido, precisa que la planta tiene un permiso especial para consumir hasta 30 metros cúbicos por segundo de agua procedente del pantano de Valdecañas, «lo que está teniendo un impacto medioambiental», ya que en sus aguas, según afirma, se han encontrado presencia de metales pesados y otros contaminantes, sobre todo tritio.

Equo insiste en la necesidad de un cambio de modelo energético que deseche las energías altamente contaminantes y peligrosas para la salud pública en favor de las energías renovables «que permiten una forma de vida compatible con la conservación del equilibrio natural»

El grupo francés Veolia completa su oferta nuclear con la compra de Kurion

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EFE.- El grupo francés Veolia anunció hoy que ha completado su oferta de servicios nucleares con la adquisición de la estadounidense Kurion, cuya tecnología se usó en la estabilización de la central de la japonesa Fukushima.

La operación se eleva a 350 millones de dólares (unos 320,8 millones de euros) y permite a Veolia disponer «del conjunto de soluciones y saber hacer tanto en materia de saneamiento de equipos nucleares como en el tratamiento de desechos de radiación débil».

La unión de las tecnologías de uno y otro grupo, según su comunicado, hace que Veolia pueda desarrollar una filial industrial «de primer orden» en esas labores.

Kurion, que emplea a más de 200 personas, se fundó en 2008 y está especializada en la separación de desechos nucleares, las técnicas de estabilización y las tecnologías robóticas de acceso a lugares confinados.

La compra está todavía pendiente de la aprobación de las autoridades estadounidenses, especialmente de las encargadas de la competencia.

Veolia avanzó que a medio plazo podrían llevarse a cabo sinergias para desarrollar una oferta integrada para el saneamiento y recuperación de equipos y el tratamiento de desechos sólidos y líquidos, que será propuesta tanto al sector nuclear como a la industria petrolera y farmacéutica.