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Energía cree que el coste de los 3.000 MW nuevos de renovables puede ser de apenas 40 millones al año

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Europa Press.- El Ministerio de Energía cree que los proyectos que ganen la próxima subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable estarán «muy cerca de mercado», de modo que su coste regulado puede oscilar entre 30 y 40 millones de euros anuales para el sistema eléctrico, según fuentes del departamento ministerial.

Las fuentes se muestran convencidas de que la introducción de nueva potencia renovable ahora sí podrá realizarse a un precio competitivo y contraponen el escenario actual con lo sucedido con el real decreto 661/2007. Por ejemplo, en aquel momento el precio del megavatio hora (MWh) fotovoltaico alcanzó los 490 euros, frente a entre 55 y 66 en la actualidad, aseguran. Energía calcula que, si se instalase ahora toda la potencia renovable incorporada desde 2007, el coste en incentivos regulados «habría sido 5.000 millones de euros inferior a los 7.000 millones actuales». La subasta se celebrará previsiblemente en este primer semestre.

Coste máximo de 176 millones

Según la memoria de orden ministerial en la que se regula la subasta, el coste máximo anual para el sistema derivado de la retribución a la inversión a los 3.000 MW renovables será de 176 millones de euros anuales a partir de 2019. Este escenario es el más costoso de los contemplados por Energía. Esta subasta, en la que la eólica y la fotovoltaica se presentan como las tecnologías con más opciones de adjudicarse megavatios, permitirá elevar en un 10% la potencia de renovables actualmente instalada en España, que supera los 30.000 MW. Esta será la segunda subasta después del levantamiento el año pasado de la moratoria a la instalación de nueva potencia renovable primada.

Sobre el autoconsumo de electricidad, el Gobierno se muestra dispuesto a incorporar novedades como parte de su acuerdo de investidura con Ciudadanos siempre y cuando esta actividad se realice de forma «eficiente». A partir de esta premisa, se atenderán los casos particulares de autoconsumo en los que una instalación no solo no genere sobrecostes, sino que contribuya a abaratar los de distribución. En esos casos, se podrán adoptar medidas para incentivar la instalación de sistemas de autoconsumo. El Gobierno, aseguran las fuentes, considera que hay margen para realizar mejoras técnicas en la normativa sobre autoconsumo y ha solicitado a los distintos grupos políticos que remitan sus propuestas sobre la materia.

La italiana Enel tuvo unos ingresos de 70.600 millones de euros en 2016, un 6,7% menos

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EFE / Servimedia.- La eléctrica italiana Enel generó unos ingresos de 70.600 millones de euros en 2016, un 6,7% menos respecto a los 75.700 millones de 2015, según los datos preliminares del 2016. Enel explicó que esta disminución en los ingresos se debió a factores como a una menor venta de energía eléctrica en los mercados maduros o a una reducción en las ventas de energía generada.

También se explican por los menores ingresos resultantes de las tarifas de distribución aplicadas en Italia y al tipo de cambio negativo, registrado particularmente en América Latina. El beneficio bruto de explotación (ebitda) se situó en 15.300 millones de euros en 2016, la misma cifra que en el ejercicio precedente. El grupo comunicó su endeudamiento financiero neto a finales de 2016 y dijo que alcanzó 37.600 millones de euros, un 0,3% más respecto a la cifra de diciembre de 2015. En 2016, Enel ha producido 261,8 teravatios-hora (TWh) de electricidad, frente a 284 TWh en 2015, ha distribuido en sus propias redes 426,0 TWh (427,4 TWh en 2015) y ha vendido 263,0 TWh (260,1 TWh en 2015), según sus datos.

Bruselas decidirá el 17 de febrero si son suficientes los cambios sobre los peajes eléctricos o sanciona a España

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no ceder el Gobierno la competencia al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno para cambiar la legislación, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

El pasado noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que respondió a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se comprometió a «despejar las dudas» y a adoptar las medidas necesarias para «permitir el cierre del expediente», según el contenido de la misiva. En la carta, el Gobierno comunicó que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias de la CNMC». Sin embargo, habrá un «mecanismo de doble lectura» en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

El Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que actualmente este organismo valida la metodología y el Gobierno fija los peajes, que suponen más de un tercio de la factura. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a esos peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año. Poco después de estrenarse en el cargo de ministro de Energía, Álvaro Nadal se reunió con el comisario Miguel Arias Cañete y otros responsables de ambos equipos para abordar, entre otros, el asunto sobre la regulación de las tarifas eléctricas en España.

Al respecto, fuentes gubernamentales indicaron que España comunicó a Bruselas, dentro del curso habitual de las comunicaciones que regularmente se tiene con la Comisión Europea, que está abierta a mejorar la regulación nacional y clarificar la metodología de tarifas en la línea solicitada. Así, se manifestó la voluntad de estudiar una reforma que sitúe en la CNMC la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. No obstante, para abordar esta reforma, como ya lo han hecho otros países como Francia, se solicita un periodo transitorio para poder adaptar la legislación. Fuentes ministeriales españolas explicaron que «se está trabajando para hacer una reforma que afecta al organismo supervisor» de manera que han pedido «tiempo a Europa».

En paralelo a la carta enviada de Madrid a Bruselas, el Gobierno y Ciudadanos anunciaron la pasada semana que han alcanzado un acuerdo para reestructurar los reguladores económicos que afectan al dossier. Entre esos cambios, se contempla que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia quede dividida en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro a la regulación de los mercados, como el de la energía. Bruselas espera ahora a ver en qué se traducen las intenciones legislativas manifestadas por el Gobierno y la nueva estructura de la CNMC.

Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la carta y aseguraron que la Comisión se encuentra analizando su contenido. Bruselas no cerrará en ningún caso el expediente solo con esta carta, sino que considera necesaria la aprobación de la nueva normativa. La portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, también confirmó que España remitió esa carta a Bruselas como parte del procedimiento de infracción. «Dado que el procedimiento está en marcha, el Estado miembro tiene que contestar a la Comisión Europea qué es lo que van a hacer para colocar la legislación nacional en línea con la legislación europea. Informaremos cuando el procedimiento esté cerrado o sobre los siguientes pasos si son necesarios», señaló.

La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE. Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del 2016 a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que se infringen las directivas comunitarias en la actual regulación española. Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, textualmente, que «las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)». «La experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia de los reguladores respecto a los gobiernos», asevera el dictamen.

En la misiva, el Gobierno español también se dice dispuesto a ampliar el número de agentes que gestionan las interconexiones, rompiendo así el monopolio que ahora está en manos de Red Eléctrica y Enagás. No obstante, Madrid supedita esa iniciativa a que la vecina Francia legisle en la misma dirección. Actualmente, hay cinco expedientes abiertos por la Unión Europea en temas de energía, cuatro de ellos que se espera se resuelvan en los próximos meses y un quinto, al que se refiere la citada carta, que el Gobierno quiere evitar que termine en el TJUE.

Tras un primer aviso en febrero de 2015, el 29 de septiembre la Comisión Europea pidió a España, por segunda vez, que adaptara adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones de electricidad y gas, ya que de lo contrario referiría el caso al TJUE. En esa llamada de atención, segunda de tres etapas, Bruselas señalaba que «la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas».

Endesa recurre el reparto del pago del bono social de 2016

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EFE / Europa Press.- Endesa ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden con la que se fijaron las cantidades que cada empresa debe aportar para financiar el bono social de 2016, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta orden establecía que los porcentajes con los que cada empresa distribuidora, de un total de 23, tenía que asumir el coste de esta herramienta que supone un descuento del 25% sobre el importe de la factura para determinados colectivos y cuyo coste total ronda los 200 millones.

Para este año, a Endesa le correspondía el 41%, a Iberdrola el 37,9% y a Gas Natural Fenosa, el 14,7%, acaparando prácticamente entre estas empresas la financiación del bono social de la luz. Otras 20 sociedades participarían en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%. Hay que recordar que el Tribunal Supremo anuló recientemente este sistema de financiación por hacer discriminaciones entre las empresas que deben pagarlo y considerarlo incompatible con la directiva europea. El Ministerio de Energía ultima un decreto ley para cambiar este modelo y que el coste se cargue a todas las comercializadoras.

En dos sentencias, en las que estima los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo (antiguamente E.ON España), la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo reconocía el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación. El bono social consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).

Gas Natural Fenosa gana 930 millones de euros hasta septiembre, un 15% menos, pero confirma sus previsiones para 2016

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Redacción / Agencias.– Gas Natural Fenosa obtuvo un beneficio neto de 930 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un descenso del 15% con respecto al mismo periodo del 2015, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo energético indicó que, considerando la venta de su participación del 20% en GNL Quintero (Chile) a Enagás, cuyo cierre está previsto en la primera quincena de este mes de noviembre y que supondrá una plusvalía neta de 50 millones de euros, la caída del beneficio neto sería del 10,4%. Eso sí, la compañía destacó que la evolución del ejercicio, “a pesar del entorno desfavorable”, hace prever que se cierre el año en torno a los 5.000 millones de euros de Ebitda y que su beneficio alcance entre 1.300 y 1.400 millones de euros, lo que confirma la implementación de su plan estratégico 2016-2020.

Precisamente el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, ratificó el nivel de ganancias previsto y también la política de dividendos de la multinacional, que destinará un 70% de sus beneficios a remunerar a sus accionistas. Villaseca asevera que Gas Natural está «perfectamente en línea» de cumplir con su objetivo de beneficios gracias, entre otros factores, a algunos ingresos extraordinarios previstos para el último trimestre del año. Asimismo, Villaseca indicó que también cabe esperar una mejor evolución tanto de los tipos de cambio de las monedas latinoamericanas, «que han tocado suelo y mejorarán claramente», y la «estabilización» de los precios de las materias primas energéticas.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó a cierre de septiembre en los 3.640 millones de euros, lo que supone un 6,8% menos, debido a un entorno macroeconómico en el que los precios de las materias primas energéticas han caído de forma significativa. Además, el efecto de la depreciación de las divisas, especialmente de Brasil y Colombia, tuvo un impacto negativo de 117 millones de euros. Sin este efecto, el Ebitda hubiese descendido un 3,8%. La actividad de distribución de gas aportó el 34,9% del Ebitda, la distribución de electricidad el 27,8%, la generación y comercialización de electricidad el 20,4% y el aprovisionamiento y comercialización de gas el 17%.

Por su parte, el Ebitda de las actividades en España representó el 55,1% del total y el 44,9% restante correspondió a las actividades internacionales. El Ebitda de la actividad de distribución de gas en España alcanzó los 653 millones de euros, un 1,8% menos, mientras que el de electricidad fue de 553 millones, cifra similar a la del 2015. Gas Natural Fenosa repartió un dividendo a cuenta 0,33 euros por acción en septiembre. Este pago forma parte de la política de dividendos para 2016-2018, que prevé un pay out anual del 70% con un mínimo de un euro por acción.

Por otro lado, el ebitda de la distribución de gas natural en Latinoamérica sumó 519 millones, un 1,6% más aunque, sin considerar el efecto provocado por el tipo de cambio, el ebitda habría crecido un 9%. En cuanto al ebitda de la actividad de infraestructuras, que incluye la operación del gasoducto Magreb-Europa, la gestión del transporte marítimo y la exploración, desarrollo, producción y almacenamiento de hidrocarburos, se elevó hasta septiembre a 221 millones, un 2,3% más. En cambio, la actividad mundial de aprovisionamiento y comercialización de gas aportó 398 millones al ebitda, un 33,1% menos.

La cifra de negocios del grupo presidido por Isidro Fainé alcanzó los 16.746 millones de euros entre el periodo de enero a septiembre, un 14,6% menos. Mientras, las inversiones materiales e intangibles ascendieron a 1.294 millones de euros, con un aumento del 23,9% debido, entre otros factores, a la incorporación, en el tercer trimestre, de un buque metanero por 206 millones de euros. Sin considerar este buque, la inversión crece el 4,2%. El principal foco inversor se situó en la actividad de distribución de gas natural, que representó el 36,6% del total de inversiones materiales e intangibles, frente al 32,1% de la distribución de electricidad.

En este trimestre, la energética adquirió el 37,88% de Gas Natural Chile por 306 millones de euros, elevando su participación hasta el 95%, y cerró la compra de la comercializadora irlandesa de gas y electricidad Vayu. Asimismo, el grupo indicó que en Chile está preparado para lanzar un importante plan de gasificación de acuerdo con la planificación de Gobierno, tras el inicio del proceso de reordenación y reestructuración societaria de sus actividades en el país. En lo que respecta a la filial de generación eléctrica internacional, Global Power Generation (GPG), el Ebitda alcanzó los 190 millones de euros, el 4,5% menos, debido fundamentalmente al menor Ebitda en México, que cayó un 6,1% afectado por el efecto de tipo de cambio.

A 30 de septiembre, el nivel de endeudamiento del grupo se situó en el 46,9%, porcentaje similar al de la misma fecha del 2015. La deuda financiera neta, de 16.144 millones de euros, sube un 0,7% con respecto a septiembre de 2015. El 91,1% de la deuda de Gas Natural Fenosa tiene vencimiento igual o posterior a 2018 y su vida media se sitúa en 5 años. A cierre de septiembre el grupo contaba con una disponibilidad de liquidez de 10.842 millones de euros, equivalente a todas las obligaciones financieras de más de 24 meses.

El Tribunal Supremo duda sobre si el Fondo de Eficiencia Energética es compatible con la directiva comunitaria

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Redacción / Agencias.- El Tribunal Supremo acordó plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley que establece las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al tener dudas sobre su compatibilidad con la directiva comunitaria de eficiencia energética. En concreto, el Supremo lleva a cabo esta cuestión sobre la Ley 18/2014, en el marco del recurso contencioso-administrativo presentado por Saras Energía contra la orden que establece las obligaciones de aportación de las empresas al Fondo en 2015.

El fondo fue creado a finales de 2014 y fija una aportación económica obligatoria de las compañías en proporción al volumen de ventas de energía de cada empresa. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida. El importe total del fondo asciende a unos 350 millones de euros, de los cuales la mayor contribución procede de las empresas, con más de 210 millones de euros al año. Desde su entrada en vigor en 2015, el aluvión de recursos ante el Tribunal Supremo por las empresas contra el esquema de reparto de las aportaciones al fondo ha sido constante.

Por eso, antes de resolver este recurso, el Supremo dicta un auto en el que plantea la cuestión prejudicial porque «tiene dudas de que la regulación española que se impugna en este procedimiento, sea compatible con una directiva de 2012». El Supremo ya tumbó recientemente el régimen de financiación del bono social de la luz al considerarlo incompatible con la directiva europea, estimando que no debía ser financiado por las compañías eléctricas, como ocurre desde 2014. En ese fallo, el Supremo ya consideró determinante la jurisprudencia del TJUE respecto a una consulta del Gobierno francés acerca de la posibilidad de aplicar un bono social del gas con una financiación parecida a la del bono español.

En esta cuestión sobre el Fondo de Eficiencia Energética, el Supremo plantea 5 preguntas al TJUE, entre ellas si es compatible con la Directiva comunitaria un sistema nacional que considera partes sujetas a las obligaciones de ahorro energético sólo a las empresas minoristas de venta de energía, como las comercializadoras, y no a los distribuidores. Asimismo, pregunta si es compatible con el artículo 7.1 y 7.9 de la Directiva 2012/27/UE una regulación de un Estado miembro que establece un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética cuyo cumplimiento consiste en una contribución financiera anual a un Fondo Nacional creado al amparo de la previsión del artículo 20.4 de dicha Directiva.

También plantea si es compatible con los artículos 7.1 y 20.6 de la Directiva 2012/27/UE una regulación nacional que contempla la posibilidad de cumplir las obligaciones de ahorro energético mediante la acreditación del ahorro conseguido como una alternativa a la contribución financiera a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética. De contestarse afirmativamente esta pregunta, el Supremo cuestiona entonces si es compatible con los citados artículos 7.1 y 20.6 de la Directiva la previsión de dicha posibilidad alternativa de cumplimiento de las obligaciones de ahorro energético cuando su efectiva existencia depende de que el Gobierno la desarrolle discrecionalmente por vía reglamentaria.

Según el esquema de aportaciones para este año, que asciende a unos 218 millones de euros, las empresas de Repsol, incluida la filial de Butano, deberán dedicar este año 42,8 millones de euros al fondo, frente a los 30,1 millones de Endesa o los cerca de 28 millones de Gas Natural Fenosa. Cepsa, con un 10,9% de las ventas, deberá aportar unos 22,74 millones, y la petrolera BP debe aportar 19,64 millones, frente a los cerca de 15 millones de las sociedades de Iberdrola, a las que Industria atribuye el 7,2% de la energía vendida al consumidor final. A Galp le corresponden otros 11,76 millones.

El Tribunal Supremo condena a una comercializadora de electricidad por incumplir el contrato de suministro y exime a la distribuidora

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Europa Press / Servimedia.- La Sala Primera del Tribunal Supremo confirmó una condena interpuesta contra dos entidades comercializadoras de energía eléctrica a las que atribuye la responsabilidad civil por incumplimiento de contrato de suministro de energía, rechazando así que esta responsabilidad deba recaer exclusivamente en la entidad distribuidora de la energía, que en este caso no ha sido demandada y con la que el usuario no tenía contrato alguno.

El pleno de la Sala considera que la ley atribuye a las comercializadoras la función de la venta de energía eléctrica a los consumidores sin ambages y de un modo directo y añade que, en este caso, «no cabe duda» de que la comercializadora, en calidad de suministradora, se comprometió a suministrar la energía «de acuerdo con unos estándares de calidad y continuidad». Por su parte, el cliente accedió a dicha contratación confiando en que la comercializadora respondiera de su obligación, no como una mera intermediaria sin vinculación directa, sino que cumpliese «con las expectativas razonables y de buena fe» de acuerdo al contrato celebrado.

Con estos argumentos, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra por Axpo Iberia y que condenaba a ésta y a Endesa Energía a indemnizar a Allianz Seguros con 991 euros y 7.198 euros respectivamente. Los hechos tuvieron lugar en 2010 cuando se produjo un siniestro eléctrico en la factoría que Euro Roca tenía en Porriño (Pontevedra) y que ocasionó daños materiales por valor de 8.190,18 euros. Por ello, concluye que existía un «vínculo contractual» de suministrar energía por parte de las compañías demandadas y que quedó acordada en el contrato una facultad de control acerca de la adecuación de las instalaciones para recibir el suministro.

La parte recurrente argumentaba que la responsabilidad contractual por daños derivados por el suministro de energía eléctrica (falta de suministro o deficiencias) solo puede exigirse a la empresa distribuidora. La sentencia deja a salvo el derecho a la acción de repetición que en su caso pudiera corresponder a la empresa comercializadora frente a la empresa de distribución de energía eléctrica. En la medida que la decisión del recurso se limita a la legitimación pasiva de las comercializadoras, no cabe interpretarse como una exoneración de las empresas distribuidoras frente a las posibles reclamaciones de los consumidores.

Gas Natural Fenosa invertirá unos 190 millones de euros en distribución de electricidad en Castilla-La Mancha entre 2016 y 2019

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EFE.- Unión Fenosa Distribución, filial de distribución eléctrica de Gas Natural Fenosa, va a invertir en torno a 190 millones de euros en Castilla-La Mancha entre 2016 y 2019 para mantener y reforzar sus infraestructuras eléctricas en la comunidad autónoma, con el fin de mejorar el servicio que presta a sus 621.417 clientes de la región.

Para ello, invertirá 43,3 millones de euros durante 2016 y cerca de 147 millones en el trienio 2017-2019, según indicó el director de la zona Castilla de Unión Fenosa Distribución, Sergio Arana, que precisó que las inversiones en el próximo trienio será de 52,4 millones en 2017, de 45,2 millones en 2018 y de 49,1 millones en 2019. Asimismo, además de las inversiones recurrentes en mantenimiento y mejora en la red en la comunidad, durante los próximos años se van a llevar a cabo varios proyectos destacados en Castilla-La Mancha, donde suma casi el 50% de la cuota de distribución.

El proyecto de mayor dimensión para los próximos años es la nueva subestación de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y la línea de 132 kV que unirá esta localidad con el también municipio ciudadrealeño de Moral de Calatrava. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros y previsiblemente se iniciará en 2018, servirá para aumentar la capacidad de las redes de media y alta tensión en el entorno de Almagro y de Bolaños, lo que garantizará la conexión de los crecimientos futuros de la zona y reforzará la garantía del suministro.

Además, en 2018 iniciará en Guadalajara la construcción de la nueva línea Fuentes de la Alcarria-Fuentes de la Niña, de 23 kilómetros de longitud, que reforzará la alimentación eléctrica de la capital de la provincia y de su entorno ante posibles contingencias. Arana ha añadido que las inversiones previstas hasta 2019 contribuirán a aumentar la calidad del suministro en las zonas en las que Unión Fenosa Distribución suministra energía eléctrica.

En este sentido, ha destacado que la compañía ha mejorado sustancialmente el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión (TIEPI) en Castilla-La Mancha, el principal indicador de la calidad del servicio. Así, entre 2006 y 2015, el TIEPI bajó el 61%, hasta situarse el año pasado en 0,79 horas. En las dos provincias con mayor número de clientes, Ciudad Real y Toledo, el TIEPI mejoró el 60% (0,73 horas en 2015) y el 62% (0,78 horas en 2015), respectivamente, mientras que las provincias de Cuenca y Guadalajara cuentan con porcentajes similares de reducción de las interrupciones.

Arana ha explicado que Unión Fenosa Distribución tiene en la comunidad castellanomanchega más de 655.000 puntos de suministro, que suponen el 17% de los 3,7 millones de puntos de suministro principalmente en cuatro comunidades autónomas, además de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Galicia. Estos datos la convierten en la tercera empresa distribuidora en España con un 15% del total de la distribución nacional, ha indicado Arana. En Castilla-La Mancha cuenta con redes en 432 municipios de las cinco provincias de la región, en la que tiene 621.417 clientes, entre ellos 5.275 de media tensión, en tanto que 57 son de alta tensión y el resto de baja tensión.

Castilla-La Mancha aprueba un borrador de decreto de energías para adaptar la normativa autonómica a la ley estatal

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EFE.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el borrador del decreto de energías para adaptar el desarrollo normativo autonómico, que data de 2007 y 2010, a la ley estatal del Sector Eléctrico de 2013. Así lo ha dado a conocer la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, que explicó que conllevará una simplificación de trámites que va a favorecer y permitir, especialmente en el sector eólico, que las empresas se implanten en la comunidad autónoma.

Franco subrayó que el Ejecutivo autonómico seguirá apostando por la implantación de renovables porque Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma en potencia fotovoltaica instalada, la segunda en energía eólica y la tercera en el total de renovables. En este sentido, señaló que el compromiso del Gobierno regional es agilizar al máximo todas las tramitaciones para seguir favoreciendo la implantación y el desarrollo de estas energías en la comunidad autónoma.

La consejera destacó la importancia que tendrá este decreto, porque se estaban exigiendo numerosos requisitos a las empresas que no eran necesarios para su implantación y ahora se pasa a la autorización previa por parte de la Administración. Antes se hacía mediante un sistema de concurrencia y con la adaptación a la normativa nacional se posibilitará que haya una implantación libre por parte de las empresas, con la autorización previa de la Administración tutelante. Para ello habrá una simplificación de trámites que afecta tanto a las acometidas (por ejemplo, para las pequeñas acometidas no va a ser necesario el trámite de información pública) como a otros aspectos como a las futuras repotenciaciones del sector eólico.

Por otra parte, Franco ha valorado que las 33 empresas distribuidoras de energía que hay en la región van a realizar inversiones en los tres próximos años por importe de 270 millones de euros para mejorar las infraestructuras energéticas en Castilla-La Mancha. En este sentido, hizo hincapié en que el suministro energético es clave no solo para el bienestar de los habitantes de la región, sino para el crecimiento y la competitividad de las empresas. Franco consideró importante para la competitividad de las empresas «que el suministro sea económico» ya que en España siguen generándose problemas en la competitividad de las empresas con respecto a otros países de Europa debido al coste de la electricidad.

156 distribuidoras de electricidad todavía no reemplazaron el 35% de sus contadores y serán investigadas por no cumplir los plazos

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Redacción / Agencias.- 156 distribuidoras no cumplieron a finales de 2015 el objetivo fijado para 2014 de sustituir el 35% de su parque de contadores analógicos por telegestionados, los conocidos como inteligentes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, Competencia señala que existen distribuidoras de electricidad que, disponiendo de contadores inteligentes, emiten un porcentaje muy reducido de facturas basadas en curvas de consumo horario, o que no han puesto a disposición del consumidor sus curvas de consumo horario.

El organismo presidido por José María Marín Quemada ha anunciado que abrirá actuaciones previas para analizar los casos en los que se incumplen los plazos de sustitución de los contadores y en los que han instalado más de 1.000 inteligentes y no han emitido curvas de consumo horario. En global, el número total de contadores inteligentes a cierre del pasado año ascendía a 14,49 millones, lo que supone que el 51% de los contadores analógicos ya ha sido sustituido en España. Un dato que no es óbice para que haya esas 156 distribuidoras de electricidad que no están cumpliendo los plazos para reemplazar sus contadores.

Contadores inteligentes, integrados y telegestionados

Según el informe de seguimiento y aplicación de los datos procedentes de equipos de medida correspondiente al segundo semestre de 2015, al 90% de los consumidores con este tipo de contador se le facturó utilizando sus curvas de consumo horario. De estas medidas horarias, un 91,6% correspondieron a medidas reales. Los contadores telegestionados son equipos capaces de medir de forma remota el consumo horario de energía eléctrica de los usuarios.

La normativa vigente establece que las distribuidoras deben realizar la sustitución de los contadores analógicos y posteriormente integrarlos en sus sistemas de telemedida y telegestión para poder realizar las lecturas horarias de forma remota de aquellos consumidores con una potencia contratada de hasta 15 kW. Al tratarse de un proceso técnicamente complicado, se estableció un cambio gradual. Así, a fecha 31 de diciembre de 2014, un 35% del total del parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada debían estar sustituidos. Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, debía cambiarse un 35% adicional, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante.