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La delegación de europarlamentarios ve «seria» la problemática de Doñana y confía en emitir en febrero recomendaciones al Gobierno

Europa Press / EFE.– La delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que evalúa el estado del Parque Nacional de Doñana se ha entrevistado con peticionarios y ONG medioambientales, además de con la Junta de Andalucía y también se ha programado un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, con la idea de poner en marcha un procedimiento que culminaría en torno al próximo mes de febrero con la emisión de una serie de recomendaciones sobre el particular al Gobierno central.

Así lo indicó el presidente de la delegación, el europarlamentario eslovaco Pál Csáky, que ha calificado de «seria» y «muy importante» la problemática del espacio natural, que ha propiciado la presentación de 5 peticiones a la comisión, de carácter medioambiental y fundamentalmente centradas en el proyecto de almacenamiento de Gas Natural. «Estamos aquí para entender la situación e intentar echar una mano«, ha asegurado Csáky, que ha explicado que, a partir de la información recabada, se elaborará un texto conjunto en la Eurocámara que, en principio, debería estar listo para noviembre, con idea de que los temas sean directamente tratados con la Junta, el Ejecutivo central y la Comisión Europea.

Según el tiempo que se emplee en el texto consensuado, en diciembre o enero podría someterse a votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, siendo «muy probable» que se puedan emitir recomendaciones para las autoridades españolas «más bien para febrero». En este sentido, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha sido taxativo al asegurar que ha solicitado «abiertamente» del Parlamento Europeo un pronunciamiento «inequívoco» en contra del gasoducto. «Mientras estemos aquí tendremos las herramientas suficientes como para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana, que no se toca; he pedido que el Europarlamento se sume a la opinión prácticamente unánime de la sociedad andaluza».

Fiscal también ha recordado la creación de una comisión Gobierno central-Junta para analizar jurídicamente el proyecto de gas, toda vez que la visión ambiental que ostenta el actual Ministerio para la Transición Ecológica «es la misma que la nuestra: ambientalmente entendemos que no es sostenible, pero hay un ordenamiento jurídico que cumplir y lo haremos con la máxima seguridad jurídica«.

Sobre la situación también se ha pronunciado el eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, que mantiene que «sin un cambio de modelo productivo y una transición energética, Doñana seguirá estando amenazada». Marcellesi, parte de la delegación junto a los eurodiputados españoles Rosa Estarás y Soledad Cabezón, así como Miltiados Kyrkos y Thomas Waitz, viene siguiendo de cerca las distintas problemáticas que amenazan a este espacio privilegiado.

WWF ha sido otra de las organizaciones que ha mantenido un encuentro con la delegación europea. El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha señalado que la postura que defiende su colectivo gira en torno a lo «inmoral» y el sinsentido de guardar en el subsuelo gas en un proyecto «que acabará con elementos naturales como playas y marismas». «Hay que pedir desde Europa, igual que desde otros organismos como el Defensor del Pueblo, el Parlamento o el Congreso, que se rehaga este proyecto con una alternativa de energía renovable», indica Carmona, que lamenta que la iniciativa se haya «cuarteado», incumpliendo la normativa europea.

Preocupaciones del Defensor del Pueblo

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, trasladó a la delegación su preocupación por el proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana, para el que solicita su «suspensión definitiva». Precisamente el pasado mes de marzo fue el Defensor del Pueblo quien intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para relatar las actuaciones de esta institución sobre las amenazas a este espacio natural, lo que propició que se enviara esta misión para investigar el estado de Doñana.

Gas Natural lleva años explotando diversos yacimientos en el espacio protegido y su entorno, y proyecta la realización de un gasoducto que conectara dichas explotaciones y la construcción de las infraestructuras necesarias para utilizar los pozos existentes como lugar de almacenamiento, previa inyección, de los gases extraídos. El Defensor recordará que gran parte del trazado del proyecto discurre por el Parque Natural de Doñana, otra parte por una zona contigua al Parque Nacional de Doñana y, en todo caso, su ejecución se llevará a cabo en un entorno que es inseparable de estos espacios protegidos.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, la ejecución del proyecto de gasoducto de Doñana «no es compatible, de acuerdo con el principio de precaución, con la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento del Espacio Natural de Doñana», y por ello, reclama «la suspensión definitiva» del proyecto. En este sentido, recuerda lo ocurrido con el proyecto de almacenamiento de gas en la denominada plataforma Castor que, «pese a contar con la preceptiva autorización y haber obtenido una Declaración de Impacto Ambiental favorable, ha debido ser paralizado por el Gobierno de la Nación como consecuencia de los movimientos sísmicos producidos tras su puesta en marcha», recuerda.

El Defensor considera que «no existen razones suficientes que puedan justificar la asunción de los riesgos que conlleva este proyecto para la preservación de este ecosistema único. No solo el principio de precaución, sino el mero sentido común, debería llevarnos a ponderar si los riesgos asumidos con este proyecto, por pequeños que sean, se justifican con los beneficios que pretenden obtenerse del mismo«. De este modo, Maeztu «espera y confía», que de esta visita extraigan las conclusiones necesarias para promover, desde esa Comisión de Peticiones, la adopción por las instituciones europeas de las medidas para «preservar los valores singulares de un ecosistema único como es el Espacio Natural de Doñana».

Izquierda Unida confía en Europa

Por otro lado, Izquierda Unida se ha mostrado esperanzada en que el Parlamento Europeo se sume a las «voces contrarias» al proyecto de almacenamiento de gas que pretende ejecutar Gas Natural en el entorno de Doñana, tras la visita de la misión de la Eurocámara a la zona. La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, asegura que Europa «no puede permanecer callada antes las amenazas que sufre Doñana». «No queremos que haya un nuevo Castor; el futuro de Doñana no puede ser que se vea convertida en un almacén de gas», recalca Albiol, que asegura que dicho proyecto pueda estar «incumpliendo muchas directivas europeas, entre ellas la directiva sobre impacto ambiental».

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado que ahora hay «un marco nuevo» en España, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que cree que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya no tiene «excusas» y no puede «culpar» al anterior presidente, Mariano Rajoy, de que no se paralice el proyecto. «Este proyecto es incompatible con la vida en Doñana, es necesario paralizarlo y para eso no puede haber ninguna fisura«, ha clamado el dirigente de IULV-CA, que ha apostillado: «Y Bruselas tendrá que definirse sobre si quiere ser una Europa de los Ciudadanos que defienda los espacios naturales o, por el contrario, una Europa de los lobbies».

El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la luz y reducir la parte fija de la factura

Europa Press / EFE.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomienda al Gobierno establecer un tipo de IVA reducido a la luz y reducir la parte fija de la factura como medidas para combatir la espiral alcista de la electricidad. En el caso del IVA reducido, considera que se debe aplicar ya que la electricidad es un bien de «primera necesidad que no se beneficia del tipo reducido de IVA que sí acompaña a otro tipo de productos básicos».

En lo que respecta a la parte fija de la factura, señala que cargar costes fijos en la factura eléctrica dificulta el ahorro, «supone un lastre a la competitividad de las empresas españolas y, además, es poco equitativo, pues no se tiene en cuenta la capacidad de pago del consumidor en un bien de primera necesidad». En este sentido, el Defensor del Pueblo reitera la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente los vulnerables, ante las continuas y recientes subidas que está registrando el precio de la electricidad, «uno de los más elevados de Europa».

Asimismo, muestra su preocupación por este elevado precio de la electricidad, que «es un bien de primera necesidad para todos y esencial para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación o la salud». De esta manera, pide una regulación del sector eléctrico que se marque el objetivo de lograr una energía «más asequible y que, por tanto, resulte más beneficiosa para los consumidores».

Además, el Defensor del Pueblo recomienda a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pida a OMEL y a Red Eléctrica de España que clarifique el mecanismo de formación de precios de la energía eléctrica con «una adecuada difusión y con una versión comprensible para el público». En su opinión, la modificación del actual algoritmo que determina las ofertas redundaría «en una bajada del precio del megavatio en este mercado». Finalmente, el Defensor del Pueblo asegura que está haciendo un seguimiento para comprobar el cumplimiento del bono social de la luz.

Una «misión» de europarlamentarios visitará en septiembre la zona de Doñana en la que Gas Natural desarrolla su proyecto gasístico

Europa Press.- La Mesa de la Ría de Huelva anunció que la visita de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo se llevará a cabo entre los días 19 y 21 del próximo septiembre y pasará por Sevilla, Doñana y Madrid. Desde la Mesa de la Ría han valorado «muy positivamente» esta visita y esperan «que sea el comienzo del fin de estos proyectos que hoy ya son una realidad» en la zona en la que Gas Natural pretende construir un gasoducto.

En todo caso, la Mesa de la Ría anunció que realizará «una petición a esta comisión para que alguna reunión tenga lugar en Huelva; por un lado, por ser la ciudad desde donde se lanzaron las denuncias que iniciaron el procedimiento, y por otro, para que desde el Parlamento europeo se entienda que los proyectos gasísticos no son más que la prolongación del Polo Químico de Huelva, que ya en el Puerto Exterior tiene una alta concentración de depósitos de gas, que estarán conectados con aquellos que se quieren realizar en el subsuelo de Doñana«.

Cabe recordar que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo confirmó el pasado 21 de marzo la intención de enviar una misión de investigación al espacio natural para la segunda mitad del año 2018 y remitir cartas al Estado y la Junta de Andalucía para recabar información sobre los posibles riesgos sísmicos de la iniciativa y las medidas que se están implementando en la zona a cuenta de la misma. Lo hizo tras acoger ese mismo día las intervenciones del coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a cuenta del proyecto de Gas Natural en Doñana.

Sin embargo, la Eurocámara no consideró oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. La Comisión Europea se mostró de acuerdo con los peticionarios en el sentido de la «salvaguarda» de Doñana en tanto que es un espacio protegido, como Parque Nacional y por la inclusión de algunos espacios de su entorno en la Red Natura 2000, recordando la apertura de una investigación de oficio por las peticiones.

En lo tocante a las competencias del Parlamento Europeo, éstas se circunscriben a vigilar la correcta aplicación por parte de las autoridades españolas de la normativa medioambiental, razón que ha justificado una investigación de los cuatro subproyectos, denominados Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar, en los que se concluye ausencia de infracción al haber sido sometidos a evaluación ambiental conforme a normativa, ya que «no se exige evaluación conjunta».

Asimismo, la Eurocámara también aludió a que todos los proyectos han acabado con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, aun siendo consciente de que la metodología utilizada «ha sido criticada por peticiones e instituciones«. Por tanto sí accedió a realizar la visita para investigar las condiciones del espacio «muy de cerca», según precisó en marzo la presidenta de la Comisión de Peticiones, la sueca Cecilia Wikström, que añadió que «creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos».

El Defensor del Pueblo andaluz pide investigar las causas del vertido de crudo que afectó a una playa en Doñana

Europa Press.- La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, con Jesús Maeztu al frente, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con el objeto de conocer las causas del vertido de productos petrolíferos que tuvo lugar en abril en Huelva y que ha afectado a un kilómetro de playa del Parque Natural de Doñana, concretamente alrededor de la zona de Cuesta Maneli.

Así, en el texto de la queja, la Defensoría asegura que ha tenido conocimiento de que el pasado día 4 de abril se produjo un vertido al mar durante el transcurso de una operación de descarga en la monoboya que la compañía Cepsa tiene en sus instalaciones de Huelva. La empresa explicó que «la activación de la válvula de seguridad, que garantiza la desconexión de la manguera de descarga en una situación de sobreesfuerzo, provocó un derrame de aproximadamente unos 50 litros de producto, que se corresponde con el volumen del interior de la misma».

Además, señala que las informaciones apuntaban a que «nada más producirse los hechos, se activó el Plan Interior Marítimo, y el 5 de abril, el Plan Marítimo Nacional de forma preventiva, estando Cepsa en contacto permanente con las administraciones locales y autonómicas responsables, así como con el 112″. Por su parte, añade, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, habría manifestado que el vertido «no ha sido de una dimensión excesivamente grande y todos los medios están actuando de manera eficaz».

En cualquier caso, la institución señala que con independencia de la entidad que posea el vertido, «se trata de lugar único ya que podría afectar a la costa del Espacio Natural de Doñana, lo que exige una respuesta y la máxima coordinación entre administraciones públicas para paliar los efectos de cualquier vertido contaminante que se pueda producir«. En este contexto, Maeztu recuerda que según la Junta, la gestión y coordinación de este suceso en el mar es competencia del Ministerio de Fomento, pero al llegar a la costa ya es de la Junta, y que el consejero lamentó que «no hubiera habido comunicación oficial por parte del Gobierno al Delegado de la Junta en Huelva».

De este modo, la Oficina del Defensor explica que se dirigieron a la Consejería de Medio Ambiente para «conocer las causas del vertido y su valoración sobre la entidad del mismo, si se han adoptado las medidas para paliar sus efectos, si existe riesgo de contaminación de la costa onubense y, por último, si se han producido disfuncionalidades en el operativo creado para estas incidencias».

La Junta de Andalucía autoriza acciones legales para intentar impedir los proyectos de Gas Natural Fenosa en Doñana

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, firmó una orden para que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía inicie acciones legales por vía contencioso administrativa contra la negativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a evaluar de forma conjunta de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana y para solicitar la paralización cautelar del subproyecto ya en marcha, denominado Marismas Occidental.

Según indicó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, los argumentos del recurso contencioso administrativo que interpondrá la Junta se recogen en los informes del Defensor del Pueblo Español y Andaluz, así como en una respuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que considera que el riesgo sísmico del proyecto es suficiente para suspender su ejecución. El recurso del Ejecutivo andaluz también tendrá en cuenta el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que alerta de que la promotora del proyecto «habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones» en el caso del subproyecto Marismas Occidental.

Según Blanco, la evaluación «por separado» de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «no ha abordado los efectos acumulativos del proyecto en su conjunto», por lo que la Junta va a plantear un recurso contencioso administrativo para exigir su «evaluación conjunta por vía legal«. De este modo, el portavoz ha concretado que el Gobierno andaluz adopta esta decisión al no haber obtenido respuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al requerimiento realizado el pasado mes de diciembre que solicitaba una evaluación conjunta y pedía instar al Ministerio de Energía la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental.

Así las cosas, ha insistido en que la Junta reacciona y recurre «por riesgos evidentes según instituciones de solvencia» y que lo hace pensando en garantizar la seguridad de los ciudadanos y no en las posibles reclamaciones patrimoniales que pueden producirse. En este sentido, explicó que será el gabinete jurídico el que precise «qué procedimiento, medidas y pasos hay que dar en las próximas semanas».

Los 4 proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona, Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar, cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Administración central en el ejercicio de sus atribuciones.Ha recordado que en el ámbito competencial autonómico, y de acuerdo con las normas de planificación, uso y gestión del Espacio Natural de Doñana, la Junta denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a uno de los subproyectos (Marismas Oriental) por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está estrechamente conectado.

El de Saladillo carece de la autorización de la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos para actuar en suelo no urbanizable, mientras que el único que dispone de permiso de explotación (Marismas Occidental) está localizado fuera del territorio protegido. La paralización del proyecto se solicita como medida preventiva en tanto se lleva a cabo la evaluación conjunta.Por otra parte, los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016 extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

El PSOE rechaza el gas

Por su parte, el senador por el PSOE de Huelva, Manuel Guerra, remarcó el «posicionamiento claro» de la Junta de Andalucía contra el proyecto de almacenamiento de gas en el espacio natural de Doñana y subrayó «su defensa absoluta» del medio ambiente. En este sentido, Guerra destacó que la postura de la administración regional responde a que «el Ministerio no ha tenido en cuenta los reiterados requerimientos de la Junta», la cual ha querido tener «una actitud leal» pero se ha encontrado con «la cerrazón» del Gobierno en esta materia.

Según apuntó, «la cerrazón del Gobierno no puede suponer un perjuicio para nuestra comarca». «Nosotros tenemos un posicionamiento claro de defensa absoluta del Espacio Natural de Doñana», proclamó, incidiendo en que este proyecto tendría «un impacto negativo en este territorio, hipotecándolo para el futuro». Por ello, el senador socialista reiteró que la Junta «va a poner en marcha todos los medios legales a su alcance para evitar el disparate que sería la ejecución de este proyecto en un espacio que tiene el mayor valor ambiental de todo el continente europeo».

El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la electricidad e insiste en cuestionar los proyectos gasistas en Doñana

EFE.- El Defensor del Pueblo considera que en España la electricidad está regulada más como un producto que como base «indispensable» de derechos fundamentales y ha recomendado que se aplique a la energía eléctrica un tipo reducido de IVA como el que tienen los alimentos básicos.

El Defensor del Pueblo recuerda que la energía eléctrica es esencial para una vida digna y recuerda que la muerte en el incendio de su vivienda de una anciana en Reus (Tarragona) que se iluminaba con velas puso de manifiesto «las carencias de un sistema que no estaba concebido para proteger los derechos de las personas y la necesidad de mejorarlo». A juicio del Defensor del Pueblo, «la electricidad en España aún dista de estar considerada como base material indispensable de los derechos fundamentales» y «su regulación se asemeja más a la de un producto o un servicio del que se pueda prescindir, o accesible únicamente a quien pueda pagarlo».

El Defensor del Pueblo considera que se han dado pasos para reconocer el carácter esencial del suministro eléctrico, como la nueva regulación del bono social, que hasta la fecha ha tenido «un diseño técnicamente defectuoso«, que ha hecho que personas con dificultades de pago estuvieran excluidas y al mismo tiempo se destinaran recursos del sistema «a financiar la factura eléctrica de quienes no lo necesitan».

La institución señala también que ha analizado el coste de la electricidad en España, que es el segundo más caro dentro de la Unión Europea para consumidores domésticos después del de Irlanda, y critica que la factura eléctrica se esté empleando «para distribuir el coste de decisiones regulatorias que no tienen relación con la lógica de mercado», por lo que demanda implantar criterios de equidad en la distribución de costes.

Recuerda, asimismo, que la electricidad está gravada con un IVA del 21% y con un impuesto especial, similar al que existe sobre productos como el alcohol o el tabaco, «a pesar de ser un bien esencial para la vida», y reclama que se aplique un tipo reducido de IVA a la electricidad. El Defensor señala que seguirá reclamando que se reduzca la parte fija de la factura eléctrica no sólo por su incidencia en el precio, sino porque también incide en el ahorro de energía, para lo que también pide a la Secretaría de Estado de Energía que transponga la directiva que obliga a instalar en las viviendas sistemas de contabilización individualizada del consumo energético.

También reclama a ese departamento que modifique la norma por la que un consumidor sólo puede modificar la potencia que tiene contratada una vez al año y que sólo se cobre el alquiler de los nuevos contadores eléctricos si verdaderamente están integrados en el sistema de telegestión. Además, insta a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y al Ministerio de Energía a dar solución a la desinformación que tienen la mayoría de los consumidores acerca de si están en el mercado libre o en el regulado.

Revisar impacto ambiental en Doñana

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha alertado de que un año más la actividad más contaminante reflejada en las más de 700 quejas relacionadas con el medio ambiente es promovida o amparada «en muchas ocasiones» por las administraciones públicas, aplicando la legislación ambiental de manera formal, limitándose a tramitar los procedimientos, pero sin hacer un verdadero análisis de las repercusiones reales de proyectos, cuya afección al medio ambiente «puede ser muy significativa«. Así consta en el Informe anual de la actividad de 2017 del Defensor del Pueblo que en términos generales constata también una mayor preocupación ciudadana por la protección y defensa del medio ambiente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.

El Defensor destaca como «caso paradigmático» el de los proyectos de explotación y almacenamiento de gas subterráneo en el entorno de Doñana, un caso en el que se considera que la evaluación efectuada «no es concluyente» por lo que ha sugerido al Ministerio de Medio Ambiente que revise las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 proyectos de explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, incluida la valoración de las distintas alternativas al almacenamiento de gas, del riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero. Además, solicita al Ministerio de Energía que suspenda los trabajos de Marismas Occidental, en tanto se realiza la evaluación.

El PSOE pide un estudio de impacto conjunto del almacén de gas en Doñana y la paralización de las obras

Europa Press.- El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, acompañado por parlamentarios, diputados, alcaldes y dirigentes locales del entorno del Parque Nacional de Doñana, ha pedido un estudio de impacto conjunto de los proyectos de Gas Natural Fenosa en la zona y la paralización de estas obras. De esta forma, los socialistas onubenses han querido “despejar el más mínimo resquicio de duda que pudiera subsistir sobre la postura que el PSOE mantiene en relación al proyecto de gas en Doñana”.

De este modo, el secretario general de la Ejecutiva Provincial, Ignacio Caraballo, criticó el proyecto a las puertas de Marismas Occidental, denominación del primero de los cuatro subproyectos en que ha quedado dividida una actuación que, «a juicio de todos, excepto del Gobierno y de la empresa proponente, requiere un estudio sobre su conjunto y no por separado, para conocer el impacto real, si existe riesgo y si es viable».

Así, la cúpula del PSOE onubense ha querido expresar «su absoluto rechazo» al proyecto y ha pedido que se paralice de manera inmediata «la ejecución de Marismas Occidental, en tanto en cuanto el Gobierno no adopte la decisión de evaluar el impacto ambiental sobre el conjunto de los cuatro subproyectos». «Lo primero es que estamos en contra absolutamente de que Doñana sirva de almacén de gas; lo segundo es que no se puede jugar al engaño permanente, haciendo creer a los ciudadanos que no existe peligro porque la realidad es que el Gobierno no lo sabe con certeza; lo tercero es que es un clamor social, nadie quiere este proyecto, por tanto, el Ejecutivo debe pararse a reflexionar», remarcó Caraballo.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha dicho, en nombre de todos los alcaldes socialistas del entorno, que suscribe la petición de paralización y la exigencia de la declaración conjunta del proyecto. «Pedimos impulsar cuantas acciones legales procedan para detener cautelarmente su ejecución», ha continuado Caraballo. Para los socialistas, «Doñana no es el lugar más idóneo para almacenar gas, nos hemos negado a ello desde el seno del partido y desde la Junta de Andalucía», ha continuado.

En esta línea, ha pedido al Gobierno del PP que «recapacite y dé su brazo a torcer». «Si al PP no le importa Doñana, a nosotros nos importa, y mucho. Pedimos al Gobierno que se rinda. Es la primera vez que una comunidad autónoma deniega una Autorización Ambiental Unificada (AAU) a un Gobierno que ha emitido ya su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, lo que demuestra la seriedad y contundencia con la que ha actuado la Junta de Andalucía», ha afirmado el dirigente socialista.

Según ha sostenido, «las tesis que defienden tanto el Gobierno andaluz como los socialistas onubenses vienen avaladas por las posturas adoptadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, primero, y por el Defensor del Pueblo Español, después, así como de la Delegación del CSIC». Ha recordado que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido paralizar el proyecto en su conjunto y su impacto, así como estudiar los riesgos sísmicos que podría provocar esta actuación.

Cita al Defensor del Pueblo

Por su parte, relató que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los 4 subproyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, además de sugerir que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas. De esta manera, como ha reiterado, se pretende valorar las distintas alternativas al almacenamiento de gas y garantizar que Doñana y su entorno no se vea negativamente afectado. Este organismo se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro subproyectos.

La emisión de estos informes de estos organismos se produce después de analizar la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España en la que se advertía de la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los mismos por separado». Además, este informe también generaba dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados, además de considerar que las evaluaciones individuales de los mismos «no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico«. De esta manera, el Defensor ha solicitado al Ministerio de Energía que aclare el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcázar, así como la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su permiso la Junta.

Por su parte, Caraballo ha subrayado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta ya está dando pasos para emprender acciones legales con que paralizar en el ámbito de sus competencias el proyecto del gas en el entorno de Doñana. De hecho, ha presentado un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente como paso previo a un futuro recurso contencioso administrativo.

Esta decisión se ha adoptado tras ser «desoída la exigencia de la Junta de que el Gobierno central modifique las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan los cuatro subproyectos en que se ha dividido el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana y de que se instase al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que llevara a cabo la paralización de Marismas Occidental y una evaluación conjunta de dichos proyectos».

Tras tener conocimiento de que el Instituto Geológico y Minero ha advertido en un informe interno de que Gas Natural «rebajó la peligrosidad por inundaciones al acuífero en su estudio de riesgos obligatorio para la autorización de puesta en servicio y se avisa de que la nueva normativa que limita los usos en el dominio hidráulico puede afectar al proyecto, hemos solicitado oficialmente, desde la Junta, la remisión de dicho informe. Que no se demore más. Celeridad es lo que necesita este asunto», ha concluido.

Bruselas pospone a marzo su decisión sobre la comparecencia del Defensor del Pueblo andaluz por el almacén gasista de Doñana

Europa Press.- La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha decidido posponer al mes de marzo su decisión sobre la comparecencia del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ante el Parlamento Europeo, solicitada por Izquierda Unida, para que defienda su postura en contra del proyecto gasístico de Gas Natural Fenosa en Doñana y para exponer el informe que elaboró su departamento en esta línea, en el que alerta de los riesgos que entraña el mismo para este espacio natural de Andalucía.

Fuentes europarlamentarias indicaron que la Comisión de Peticiones valoró la solicitud de Izquierda Unida de incluir para debate en su reunión de febrero las peticiones sobre Doñana, si bien el Partido Popular Europeo solicitó que se posponga el debate para marzo o abril, «y dar así más tiempo a la Comisión Europea para que envíe una valoración por escrito». Por su parte, Izquierda Unida indicó que, «debido a la situación de emergencia que vive el parque de Doñana, presionaremos para que se incluya el tema en la agenda de marzo«.

Izquierda Unida, organización que tiene registrada una petición sobre el proyecto de almacén de gas en Doñana, trasladó a la Comisión Europea a través de su eurodiputada, Marina Albiol, el informe del Defensor del Pueblo que alertaba de los riesgos sísmicos y de la necesidad de contar con un estudio de impacto medioambiental no fraccionado, es decir, «que tenga en cuenta el impacto total de los 4 subproyectos en los que se dividió» el proyecto.

El propio Maeztu, tras reunirse recientemente con una delegación de Izquierda Unida encabezada por el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, trasladó que está dispuesto a comparecer en Bruselas para defender su postura en contra del proyecto gasístico de Gas Natural en Doñana. Maeztu afirmó entonces que Doñana «es una joya que tenemos que cuidar» y por eso el proyecto gasístico «debe suspenderse definitivamente», motivos por los que aceptó la petición de la formación de izquierdas para defender su informe en Bruselas.

El Defensor del Pueblo propone cambios al ser eximida la regasificadora de Mugardos de presentar una evaluación de impacto ambiental

Europa Press.- El Defensor del Pueblo instó al Gobierno a que garantice la participación activa de un órgano ambiental antes de tomar la decisión de excluir a ciertos proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental, como en el caso de la regasificadora de Mugardos (La Coruña).

Durante 2017 el Defensor realizó distintas actuaciones en defensa del medio ambiente y el entorno rural como, por ejemplo, la actuación de oficio que inició ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando conoció la decisión del Gobierno de eximir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en la localidad coruñesa.

Respecto al caso, recuerda que dos sentencias del Tribunal Supremo anularon la autorización administrativa para instalar dicha planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004, ya que al emitirse no contaba con el instrumento de planificación urbanística adecuado. El Defensor subraya que como la planta tenía que pedir autorizaciones nuevas, el Gobierno «decidió eliminar el trámite de evaluación ambiental para agilizar el procedimiento».

Por eso, la Institución recuerda que la ley de Evaluación Ambiental establece que antes de llevar al Consejo de Ministros una propuesta de este tipo es «necesario» informar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que elabore un informe sobre el estudio de viabilidad ambiental y sobre el resultado de las consultas y la participación pública.

«Así se lo recomendó al Ministerio de Industria que, sin embargo, rechazó la resolución formulada», señala el Defensor que, no obstante prosiguió sus actuaciones. En ellas ha recomendado al Ministerio de Medio Ambiente que en la próxima modificación de la Ley de evaluación de impacto ambiental se asegure la participación de un órgano ambiental en el procedimiento previo a la decisión por el Consejo de Ministros de excluir un proyecto del trámite de evaluación ambiental.

Durante 2017 el Defensor del Pueblo actuó también ante el posible riesgo sísmico de cuatro proyectos de gas en Doñana y continuó sus actuaciones ante 15 municipios españoles para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población. La Institución tiene el cometido de supervisar que las administraciones realicen tareas de prevención, compensación, reparación de daños y restauración del medio e instar a que hagan un mantenimiento adecuado y sostenible de los recursos naturales y de la contaminación e impacto ambiental. Finalmente, también pide a la administración en sus escritos que tenga en cuenta los aspectos ambientales en la normativa así como en la ejecución de planes o proyectos de infraestructuras.

Izquierda Unida envía al Parlamento Europeo el informe del Defensor del Pueblo sobre el almacén de Gas Natural de Doñana

Europa Press.- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, remitió a la presidenta de la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, Cecilia Wikstrom, el último informe sobre Doñana elaborado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández, al tiempo que ha incidido en la necesidad de organizar una misión de investigación.

En dicho informe, el Defensor solicita al Gobierno que haga una evaluación conjunta del impacto que pueden tener sobre el parque los 4 proyectos existentes para la extracción y almacenamiento de gas natural, sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental y alerta sobre los riesgos sísmicos que podrían conllevar ciertas prácticas. Según Izquierda Unida, Albiol pidió a Wikstrom que, dada la relevancia del informe del Defensor del Pueblo y la coincidencia con las denuncias que se han venido presentando en la PETI, incluya el documento como información complementaria a su petición todavía abierta.

La eurodiputada recuerda a Wikstrom que durante el último debate que se celebró en la PETI sobre Doñana «ya se denunció el riesgo sísmico del proyecto», algo que recoge el Defensor del Pueblo en su informe de noviembre, que reflejaba las denuncias que se vienen haciendo desde algunas organizaciones ecologistas y políticas desde que se anunciara el proyecto de Gas Natural en Doñana. Entre ellas, la necesidad de hacer una evaluación acumulativa del impacto que tendrían en el Parque las cuatro actuaciones previstas: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar.

Por otro lado, recomienda al Ministerio de Energía que se revisen los informes de impacto ambiental emitidos, que también se encuentran cuarteados, y advierte de las dudas que le genera el informe del Instituto Geológico y Minero «sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados», explicando que «las evaluaciones individuales de los 4 proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero«.

Albiol cree que «no hay más tiempo que perder» y, ante «la importancia» de este informe del Defensor del Pueblo, que «refleja las denuncias que hacemos desde hace años», insiste en que «la comisión de Peticiones debe organizar cuanto antes una misión de investigación a Doñana para comprobar sobre el terreno lo que puede suponer un proyecto gasístico de estas características en una zona considerada patrimonio mundial por la Unesco».