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Laurence Tubiana: «No hay que hablar de cambio climático, sino de beneficios para la salud y desarrollo humano»

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Europa Press.- La directora de la European Climate Foundation y una de las artífices del Acuerdo del Clima de París, Laurence Tubiana, ha señalado que no es necesario hablar de «cambio climático, sino de beneficios para en salud, personal y social, y de desarrollo humano» porque así, la población percibirá las ventajas individuales y será capaz de transformarse para luchar contra el calentamiento global.

«Hay que hablar a los ciudadanos de como mejora su salud con una buena calidad del aire. Hay que decirles que son responsables y perjudicados de un aire contaminado y también que pueden actuar para mejorarlo», insiste. En este caso, observa que es una cuestión de «conexión» con los problemas, por lo que el proceso para valorar que las acciones pueden tener un impacto positivo va del ámbito personal al colectivo porque «la gente necesita un método para abrir los problemas, entenderlos y actuar» en aspectos de aire o transporte que son «cruciales» para el cambio climático. En definitiva, considera que hay que sacar el cambio climático del ámbito político, tecnocráctico y oenegista y aún más importante «despolitizar» la cuestión.

Por otro lado, Tubiana ha querido trasladar el mensaje de que España está «en un momento muy interesante e importante para Europa», porque son necesarios países que «realmente aceleren la discusión y la ambición climática» ligada a los objetivos de desarrollo sostenible. «Estamos en un momento de discusiones y dudas, populismos en algunos países de Europa, sentimiento antieuropeo en otros países, y me parece que el conjunto político español, aunque esté complicado por un gobierno en minoría, está mostrando que el pueblo y la sociedad ve las cosas de una manera muy positiva para Europa. Eso me parece muy importante. Vengo a decir a la gente lo importante que es España para Europa«, ha manifestado.

En ese sentido, Tubiana no ve «ninguna razón» para que la lucha contra el cambio climático se politice porque el problema es global y «no de derechas o de izquierdas». De este modo, opina que despolitizar la cuestión sería «muy fácil» en España ya que son políticas a largo plazo en las que debería fijarse una visión «multipartido» para la acción climática. Por ello, propone la creación de un órgano regulador, independiente del Gobierno, para que fiscalice el cumplimiento de las políticas climáticas a largo plazo. «La meta es clara y debe fijarse mediante un acuerdo nacional aunque el camino pueda ser distinto, con diferentes instrumentos políticos y económicos», comenta.

De hecho, añade que «ningún» partido querría aparecer como responsable de no hacer nada ante esta «responsabilidad histórica» y con la búsqueda de objetivos se beneficiaría también a la industria, que cree que «está gritando por señales claras y estables». «La lucha contra el cambio climático debería ser un pacto de Estado más allá de una o dos legislaturas», apostilla.

Por ejemplo, en ese camino ve «muy tarde» el plazo fijado en 2040 como fecha final de matriculación del diésel en España y en Europa, un elemento «imprescindible» en la acción climática y cree que es «una locura» la controversia creada al respecto. Si bien, confía en que España y Francia lo harán e impulsarán a Alemania a seguir ese camino que también beneficiará a la industria automotriz. En ese contexto, Tubiana ha puesto de ejemplo a China, que ha anunciado que en 2022 tendrá coches eléctricos totalmente competitivos con respecto a los de petróleo.

Por ello, la experta en clima recuerda que la Unión Europea se ha marcado la meta de ser neutra en carbono en 2050 y para llegar a ese objetivo ve necesario abrir un proceso local para «imaginar» el año 2050 en cuanto a movilidad o aire. Tubiana es «optimista» y considera que el proceso de imaginar facilitará el camino ya que si se aspira a un aire limpio y a «todo verde» no se podrá entonces seguir con un coche contaminante. «La atmósfera podría cambiar mucho si las instituciones abren este espacio de discusión y reflexión a los ciudadanos», insiste.

Sin embargo, advierte de que este proceso debe hacerse bien para evitar un «levantamiento social» porque se trata de una cuestión de justicia anticiparse a las reticencias y poner soluciones. En cuanto al inicio de la aplicación del Acuerdo de París en 2020, Tubiana opina que «objetivamente» la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) en diciembre de 2018 fue un «éxito» porque se pudo establecer todo el mecanismo de aplicación del mismo, excepto un artículo que se terminará de definir en la próxima COP de Chile. «La hoja de ruta está terminada. Ya no hace falta nada más para empezar a aplicar el Acuerdo de París en 2020», ha sentenciado.

Respecto al impacto del Brexit en el reparto de esfuerzos europeo admite que en este momento esta cuestión es «un caos» pero confía en que los objetivos climáticos del Reino Unido queden alineados con la ambición europea. «Que la gente se despierte, el cambio climático está pasando ahora y no dentro de diez años. Hay que actuar ya», ha concluido.

Manuel Pulgar-Vidal, director internacional de cambio climático de WWF, considera que la lucha climática solo será posible con apoyo ciudadano

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Europa Press.- El director internacional de cambio climático de WWF, Manuel Pulgar-Vidal, exministro de Medio Ambiente de Perú y hombre clave en las negociaciones que condujeron al Acuerdo del Clima de París, ha advertido de que la lucha contra el cambio climático solo será posible si los ciudadanos son «capaces de asumir y apoyar» la acción y ha vinculado este problema a los objetivos de la Agenda 2030 para frenar la pobreza y favorecer la equidad social.

Pulgar-Vidal ha expuesto la relación entre clima y lucha contra el hambre, la pobreza, la desigualdad y el desarrollo sostenible. Pulgar-Vidal ha advertido de que no se puede alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 sin ser capaces de afrontar las consecuencias del cambio climático y ha añadido que esto debe hacerse en base al concepto de la transición justa que pasa por «planificar las consecuencias» positivas y negativas de la transformación que se busca.

Así, considera necesario planificar las consecuencias negativas de lograr una economía descarbonizada sin combustibles fósiles, sin dejar de pensar que hay «mucha gente involucrada», tanto en su extracción como en su uso para distintos fines. «Todavía somos muy dependientes de los objetos que usan estas fuentes de energía y a su vez hay otras regiones que son altamente dependientes de la extracción de estos recursos», comentó. Por tanto, Pulgar-Vidal insiste en la necesidad de buscar fuentes de empleo alternativas a las personas que dependen de los combustibles fósiles. «Hay que lograr que los salarios de estas personas no se vean perjudicados y, al mismo tiempo, transitar hacia energías limpias», manifestó.

Al respecto de la transición justa, puso de ejemplo la «lección» dada por la crisis de los chalecos amarillos en Francia que se originó por el incremento de precios de los combustibles en el marco de las decisiones climáticas del Gobierno de Francia, y que generó un encarecimiento que la población «no estuvo dispuesta a soportar». «Una acción climática que es definitivamente deseada tiene que considerar ese tipo de respuestas», subrayó el exministro peruano, que opina así que no se puede perder el apoyo ciudadano porque la acción climática «es posible solo si los ciudadanos son capaces de asumir y apoyar ese tipo de acción«.

Pulgar-Vidal ha explicado asimismo las reticencias al cambio por parte de distintos países, sobre todo por los más dependientes de los combustibles fósiles, que requieren que el cambio sea más gradual, o bien, de los países productores, que no desean que su economía quede afectada de forma rápida. Si bien, ha advertido de que a pesar de la dependencia económica de actividades no sostenibles como el carbón o el petróleo, «no cambiar a tiempo puede generar mayores perjuicios económicos«. Por otro lado, se ha referido también a la competencia entre países por no perder competitividad por lo que celebra la existencia de coaliciones, como la Unión Europea, al anunciar su compromiso de alcanzar una economía neutra en emisiones en 2050.

Retrasos con la eficiencia energética

Otro de los pilares de la acción para el negociador climático es el sector privado, los mercados y los inversores a los que pide que se fijen metas sectoriales basadas en la ciencia para poder cambiar conductas. Si bien, ha celebrado la «gran acción climática» del sector de la energía, lamenta por el contrario el retraso y la falta de avances de lo relativo a la eficiencia energética, que «representa el 32% de la solución y que «no avanza tan rápido» como las energías limpias.

Por otro lado, sobre el mix energético ideal cree que en España, como cada país, debe responder a su realidad sobre los porcentajes de acceso a la energía, su nivel de dependencia de una u otra fuente o su capacidad para transitar hacia una economía descarbonizada en 2050. En concreto, ha recordado que la mayor fuente de emisiones contaminantes en España es el transporte, que representa en torno al 25% y su receta, en este caso, es fomentar la electrificación del transporte algo que considera que «no se está desarrollando aún de la manera necesaria».

En segundo lugar, opina que España debe modificar su generación eléctrica, que es la segunda fuente de emisiones de CO2 y, en tercer lugar, debería favorecer las ciudades sostenibles y la eficiencia energética. En cuanto al mix energético, explicó que las principales resistencias ante la energía nuclear, «que no tiene que ver con lo climático», se deben a sus condiciones de seguridad. Si bien, asegura que de lo que se trata es de «buscar una reducción real de emisiones», es decir intervenir en aquellas fuentes de emisiones y «no buscar otras alternativas» que desvíen del objetivo. «Hay que concentrarse en reducir realmente las emisiones», apostilló.

Finalmente, el exministro de medio ambiente de Perú ha calificado de «interesante» el caso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció su salida del Acuerdo de París sabiendo que no podrá solicitarlo hasta 2019 y, mientras tanto, en las negociaciones internacionales Estados Unidos «no ha mostrado obstrucciones» en el proceso sino que, al contrario, ha mostrado colaboración para permitir avances. «Espero y confío en que Trump no se vaya del Acuerdo de París. Creo que perjudicaría a sus propios ciudadanos pero si se materializase, estoy seguro que más pronto que tarde, Estados Unidos volvería a la negociación climática. Nadie sabe qué puede ocurrir», ha concluido.

Ribera considera que los riesgos climáticos y ambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que los riesgos climáticos y medioambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial», apoyándose en el «protagonismo» que considera que tendrán estos asuntos en los próximos grandes foros económicos internacionales. En este sentido, Ribera señaló que un Presupuesto «que desprecie el cambio climático es tirar el dinero».

El objetivo final, según ella, es que el 100% de la inversión y gasto sean compatibles con el clima, al igual «que lo deben ser con los Derechos Humanos». «Lo más grave, dañino, peligroso y disruptivo es no hacer caso a lo que sabemos que ocurre con el cambio climático», añadió. Entre los ponentes, la exprimera ministra de Nueva Zelanda y exadministradora del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), Helen Clark, ha remarcado que «el principal objetivo de la agenda de desarrollo sostenible es que nadie se quede atrás, especialmente las personas más vulnerables».

La legislación climática estará «enseguida”

Por otro lado, Ribera ha afirmado que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que trabaja el Gobierno, llegará «enseguida». «Estamos peinándola y poniéndole los colorines finales de la portada», bromeó. Según ha comentado la ministra, la transición ecológica es un «desafío interesantísimo en todos los frentes», por lo que considera importante que haya un debate público constructivo que, a su juicio, fomentará los consensos y acciones de mejoras. Tal y como ha señalado, desde el Gobierno están intentando ser «cuidadosos» en la evaluación de las piezas que conformarán la Ley. «Lo tenemos muy organizado en el Gobierno, en pensar en las distintas razones para poder compartirla», ha apuntado la ministra.

Teresa Ribera ve en la «convicción de la gente» el impulso para iniciar el cambio hacia la transición ecológica: «Es lo que de verdad va a ser el vector que fomente la reflexión de mercados, de opinadores». Y para ello, ha insistido en la necesidad de que todos los agentes actúen ya que «ninguno por sí mismo puede hacerlo todo».

En este sentido, insiste en que la Agenda 2030 de la ONU «no es una agenda sectorial de nadie, de ningún tipo de actor sectorial ni de naturaleza pública o privada», lo que a su juicio requiere liderazgo en cada estructura. De ahí que haya apelado a los líderes políticos y «a quien tiene más capacidad para empujar la Agenda 2030», para iniciar este cambio.

No se cumplen los plazos

Asimismo, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha instado al Gobierno de España a presentar su Plan de Energía ante la Comisión Europea, pues es 1 de los 7 ejecutivos de la Unión que aún no los ha entregado, pese a que el plazo se cerró el pasado 31 de diciembre. El comisario ha hecho hincapié en «el futuro espectacular» que tienen las energías renovables en el marco de la Unión Europea de los próximos años y destacó algunos de los objetivos firmados por más de 190 países en el acuerdo de París, como el de «frenar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados, incluso por debajo de 1 grado».

Para conseguirlo, ha subrayado la «necesidad de descarbonizar la economía» y sustituir la producción de energía con otras más limpias con el horizonte 2050, fecha en la que el 80% de la electricidad tendrá que producirse mediante energías renovables. Como recordó Arias Cañete, el primer objetivo, en 2020, es alcanzar el 20% en cuanto a producción de energía renovable. En 2017, España estaba cerca del 17,3%. Mientras que para 2030 el objetivo marcado es alcanzar un 32% de energías renovables.

No considera el comisario que los planes para la transición energética se vayan a ver afectados por el Brexit, pues «todo el mundo tiene que afrontarla y Reino Unido siempre ha sido un país muy ambicioso en políticas climáticas». Por último, remarcó que para el 13% de los españoles, el cambio climático supone «el principal problema en la actualidad» y animó a los políticos españoles a incluir en sus campañas electorales temas como el cambio climático o la renovación energética.

Organizaciones contrarias a los combustibles fósiles critican que el Gobierno mantenga las ayudas a los vehículos de gas

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Europa Press.- Las organizaciones que forman parte de la red Gas no es solución denuncian la «incoherencia» del Gobierno de Pedro Sánchez por hacer declaraciones en favor de la descarbonización mientras mantiene las ayudas a los combustibles fósiles en el marco del plan MOVEA.

Para el colectivo, la decisión de mantener las ayudas a los vehículos de gas muestra la «incoherencia de un Gobierno que, mientras hace declaraciones en favor de la descarbonización de la economía, decide mantener el gas en la propuesta inicial del plan MOVEA». Así, piden al Ejecutivo que decida si está comprometido con los combustibles fósiles o bien con la lucha contra el cambio climático y critica la decisión del Gobierno de mantener las ayudas al gas en el transporte.

En concreto, exponen que el Ministerio para la Transición Ecológica prevé publicar el plan de ayudas MOVES, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que excluye a los turismos propulsados por gas para fomentar el uso de energías alternativas al petróleo en el transporte. Sin embargo, el Ministerio de Industria ha abierto una consulta pública previa a la publicación de un Decreto que prevé incluir en el plan de ayudas MOVEA vehículos de gas.

Por eso, Gas no es Solución pide al Gobierno coherencia en las políticas públicas y los gastos, así como a comprometerse en la lucha contra el cambio climático y dejar de destinar dinero público hacia un transporte basado en cualquier tipo de combustible fósil. En 2017 el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente encargó al IDAE la implantación del plan MOVALT, con un presupuesto de 21 millones de euros, de los cuales 10,6 se destinaron a vehículos propulsados por gas. Por su parte, el entonces Ministerio de Economía y Empresa gestionaba el plan MOVEA, dotado con 14 millones de euros.

En 2018 se preveía la fusión de todas las ayudas para adquirir vehículos de energías alternativas que gestiona el IDAE y que tenía un presupuesto de 66,6 millones de euros (50 para compra de vehículos, y 16,6 para infraestructura). Pero el plan VEA no llegó a publicarse entonces. La plataforma afirma que en 2019 ese dinero sigue presupuestado pero se ha vuelto al esquema de dos planes diferentes, el MOVES, que gestiona el IDAE, del MITECO y el MOVEA, que gestiona el Ministerio de Industria.

Para el colectivo, del que forman parte decenas de organizaciones contrarias al desarrollo del gas en España, los vehículos propulsados por gas no deben gozar de ningún tipo de ayuda pública, dado que estos vehículos constituyen un evidente paso atrás en la descarbonización del transporte. Así, consideran que junto con el petróleo y el carbón, el gas debe desaparecer «cuanto antes» del mix energético y advierte del potencial de calentamiento del gas, que es 86 veces superior al del CO2 en los primeros 20 años de prevalencia en la atmósfera.

En definitiva, denuncian que el Gobierno ha deshecho con una mano lo que hacía con la otra al lanzar el plan MOVEA, planteado por el Ministerio de Industria, que prevé conceder ayudas a las categorías de turismos, furgonetas y furgones, autobuses y autocares, motocicletas y cuadrociclos propulsados por gas, además de los propulsados por motores eléctricos y pilas de combustible.

Las organizaciones que forman parte de la red Gas no es solución son: 350 Bcn, Aliança contra la Pobresa Energètica, Amigos de la Tierra, Asamblea Ciudadana contra el Gas en Gran Canaria, Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur), Berriztu!, Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Equo, Equo Huelva, Ferrol-Cape, Fracking Ez, Fundación Renovables, Fundación Ecología y Desarrollo, Greenpeace España, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, No Més Gas,Observatorio Crítico de la Energía, Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Resposta al Midcat, Plataforma Salvemos Doñana, Podemos, SEO/BirdLife, Transport & Environment, WWF España y Xarxa per la Sobirania Energètica.

Pancartas contra la contaminación madrileña

Por otro lado, activistas de Greenpeace han llevado a cabo una acción en Madrid para denunciar la mala calidad del aire en la capital. Para ello colgaron pancartas sobre un panel de señalización variable en el enlace de la M-30 con la A-1 coincidiendo con la hora punta de tráfico de entrada a la ciudad. En las pancartas podía leerse Madrid se asfixia, 38.000 muertes al año por contaminación y No más coches, alertando del peligro para la salud pública en periodos de alta contaminación.

La entidad recuerda que la contaminación es un problema que va más allá del ámbito municipal y se ha referido concretamente a los casos de Coslada o Getafe que «han registrado niveles de polución por encima del límite fijado por la Unión Europea». «Mientras que medidas como el nuevo protocolo o Madrid Central han resultado efectivas en el interior de la ciudad, los accesos desde otros municipios siguen colapsados con un número excesivo de automóviles, tal y como estamos comprobando en la A-1″, explicó Greenpeace.

Con esta acción, Greenpeace ha querido recordar a las administraciones que la «restricción de los vehículos de combustible fósil es la medida más efectiva para frenar los niveles de contaminación en las áreas urbanas». Además, deben adoptar medidas concretas para potenciar el transporte público y reducir la contaminación provocada por la dependencia del coche. En este sentido, defienden la necesidad de aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y que los gobiernos autonómicos deben recuperen «la oferta de transporte público recortada durante la crisis económica, así como implantar billetes integrados que faciliten la intermodalidad entre los diferentes transportes».

Las emisiones de los coches subieron un 1,82% en 2018 por la caída de ventas del diesel ante los gasolina

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Europa Press.- La media de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los turismos y todoterrenos nuevos matriculados en España en 2018 se situó en 116,75 gramos por kilómetro, lo que supone un incremento del 1,82% en comparación con 2017, según MSI.

Desde la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) destacan que el incremento en las emisiones medias de CO2 de los coches nuevos vendidos en España se debe al desplazamiento de la demanda del diésel a la gasolina. «Este hecho muestra, una vez más, que no se puede alcanzar la descarbonización de la movilidad sin que exista una neutralidad tecnológica», declaran desde Faconauto.

Más potencia y más gasolina

Además, fuentes de la federación resaltan que el papel de los concesionarios es crucial para permitir que la demanda se encuentre con la oferta, asesorando al cliente en la decisión de compra. Por eso, piden trabajar pensando en el futuro sin interferir en el presente, con objetivos medioambientales realistas y medibles en el corto plazo, contando para ello con todas las tecnologías sostenibles, eficientes y asequibles para el consumidor. En 2018, la potencia media de los turismos y todoterrenos nuevos matriculados en España se situó en casi 125 caballos, lo que supone un incremento del 1,22% respecto al curso previo.

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos propulsados por gasolina se situaron por delante de las de vehículos diésel en 2018 por primera vez desde 1998, constatando la incertidumbre que se generó en torno a este combustible por posibles prohibiciones de circulación en el futuro y subidas de impuestos. En 2018 se comercializaron 1,32 millones de automóviles en España: el 57,5% de las matriculaciones correspondieron a unidades de gasolina, 21,7 puntos porcentuales más que diésel (35,8%). Los híbridos y eléctricos coparon el 6,6% de las entregas. Según las previsiones de MSI, las ventas de coches diésel continuarán cayendo en 2019, con un 7% menos de entregas respecto a 2018. Por el contrario, las de modelos de gasolina se incrementarán un 3,6%.

El Gobierno eleva a 480 millones el programa de ayudas a pequeñas entidades locales para una economía baja en carbono

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Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó un real decreto para aumentar hasta los 480 millones de euros el presupuesto destinado al programa operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 a la promoción de una economía baja en carbono.

En concreto, este programa, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, regula la concesión de ayudas para impulsar proyectos de eficiencia energética, la movilidad sostenible o uso de energías renovables en entidades locales con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes. La primera convocatoria de esta línea de apoyo se aprobó mediante el Decreto 616/2017 y, hasta la fecha, se habían presupuestado 336,053 millones de euros para ayudas de apoyo a la descarbonización cofinanciadas por FEDER. Sin embargo, dada la buena aceptación por parte de las entidades locales y su adecuada contribución al cumplimiento de los objetivos del programa, se amplía su dotación presupuestaria en 144,022 millones de euros, hasta llegar a esos 480,076 millones de euros.

Con menos de 20.000 habitantes

Asimismo, se simplifican algunos trámites y se amplía el plazo de vigencia de la convocatoria de ayudas hasta el 30 de junio de 2019. Pueden presentar proyectos los municipios y agrupaciones locales, pero también otras entidades locales (como Consejos/Cabildos insulares) o las comunidades autónomas, pero siempre para intervenciones en municipios con menos de 20.000 habitantes. También puede presentarlos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Se pueden subvencionar, con una cofinanciación que oscila entre el 50% y el 85%, hasta 17 medias diferentes. Entre ellas, la mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos; el fomento de la movilidad urbana sostenible, lo que incluye tanto medidas vinculadas al transporte como a la red viaria; y aumentar los usos de energías renovables para producir electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas.

Una de las líneas menos utilizadas hasta ahora es la de energía solar fotovoltaica para autoconsumo, que podría verse ahora favorecido por el nuevo marco normativo aprobado en el Decreto-ley 15/2018. Según el programa, son subvencionables también las baterías asociadas a sistemas de autoconsumo fotovoltaico, indicó el Ministerio. Las ayudas son gestionadas por el Instituto de Ahorro y Diversificación de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Europa propone objetivos de reducción de emisiones para los camiones mientras Cañete ve clave la movilidad para lograr la descarbonización

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Europa Press.- Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para establecer un objetivo de reducción de emisiones contaminantes para vehículos pesados (camiones y autobuses) del 30% en 2030, con un objetivo intermedio en 2025 del 15%, en comparación con 2019. Asimismo, el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, considera que «la clave» para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos a 2050 reside «en la transición hacia la movilidad con bajas emisiones«.

Arias Cañete cree que el reto de la movilidad sostenible es «un problema global que comparte un número creciente de países y ciudades en el mundo». Así, señala que la propuesta de un nuevo reglamento que fije nuevas normas sobre emisiones CO2 en coches y furgonetas más allá de 2020, en fase de negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo, «necesitará de un importante incremento en vehículos de emisiones bajas o nulas». No obstante, advierte de que, más allá de la legislación, se necesitan medidas que «permitan la proliferación de vehículos eléctrico o de otro tipo de cero emisiones», así como la disponibilidad de infraestructuras para la recarga y de almacenaje/baterías a «precios competitivos».

Respecto a la nuclear, el comisario afirma que la Comisión Europea es consciente del papel que juega en el mix energético, así como su potencial contribución para alcanzar los objetivos de descarbonización en aquellos países que deseen usarla como fuente de generación. Sin embargo, Cañete insiste en que cualquier decisión de utilizar o no energía nuclear y en qué medida «depende de cada Estado miembro».

«En cualquier caso, toda decisión de extender la vida útil de una central nuclear deberá basarse en el cumplimiento de las normas más estrictas de seguridad, la gestión de residuos y la no proliferación, como la diversificación del suministro de combustible nuclear, y siempre aplicando el marco legal reforzado en materia de seguridad nuclear, protección contra la radiación y gestión del combustible gastado y residuos radiactivos que la Unión Europea ha adoptado desde que se produjo el accidente de la central de Fukushima», subraya. Además, el comisario destaca que el objetivo a largo plazo es «alcanzar la neutralidad climática en la segunda mitad del siglo».

Objetivos para camiones y autobuses

«A partir de 2025, los camiones y autobuses nuevos emitirán un 15% menos de dióxido de carbono (CO2). Y a partir de 2030, un 30% menos. Es parte de nuestros esfuerzos para descarbonizar el sector de transportes por carretera y un paso importante hacia el logro de los objetivos», señaló la ministra de Sostenibilidad y Turismo de Austria, Elisabeth Köstinger. Además, Köstinger, que calificó el acuerdo como «otro hito para una mayor protección climática», destacó que las normas, que serán revisadas en 2022, significan que entre 2020 y 2030 se emitirán 54 millones de toneladas de CO2 menos, lo que corresponde al total anual de emisiones de CO2 de Suecia.

La posición de los Veintiocho, por tanto, está en línea con la propuesta presentada por la Comisión Europea a mediados de mayo, pero es menos ambiciosa que la pactada por el pleno del Parlamento Europeo en noviembre. En concreto, los eurodiputados abogaban por establecer un recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de este tipo de vehículos del 35% en 2030, mientras que situaban la meta intermedia para 2025 en el 20%. Es decir, 5 puntos porcentuales más en cada caso. Ambas instituciones comunitarias con poderes legislativos deberán negociar ahora los objetivos definitivos.

Por otro lado, el acuerdo recoge una penalización económica para aquellos fabricantes que no cumplan con los objetivos de reducción de emisiones de CO2, así como un sistema de incentivos a través de supercréditos, con los que los vehículos de bajas y de cero emisiones contarán como más de una unidad a la hora de hacer la media de emisiones de CO2 de las flotas de los fabricantes. Los supercréditos estarán sujetos a límites predefinidos para evitar un debilitamiento de los objetivos ambientales. En comparación con la propuesta inicial de la Comisión, el Consejo ha decidido excluir a los autobuses de este sistema de incentivos.

Ciudadanos cuestiona la decisión del Gobierno de aprobar por decreto algunas medidas de la nueva Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- Mientras las organizaciones ecologistas piden a España que apueste por exigir niveles de CO2 más ambiciosos a los vehículos, desde Ciudadanos cuestionan la forma en la que el Gobierno quiere aprobar la nueva Ley de Cambio Climático. Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la norma estaría aprobada en diciembre y su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a sacar adelante algunas medidas «urgentes» por decreto ley. Los naranjas buscan ahora una aclaración sobre este interminable proceso.

Los de Albert Rivera denuncian que el Ejecutivo ha ido ofreciendo información sobre este texto, sin concretar en ningún momento cuáles son sus intenciones reales. La ministra aseguró el pasado mes de noviembre que el texto se está «ultimando» y que estaba abierto un debate en el seno del Gobierno sobre la «conveniencia de anticipar» la aprobación de algunos de los elementos más urgentes que se recogen en él. En concreto, aquellos destacados por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como los más necesarios.

La aprobación de un decreto ley que, después, se tramita como proyecto de ley en el Parlamento es la fórmula a la que ha dejado abierta la puerta Ribera, sin confirmar si es el procedimiento elegido. Tampoco el presidente del Gobierno explicó cuál sería es el procedimiento a seguir para aprobar esta norma «antes de que acabe el año», tal y como anunció en el Congreso. A los naranjas les preocupa que el Gobierno piense que el proceso legislativo ordinario de consultas, tanto la pública como a los órganos consultivos preceptivos, sean «innecesarios» o «poco adecuados» y quiere que el Ejecutivo aclare qué informes técnicos va a consultar en el caso de aprobar la Ley a través de un decreto.

«En la lucha contra el cambio climático, tan importante como los objetivos sobre los que se trabaja es cómo se trabaja», advierte Ciudadanos en una iniciativa registrada en el Congreso, en la que precisa que «el diálogo, la inclusión, la participación de todos los agentes sociales interesados y un amplio consenso político son clave para tener éxito en un reto tan importante como es la lucha contra el cambio climático».

Menos emisiones en los vehículos

Las organizaciones ecologistas han pedido al Gobierno que eleve su ambición y apueste por exigir niveles de emisiones de CO2 para los vehículos ya que en la actualidad España tiene una posición intermedia en las negociaciones europeas sobre esta cuestión. Países como Alemania tratan de rebajar los objetivos a una propuesta que es crucial para conseguir los objetivos de París. Según denuncia ECODES, si Alemania gana este «pulso», «no habrá otra oportunidad para disminuir las emisiones de CO2 en vehículos hasta dentro de 10 años.

Las organizaciones Ecodes, Ecologistas en Acción, Eco-unión y PTP, socios nacionales de Transport&Environment, consideran que una reducción del 35% en 2030 es «insuficiente» para cumplir el Acuerdo de París sobre todo teniendo en cuenta que el transporte supone el 27% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea, y es el único sector que continúa aumentando emisiones. En este contexto, reclaman al Gobierno que mantenga los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para 2030 en el 40% que votó el Parlamento Europeo y que, en cualquier caso, no bajen del 35% reales. Además, piden que se establezca como obligatorio el uso de medidores de consumo de combustible que dificultarían que los fabricantes puedan manipular los resultados de emisiones.

“Recompensa a los híbridos enchufables”

Para este grupo de organizaciones, España no debería apoyar la enmienda introducida por el Consejo de la Unión Europea porque consideran que «recompensa en exceso» a los híbridos enchufables, que no están exentos de emisiones invernadero. A ese respecto, advierten de aceptarse esa enmienda se motivaría a los fabricantes a seguir fabricando coches contaminantes, lo que convertiría un 35% de reducción en 2030 en un 31,8%. Asimismo, aconsejan limitar el conteo doble de vehículos eléctricos para mercados menos desarrollados a no más del 5% de las ventas de vehículos eléctricos por los fabricantes de automóviles.

De forma paralela las organizaciones recuerdan que en el Consejo de la Unión Europea se negocia también la implantación de estándares de CO2 para vehículos pesados y su nivel de ambición. Se trata de la primera vez que fijen estándares sobre consumo de combustible para camiones. La medida cuenta con apoyo de la industria por lo que los ecologistas opinan que es «sorprendente la falta de ambición» de la Comisión Europea y de los Estados miembro, incluyendo España. «Si nuestro Gobierno realmente quiere descarbonizar el transporte a largo plazo, España ha de defender la aprobación de estándares ambiciosos, pues sólo así la industria acelerará los cambios necesarios para hacerlo asegurando así los empleos asociados», concluyen.

43 multinacionales de la industria de la moda se comprometen a lograr las cero emisiones en 2050

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Europa Press.- Un total de 43 multinacionales de la industria de la moda han firmado un compromiso por el que desarrollarán medidas para frenar el cambio climático en toda la cadena de valor y lograr el objetivo de cero emisiones en 2050 con un paso intermedio del 30% en 2030.

Las principales marcas de moda, minoristas, empresas de suministro e industria auxiliar, incluidas las principales empresas de transporte y envíos, han acordado de forma colectiva comprometerse para frenar el impacto del cambio climático del sector de la moda en toda su cadena de valor. Entre los 43 líderes se incluye a empresas como Adidas, Burberry, Esprit, Guess, Gap Inc. Hugo Boss, H&M Group, Inditex, Kering Group, Levi Strauss & Co., Puma SE, PVH, entre otras, como las organizaciones Business for Social Responsibility, Sustainable Apparel Coalition, China National Textile and Apparel Council, Outdoor Industry Association and Textile Exchange; global logistics Maersk, así como la ONG WWF.

Todas estas entidades implantarán y/o apoyarán 16 principios y objetivos que apuntalan el Estatuto Climático de la Moda. El compromiso, que está ahora abierto a que otras empresas y organizaciones se unan, reconoce el papel crucial que la moda juega a ambos lados de la ecuación climática, como contribuidor a las emisiones invernadero y como un sector con múltiples oportunidades para reducir las emisiones mientras puede contribuir al desarrollo sostenible.

Alineados con los objetivos del Acuerdo de París, el Estatuto establece el reto de que la industria alcance un objetivo de cero emisiones en 2050 y define los aspectos que serán consignados por los firmantes, comenzando con la descarbonización en la fase de producción, seleccionar materiales sostenibles y amables con el clima, fomentar un transporte bajo en carbono, mejorar el diálogo y la conciencia de los consumidores y trabajar con la comunidad financiera y los decisores políticos para catalizar las soluciones aplicables y explorar modelos de negocio de economía circular.

Además, para concretar el progreso de estos compromisos, se han establecido 6 grupos de trabajo en los cuales los firmantes trabajarán para definir los distintos pasos y etapas de implantación del nuevo Estatuto. Los firmantes aseguran que no esperarán a que estos aspectos estén completamente elaborados y por ello han fijado un objetivo inicial para reducir sus emisiones agregadas de gases en un 30% en 2030 y han definido medidas concretas, tales como eliminar gradualmente las calderas de carbón y otras fuentes de energía calorífica o de generación eléctrica a base de carbón en sus empresas y en toda su cadena de suministro en 2025.

«La industria de la moda está siempre dos pasos por delante cuando hay que definir la cultura del mundo, así que estoy encantada de ver que ahora también está liderando el camino en términos en acción climática», ha celebrado la secretaria ejecutiva de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinoza, que felicita a los firmantes por este importante Estatuto que representa, en su opinión, un «compromiso único y la colaboración desde los diversos líderes de la moda. «El nuevo estatuto, como prestigiosa moda que recorre las pasarelas del mundo, fija un ejemplo que espero que otros también sigan», ha añadido.

El compromiso está apoyado por una amplia de organizaciones relevantes y ONG que fomentarán la ambición que deberá ser monitorizada y reconocida por la oficina de cambio climático de la ONU. El acuerdo pretende dirigir la acción climática en el sector de la moda e incluye otras iniciativas para completar este objetivo de modo que permita incrementar la acción climática.

El director ejecutivo de PUMA, Bjorn Gulden, ha reconocido que son conscientes de que más del 90% de la huella de carbono de PUMA está siendo generada en la cadena de suministro. «Si queremos reducir las emisiones en nuestra cadena de suministro, tenemos que trabajar juntos con nuestros proveedores», reconoció. «El Estatuto de la Industria de la Moda para la Acción Climática proporciona un esfuerzo colectivo de la industria para apoyar los objetivos del Acuerdo del Clima de París. Apreciamos que la oficina de Cambio Climático de la ONU haya establecido una plataforma global y llame a través nuestro a la industria de suministros a sumarse a la iniciativa», añadió.

Por su parte, el director ejecutivo de H&M, Karl-Johan Persson, ha celebrado que este compromiso va sobre como la industria de la moda unida está realizando un importante trabajo climático. «Nuestra industria tiene un alcance global y solo juntos podemos crear el cambio urgente que se necesita», ha apostillado. A principios de 2018, líderes de la moda dieron forma voluntariamente a un movimiento climático a través de las discusiones en grupo dirigidas por PUMA y H&M. Este compromiso constituye una llamada de atención a la industria global de la moda para suscribir la acción climática.

Con este acuerdo, los directores ejecutivos y los presidentes de estas organizaciones confirmaron su compromiso para abordar el cambio climático y su disposición a redoblar su colaboración hacia dentro y más allá de los sectores de la moda hacia un futuro limpio y bajo en emisiones. La industria de la moda abarca también al sector textil, piel, calzado, ropa y la producción de materias primas y la manufactura de prendas, accesorios y calzado para su distribución y consumo ha tenido a lo largo del tiempo una cadena de suministro y una producción intensiva en energía.

El director ejecutivo de Burberry, Marco Gobbetti, destacó que la compañía está orgullosa de haber firmado este compromiso. «Mientras nos comprometemos con ser neutros en carbono en nuestras operaciones, el objetivo de lograr una reducción del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria de la moda a nivel global en 2030 requerirá innovación y colaboración. «Trabajando juntos con otros firmantes, podemos lograr un cambio sistemático y construir un futuro más sostenible», ha manifestado. Por su parte, la diseñadora Stella McCartney, cree que el cambio climático es sin duda uno de los mayores retos, si no el mayor, de esta vida.

El Gobierno podría adelantar aspectos urgentes de la Ley de Cambio Climático mientras Ciudadanos denuncia su “baja técnica legislativa”

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Europa Press.- Mientras Ciudadanos ha pedido explicaciones al Gobierno acerca del asesoramiento y los informes utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar el proyecto de Ley de Cambio Climático, la ministra Teresa Ribera confirma que el Gobierno podría adelantar los aspectos más urgentes en materia de energía en un Real Decreto ley, aunque prevé «en las próximas» semanas presentar un texto base que garantice una «buena ley» en la que las premisas principales cuenten con «suficiente debate público y consenso«.

En este sentido, Ribera ha defendido que el Gobierno ha trabajado en un texto «bastante completo y amplio» y que, de momento, está «barajando» si algunas de las cuestiones recogidas en él y que considera «urgentes» deben ser «adelantadas» en forma de Real Decreto Ley. Respecto a las fechas, ha precisado que el texto provisional se compartió con los grupos parlamentarios, que ahora están recogiendo sus comentarios para incorporarlos y, precisamente, se está «ultimando» la actualización de este documento «oficial» que será presentado para su debate público «en las próximas semanas», sin perjuicio de que algunos aspectos puedan ser adelantados.

En cuanto a la ambición y liderazgo en materia de lucha contra el cambio climático, apuntó que el Ejecutivo quiere intentar liderar ese proceso sin que «nadie» desde fuera imponga nada, sino porque desde dentro parece lo más responsable para los españoles de hoy y los españoles de mañana y garantizar que hijos y nietos puedan tener un contexto de prosperidad de acceso a la energía, de agua, de estabilidad, de paz importante. «Eso requiere liderar o facilitar un proceso de cambio sin que se produzcan grandes tensiones», ha manifestado.

La propuesta, según ha recordado, pasa por reducir un 20% las emisiones en 2030 respecto a 1990, lo que supone reducir 37 puntos las emisiones. En ese sentido, ha concluido que plantear en 11 años una transformación «tan importante» del modelo energético, con la capacidad de digestión que ese cambio requiere, es un esfuerzo colectivo importante» y por ello ha dicho que busca el consenso sobre esta transición para que sea independiente de quien gobierna.

Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno

Por otro lado, a Ciudadanos le llama la atención la «indefinición y baja técnica legislativa» del proyecto de ley, que contiene «más de una decena de mandatos al Gobierno». Apunta la formación naranja que parece más una proposición no de ley, que insta al Ejecutivo a hacer algo, que una norma que recoja obligaciones. Por el contrario, sí existe una «concreción sorprendente», considera Ciudadanos, en lo que se refiere a medidas contra la contaminación y las emisiones. «Este es el caso de la prohibición a partir del año 2040 de la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono», apuntan.

Para Ciudadanos, este cambio «tan radical» tendría «efectos directos sobre la industria de producción del automóvil en España», siendo el país el octavo del mundo en esta materia, con 2,8 millones de unidades producidas en 2017. En este sentido, recuerda que, en la actualidad, se fabrican 5 modelos de vehículos eléctricos en España, 4 de ellos furgonetas, que suponen unas 10.000 unidades. El partido que preside Rivera cree que una medida así debería ser presentada con tiempo y en el marco de un plan general a sindicatos, asociaciones empresariales y usuarios. «Y éste no parece ser el caso», apunta, para pedir explicaciones al Gobierno sobre los datos consultados para incluir esta iniciativa en la ley.

A través de una iniciativa parlamentaria, Ciudadanos también pide explicaciones sobre el objetivo de lograr 100.000 rehabilitaciones de edificios al año para obtener ganancias en eficiencia energética, y que también se incluye en el texto. Los naranjas aseguran que los estudios independientes, como el de la Fundación La casa que ahorra, fijan en torno a 350.000 viviendas anuales el ritmo necesario para cumplir con los objetivos para 2030 y 2050.

«Para Ciudadanos es una prioridad aprobar una Ley de cambio climático y transición energética para España», explica el partido, que para ello ve necesario establecer objetivos vinculantes ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050«. A su juicio, ese marco normativo para la economía sostenible del siglo XXI debe asegurar «fuertes inversiones y guiar una transición de primera magnitud» y «no puede ser fruto de la improvisación» como, en su opinión hace el Ministerio, sino de «una planificación exhaustiva y un amplio consenso».