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UGT pide que la proposición de ley que presentará Nadal apueste por mantener las centrales térmicas de carbón hasta 2050

Europa Press / EFE.- Mientras desde Asturias y desde Castilla y León el PSOE ha avanzado que trabajará de manera conjunta en «aspectos «fundamentales para ambas regiones como el carbón y el futuro de las centrales térmicas, desde UGT piden que la proposición de ley que presentará el Gobierno al Congreso de los Diputados para regular el cierre de centrales de generación eléctrica apueste «inequívocamente por primar el interés público» y por mantener en funcionamiento las centrales térmicas que utilizan carbón nacional hasta 2050.

De este modo, el sindicato reitera su defensa de las centrales térmicas que se abastecen de carbón autóctono, así como de sus empleos y del futuro de «pueblos enteros y comarcas que, sin estas centrales, están abocadas al empobrecimiento y la despoblación». Asimismo, recuerda que «todas» las fuentes de energía son necesarias para dar estabilidad y seguridad al sistema, incluida la térmica de carbón, cuya fecha límite de cierre ha fijado Bruselas para 2050. Asimismo, rechaza los argumentos utilizados por las compañías eléctricas, respecto a que su cierre reducirá las emisiones de CO2, «por ser claramente sesgados, cuando no engañosos».

Por ello, reclama que una parte de los beneficios empresariales se destinen a invertir en tecnologías que contribuyan a proteger el medio ambiente, mejorando la eficiencia de las centrales térmicas mediante su adaptación, desulfurización y desnitrificación, tal y como se estableció en 2013 en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón, «que no han cumplido ni el Gobierno ni las compañías que pretenden cerrar las térmicas». Asimismo, UGT reitera la necesidad «imperiosa» de alcanzar un Pacto de Estado sobre Energía, con la participación de todos los agentes directamente implicados, «en el que se defina el futuro mix energético».

El Gobierno había preparado con anterioridad un real decreto para regular el cierre de centrales de generación eléctrica, al no obtener apoyos de otros grupos parlamentarios para hacerlo mediante un decreto-ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre las diversas objeciones que hizo al proyecto, cuestionaba que con una norma de menor rango como esa se fuera a modificar una ley, como la del Sector Eléctrico.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Energía señalaron que continuarían adelante con el real decreto, al considerar que tenía encaje legal y por ser una cuestión urgente, aunque admitieron que si el Consejo de Estado o la Abogacía del Estado advirtieran de que la norma podía tener riesgos jurídicos, buscarían otra vía u otra formulación de rango legal adecuada. El proyecto de decreto ampliaba las causas para denegar el cierre de centrales de generación eléctrica, a las que actualmente sólo se puede recurrir para garantizar la seguridad del suministro, a cuestiones como el encarecimiento de los precios de la electricidad, la reducción de la competencia o afectar a los objetivos de planificación energética del país.

Energía impulsó este real decreto alegando que la planificación energética del país no podía depender sólo de decisiones empresariales, en medio de un contexto en que se produjo el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos), al desistir uno de sus propietarios, Iberdrola, de reabrir la planta. Además, Enel, propietario de Endesa, había dado a conocer que podría cerrar algunas plantas de carbón en España e Iberdrola pidió autorización para cerrar las dos últimas centrales térmicas de carbón que la compañía tiene en el mundo, la de Velilla (Palencia) y la de Lada (Asturias).

El PSOE, con el carbón

Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, y su homólogo de Castilla y León, Luis Tudanca, han manifestado sus «coincidencias» a la hora de abordar temas como la minería del carbón y la transición energética. «Queremos exigir al Gobierno de España que deje de marear la perdiz y ponga encima de la mesa el cumplimento del Marco de Actuación 2013-2018 y qué espacio va a quedar para el carbón nacional«, ha destacado Barbón, que ha remarcado la oposición del PSOE al cierre «indiscriminado» de las centrales térmicas mientras no haya un plan de cierre acordado con todas las administraciones y agentes sociales y económicos.

Citando la enmienda del PSOE a una proposición no de ley (PNL) de Foro Asturias debatida en el Congreso de los Diputados, Barbón ha puesto sobre la mesa la posición del PSOE, que pasa por diseñar un plan del carbón en el que se hable de qué hueco le va a quedar al carbón nacional y por ver qué sucede con los 250 millones de euros para las comarcas mineras españolas que no se han invertido. Respecto al anuncio del ministro de crear una ley para regular el cierre de las térmicas, Barbón aseguró que «no se está negociando nada» con el PSOE y le ha pedido que ponga dinero.

«Reitero la unidad de castellanos y leoneses y los asturianos de defender nuestro carbón», ha afirmado Tudanca, que ha criticado la «absoluta inutilidad» del Gobierno del PP, que ha sido incapaz de sacar una norma que impida el cierre de las térmicas. Tras considerar que el Gobierno está «más preocupado» por evitar los posibles cierres de las centrales nucleares antes que de salvar el carbón, ha indicado que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que pide que, en el nuevo marco presupuestario europeo, se establezca un fondo global para apoyar iniciativas de transición justa.

Nadal anuncia que el Gobierno propondrá regular por ley el cierre de centrales eléctricas y defiende la térmica de Andorra

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado que el grupo parlamentario del PP en el Congreso va a presentar una proposición de ley para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica con una norma «de rango de ley» que evite “la tentación de algún gran operador de cerrar una central rentable para aumentar los precios”. El ministro ha confiado en el diálogo con los demás grupos parlamentarios para sacar adelante esta normativa.

Nadal ha señalado que el Gobierno ha emprendido una reforma laboral, financiera, energética y administrativa-tributaria, y ve “sorprendente que se le diga al Gobierno que no hay que hacer estas reformas, que hay que revertirlas», lo que considera un error, lamentando que no se proponen reformas alternativas, solamente «críticas». En materia energética, ha sostenido que es necesario reducir las emisiones de CO2 pero sin encarecer el precio de la energía, especialmente en un país como España «que no tiene grandes fuentes energéticas» y que necesita importar la energía que consume.

En la transición hacia las energías renovables y limpias, Nadal apuesta por «evitar correr demasiado», como cree que hizo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que con «prisa» puso la ideología sobre el elemento práctico desarrollando renovables de forma previa al desarrollo total de estas tecnologías. “Pero tampoco quedarse atrás», matizó el ministro, “asumiendo los avances tecnológicos «sin precipitarse, para que el coste no acabe repercutiendo en el consumidor. No obstante, Nadal ha asegurado que las renovables van a ser el «centro» del sistema y que deberán incrementar su peso entre un 27% y un 35%, pero no pueden ser la energía «base» porque no son las que están siempre «sí o sí».

En este sentido, ha apostado por mantener el mix energético, en el que la nuclear, el gas y el carbón suponen un 20% cada una, dejando el resto a las renovables. Estas primeras son las únicas que pueden dar servicio en cualquier momento, especialmente en las «puntas», con la nuclear como la más barata, la que no lanza emisiones de CO2, pero que sí que genera residuos difíciles de eliminar; el carbón como la segunda más barata, aunque la más contaminante; y el gas, que es la más cara y emite CO2, si bien en menor medida que la anterior. En este punto, ve como inconveniente que la energía renovable no garantiza el suministro las 24 horas todos los días.

«El Gobierno quiere mantener el carbón, el gas y la nuclear mientras sean rentables», porque suprimir el carbón conllevaría un incremento de los precios de entre el 18% y el 25%, prescindir de la nuclear aumentaría entre un 13% y un 26% los precios y eliminar ambas incrementaría el recibo entre el 38% y el 65%. Por ello, para evitar que se cierren las centrales, el PP presentará en el Congreso una ley para regular el cierre de estas instalaciones, de modo que el cierre de las centrales sea «ordenado, en función de objetivos y garantizando la competencia y el precio». En todo caso, recordó que el PP cuenta con 135 diputados y para aprobar este texto «se necesitan 176».

La proposición de ley está concebida para recoger las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al decreto ya elaborado por el Gobierno, entre las que destaca la de dotar de rango de ley a la normativa. Está ahora, por tanto, a la espera de la posición del resto de grupos, porque «una cosa es predicar y otra, dar trigo», ha apuntado. Nadal ha defendido que, si el hipotético cierre de una central puede distorsionar el mercado, «se pueda parar».

Asimismo, considera que las centrales de carbón son «imprescindibles hasta que no haya cambios sustanciales en el mercado del gas» y ha asegurado que la térmica de Andorra es competitiva, eficiente y es «necesaria para el sistema», aunque ha admitido que Europa no está a favor de ofrecer ayudas directas a estas instalaciones y que su continuidad no depende exclusivamente del Gobierno. Ha advertido nuevamente de que si se cerrasen centrales como Andorra, Compostilla o las nucleares «habría subidas de precios más que sustanciales», apuntando que las centrales de carbón han asumido las puntas de consumo eléctrico y han permitido que no se encarezca más el recibo de la luz.

El ministro, que se encontraba en Zaragoza, ha asegurado que Aragón «se está convirtiendo en una potencia energética» tras las subastas de energías renovables. Asimismo, Nadal ha resaltado el cambio experimentado por España en las dos últimas generaciones, al pasar de ser un país «muy pobre» a situarse «en la media de Europa», y ha señalado que para que un país tenga éxito debe producir los bienes y servicios que otros quieren. Ha recordado, además, que tras la primera y segunda revolución industrial, ahora se está viviendo una tercera revolución energético-climática que consiste «en producir no más energía, sino mejor».

Satisfacción evidente en Izquierda Unida

Por su parte, la alcaldesa de Andorra (Teruel), Sofía Ciércoles (Izquierda Unida), ve el anuncio del ministro «gratificante» pero ha urgido al acuerdo porque «cada vez tenemos menos tiempo». En este sentido, Ciércoles se ha congratulado de que haya dicho que la central térmica de Andorra es «imprescindible», habida cuenta de que el carbón sigue siendo un factor «importantísimo» y «competitivo» y de que la planta es «eficiente» y tiene el suministro «a puerta». Por ello, se ha mostrado satisfecha por la apuesta por el carbón, que «sigue siendo de las energías más económicas», aunque falta que la proposición de ley que ha anunciado el ministro sea aceptada para evitar el cierre de la central.

No obstante, no ha obviado que la planta de Andorra está en una situación «crítica» ya que no ve que Enel o Endesa tome una decisión o que el Gobierno central haga una apuesta «decidida«. Por ello, considera «importante» esta intervención del ministro, al que ha instado a poner en marcha ya las medidas para evitar el cierre y, entretanto, se va trabajando por diversificar la economía y por una transición «justa» que evite el monocultivo actual en la zona.

La alcaldesa ha lamentado también que «la pelota se la van pasando de un tejado a otro», porque Madrid pone las medidas sobre la mesa, pero decide Bruselas. En ese sentido, ha insistido en que «si España lo tiene claro, lo que tiene que hacer es luchar para que así sea», dado que, además, todos los grupos tienen representantes en Bruselas para defender el carbón.

Energía asevera que cerrar las nucleares compromete el objetivo de reducir emisiones y defiende una transición ordenada para el transporte

EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, defiende una «transición ordenada» en el ámbito del sector transporte de cara a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 al horizonte de 2030, sin discriminar ninguna de las alternativas existentes. Asimismo, Navia indicó que el cierre de las centrales nucleares sacaría a España de la actual «situación de cumplimiento creíble» de sus objetivos de emisiones de CO2. «Es fundamental no revertir el buen trabajo hecho hasta ahora», subrayó.

Navia destacó la importancia que tiene para cumplir los objetivos de emisiones que no se produzcan “reversiones en las políticas”. En este sentido, indicó que «no podemos tomar decisiones que nos lleven atrás en el cumplimiento de los objetivos» como, por ejemplo, el cierre de las centrales nucleares, lo que incrementaría las emisiones del sistema eléctrico, y señaló además que, las emisiones contaminantes deben reducirse con el menor coste posible pues, si no, acaban no cumpliéndose los objetivos, como ha ocurrido en otros países europeos.

En el ámbito del transporte, Navia se ha mostrado a favor de una «transición ordenada» y ha señalado que parece lógico no discriminar ninguna de las alternativas existentes, promocionando al vehículo eléctrico pero también con el fomento del vehículo de gas y reconociendo que hay un margen para que sigan funcionando durante un tiempo los vehículos que usan combustibles fósiles. «Tenemos margen para promocionar todas las alternativas de movilidad eficiente», ha dicho el secretario de Estado, que ha manifestado que también es “lógico” acompasar los cambios en el sector al desarrollo industrial del país, por lo que en Europa el Gobierno velará por que no se generen ventajas para otros países que cuentan con industrias que España todavía no tiene.

Ha destacado la buena posición en que se encuentra España para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones para 2020 y 2030, ya que en el caso de los sectores ETS, los sujetos a la compraventa de derechos de emisión, la reducción llega al 42% y en los no difusos al 15%, lo que excede del compromiso que tiene España para 2020. Navia considera que «hasta ahora el trabajo se ha hecho bien» y ha pedido continuar así, «sin precipitaciones que supongan cambios drásticos». A este respecto, Navia ve «fundamental» que España sea un «actor relevante» en todas las tecnologías que se planteen, ya que «no podemos ser meros usuarios de las mejoras tecnológicas que se produzcan en el mundo».

Por su parte, el presidente de AOP y BP España, Luis Aires, destacó la importancia del sector del petróleo y la petroquímica como uno de los motores de crecimiento de la economía española, a la que aporta el 2,5% del PIB y más de 271.000 empleos directos e indirectos, representando, además, más del 50% de la energía final consumida en España. Asimismo, Aires señaló «el pilar» para el sector que representa la industria del refino, con un programa de inversión de más de 6.500 millones en los últimos años para su modernización. Por ello cree que el sector «no puede quedarse al margen del debate público» sobre reducción de emisiones para ver qué puede hacer.

Informe sobre emisiones en España

España tiene capacidad para conseguir reducir, a costes eficientes, 46 millones de toneladas anuales de CO2 hasta 2030, cantidad muy superior a la que tiene fijada, según el estudio elaborado por la consultora KPMG con la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Perspectiva para la reducción de emisiones de CO2 en España a 2030. En concreto, KPMG estima que los sectores ETS, sujetos a comercio de emisiones, tienen potencial para llegar a un ahorro con costes eficientes de 22 millones de toneladas anuales de CO2 (14,5 millones correspondientes a generación eléctrica y 7,4 millones a la industria). En el caso de los sectores «difusos» o «no ETS», el ahorro potencial según el informe asciende a 24 millones de toneladas.

El informe indica que ya desde 1990 en España se han reducido un 40% las emisiones de CO2, ahorros que en el caso de los sectores ETS supone un 43% y en los no ETS del 30%. Actualmente, la reducción de emisiones en los sectores ETS está en el 42% desde 2005, muy cerca del objetivo a 2030, mientras que en emisiones difusas es sólo del 13%, frente a un objetivo del 26% para 2030.

KPMG también evalúa los ahorros en el sector del transporte, aunque no recoge dos subsectores (marítimo y aviación), y, además, proyecta cómo será la evolución de la introducción de las nuevas tecnologías de transporte. En general, el transporte tiene un potencial de ahorro de cerca de 8,8 millones de toneladas al año, según el estudio de KPMG, que señala que los coches de gasolinas e híbridos en el escenario analizado reducirán emisiones a menor coste que los eléctricos. También el tren, en términos de coste-eficiencia en reducción de emisiones, es, según arroja el estudio, más eficiente que los autobuses eléctricos.

En el caso de la industria, el potencial de ahorro es de 7,4 millones de toneladas anuales de CO2 a 2030, destacando el sector del cemento, con una reducción del 60%, y el refino, con un potencial del 30%. Respecto al sector residencial, su potencial de reducción de emisiones se estima en 9,2 millones de toneladas de CO2, siendo los electrodomésticos los que más aportarían, seguidos de la calefacción y la iluminación. Por lo que respecta al sector comercial, el potencial de ahorro se estima en 6 millones de toneladas de CO2 anuales y las medidas que más contribuirían serían, por este orden, las de iluminación, equipos eléctricos y climatización.

Energía aumenta en 72 millones las ayudas a las grandes industrias para compensar sus costes de reducción de emisiones

Europa Press.- El Ministerio de Energía aportará 78 millones de euros al Ministerio de Economía para que lance una nueva convocatoria de ayudas a las grandes empresas industriales destinada a compensar los costes indirectos de la reducción en la emisión de dióxido de carbono (CO2), lo que supone un importe superior en 72 millones de euros respecto a los 6 millones que venían otorgándose hasta ahora, alcanzando niveles más próximos a los de los países de nuestro entorno.

Energía considera que, debido a la política energética y medioambiental de la Unión Europea se centra en la lucha contra el cambio climático, a través de la utilización de tecnologías limpias que elevan los costes energéticos frente a terceros países, las empresas han tenido que elevar los costes en esta materia frente a terceros países. Esta situación, según el Gobierno, supone que las industrias comunitarias tengan que competir con las de otros países en donde las empresas no tienen que afrontar los costes derivados de los compromisos medioambientales que las radicadas en los países europeos sí tienen que afrontar, por lo que están expuestas a un mayor riesgo de deslocalización.

Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea ha autorizado un mecanismo de ayudas que permite compensar a las industrias pertenecientes a los sectores más expuestos, por los costes imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad. Por ello, Energía aportará 78 millones de euros al Ministerio de Economía para que tramite ahora la convocatoria de ayudas. Según el Gobierno, las ayudas por compensación de costes de CO2 permitirán mejorar la competitividad de las empresas industriales.

Entre el resto de medidas de Energía orientadas a mejorar la competitividad de los precios energéticos están el lanzamiento de diversas líneas de ayudas para mejorar la eficiencia energética de las empresas o el mantener, por quinto año consecutivo, la parte regulada de la factura. Todas estas medidas, según el Gobierno, también evitarán la deslocalización de la industria a otros países donde el coste energético es menor, lo que podría incidir negativamente en el crecimiento económico y en la creación de empleo. El Ministerio también ha anunciado que está impulsando medidas fiscales en aras de mejorar la competitividad del tejido empresarial español a medida que la recuperación económica lo permita.

Enagás y Redexis Gas firman un acuerdo para impulsar el hidrógeno generado con renovables mediante la creación del proyecto H2Gas

EFE.- El consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, y el presidente de Redexis Gas, Fernando Bergasa, firmaron un acuerdo para impulsar el hidrógeno renovable mediante la creación del proyecto H2Gas, según indicaron ambas empresas. El proyecto consistirá en el desarrollo tecnológico y la promoción de infraestructuras de producción y transporte de hidrógeno generado con energías renovables.

La primera iniciativa del proyecto, que se está ultimando, es el desarrollo de la tecnología necesaria para producir hidrógeno renovable para su uso en los sectores industrial y de movilidad. Además, ambas compañías trabajarán conjuntamente en el avance y desarrollo de la introducción del hidrógeno renovable en la red de transporte y distribución de gas. El proyecto H2Gas contempla el uso de la tecnología Power to Gas, que permite generar hidrógeno a partir de agua y electricidad e inyectarlo a la red de gasoductos, ya sea directamente o convertido en gas natural sintético o biometano.

El hidrógeno renovable puede transformarse en varias formas de energía, como electricidad, gas sintético o calor y cuenta con múltiples aplicaciones. Además, el hidrógeno renovable permite nuevas conexiones entre la demanda y oferta de energía que dotan de flexibilidad al sistema energético, así como reducir las emisiones de CO2. También es una opción viable en el corto plazo, ya que la red de infraestructuras gasistas está ya preparada para almacenar y transportar tanto gas natural como gases de origen renovable.

Las Palmas ahorrará 10.000 euros al año con la renovación de su alumbrado en una de sus principales avenidas comerciales

EFE.- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha completado la renovación del alumbrado en la avenida Mesa y López con lámparas LED que permiten reducir el consumo diario de energía casi un 65% y ahorran anualmente más de 10.000 euros. Así lo ha destacado la Concejalía del Alumbrado y Aguas, que ha subrayado que se evitará también lanzar a la atmósfera unas 60 toneladas al año de CO2, además de reducir la contaminación lumínica.

El concejal del área, Roberto Santana, destaca que con la sustitución de 60 lámparas se logra «una mayor eficiencia energética, se reduce la contaminación atmosférica y también la lumínica y se obtiene un importante ahorro para las arcas públicas». «A la vez que cumplimos con una legislación que nos impone este tipo de actuaciones para seguir avanzando en una senda de reducción del consumo energético«, agrega. Según explica, se optó por un sistema de luz blanca porque aumenta tanto la seguridad como el confort visual y, además, se incorporó un sistema de telecontrol con el uso de nuevas tecnologías que permiten obtener «un alumbrado público más eficiente» para la ciudad.

El Ayuntamiento invirtió 30.000 euros en estas mejoras y los espera amortizar en menos de 3 años, dado el ahorro energético que se produce y que va a ser de más de 73.000 kilovatios al año, lo que supone pasar de 15.894 euros actuales a una factura anual de 5.929 euros. Las lámparas cuentan con un dispositivo protector de sobretensiones, un controlador para su telegestión y la disposición de ubicar un sensor de movimiento en el propio cuerpo de la luminaria, con el objetivo de que quede integrado en ella siempre que sea necesario, concluye.

La Comisión Europea insta a España a trasponer la nueva normativa comunitaria sobre eficiencia energética y emisiones de los combustibles

EFE.- La Comisión Europea insta a España a trasponer a su legislación nacional en los próximos dos meses la nueva normativa comunitaria en materia de eficiencia energética y de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles, según indicó la propia Comisión Europea.

En el primero de los dos dictámenes motivados, el segundo paso del procedimiento de infracción de la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario solicita a España la «transposición correcta de los requisitos sobre contadores individuales en edificios de pisos, establecidos en la Directiva sobre eficiencia energética». Dicha directiva exige la instalación de contadores de calefacción y de agua caliente en todos los edificios, en aquellos casos en que sea rentable y técnicamente factible, mientras que las medidas de transposición nacionales establecen esta obligación solamente para los edificios construidos después de 2007.

En octubre de 2017, Bruselas remitió a las autoridades españolas una carta de emplazamiento y ahora la Comisión Europea avanza hacia la siguiente fase del procedimiento de infracción. «Las autoridades españolas disponen de 2 meses para subsanar las deficiencias señaladas en el dictamen; de lo contrario, la Comisión puede llevarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea«, indicó.

En cuanto al segundo punto, relativo a la calidad del combustible, la Comisión Europea remitió un dictamen motivado a España y otros 9 Estados miembros (Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Letonia, Rumanía y el Reino Unido) por no incorporar la normativa de la Unión Europea sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo a su ordenamiento jurídico. Las reglas europeas establecen normas para calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y de otros tipos de energía procedentes de fuentes no biológicas.

Dicha regulación tiene por objetivo «obtener información con un nivel suficiente de exactitud, de forma que la Comisión pueda evaluar el comportamiento de los suministradores de combustible a la hora de cumplir sus obligaciones a tenor de la directiva sobre la calidad del combustible», señaló la Comisión Europea. La directiva aspira a conseguir una reducción del 6%, como mínimo, de la intensidad en gases de efecto invernadero del combustible y la energía suministrados de aquí a 2020, agregó la Comisión. En este caso, los países también disponen de dos meses para transponer la normativa comunitaria.

Ecologistas en Acción pide impuestos más altos para los vehículos diésel que, pese a producir más emisiones, reciben rebajas fiscales

Europa Press.– Ecologistas en Acción ha reclamado un cambio en la fiscalidad que eleve los impuestos de hidrocarburos, de matriculación y de circulación a los vehículos diésel, causantes de la mayor parte de las emisiones contaminantes debidas al tráfico, que suponen el 60% del parque automovilístico español.

El informe Mejor sin diésel de esta organización denuncia que, a pesar de que los diésel son la «principal fuente de contaminación atmosférica» en las ciudades, aún «gozan» de beneficios fiscales que superan los 2.500 euros en toda su vida útil. La ONG afirma que los vehículos diésel reciben una rebaja fiscal del 23% en el impuesto de hidrocarburos, lo que influye en que en España un 60% de los más de 22 millones de vehículos que circulan sean diésel.

Esta ventaja ha contribuido en gran medida a que durante años los diésel supusieran el 70% de las ventas. Ecologistas en Acción lamenta que a pesar del «descrédito» de estos vehículos tras el escándalo de las emisiones, conocido como Diéselgate; de los anuncios de prohibición de circulación de vehículos más contaminantes en las ciudades; o de la clasificación de la OMS de los humos del diésel como cancerígenos, «todavía en 2017 las ventas de diésel rondaron el 50%» en España.

Por ello, la ONG aboga por cambiar la fiscalidad de los vehículos diésel, revisando los impuestos que pagan. En este sentido, lamentan que el impuesto de circulación grava «sobre la base de criterios obsoletos» y con una «enorme disparidad» entre distintos municipios. El estudio compara la situación de España con la de otros países de la Unión Europea y destaca como los países «menos dieselizados» como Holanda o Finlandia tienen una penalización fiscal en los impuestos de matriculación y de circulación para los vehículos diésel.

En concreto, Ecologistas en Acción propone igualar el impuesto de hidrocarburos de la gasolina y el gasoil; actualizar los límites de CO2 en el impuesto de matriculación, de los que actualmente depende el gravamen, además de una penalización a los vehículos diésel. En tercer lugar, plantea una reformulación del impuesto de circulación con criterios ambientales, con la misma base que el de matriculación (los tipos dependientes de las emisiones de CO2 y una penalización para los diésel). En esa línea, proponen invertir la recaudación extra en infraestructuras de transporte sostenible.

Energía amplía las ayudas para financiar la rehabilitación de edificios y la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos

Europa Press / EFE.- El Gobierno ampliará las líneas lanzadas para financiar proyectos de rehabilitación energética en edificios y para la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, según anunció el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. En este sentido, la línea de 125,6 millones de euros para financiar proyectos de rehabilitación energética en edificios con el fin de reducir las emisiones de CO2, el programa denominado PAREER II, que se lanzó el año pasado, se ampliará en 78 millones de euros.

El Ministerio explicó que la solicitud de ayudas a este programa se abrieron en febrero y en una semana se quedaron agotados los fondos tras la recepción de unas 500 solicitudes. En concreto, las acciones susceptibles de recibir las ayudas del Plan son las que consigan una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía final de los edificios mediante la mejora de la eficiencia energética, de la envolvente térmica y de las instalaciones térmicas y de iluminación. También pueden recibir ayudas si se mejora la eficiencia térmica sustituyendo la energía convencional por energía solar térmica o por energía geotérmica.

Según el Ministerio, las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en al menos una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono con respecto a la calificación energética inicial del edificio, entendiendo que la mejora de la calificación podrá obtenerse mediante una tipología de actuación o una combinación de varias. El presupuesto de este programa proviene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pudiendo ser cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020.

Impulso a la movilidad eléctrica

Asimismo, Navia indicó que el plan lanzado el pasado mes de noviembre para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, el Plan Movalt Infraestructuras que estaba dotado con 15 millones de euros, se ampliará en 5 millones de euros más, una vez «vista la demanda e interés del sector». Esta dotación adicional se agotó en 24 horas tras la recepción de 321 solicitudes. El Movalt Infraestructuras financia la instalación de infraestructuras de recarga tanto para uso público en el sector no residencial como para uso privado en estacionamientos de empresas privadas, su ubicación en la vía pública y en la red de carreteras.

Navia ha destacado la reforma que se hizo en la figura del gestor de carga para eliminar barreras que limitaban el desarrollo de la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, como el que sólo las pudieran poner empresas con objeto social específico. El secretario de Estado ha manifestado que el Ministerio está «gratamente» sorprendido por la respuesta que ha habido, dado el gran número de agentes que han querido instalar postes de recarga.

Por otra parte, Navia afirmó que la nueva convocatoria de subasta de potencia renovable para las Islas Canarias se lanzará «en breve», con el objetivo de que la adjudicación se lleve a cabo en septiembre. A este respecto, el secretario de Estado de Energía señaló que esta subasta estará únicamente dirigida a la eólica, aunque añadió que el objetivo es que las siguientes convocatorias se abran también a la fotovoltaica.

El sector energético pide estabilidad para abordar con éxito la descarbonización y el gas pretende ser parte de la solución

EFE / Europa Press.- El presidente de Sedigas, Antonio Peris, consideró que el gas tiene que ser «parte de la solución» en el camino hacia la transición energética, ya que sustituye a fuentes «más contaminantes». Peris participaba en una jornada organizada por Enerclub en la que el sector energético español exigió nuevamente estabilidad para poder afrontar con garantías la futura transición energética ante la próxima aparición del informe del comité de expertos analizando diferentes escenarios de cara a la futura ley sobre la materia.

La presidenta de la patronal eléctrica (Unesa), Marina Serrano, recordó que en 2017 la demanda de electricidad aumentó un 1,1% respecto a 2016. Serrano ha indicado que 2018 será un año de importancia vital para todos los sectores energéticos, en el que habrá que alcanzar consensos sobre el futuro mix energético, las diferentes fuentes de energía que cubren el suministro, y la reducción de emisiones.

Serrano ha advertido que la transición energética va a requerir grandes esfuerzos de inversión, lo que exigirá un marco regulatorio «estable y predecible», y ha recordado que sólo en redes la inversión que se precisará hasta 2030 será de 42.000 millones de euros. A este respecto, señaló que será importante que se establezca una tasa de retribución a esta actividad «razonable» y «de acuerdo con los métodos fijados en otros países europeos de nuestro entorno». Además, consideró necesario el diseño de un mercado que de unas «señales a largo plazo, que permita que el sistema sea seguro». Así, solicitó también la regulación de los mecanismos de capacidad, que ayudan a «asegurar la seguridad de suministro».

Por su parte, el presidente de la patronal gasista Sedigas, ha destacado que en 2017 el sector conectó 172.487 nuevos puntos de suministro y está al alcance del 79% de la población española, llegando a alcanzar un 31% de penetración en viviendas. Peris, que ha subrayado que se está a las puertas de la publicación del informe del comité de expertos sobre la Ley de Transición Energética, reclamó que en esta transición el gas se contemple no sólo como una energía de transición, sino que “forme parte de la solución” ya que se trata de una fuente de energía que sustituye a otras «más contaminantes«.

A este respecto, indicó que la mayor presencia del gas aportaría 150 millones de euros a la economía y reduciría las emisiones en 11 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Además, señaló el papel que jugaría en movilidad, contribuyendo a reducir las emisiones y mejorando la calidad del aire. Así, Peris subrayó que «el gas tendrá un rol protagonista en la economía baja en carbono y un papel clave en la transición energética global, en especial por la creciente inyección de gas de origen renovable en su infraestructura».

La demanda de gas natural en España alcanzó la cifra de 350.870 gigavatios por hora (GWh) al finalizar 2017, lo que representa un incremento del 9,1% respecto al 2016 y evitó la emisión a la atmósfera de cerca de 25.300 kilotoneladas de CO2. Peris apuntó a la falta de lluvias y al aumento de la demanda de gas de los ciclos combinados en un 26,8%, con una cuota del 17,2%, como los hechos que marcaron el pasado ejercicio. Peris destacó que estos ciclos combinados tienen un rendimiento de hasta un 25% más que las térmicas alternativas, por lo que «suponen menos consumo de energía primaria» y evitan la emisión de casi 5.000 kilotoneladas de CO2″.

La demanda convencional aumentó un 5,1% el año pasado, sobre todo en los meses de agosto y septiembre como consecuencia de las altas temperaturas y la utilización de gas natural para la refrigeración del sector doméstico y comercial. La demanda industrial, que supone el 62% del consumo de gas nacional también siguió una tendencia alcista, lo que, según Sedigas, demuestra la recuperación económica del sector.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y de BP España, Luis Aires, destacó que 2017 fue un año «histórico» que refleja «la fortaleza» de las refinerías españolas en un entorno de bajos precios. De cara al futuro cree que el petróleo se moverá entre los 40-70 dólares, aunque ve muy difícil que se supere esta cota por el impacto de la tecnología en las formas de producción y lo más probable es que el mayor tiempo esté entre 50 y 60 dólares. Aires consideró que la transición energética debe llevarse a cabo desde un punto de vista de equilibrio entre el coste y la eficiencia, por lo que «no se debe despreciar ninguna tecnología».

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Empresas de Energía Renovables (APPA), José Miguel Villarig, advirtió de que el sector se «teme lo peor» sobre la próxima revisión que se aplicará a las renovables para el próximo periodo regulatorio sobre su tasa de rentabilidad. «Esta rentabilidad tiene como fallo que nos la cambian cada 6 años y nos la revisan cada 3», señaló

Además, consideró que en el sector «va a haber un antes y un después de las subastas», que van a dinamizar 8.300 millones y crear 9.000 empleos, aunque subrayó que el reto será ejecutar esos 8.000 megavatios (MW) adjudicados «en el corto plazo que se ha dado». No obstante, criticó el cómo se han llevado a cabo las subastas, ya que «ha sido una vez más con improvisación», y pidió que para el futuro se diferencie entre tecnologías y se establezca un calendario para ellas.

Por su parte, el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia, ha apuntado que 2017 fue un año algo mejor para el sector del carbón tras el «nefasto» 2016 en el que el Gobierno «denostó el carbón» e incumplió los compromisos con el sector. Aún así, ha indicado que en 2017, pese a crecer la producción con carbón un 20%, la cuota correspondiente al carbón nacional en el mix de generación de electricidad fue sólo del 2,4%. Por otra parte, ha señalado que el carbón debe tener un papel importante en la transición energética por ser el único combustible autóctono y dar garantías de seguridad al suministro.

Iglesia señaló que el sector afronta el reto de la amenaza de cierre para 2018 de todas aquellas empresas que recibieron ayudas desde 2011 o, en caso contrario, afrontar como proceder a devolver estas ayudas recibidas. Por ello, pidió el apoyo del Gobierno para materializar en «medidas concretas» el respaldo al carbón para que siga jugando un papel dentro del mix energético, dado que a los actuales precios es inviable.