Europa Press / EFE.- La Junta de Castilla-La Mancha quiere que se elabore un nuevo estudio de impacto ambiental que reformule «la perspectiva dada» al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y del centro tecnológico asociado, que incluya un nuevo procedimiento de información pública y consultas, o bien que emita una Declaración de Impacto Ambiental que lo declare «inviable».

Así consta en un informe de la Viceconsejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, que responde al requerimiento de mayo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre la información del expediente del ATC. El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha explicado que el gobierno autonómico ha remitido al Ejecutivo central un «informe preceptivo para esa declaración o eventual Declaración de Impacto Ambiental en base al estudio de impacto ambiental que ha realizado el Gobierno de Castilla-La Mancha para el proyecto de construcción de ATC».

El portavoz del Ejecutivo regional comparte la preocupación que manifestaron los ecologistas ante la posibilidad de que el Gobierno central apruebe la Declaración de Impacto Ambiental del ATC de residuos nucleares proyectado en Villar de Cañas antes de que acabe el año. En este sentido, precisó que el informe es «rotundo» y alega que instalar el ATC en Villar de Cañas (Cuenca) es «inviable, inmoral e incluso extremamente peligroso» y confía en que este informe «sea tenido en cuenta por encima de cualquier otro interés».

El texto establece que el objetivo del informe es establecer «claramente la posición contraria» de la comunidad autónoma de una posible emisión del Ministerio de una Declaración de Impacto Ambiental favorable al ATC y, por tanto, pide que su informe sea «tenido en cuenta en todas sus consideraciones». En su requerimiento, el departamento ministerial pedía información «más detallada» a la empresa estatal de residuos ENRESA sobre el posible impacto del ATC en la avifauna a la luz de los estudios de la comunidad autónoma así como que se completara «las carencias» en la evaluación de las posibles repercusiones sobre el régimen hidrológico del río Záncara.

En su respuesta, la Junta consideraba que se debía incluir la «alternativa cero», que solo se considera en el estudio de impacto ambiental inicial, donde solo se dice que se descarta como viable la alternativa cero o de no actuación pues implicaría que no se podrían desmantelar las centrales nucleares. Sin embargo, valora que el hecho de que se dieran pasos previos con distintas alternativas de emplazamiento no es óbice para que estos se incluyan en el estudio de impacto ambiental para tomar la decisión técnicamente viable y ambientalmente más favorable, una vez analizados los aspectos económicos, sociales y ambientales del total de las etapas.

Dicho informe, ha proseguido el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, «pone de manifiesto que este contundente estudio de impacto ambiental presentado por la Junta de Comunidades ratifica que Enresa no incluye ninguna exposición de las principales alternativas estudiadas ni siquiera una justificación de las principales razones de la solución adoptada y, teniendo en cuenta los efectos ambientales, no hay ningún estudio de alternativa de ubicación como exigió el Tribunal Constitucional«. Según ha proseguido Hernando, el informe de Enresa adolece también de «alternativas» al afectar la instalación del ATC a un espacio de la Red Natura 2000, «protegida por la Unión Europea».

De este modo, el documento expone que a juicio de la Viceconsejería, el proceso de análisis de alternativas expuesto en el estudio de impacto ambiental «no cumpliría con los requerimientos que actualmente exige la normativa en materia de evaluación ambiental, ni cumpliría con los principios de participación pública e integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones». Además, en su oposición al proyecto alega que «no cumple» el plan de ordenación urbana de Villar de Cañas ni con las «exigencias sectoriales establecidas en materia de ordenación del territorio».

En cuanto a los recursos hídricos necesarios, recuerda que la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó favorablemente de proporcionar hasta 15.000 metros cúbicos y que posteriormente el proyecto del ATC se ha reducido de los 44.895 metros cúbicos iniciales a 14.867,68 metros cúbicos. Sin embargo, el informe de la Junta recuerda también las necesidades hídricas del vivero de empresas y del parque empresarial, que sumadas alcanzaría los 20.732 metros cúbicos anuales.

«Con tales consumos previstos no se podría acreditar la existencia de recursos hídricos suficientes para llevar a cabo las actuaciones contempladas. La nueva documentación sigue sin justificar la suficiencia en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos», añade la viceconsejería autonómica, que recuerda los «sucesivos» informes de la Confederación informando desfavorablemente sobre la suficiencia de recursos hídricos. En ese ámbito, también critica que el estudio «no pone medios» que impida los flujos someros que hay en la zona en fases posteriores a la construcción, dada la baja permeabilidad del terreno.

En definitiva, en materia de agua, la Viceconsejería considera que el contenido del estudio de impacto ambiental presentado «no responde suficientemente» a las posibles afecciones sobre la hidrogeología que se plantean y la no existencia de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas. En este contexto, critica también que hay un «amplio número» de proyectos asociados a la instalación que han quedado fuera de consideración en el estudio de impacto ambiental porque se han evaluado de forma separada, a pesar de que son inherentes al mismo, como el vallado de la instalación, vivero de empresas, laboratorio, parque empresarial, acondicionamiento de acceso, suministro eléctrico, canteras y vertederos vinculados al movimiento de tierras. Considera que deberían haberse analizado de forma conjunta.