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Las organizaciones ecologistas ven «peligrosamente» poco ambicioso el nuevo objetivo de renovables para 2030 pese a la apuesta por autoconsumo

Europa Press.- Las ONG ambientales consideran que el nuevo objetivo europeo de energías renovables, que fija un 32% para 2030, es «demasiado conservador» y «peligrosamente poco ambicioso» aunque celebran la apuesta por el autoconsumo en la Unión Europea, que supondrá a partir de 2021 el fin del llamado impuesto al sol en España y otras penalizaciones en el resto de los Veintiocho.

Para el responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra, Héctor de Prado, mientras otras regiones mundiales apuestan «decididamente» por un futuro renovable, Europa sigue «sin hacer los deberes» y necesita cambiar su concepción sobre la energía.

«Celebramos que finalmente los decisores hayan empezado a allanar el camino que permitirá a la ciudadanía aportar su granito de arena a la transformación total del sistema para mediados de siglo», ha manifestado.

Pese a que consideran «insuficiente» el objetivo para afrontar su responsabilidad climática, estima «muy positivamente» los avances para empoderar a los ciudadanos europeos como nuevos actores energéticos en el sistema.

Además, el portavoz clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha lamentado que el nuevo objetivo rebaja en dos puntos la propuesta del Parlamento, del 34% al 32%, lo que supone una producción de la energía primaria de Austria y Portugal juntas.

De hecho, ha asegurado que «falta bastante más» para cumplir el Acuerdo de París y estima que el objetivo debería situarse, seguro por encima del 40%, y preferiblemente por encima del 45%.

Por otro lado, ve «muy preocupante» que la propuesta permita seguir quemando aceite de palma como combustible y advierte de criterios «bastante laxos» al respecto, lo que permite incluir a grandes centrales de biomasa, que pueden llegar a quemar grandes toneladas de bosques y a empeorar la calidad del aire.

En todo caso, ve como noticia «positiva» que se imponga la «necesidad» de proteger el derecho de quien produce su propia energía. «Valoramos que se está ganando una batalla en el horizonte energético en el que está más cerca que cada uno pueda producir su propia energía más allá de los grandes nodos eléctricos y las grandes empresas», ha concluido.

Por su parte, Greenpeace celebra que la Unión Europea haya declarado «ilegal» el impuesto al solpor lo que urge al Gobierno a «suprimir todas las barreras» al autoconsumo renovable, que será incompatible con la nueva norma europea.

Para la ONG un 32% es «todavía insuficiente» para luchar contra el cambio climático y cree que el Ejecutivo debe poner fecha para alcanzar un sistema 100% renovable en su Plan Integrado de Energía y Clima y en la Ley de Cambio climático y Transición energética.

La nueva directiva de renovables, que entrará en vigor en 2021, reconoce el derecho de los ciudadanos al autoconsumo y a compartir energía e impide que la penalización con impuestos o cargas económicas extra o con barreras administrativas gravosas.

Para la responsable de la campaña de energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, el fin del impuesto al sol es «una victoria de la ciudadanía» que ha «presionado» durante años. «Es más fácil liberarse del poder de las grandes eléctricas», prevé.

Sin embargo, advierte de que tendrán que seguir demandando objetivos de renovables más ambiciosos para luchar contra el cambio climático y conseguir que las eléctricas «estén obligadas a desengancharse de los combustibles fósiles y otras falsas soluciones».

En su opinión, el objetivo «mínimo» se queda «peligrosamente corto respecto al necesario para prevenir un cambio climático catastrófico» y coincide con el resto de ONG en que se debería alcanzar el 45%.

Para Pizzinato, el «giro de última hora» en la posición de los Gobiernos de España e Italia ha hecho posible «algo que parecía perdido». «Ahora es el momento de plasmar a nivel nacional esa ambición y encarrilar decididamente la transición energética hacia un sistema 100% renovable para proteger a la ciudadanía del cambio climático», ha añadido.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, cree que este «es un paso pero no es suficiente» porque la Unión Europea debe ser un acicate a los países que están en la cola, pero también ante los que están siendo más ambiciosos.

Así, añade que es preciso «empujar más para cumplir el objetivo que el planeta necesita para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados centígrados», para lo que al menos debería establecerse un 45% de renovables en esa fecha. Sin embargo celebra las medidas que se toman respecto al autoconsumo que permitirán el fin del impuesto al sol y otras trabas.

Por último, la responsable de clima y energía de WWF, Mar Asunción, ha manifestado que las nuevas normas son «buenas» en lo que se refiere al autoconsumo, por lo que llama al nuevo Gobierno y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que «quite las barreras de una vez» al conocido como el impuesto al sol, ahora que la Directiva europea lo respalda.

En cuanto al objetivo del 32% también opina que «no es suficientemente ambicioso» sino que está «lejos del 45%» que reclama WWF.

Sin embargo, ha añadido que para la ONG lo «más preocupante» es que la Directiva no establece objetivos por países y aunque «de cualquier modo es mejor que el 27% anterior», se trata de un paso adelante «tímido y que hay que reforzar».

Finalmente, denuncia que la bioenergía es «el principal escollo» porque los objetivos y requisitos son en su opinión «bastante laxos» de modo que no garantizan que la biomasa que se produzca emita menos que si se hubiera producido esta energía con combustibles fósiles.

Ecologistas piden a Pedro Sánchez varias medidas urgentes para afrontar una «verdadera» transición ecológica

EFE / Europa Press. – Las principales organizaciones ecologistas han manifestado cuáles son las diez medidas «imprescindibles y urgentes» que el Gobierno debería adoptar en los primeros cien días para afrontar una «verdadera» transición ecológica, entre ellas un calendario de cierre de las centrales nucleares y de las de carbón.

Los responsables de Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción han celebrado el nombramiento de Teresa Ribera como ministra para la Transición Ecológica por la sensibilidad y conocimiento medioambiental que ha demostrado durante los últimos años, pero han insistido en que tiene capacidad ejecutiva y ahora es el momento de demostrar «la valentía que le presuponemos».

Entre las medidas que proponen destacan el establecimiento de un calendario de cierre de las centrales nucleares y de carbón en 2025 y su sustitución por renovables, una Ley de Cambio Climático con objetivos ambiciosos o la prohibición de las prospecciones petrolíferas en mar y en tierra y la fractura hidráulica («fracking»).

En este sentido, recuerdan que la primavera de 2019 es «clave» para saber cuál es la posición del Gobierno de Sánchez, al ser la fecha en que acaba la licencia de Almaraz, por lo que el Ejecutivo «se va a tener que retratar» con la decisión que tome.

Además, solicitan que se ponga en marcha una Auditoría del Agua en España, la paralización de los Planes de Sequía y la Estrategia de Regadío, elaborar un Plan Nacional de Humedales, que suspenda el trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona), retirar los recursos contra las sentencias que bloquean la construcción de los pantanos de Biscarrués y Mularroya, y que inicie un Pacto por el Agua.

En materia de energía, las ong conservacionistas han señalado que las interconexiones gasistas son «contradictorias» con los objetivos climáticos fijados en París, y han pedido que se deniegue la autorización previa para la construcción del Almacén Temporal Cetralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas (Cuenca) mientras no exista un calendario de cierre «ordenado» de las centrales nucleares.

Para combatir la contaminación, piden una equiparación de los impuestos del diesel y la gasolina, revisar las etiquetas de la DGT sobre las emisiones reales de los vehículos y respaldar los planes de mejora de calidad del aire que se han puesto en marcha en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

 

Perdida de Biodiversidad

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha dado «la urgente voz de alarma» en materia de biodiversidad. Las organizaciones quieren que Sánchez se oponga a la reforma, actualmente en trámite, de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Para Ruiz, la oposición del Ejecutivo a la modificación de la Ley es una «prueba de algodón» sobre sus intenciones en medio ambiente y recomienda, si no fuera posible paralizar la modificación, llevar este asunto al Tribunal Constitucional. En materia de biodiversidad, las entidades también quieren que se ponga en marcha los planes de las especies declaradas en estado crítico; y paralizar las licencias de pesca de coral rojo en Cataluña.

En cuanto a residuos, quieren que defienda una Directiva ambiciosa que reduzca el consumo y distribución de plásticos de un solo uso y que aproveche la modificación planteada de la Ley de residuos 22/11 para conseguir la separación selectiva de biorresiduos en 2020, y adelantar la separación de textil a 2020.

También exigen la reducción del uso de pesticidas en un 30% para 2020. En particular, piden la prohibición de aquellos plaguicidas más peligrosos y los que interfieren con el sistema endocrino, evitar la concesión de permisos generalizados para el uso de sustancia prohibidas, prohibir el uso veterinario del diclofenaco e iniciar la elaboración de un Plan Nacional de Salud Ambiental.

Finalmente, quieren una Ley del Tercer Sector de Acción Medioambiental que reconozca el papel de las organizaciones ambientales y que el nuevo Gobierno garantice la presencia de estas en todos los consejos consultivos con implicación ambiental. En particular, quieren un representante ecologista en el Consejo Económico y Social.

 

Las organizaciones ecologistas celebran la «capacidad» de Teresa Ribera como ministra para la transición ecológica y su conocimiento del área

Europa Press.– Las organizaciones ambientales han celebrado la elección de la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera, como nueva ministra de Transición Energética y Medio Ambiente en el Gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez y valoran su perfil internacional, su conocimiento en materia de cambio climático. Sin embargo, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado la creación de una vicepresidencia de Sostenibilidad que coordine todas las políticas ambientales y climáticas de todos los Ministerios.

Así, el presidente de Amigos de Tierra, David Sánchez Carpio, considera que la designación de Teresa Ribera da «motivos para la esperanza» por su trayectoria. De ella reconoce que ha trabajado «mucho» el área de cambio climático y que a la organización le «gusta» que también se vaya a encargar del área de energía. «Esperamos avanzar en una transición energética y climática pero también habrá que ver lo que hace con otras materias de la política medioambiental, donde tendrá que demostrar lo que pone sobre la mesa después de esta legislatura tan precaria», ha valorado.

Desde Ecologistas en Acción, su coordinador estatal, Francisco Castejón, celebra la separación de Medio Ambiente respecto de Agricultura y Pesca, y cree que ahora pesará más el cambio climático. En todo caso, ha insistido en que «lo razonable» sería una Vicepresidencia de Sostenibilidad de la que dependan cambio climático y energía y, por otro lado, un Ministerio de Medio Ambiente «fuerte». Respecto a Teresa Ribera, Castejón opina que es una «buena noticia» para los temas ambientales y «muy competente». «Con ella, aunque no está claro que la correlación de fuerzas en el Congreso permita grandes cambios, al menos la cosa no iría a peor», indicó.

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, considera que lo adecuado y que han reclamado a Sánchez es, precisamente, una Vicepresidencia que coordinase todas las políticas de sostenibilidad en los diferentes Ministerios porque, en su opinión, deberían ser como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sobre Teresa Ribera, Del Olmo cree que «pocas personas podrían conjugar tal visión» y valora de ella su visión internacional «única en España» y su experiencia como secretaria de Estado.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz ha manifestado que se abre una nueva etapa en la democracia en la que espera que España se sitúe en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, comparte con el resto de organizaciones la necesidad de una Vicepresidencia de Sostenibilidad con un perfil «valiente» y con «peso político» para garantizar el cumplimiento de los ODS de la sostenibilidad en todas las carteras del Gobierno. Del mismo modo, opina que Teresa Ribera tiene «capacidad de sobra para trabajar en cambio climático» y ha tendido una mano al nuevo Gobierno para que la transición ecológica sea «una realidad”.

Por su parte, Greenpeace también celebra la creación de un Ministerio de Transición Energética y Medio Ambiente con el que aspiran a que se derogue el impuesto al sol y se apoye un objetivo mayor de renovables a nivel europeo. Además, la organización pide al nuevo Gobierno una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que permita no subir la temperatura global del planeta más de 1,5 grados centígrados y alcanzar un sistema energético 100% renovable lo antes posible. En cuanto a Teresa Ribera, Greenpeace felicita su nombramiento, la «primera mujer al frente de un Ministerio de Energía» y le pide que asuma «objetivos ambiciosos» y desarrolle las políticas necesarias en España y en Europa para capitanear una transición energética.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, cree que Ribera tiene la «oportunidad de devolver a España el liderazgo en la transición energética, impulsar la participación de la sociedad para sustituir por energías renovables, las energías fósiles y la vieja e insegura energía nuclear«. Aún más, Rodríguez exige la derogación del Impuesto al Sol en el primer Consejo de Ministros y el apoyo a un mayor objetivo de renovables en Bruselas deberían ser los primeros gestos del compromiso del nuevo Ministerio con el medio ambiente.

El Parlamento Europeo enviará una misión este año para investigar el proyecto gasista en Doñana pero no pedirá su paralización

EFE / Europa Press.- El Parlamento Europeo aceptó una solicitud de Izquierda Unida de enviar una delegación parlamentaria para evaluar sobre el terreno los riesgos del proyecto de Gas Natural Fenosa para almacenar y extraer gas en el entorno del parque natural de Doñana.

La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la sueca Cecilia Wikstrom, anunció que una comisión de eurodiputados visitará Doñana en el segundo semestre del año para «examinar con sumo cuidado» todas las visiones sobre la cuestión y que seguirán «muy de cerca» todas las medidas que se tomen al respecto. «Vamos a enviar una carta a la Comisión Europea para que nos aclare mejor lo expuesto. También a la Junta de Andalucía, para conocer qué medidas está tomando y mostrar preocupación sobre el deterioro de la zona en relación con los acuíferos, y al Ministerio de Medio Ambiente para abordar los riesgos sísmicos de proyecto», agregó Wikstrom.

Sin embargo, la Eurocámara no ha considerado oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. En este sentido, el representante del organismo europeo ha especificado que la comisión «tiene la práctica de no hacer investigaciones paralelas», por lo que no considera viable intervenir, habida cuenta de que el caso ya se encuentra sub iudice ya quela Junta de Andalucía ya ha iniciado el procedimiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la falta de acción estatal.

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía e impulsor de la petición, Antonio Maíllo, se mostró «muy satisfecho» por la decisión de los eurodiputados de enviar una delegación que permitirá a los eurodiputados, según afirmó, «ver y reconocer» los peligros del proyecto. «Conseguir que haya un compromiso para que una misión de investigación del Parlamento Europeo visite Doñana es una magnífica noticia para los que creemos que, cuando conozcan in situ los peligros que atañen este proyecto, se acelerarán los pasos para paralizarlo», afirmó. Por su parte, el representante de la Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, afirmó que los resultados de la investigación del ejecutivo comunitario no revelaron «ninguna infracción de las normas europeas».

Gas Natural ejecuta desde 2016 el proyecto de Marismas Occidental en Almonte, una de las cuatro partes en las que está dividido su plan para el entorno de Doñana, y que ha suscitado críticas desde distintos partidos políticos y ecologistas. Los críticos del proyecto piden al Gobierno que paralice cautelarmente los trabajos y realice una Declaración de Impacto Ambiental conjunta de las cuatro partes del proyecto frente a la individualizada de cada una con la que se cuenta ahora. «El subsuelo de Doñana no entiende de fragmentaciones, ni trámites administrativos, ni de zonas más o menos amenazadas. Todas están interrelacionadas», advirtió Maíllo en este sentido.

Ecologistas lamentan la no paralización

Asimismo, los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción destacaron la visita al espacio natural de Doñana anunciada por el Parlamento Europeo a cuenta de la petición de Izquierda Unida para que se instara a la paralización del proyecto para la explotación y almacenamiento de gas en el subsuelo de este enclave, reclamación que ha sido desestimada por la Eurocámara, algo que lamentaron estas asociaciones.

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, considera «importante» que desde Europa haya interés en involucrarse en la situación de Doñana, en que se les explique el proyecto y se remitan cartas, «especialmente a la Junta, que entendemos volverá a reiterar su oposición y podrá explicar el por qué a la Comisión Europea«. «Es una de las opciones para que el proyecto de gas natural pueda enterrarse definitivamente. Se trata de una vulneración clara de la normativa europea y quien mejor puede comprobarlo e iniciar acciones contundentes para poner fin al proyecto», asevera Carmona.

Con todo, el portavoz de WWF apunta a que hubiera sido deseable que directamente se apostara por instar a la paralización, al menos hasta las comprobaciones pertinentes, si bien, «es un buen paso que desde Europa se preste atención a un proyecto que no tiene ningún sentido», apostando al respecto por energías renovables ante las consecuencias de los combustibles fósiles de cara al cambio climático.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha señalado que el gasífero es un modelo energético que Europa «no ha desestimado», dadas las «presiones de determinados grupos o lobbys«, y pretenden «no entrar en contradicciones«. «Hubiese sido más acertado solicitar la paralización cautelar», apunta Romero, que ve que el Parlamento podía haber apelado a «argumentos legales» en el sentido de una legislación europea «contundente» relativa a las directivas hábitat o de aves, «al menos para analizar minuciosamente la documentación».

A juicio del portavoz de Ecologistas, «se les ve el plumero». Añade que «aún no se enteran de que el cambio climático es una realidad y que las renovables son el presente y el futuro del empleo y del planeta», para culminar haciendo hincapié en que el colectivo ha recurrido el asunto «con todas las esperanzas de que la legislación española tumbe un proyecto obsoleto, inútil y que pondría en solfa el futuro del parque».

Una válvula de venteo causó la fuga de agua de la central nuclear Vandellòs 2, parada desde que se detectó

EFE.- Una válvula de venteo causó la fuga de agua de la central nuclear Vandellòs II, que sigue parada desde el pasado 2 de marzo, día en el que se detectó la fuga, según indicó la operadora ANAV (Asociación Nuclear Ascó Vandellòs). En consecuencia, se realizará la intervención necesaria para reparar la soldadura de la válvula de venteo que originó la pérdida de agua, notificada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El equipo técnico de ANAV ha trabajado en la planificación de las tareas a ejecutar y ha decidido ampliar el programa de trabajo a una intervención en la línea de drenaje de los generadores de vapor y una extensión de la inspección a soldaduras similares. La central había estado registrando durante las últimas semanas y, de acuerdo a los procedimientos establecidos, un pequeño aumento del volumen de agua recogido en los sumideros del interior del edificio de contención. En todo momento, este volumen se ha mantenido en valores unas treinta veces inferiores a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la central.

Dentro de estas tareas de seguimiento, el equipo que seguía la incidencia identificó el 2 de marzo, mediante una inspección robotizada, la zona de origen del goteo. Ante la imposibilidad de determinar si la procedencia era o no un componente de la barrera de presión, se decidió iniciar la parada de la planta para acceder y establecer las actuaciones correspondientes. En esta segunda inspección se confirmó la existencia de un goteo de agua en la soldadura de una válvula de venteo, por lo que según lo establecido en las ETF, se determinó llevar a la planta a parada fría y preparar el programa de intervención.

La central se encuentra parada y en condición segura, según ANAV, que también sostiene que el suceso no ha tenido repercusión para las personas o el medio ambiente. En este sentido, Ecologistas en Acción denunció que la central había operado al menos durante dos semanas «de forma peligrosa» y no paró inmediatamente, tal como marcan las ETF, al detectar una fuga de agua «contaminada». Según indicaron, la fuga de agua procede de la barrera de presión del circuito primario, situado dentro del recinto de contención, y acusó al CSN de un «exceso de permisividad» hacia los titulares de las centrales.

Ecologistas en Acción pide impuestos más altos para los vehículos diésel que, pese a producir más emisiones, reciben rebajas fiscales

Europa Press.– Ecologistas en Acción ha reclamado un cambio en la fiscalidad que eleve los impuestos de hidrocarburos, de matriculación y de circulación a los vehículos diésel, causantes de la mayor parte de las emisiones contaminantes debidas al tráfico, que suponen el 60% del parque automovilístico español.

El informe Mejor sin diésel de esta organización denuncia que, a pesar de que los diésel son la «principal fuente de contaminación atmosférica» en las ciudades, aún «gozan» de beneficios fiscales que superan los 2.500 euros en toda su vida útil. La ONG afirma que los vehículos diésel reciben una rebaja fiscal del 23% en el impuesto de hidrocarburos, lo que influye en que en España un 60% de los más de 22 millones de vehículos que circulan sean diésel.

Esta ventaja ha contribuido en gran medida a que durante años los diésel supusieran el 70% de las ventas. Ecologistas en Acción lamenta que a pesar del «descrédito» de estos vehículos tras el escándalo de las emisiones, conocido como Diéselgate; de los anuncios de prohibición de circulación de vehículos más contaminantes en las ciudades; o de la clasificación de la OMS de los humos del diésel como cancerígenos, «todavía en 2017 las ventas de diésel rondaron el 50%» en España.

Por ello, la ONG aboga por cambiar la fiscalidad de los vehículos diésel, revisando los impuestos que pagan. En este sentido, lamentan que el impuesto de circulación grava «sobre la base de criterios obsoletos» y con una «enorme disparidad» entre distintos municipios. El estudio compara la situación de España con la de otros países de la Unión Europea y destaca como los países «menos dieselizados» como Holanda o Finlandia tienen una penalización fiscal en los impuestos de matriculación y de circulación para los vehículos diésel.

En concreto, Ecologistas en Acción propone igualar el impuesto de hidrocarburos de la gasolina y el gasoil; actualizar los límites de CO2 en el impuesto de matriculación, de los que actualmente depende el gravamen, además de una penalización a los vehículos diésel. En tercer lugar, plantea una reformulación del impuesto de circulación con criterios ambientales, con la misma base que el de matriculación (los tipos dependientes de las emisiones de CO2 y una penalización para los diésel). En esa línea, proponen invertir la recaudación extra en infraestructuras de transporte sostenible.

Ecologistas en Acción alegará contra la futura planta de Forestalia en Guardo (Palencia) para generación de electricidad con biomasa agroforestal

EFE.- La asociación Ecologistas en Acción no apoya la construcción de una planta de biomasa en Guardo (Palencia) y presentará alegaciones al proyecto del grupo Forestalia, que prevé construir una planta de generación eléctrica mediante biomasa agroforestal en esta localidad palentina.

Ecologistas en Acción Palencia ha recordado que «históricamente» se ha opuesto al aprovechamiento eléctrico exclusivo de la biomasa porque «conlleva un derroche energético de la mayor parte del poder calorífico del combustible». Además, asegura que, en el caso de grandes instalaciones como las proyectadas por esta empresa, se añaden otros problemas de emisiones, disponibilidad de recursos y transporte, tal y como han puesto de manifiesto los ecologistas en cada proyecto tramitado en Castilla y León.

Forestalia está a la espera de la autorización ambiental para iniciar la construcción de una planta de generación eléctrica de 49,9 megavatios (MW) alimentada con biomasa agrícola y forestal, en Guardo, que prevé tener finalizada en diciembre de 2019. En concreto, se abastecerá en un 50% de paja de cereal del entorno, con una alta proporción de paja de centeno, cereal que se produce en esta zona palentina y de muy bajo consumo en ganadería, lo que tendría un «impacto positivo» para unos 500 agricultores.

El resto será residuo forestal procedente del norte de Palencia y de Cantabria, con el consiguiente impacto positivo en la gestión de los montes cercanos, ya que se estima que una planta de este tamaño precisa en torno a 280.000 toneladas anuales de biomasa. Además, durante su construcción trabajarán unas 200 personas en un periodo de dos años, más otros 50 puestos de trabajo industriales directos que se generarán cuando entre en funcionamiento, más otros 300 puestos de trabajo inducidos.

Ecologistas Castilla-La Mancha rechaza la petición de Page de dedicar el dinero del ATC para autovías y propone «desarrollo sostenible»

Europa Press.- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha considera «desafortunada» la petición del presidente regional, Emiliano García-Page, de destinar el dinero previsto para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas al desarrollo de autovías en la comunidad autónoma, asegurando que lo que se necesita es «un desarrollo rural sostenible» y no más infraestructuras viarias. Desde la formación ecologista insisten en que su postura ante la inversión prevista es “reclamar más atención a las energías alternativas».

«Aunque está claro que el ATC tiene una dimensión más negativa que otros proyectos, es lamentable y preocupante la postura del Ejecutivo castellano-manchego, que frente a un proyecto insostenible y peligroso como es el basurero nuclear de Villar de Cañas plantee utilizar esos fondos para otros proyectos también insostenibles y que supondrán un enorme impacto», lamentan los ecologistas. Particularmente «grave» para la organización es «que se insista en reclamar una autovía entre Cuenca y Teruel, proyecto que ya ha sido objeto de una declaración de impacto ambiental negativa», entre otras autovías «que no se justifican por el tráfico que presentarían».

La Plataforma contra el ATC nuclear y Ecologistas en Acción creen que la sentencia del TSJCM supone «su final definitivo»

Europa Press.- Mientras Ecologistas en Acción exige al Gobierno que retire definitivamente el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca) porque considera que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), lo hace «inviable», la Plataforma y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) creen que la sentencia supone «el fin definitivo» del proyecto puesto que el Plan de Ordenación Municipal (POM) es indispensable para poder construir el ATC.

Para la organización antinuclear, esta sentencia «es una prueba más de que en varios de los procedimientos de licenciamiento del ATC no se cumple el ordenamiento jurídico», según ha indicado la Plataforma. «Desde el inicio se deberían haber tenido en cuenta los principios de precaución, seguridad y transparencia y ninguna de estas premisas se han cumplido desde la designación de Villar de Cañas para ubicar el ATC en diciembre de 2011«, explican. Por ello, la Plataforma resaltó que no oculta «su enorme satisfacción» por esta sentencia, algo que se demuestra con las alegaciones que ya presentó en diciembre de 2014 con argumentos en la línea que ahora pone de manifiesto el TSJCM en su sentencia.

“Estupenda noticia” para los opositores

La portavoz de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, María Andrés, ha indicado que, aunque hay que esperar a conocer el texto completo de la sentencia, «no cabe duda de que es una estupenda noticia para la Plataforma». A su juicio, esto avala «que las prisas por aprobar el POM en un tiempo récord, cuando Cospedal estaba en funciones, tenía el riesgo de la falta de seguridad jurídica. Y por mucho que diga el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, sin POM no hay basurero nuclear».

Ahora, concluye la portavoz de la Plataforma, José María Saiz «puede hacer dos cosas: recurrir ante el Supremo o hacer otro POM, pero en ambos casos, los retrasos pueden hacer inviable el ATC, ahora que todas las centrales nucleares tienen o están en trámites para tener sus almacenes individuales y es conocido públicamente que los terrenos elegidos no son aptos».

Además, añade Andrés, que «es muy lamentable la reacción del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que está dispuesto a mentir diciendo que los residuos nucleares se están enviado fuera de España, a pesar de que sabe que no es cierto. Todo porque Cospedal lo colocó en la lista al Congreso por la provincia de Cuenca, únicamente para que Catalá haga campaña a favor del ATC».

Ecologistas pide cancelar el ATC

Por su parte, Ecologistas en Acción destaca que la sentencia que avala la prohibición por parte de la Junta de Castilla-La Mancha del POM de Villar de Cañas mantiene la calificación de no urbanizable para los terrenos donde se planea construir el ATC, por lo que iniciar las obras es «inviable». Por ello, considera que el Gobierno debe interrumpir la búsqueda de los terrenos para un almacén de residuos nucleares hasta que no establezca un calendario de cierre «aceptable» para las centrales nucleares y abrir un debate sobre la forma en que se deberán gestionar los residuos de alta actividad.

La sentencia rechaza el recurso de Villar de Cañas y avala la decisión de la Junta castellano-manchega de prohibir el POM de la localidad que fue aprobado por el consistorio para autorizar la construcción del ATC que albergaría los residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas. Si bien, la Junta anuló este POM que convertía en urbanizables los terrenos donde se iba a construir el ATC. En cuanto a las cuestiones ambientales, la ONG recuerda que el ATC se ubicaría en una zona de alto valor natural y con numerosos problemas geológicos.

En definitiva, Ecologistas en Acción asegura que la sentencia «frena» la construcción del ATC en Villar de Cañas y termina con «el empeño del Gobierno» de construir en unos terrenos que no reúnen los requisitos técnicos adecuados de optar por este emplazamiento para el cementerio nuclear. Si bien, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, denuncia que el proyecto de Villar de Cañas, impulsado cuando la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal presidía la administración autonómica, ha supuesto «el gasto de decenas de millones de euros en instalaciones auxiliares, a pesar de las denuncias de Ecologistas en Acción ante la Fiscalía», ya que Enresa ha licitado y pagado contratos e instalaciones.

La Junta de Andalucía lamenta que el Gobierno central «apoye económicamente» al proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana

Europa Press.- Mientras los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción, referentes en el espacio natural de Doñana, denuncian la subvención a Gas Natural por 6,3 millones de euros para el 2018 señalando que así se fomenta el «agravar» los problemas del parque, el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez Vidal, lamenta que el Ministerio» siga apoyando económicamente el proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Martínez Vidal asegura que esta actuación contrasta con lo que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio llevó a efecto recientemente, refiriéndose a que la Junta «ha formulado un requerimiento previo al ejercicio de acciones judiciales en el Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente para que revise las declaraciones de impacto ambiental que se dieron a los 4 subproyectos en los que se divide este gran proyecto de almacenamiento de gas».

El director general de Prevención ha explicado que «estas declaraciones se dieron entre 2010 y 2013 y el único proyecto que cuenta con autorización es el de Marismas Occidental«, para el que solicitan que «se paralice la ejecución del proyecto«. «Nuestra petición se ampara en que recientes informes que se han conocido del IGME y del CSIC, que entienden que la evaluación que se hizo de manera fragmentada ni cuenta con el efecto acumulativo ni hace una valoración de riesgo de sismicidad inducida», ha indicado.

Por ello, ha señalado que, según el artículo 44 de la ley 21/2013, se ha solicitado la revisión de estas vías por «concurrir estas nuevas circunstancias y que se han puesto de manifiesto en los procedimientos de quejas que los defensores del pueblo, a nivel nacional y andaluz, tienen abiertos». De esta forma, ha asegurado que «el parecer de la Junta contrasta radicalmente con la forma de actuar del Gobierno que sigue apostando económicamente por este proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, un espacio natural único».

“Pagando para agravar los problemas”

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, incide en que la subvención a Gas Natural «es inmoral e incongruente».Y es que, agrega, se abona una subvención, que supone «la mitad del presupuesto anual para todo el parque», por el almacenamiento de una energía no renovable cuya utilización «agravará los problemas de cambio climático«.Por ello, el colectivo ecologista sigue reclamando la paralización del subproyecto ya en marcha y que se impidan los otros tres, así como una apuesta «clara» de las administraciones por la energía renovable «en todo su espectro y con cabeza».

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha manifestado que su asociación tiene «todas las esperanzas» puestas en los tribunales, al haber recurrido judicialmente todo el procedimiento administrativo.»Hay un informe del Defensor del Pueblo donde se pone de manifiesto que la iniciativa adolece de un estudio hidrogeológico, con una valoración de impacto incompleta. Lo más triste es confirmar cómo todo el mundo coincide en que hay que hacer una evaluación conjunta y ver la sinergia acumulativa de los proyectos y, sin embargo, el Gobierno central hace oídos sordos».