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La Diputación de León aprueba una moción para evitar el cierre de las centrales térmicas

Europa Press.- El Pleno de la Diputación de León ha aprobado, con la abstención de Ciudadanos, la moción por la que se instará al Ministerio de Energía a que «adopte las medidas necesarias para evitar el cierre de las centrales térmicas» de la provincia, «esenciales para la supervivencia de las cuencas mineras».

La moción también recoge la necesidad de «aprobar urgentemente el marco legal de garantía de suministro a través del despacho preferente que blinda el uso de combustibles fósiles autóctonos» a través de un mecanismo que contempla la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad y que utilizan países como Eslovenia y Eslovaquia. El vicepresidente para el Bierzo, Ángel Calvo, ha recordado que «la minería del carbón está en una situación dramática, por lo que hay que adoptar una solución ya o no habrá solución».

UGT denuncia un proceso de cierre «encubierto» de la minería del carbón y no descarta convocar una huelga

Europa Press.- UGT ha denunciado un proceso de cierre «encubierto» en la minería del carbón por parte del Gobierno y las eléctricas, por lo que ha instado «a que digan claramente si son esas sus intenciones» y advierte que “no descarta” la convocatoria de una huelga en el sector si no se da una solución a la actual situación.

El sindicato reclama al Ejecutivo que «se deje de subterfugios» y, de ser así, abra el diálogo para pactar con las organizaciones sindicales un plan ordenado de cierre del sector minero en el que se contemplen medidas sociales y económicas (prejubilaciones, bajas incentivadas y recolocaciones en empresas con garantías de futuro) de forma que el proceso sea «lo menos lesivo posible para los trabajadores y las comarcas mineras». UGT, que subraya que la solución al futuro de la minería es «una cuestión de voluntad política», recuerda que ha solicitado reuniones urgentes con representantes de diferentes ámbitos para pedir intervenciones políticas.

«Consideramos que toda solución para el sector ha de pasar por el cumplimiento del marco de actuación pactado y por propiciar urgentemente la venta de carbón nacional, pues de no ser así en breve las empresas mineras entrarán en un proceso de despido de sus trabajadores«, añade al respecto. UGT afirma que el sector «agoniza por la inoperancia del Gobierno y la desidia de las eléctricas», por lo que la situación no admite más demoras.

La Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia colaborarán para impulsar la eficiencia en los municipios mineros

EFE.- La Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia colaborarán para ahorrar costes y mejorar la eficiencia energética en los 21 municipios mineros del norte de la provincia de Palencia. «El objetivo es promover el ahorro energético, reducir sus gastos corrientes y favorecer inversiones en materia de eficiencia», ha asegurado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que suscribió un convenio con la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.

El convenio establece tres ejes de actuación para optimizar el suministro de energía eléctrica en las poblaciones incluidas en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros. Según Del Olmo, para empezar se elaborará un inventario de centros de consumo y puntos de suministro eléctrico en esas localidades y se establecerá un sistema de monitorización de su gasto energético. Después se analizarán los contratos vigentes con las comercializadoras para comprobar si las potencias y tarifas contratadas se ajustan a las necesidades y consumos reales de los ayuntamientos y, en su caso, plantear las modificaciones oportunas. Y por último, el convenio prevé el diseño y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y mejora continua de las instalaciones energéticas.

Para llevar a cabo estas iniciativas, la Junta va a poner a disposición de los pueblos la herramienta telemática OPTE, que ha sido desarrollada por el Servicio de Informática del Ejecutivo autonómico y gestiona el EREN, organismo adscrito a la Consejería de Economía. El director del EREN, Ricardo González, ha explicado que esta aplicación ofrece un diagnóstico de los hábitos de consumo de cada centro o edificio y propone la solución más óptima para reducir el gasto fijo de facturación eléctrica, hacer un uso responsable de la energía e, incluso, proponer la mejora de los contratos de suministro, lo que redunda en mayores ahorros económicos.

Además la consejera de Economía ha hecho un balance del éxito que ha supuesto ya el uso de esta herramienta que ha analizado 1.830 contratos de luz y gas correspondientes a 1.730 edificios públicos como hospitales, centros de salud, colegios y otras dependencias, y permitió ahorrar 2,5 millones de euros durante 2016 solo en concepto de costes fijos del recibo.

Por último, la presidenta de la Diputación palentina, Ángeles Armisén, subrayó que «si la experiencia es buena» la Diputación solicitará la aplicación de la herramienta en el resto de municipios de Palencia para «mejorar la gestión de los recursos«. En el mismo sentido se colabora con la institución provincial de León, que trabajará con la Junta para poner en marcha mejoras de eficiencia en los municipios mineros de este territorio.

Greenpeace exige a España un giro energético para cumplir el Acuerdo de París y que deje de subvencionar al carbón

Europa Press.- Greenpeace reclama a España que acometa un giro en su planificación energética para poder cumplir el Acuerdo del Clima de París y que deje de subvencionar las energías fósiles, por ejemplo, abandonando las subvenciones al carbón, a las que destinó 754 millones de euros al año entre 2005 y 2016.

Greenpeace lamenta la actitud del Gobierno de España porque «sigue sin apostar claramente por frenar el cambio climático». En este contexto, la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha destacado que España es «un diamante» para las energías renovables y uno de los países europeos que más sufrirá los impactos del cambio climático. «Tenemos un ministro de Energía que apoya las energías sucias y dificulta enormemente la transición energética y la búsqueda de alternativas sostenibles en las regiones minero-eléctricas», criticó.

Estudio de Overseas Development Institute

La ONG expone que un estudio, que analiza las subvenciones al carbón en 10 países europeos, señala que España sigue lejos de poner medidas para terminar con las subvenciones a las centrales térmicas de carbón. Este estudio, sitúa a España en el tercer puesto de Europa, por delante de Alemania o Polonia, con 754 millones de euros anuales entre 2005 y 2016 en subvenciones al carbón, tanto para la transición de las cuencas mineras como para las eléctricas propietarias de las centrales térmicas, aunque “la falta de transparencia” hace que algunos datos no estén disponibles.

En definitiva, la ONG exige al Gobierno que se tome en serio las políticas climáticas y energéticas y que anteponga la salud de las personas y el medio ambiente a los intereses de las empresas porque tiene una «magnífica oportunidad» para planificar el cierre de las térmicas de carbón no más tarde de 2025 con el desarrollo de la ley de cambio climático y transición energética que quiere poner en marcha. «El Gobierno español no puede seguir dando la espalda al cumplimiento sus obligaciones con el clima y la salud de las personas», ha concluido.

Podemos acusa al PP y al PSOE de «unirse» en Castilla y León en contra del sector del carbón

EFE.- El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, acusó al PP y al PSOE de «unirse» en contra del sector del carbón después de que ambas formaciones bloquearan una moción en la Cortes de la comunidad autónoma que exigía el compromiso de que las compañías eléctricas consuman mineral nacional. Fernández aseguró en Ponferrada (León) que ambas formaciones «se han puesto al lado de las eléctricas frente a su postura que era la de pedir ‘mano dura’ para ellas».

El líder regional de la formación morada pide que se legisle «a favor de las personas» y se cumpla la ley, algo que actualmente no pasa puesto que lo habitual es, a su juicio, que las compañías eléctricas incumplan «con las normativas de emisión de gases contaminantes» y también de compra de carbón nacional. Fernández extendió sus reproches al PSOE por no sumarse a la moción de Podemos, que incluso han criticado por considerar que va en contra del carbón, «Su defensa del carbón es la misma que la de Obélix con la dieta vegetariana», reprochó irónicamente a los socialistas.

Greenpeace plantea en las cuencas mineras las renovables como alternativa económica en un futuro sin carbón

EFE.- La organización ecologista Greenpeace ha elaborado un informe en el que plantea que las energías renovables, la agroindustria y el turismo de experiencias son las posibilidades de desarrollo para la comarca minera de Teruel, ante el escenario del fin de la explotación del carbón.

En diciembre cerró la última mina de interior de Aragón, ubicada en Ariño, localidad donde todavía se explota una a cielo abierto junto a otra en Estercuel, y ambas con la incertidumbre de si cerrará o no la central térmica de Andorra (Teruel), su principal cliente. Las comarcas mineras como la de Teruel ven ya cerca un futuro sin carbón y la realidad es que no ven futuro, porque tal y como demuestra el estudio de la organización ecologista, siguen siendo muy dependientes del lignito.

«Si se hubieran hecho estos trabajos desde el principio, quizá la transición ya se hubiera hecho con los fondos que se han invertido», explica Tatiana Nuño, responsable de Energía de de Greenpeace. Bajo el título Más allá del carbón. Alternativas sostenibles para el futuro de las cuencas mineras. Estudio de caso: El desarrollo alternativo de la cuenca minera de Teruel, el informe es el primero que realiza de manera detallada la ONG sobre una zona minera, apunta Nuño. En el caso de la cuenca minera turolense, el estudio concluye que, a pesar de los planes de reconversión, casi la mitad del Valor Añadido Bruto de la zona continúa dependiendo de la extracción minera y de la central térmica de Andorra.

El futuro pasaría, según este estudio, por el turismo de experiencias, el sector agroalimentario y sobre todo el desarrollo de energías renovables, para lo que la zona tiene, según Nuño, mucho a su favor, al contar con estructuras de evacuación previas y de grandes redes de transporte de energía. También destaca el estudio la existencia de recursos energéticos tanto en energía solar como en eólica y en menor medida biomasa. La organización ecologista ha elegido la cuenca minera turolense como caso de estudio, y piensa que su experiencia puede servir para otras zonas de España, que deberían contar con un plan coordinado por las administraciones.

El desempleo en las minas y los negocios relacionados ha ido en aumento en el último año y el futuro es más que incierto para la central térmica de Andorra, después de que Endesa no se plantee de entrada la inversión en las centrales térmicas. Según Nuño es necesaria una «transición justa y sostenible de todas las cuencas minero eléctricas» y hacer un seguimiento de los fondos públicos que se han dedicado a la reconversión.

El Gobierno eleva las ayudas mineras mientras Castilla y León pide una transición de hasta 50 años para las cuencas

Redacción / Agencias.- La Junta de Castilla y León defiende un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria». Mientras tanto, el Gobierno autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, entre 2017 y 2020, al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

El objetivo del acuerdo es posibilitar la concesión de ayudas destinadas a cubrir costes excepcionales derivados del cierre de unidades de producción de carbón no competitivas incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería del carbón no competitiva. Con la autorización, el compromiso máximos de adquisición ascenderá a 2,4 millones para 2017, lo que supone un 400% de sobrecrédito inicial, frente a los 1,23 millones de 2018 (un 200% más), 1,23 millones de 2019 (un 100% más) y 616.666 euros de 2020 (un 100% más).

La aprobación de este acuerdo permitirá continuar con la convocatoria de ayudas, actualmente en fase de evaluación de solicitudes, con las que se pretende paliar los efectos perjudiciales que el cese de la actividad minera ocasiona en el entorno social y regional. La medida complementa además la autorización extendida por el Gobierno recientemente para que esta convocatoria de ayudas se considere una excepción a la convocatoria de la orden de cierre de ejercicio presupuestario 2016.

Los sindicatos critican las ayudas

Precisamente, los sindicatos CCOO y UGT denunciaron que estas ayudas complementarias a las minas de carbón de 36,1 millones de euros aprobadas por el Gobierno recientemente se limitarán al año 2016, como consecuencia del mecanismo que rige su aplicación. Por ello, ambos sindicatos tachan de «burla» del Ejecutivo ante el sector dichas ayudas. A este respecto, explican que la aplicación efectiva de la norma introduce un «truco» que limita su alcance únicamente a este año y no permitirá su aplicación en 2017 y 2018. En consecuencia, piden la convocatoria de la Comisión de Seguimiento para corregir esta situación, además de poner al día toda la serie de incumplimientos con el sector para evitar su desaparición.

Transición para próximos 50 años

Por su parte, el Comité Económico y Social (CES) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León defienden un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria«. Se trata de una conclusión del dictamen del CES sobre la minería del carbón, presentado por el sindicalista rumano Dumitru Fornea, quien ha advertido sobre la necesidad de «establecer diálogos políticos, cívicos y sociales», puesto que la transición energética impuesta por la Unión Europea requiere del «acuerdo de todas las partes» para poder lograr los cambios exigidos.

En este sentido, Fornea señaló que «el Plan de apoyo a la transición debe animar a las regiones a que emprendan transformaciones, promuevan el desarrollo innovador y creen empleo». Al respecto recordó que en Castilla y León «hay unas 4.000 personas que dependen directa o indirectamente de la explotación del carbón», una cifra que alcanza el millón de personas si se hace extensiva al resto de Europa, de ahí que sea necesario «que todos los agentes implicados alcancen un acuerdo».

Dimitru Fornea recordó que «las ayudas del Estado para la industria se terminan en 2018» y se pregunta «qué va a hacer el Gobierno de España» y los diferentes gobiernos de los países afectados, «que hasta ahora se han callado bastante, pero es momento de defender los intereses de sus comunidades». Este dictamen pretende ser «un primer paso para abrir el debate» y presentar un acuerdo coherente en Europa, puesto que existe, según indicó, «un fuerte interés de las corporaciones internacionales involucradas en las renovables». Por ello Fornea incidió en que «las cuencas mineras deben prepararse para la supresión progresiva de la producción del carbón».

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha destacado que el dictamen plantea «un período de transición de 25 o 50 años» que permitiría poder realizar los cambios necesarios y, al respecto, recordó que la Junta de Castilla y León ya impulsa «un Plan de Dinamización de los municipios mineros». Eso sí, Del Olmo ha mostrado su confianza respecto a que este informe «permita revertir la decisión de la Comisión Europea de eliminar las ayudas a la industria en 2018» y poder abordar un «régimen transitorio con diferentes medidas para adaptar la minería, lo que, a su juicio, sería perfectamente compatible con el Acuerdo de París sobre cambio climático».

UGT advierte de que el cierre de la minería del carbón convertirá a las cuencas en barrios residuales

EFE.- El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha subrayado que el cierre de las explotaciones de la minería del carbón en España previsto por la Unión Europea «convertirá a las cuencas mineras en barrios residuales«. Fernández Lanero ha realizado estas declaraciones en la presentación del programa de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López-Lito, que prevé la intervención del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el 9 de septiembre.

Sobre las movilizaciones anunciadas por los sindicatos mineros, Lanero se ha remitido a la decisión de los responsables del sector sobre el inicio de las actuaciones de protesta a favor de la viabilidad del sector. UGT y CCOO anunciaron que librarán una «guerra sin cuartel» contra aquellos que quieren acabar con el sector del carbón y con el futuro de las comarcas mineras y que pondrán en marcha las acciones y movilizaciones necesarias para que el Gobierno en funciones o el nuevo convoque la Comisión de Seguimiento y ponga en marcha «de forma inmediata las medidas para garantizar la viabilidad de la minería en España».

La situación de la minería es un tema que «preocupa mucho» al sindicato asturiano, según ha resaltado su secretario general, que ha resaltado la necesidad de mantener la producción de carbón por su carácter «estratégico» para el futuro energético del país. «Lo que no hay derecho es que un Gobierno en funciones haya instado a que se cierre las minas del carbón, una fuente de energía autóctona, estable y estratégica para el país», ha recalcado. Además de la conversión de las cuencas en barrios residuales, el cierre de la minería provocará, según ha aseverado Fernández Lanero, la «condena de un montón de familias al paro».

UGT denunciará al Gobierno ante los tribunales por incumplir el Plan del Carbón

Redacción / Agencias.- La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICAUGT), anunció que denunciará al Gobierno ante los tribunales por incumplir el Plan del Carbón «que se encuentra en una situación límite». Así, UGT-FICA junto con el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA) se pondrán en contacto con todos los firmantes del acuerdo firmado en junio en defensa de la minería del carbón, “para que se unan a la denuncia en bloque”.

Dicho acuerdo fue suscrito por todos los partidos políticos excepto Podemos, Izquierda Unida y el PP, y firmado también por empresarios del sector, sindicatos, excepto USO, y suscrito igualmente por las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Paralelamente, los ayuntamientos mineros asturianos buscarán el respaldo socialista en el Congreso de los Diputados para exigir que el Plan minero se cumpla y el sector del carbón español «pueda sobrevivir a la mayor crisis de su historia, con la mayoría de las empresas en procesos de liquidación».

El marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018 establece que las minas españolas de carbón deberían de producir 6 millones de toneladas de carbón y emplear a 5.500 trabajadores, mientras que «la realidad es que las plantillas apenas llegan a los 3.000 mineros y la producción fue el pasado año de 3 millones de toneladas«, lamentó el sindicato.

Asimismo, el sindicato denuncia que las empresas mineras españolas siguen sin poder vender su producción a las eléctricas, mientras se incrementa la importación de carbón internacional, y añade que «desde el año 2012, año tras año, el Gobierno del PP sigue con su obsesión por cerrar un sector tan primordial como es el del carbón para la seguridad de abastecimiento, para reducir nuestra dependencia energética del exterior y por razones sociales y territoriales» porque «sin el carbón las comarcas mineras y sus habitantes se mueren».

UGT-FICA achacó al ejecutivo del PP que «sigue sin definirse el hueco térmico del 7,5% para el carbón español que fija el acuerdo; sin implementar el mecanismo de pago por capacidad, que debería llevar más de un año funcionando; sin llevar a cabo medidas de apoyo a las compañías eléctricas para realizar inversiones medioambientales; sin promover la exención fiscal de la parte variable del impuesto especial de la electricidad«. También «están sin convocar ayudas al cierre; sin actuar globalmente para impulsar económicamente las comarcas mineras; sin concretar las materias relativas a formación; sin convocar a la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018», denunciaron desde el sindicato.

Por engañar a los mineros

El SOMA-FITAG-UGT considera que se ha engañado a los mineros y a las comarcas mineras al incumplir el acuerdo marco del carbón, según denunció el secretario de acción sindical de esta organización, Rafael Carrión. Dirigentes de este sindicato se reunieron con alcaldes del suroccidente de Asturias y con el secretario de Organización del PSOE asturiano, Jesús Gutiérrez, para abordar la problemática que atraviesa la minería privada de la zona, especialmente la Astur Leonesa. Esta empresa, inmersa en un expediente de regulación de empleo, «es un hito más en el acoso del Gobierno hacia el carbón nacional» que, según Carrión, se aprecia en que no se está garantizando la entrada de mineral nacional en las térmicas.

El SOMA-FITAG-UGT reclamó el apoyo de los alcaldes asturianos para que exijan a estas centrales que compren el carbón nacional y que se prime éste frente al de importación porque, si no, será el fin de la minería y el declive de las comarcas que viven de su extracción. Además de reclamar el cumplimiento del convenio marco del carbón, el sindicato ha exigido la convocatoria de la mesa de seguimiento del mismo ante unos incumplimientos que consideran reiterados y que les ha llevado a plantearse pedir en los tribunales responsabilidades personales «por esos engaños públicos».

«El Gobierno del PP no puede dar la callada por respuesta; es responsable de esta situación y exigimos la puesta en marcha inmediata de la quema de carbón autóctono y que se reúna comisión de seguimiento«, ha señalado Carrión, para quien los incumplimientos del Gobierno deben tener trascendencia jurídica. En principio, el sindicato tiene previsto iniciar acciones por la vía administrativa, pero tampoco descarta otras.

En cuanto a la propuesta lanzada por Podemos de poner un arancel sobre el carbón de importación para primar al nacional, Jesús Gutiérrez señaló que no es más que un brindis al sol y una iniciativa imposible de conseguir en un mercado libre como es el europeo. Incluso en el caso de que se pudiera explorar esa vía en el seno de la Unión Europea, Gutiérrez asegura que la minería del carbón asturiana no dispone del tiempo que exigiría proceder a su puesta en marcha.

El dirigente socialista también recordó que la formación morada llevaba en el programa electoral de las elecciones del 20 de diciembre una propuesta para eliminar prácticamente las térmicas de carbón que, a su vez, conllevaría el cierre de la minería. «Pedir ahora un arancel en un mercado libre como el europeo suena muy romántico pero del romanticismo no pueden vivir los mineros ni las comarcas mineras», concluyó, tras asegurar que el PP demostró desde el primer día que no tenía voluntad de solucionar los problemas que vive el sector minero.

Asturias y Castilla y León piden al Gobierno cumplir el Plan del Carbón y trabajar en Europa pensando en 2018

EFE.- Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de Asturias, Javier Fernández, han coincidido en demandar al Gobierno el cumplimiento del Plan del Carbón, como paso urgente, y también en la necesidad de pelear para que las minas rentables en 2018 no tengan que devolver las ayudas. Herrera y Fernández han dejado patente una posición consensuada ante la viabilidad del sector del carbón.

«El problema de la minería no está en funciones, cada día que pasa sea agrava», sentenció Herrera, convencido de que la disposición del nuevo ministro competente sobre la minería, el titular de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, es la de retomar la interlocución con los sindicatos y la patronal del carbón, que buscan un pacto nacional en esta materia. Herrera añadió que seguirán «insistiendo» para buscar soluciones a un problema en el que ha faltado «sentir» en el Gobierno central, aunque no ha avanzado si la intención del Ministerio irá más allá de «favorecer la interlocución» y «estudiar las circunstancias del momento».

En el plano europeo, el presidente de Castilla y León ha dicho que España «no puede abdicar» de su responsabilidad para «revertir» las políticas de la Unión Europea en materia energética y en concreto a la decisión de obligar a las empresas subvencionadas a devolver las ayudas si en 2018 son rentables y quieren seguir activas, ya que «eso las condena al fracaso«. «Es un absurdo y una incoherencia, es un carbonicidio«, ha resumido Herrera, quien sin embargo reconoció que mientras el Gobierno central «acertó cuando firmó el acuerdo con el sector en octubre de 2013», su «error es no ejecutarlo en todos sus aspectos». «Cúmplase ese marco», ha pedido.

Herrera señaló que, en el caso de que haya planes de cierre para el sector, se ofrezcan los fondos necesarios para paliar las «consecuencias sociales», ya que se trata del «futuro del hombre y la mujer en amplias zonas donde no hay muchas alternativas», sin que esto constituya una posición «frentista, sino coherente» con lo acordado entre el propio Gobierno y el sector. Preguntado por si en algún momento se ha sentido solo respecto a su partido, el PP, en la defensa del sector del carbón, Herrera reconoció que a veces es «difícil» explicar las posturas sobre temas como éste.

Por su parte, el socialista Javier Fernández insistió en la necesidad de que España reivindique ante las instituciones europeas que es un error mantener la normativa que llevará a que las explotaciones mineras que estén ahora recibiendo ayudas para llegar a ser rentables sin la necesidad de apoyos públicos, tengan que devolverlas a partir de 2018, ya que esto truncaría su viabilidad. Fernández ha reconocido que las decisiones no pueden «postergarse» porque son «de urgencia», ya que el sector corre el riesgo de no llegar a 2018 precisamente por la «incertidumbre» de tener que devolver las ayudas que ahora perciben.