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Izquierda Unida envía al Parlamento Europeo el informe del Defensor del Pueblo sobre el almacén de Gas Natural de Doñana

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Europa Press.- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, remitió a la presidenta de la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, Cecilia Wikstrom, el último informe sobre Doñana elaborado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández, al tiempo que ha incidido en la necesidad de organizar una misión de investigación.

En dicho informe, el Defensor solicita al Gobierno que haga una evaluación conjunta del impacto que pueden tener sobre el parque los 4 proyectos existentes para la extracción y almacenamiento de gas natural, sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental y alerta sobre los riesgos sísmicos que podrían conllevar ciertas prácticas. Según Izquierda Unida, Albiol pidió a Wikstrom que, dada la relevancia del informe del Defensor del Pueblo y la coincidencia con las denuncias que se han venido presentando en la PETI, incluya el documento como información complementaria a su petición todavía abierta.

La eurodiputada recuerda a Wikstrom que durante el último debate que se celebró en la PETI sobre Doñana «ya se denunció el riesgo sísmico del proyecto», algo que recoge el Defensor del Pueblo en su informe de noviembre, que reflejaba las denuncias que se vienen haciendo desde algunas organizaciones ecologistas y políticas desde que se anunciara el proyecto de Gas Natural en Doñana. Entre ellas, la necesidad de hacer una evaluación acumulativa del impacto que tendrían en el Parque las cuatro actuaciones previstas: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar.

Por otro lado, recomienda al Ministerio de Energía que se revisen los informes de impacto ambiental emitidos, que también se encuentran cuarteados, y advierte de las dudas que le genera el informe del Instituto Geológico y Minero «sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados», explicando que «las evaluaciones individuales de los 4 proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero«.

Albiol cree que «no hay más tiempo que perder» y, ante «la importancia» de este informe del Defensor del Pueblo, que «refleja las denuncias que hacemos desde hace años», insiste en que «la comisión de Peticiones debe organizar cuanto antes una misión de investigación a Doñana para comprobar sobre el terreno lo que puede suponer un proyecto gasístico de estas características en una zona considerada patrimonio mundial por la Unesco».

La Junta de Andalucía destaca el compromiso de «llegar hasta el final» para frenar el almacén de gas de Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que «se están analizando todos los datos que obran en poder» de su departamento para presentar el tipo de recurso «más conveniente» para frenar el proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana, desde el compromiso de «llegar hasta donde haya que llegar» para paralizar una iniciativa que «no convence a nadie» porque «pone Doñana en riesgo».

Fiscal ha afirmado que «es un tema muy serio» y explica que se han pedido todos los datos en los que se apoyan los últimos informes del Defensor del Pueblo Estatal y de su homólogo andaluz. En este sentido, y preguntado sobre si hay colaboración suficiente por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Fiscal ha apuntado que «en absoluto», porque «a tenor de los últimos informes» de las dos Defensorías, que «han pedido la paralización del proyecto», la respuesta en lo que respecta al Gobierno central es que «se sigue hacia adelante, con lo cual no podemos hablar de colaboración».

Tejerina asegura que «la decisión futura» sobre el proyecto de almacenamiento gasista en Doñana «dependerá de la Junta de Andalucía»

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que su departamento ya realizó la valoración que le correspondía respecto al proyecto de almacenamiento y explotación de gas natural en el espacio natural de Doñana, por lo que ha apuntado que «la decisión futura» sobre el mismo «dependerá de la Junta de Andalucía» que es la que tiene que conceder o no la Autorización Ambiental Unificada (AAU).

García Tejerina ha recordado que el Ministerio entre los años 2010-2013 efectuó «la declaración de impacto ambiental de manera agrupada y no en 4 proyectos». Así, ha precisado que «se hace de manera fraccionada para poder evaluar el efecto conjunto», incidiendo en la valoración agrupada para ver el impacto global. Por ello, ha dejado claro que la evaluación que se ha realizado es «importante» y contó con «informes favorables de la Junta emitidos en 2008», por lo que se ha trabajado «agrupando los proyectos para valorar los efectos conjuntos» y en esa línea van a responder al Defensor del Pueblo.

De este modo, en cuanto al informe del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que pide al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los 4 proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana, y sugiere que se suspenda el proyecto Marismas Occidental hasta que no se termine la citada evaluación ambiental conjunta, la ministra ha explicado que la evaluación se realizó «de manera agrupada» para poder evaluar el proyecto en conjunto e incluso «se evaluaron proyectos que no van a tener una realidad». Por ello, ha ensalzado «la importante» valoración efectuada por su departamento ministerial.

De otro lado, la titular de Medio Ambiente ha indicado que para emitir la Declaración de Impacto Ambiental se tienen en cuenta muchos parámetros, entre ellos, el informe favorable de la Junta, que es un acto administrativo y no político y por tanto, «no se puede modificar». Así las cosas, respecto a la carta que le remitió la Consejería de Medio Ambiente para solicitar la paralización del proyecto, García Tejerina ha indicado que la Junta de Andalucía es «la responsable» de conceder o no la Autorización Ambiental Unificada a este proyecto. Por su parte, «el Ministerio ha actuado conforme a la legislación española y la legislación ambiental europea», ha proseguido.

Andalucía agradece el informe del Defensor del Pueblo autonómico contra el almacén gasista de Doñana y trabaja en el recurso

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, agradeció que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, haya abogado por la «suspensión definitiva» del proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental, a la par que ha avanzado que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz continúan trabajando en el recurso contra el mismo.

En este sentido, Fiscal ha valorado «positivamente» esta postura del Defensor y ha resaltado que «conecta claramente con la intención que viene expresado la Junta», que entiende que «existen herramientas legales para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana«. «Tenemos informes y legislación suficiente para impedirlo», ha agregado el consejero, que ha defendido que el entorno de Doñana «no es la mejor zona para una instalación de este tipo, un argumento que también hace suyo el Defensor».

Así las cosas, ha hecho hincapié en que esta postura del Defensor del Pueblo andaluz se suma a otro pronunciamiento en el mismo sentido de su homólogo a nivel estatal, cuando ambos piden la paralización del subproyecto Marismas Occidental, «el único que teóricamente está en obras, aunque en la práctica las informaciones apuntan a que apenas hay movimiento». Fiscal explicó que ambos pronunciamientos serán tenidos en cuenta al presentar ante los tribunales el recurso correspondiente contra este proyecto que, por el momento, continúan estudiando los servicios jurídicos de la Junta.

Con todo, el consejero ha explicado que el Ministerio de Medio Ambiente contestó recientemente a la carta que la Junta le remitió sobre este asunto y, en su respuesta, según ha explicado, «se reafirma en que no va a realizar una evaluación conjunta de los proyectos y remite la responsabilidad al Ministerio de Industria, la administración sustantiva sobre el proyecto». «No van a mover ficha», ha lamentado Fiscal, quien ha explicado que, ante esta contestación, los servicios jurídicos de la Junta «trabajan para determinar la manera en la que pedir en los tribunales la paralización del proyecto» pues quieren hacerla «con la máxima garantía jurídica».

En cuanto a la indemnización reclamada por Gas Natural, Fiscal ha dicho que «sigue su curso en los tribunales» y que el Gobierno andaluz está respondiendo a todos los requerimientos que le hacen en este sentido, si bien ha defendido que la responsabilidad patrimonial que reclama, a su juicio, «no ha lugar». «Siempre hemos actuado con informes jurídicos en la mano, con la ley en la mano, según se ha entendido desde la Junta, y si ha habido discrepancia lo dirimirá el tribunal», ha zanjado el consejero de Medio Ambiente.

Urge actuar a Susana Díaz

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Andalucía, Mercedes Barranco ha urgido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a «paralizar» el proyecto «como le está pidiendo el Defensor del Pueblo Andaluz» y le lleva solicitando la formación morada «desde hace más de un año«. La diputada de Podemos asevera que en su grupo comparten «el diagnóstico» de Maeztu y del Defensor del Pueblo estatal, y ha subrayado que desde Podemos estaban «defendiendo» la tesis de la paralización inmediata del proyecto «cuando PP y PSOE iban de la mano en la defensa» de la citada iniciativa de Gas Natural.

En esa línea, ha reclamado a la presidenta de la Junta y al consejero de Medio Ambiente que «abandonen la pasividad en el tema de Doñana», punto en el que ha subrayado que el Parlamento andaluz aprobó «hace ya casi un año una proposición no de Ley (PNL) en la que instábamos al Gobierno andaluz a buscar las vías legales que nos permitieran la paralización del proyecto» de Gas Natural, algo que aún no se ha hecho, según ha criticado.

Tras apuntar que el Defensor del Pueblo Andaluz ha venido a «corroborar las tesis de Podemos Andalucía desde un principio», Mercedes Barranco ha pedido al consejero de Medio Ambiente que «deje de marear la perdiz y demuestre que realmente quiere paralizar el proyecto de gas natural en Doñana«. «Defender a Andalucía es defender Doñana», algo que «hasta ahora no han hecho» desde el Gobierno andaluz, según ha abundado la diputada de Podemos, que recordó que preguntó al consejero José Fiscal en comisión parlamentaria sobre «las medidas legales que han implementado» para la paralización del proyecto, si bien Podemos cree “que no hay ninguna medida legal».

Medio Ambiente alega ante el Defensor del Pueblo que no tiene competencia para revisar el almacén de gas en Doñana

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Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente no tiene ya competencias en relación con los procedimientos administrativos para la autorización de los 4 grandes proyectos de almacenamiento de gas en Doñana porque las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental ya fueron tramitadas entre 2010 y 2013. La petición de evaluación conjunta afecta a los proyectos Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar, donde se prevé la explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Así respondieron fuentes ministeriales después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, haya pedido al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los cuatro proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana. Además, el Defensor se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la citada evaluación ambiental conjunta. En un escrito, el Defensor solicita a Energía que aclare la situación del proyecto Marismas Oriental, tras denegar su autorización la Junta de Andalucía, y el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcazar y sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas.

En este sentido, el departamento que dirige Isabel García Tejerina recuerda que los cuatro proyectos fueron sometidos, desde su presentación por parte del promotor, a diversos procedimientos de evaluación ambiental previstos en la legislación española y comunitaria. A ese respecto, estas fuentes subrayan que el Ministerio cumplió con su labor y tramitó las Declaraciones de Impacto Ambiental según lo que establece la normativa estatal y las directivas comunitarias y que en ese proceso tuvo en cuenta los informes favorables de 2008 aportados en los procedimientos por la Junta de Andalucía.

En todo caso, garantiza que en la tramitación que le competía los 4 proyectos no se fracturaron sino que, precisamente, se agruparon en 4 para considerar los efectos acumulativos que se producen puesto que constituyen zonas homogéneas para estudiarse mejor o con más precisión, lo que no constituía ninguna vulneración de derecho. A ese respecto, afirman que ahora ministerialmente le corresponde a Energía  autorizar estos proyectos y recuerdan que la Junta de Andalucía tiene capacidad en este momento para otorgar o denegar las preceptivas Autorizaciones Ambientales Unificadas. Si bien, insiste en que esto se debe en todo caso a pleno sometimiento a las condiciones de las Declaraciones y a la normativa ambiental que se aplique.

Analizar conjuntamente los 4 proyectos

La cuestión es que el Defensor considera que la información del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) genera «dudas» sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero. En este sentido, el Defensor quiere que se valoren «distintas alternativas» de almacenamiento de gas y garantizar «con un grado de certeza acorde» con su «importante relevancia ecológica» que el espacio no se verá «negativamente afectado» por la inyección y almacenamiento de gas. También quiere garantías para que los riesgos sísmicos se reduzcan «al mínimo posible».

La institución pidió información adicional al IGME en julio y realiza estas sugerencias después de haber analizado los datos remitidos por el instituto geológico y recuerda que en 2013 ya advirtió sobre la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los 4 proyectos por separado». Ahora, el Defensor explica que ha retomado sus actuaciones tras recibir una queja de Greenpeace y del Defensor del Pueblo Andaluz. Por ello, el Defensor estima que el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el IGME, impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a Doñana.

La Junta de Andalucía prepara el recurso para pedir en los tribunales la paralización del proyecto de gas en Doñana

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Europa Press.– El consejero de Medio Ambiente de Andalucía, José Fiscal, anunció que el gabinete jurídico de la Junta «está preparando» el recurso que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pedir la paralización del proyecto de almacén de gas natural en el entorno de Doñana, si finalmente el Ministerio de Medio Ambiente no se pronuncia en esa línea porque «debe realizarse una evaluación conjunta» del impacto ambiental del proyecto ya que «es solo un proyecto y no cuatro».

Fiscal se ha referido al requerimiento que hizo este verano la Consejería al Ministerio para que realizara una evaluación conjunta de los proyectos de gas natural en el entorno de Doñana. De este modo, ha asegurado que por ahora no tiene constancia de que se haya producido la respuesta ministerial pero ha señalado que la Junta envió su escrito y el plazo para responder empieza a contar desde que se produce el registro de entrada.

Administrativamente 4, pero uno real

Por ello, ante la proximidad de la respuesta ministerial, ha apuntado que la Junta «está preparando» ya su recurso para «pedir en los tribunales que se paralice este proyecto». En esta línea, ha recordado el informe del CSIC que alerta de la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona, así como ha reiterado que el estudio de su afección se haga de manera conjunta. Por todo ello, el consejero ha indicado que se trata de una cuestión que les «preocupa» y ha dejado claro que «la realidad es tozuda» y todo apunta a que la evaluación debe realizarse de manera conjunta y no por separado porque, aunque «administrativamente» sean cuatro proyectos, «es uno solo», ha zanjado.

Andalucía irá a los tribunales si el Gobierno no analiza de manera conjunta los proyectos de gas en Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha recordado este miércoles que la Junta acudirá a los tribunales si el Gobierno no decide realizar una evaluación conjunta de los proyectos de gas natural en el entorno de Doñana, así como ha indicado que también acudirá a la vía judicial si el Gobierno no responde al requerimiento de la administración regional.

A preguntas de los periodistas en Huelva, Fiscal ha remarcado que el Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) tiene hasta finales de mes para responder al requerimiento remitido por la Junta este verano.

Por ello, ha dejado claro que si el Gobierno no contesta acudirán a los tribunales o si contesta diciendo que no hará una evaluación conjunta de los proyectos, como defiende la Junta, «iremos a los tribunales», ha enfatizado.

Hay que recordar que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, envió en agosto una carta a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, en la que solicitó la paralización del proyecto de almacén de Gas Natural en el entorno de Doñana, en virtud de un informe del CSIC que alerta de «la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona», así como que el estudio de su afección se haga de manera conjunta.

En ese momento, José Fiscal ya dejó claro que, si el Ejecutivo central «no atiende esta petición, el Gobierno andaluz acudirá a los tribunales», y ha mantenido su postura.

Asimismo, recordó que este verano se conoció un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que le remitió al Defensor del Pueblo, «en el que dice taxativamente lo que la Junta ha venido defendiendo desde el principio, que los estudios de impacto ambiental de los cuatro proyectos deben hacerse de manera conjunta y teniendo en cuenta los riesgos sísmicos».

Izquierda Unida advierte a la Comisión Europea de los supuestos riesgos del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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EFE.- El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, trasladó al director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, Daniel Calleja, los resultados de una investigación de la Universidad de Huelva sobre los riesgos de poner en marcha el proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo del parque onubense, impulsado por Gas Natural.

Según explicó, en el espacio donde se instalaría el depósito existen unas fallas que podrían provocar el escape del gas inyectado y la consiguiente contaminación del acuífero. «Entregaríamos unas instalaciones naturales de almacenamiento a una empresa cuya única presencia allí va a ser camiones llevando gas para que se inyecte. Toda compañía que intenta hacer una actividad que puede ser polémica desarrolla una labor de silencio, que es la que más perjudica a Doñana», sentenció.

El PSOE andaluz pide que la Junta reclame al Gobierno revisar la DIA de los proyectos de gas en Doñana

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Europa Press.- El PSOE ha anunciado el registro de una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para que la Junta emprenda las acciones oportunas, tanto administrativas como en su caso judiciales, ante el Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, para solicitar la revisión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 subproyectos de almacenamiento de gas de la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, en el entorno de Doñana.

Todo ello, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental, con el fin de que se realice una nueva evaluación del proyecto en su conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que fue subdividido (Saladillo, Marismas Occidental, Aznalcázar y Marismas Oriental). La vicesecretaria general del PSOE de Huelva, María Márquez, explicó que la iniciativa también solicita que la Junta emprenda las acciones oportunas para que se paralice la ejecución del subproyecto Marismas Occidental, que cuenta con autorización sustantiva de marzo de 2016 del Ministerio competente en materia de Energía, hasta que no se lleve a efecto la revisión de las DIA antes citadas.

Todo ello después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirmara que «no parece que la falta de actividad de Medio Ambiente pueda verse justificada” tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana, a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía. Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.

Al respecto, el PSOE pide en la proposición no de Ley que la Junta «apoye» el informe del Defensor, al que «debe hacer caso el Gobierno central», y que se apoya asimismo en un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que apunta a los riesgos sísmicos y a la contaminación del acuífero 27. Márquez insistió en que los socialistas onubenses piden al Gobierno y al PP que «se unan al clamor existente y renuncien a utilizar el subsuelo de Doñana como un almacén de gas», así como que responda a la petición, elevada por el PSOE, para que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto.

La socialista ha recordado que en el entorno del Espacio Natural de Doñana «se ha explotado históricamente el gas natural existente en el subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes a Gas Natural». No obstante, ha continuado, en los últimos años, dicho grupo empresarial «ha querido reforzar su actividad gasista en dicho entorno con la presentación de los citados 4 nuevos proyectos en municipios de las provincias de Huelva y Sevilla», los cuales se encuentran en distintas fases de tramitación administrativa en los distintos ámbitos competenciales, estatal y autonómico.

Desde 2011, precisó la socialista, la Junta de Andalucía ha cuestionado, en numerosos debates sustanciados al respecto tanto en el Parlamento autonómico como en las Cortes Generales, que se haya realizado un adecuado estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos de los 4 proyectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre los Espacios de la Red Natura 2000, máxime cuando la nueva actividad a realizar consiste en un almacenamiento permanente de gas. Esta situación, ha insistido Márquez, «le ha llevado a mantener una correspondencia con Medio Ambiente, Ministerio que en ningún caso ha reconocido defectos en la evaluación de los efectos sinérgicos ni problemática alguna por la fragmentación de proyectos de las mismas características en un mismo ámbito territorial».

Izquierda Unida pide la comparecencia del presidente del CSIC para explicar los «riesgos» del proyecto de Gas Natural en Doñana

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Europa Press.- Mientras Podemos pide desde Andalucía la dimisión del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, y que el organismo aclare su postura «oficial» sobre el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana, la diputada andaluza de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha registrado la petición de comparecencia urgente del presidente de la agencia estatal para que explique los posibles «riesgos», tanto sísmicos como de contaminación, del proyecto.

García Sempere solicita que el responsable del máximo organismo público científico y de investigación del país explique en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso todos los datos de que disponga en relación a ese «proyecto de gaseoducto de Doñana, sobre el riesgo sísmico que puede suponer la ejecución total o parcial del proyecto y sobre el riesgo de contaminación o afecciones graves al acuífero de Doñana«, la mayor reserva de la biodiversidad en Europa.

La parlamentaria de Izquierda Unida por Málaga, encuadrada en Unidos Podemos, considera «muy importante que el presidente del CSIC se explique y que se le pueda preguntar en sede parlamentaria, mucho más ante las sucesivas polémicas que ha protagonizado al frente del organismo científico en relación a este delicado asunto«. Así, ha recordado que «ante las reiteradas exigencias de asociaciones, grupos ecologistas, sindicatos como CCOO y formaciones políticas para que el CSIC tomara cartas en el asunto y se implicara en la protección de este patrimonio natural», la respuesta «ha oscilado entre la completa falta de iniciativa o el entorpecimiento al trabajo que realizan otros representantes de la comunidad científica».

García Sempere hace referencia a un informe, sin autoría definida, emitido por investigadores del CSIC a petición del Defensor del Pueblo andaluz y que es «contundente», según la diputada de Izquierda Unida, en contra del proyecto de Gas Natural al señalar, entre otras cuestiones, que «debido a que los 4 proyectos actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas y fallas, se considera que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que se subdividió, sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar».

Para García Sempere, «quizás algunos partidos vean normal que el máximo responsable de un organismo científico público escriba cartas para dar explicaciones a la multinacional Gas Natural, implicada en multimillonarios y peligrosos proyectos; nosotras no lo hacemos«. Así, la diputada espera «oír las explicaciones que dé el presidente del CSIC para comprobar de primera mano si su labor está más cerca de una imprescindible independencia científica o de los argumentos de quien depende su nombramiento, en este caso, del ministro de Economía, Luis de Guindos».

Podemos Andalucía pide su dimisión

Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, a través de su diputada autonómica Mercedes Barranco, reclamó la «dimisión» de Emilio Lora-Tamayo por el «grave escándalo del que está siendo protagonista» en relación al polémico informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz sobre el proyecto que promueve Gas Natural Fenosa en Doñana, al tiempo que ha solicitado al propio CSIC que aclare su posición «oficial» al respecto de dicho proyecto, que la formación morada rechaza. Así lo ha pedido la diputada Mercedes Barranco en el Parlamento andaluz, que ha criticado la actuación del presidente del CSIC respecto al referido informe que contiene unas «conclusiones contundentes sobre los grandes riesgos sísmicos» que acarrea el proyecto.

Barranco ha relatado que el referido informe está realizado «en base a otro informe que hizo el investigador Miguel de las Doblas», científico cuya relevancia ha destacado porque «fue el que alertó de los peligros de la plataforma Castor», proyecto que está siendo objeto de una investigación «por presunta prevaricación contra el medio ambiente«, de forma que tanto «el Estado como la empresa están siendo investigados y que nos está costando a todos los españoles 1.350 millones en concepto de indemnización por la paralización del proyecto». Además, también ha indicado que entre los investigados figuran miembros del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), porque dicho proyecto contaba con un «informe favorable» de dicho organismo.

Barranco ha incidido en que el informe del CSIC en relación a Doñana «advierte de que, aunque el proyecto se haya troceado en 4 subproyectos, los cuatro afectan a un único acuífero, el acuífero Almonte-Marismas, y a una misma zona sísmica, placa o falla», de forma que «alerta de que si el proyecto se pone en marcha sería sumamente peligroso por los riesgos sísmicos» y «pide que se paralice el proyecto en virtud del principio de precaución que establece la Unión Europea, y que se haga una investigación por un equipo multidisciplinar e independiente de los riesgos sísmicos del proyecto«.

La diputada de Podemos ha criticado que «lo más inaudito» tras conocerse dicho informe son las «declaraciones inadmisibles» que a su juicio ha realizado el presidente del CSIC, poniéndose «de lado de las grandes empresas del Íbex 35; en este caso de Gas Natural Fenosa«, además de que «deslegitima la opinión de uno de los científicos más prestigiosos en temas sísmicos, y echa piedras sobre su propia institución poniendo en cuestión el buen trabajo de los científicos del CSIC». Tras insistir en que «es sumamente grave que el presidente del CSIC se dirija a Gas Natural para rendirle pleitesía», Mercedes Barranco ha reclamado «su dimisión» y ha recordado que el presidente del CSIC «es nombrado por el Consejo de Ministros».

Asimismo, ha anunciado que Podemos va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de Andalucía del delegado institucional del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer, y del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, «para que aclare esta situación y explique las medidas legales que la Junta va a llevar a cabo para paralizar el proyecto de gas». En ese sentido, Barranco está convencida de que «ya ha llegado el momento» de pasar a la acción para paralizar el citado proyecto de Gas Natural. Asimismo, la parlamentaria de Podemos ha considerado también «fundamental» que el CSIC aclare la «propia posición oficial del organismo sobre Doñana».

Barranco ha criticado que «esta maraña pueda servir al final para lavar la cara del PSOE respecto al proyecto de almacenamiento y extracción de gas», cuando éste, según apostilló, «no sería posible sin la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que emitió el Gobierno andaluz aun sabiendo que incumplía directivas europeas, que había sido troceado y que no cumplía la legislación básica».

No obstante, la diputada de Podemos agradece la «rectificación» que, a su juicio, está protagonizando el PSOE «en los últimos tiempos», y le ha dado la «bienvenida a la defensa de Doñana», de la que Podemos Andalucía nunca se ha salido desde su llegada al Parlamento autonómico, según reivindicó Barranco. En esa línea, garantizó que Podemos mantendrá una actitud de «oposición leal» y «apoyará» al Gobierno de Susana Díaz «si está realmente interesado en paralizar el proyecto», para lo cual le ha exigido que «vaya de una vez a los tribunales, actúe de una vez por todas y se deje de la política de anuncios«.