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El Foro Económico Mundial considera que España debe asumir un mayor compromiso político para lograr una transición energética eficaz

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EFE.- España saca buena nota a nivel mundial en cuanto al estado actual de su sistema energético y su nivel de preparación para adaptarse a las futuras necesidades energéticas, pero debe asumir un mayor compromiso político para lograr una transición energética eficaz, según el Foro Económico Mundial. España se sitúa en el puesto 21 de los 114 países analizados en el informe Promover una transición energética efectiva publicado dentro de la edición latinoamericana del Foro Económico Mundial.

A nivel mundial ocupan los diez primeros puestos del Índice de Transición Energética del Foro Suecia, Noruega, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Holanda, el Reino Unido, Austria, Francia e Islandia. España se sitúa con su vigésima primera posición en el ránking por detrás de los diez primeros países, de Nueva Zelanda, Singapur, Uruguay, Irlanda, Malasia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Portugal y Costa Rica, pero por delante de Canadá, Japón, Chile o Estados Unidos. El Foro Económico Mundial considera que España tiene un sistema energético con un «buen desempeño», por lo que se posiciona en la posición 14 a nivel global en este capítulo.

En el apartado de la preparación para la transición energética, España ocupa el puesto 27, una posición que el Foro Económico Mundial califica de «elevada». Eso sí, añaden sus expertos, es «más baja que en la mayoría de las economías avanzadas» analizadas. En el análisis sobre la preparación de España para la transición energética se ubica en los puestos 26 tanto en el capítulo de capital e inversión, como en el de infraestructura y clima empresarial innovador. En opinión de los expertos del Foro Económico Mundial, España tendría que mejorar el acceso al crédito, su inversión en capital humano y «asumir un compromiso político más fuerte para lograr una transición energética eficaz en el país».

En el capítulo del desempeño de su sistema energético actual, España destaca por el puesto 15 que logra en la dimensión de la sostenibilidad ambiental. El Foro Económico Mundial indica que el país cubre una «parte importante» de su demanda energética con energías renovables, por lo que supera en 12 puntos la media de las economías avanzadas. El informe revela que en lo que se refiere al porcentaje de la electricidad generada con renovables el país ocupa el puesto 46. A nivel global, el avance hacia la sostenibilidad ambiental se ha detenido y considera que la tendencia prácticamente plana en la intensidad de las emisiones de carbono así lo demuestra.

De acuerdo con sus expertos, en el último lustro se registró una mejora marginal de tan solo un 1,8% anual en comparación con el 3% requerido para cumplir con el Acuerdo de París en materia de objetivos climáticos. Asimismo, se ha constatado un aumento del precio real de la electricidad para los hogares desde 2013 en más de la mitad de países analizados, a pesar de la reducción general del precio del combustible, recuerda el informe. Como dato más positivo el informe destaca tendencias que apuntan a que más del 80% de los países registran una mejora en sus sistemas energéticos en el último lustro.

En los apartados de acceso y de seguridad energética, España ocupa el puesto 15. En tanto, el país destaca en la tasa de electrificación en relación a la población, el uso de combustibles sólidos y la calidad del suministro eléctrico. El Foro Económico Mundial explica que España tiene una base «bien diversificada» de fuentes de energía primaria y socios de importación igualmente diversificados, pero aún «depende sustancialmente de las importaciones para cubrir su demanda energética».

Los expertos aconsejan acabar con los pagos por capacidad en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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EFE.- Los tres expertos consultados en la comisión parlamentaria de cambio climático han coincidido en que la futura norma debe eliminar las ayudas a los combustibles fósiles, que en España se canalizan a través de los pagos por capacidad, destinados a compensar al propietario por el mantenimiento de una central para que funcione cuando el sistema lo necesite.

El primer interviniente fue Yves Saint-Geours, embajador de Francia en España, quien ha detallado las claves de la Ley francesa de cambio climático, que establece un objetivo de 0 emisiones en 2050, así como presupuestos quinquenales de cuánto carbono se puede emitir para estar en consonancia con esa meta. El cumplimiento de esta ley es evaluado por un comité independiente. La norma lleva asociada una alianza para la descarbonización del transporte, una fecha para el abandono del carbón, 2022, y un calendario de cierre nuclear, que se establecerá este año.

Lara Lázaro, experta en cambio climático del Real Instituto Elcano, ha defendido que la ley española debe aspirar a la neutralidad en carbono en 2050, es decir, a no emitir más de lo que el país pueda absorber por sus mecanismos naturales, y debe desarrollar presupuestos de carbono periódicos para cumplir esa meta. Lázaro ha abogado también porque sea una norma transversal, revisable según la mejor información científica disponible, que cuente con un comité de evaluación permanente, así como con un inventario y calendario de eliminación de los combustibles fósiles.

Finalmente, Joan Grimalt, director del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea), ha subrayado que la futura ley debe ser «el instrumento» que permita «pasar de una economía basada en los combustibles fósiles a un modelo de producción energética fundamentado en las renovables«. «A España le interesan las renovables: si las tenemos en casa, para qué vamos a comprar combustibles fósiles a precios caros y con oscilaciones importantes», ha incidido Grimalt, quien ha subrayado que con el gas natural, «aunque contamina menos, a nivel de lucha contra el cambio climático no ganamos nada».

Energía asevera que cerrar las nucleares compromete el objetivo de reducir emisiones y defiende una transición ordenada para el transporte

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EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, defiende una «transición ordenada» en el ámbito del sector transporte de cara a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 al horizonte de 2030, sin discriminar ninguna de las alternativas existentes. Asimismo, Navia indicó que el cierre de las centrales nucleares sacaría a España de la actual «situación de cumplimiento creíble» de sus objetivos de emisiones de CO2. «Es fundamental no revertir el buen trabajo hecho hasta ahora», subrayó.

Navia destacó la importancia que tiene para cumplir los objetivos de emisiones que no se produzcan “reversiones en las políticas”. En este sentido, indicó que «no podemos tomar decisiones que nos lleven atrás en el cumplimiento de los objetivos» como, por ejemplo, el cierre de las centrales nucleares, lo que incrementaría las emisiones del sistema eléctrico, y señaló además que, las emisiones contaminantes deben reducirse con el menor coste posible pues, si no, acaban no cumpliéndose los objetivos, como ha ocurrido en otros países europeos.

En el ámbito del transporte, Navia se ha mostrado a favor de una «transición ordenada» y ha señalado que parece lógico no discriminar ninguna de las alternativas existentes, promocionando al vehículo eléctrico pero también con el fomento del vehículo de gas y reconociendo que hay un margen para que sigan funcionando durante un tiempo los vehículos que usan combustibles fósiles. «Tenemos margen para promocionar todas las alternativas de movilidad eficiente», ha dicho el secretario de Estado, que ha manifestado que también es “lógico” acompasar los cambios en el sector al desarrollo industrial del país, por lo que en Europa el Gobierno velará por que no se generen ventajas para otros países que cuentan con industrias que España todavía no tiene.

Ha destacado la buena posición en que se encuentra España para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones para 2020 y 2030, ya que en el caso de los sectores ETS, los sujetos a la compraventa de derechos de emisión, la reducción llega al 42% y en los no difusos al 15%, lo que excede del compromiso que tiene España para 2020. Navia considera que «hasta ahora el trabajo se ha hecho bien» y ha pedido continuar así, «sin precipitaciones que supongan cambios drásticos». A este respecto, Navia ve «fundamental» que España sea un «actor relevante» en todas las tecnologías que se planteen, ya que «no podemos ser meros usuarios de las mejoras tecnológicas que se produzcan en el mundo».

Por su parte, el presidente de AOP y BP España, Luis Aires, destacó la importancia del sector del petróleo y la petroquímica como uno de los motores de crecimiento de la economía española, a la que aporta el 2,5% del PIB y más de 271.000 empleos directos e indirectos, representando, además, más del 50% de la energía final consumida en España. Asimismo, Aires señaló «el pilar» para el sector que representa la industria del refino, con un programa de inversión de más de 6.500 millones en los últimos años para su modernización. Por ello cree que el sector «no puede quedarse al margen del debate público» sobre reducción de emisiones para ver qué puede hacer.

Informe sobre emisiones en España

España tiene capacidad para conseguir reducir, a costes eficientes, 46 millones de toneladas anuales de CO2 hasta 2030, cantidad muy superior a la que tiene fijada, según el estudio elaborado por la consultora KPMG con la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Perspectiva para la reducción de emisiones de CO2 en España a 2030. En concreto, KPMG estima que los sectores ETS, sujetos a comercio de emisiones, tienen potencial para llegar a un ahorro con costes eficientes de 22 millones de toneladas anuales de CO2 (14,5 millones correspondientes a generación eléctrica y 7,4 millones a la industria). En el caso de los sectores «difusos» o «no ETS», el ahorro potencial según el informe asciende a 24 millones de toneladas.

El informe indica que ya desde 1990 en España se han reducido un 40% las emisiones de CO2, ahorros que en el caso de los sectores ETS supone un 43% y en los no ETS del 30%. Actualmente, la reducción de emisiones en los sectores ETS está en el 42% desde 2005, muy cerca del objetivo a 2030, mientras que en emisiones difusas es sólo del 13%, frente a un objetivo del 26% para 2030.

KPMG también evalúa los ahorros en el sector del transporte, aunque no recoge dos subsectores (marítimo y aviación), y, además, proyecta cómo será la evolución de la introducción de las nuevas tecnologías de transporte. En general, el transporte tiene un potencial de ahorro de cerca de 8,8 millones de toneladas al año, según el estudio de KPMG, que señala que los coches de gasolinas e híbridos en el escenario analizado reducirán emisiones a menor coste que los eléctricos. También el tren, en términos de coste-eficiencia en reducción de emisiones, es, según arroja el estudio, más eficiente que los autobuses eléctricos.

En el caso de la industria, el potencial de ahorro es de 7,4 millones de toneladas anuales de CO2 a 2030, destacando el sector del cemento, con una reducción del 60%, y el refino, con un potencial del 30%. Respecto al sector residencial, su potencial de reducción de emisiones se estima en 9,2 millones de toneladas de CO2, siendo los electrodomésticos los que más aportarían, seguidos de la calefacción y la iluminación. Por lo que respecta al sector comercial, el potencial de ahorro se estima en 6 millones de toneladas de CO2 anuales y las medidas que más contribuirían serían, por este orden, las de iluminación, equipos eléctricos y climatización.

El sector papelero exige una energía más barata para ser más competitivo

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Europa Press. – «Unos precios más competitivos de la energía en el sector del papel». Este ha sido uno de los aspectos más reivindicados por la patronal del papel, y que se ha hecho eco la ‘Agenda Sectorial de la Industria del Papel’, que tiene como misión abordar las medidas necesarias para impulsar la competitividad del sector. 

El sector del papel en España registró un volumen de negocio superior a los 33.000 millones de euros en 2017, lo que representa el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) del España, mientras que las 12.800 empresas dedicadas a esta industria emplean a 220.000 personas de forma directa y 660.000 indirectamente, un factor que ha llevado al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a presentar la citada ‘Agenda Sectorial de la Industria del Papel’.

Se trata de la segunda gran agenda del Ministerio, después de la dedicada al automóvil. Se ha elaborado junto a la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), cuyo presidente, Enrique Isidro aprovechó para «reivindicar» el papel «vertebrador» de esta industria y la «igualdad de condiciones» respecto al resto de países europeos.

Uno de los grandes productores europeos y la segunda que más recicla

Por su parte, la secretaria general de Industria y de la pyme, Begoña Cristeto, en representación de la parte pública firmante de la agenda, destacó que, con 71 fábricas de papel y 10 de celulosa, la industria papelera española es «uno de los grandes productores europeos» de estos materiales.

Entre las medidas más importantes de la agenda, divididas en un primer bloque de innovación, otro de sostenibilidad, uno destinado a la dimensión empresarial y un último dedicado a la internacionalización, están la reinversión de la facturación, que actualmente es del 8%, la descarbonización de la industria en un 80% para el año 2050 o continuar con el progreso en el reciclaje del papel, que en España es del 79%, la segunda economía europea que más recicla.

Entre los retos del sector, Cristeto apuntó a «la imparable digitalización de las plantas» para competir en el mercado global, a la mejora de la eficiencia energética y a la reducción del consumo de recursos, poniendo en práctica los conceptos de la economía circular.

La secretaria general también dijo que desde el Ministerio de Economía ya se está trabajando para contribuir de forma «eficaz» en la aplicación de las medidas recogidas en la agenda para que la industria papelera «siga escalando en competitividad», sobre todo al desempeñar un «importante papel» en la generación de empleo y riqueza del país.

Cañete subraya que los Estados no pueden dar ayudas a las empresas para adaptar las térmicas a los requisitos medioambientales

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EFE.- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, recordó que los Estados miembros de la Unión Europea «no están autorizados» a conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas medioambientales obligatorias porque eso les otorgaría «una ventaja competitiva desleal«.

Cañete respondió así a los eurodiputados de Los Verdes/ALE, Florent Marcellesi, y de Podemos, Xabier Benito, sobre el encaje en la legislación europea y el Acuerdo Climático de París del plan del Gobierno de impedir el cierre de centrales energéticas, incluidas las térmicas, si afecta al precio de la luz: «De conformidad con las normas de competencia, los Estados miembros no están autorizados a conceder ayudas estatales a las empresas para cumplir normas medioambientales obligatorias porque esto atentaría contra el principio de quién contamina, paga«.

El eurocomisario señaló que supondría una «ventaja competitiva desleal» respecto a otras formas de producción de electricidad y de las mismas centrales en otros Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea aseguró estar «al corriente» del decreto de España y aseguró que mantiene «un estrecho contacto con las autoridades españolas» para aclarar el contenido del mismo y buscar soluciones «que se ajusten al Derecho vigente de la Unión».

«La Comisión Europea nos da razón: el Gobierno español no puede conceder ayudas estatales a centrales de combustibles fósiles para cumplir normas medioambientales. En caso contrario, esto conferiría a las energías sucias una ventaja competitiva desleal frente a las energías limpias, como las renovables«, celebraron ambos eurodiputados. Marcellesi y Benito pidieron al Gobierno español que se una a la lista de países que anunciaron una fecha para poner fin al carbón tras la cumbre climática COP23 de Bonn de noviembre.

Baleares asegura que Arias Cañete considera «positiva» su legislación climática para acabar con el carbón en la térmica de Alcudia

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EFE / Europa Press.- El consejero de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno autonómico de Baleares, Marc Pons, asevera que el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, hizo una valoración «positiva» de la ley balear de cambio climático ya que está en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea. «La valoración del comisario ha sido positiva, entre otras cuestiones porque la Unión Europea se ha marcado ese mismo objetivo: la descarbonización de la economía europea para 2050», afirmó Pons.

Pons indicó que la Unión Europea ve con buenos ojos el plan del Gobierno balear porque desea que los territorios insulares sean «punta de lanza» para conseguir la transición energética y «se comparten objetivos y formas». El Plan de Transición Energética de Baleares y la estrategia de las Islas para alcanzar los compromisos de lucha contra el cambio climático fueron presentados el 15 de febrero y una de sus principales propuestas es prohibir la entrada de coches diesel al archipiélago a partir de 2025 y de gasolina en 2035, una medida que no afectará a las motocicletas, turismos y furgonetas que ya circulan en Baleares.

«Hay ciudades europeas que ya han puesto esta limitación, como París, donde los diesel ya no pueden circular», recordó Pons, quien añadió que el comisario «no va a cuestionar» estas decisiones que son de ámbito municipal o autonómico. Además, la ley prevé que las flotas de vehículos de alquiler incorporen vehículos eléctricos desde 2020 en una proporción que irá desde un 2% ese año al 100% en 2035. En este sentido, Pons se ha interesado por las líneas de ayuda europeas específicas para construir la infraestructura necesaria para los coches eléctricos, como puntos de carga.

Por último, el consejero balear comentó que el gobierno autonómico ha planteado el cierre de centrales de carbón como la térmica de Es Murterar, en Alcudia (Mallorca) como una medida «estratégica» para la descarbonización de la economía aunque esto, recordó, dependerá de lo que proponga el Gobierno central. Cabe recordar que el Gobierno central rechazó el cierre de los grupos de carbón de la central de Alcudia y la sustitución del fuel y el gasoil de la central de Mahón por gas natural, a lo que Pons respondió que se trata de una decisión «equivocada» y «cortoplacista» que «cierra la puerta» a las energías renovables.

«Esta decisión condena a las Islas Baleares a mantener un sistema de producción de energía desfasada. Podemos seguir incrementando la producción de energías renovables pero ellos quieren seguir consumiendo carbón porque es lo más barato», explicó el consejero. Asimismo, el objetivo del Gobierno balear sigue siendo el cierre de los dos primeros grupos de Es Murterar y la reconversión de la central de Mahón antes de 2020 y, posteriormente, el cierre progresivo de los otros dos grupos de la instalación de Alcudia, como actuaciones imprescindibles del Plan de Transición Energética.

Movimientos del PP en Bruselas

Por su parte, las eurodiputadas del PP, Rosa Estaràs y Pilar Ayuso, responsable de medioambiente de la delegación española del PPE, han solicitado a la Comisión Europea que verifique si el anteproyecto de ley que está desarrollando el Gobierno de Baleares sigue las directrices fundamentales de la Unión Europea. La dirigente popular ha manifestado que «el desarrollo sostenible es un compromiso adquirido desde hace tiempo por las instituciones y ciudadanía de Baleares», y que «el grupo popular comparte con el Gobierno autonómico los objetivos alcanzados en el Acuerdo de París en 2015 de llegar a las cero emisiones en 2050«.

El 92% de las empresas españolas tiene objetivos establecidos para reducir emisiones de CO2

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Europa Press.- El 92% de las empresas españolas tiene objetivos establecidos para reducir las emisiones de dióxido de carbono, según se desprende del informe Climate Change Report 2017: Marcando el Camino, elaborado por ECODES. La edición en español del informe se ha publicado en el Climate Discussion Forum 2018, un evento anual organizado por PwC. El documento recoge las calificaciones de liderazgo, desempeño y transparencia en relación al cambio climático realizadas por PwC.

De este modo, se constata que las empresas están planificando su futuro bajo en carbono no sólo implementado medidas para reducir sus emisiones sino que un 70% de ellas van a aplicarse en los próximos 5 años y un 30% extendiéndose más allá de una década. El estudio también revela que el 100% de las compañías rinde cuentas respecto al cambio climático y que el 90% ofrece incentivos económicos para cumplir con sus objetivos medioambientales.

Los autores del informe subrayan que estos objetivos están en línea con el nivel de descarbonización requerido para mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2ºC, el principal objetivo del Acuerdo de París sobre cambio climático firmado por alrededor de 200 países. El estudio añade que las empresas españolas han tomado el liderazgo involucrando a altos ejecutivos. El 100% de las empresas encuestadas atribuye la responsabilidad de las acciones medioambientales a sus máximos ejecutivos, un 90% emplea incentivos económicos para cumplir con los objetivos y un 31% usa incentivos no económicos.

El documento detalla que la transición hacia una economía baja en carbono está impulsando la innovación: el 37% de las empresas tienen objetivos relacionados con la producción de energía renovable, un porcentaje superior a que la media europea (29%). Asimismo, solo el 50% de la muestra respondió a CDP, aunque representan a más del 90% de la capitalización de mercado. Actualmente, un 78% de los encuestados verifica de forma independiente al menos el 70% de sus emisiones directas, lo que se sitúa por encima de la media europea, del 68%.

El director general de CDP Europa, Steven Tebbe, ha asegurado que «las empresas españolas han logrado un progreso sin precedentes al acelerar sus acciones contra el cambio climático. En muchos sentidos, están estableciendo el estándar, con las juntas directivas liderando la estrategia medioambiental en las empresas«. «No obstante, este informe también revela a los ganadores y perdedores que emergen de esta transición. La mayoría de las empresas analizadas no parece tener aún objetivos a largo plazo adecuados. Por eso, instamos a este grupo de compañías a ser más ambiciosas y a alinear sus objetivos con la ciencia climática», ha sentenciado.

Por su parte, la socia responsable de Sostenibilidad de PwC, María Luz Castilla, ha apuntado que «el cambio climático es una fuente potencial de riesgos para las empresas (regulatorios, tecnológicos, de mercado, de transición, etc.) y las empresas españolas deben analizar las implicaciones financieras del cambio climático para responder a las demandas de los mercados financieros». «Pero sin duda, la transición hacia una economía baja en carbono genera importantes oportunidades de negocio, que las empresas españolas pueden aprovechar, posicionando su liderazgo en el CDP para fortalecer su competitividad», ha avanzado.

Por último, para el director ejecutivo ECODES, Víctor Viñuales, «crece rápidamente la convicción de las oportunidades que tienen y tendrán las empresas alineadas con la agenda global del clima. Hoy, las empresas que apostaron por los coches eléctricos, las empresas de energías renovables, las de eficiencia energética… todas ellas tienen el futuro despejado». «Toda la economía amiga del clima tiene el viento a favor», concluyó.

La Eurocámara respalda la reforma para reducir las emisiones industriales de la Unión Europea a partir de 2021

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Europa Press.- El Parlamento Europeo ha respaldado la reforma del sistema de comercio de emisiones de CO2 (ETS), que se aplicará a partir de 2021 y que tienen el objetivo de reducir las emisiones de centrales eléctricas y plantas industriales. Los eurodiputados han avalado con 555 votos a favor, 104 en contra y 39 abstenciones el acuerdo alcanzado en noviembre con el Consejo de la Unión Europea, que son los Estados miembros y que ahora deben formalizar la reforma.

El sistema ETS funciona desde 2005 y limita las emisiones de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales a través de un nivel máximo que se reduce cada año y abarca aproximadamente el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Ahora se incrementará el recorte que se aplica todos los años a la cuota anual de derechos de emisión colocados en el mercado, hasta el 2,2% a partir de 2021 frente al 1,74% que se aplica actualmente. Este porcentaje será revisado con la intención de aumentarlo en 2024.

Además, se duplicará la capacidad de la reserva de estabilidad del sistema ETS para absorber el exceso de derechos de emisión en el mercado. Una vez activada, esta reserva absorbería hasta un 24% de los derechos de emisión en exceso en cada ejercicio durante los cuatro primeros años, con lo que aumentaría el precio de los derechos y se incentivaría el recorte de las emisiones.

Por otro lado, el texto prevé la creación de un fondo de modernización para ayudar a actualizar los sistemas energéticos, así como un fondo de innovación para apoyar las energías renovables, la captura y el almacenamiento de carbono y los proyectos de innovación de baja emisión de carbono. Asimismo, para evitar que las empresas trasladen su producción fuera de la Unión Europea por las exigencias de reducción de emisiones, las llamadas fugas de carbono, los sectores con mayor riesgo recibirán sus derechos gratuitamente, mientras que otros menos afectados recibirán gratis el 30% de los créditos.

Las emisiones de CO2 del sector eléctrico se dispararon en 2017 por la sequía, comprometiendo los objetivos climáticos de España

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Europa Press.- El sector eléctrico emitió un total de 74,9 millones de toneladas de CO2 durante 2017, lo que supone un incremento del 17,83% respecto al año anterior, según datos de Red Eléctrica de España. En este sentido, la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha reconocido que la sequía registrada en España a lo largo de 2017 «complicará la senda de decrecimiento» que, en materia de emisiones de gases invernadero, venía registrando el país en los últimos años.

Así lo ha apuntado en la Comisión de Estudio del Cambio Climático en el Congreso sobre los resultados de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), celebrada en Bonn (Alemania) en noviembre del pasado año. Tejerina ha insistido en que España cumple los objetivos que adquirió en la cumbre de París (COP21) y que su intención es lograr ir «más allá» de las cifras que se esperan del país para 2020. En este sentido, ha recordado que España «va un 10% por delante de sus obligaciones» en materia de emisiones y que en 2016 se han reducido los niveles en un 3,3%, con respecto a 2015.

Sin embargo, ha señalado que esta «senda de decrecimiento» podría «complicarse» como consecuencia de la sequía registrada a lo largo del pasado año y que, debido al mix energético del país, esta situación tendrá graves efectos con la menor aportación de la energía hidroeléctrica y también en la eólica, debido a la falta de viento. Esta situación, no ha evitado que la ministra señale a España como un «socio creíble» para la comunidad internacional, y se ha referido a los últimos informes de la Unión Europea en los que se asegura que el país «cumplirá” con su compromiso de 2020.

La responsable de Cambio Climático en España ha recordado las últimas medidas tomadas por su departamento para cumplir con la Cumbre de París y ha rechazado las críticas de «inacción» que ha recibido por parte del portavoz socialista en la materia, Ricardo García-Mira. Entre las iniciativas compartidas, Tejerina ha recordado que su ministerio, junto con el de Energía y Hacienda, están inmersos en la elaboración del primer borrador de la nueva Ley de Cambio Climático, un texto para el que, según ha reprochado, no ha recibido aportaciones de todos los grupos representados en el Parlamento.

Respondía de este modo la titular de Medio Ambiente a Unidos Podemos y Ciudadanos, cuyos portavoces en esta materia, Juan López de Uralde y José Luis Martínez, respectivamente, mostraron su preocupación por la tardanza a la hora de presentar el texto. La ministra ha explicado el proceso que se ha llevado a cabo en este sentido, en el que, según ha señalado, se ha llevado a cabo un proceso de consulta con los actores y sectores implicados y se ha abierto la norma, también, a la participación pública. «Hemos decidido trabajar escuchando primero. Si nos envían sus aportaciones serán consideradas», ha declarado durante su intervención.

Asimismo, Unidos Podemos y Ciudadanos también han coincidido en destacar contradicciones en los discursos de la propia Tejerina y los del ministro de Energía, Álvaro Nadal. Para Tejerina «no es incompatible poner la energía a precios competitivos, una vez satisfechas las necesidades medioambientales» del país. «El mix energético es determinante, pero una vez que vamos por delante de nuestras obligaciones y con garantías de cumplimiento», apuntó. «Al menos, a nuestro Gobierno le interesan los ciudadanos y las familias a las que les cuesta pagar la tarifa eléctrica cada mes», añadió.

También se enfrentó a las críticas ante la ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la COP23 y que lo comparen con la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente francés, Emmanuel Macron, que sí acudieron. «Merkel estaba porque era en Alemania y Macron para convocar otra cumbre. Con este contexto sus acusaciones se debilitan un poquito», ha recriminado.

Emisiones y el sector eléctrico

Las emisiones de CO2 del sector eléctrico se dispararon un 17,8% en 2017 toda vez que las fuentes renovables cubrieron el 33,3% de la producción eléctrica peninsular, frente al 40,8% del año anterior, registrando así su peor dato anual en el último lustro, según el avance del informe del sistema eléctrico español de Red Eléctrica de España (REE). Esta caída en la contribución de las renovables se debió principalmente al impacto de la sequía sobre la producción hidráulica, que registró una caída del 48,4% frente al año anterior. Además, estuvo acompañado de una menor generación eólica, que fue un 1,6% inferior respecto al año anterior.

En concreto, la hidráulica solo cubrió el 7% de la demanda en 2017, frente al 14,2% del ejercicio anterior, viéndose así sustituida por una mayor aportación del carbón, que representó el 17%, frente al 13,9% de 2016, y de los ciclos combinados, con un 13,9%, frente al 10,2% de hace un año. En cuanto a las tecnologías que más han contribuido a cubrir la demanda, la nuclear se situó nuevamente en primer lugar, con una aportación del 21,5%, seguida de la eólica, con el 18,2%. Además, las importaciones de energía eléctrica cubrieron en 2017 cerca del 4% de la demanda peninsular, según los datos del operador de la red eléctrica.

Con datos estimados a cierre del año, la demanda de energía eléctrica peninsular en este ejercicio se sitúa en 253.082 gigavatios hora (GWh), con un crecimiento del 1,2% con respecto al año anterior. Corregidos los efectos de la laboralidad y la temperatura, la demanda aumentó un 1,7% respecto a 2016. De esta forma, la demanda peninsular mantuvo la tendencia de crecimiento iniciada en 2015 tras cuatro años consecutivos de descensos.

Iberdrola refinancia 5.300 millones de euros en la mayor operación del mundo supeditada a criterios de sostenibilidad y descarbonización

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Europa Press.- Iberdrola cerró con 24 entidades financieras la extensión y ampliación de dos créditos sindicados multidivisa por valor de 5.300 millones de euros, en la mayor operación realizada en el mundo supeditada a criterios de sostenibilidad, según indicó la compañía. En concreto, el acuerdo mejora las condiciones previas, de forma que se recuperan niveles anteriores al comienzo de la crisis, en 2007.

El diferencial obtenido puede ser de hasta 27,5 puntos básicos sobre Ibor, frente a los 30 puntos básicos de la última línea de crédito, firmada en junio de 2016. El vencimiento es a 5 años, con la posibilidad de ampliarlo en 2 años, hasta febrero de 2025. Las buenas condiciones del crédito están ligadas al cumplimiento de un indicador sostenible validado por la agencia Vigeo Eiris y relacionado con la reducción de la intensidad de emisiones por parte de Iberdrola.

Tiene 9.000 millones de liquidez

La operación supone la extensión de las dos líneas por importe de 4.400 millones de euros y su ampliación en 900 millones de euros adicionales. Así, la empresa señaló que continúa adecuando su liquidez a las inversiones de 25.000 millones de euros previstas para el periodo 2016-2020 y cumple su compromiso de mantener su liquidez por encima de los 9.000 millones de euros. La ampliación y extensión de los dos créditos ha contado con BBVA como banco agente y ha recibido el respaldo del 100% de las entidades financieras participantes.

Iberdrola continúa avanzando de este modo en su estrategia de financiación socialmente responsable. La compañía fue el mayor emisor de bonos verdes a nivel de empresa durante 2016 y realizó todas sus emisiones públicas en este formato a lo largo de 2017, entre las que destaca el bono verde híbrido cerrado el pasado noviembre, con el que la empresa inauguró este mercado en España. Durante el pasado ejercicio también se firmó el primer crédito verde realizado a nivel mundial para una compañía energética, suscrito entre Iberdrola y BBVA por importe de 500 millones de euros.