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La Plataforma contra el ATC nuclear en Villar de Cañas teme una declaración ambiental positiva antes de fin de año

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EFE / Europa Press.- La Plataforma de Afectados por la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares cuya instalación está prevista en Villar de Cañas (Cuenca) asegura que la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva por parte del Gobierno de Mariano Rajoy es «inminente», podría estar tramitada antes de finalizar 2017, y en ese caso «quedaría despejado el camino para que conceder la primera autorización» del ATC.

La Plataforma ha registrado en la Subdelegación del Gobierno en Cuenca un documento de alegaciones para rebatir los elaborados por ENRESA en los que, según la Plataforma, la empresa de residuos nucleares “defiende” que el ATC es “compatible” con la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito en sus límites ampliados por el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha; algo con lo que no está de acuerdo la Plataforma. Uno de los portavoces, Carlos Villeta, denuncia que el almacén nuclear se quiere levantar en un espacio protegido dentro de la Red Natura 2000, y que esto se barajó «en su momento como motivo de exclusión» para poder acoger el ATC.

Según ha indicado la Plataforma, de esta manera la empresa pública demuestra que «las importantes deficiencias en la documentación de la evaluación ambiental del cementerio nuclear no parecen un impedimento para una inminente aprobación de la declaración de impacto ambiental». Este colectivo ha recordado que desde la redacción del impacto ambiental «se ha sabido que las condiciones de los terrenos son inadecuadas para instalar el ATC», y ha considerado que tampoco se han evaluado «las afecciones debidas al transporte, ni se ha dado a conocer el proyecto a los 215 ayuntamientos por los que pasarían los convoyes de residuos nucleares».

Otra portavoz de la plataforma, María Andrés, ha indicado que «el empeño» del Gobierno central en construir el ATC es un indicio claro de su intención de mantener la vida de las nucleares más allá de los 40 años recogidos en el VI Plan de Residuos Radiactivos. Por último, han avanzado que la Abogacía General del Estado ha ampliado la denuncia interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la ampliación de la ZEPA de El Hito, y las próximas semanas la Plataforma presentará el escrito de respuesta a estas denuncias en las que ya está trabajando.

El Defensor del Pueblo pide información sobre el posible riesgo sísmico del proyecto de almacén de gas natural en Doñana

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, exige información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana. Es la primera acción que se conoce después de asumir el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril.

Según indicó la institución, ha recibido varios informes que advierten del riesgo sísmico de este proyecto y, por ello, ha pedido al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si dicho riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta lo que, a juicio del Defensor, podría alterar el resultado de la evaluación.

Según los informes recibidos, las declaraciones de impacto ambiental no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero. Por ello, considera necesario conocer el criterio del Instituto Geológico y Minero de España con carácter previo a la formulación de resoluciones sobre esta cuestión. La Institución añade que mantiene una estrecha colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz, que también sigue una actuación sobre diversos impactos en el Espacio Natural de Doñana.

El Supremo ratifica la nulidad de la autorización del parque eólico Espina promovido por Gas Natural Fenosa en León

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad de la autorización administrativa concedida para la instalación del parque eólico Espina, sito en los términos municipales de Igüeña, Villagatón y Valdesamario, en la provincia de León, según indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El fallo del Supremo desestima así el recurso de casación interpuesto por Gas Natural Fenosa Renovables y por la Junta contra una sentencia de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que estimó el recurso de Seo/Birdlife en relación con la autorización del parque eólico Espina. En aquella sentencia, el TSJCyL estimó el recurso de Seo/Birdlife en contra la resolución del viceconsejero de Economía, de 2008, por la que se otorgaba autorización administrativa para la instalación del referido parque eólico, y declaró su nulidad por no ser conforme a derecho, y todo ello, fundamentalmente, por irregularidades en la Declaración de Impacto Ambiental.

En este sentido, el tribunal de primera instancia precisaba que dicha DIA no era conforme a derecho por no evaluar debidamente todos los efectos que puede producir el parque. «La DIA, como ya se ha dicho en otras ocasiones por esta Sala, además de ser un trámite de cumplimiento obligado en proyectos como el de autos, es una técnica transversal que condiciona la práctica totalidad de la actuación posterior, por lo que su nulidad conlleva la de la autorización concedida».

La organización ecologista Greenpeace lleva el proyecto de almacenamiento gasista de Gas Natural Fenosa en Doñana al Defensor del Pueblo

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Europa Press.- Greenpeace ha presentado ante el Defensor del Pueblo nacional una queja por el proyecto de Gas Natural Fenosa, denominado Marismas, para la explotación y almacenamiento de gas en el entorno del Espacio Natural de Doñana. La organización pide que la oficina que dirige Soledad Becerril inste al Gobierno andaluz y al central a revisar la evaluación de impacto ambiental (DIA) del proyecto y ajustarla a la normativa y exigencias actuales.

Según la organización ecologista, se denuncian así que las actuaciones de Gas Natural Fenosa vulneran el artículo 45 de la Constitución, que obliga a la protección del medio ambiente, ya que considera que Gobierno y Junta «han hecho dejación de su obligación de proteger el Espacio Natural de Doñana». Greenpeace recuerda que el proyecto Marismas fue partido en 4 subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) por Gas Natural Fenosa «con el objetivo de ocultar el impacto ambiental acumulado del proyecto global y lograr así más fácilmente las autorizaciones«.

«El proyecto de Gas Natural Fenosa supone un grave peligro para Doñana por las implicaciones ambientales que la explotación y almacenamiento del gas tiene para un entorno tan frágil, amenazado y necesitado de protección. Este proyecto pone de nuevo los intereses privados por delante del general», ha declarado Julio Barea, portavoz de Greenpeace. En su denuncia, Greenpeace también informa a la Defensora del Pueblo de que en la DIA, «los riesgos sísmicos de la zona no han sido debidamente considerados«, como a su juicio queda de manifiesto en el informe técnico elaborado por «prestigiosos geólogos» que recoge «explícitamente las propias dudas expuestas en la DIA”.

Greenpeace señala además que el proyecto cuenta con «un gran y contundente rechazo social manifestado en la oposición de importantes y numerosos sectores de la sociedad y también de los poderes públicos» y recuerdan que se han recogido casi 250.000 firmas en contra o que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una Proposición no de Ley sobre la paralización del proyecto industrial de Gas Natural en Doñana y que el Parlamento de Andalucía instó al Gobierno de esa comunidad autónoma a adoptar las medidas necesarias y a estudiar las vías legales para paralizar el citado proyecto. También han mostrado su oposición los Ayuntamientos de Viso del Alcor y de San Juan del Puerto.

La Diputación de Álava asegura que el proyecto de extracción de gas de Shesa está en fase “muy preliminar»

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EFE.- El diputado foral de Álava de Medio Ambiente y Urbanismo, José Antonio Galera, indicó que el proyecto para la extracción de gas en el territorio alavés está en fase «absolutamente preliminar» y que Shesa, sociedad de hidrocarburos del Gobierno Vasco, sólo contempla utilizar técnicas convencionales y no de fractura hidráulica (fracking).

El diputado foral confirmó que existe este proyecto de Shesa para el pozo Armentia-2, en el entorno de Vitoria, y ha explicado que la institución foral tuvo conocimiento de manera oficial de éste en septiembre a través de una comunicación del Ministerio de Medio Ambiente, que pidió a la Diputación que detallase los aspectos importantes a tener en cuenta en la declaración de impacto ambiental que el Gobierno central debe emitir sobre este proyecto. Según señaló, Shesa ha solicitado permiso para hacer un sondeo exploratorio con técnicas convencionales en Armentia-2, con una profundidad estimada de entre 4.993 y 5.540 metros, durante 164 días de intervención.

Una vez estudiada «a detalle» la información de la promotora, la Diputación emitió un informe, que remitió al Ministerio de Medio Ambiente, en el que señala que el estudio de impacto ambiental debe tener en cuenta que haya una «certeza absoluta» de que no se utilizará la técnica del fracking, así como que de que las sustancias que se usen no tengan afectación en el suelo ni el acuífero de Subijana. «Estamos en una fase informativa y absolutamente preliminar y todavía no hemos recibido el informe de impacto ambiental», concluyó.

La plataforma Fracking ez alertó recientemente de que la sociedad de hidrocarburos del Gobierno Vasco estaba tramitando un nuevo permiso para un pozo de extracción de gas. Esta agrupación recordó que hace 20 años se perforó el pozo Armentia-1 mediante técnicas convencionales y se fracasó en el intento, por lo que consideró «no creíble» que ahora esas mismas técnicas vayan a funcionar. En cualquier caso, para la plataforma, el debate actual no es «fracking sí o fracking no», sino el modelo energético en su conjunto.

BNK se retira del permiso Urraca (Burgos), su último proyecto de fracking en España

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EFE.- La empresa BNK España se retira del último proyecto de investigación de hidrocarburos que aún tenía en marcha en España, el denominado Urraca (Burgos), después de que el permiso concedido por el Gobierno haya caducado sin que se haya conseguido la declaración de impacto ambiental favorable.

El permiso de exploración de hidrocarburos Urraca, que afecta a los municipios de Villarcayo, Medina de Pomar y Merindad de Cuesta Urría (Burgos), se otorgó en 2011. En concreto, la concesión se aprobó el 29 de septiembre de 2011 por un plazo de 5 años, que se cumplieron este 29 de septiembre, recordaron fuentes de BNK España. «El permiso ha caducado», insisten, sin que Medio Ambiente haya emitido declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de exploración presentado en 2014.

BNK España planteó abrir hasta 6 pozos de perforación, 2 por cada uno de los municipios afectados, para investigar la presencia de hidrocarburos a través de la técnica del fracking. Las perforaciones requieren de informe favorable previo de Medio Ambiente ya que el proyecto se radica en Burgos y Álava, afectando a dos comunidades autónomas, lo que obliga a que las autorizaciones vengan del Gobierno central. Sin declaración de impacto ambiental, y con el permiso caducado, «no se puede continuar», ha asegurado BNK España. La empresa de origen canadiense no tiene intención de reclamar o pedir responsabilidades el Gobierno central por un retraso que finaliza con la caducidad del proyecto.

Urraca era el último de los proyectos con los que contaba BNK España en el país, después de haberse retirado en junio de Sedano, el otro permiso vinculado a Burgos. En ese caso, su renuncia se justificó en la «incertidumbre legal» en cuanto a la viabilidad del proyecto, centrada en legislación y procesos administrativos. «Motivos técnicos internos», explicaron en su momento fuentes de BNK España, que se queda «sin ningún plan de futuro», así que abandonarán el país, según reconocen. La canadiense es una de las principales empresas del mundo dedicadas a la búsqueda de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica.

Industria deniega su autorización al proyecto de la refinería Balboa en Extremadura para satisfacción de los grupos ecologistas

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EFE.- La organización ecologista WWF mostró su satisfacción por la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de denegar al Grupo Gallardo la autorización para la refinería Balboa y celebró que «el proyecto no se va a llevar a cabo». Finalmente, Industria no dio luz verde al proyecto para la instalación de una refinería de petróleo en el término municipal de los Santos de Maimona (Badajoz) y sus infraestructuras asociadas en Sevilla y Huelva, presentado por Refinería Balboa, perteneciente al Grupo Gallardo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas en la que se informa de la no concesión de este permiso, contra la que puede interponerse recurso de alzada ante la secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes. De este modo, se cierra un proceso de años de debate, reivindicaciones y protestas a favor y en contra de un proyecto que se anunció en 2003 y que supondría una inversión de 1.200 millones de euros y generaría 3.000 empleos directos e indirectos.

El pronunciamiento de Industria se produce después de que la empresa solicitara autorización para la ejecución de este proyecto al Ministerio en enero de 2008 y presentara el correspondiente proyecto técnico de las instalaciones y el preceptivo estudio de impacto ambiental. El proyecto incluía la instalación de una refinería sobre una superficie aproximada de 200 hectáreas, con una capacidad para procesar 5.750.000 toneladas anuales de crudo y otras materias primas y de generar 5.411.000 toneladas de productos, también al año.

Comprendía además un sistema de recepción y descarga de crudo en el puerto de Huelva, con sistema de monoboya y oleoductos submarino y terrestre que conectarían con un parque de almacenamiento en Huelva que tendría una capacidad total aproximada de 500.000 metros cúbicos. También estaba proyectado un oleoducto de entrada de crudo a la refinería y poliducto, paralelo al anterior, de salida de producto al parque de almacenamiento, con una longitud aproximada de 201 kilómetros que transcurriría por las provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz. Además, incluía un poliducto de salida de productos hacia la Terminal de Almacenamiento de CLH en Mérida, en este caso de 47 kilómetros por Badajoz.

Previamente, en julio de 2012, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente formuló declaración de impacto ambiental (DIA) en sentido negativo de este proyecto, al concluir que previsiblemente causaría efectos desfavorables significativos sobre el medio ambiente, y al considerar que las medidas previstas por el promotor «no eran una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación». Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio de Extremadura denegó la autorización ambiental integrada en noviembre de 2015 basándose en la inviabilidad medioambiental contemplada en la DIA.

Fernández Vara critica la resolución

Por su parte, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, considera una paradoja la publicación en el BOE del rechazo a la construcción de la Refinería Balboa y que no llegue la DIA para la explotación subterránea de la mina de Aguablanca, en Monesterio (Badajoz), que podría significar una salida de futuro para la explotación minera, con un expediente de regulación de empleo temporal. En cuanto al «carpetazo» al proyecto Balboa y sobre si desde Extremadura se ha hecho todo lo posible para que saliese adelante, Vara ha dicho que «habrá quien piense que sí, otros que no y otros todo lo contrario», pero sí es un buen ejemplo de que Extremadura ha intentado aumentar su PIB industrial con iniciativas competitivas.

A su juicio, es un proyecto “que aquí no se han autorizado, en este caso por cuestiones medioambientales, pero que en otras partes de España se han permitido sin ningún problema». Por ello, ha insistido en que algún día, cuando se debata en serio un modelo de financiación habrá que «ponerlas encima de la mesa y cuantificar» estas decisiones “que suponen que en Extremadura no se pueden tener determinadas industrias”.

En este sentido también se expresó el secretario regional de CCOO, Julián Carretero, que acusó al gobierno anterior de Extremadura, del PP, «en connivencia» con el de Estado, de «haber hecho todo lo posible para que en Extremadura no haya una refinería«. A su juicio, esta decisión contrasta con decisiones como la autorización para almacenar gas en el Coto de Doñana y pone de manifiesto que «no se mide a todos por el mismo rasero». Igualmente, desde la secretaría regional de UGT, Patrocinio Sánchez, que consideró que por esas «piedras en el camino» la región se ha quedado sin una refinería que hubiera supuesto industrialización y muchos puestos de trabajo.

El secretario general de la Confederación Regional de Empresarios (CREEX), Francisco Javier Peinado, señaló que esta entidad respaldó desde el primer momento la iniciativa y añadió que «lo que no hay derecho» es que, más allá de las razones, un inversor ha estado 8 años esperando a que se emita una resolución firme. Además, reclamó que se debe ser exigente ante la Unión Europea y el Estado para que «si se quiere mantener una reserva de la biosfera magnífica, esto tiene que tener un coste que tienen que pagar en otros territorios donde no mantienen estas cuestiones, porque a ver si se va a mantener esto como una reserva india».

WWF celebra rechazo a refinería

El coordinador de la Oficina de WWF en Doñana, Juan José Carmona, indicó que la decisión de Industria «es la certificación definitiva del no al proyecto por vía administrativa», aunque la empresa puede recurrir. Carmona señaló que el proyecto «se podía considerar muerto» desde 2012 cuando el Ministerio de Medio Ambiente le dio la DIA negativa. Posteriormente, la Junta de Extremadura le denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) y ahora la decisión de Industria era «el siguiente paso para declarar el proyecto de la refinería cerrado». «Es una buena noticia que se siga certificando que el proyecto no se va a llevar a cabo», concluyó.

Tejerina dice que corresponde a la Junta de Andalucía decidir sobre el almacén gasista de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, indicó que la decisión sobre el Proyecto de Almacenamientos Subterráneos que Gas Natural Fenosa promueve en el valle del Guadalquivir «corresponde íntegramente» a la Junta de Andalucía y remarcó que los técnicos del departamento ministerial emitieron una declaración de impacto ambiental favorable «sobre la base de los informes favorables» de la propia Junta. «Fue la Junta de Andalucía quién informó favorablemente en 2008», recordó.

La ministra del ramo aseguró que corresponde a la Administración autonómica «culminar el proceso» y consideró que, en este punto, el Ministerio «nada tiene que decir». «Corresponde a la Junta firmar y acordar el impacto, la evaluación integral medioambiental, porque el Ministerio ya se pronunció sobre los informes favorables de la Junta», insistió. Cabe recordar que Gas Natural Fenosa presentará alegaciones contra la propuesta, «aún provisional», de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de emitir una Autorización Ambiental Unificada (AAU) negativa a parte del Proyecto de Almacenamientos Subterráneos naturales que la compañía promueve en el valle del Guadalquivir y que forma parte de la planificación urgente aprobada por el Consejo de Ministros.

Gas Natural Fenosa advierte de que el trazado del proyecto «no entra en el Parque Nacional de Doñana en ninguno de sus puntos y en las zonas del Espacio Natural de Doñana, la antigua zona de Pre-Parque, no representa afectaciones significativas ni incompatibles con la protección del espacio natural, según ratificó por escrito la propia Dirección General que ahora emite un dictamen opuesto». Además, la compañía está estudiando las acciones legales adecuadas tanto contra «el retraso injustificado, de más de dos años, en el procedimiento, como por el cambio de criterio que representa el contenido de este nuevo informe frente al presentado en 2011 durante el trámite de Evaluación Ambiental«.

Ven «sospechosa» a la Junta

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tildó de «sospechosa» la emisión por parte de la Junta de Andalucía de un dictamen desfavorable respecto al proyecto de Gas Natural en Doñana, iniciativa que no admite atendiendo a criterios de protección del espacio y al cumplimiento de garantías medioambientales, «después de no haber presentado alegaciones». En este sentido, Sanz remarcó que «si no se presentan alegaciones no cabe luego cambiar de actitud«. «Me parece sospechoso este cambio de la Junta; viene ahora con un cambio de posición y es la única que lo ha hecho, exigiendo lo que nunca había exigido«, dijo.

En este sentido, recordó que la Junta, «hasta ahora e incluso desde el principio, había estado a favor del proyecto, conocía la realización de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en las tres partes y no se dirigió al Gobierno para pedir que fuera un único estudio de impacto ambiental, ni presentó alegaciones y, si no lo hizo, ahora no vale cambiar de posición«. Por tanto, cree que la Junta debe dar explicaciones al respecto, y le pidió «rigor, sensatez y que aplique el sentido común» porque los estudios de impacto ambiental, incidió, «no son caprichosos, ni faltos de rigor, tienen un carácter muy exhaustivo y contemplan las medidas compensatorias necesarias para salvaguardar este espacio natural tan único y privilegiado».

Medio Ambiente estima que en menos de dos meses estará listo el informe sobre las prospecciones en Baleares

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Europa Press.- La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, señaló que «en menos de un par de meses» estará listo el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) sobre el proyecto de prospecciones petrolíferas en aguas de Baleares, requisito necesario para poder hacer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Tejerina precisó que «en estos momentos se está a la espera» de un informe del Cedex, que es una empresa pública adscrita al Ministerio de Fomento y al de Medio Ambiente, «que nos dará información necesaria para hacer la DIA». «Tan pronto como se reciba este informe, se analizarán sus resultados para poder emitir la declaración», remarcó al respecto. Con todo incidió en que este tipo de declaraciones «las evalúan técnicos experimentados en materia de medio ambiente, sobre la base de la mejor información disponible y, a partir de ahí, declaran si una actividad tiene un impacto tal que hace que no deba ser autorizada o, por si el contrario, este impacto no es tal«.

En este punto, la ministra aseguró que «están a la espera de lo que digan los técnicos, pero con la tranquilidad que deben tener las Islas Baleares de que desde el Gobierno se vela porque todas las actividades económicas se hagan con las máximas garantías medioambientales«, a lo que Tejerina añadió, que, «si hay un impacto medioambiental suficiente, sencillamente esa actividad no puede ser autorizada».