Europa Press.- El Defensor del Pueblo ha vuelto a solicitar al Ministerio de Industria, por segunda vez en lo que va de año, información sobre el fracking, según indicó la organización agraria UGAM-COAG, quien planteó una queja ante esta institución en relación con el permiso de investigación Luena, en el que se prevé el uso de la fractura hidráulica en los Valles Pasiegos (Cantabria), y considera «evidente» que el Ministerio de Industria «está incumpliendo» con su deber de colaboración con el Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo ya manifestó previamente que se estaban tramitando permisos de investigación sin que estuviese probado que existan técnicas para minimizar los riesgos derivados del fracking. También ponía en duda que la aplicación de esta técnica supusiese un impacto positivo en la economía española. Por ello, el Defensor del Pueblo requirió en diciembre de 2014 a Industria que le remitiese información en la que acreditase «que existen soluciones técnicas para evitar impactos no deseados que deriven del fracking de manera que, aplicándolas, el riesgo de contaminación resulte equiparable al del empleo de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos».

En su petición, el Defensor también solicitaba al Ministerio la remisión de «estudios concluyentes acerca de la incidencia positiva y significativa» en el modelo energético nacional que tendría la explotación de los yacimientos de gas no convencional existentes en España mediante el empleo del fracking; y que valore y motive la autorización de su uso en relación con los riesgos ambientales y para la salud y seguridad de las personas.

Puesto que el Ministerio de Industria no remitía dicha información, el Defensor del Pueblo se lo volvió a requerir en el pasado marzo, esta vez con carácter de urgencia. Ahora, puesto que Industria continúa sin enviar la información, el Defensor del Pueblo ha emitido una nueva notificación. En este sentido, UGAM-COAG recuerda el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981 que establece que «todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones».