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El Plan de Energía y Clima de España es el mejor valorado de la UE por la European Climate Foundation

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Redacción.– Las economías con 0 emisiones netas no se producirán por casualidad, asegura la European Climate Foundation: “se requerirá un enfoque y una planificación dedicados, con una mirada clara al objetivo final”. En este sentido, esta organización ha destacado el trabajo realizado para España por el Ministerio para la Transición Ecológica, un plan que obtiene 52,4 puntos sobre los 100 máximos.

A juicio de la European Climate Foundation, los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC) representan una oportunidad para que los Estados miembros de la Unión Europea puedan trazar sus próximos pasos en el camino hacia un futuro seguro para el clima y ​​para cosechar los beneficios económicos y sociales que vienen aparejados. Los PNIEC claros y sólidos pueden servir como reclamos para grandes y pequeños inversores e involucrar a las partes interesadas en su desarrollo, además de indicar donde se necesitarán esfuerzos adicionales. Sin embargo, los proyectos de PNIEC presentados por los Gobiernos tienen una gran necesidad de mejora.

Estos son los resultados de un nuevo informe encargado por la European Climate Foundation y realizado por Ecologic Institute y Climact. Forma parte de la serie Net-Zero 2050, una iniciativa de la European Climate Foundation con contribuciones de un consorcio de expertos y organizaciones. Este informe evalúa todos los proyectos de PNIEC presentados a la Comisión Europea y los califica de acuerdo con 3 variables: el nivel de ambición, el nivel de detalle de las políticas y medidas descritas así como la calidad e inclusividad de su proceso de redacción.

Según el ranking, España es el país que obtiene mayor puntuación con 52,4 puntos sobre 100. El PNIEC elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica es el más ambicioso de la Unión Europea. La ambición de los planes representa 45 puntos como máximo y España es el país que más puntuación obtiene, con 21,1 puntos, gracias a su hoja de ruta para alcanzar la descarbonización en 2050 y sus objetivos de 2030 de energías renovables, aunque sus objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero para 2030 no parece coherente con el objetivo a largo plazo. Donde España obtiene un 0 rotundo es en la ambición de sus objetivos de eficiencia energética para 2030.

En cuanto al nivel de detalle de sus políticas, España ocupa el segundo lugar tras Grecia como país con mejor PNIEC en este sentido y logra 30,7 puntos sobre los 45 máximos. En este apartado se valora la concreción con la que el Ministerio para la Transición Ecológica aborda la consecución de los objetivos de eficiencia energética, energías renovables y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aprueba también las medidas de corte financiero y de apoyo a las inversiones mientras que aún tiene que mejorar España a la hora de acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles y en sus planes para disminuir el uso de carbón.

Donde España no ha obtenido una buena puntuación es en la calidad e inclusividad de su proceso de redacción. En este apartado España ha estado por debajo de la media comunitaria y apenas ha obtenido un 0,6 sobre 10. Nuestro país amerita un suspenso al no tener en cuenta la participación de los agentes llamados a estar involucrados en la implementación del PNIEC, entregar el documento con retraso y con la ausencia de algunos apartados importantes como la cooperación regional.

Tras el liderazgo de España, el segundo PNIEC mejor valorado es el de Francia, con un 47%. A estos dos países les siguen Grecia (44%) y Suecia (43%). El plan climático de Eslovenia es el último con un 3%, con Eslovaquia (12%) y Alemania (12%) por delante. La puntuación media para el bloque de la Unión Europea es del 29%.

Esta evaluación encuentra que, si bien los proyectos de planes climáticos nacionales indican que los países están tomando medidas hacia la acción climática para 2030, todavía no cumplen con las ambiciones establecidas por los legisladores de la Unión Europea y el Acuerdo de París. Los problemas recurrentes incluyen planes limitados para la eliminación de los subsidios al carbón y los combustibles fósiles, pocas indicaciones sobre las inversiones necesarias, demasiado uso de biomasa insostenible, consulta pública inadecuada y falta de esfuerzos explícitos para desechar los planes de la meta de 2050. Así, el informe identifica varias buenas prácticas en los planes preliminares que los responsables políticos nacionales y de la Unión Europea pueden inspirar y replicar.

El experto Michael Liebreich afirma que el cambio a las renovables será «más grande» que el del carbón al gas

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Europa Press.- El experto en transición energética y movilidad y fundador de Bloomberg New Energy Finance, Michael Liebreich, ha asegurado que el cambio a las energías renovables «será más grande que el cambio del carbón al gas» y se mostró confiado en que se llegará al escenario de emisiones netas cero. En este sentido, Liebreich afirmó que «a lo mejor tardamos» pero se mostró seguro de que se hará «rápido» y la electricidad se descarbonizará «para 2027».

De esta manera, opinó que la transformación del sistema eléctrico se hará eficientemente «si se toman decisiones relacionadas con una generación distribuida, no centralizada», subrayando la necesidad de digitalizar, y consideró que «la economía va a ser una tercera parte más productiva, energéticamente hablando». Así, pronosticó que para 2040 una tercera parte de la electricidad mundial se generará a partir del mix de energía eólica y solar, un tercio de los vehículos en la carretera serán eléctricos, y la economía mundial producirá un tercio más del producto interior bruto (PIB) por cada unidad de energía.

Liebreich valoró que es el turno de cambiar sectores como el transporte terrestre, la aviación o la agricultura y llegar a la accesibilidad de la energía. Además, señaló que el vehículo eléctrico puede ser «potencialmente un problema, pero también un aliado». «El vehículo eléctrico tendrá una importancia real en la industria del automóvil y calculo que en 2026 su precio será competitivo. Hay que tener en mente que es preciso invertir en esta industria», añadió.

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, indicó que en el mundo de la energía el reto pasa por «buscar soluciones sostenibles y sortear trabas que surgen en el camino». También consideró que las principales incertidumbres pasan por la creación de un plan de energía medioambiental, «que sea sostenible económica y socialmente, y hacerlo a unos costes competitivos».

Así, advirtió de la necesidad de buscar soluciones sostenibles desde estas tres perspectivas. «En la Unión Europea, los países empiezan ya a identificar planes concretos de transformación de modelo energético compatible con estos planteamientos de futuro», indicó. Reynés consideró que el debate alrededor de la energía es de interés «más allá de los que nos dedicamos a esto». «Trasciende al propio sector, llega a la industria, a la economía y al bienestar en general», apuntó.

La Eurocámara advierte de que la Unión Europea tiene que elevar su ambición para poder eliminar las emisiones en 2050

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Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo ha apoyado el objetivo de la Comisión Europea para conseguir eliminar en 2050 las emisiones de gases pero advirtió de que para conseguirlo es necesario elevar la ambición y revisar la meta de recortar un 40% las emisiones en 2030.

Los eurodiputados han aprobado con 369 votos a favor, 116 en contra y 40 abstenciones una resolución no vinculante en la que defienden que la Unión Europea «debe enviar el mensaje claro de que está preparada para revisar su contribución al Acuerdo de París». La Eurocámara ha apoyado, además, las protestas a favor de una mayor ambición en las políticas climáticas globales, especialmente las manifestaciones y las huelgas estudiantiles que se han expandido últimamente. En este sentido, los eurodiputados han reclamado a los gobiernos locales, regionales y nacionales del bloque comunitario, así como a las instituciones europeas, que hagan todo lo posible para conseguir que el calentamiento global se limite, como mucho, a los 1,5ºC.

El texto, por otro lado, remarca que la transición hacia una economía sin emisiones netas de gases de efecto invernadero podía crear 2,1 millones de puestos de empleo en 2050 si se gestiona adecuadamente. Para ello, proponen crear un «fondo para una transición justa» que apoye a las regiones más afectadas por la descarbonización. En la misma línea, los eurodiputados han señalado que la estrategia a largo plazo de la Unión Europea debe priorizar la reducción directa de emisiones y fortalecer los «sumideros de carbono» como los bosques por encima de nuevas tecnologías de eliminación de carbón que, a su juicio, todavía deben desarrollarse a gran escala y supondrían «riesgos significativos» para los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

El Parlamento Europeo ha subrayado que la transición ecológica presenta «importantes oportunidades» para invertir en innovación industrial con el objetivo de impulsar el crecimiento, la competitividad y el empleo de la economía circular y la bioeconomía. En consecuencia, han pedido que el 35% de los fondos del programa europeo para la investigación y el desarrollo, conocido como Horizonte Europa, se destine a proyectos que ayuden a cumplir los objetivos climáticos.

Ribera quiere seguir de ministra

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ve necesario «romper» la inercia muy fuerte de miedo al cambio porque es preciso salir de la zona de confort y tomar conciencia de que no hay tiempo suficiente y hay que luchar contra el cambio climático porque las cosas no cambian por «milagro«. «Trabajar por el clima es trabajar por la mejora de la sociedad y eso es lo que están reclamando los jóvenes. Si queremos un futuro, habrá que trabajar por la estabilidad y la seguridad del clima», ha destacado la ministra.

En lo que le respecta de esa tarea como ministra, cree que se ha «estrellado contra el tiempo» a la hora de lograr una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica porque «8 meses son una legislatura muy corta». Sin embargo, Ribera ha defendido que ha logrado «muchísimas cosas» en estos meses como definir un marco estratégico diferente. «El trasatlántico ha empezado a girar», ha apuntado Ribera, que se ha referido a los cambios en el peso de las renovables, la estrategia para prever la salida «digna» de trabajadores y comarcas dedicadas a los sistemas tradicionales de energías fósiles o la anticipación del cierre de las plantas para no dejar a nadie «con una mano delante y una mano detrás».

El proceso en su opinión debe hacerse avanzando en muchos frentes «a la vez» como la política fiscal o el régimen energético. Por otro lado, en relación sobre su futuro político, ha admitido que a ella le «encanta» su trabajo al frente del Ministerio y le parece «fundamental» la apuesta fuerte de la agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ribera y el economista Nicholas Stern piden «acelerar» las medidas contra el cambio climático porque estamos en «una carrera contrarreloj»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el economista Nicholas Stern, presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente, advirtieron de que hay que «acelerar» las actuaciones para hacer frente al cambio climático, porque estamos en «una carrera contrarreloj».

En su intervención, la ministra ha señalado que «no es suficiente» lo que se ha realizado hasta ahora y hay que «activar los mecanismos» para «avanzar» en la «eficacia» del Acuerdo de París sobre el cambio climático suscrito en 2015, que presenta un plan de actuación para limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2 grados. Además, se ha referido a la «ambiciosa, transformadora y eficiente» propuesta del Gobierno central en su Marco estratégico de energía y clima, que «requiere del esfuerzo de todos».

También ha hecho alusión al «impacto» que la revolución digital ha tenido más allá del sector. «Está transformando la humanidad», ha subrayado, para añadir que «la siguiente revolución es la ecológica», que tiene que permitir «reconciliar nuestras expectativas de patrón de bienestar con los límites de la naturaleza». Además, ha advertido de que «esa transformación no puede hacerse trampa a la hora de hacer las cuentas», porque «lo que conservemos será el patrimonio en el que podremos seguir construyendo el tiempo que queda por venir«.

Por su parte, Stern considera que «hemos entendido lo que hay que hacer» para enfrentarnos al cambio climático, pero «tenemos que acelerar mucho». En este contexto, ha urgido un «cambio radical» de la manera de innovar y «tomar decisiones ya, porque las inversiones para dentro de 20 años se están decidiendo ahora«. Además, ha lamentado que «no estamos siendo consistentes» con ese objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, como contempla el Acuerdo de París, “sabiendo lo que nos jugamos».

Por otro lado, Stern ha abogado por «descarbonizar todos los nichos de la economía, lo que implica encontrar sumideros de carbono». A su juicio, hay una «buena base» para ello, pero necesitamos «capital humano, físico, natural y social y unirlos», así como «políticas diferentes» y «gestionar mejor nuestros mercados de capital», así como crear «redes de electricidad, de transporte, que no funcionarán sin la Administración», aunque ello no significa que «todo tenga que ser público«.

También ha abogado por «compartir rápidamente la información» sobre cómo afectan ambientalmente nuestras acciones y ha recordado que en Reino Unido anualmente mueren «más de 30.000 personas por contaminación atmosférica, más del 20% de las que lo hacen por accidentes de tráfico, y no hay un clamor público al respecto«. Stern también ha reflexionado sobre el hecho de que hay que ser «productivamente flexibles» y «proteger los ingresos de la gente pobre y a los países pobres y utilizar el mercado del carbono para ello».

Europa debe unirse a Asia

Por otra parte ha destacado que «las grandes instituciones financieras deberían decir donde están canalizando sus fondos desde el punto de vista del riesgo climático, en tecnologías antiguas y peligrosas o en nuevas tecnologías». «Todos deberíamos ser capaces de saber eso no solo desde el punto de vista jurídico, sino político, para ir más rápido«, añadió. Finalmente, se mostró convencido de que «desde las finanzas y las políticas públicas se puede hacer mucho» frente al cambio climático pero «es el momento de que Europa se alce con una voz y se sume a China e India en una voz mundial».

Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, también ha insistido en que hay que «correr» y «usar todas las tecnologías en nuestra mano» para afrontar el cambio climático, una tarea en la cual las energías limpias «pueden ser un aliado». Para ello ha apuntado que se requiere «de un marco claro que aporte estabilidad» al sector energético.

Tras subrayar la «apuesta» de Iberdrola por las renovables, Galán ha instado a «aprender de los logros y errores», como los «bloqueos» a su implantación por parte de los legisladores, para «avanzar en la transición energética«, algo que va a requerir también la movilización de «cuantiosísimas inversiones en los próximos años para acometer este cambio a un modelo plenamente descarbonizado».

En este sentido, ha opinado que también se necesitan «ejercicios de previsión, no improvisación», porque las empresas energéticas deben tomar «decisiones a 60 años», que requieren de «políticas que aporten claridad y certidumbre», con marcos normativos «conforme a objetivos ambiciosos a corto, medio y largo plazo», que sean «fruto de un consenso», estén basados en «principios de mercado» y sean acordes con las normativas europeas.

Sánchez Galán ha puesto en valor el «modelo basado en contratos bilaterales de compra venta de energías renovables» y ha aplaudido que, en estos momentos, España «está emitiendo una señal clara para ir a un modelo energético más sostenible y competitivo», a través del Plan Nacional de energía y Clima, que contempla «una participación del 70% de las renovables para 2030», entre otras medidas. «Empezamos a tener una foto bastante clara de qué hay que hacer en España para tener un suministro energético seguro», se felicitó, para añadir que «cuando hay claridad y predicibilidad se estimula la inversión» y así Iberdrola contempla «una inversión en España de más de 8.000 millones de euros para 2030».

Sánchez Galán se ha referido a las «grandes ventajas» que conllevará la transición energética, «ambientales y en otros ámbitos», ya que, a su juicio, por ejemplo, «evitará graves problemas de salud, reforzará la seguridad de suministro, la balanza de pagos con enormes ahorros«, además de «dinamizar el crecimiento y la competitividad» y crear empleo «en sectores de futuro». «El cambio de modelo es técnica y económicamente viable pero hay que aunar esfuerzos con todos los agentes para seguir avanzando», afirmó.

También ha advertido de que en ese camino hay que «evaluar los resultados reales», evitando el greenwashing, de manera que «las memorias se publiquen con datos reales de lo que hace cada sociedad en esta dirección». Finalmente destacó que Iberdrola ha suscrito un acuerdo con el Ente Vasco de la Energía (EVE) para el desarrollo conjunto de proyectos renovables, tanto eólicos como fotovoltaicos, en el País Vasco y «hacer cientos de megavatios» limpios en la comunidad autónoma vasca, algo que ha calificado de «oportunidad única».

CCOO asegura que las emisiones cayeron en 2018 un 4,3% gracias a la menor generación eléctrica con carbón y gas

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Europa Press.- Las emisiones de gases de efecto invernadero en España cayeron un 4,3% en 2018 respecto al año anterior, según indicó Comisiones Obreras (CCOO), que señala que este descenso tras el aumento de 2017 sitúa a las emisiones de gases de efecto invernadero en un 12,91% por encima de las de 1990 y un 26,14% respecto a las emisiones de 2005.

La organización sindical reclama al Gobierno que realice una planificación del sistema energético con mayor penetración de energías renovables (eléctricas y térmicas) para 2030 que avance en la descarbonización de todos los sectores. De acuerdo con el trabajo de CCOO Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España 1990-2018, la disminución de las emisiones de gases invernadero en 2018 respecto a 2017 se debe en gran parte a la disminución de la quema de carbón para la generación eléctrica en un 17,8% y del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 21,5%, al tiempo que aumentó la producción hidroeléctrica en un 21,5%; la producción hidráulica en un 84,8% y la eólica en un 2,9%.

El sindicato recuerda que las emisiones del año base 1990 eran de 288,4 millones de toneladas de CO2 equivalentes; las del año 2005 ascendieron a 441 millones de toneladas de CO2 equivalentes y la emisiones en 2018 fueron de 325,7 millones de toneladas de CO2 equivalente, según los datos preliminares de 2019. En 2017 fueron 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente. El factor determinante, según el sindicato, fue la mayor producción hidráulica, igual que en anteriores años, pues cuando los años son lluviosos en España disminuyen las emisiones frente a los años secos, en los que se quema más carbón y gas natural, de modo que aumentan las emisiones.

Un 3% más de petróleo

Así, señala que en 2018 el consumo de petróleo creció un 3% respecto del año anterior y el gas natural se mantuvo constante. Mientras, en el sector del transporte por carretera las emisiones crecieron un 2,5% en 2018 y un 4,7% en el transporte aéreo interior. Para CCOO este es un «momento crucial» en el que confluyen los compromisos internacionales que marcan el camino para avanzar en la descarbonización de la economía, informes científicos incuestionables que avisan de que hay poco tiempo para hacerlo, tecnologías disponibles que permiten el cambio de fuentes energéticas y la electrificación de la demanda y, finalmente, una sustancial bajada de costes en muchas de esas tecnologías que permiten hacer los cambios con esfuerzos financieros razonables.

En concreto, subraya que ve a España situada en «una posición favorable» porque dispone de recursos renovables, tecnologías propias y capacidad industrial para afrontar los retos y convertirlos en empleo. Si bien, recuerda que hasta la fecha, España sigue siendo uno de los países industrializados donde más han aumentado las emisiones desde 1990 y sigue necesitando un importante esfuerzo para llegar a los objetivos de reducción de emisiones para 2030.

El estudio señala que la energía (electricidad, transporte por carretera, aviación y residencial) es el sector con mayor responsabilidad en el conjunto de las emisiones y el «auténtico nudo gordiano», ya que en 2018 representaron el 75,1% del total sin incluir los sumideros. Las mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera, mientras el resto corresponde a las 10 refinerías de petróleo, consumos energéticos de la industria, transporte aéreo interior (no incluye el transporte aéreo con otros países), usos residenciales (sobre todo calefacción y agua caliente sanitaria) y servicios.

La Fundación Biodiversidad destina 5,8 millones de euros en ayudas para empleo verde en la Transición Justa

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Europa Press.- La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica convocó la nueva edición del Programa emplea verde, que destinará 5,8 millones de euros para impulsar la transición justa en el marco de la descarbonización de la economía española a través del empleo verde.

La nueva convocatoria de subvenciones, abierta hasta el 30 de abril, financiará proyectos dirigidos a la promoción y creación de empleo y empresas vinculadas al medio ambiente. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo prevé destinar 67 millones de euros hasta 2023 para apoyar a 50.000 personas y 3.000 empresas y formar 24.000 personas. Para el 2019 el 90% de los 9,4 millones disponibles en la convocatoria de subvenciones empleaverde se podrá utilizar en los territorios protagonistas de la transición energética y en particular para las regiones carboníferas.

Transición justa a la descarbonización

El objetivo del Programa empleaverde es fomentar actividades económicas sostenibles en todos los sectores, promoviendo la transición justa hacia una economía baja en carbono y circular, integrando la biodiversidad en la gestión y procesos empresariales y haciendo un uso más eficiente de los recursos naturales, constituyendo un motor de crecimiento económico sostenible y de progreso social. Para ello, se apoya a entidades que cuenten con actuaciones de formación y asesoramiento, acciones de innovación dirigidas a personas desempleadas, emprendedoras y/o trabajadoras, prestando especial atención a mujeres y colectivos prioritarios (jóvenes hasta 35, mayores de 45 años, personas inmigrantes y personas con discapacidad). Además, se tendrá especial interés en personas residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales.

El importe mínimo de los proyectos seleccionados será de 100.000 euros y el máximo de 300.000 euros. Este año se han incluido nuevas materias sobre las que se hará especial hincapié como la gestión, mejora ambiental y eco-innovación en la industria o empresa, la reconversión industrial a actividades ambientalmente sostenibles y la lucha contra el despoblamiento en zonas rurales. El Programa empleaverde prevé destinar 67 millones de euros hasta y aspira a crear 600 empleos y apoyar a 400 empresas.

Aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que España alcance su completa descarbonización en 2050

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Europa Press.- El Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la descarbonización al 100% de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también forman parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

En este sentido, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha indicado que el paquete normativo es la «combinación de anhelo y realidad que quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que está en línea con los objetivos de la Unión Europea». La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó el conjunto normativo para «facilitar y orientar» la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

«Hemos visto el marco estratégico de energía y clima que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y es una apuesta para facilitar la modernización de la economía, el empleo en sectores y campos en los que tenemos gran potencial y que nos colocará en el porvenir», ha subrayado Ribera. Así, defiende que este es un marco «ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible» que permitirá la creación y «reposicionamiento» de la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.

El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos, un 35%.

Por tanto, Ribera ha indicado que reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030 supondrá eliminar «una de cada tres toneladas de dióxido de carbono» y para llegar a una neutralidad de carbono en 2050 se deberán reducir las emisiones de CO2 en un 90% con respecto a 1990. Para alcanzar estas metas el Gobierno prevé aprobar subastas de por lo menos 3.000 megavatios renovables cada año y desarrollar un nuevo marco de retribución para la generación renovable que se base en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva y se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

Otras de las medidas contempladas en el anteproyecto es que solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están «debidamente» justificados por motivos de «interés social o económico» o por la «inexistencia de alternativas tecnológicas». Además, se deberá elaborar un informe sobre el régimen fiscal que se apliquen a los productos energéticos de origen fósil, que incluirá un calendario para revisar estas ayudas. La Administración General del Estado y los organismos o entidades que forman el sector público estatal deberán desprenderse en dos años de todas las participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté ligada a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos.

También se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico. Una vez que entre en vigor la ley no se darán nuevas autorizaciones para explorar, investigar hidrocarburos o nuevas concesiones ni en tierra ni en aguas territoriales, ni tampoco se podrán desarrollar proyectos de fractura hidráulica (fracking). Las prórrogas vigentes no podrán extenderse más allá de 2042.

Por otro lado, el anteproyecto contempla que para incentivar la economía baja en carbono, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en el cambio climático y este objetivo se revisará al alza antes de 2025. A partir de 2020 los ingresos de las subastas de derechos de emisión de GEI se destinarán los objetivos de cambio climático y los Presupuestos podrán destinar, hasta el 30% de estos, a medidas de transición justa.

En general, la Administración General del Estado no podrá construir o licitar obras que no sean de consumo de energía casi nulo o de materiales no sostenibles y más allá de 2030 no podrá tener alquilados inmuebles que no dispongan de la consideración de «casi nulo» que establece el Código Técnico de Edificación. Otras de las medidas será desarrollada por el Ministerio de Educación, que deberá revisar los itinerarios de formación y habilitación profesional y elaborará un plan para impulsar en el empleo en los sectores «motor» del crecimiento en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono. El anteproyecto está sometido a información pública hasta el 22 de marzo.

AEE valora «positivamente» la «ambición»

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora «positivamente» los planes climáticos del Gobierno por su «visibilidad a largo plazo» y su «ambición» en los objetivos medioambientales. La organización ve «necesario» que se aporten las herramientas regulatorias que permitan avanzar «de forma óptima», con un ritmo de crecimiento lineal de las tecnologías en los próximos años «que atraigan y aseguren las inversiones que se precisan para acometer la transición».

La AEE considera «coherente» el objetivo planteado de alcanzar una potencia instalada de 50.258 megavatios (MW) eólicos en 2030, frente a la actual potencia instalada de 23.484 MW, mientras avisa de que para cumplir con el objetivo de 50 gigavatios (GW) de aportación eólica al sistema en 2030 «es necesario instalar una media de 2.200 MW al año, lo que considera «factible«. Además, califica este hecho como una «oportunidad» para el sector, ya que «sabrá aprovechar y responder con éxito porque tiene la capacidad y tecnología que se requieren», además de una «enorme oportunidad» para el país desde el punto de vista de la competitividad, ambición ambiental, desarrollo industrial especializado, I+D+i, aportación a la economía española y creación de empleo.

La contaminación de los edificios

Por su parte, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) lamenta que el Plan no incida en la contaminación que generan los edificios, que «causan hasta un 40% de la contaminación que se registra en las grandes ciudades«. Según ha recordado al Gobierno, la contaminación y el volumen de emisiones nocivas para la atmósfera no se provocan solo por el crecimiento exponencial del tráfico rodado, sino que también influye «el elevado número de viviendas en las que se derrocha energía».

En España, según Andimac, más de la mitad de los inmuebles superan los 40 años de antigüedad y la mayoría de las edificaciones son «antiguas y no se ajustan a los nuevos estándares de la edificación sobre condiciones térmicas y energéticas». De hecho, según ha apuntado, los edificios españoles representan casi un tercio del consumo de energía total del país. El secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, ha resaltado la importancia de “apostar por la descarbonización de los edificios e invertir en su rehabilitación energética».

El Gobierno destinará 1.000 millones al impulso del vehículo eléctrico hasta 2025 para que alcancen los 5 millones en 2030

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Europa Press.- El Gobierno lanzará un plan de impulso a la movilidad eléctrica con un importe total de 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025, según las cifras recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que contempla que el parque español de vehículos eléctricos alcanzará 5 millones de unidades en 2030.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalaron que para impulsar el vehículo eléctrico en la movilidad sostenible el plan prevé dotar de unos 200 millones de euros anuales a este objetivo durante el periodo 2021-2025. De esta manera, en esos 5 años, en que se considera que es necesaria una mayor ayuda para su desarrollo, se destinarán un total de 1.000 millones de euros. El Ejecutivo estima que el número de vehículos eléctricos en el parque automovilístico español se disparará en el horizonte de 2030 hasta los 5 millones, según el PNIEC, que contempla medidas de apoyo para lograr este objetivo de movilidad sostenible.

El documento prevé que la presencia de las renovables en el sector de la movilidad-transporte alcanzará al final de la próxima década el 22% por medio de la electrificación, con esos 5 millones de turismos, furgonetas, autobuses y motos, en torno al 16% del parque móvil en 2030, y el uso de biocarburantes avanzados. Actualmente la presencia del vehículo eléctrico en el parque automovilístico apenas supera las 36.000 unidades. Estas cifras ambiciosas del Gobierno también chocan con las previsiones de otros sectores, como el petrolero, que augura para el vehículo eléctrico un millón de unidades en 2030, representando un 4-5% del parque total de automóviles.

El plan del actual Gobierno prevé que el sector de la movilidad y transporte reduzca sus emisiones en 28 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el periodo 2021-2030. Para alcanzar ese periodo se apuesta por un cambio modal que, según las estimaciones, implicará que el 35% de los pasajeros-kilómetro que se cubren mediante vehículos convencionales de combustión sean realizados sin emisiones. A este respecto, el Ejecutivo prevé acompañar al sector automovilístico en el proceso de descarbonización durante la próxima década. De hecho, ya se trabaja en el Acuerdo Estratégico del Sector de la Automoción, que determinará la colaboración público privada para impulsar el sector.

En este sentido, también se ha fijado un Plan de Apoyo Integral al sector de la automoción 2019-2020 dotado con 562 millones de euros para fomentar acciones de movilidad sostenible y conectada. Además, para aprovechar las oportunidades que brinda la nueva movilidad para el sector del automóvil, el Gobierno trabajará para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías y a las demandas de los ciudadanos y se pondrán en marcha, junto con el Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, como instrumentos de apoyo a la I+D+i en el área de la automoción, o un plan de acompañamiento al sector.

También se creará una Mesa de la Movilidad como órgano de reflexión y asesoramiento, con la participación de todos los agentes implicados. De forma paralela, el Gobierno elaborará una Estrategia de la Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada que dará respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad en los próximos años, a la desigualdad a la hora de acceder a modos de transporte más limpios, a la innovación y transformación digital en el transporte, y a la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones destinadas a infraestructuras de transporte.

Además, el anteproyecto de Ley elaborado por el Ministerio, puesto que casi el 70% de las emisiones de CO2 se produce en las ciudades, insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a fomentar la introducción de medidas de lucha contra el cambio climático, entre otras, la creación de zonas de bajas emisiones, no más tarde de 2023; la puesta en marcha de medidas para la mejora y uso de la red de transporte público y su progresiva electrificación.

Igualmente, el anteproyecto de Ley, manteniendo lo que figuraba en el borrador, recoge que, para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios, las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos, aquellas que en el 2018 tengan un volumen agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros, deberán contar con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw.

A este respecto, fuentes de Transición Ecológica estiman que esta medida afectará a unas 1.000 estaciones de servicio localizadas en centros de población con gran actividad, que representan en torno al 9% de la actual red de gasolineras. En lo que respecta a la inversión, consideran que el coste de un punto de recarga de 22 kw asciende a unos 31.000 euros, por lo que el montante total de introducir, al menos un punto de recarga por gasolinera, será de unos 31 millones de euros.

También se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para el 2050. Para ellos se promoverá, entre otras medidas, la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones.

El Gobierno estima que el recibo de la luz antes de impuestos bajará un 12% en el horizonte 2030

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Europa Press.- El Gobierno estima que el recibo de la luz bajará un 12% antes de impuestos en 2030 respecto al precio actual debido a las medidas para la descarbonización que se incluyen en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

En concreto, la previsión es que, a partir de 2030, el precio medio de la luz descienda por la entrada masiva de renovables, al ser tecnologías baratas y competitivas, lo que favorecerá a los hogares de menor renta y, especialmente, a los colectivos vulnerables. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron que esta rebaja en el recibo de la luz sería mayor si se incluyera un paquete de fiscalidad en el que ya se está trabajando con el Ministerio de Hacienda. «Pero aún no hay medidas fiscales concretas», añadieron.

El Gobierno complementará el conjunto de medidas recogidas en el Marco Estratégico de Energía y Clima con la Estrategia contra la Pobreza Energética, en fase de elaboración. En este sentido, las mismas fuentes señalaron que se está trabajando también en decidir «un nuevo bono social» energético, cuando actualmente existe el eléctrico y se creó el térmico en 2018, que podría ir en la línea de un bono «multicombustible y que sea lo más elástico posible«, en la línea del que existe en países de nuestro entorno como Portugal o Francia.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió que las inversiones, pese a ser inmediatas tras la aprobación del plan, tienen un cierto retraso hasta que se hacen visibles. Por ello, ha explicado que estas inversiones comenzarán a ser «claras» a partir del año 2025, fecha a partir de la cual el efecto exponencial de las inversiones supondrían una rebaja «aún más pronunciada». Además, esta hoja de ruta del Gobierno a 2030 hacia la descarbonización prevé unos efectos macroeconómicos que pasan por una movilización de unos 236.000 millones de euros en la próxima década.

El 80% de estas inversiones se realizarán por parte del sector privado. El 20% restante, unos 47.000 millones, serán inversiones de las distintas administraciones públicas, que actuarán como palanca de la financiación privada y que se centrarán, fundamentalmente, en ayudas de ahorro y de eficiencia energética. Asimismo, la menor importación de combustibles fósiles, especialmente petróleo y carbón, y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará la dependencia energética del exterior en 15 puntos porcentuales, pasando del 74% en 2017 al 59% en 2030, lo que mejorará la seguridad energética nacional y la balanza comercial.

En concreto, la reducción de las importaciones se cuantifica en 75.379 millones de euros en la próxima década respecto al escenario tendencial, es decir, sin las medidas que plantea el plan. Como resultado de las inversiones previstas, el ahorro energético y los cambios en el mix energético, el PIB aumentará entre 19.300 y 25.100 millones de euros al año entre 2021 y 2030, en torno a un 1,8% en 2030.

En lo que respecta al empleo, se generarán entre 250.000 y 364.000 nuevos puestos de trabajo netos anuales, un aumento del 1,7% en 2030, según ha detallado Ribera. Las inversiones en renovables serán el principal motor de generación de empleo: entre 102.000 y 182.000 nuevos puestos netos anuales. Le siguen las acciones vinculadas al ahorro y la eficiencia energética, especialmente rehabilitación, que generarán entre 42.000 y 80.000 nuevos empleos anuales.

“Un paso adelante» para Aelec

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), integrada por Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP, considera que el Plan de Energía y Clima «supone un paso adelante en la transición energética» del país. Las principales compañías valoran «positivamente» la apuesta por la electrificación que suponen estas medidas como vía para alcanzar la descarbonización de la economía y la sociedad, avanzando así «en la dirección marcada desde la Unión Europea y establecida en los acuerdos de París».

Aelec destaca que este paquete «pone en valor la importancia de la energía eléctrica» ya que incrementa el peso de las energías renovables en el mix energético español, apostando por el desarrollo de la movilidad eléctrica y por la innovación tecnológica para seguir avanzando en los usos de la electricidad. Finalmente, esta asociación considera que estas medidas «deben servir para sentar las bases de un marco normativo estable, que ofrezca una rentabilidad razonable, y así dar señales claras que hagan posible las cuantiosas inversiones que habrán de acometerse para llevar a cabo la transición energética».

El PP ve en el plan climático de Ribera un futuro con más paro, menos crecimiento y energía más cara

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Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno garantizará que los turismos y vehículos comerciales nuevos que se vendan en 2040 serán 0 emisiones, aunque el Ejecutivo evita hablar de prohibiciones, el PP entiende que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el Ministerio supone «un paso claro a la ralentización económica, a la futura generación de desempleo y, sin lugar a dudas, a un incremento de la factura eléctrica».

Así lo auguró el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, quien denuncia la ausencia de «negociación» para un plan «que afecta a más de una legislatura y, probablemente, a más de una generación». El dirigente popular cree que el Gobierno es «víctima de la politización de las tecnologías» y que, por ello, plantea «la desaparición» de una energía libre de emisiones, como la nuclear, lo que, a su juicio, «contraviene» lo defendido por la Unión Europea o la Agencia Internacional de la Energía, que «abogan por su mantenimiento como energía de respaldo«.

Asimismo, ha criticado que Ribera anticipe un abaratamiento de la energía y un fortalecimiento de la industria, cuando el Gobierno «ha colaborado activamente a la salida de Alcoa y que ha propiciado un ERE en Ferroatlántica«. «Hemos escuchado ensoñaciones y cantos de sirena. Tenemos una ministra que practica una suerte de realismo mágico, que obvia y olvida los números, las cifras y las propuestas creíbles. Nos encontramos humo», señaló, acusando a Ribera de «lanzar soflamas o propaganda electoral para conseguir votos» en las próximas elecciones.

«Un ejemplo más es lo que ocurre con el diésel. Siguen sin responder qué piensan hacer en 2040, si es cierto que deben de circular los coches diésel o de gasolina, o no. Ha cambiado de opinión ya dos veces«, indicó, subrayando que el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, «la obligó a rectificar porque en Europa está prohibido prohibir tecnologías».

Ribera evita la palabra “prohibir”

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos y destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que «no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro». Así, a partir de esa fecha no se podrán vender vehículos que emitan CO2.

«En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada, y parte electrificada, son importantes para 2030, pero no se incluye ningún tipo de prohibición», ha afirmado Ribera, que reivindicó que el borrador del PNIEC 2021-2030 recoge «palabra por palabra» lo que Arias Cañete propuso al Colegio de Comisarios. «Debemos garantizar que los vehículos ligeros sean 0 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en 2040. Es muy difícil imaginar escenarios de descarbonización del sistema energético si no se presenta atención a la movilidad y creo que es importante acompañar a este proceso de transformación», ha defendido la titular para la Transición Ecológica.

Con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Ejecutivo pretende renovar «paulatinamente» el parque automovilístico con modelos de menores emisiones para «culminar» en 2050 con vehículos sin emisiones de CO2, así como definir un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático. El Gobierno lanzará un plan de impulso a la movilidad eléctrica con un importe total de 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025, según las cifras recogidas en el borrador del PNIEC, que contempla que el parque español de vehículos eléctricos alcanzará 5 millones de unidades en 2030.

El gas reclama su papel

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha destacado que el gas «es una energía de presente y futuro» que ayuda a conseguir las metas fijadas por el Gobierno en su PNIEC. Sedigas reclama así que el gas renovable «debe tener un papel prominente» en la matriz energética, ya que supone un sumidero de dióxido de carbono (CO2) que sirve para restar emisiones. Por ello, Sedigas valora «positivamente» la inclusión del gas renovable en el plan, por suponer una solución «realista y técnicamente viable» para lograr una mayor eficiencia energética en la edificación.

Por otra parte, el sector gasista sí echa en falta «un gran impulso sobre la movilidad a gas», al considerar que con el gas natural vehicular se pueden reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 80% y casi la totalidad de las partículas sólidas y el azufre, además de disminuir los gases de efecto invernadero en un 20%.