Entradas

La Junta de Andalucía destaca el compromiso de «llegar hasta el final» para frenar el almacén de gas de Doñana

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que «se están analizando todos los datos que obran en poder» de su departamento para presentar el tipo de recurso «más conveniente» para frenar el proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana, desde el compromiso de «llegar hasta donde haya que llegar» para paralizar una iniciativa que «no convence a nadie» porque «pone Doñana en riesgo».

Fiscal ha afirmado que «es un tema muy serio» y explica que se han pedido todos los datos en los que se apoyan los últimos informes del Defensor del Pueblo Estatal y de su homólogo andaluz. En este sentido, y preguntado sobre si hay colaboración suficiente por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Fiscal ha apuntado que «en absoluto», porque «a tenor de los últimos informes» de las dos Defensorías, que «han pedido la paralización del proyecto», la respuesta en lo que respecta al Gobierno central es que «se sigue hacia adelante, con lo cual no podemos hablar de colaboración».

La CNMC, el Defensor del Pueblo e Hispacoop critican la venta a puerta fría de electricidad, analizada por el Ministerio

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Defensor del Pueblo y la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) han criticado las prácticas de venta a puerta fría de las comercializadoras energéticas, una problemática que ya ha sido abordada por el Ministerio de Energía. Asimismo, los ponentes han puesto de manifiesto que las ventas puerta a puerta son problemáticas, ya que en ocasiones incluyen prácticas abusivas y engañosas aprovechándose de los clientes más vulnerables.

El subdirector de energía eléctrica de la Secretaría de Estado de Energía, Santiago Caravantes, ha incidido en que en el Ministerio se han abordado en varias ocasiones los problemas que conlleva la venta puerta a puerta, pero no han llegado a una solución definitiva. Preguntado por si es posible prohibir este tipo de prácticas, ha señalado que «poder se puede», pero incidió en que tiene que ser con algún argumento legal, ya que prohibir a una empresa un modo de contratación es «una medida agresiva».

Por su parte, el director de Energía de la CNMC, Fernando Hernández, ha apuntado que una alternativa a la prohibición es que exista un «control de calidad» de las fuerzas de ventas de las comercializadoras y dar al consumidor una información «clara» que le permita comparar fácilmente las ofertas de las compañías. En este sentido, Caravantes avanzó que en el Ministerio están analizando también de qué forma los clientes pueden comparar los diferentes tipos de contrato, pero ha incidido en la complejidad de los precios de la energía, que cambian en función de múltiples variables.

Por su parte, Carmen Redondo, del Departamento de Relaciones Institucionales de Hispacoop, ha criticado que los métodos de ventas de las empresas por teléfono y, sobre todo, a través de puerta fría son «muy agresivos y a veces engañosos», al mismo tiempo que no cumplen con algunas exigencias que ya contempla la legislación con la información precontractual. En este contexto, ha demandado medidas para regular este tipo de prácticas, especialmente para proteger a los clientes más vulnerables, a los que se les hace contratar servicios adicionales que no desean y que no tiene la capacidad suficiente para reclamar. «Hay que ir mucho más allá que automatizar el desistimiento», ha incidido.

Sobre la posibilidad de que el sector cree una autoregulación en este campo, Caravantes ha añadido que en el Ministerio les consta que algunas empresas están trabajando internamente en modelos que lleven a una «mejora significativa» de esta situación. Sin embargo, Hernández se ha mostrado escéptico sobre el éxito de esta vía, ya que ha recordado que en 2015 la CNMC elaboró un decálogo de recomendaciones para las comercializadoras al que, dos años después, las empresas no han respondido. Por ello añadió que, si no funciona, parece que no queda otra opción que incluir una mayor regulación, tarea que en el sector energético le corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que permita mayor transparencia en la contratación.

Otras de las cuestiones abordadas en la mesa ha sido la confusión que genera la dificultad que tienen los consumidores para diferenciar las empresas que ofrecen suministro en el mercado libre de las que lo hacen a través de modalidad regulada, ya que compañías del mismo grupo tiene denominaciones prácticamente idénticas. Carmen Lence, de la Oficina del Defensor del Pueblo, ha incidido en que a veces estas empresas sólo se distinguen a través de unas siglas que no son fácilmente interpretables, por lo que tanto ella como Redondo han propuesto que se diseñen facturas que permitan diferenciar «de un solo vistazo» ambos tipos de empresas.

En este sentido, Hernández también ha incidido en la necesidad de que el cliente pueda diferenciar a la distribuidora de electricidad de la comercializadora, para lo cual haría falta una separación mas «clara y contundente» del nombre, la imagen o el logo. Así, ha añadido que, aunque no está claro que esto sea motivo de sanción, es un problema que existe. Asimismo, Lence abogó por analizar cuánto gana una empresa por prácticas como pasar a un consumidor al mercado libre sin su consentimiento y si le compensa pese a las multas que se le puedan imponer por saltarse la ley.

Por otro lado, Caravantes ha remarcado que todavía queda camino por recorrer en la reforma del sector eléctrico, ya que hasta ahora la regulación ha estado enfocada en corregir los desequilibrios y la parte regulada de la factura. En este sentido, ha agregado que queda abordar lo relacionado con el suministro y ha reconocido que el marco vigente es «mejorable», tanto en la parte de gas como de electricidad, y se está analizando la situación desde el Ministerio para tramitar los cambios que sean necesarios.

Tejerina asegura que «la decisión futura» sobre el proyecto de almacenamiento gasista en Doñana «dependerá de la Junta de Andalucía»

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que su departamento ya realizó la valoración que le correspondía respecto al proyecto de almacenamiento y explotación de gas natural en el espacio natural de Doñana, por lo que ha apuntado que «la decisión futura» sobre el mismo «dependerá de la Junta de Andalucía» que es la que tiene que conceder o no la Autorización Ambiental Unificada (AAU).

García Tejerina ha recordado que el Ministerio entre los años 2010-2013 efectuó «la declaración de impacto ambiental de manera agrupada y no en 4 proyectos». Así, ha precisado que «se hace de manera fraccionada para poder evaluar el efecto conjunto», incidiendo en la valoración agrupada para ver el impacto global. Por ello, ha dejado claro que la evaluación que se ha realizado es «importante» y contó con «informes favorables de la Junta emitidos en 2008», por lo que se ha trabajado «agrupando los proyectos para valorar los efectos conjuntos» y en esa línea van a responder al Defensor del Pueblo.

De este modo, en cuanto al informe del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que pide al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los 4 proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana, y sugiere que se suspenda el proyecto Marismas Occidental hasta que no se termine la citada evaluación ambiental conjunta, la ministra ha explicado que la evaluación se realizó «de manera agrupada» para poder evaluar el proyecto en conjunto e incluso «se evaluaron proyectos que no van a tener una realidad». Por ello, ha ensalzado «la importante» valoración efectuada por su departamento ministerial.

De otro lado, la titular de Medio Ambiente ha indicado que para emitir la Declaración de Impacto Ambiental se tienen en cuenta muchos parámetros, entre ellos, el informe favorable de la Junta, que es un acto administrativo y no político y por tanto, «no se puede modificar». Así las cosas, respecto a la carta que le remitió la Consejería de Medio Ambiente para solicitar la paralización del proyecto, García Tejerina ha indicado que la Junta de Andalucía es «la responsable» de conceder o no la Autorización Ambiental Unificada a este proyecto. Por su parte, «el Ministerio ha actuado conforme a la legislación española y la legislación ambiental europea», ha proseguido.

Andalucía agradece el informe del Defensor del Pueblo autonómico contra el almacén gasista de Doñana y trabaja en el recurso

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, agradeció que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, haya abogado por la «suspensión definitiva» del proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental, a la par que ha avanzado que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz continúan trabajando en el recurso contra el mismo.

En este sentido, Fiscal ha valorado «positivamente» esta postura del Defensor y ha resaltado que «conecta claramente con la intención que viene expresado la Junta», que entiende que «existen herramientas legales para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana«. «Tenemos informes y legislación suficiente para impedirlo», ha agregado el consejero, que ha defendido que el entorno de Doñana «no es la mejor zona para una instalación de este tipo, un argumento que también hace suyo el Defensor».

Así las cosas, ha hecho hincapié en que esta postura del Defensor del Pueblo andaluz se suma a otro pronunciamiento en el mismo sentido de su homólogo a nivel estatal, cuando ambos piden la paralización del subproyecto Marismas Occidental, «el único que teóricamente está en obras, aunque en la práctica las informaciones apuntan a que apenas hay movimiento». Fiscal explicó que ambos pronunciamientos serán tenidos en cuenta al presentar ante los tribunales el recurso correspondiente contra este proyecto que, por el momento, continúan estudiando los servicios jurídicos de la Junta.

Con todo, el consejero ha explicado que el Ministerio de Medio Ambiente contestó recientemente a la carta que la Junta le remitió sobre este asunto y, en su respuesta, según ha explicado, «se reafirma en que no va a realizar una evaluación conjunta de los proyectos y remite la responsabilidad al Ministerio de Industria, la administración sustantiva sobre el proyecto». «No van a mover ficha», ha lamentado Fiscal, quien ha explicado que, ante esta contestación, los servicios jurídicos de la Junta «trabajan para determinar la manera en la que pedir en los tribunales la paralización del proyecto» pues quieren hacerla «con la máxima garantía jurídica».

En cuanto a la indemnización reclamada por Gas Natural, Fiscal ha dicho que «sigue su curso en los tribunales» y que el Gobierno andaluz está respondiendo a todos los requerimientos que le hacen en este sentido, si bien ha defendido que la responsabilidad patrimonial que reclama, a su juicio, «no ha lugar». «Siempre hemos actuado con informes jurídicos en la mano, con la ley en la mano, según se ha entendido desde la Junta, y si ha habido discrepancia lo dirimirá el tribunal», ha zanjado el consejero de Medio Ambiente.

Urge actuar a Susana Díaz

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Andalucía, Mercedes Barranco ha urgido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a «paralizar» el proyecto «como le está pidiendo el Defensor del Pueblo Andaluz» y le lleva solicitando la formación morada «desde hace más de un año«. La diputada de Podemos asevera que en su grupo comparten «el diagnóstico» de Maeztu y del Defensor del Pueblo estatal, y ha subrayado que desde Podemos estaban «defendiendo» la tesis de la paralización inmediata del proyecto «cuando PP y PSOE iban de la mano en la defensa» de la citada iniciativa de Gas Natural.

En esa línea, ha reclamado a la presidenta de la Junta y al consejero de Medio Ambiente que «abandonen la pasividad en el tema de Doñana», punto en el que ha subrayado que el Parlamento andaluz aprobó «hace ya casi un año una proposición no de Ley (PNL) en la que instábamos al Gobierno andaluz a buscar las vías legales que nos permitieran la paralización del proyecto» de Gas Natural, algo que aún no se ha hecho, según ha criticado.

Tras apuntar que el Defensor del Pueblo Andaluz ha venido a «corroborar las tesis de Podemos Andalucía desde un principio», Mercedes Barranco ha pedido al consejero de Medio Ambiente que «deje de marear la perdiz y demuestre que realmente quiere paralizar el proyecto de gas natural en Doñana«. «Defender a Andalucía es defender Doñana», algo que «hasta ahora no han hecho» desde el Gobierno andaluz, según ha abundado la diputada de Podemos, que recordó que preguntó al consejero José Fiscal en comisión parlamentaria sobre «las medidas legales que han implementado» para la paralización del proyecto, si bien Podemos cree “que no hay ninguna medida legal».

Medio Ambiente alega ante el Defensor del Pueblo que no tiene competencia para revisar el almacén de gas en Doñana

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente no tiene ya competencias en relación con los procedimientos administrativos para la autorización de los 4 grandes proyectos de almacenamiento de gas en Doñana porque las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental ya fueron tramitadas entre 2010 y 2013. La petición de evaluación conjunta afecta a los proyectos Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar, donde se prevé la explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Así respondieron fuentes ministeriales después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, haya pedido al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los cuatro proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana. Además, el Defensor se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la citada evaluación ambiental conjunta. En un escrito, el Defensor solicita a Energía que aclare la situación del proyecto Marismas Oriental, tras denegar su autorización la Junta de Andalucía, y el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcazar y sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas.

En este sentido, el departamento que dirige Isabel García Tejerina recuerda que los cuatro proyectos fueron sometidos, desde su presentación por parte del promotor, a diversos procedimientos de evaluación ambiental previstos en la legislación española y comunitaria. A ese respecto, estas fuentes subrayan que el Ministerio cumplió con su labor y tramitó las Declaraciones de Impacto Ambiental según lo que establece la normativa estatal y las directivas comunitarias y que en ese proceso tuvo en cuenta los informes favorables de 2008 aportados en los procedimientos por la Junta de Andalucía.

En todo caso, garantiza que en la tramitación que le competía los 4 proyectos no se fracturaron sino que, precisamente, se agruparon en 4 para considerar los efectos acumulativos que se producen puesto que constituyen zonas homogéneas para estudiarse mejor o con más precisión, lo que no constituía ninguna vulneración de derecho. A ese respecto, afirman que ahora ministerialmente le corresponde a Energía  autorizar estos proyectos y recuerdan que la Junta de Andalucía tiene capacidad en este momento para otorgar o denegar las preceptivas Autorizaciones Ambientales Unificadas. Si bien, insiste en que esto se debe en todo caso a pleno sometimiento a las condiciones de las Declaraciones y a la normativa ambiental que se aplique.

Analizar conjuntamente los 4 proyectos

La cuestión es que el Defensor considera que la información del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) genera «dudas» sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero. En este sentido, el Defensor quiere que se valoren «distintas alternativas» de almacenamiento de gas y garantizar «con un grado de certeza acorde» con su «importante relevancia ecológica» que el espacio no se verá «negativamente afectado» por la inyección y almacenamiento de gas. También quiere garantías para que los riesgos sísmicos se reduzcan «al mínimo posible».

La institución pidió información adicional al IGME en julio y realiza estas sugerencias después de haber analizado los datos remitidos por el instituto geológico y recuerda que en 2013 ya advirtió sobre la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los 4 proyectos por separado». Ahora, el Defensor explica que ha retomado sus actuaciones tras recibir una queja de Greenpeace y del Defensor del Pueblo Andaluz. Por ello, el Defensor estima que el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el IGME, impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a Doñana.

El Defensor del Pueblo pide a la CNMC información sobre su actuación por la subida de la luz de octubre

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que el organismo le informe sobre los avances que se produzcan en la investigación abierta tras la fuerte subida de los precios de la electricidad el pasado 23 de octubre.

La institución considera que estas situaciones de precios inusualmente altos «deben corregirse para evitar que se repitan». Para ello, subraya que el primer paso es investigar lo ocurrido, lo que compete a la CNMC. El pasado 23 de octubre, el precio de la electricidad alcanzó, entre las 19.00 y las 20.00 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh), debido a un factor puntual en la subasta de los servicios de ajuste.

El precio de la luz preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, que recuerda a la CNMC que España es uno de los países de la Unión Europea «con el precio de la energía más alto». Además, el Defensor considera que esta situación está generando «graves problemas» a muchas familias españolas, que se ven obligadas a detraer una parte importante de sus recursos en lugar de destinarlos a otras necesidades básicas.

El Defensor mantiene abiertas varias actuaciones con las administraciones públicas y ha recomendado, entre otras propuestas, revisar la distribución de los términos de potencia y energía de los peajes de los consumidores domésticos; reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y, recientemente, que se aplique a la electricidad un IVA reducido.

El Defensor del Pueblo recomienda aplicar un IVA reducido a la electricidad por ser un bien esencial

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomendó al Ministerio de Hacienda que aplique un IVA reducido a la electricidad por tratarse de un bien esencial, tras haber recibido quejas de ciudadanos por el elevado precio de la factura de la luz. Según esta Institución, «la electricidad es un suministro indispensable para una vida digna y para el ejercicio de los derechos fundamentales«.

Sin embargo, la electricidad no se beneficia del tipo reducido de IVA. Por ello, el Defensor del Pueblo ha recordado que la regulación sobre el IVA prevé un tipo impositivo reducido para este tipo de bienes y servicios. Finalmente, «la Directiva europea relativa al sistema común del IVA permite que los Estados miembros puedan aplicar un tipo reducido del impuesto a las entregas de gas natural, electricidad o calefacción urbana«.

El Defensor del Pueblo valora que el nuevo bono social recoja sus recomendaciones protegiendo a los consumidores del mercado libre

/0 Comentarios/en , , , /por

Redacción / Agencias.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, aplaude que la nueva regulación del bono social eléctrico establezca la renta como criterio para acceder a él y que se introduzcan medidas para proteger a los consumidores en el mercado libre, tal y como pedía la institución, entre otras recomendaciones recogidas. El Defensor del Pueblo destaca también que se contemple no cortar el suministro por impago sin antes verificar con los servicios sociales la posible situación de vulnerabilidad de los consumidores afectados.

La institución considera que esta medida es «especialmente relevante» ya que lleva años recomendando establecer procedimientos de comunicación y coordinación entre las empresas suministradoras y los servicios sociales antes de realizar un corte de suministro, para evitar que consumidores vulnerables se queden sin electricidad. Otras recomendaciones del Defensor del Pueblo que incorpora el nuevo bono social son la modulación del umbral de renta para proteger a determinados colectivos (menores, mayores y personas con discapacidad) y la introducción de mecanismos de recurso contra las peticiones denegadas.

Menores, mayores y con discapacidad

El Defensor del Pueblo ya destacó en las conclusiones de unas jornadas sobre protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, celebradas en marzo de 2017, la importancia de proteger los hogares donde residan menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad. Fernández Marugán resaltó que, en el caso de los menores, “la falta de suministro eléctrico afecta al derecho fundamental a la educación, pues es en los meses de invierno cuando hacen sus tareas escolares después de la puesta de sol”. Del mismo modo, para el Defensor del Pueblo, «las personas mayores y las personas con discapacidad cuentan con unas necesidades particulares que no pueden olvidarse».

El PSOE andaluz pide que la Junta reclame al Gobierno revisar la DIA de los proyectos de gas en Doñana

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El PSOE ha anunciado el registro de una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para que la Junta emprenda las acciones oportunas, tanto administrativas como en su caso judiciales, ante el Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, para solicitar la revisión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 subproyectos de almacenamiento de gas de la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, en el entorno de Doñana.

Todo ello, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental, con el fin de que se realice una nueva evaluación del proyecto en su conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que fue subdividido (Saladillo, Marismas Occidental, Aznalcázar y Marismas Oriental). La vicesecretaria general del PSOE de Huelva, María Márquez, explicó que la iniciativa también solicita que la Junta emprenda las acciones oportunas para que se paralice la ejecución del subproyecto Marismas Occidental, que cuenta con autorización sustantiva de marzo de 2016 del Ministerio competente en materia de Energía, hasta que no se lleve a efecto la revisión de las DIA antes citadas.

Todo ello después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirmara que «no parece que la falta de actividad de Medio Ambiente pueda verse justificada” tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana, a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía. Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.

Al respecto, el PSOE pide en la proposición no de Ley que la Junta «apoye» el informe del Defensor, al que «debe hacer caso el Gobierno central», y que se apoya asimismo en un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que apunta a los riesgos sísmicos y a la contaminación del acuífero 27. Márquez insistió en que los socialistas onubenses piden al Gobierno y al PP que «se unan al clamor existente y renuncien a utilizar el subsuelo de Doñana como un almacén de gas», así como que responda a la petición, elevada por el PSOE, para que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto.

La socialista ha recordado que en el entorno del Espacio Natural de Doñana «se ha explotado históricamente el gas natural existente en el subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes a Gas Natural». No obstante, ha continuado, en los últimos años, dicho grupo empresarial «ha querido reforzar su actividad gasista en dicho entorno con la presentación de los citados 4 nuevos proyectos en municipios de las provincias de Huelva y Sevilla», los cuales se encuentran en distintas fases de tramitación administrativa en los distintos ámbitos competenciales, estatal y autonómico.

Desde 2011, precisó la socialista, la Junta de Andalucía ha cuestionado, en numerosos debates sustanciados al respecto tanto en el Parlamento autonómico como en las Cortes Generales, que se haya realizado un adecuado estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos de los 4 proyectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre los Espacios de la Red Natura 2000, máxime cuando la nueva actividad a realizar consiste en un almacenamiento permanente de gas. Esta situación, ha insistido Márquez, «le ha llevado a mantener una correspondencia con Medio Ambiente, Ministerio que en ningún caso ha reconocido defectos en la evaluación de los efectos sinérgicos ni problemática alguna por la fragmentación de proyectos de las mismas características en un mismo ámbito territorial».

El Defensor del Pueblo no ve «justificada» la «falta de actividad» de Medio Ambiente ante el almacén gasista en Doñana

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, asevera que «no parece que la falta de actividad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAPAMA) pueda verse justificada» tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el parque Natural de Doñana (Huelva), a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía.

Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas, después de que Greenpeace haya interpuesto una queja formal advirtiendo en este sentido y con el objetivo de «parar esta barbaridad», según ha calificado la ONG. Tras esta queja, Fernández inició una actuación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en relación con la «insuficiencia» de la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos que integran el gaseoducto en Doñana, y que se realizaron de manera independiente para cada uno ellos, y «no conjunta como exige la legislación», según apunta en el documento.

Así, el escrito señala que «no se puede fraccionar el objeto de un proyecto de manera que se altere el resultado de la evaluación». En este sentido, en su respuesta ante la petición del Defensor del Pueblo, la Administración señaló que los 4 proyectos «se diseñaron para ser independientes en su funcionamiento» y, por ello, las evaluaciones están por separado, según el escrito. Sin embargo, a juicio del Defensor del Pueblo, la Administración «no aclaró» qué se considera como «independientes en su funcionamiento» y «parece obvio que los proyectos forman parte de un proyecto global como es la infraestructura gasística».

Además, sobre la respuesta oficial, Fernández señala que la institución «esperaba» que la Secretaría de Estado hiciera una «valoración efectuada por los órganos competentes del departamento y no un resumen de los comentarios del promotor sobre la evaluación del riesgo sísmico». Por otro lado, el Defensor del Pueblo también señala en el documento la «incoherencia» que supone que, por un lado, la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental elaborase una DIA «sin tener todos los datos necesarios» e «impusiera al promotor que realizase nuevos estudios», y que, sin embargo, después se otorgara autorización «sin un pronunciamiento previo» del órgano competente para «validar correctamente dichos estudios». «Todo parece indicar que la DIA fue incompleta«, señala Fernández.

Informe del CSIC y sismicidad

Por otra parte, el escrito explica que el Defensor del Pueblo andaluz, que también sigue actuaciones en relación con las potenciales afecciones en el espacio natural de Doñana en colaboración con su homólogo nacional, aporta un informe del delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía y Extremadura que señala que «no se han evaluado en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero» y pide que se tenga en cuenta. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en 4 subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que podría alterar el resultado de la evaluación.

Por todo ello, Fernández ha pedido al IGME un informe concluyente sobre sus conclusiones alcanzadas en la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos en relación con el riesgo sísmico y, especialmente, en lo relativo al almacenamiento subterráneo de gas y su impacto sobre el acuífero. También ha solicitado al IGME una copia de los informes emitidos en el procedimiento de la DIA de los 4 proyectos de gas en Doñana; y una copia del informe emitido después de que se diera luz verde a uno de los cuatro proyectos, que es el único que, de momento, cuanta con autorización.

Andalucía exige paralizar los proyectos

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que la petición realizada por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para obtener información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana, confirma que «hay que parar» estos proyectos. Fiscal ha asegurado que la petición del Defensor confirma a su vez que «hay que analizar los riesgos sísmicos» que, según el CSIC, «no están claros».

Por ello, Fiscal comparte la opinión de Francisco Fernández Marugán porque «confirma», insistió, «lo que llevamos diciendo mucho tiempo y con especial hincapié en los últimos días, que hay que parar el proyecto de gas, más allá que oficiosamente pueda estarlo como parece». Se trata de la primera acción que se conoce del Defensor del Pueblo después de haber asumido Fernández Marugán el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril, indicando Fiscal al respecto que «se estrena de la mejor manera con Andalucía».