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La Junta de Andalucía confirma que son «leves» las consecuencias del derrame de crudo de Cepsa próximo a Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, explicó que el derrame de unos 50 litros de crudo provenientes de una incidencia en la monoboya a unas 12 millas de la costa de la refinería de Cepsa con un buque que descargaba afectó «levemente en una línea muy fina» a un kilómetro de playa del Espacio Natural de Doñana, concretamente alrededor de la zona de Cuesta Maneli.

Fiscal relató que «los técnicos y personal de la empresa han estado trabajando retirando restos de hidrocarburo», así como que se ha inspeccionado desde Matalascañas hasta Mazagón para comprobar si, tras las mareas, ha podido llegar alguna cantidad más a la playa. En este sentido, ha dejado claro que «las consecuencias afortunadamente son leves», pero no le restó importancia «porque ha llegado al parque natural» aunque «parece que más allá de ese kilómetro afectado no va a haber mucho más«.

Al respecto, ha precisado que «es sabido que Doñana es frágil, por eso extremamos el celo cada vez que tenemos noticia de alguna cuestión que pueda perjudicarla y ante algún incidente que, en este caso, afortunadamente ha sido muy leve«. En esta línea, ha recordado que la Delegación de Medio Ambiente en Huelva ha abierto un expediente informativo para conocer todos los extremos. «En principio se habla de esa cantidad y veremos qué es lo que hay», apuntó el consejero.

Respecto a la polémica surgida con Madrid tras el derrame sobre si se había comunicado al Gobierno en el momento preciso, Fiscal sostuvo que «sí hubo» comunicación mientras que las competencias, cuando aún no había llegado a tierra el vertido, eran del Estado. Así se pronunció tras la petición de la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, para que rectificara sus críticas y no tratase de «ocultar los problemas de coordinación interna del Gobierno andaluz culpando a los demás»,

No obstante, ha dejado claro que la comunicación y el trabajo conjunto entre las dos administraciones en situaciones de emergencia en general y medioambientales en particular es «es muy bueno, como se ha demostrado en incendios forestales, y esto no lo va a empañar». De hecho, señaló que estuvo hablando con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, «y hablamos con el mejor tono posible entre las dos partes».

La Junta de Andalucía autoriza acciones legales para intentar impedir los proyectos de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, firmó una orden para que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía inicie acciones legales por vía contencioso administrativa contra la negativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a evaluar de forma conjunta de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana y para solicitar la paralización cautelar del subproyecto ya en marcha, denominado Marismas Occidental.

Según indicó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, los argumentos del recurso contencioso administrativo que interpondrá la Junta se recogen en los informes del Defensor del Pueblo Español y Andaluz, así como en una respuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que considera que el riesgo sísmico del proyecto es suficiente para suspender su ejecución. El recurso del Ejecutivo andaluz también tendrá en cuenta el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que alerta de que la promotora del proyecto «habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones» en el caso del subproyecto Marismas Occidental.

Según Blanco, la evaluación «por separado» de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «no ha abordado los efectos acumulativos del proyecto en su conjunto», por lo que la Junta va a plantear un recurso contencioso administrativo para exigir su «evaluación conjunta por vía legal«. De este modo, el portavoz ha concretado que el Gobierno andaluz adopta esta decisión al no haber obtenido respuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al requerimiento realizado el pasado mes de diciembre que solicitaba una evaluación conjunta y pedía instar al Ministerio de Energía la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental.

Así las cosas, ha insistido en que la Junta reacciona y recurre «por riesgos evidentes según instituciones de solvencia» y que lo hace pensando en garantizar la seguridad de los ciudadanos y no en las posibles reclamaciones patrimoniales que pueden producirse. En este sentido, explicó que será el gabinete jurídico el que precise «qué procedimiento, medidas y pasos hay que dar en las próximas semanas».

Los 4 proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona, Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar, cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Administración central en el ejercicio de sus atribuciones.Ha recordado que en el ámbito competencial autonómico, y de acuerdo con las normas de planificación, uso y gestión del Espacio Natural de Doñana, la Junta denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a uno de los subproyectos (Marismas Oriental) por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está estrechamente conectado.

El de Saladillo carece de la autorización de la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos para actuar en suelo no urbanizable, mientras que el único que dispone de permiso de explotación (Marismas Occidental) está localizado fuera del territorio protegido. La paralización del proyecto se solicita como medida preventiva en tanto se lleva a cabo la evaluación conjunta.Por otra parte, los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016 extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

El PSOE rechaza el gas

Por su parte, el senador por el PSOE de Huelva, Manuel Guerra, remarcó el «posicionamiento claro» de la Junta de Andalucía contra el proyecto de almacenamiento de gas en el espacio natural de Doñana y subrayó «su defensa absoluta» del medio ambiente. En este sentido, Guerra destacó que la postura de la administración regional responde a que «el Ministerio no ha tenido en cuenta los reiterados requerimientos de la Junta», la cual ha querido tener «una actitud leal» pero se ha encontrado con «la cerrazón» del Gobierno en esta materia.

Según apuntó, «la cerrazón del Gobierno no puede suponer un perjuicio para nuestra comarca». «Nosotros tenemos un posicionamiento claro de defensa absoluta del Espacio Natural de Doñana», proclamó, incidiendo en que este proyecto tendría «un impacto negativo en este territorio, hipotecándolo para el futuro». Por ello, el senador socialista reiteró que la Junta «va a poner en marcha todos los medios legales a su alcance para evitar el disparate que sería la ejecución de este proyecto en un espacio que tiene el mayor valor ambiental de todo el continente europeo».

El Parlamento Europeo enviará una misión este año para investigar el proyecto gasista en Doñana pero no pedirá su paralización

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EFE / Europa Press.- El Parlamento Europeo aceptó una solicitud de Izquierda Unida de enviar una delegación parlamentaria para evaluar sobre el terreno los riesgos del proyecto de Gas Natural Fenosa para almacenar y extraer gas en el entorno del parque natural de Doñana.

La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la sueca Cecilia Wikstrom, anunció que una comisión de eurodiputados visitará Doñana en el segundo semestre del año para «examinar con sumo cuidado» todas las visiones sobre la cuestión y que seguirán «muy de cerca» todas las medidas que se tomen al respecto. «Vamos a enviar una carta a la Comisión Europea para que nos aclare mejor lo expuesto. También a la Junta de Andalucía, para conocer qué medidas está tomando y mostrar preocupación sobre el deterioro de la zona en relación con los acuíferos, y al Ministerio de Medio Ambiente para abordar los riesgos sísmicos de proyecto», agregó Wikstrom.

Sin embargo, la Eurocámara no ha considerado oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. En este sentido, el representante del organismo europeo ha especificado que la comisión «tiene la práctica de no hacer investigaciones paralelas», por lo que no considera viable intervenir, habida cuenta de que el caso ya se encuentra sub iudice ya quela Junta de Andalucía ya ha iniciado el procedimiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la falta de acción estatal.

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía e impulsor de la petición, Antonio Maíllo, se mostró «muy satisfecho» por la decisión de los eurodiputados de enviar una delegación que permitirá a los eurodiputados, según afirmó, «ver y reconocer» los peligros del proyecto. «Conseguir que haya un compromiso para que una misión de investigación del Parlamento Europeo visite Doñana es una magnífica noticia para los que creemos que, cuando conozcan in situ los peligros que atañen este proyecto, se acelerarán los pasos para paralizarlo», afirmó. Por su parte, el representante de la Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, afirmó que los resultados de la investigación del ejecutivo comunitario no revelaron «ninguna infracción de las normas europeas».

Gas Natural ejecuta desde 2016 el proyecto de Marismas Occidental en Almonte, una de las cuatro partes en las que está dividido su plan para el entorno de Doñana, y que ha suscitado críticas desde distintos partidos políticos y ecologistas. Los críticos del proyecto piden al Gobierno que paralice cautelarmente los trabajos y realice una Declaración de Impacto Ambiental conjunta de las cuatro partes del proyecto frente a la individualizada de cada una con la que se cuenta ahora. «El subsuelo de Doñana no entiende de fragmentaciones, ni trámites administrativos, ni de zonas más o menos amenazadas. Todas están interrelacionadas», advirtió Maíllo en este sentido.

Ecologistas lamentan la no paralización

Asimismo, los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción destacaron la visita al espacio natural de Doñana anunciada por el Parlamento Europeo a cuenta de la petición de Izquierda Unida para que se instara a la paralización del proyecto para la explotación y almacenamiento de gas en el subsuelo de este enclave, reclamación que ha sido desestimada por la Eurocámara, algo que lamentaron estas asociaciones.

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, considera «importante» que desde Europa haya interés en involucrarse en la situación de Doñana, en que se les explique el proyecto y se remitan cartas, «especialmente a la Junta, que entendemos volverá a reiterar su oposición y podrá explicar el por qué a la Comisión Europea«. «Es una de las opciones para que el proyecto de gas natural pueda enterrarse definitivamente. Se trata de una vulneración clara de la normativa europea y quien mejor puede comprobarlo e iniciar acciones contundentes para poner fin al proyecto», asevera Carmona.

Con todo, el portavoz de WWF apunta a que hubiera sido deseable que directamente se apostara por instar a la paralización, al menos hasta las comprobaciones pertinentes, si bien, «es un buen paso que desde Europa se preste atención a un proyecto que no tiene ningún sentido», apostando al respecto por energías renovables ante las consecuencias de los combustibles fósiles de cara al cambio climático.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha señalado que el gasífero es un modelo energético que Europa «no ha desestimado», dadas las «presiones de determinados grupos o lobbys«, y pretenden «no entrar en contradicciones«. «Hubiese sido más acertado solicitar la paralización cautelar», apunta Romero, que ve que el Parlamento podía haber apelado a «argumentos legales» en el sentido de una legislación europea «contundente» relativa a las directivas hábitat o de aves, «al menos para analizar minuciosamente la documentación».

A juicio del portavoz de Ecologistas, «se les ve el plumero». Añade que «aún no se enteran de que el cambio climático es una realidad y que las renovables son el presente y el futuro del empleo y del planeta», para culminar haciendo hincapié en que el colectivo ha recurrido el asunto «con todas las esperanzas de que la legislación española tumbe un proyecto obsoleto, inútil y que pondría en solfa el futuro del parque».

El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la electricidad e insiste en cuestionar los proyectos gasistas en Doñana

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EFE.- El Defensor del Pueblo considera que en España la electricidad está regulada más como un producto que como base «indispensable» de derechos fundamentales y ha recomendado que se aplique a la energía eléctrica un tipo reducido de IVA como el que tienen los alimentos básicos.

El Defensor del Pueblo recuerda que la energía eléctrica es esencial para una vida digna y recuerda que la muerte en el incendio de su vivienda de una anciana en Reus (Tarragona) que se iluminaba con velas puso de manifiesto «las carencias de un sistema que no estaba concebido para proteger los derechos de las personas y la necesidad de mejorarlo». A juicio del Defensor del Pueblo, «la electricidad en España aún dista de estar considerada como base material indispensable de los derechos fundamentales» y «su regulación se asemeja más a la de un producto o un servicio del que se pueda prescindir, o accesible únicamente a quien pueda pagarlo».

El Defensor del Pueblo considera que se han dado pasos para reconocer el carácter esencial del suministro eléctrico, como la nueva regulación del bono social, que hasta la fecha ha tenido «un diseño técnicamente defectuoso«, que ha hecho que personas con dificultades de pago estuvieran excluidas y al mismo tiempo se destinaran recursos del sistema «a financiar la factura eléctrica de quienes no lo necesitan».

La institución señala también que ha analizado el coste de la electricidad en España, que es el segundo más caro dentro de la Unión Europea para consumidores domésticos después del de Irlanda, y critica que la factura eléctrica se esté empleando «para distribuir el coste de decisiones regulatorias que no tienen relación con la lógica de mercado», por lo que demanda implantar criterios de equidad en la distribución de costes.

Recuerda, asimismo, que la electricidad está gravada con un IVA del 21% y con un impuesto especial, similar al que existe sobre productos como el alcohol o el tabaco, «a pesar de ser un bien esencial para la vida», y reclama que se aplique un tipo reducido de IVA a la electricidad. El Defensor señala que seguirá reclamando que se reduzca la parte fija de la factura eléctrica no sólo por su incidencia en el precio, sino porque también incide en el ahorro de energía, para lo que también pide a la Secretaría de Estado de Energía que transponga la directiva que obliga a instalar en las viviendas sistemas de contabilización individualizada del consumo energético.

También reclama a ese departamento que modifique la norma por la que un consumidor sólo puede modificar la potencia que tiene contratada una vez al año y que sólo se cobre el alquiler de los nuevos contadores eléctricos si verdaderamente están integrados en el sistema de telegestión. Además, insta a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y al Ministerio de Energía a dar solución a la desinformación que tienen la mayoría de los consumidores acerca de si están en el mercado libre o en el regulado.

Revisar impacto ambiental en Doñana

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha alertado de que un año más la actividad más contaminante reflejada en las más de 700 quejas relacionadas con el medio ambiente es promovida o amparada «en muchas ocasiones» por las administraciones públicas, aplicando la legislación ambiental de manera formal, limitándose a tramitar los procedimientos, pero sin hacer un verdadero análisis de las repercusiones reales de proyectos, cuya afección al medio ambiente «puede ser muy significativa«. Así consta en el Informe anual de la actividad de 2017 del Defensor del Pueblo que en términos generales constata también una mayor preocupación ciudadana por la protección y defensa del medio ambiente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.

El Defensor destaca como «caso paradigmático» el de los proyectos de explotación y almacenamiento de gas subterráneo en el entorno de Doñana, un caso en el que se considera que la evaluación efectuada «no es concluyente» por lo que ha sugerido al Ministerio de Medio Ambiente que revise las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 proyectos de explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, incluida la valoración de las distintas alternativas al almacenamiento de gas, del riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero. Además, solicita al Ministerio de Energía que suspenda los trabajos de Marismas Occidental, en tanto se realiza la evaluación.

Energía no concederá el permiso final al proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana sin el visto bueno del IGME

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EFE.- Mientras el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía está ultimando el recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno central de no evaluar de forma conjunta los impactos de los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital indicó que no concederá el permiso final para la puesta en funcionamiento del proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana sin el visto bueno del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Así respondió el Ministerio a una pregunta planteada por el coportavoz federal y diputado de EQUO, Juan López de Uralde, que hacía referencia a unas informaciones sobre que el IGME había detectado «alta peligrosidad» en uno de los almacenes de gas planteados en Doñana. En dicha respuesta se señala que «según lo previsto en la autorización, las instalaciones no podrán entrar en funcionamiento hasta que el propio IGME valide estos estudios adicionales. El Ministerio no permitirá la puesta en marcha del proyecto en tanto dichas modificaciones no se realicen satisfactoriamente».

Según se desprende de su respuesta, pese a la Autorización Ambiental Unificada positiva, el Ministerio condiciona la autorización definitiva al cumplimiento de todos los requisitos ambientales, de seguridad, etcétera. Desde EQUO, convencidos de que no se cumplen, han vuelto a pedir la paralización cautelar de la ejecución del proyecto Marismas Occidental, cuya primera fase está actualmente en ejecución, hasta conocer la valoración definitiva del Instituto Geológico y Minero de España.

«No tiene sentido continuar con los trabajos previos si luego la autorización no se va a conceder, no pretendan luego reclamar compensaciones por la inversión ya realizada. Lo mejor que puede hacer Gas Natural es irse de Doñana ya», ha incidido la portavoz de EQUO en Huelva, Isabel Brito. EQUO reclama desde el primer momento, tanto mediante la movilización en las calles como con iniciativas en las distintas instituciones, la paralización de este proyecto gasístico, para el que recientemente desde EQUO Huelva, y tras reunirse con la subdelegada del Gobierno, ha solicitado la retirada de la declaración de interés general.

La Junta prepara un recurso

«Se está ultimando para presentarlo de forma inminente», ha asegurado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que ha recordado que su departamento hizo un requerimiento oficial al Ministerio para que evaluara de forma conjunta los impactos de los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «a tenor de los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del IGME, que alertaban de determinados peligros que no habían sido tenidos en cuenta».

«No se nos contestó y el gabinete jurídico emprendió la elaboración de ese contencioso contra la decisión del Gobierno de no evaluar de manera conjunta los cuatro proyectos de gas natural», ha explicado, tras lo que interpretó que no lo ha hecho porque si lo evaluara de forma conjunta, el proyecto «decae absolutamente«. No obstante, recordó que la norma permite a la Junta impedir que «ni un solo metro cruce el espacio natural de Doñana, lo cual invalida el conjunto» y de ahí que Gas Natural Fenosa haya hecho una reclamación patrimonial a la Junta de 359 millones de euros.

Salvemos Doñana registra casi 200.000 firmas pidiendo al Estado la paralización del proyecto de gas planteado por Gas Natural Fenosa

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Europa Press.- La Plataforma Salvemos Doñana, en la que se incluyen hasta 214 organizaciones adheridas, ha registrado en la Delegación del Gobierno de Andalucía un total de 197.000 firmas para solicitar al Ejecutivo de Mariano Rajoy la cancelación definitiva del proyecto Marismas de almacenamiento de gas natural en el subsuelo del espacio. A la entrega han acudido representantes de algunas de las organizaciones que conforman la plataforma que defiende este entorno natural.

En nombre de Salvemos Doñana, Juan Romero ha advertido tanto al Gobierno central como al Ejecutivo autonómico que «el subsuelo de Doñana no es una infraestructura industrial para que una empresa multinacional venga a hacer negocio a costa de un bien público». Tras recordar las acciones que ha realizado la plataforma para pelear contra el proyecto de gas, Romero ha incidido en que hay nueva información que respalda sus reclamaciones, como el Instituto Geológico Minero, que «ha aportado documentación que recoge que se trata de una zona inundable», así como también ha criticado que «se ha obviado» el riesgo sísmico que hay en la zona.

«Queremos que el Gobierno central modifique la Declaración de Impacto Ambiental y que la Junta, de oficio, modifique la Autorización Ambiental Unificada», ha agregado el portavoz, que ha avisado a Gas Natural Fenosa y a las administraciones que apuestan por el gas de que «no nos vamos a cansar hasta parar este proyecto». «Tenemos la esperanza de que a esto le quede dos telediarios», zanjó.

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha hecho hincapié en que «es la sociedad civil organizada la que va a conseguir salvar el patrimonio que es de todos, mientras quienes gobiernan en no pocas ocasiones están pensando en cálculos electorales». Además, ha subrayado que el proyecto de gas «no aporta absolutamente a la ciudadanía»: «No hay nada de contrapartida, convertimos nuestra joya natural más preciada en un almacén de gas para que se lucren multimillonariamente los que nos cortan la luz y nos dejan en la pobreza energética a cambio de absolutamente nada, y teniendo sobre la mesa nuevos elementos que nos permiten parar el proyecto«, sentenció Rodríguez.

Por eso, ha dicho que el partido morado tiene muchas esperanzas en que las firmas registradas «generen reacciones», al tiempo que ha recordado al Gobierno autonómico que «tiene que cumplir sus compromisos» y, por tanto, emprender acciones legales contra el proyecto. «Estaremos ahí para, erre que erre, recordar a la Junta que debe cumplir con los compromisos y no sólo hacerse la foto con las plataformas», ha proseguido Teresa Rodríguez, quien ha insistido en que «si conseguimos parar esto será obra de la sociedad civil organizada de Andalucía que defiende el patrimonio de nuestros hijos».

De su lado, el líder andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, instó a la Junta a denunciar al Gobierno central ante el Tribunal de Justicia de Estrasburgo por permitir el desarrollo del proyecto de Gas Natural. Ha defendido que para lograr paralizar este proyecto es necesario que la Junta «pase a la acción«, toda vez que ha reiterado que su formación está totalmente «en contra de que se metan en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas», lo que convertiría esta joya de Andalucía en «un polígono industrial». Según Maíllo, «Marismas Occidental es un proyecto especulativo que demuestra que las puertas giratorias existen y funcionan perfectamente».

López de Uralde, de Equo, ha señalado que este proyecto de Gas Natural «no hace falta», de manera que «además de los impactos medioambientales o de que los estudios de impacto ambiental se han dividido en 4 subproyectos para saltarse ilegalmente la normativa ambiental, es innecesario». «El Gobierno tiene la obligación de parar este proyecto, que no tiene sentido», sentenció antes de advertir de que puede ocurrir lo mismo que en el caso del Castor.

Salvemos Doñana ha mantenido recientemente una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para intercambiar información sobre las diferentes acciones que la administración ambiental y la plataforma ciudadana han realizado y tienen previstas para lograr un objetivo que es «común al 100%» para ambas entidades, que es la cancelación definitiva del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural, incluidos todos y cada uno de los 4 subproyectos que integra.

En esta segunda reunión, ya que la primera fue en primavera del año pasado, Fiscal recordó a la plataforma que la Junta ha elevado un requerimiento al Gobierno central y considera que tiene las herramientas necesarias para abrir la vía contencioso-administrativa, a la cual «el consejero se ha mostrado totalmente convencido de que van a llegar«. Salvemos Doñana, por su parte, ha informado al responsable autonómico de que va a seguir apostando por las acciones para informar a la ciudadanía y lograr la movilización tanto de los habitantes de la comarca como de la sociedad.

La asamblea está organizando una hoja de ruta con acciones participativas, propuestas de movilización y encuentros informativos «para que nadie se quede con la duda sobre la importancia de cancelar el almacén de gas en Doñana». El colectivo ciudadano apoya un cambio de enfoque en la zona para impulsar la lucha contra el cambio climático con un modelo energético que cree empleo verde en sus municipios y base el desarrollo local en las energías renovables.

Andalucía ve «disparatadas» las palabras de Nadal sobre el almacén de gas de Doñana y recalca la responsabilidad del Gobierno

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, considera «disparatadas» las declaraciones del ministro de Energía, Turismo, Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre el almacén que Gas Natural tiene previsto construir en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, en las que «decía que la evaluación ambiental de los proyectos correspondía a la Junta de Andalucía cuando cualquiera sabe que es una competencia exclusiva del Gobierno de España».

En este sentido, Fiscal tachó de «desafortunadas» estas declaraciones de Nadal y ha afirmado «que de alguna manera el ministro pretendía hacer recaer la responsabilidad de esta asunto en el Gobierno de la Junta de Andalucía». Así, Fiscal señala que «esto obedece a que el Gobierno se ha quedado solo, ya que todo el mundo está en contra de esteproyecto excepto el PP y el Gobierno de España, y me refiero a la Junta, a los ayuntamientos de la zona, a las organizaciones ecologistas, a las organizaciones agrarias, colegios profesionales, universidades, comunidad científica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Geológico Minero de España, en resumen, todo el mundo, lo que ha hecho que el ministro diga estos disparates».

Además, y sobre las últimas actuaciones llevadas a cabo por su departamento, ha destacado que «están utilizando todas las herramientas jurídicas y administrativas, para en lo que dependa de ellos, frenar el proyecto» y ha recordado que «han presentado un requerimiento ante el Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de los 4 subproyectos y no de uno en uno». Pero, añade, el Gobierno «hasta ahora no ha contestado y, cuando conteste, analizaremos la cuestión, porque tal y como dijimos, según esta contestación, el gabinete jurídico de la Junta iniciará acciones judiciales«, porque «entendemos que este no es lugar para un almacén de este tipo y vamos a blindar el Espacio Natural de Doñana».

En este sentido, apunta que «han impedido que se adentre en el espacio natural protegido» y «mientras nosotros estemos aquí ni un solo metro de este proyecto atravesará Doñana, de eso pueden estar los andaluces tranquilos. Hay que recordar que Nadal aseguró que el almacén de gas Marismas Occidental no obtendrá del Gobierno una licencia de funcionamiento sin un “visto bueno 100%” de la Junta de Andalucía y del Instituto Geológico Minero de España (IGME), que elaborará dos estudios, de ámbito geológico y sísmico. Nadal ha señalado que este proyecto tiene actualmente un informe de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo andaluz, pero su departamento, después de lo ocurrido con el Proyecto Castor, decidió encargar una evaluación al IGME.

Nadal asegura que el almacén de gas de Doñana no funcionará sin el «visto bueno» de la Junta de Andalucía

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo, Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que el almacén de gas Marismas Occidental, que Gas Natural Fenosa tiene previsto llevar a cabo en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, no obtendrá del Gobierno una licencia de funcionamiento sin un «visto bueno 100%» de la Junta de Andalucía y del Instituto Geológico Minero de España (IGME), que elaborará dos estudios, de ámbito geológico y sísmico.

En la Comisión de Energía del Congreso, Nadal ha señalado que este proyecto tiene actualmente un informe de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo andaluz, pero su departamento «por prudencia» y después de lo ocurrido con el Proyecto Castor, decidieron encargar una evaluación al IGME. Según ha insistido, si no está garantizada la seguridad de la zona por parte de estos dos actores, el almacén de gas que se pretendía construir en la zona conocido como Marismas Occidental, no se llevará finalmente a cabo. «Jamás con una declaración medioambiental desfavorable lo ordenaríamos», ha aseverado.

Sin embargo, la portavoz de Unidos Podemos, Isabel Franco, ha acusado al ministro de conocer ya el resultado del informe del IGME que, según ha señalado, acusa a Gas Natural Fenosa de «rebajar» el nivel de riesgo de inundaciones de la zona que, según el instituto, debería ser declarada «de alta peligrosidad». En este sentido, ha pedido que se haga público ya el documento para poder acceder a esa información.

En este sentido, el ministro se refirió al anuncio que el Ejecutivo andaluz realizó sobre su intención de revocar el informe favorable sobre este proyecto. Una decisión que Nadal ha animado a llevar a cabo «por los medios adecuados», es decir, a través de procesos administrativos y no «con declaraciones públicas». El ministro ha indicado que lo que no puede pasar es que el Gobierno tenga ahora un documento favorable «y luego se le pida que deniegue la ordenación de funcionamiento«. A estas palabras se ha unido el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, quien ha aplaudida “la autoenmienda”.

Nadal ha tenido que enfrentarse también a las críticas vertidas por el PSOE. La portavoz socialista, Josefa Inmaculada González, ha demandado al ministro la paralización definitiva del proyecto y señaló que la seguridad no está garantizada en el entorno del Parque Natural si no se hace una evaluación de impacto «acumulativa» de los 4 almacenes. Se refiere así al resto de proyectos de Gas Natural Fenosa en la zona, conocidos como Marismas Oriental, Aznalcázar y Saladillo. El primero, según explicó Nadal, ya cuenta con un informe desfavorable de la Junta desde 2016, mientras que los otros están pendientes de evaluación.

Sin embargo, Nadal ha apuntado que su departamento, aunque tome decisiones en base a los informes de impacto ambiental, no tiene competencias en esta materia, sino que, en este caso, la autoridad es la Junta. «Una cosa es que nosotros siempre priorizamos los sistemas de seguridad ambiental, y otro que seamos nosotros los responsables de hacerlos», insistió. Del mismo modo, ha tranquilizado a los partidos de la oposición que han mostrado su preocupación por la seguridad de este proyecto: «Descuiden, nosotros no vamos a cometer el error que se cometió con el proyecto Castor», concluyó.

El PSOE pide un estudio de impacto conjunto del almacén de gas en Doñana y la paralización de las obras

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Europa Press.- El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, acompañado por parlamentarios, diputados, alcaldes y dirigentes locales del entorno del Parque Nacional de Doñana, ha pedido un estudio de impacto conjunto de los proyectos de Gas Natural Fenosa en la zona y la paralización de estas obras. De esta forma, los socialistas onubenses han querido “despejar el más mínimo resquicio de duda que pudiera subsistir sobre la postura que el PSOE mantiene en relación al proyecto de gas en Doñana”.

De este modo, el secretario general de la Ejecutiva Provincial, Ignacio Caraballo, criticó el proyecto a las puertas de Marismas Occidental, denominación del primero de los cuatro subproyectos en que ha quedado dividida una actuación que, «a juicio de todos, excepto del Gobierno y de la empresa proponente, requiere un estudio sobre su conjunto y no por separado, para conocer el impacto real, si existe riesgo y si es viable».

Así, la cúpula del PSOE onubense ha querido expresar «su absoluto rechazo» al proyecto y ha pedido que se paralice de manera inmediata «la ejecución de Marismas Occidental, en tanto en cuanto el Gobierno no adopte la decisión de evaluar el impacto ambiental sobre el conjunto de los cuatro subproyectos». «Lo primero es que estamos en contra absolutamente de que Doñana sirva de almacén de gas; lo segundo es que no se puede jugar al engaño permanente, haciendo creer a los ciudadanos que no existe peligro porque la realidad es que el Gobierno no lo sabe con certeza; lo tercero es que es un clamor social, nadie quiere este proyecto, por tanto, el Ejecutivo debe pararse a reflexionar», remarcó Caraballo.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha dicho, en nombre de todos los alcaldes socialistas del entorno, que suscribe la petición de paralización y la exigencia de la declaración conjunta del proyecto. «Pedimos impulsar cuantas acciones legales procedan para detener cautelarmente su ejecución», ha continuado Caraballo. Para los socialistas, «Doñana no es el lugar más idóneo para almacenar gas, nos hemos negado a ello desde el seno del partido y desde la Junta de Andalucía», ha continuado.

En esta línea, ha pedido al Gobierno del PP que «recapacite y dé su brazo a torcer». «Si al PP no le importa Doñana, a nosotros nos importa, y mucho. Pedimos al Gobierno que se rinda. Es la primera vez que una comunidad autónoma deniega una Autorización Ambiental Unificada (AAU) a un Gobierno que ha emitido ya su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, lo que demuestra la seriedad y contundencia con la que ha actuado la Junta de Andalucía», ha afirmado el dirigente socialista.

Según ha sostenido, «las tesis que defienden tanto el Gobierno andaluz como los socialistas onubenses vienen avaladas por las posturas adoptadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, primero, y por el Defensor del Pueblo Español, después, así como de la Delegación del CSIC». Ha recordado que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido paralizar el proyecto en su conjunto y su impacto, así como estudiar los riesgos sísmicos que podría provocar esta actuación.

Cita al Defensor del Pueblo

Por su parte, relató que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los 4 subproyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, además de sugerir que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas. De esta manera, como ha reiterado, se pretende valorar las distintas alternativas al almacenamiento de gas y garantizar que Doñana y su entorno no se vea negativamente afectado. Este organismo se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro subproyectos.

La emisión de estos informes de estos organismos se produce después de analizar la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España en la que se advertía de la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los mismos por separado». Además, este informe también generaba dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados, además de considerar que las evaluaciones individuales de los mismos «no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico«. De esta manera, el Defensor ha solicitado al Ministerio de Energía que aclare el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcázar, así como la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su permiso la Junta.

Por su parte, Caraballo ha subrayado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta ya está dando pasos para emprender acciones legales con que paralizar en el ámbito de sus competencias el proyecto del gas en el entorno de Doñana. De hecho, ha presentado un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente como paso previo a un futuro recurso contencioso administrativo.

Esta decisión se ha adoptado tras ser «desoída la exigencia de la Junta de que el Gobierno central modifique las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan los cuatro subproyectos en que se ha dividido el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana y de que se instase al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que llevara a cabo la paralización de Marismas Occidental y una evaluación conjunta de dichos proyectos».

Tras tener conocimiento de que el Instituto Geológico y Minero ha advertido en un informe interno de que Gas Natural «rebajó la peligrosidad por inundaciones al acuífero en su estudio de riesgos obligatorio para la autorización de puesta en servicio y se avisa de que la nueva normativa que limita los usos en el dominio hidráulico puede afectar al proyecto, hemos solicitado oficialmente, desde la Junta, la remisión de dicho informe. Que no se demore más. Celeridad es lo que necesita este asunto», ha concluido.

Salvemos Doñana se reúne con la Junta de Andalucía para impulsar acciones que cancelen el almacén de gas

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Europa Press.- La Plataforma Salvemos Doñana ha mantenido recientemente una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para intercambiar información sobre las diferentes acciones que la administración ambiental y la plataforma ciudadana han realizado y tienen previstas para lograr un objetivo que es «común al 100%» para ambas entidades, que es la cancelación definitiva del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural en Doñana, incluidos todos y cada uno de sus 4 subproyectos.

En esta segunda reunión, ya que la primera fue en 2017 según ha precisado el colectivo, Fiscal ha informado a la plataforma de que la Junta ha elevado un requerimiento al Gobierno central y considera que tiene las herramientas necesarias para abrir la vía contencioso-administrativa, a la cual «el consejero se ha mostrado totalmente convencido de que van a llegar«.

Salvemos Doñana, por su parte, informó al responsable autonómico de que va a seguir apostando por las acciones para informar a la ciudadanía y lograr la movilización tanto de los habitantes de la comarca como de la sociedad en general. Para ello, se han abierto de nuevo las diversas páginas de recogida de firmas digitales, que permiten a todas las personas apoyar de forma «eficaz» la petición a los gobiernos autonómico, central e incluso europeo de que sea cancelado. A primeros de febrero se hará entrega en registro oficial de los «muchos miles» de firmas y apoyos recogidos para proteger Doñana, «que está amenazado de contaminación y deterioro, así como de riesgo sísmico y otros perjuicios ocasionados por este proyecto«.

Asimismo, Salvemos Doñana está organizando una hoja de ruta con acciones participativas, propuestas de movilización y encuentros informativos «para que nadie se quede con la duda sobre la importancia de cancelar el almacén gasista en Doñana, la necesidad de proteger los recursos naturales y que la oportunidad de lograrlo viene de la mano de la unión de todo el mundo para proteger el humedal y el paraíso andaluz que es Doñana». El colectivo ciudadano apoya un cambio de enfoque en esta comarca para impulsar la lucha contra el cambio climático con un modelo energético que cree empleo verde en sus municipios y base el desarrollo local en las energías limpias y renovables, «un enfoque viable, novedoso y de gran potencial».