Europa Press.- El Gobierno tiene previsto destinar un total de 422 millones de euros a un Plan de Acción Urgente para abordar los desafíos a corto plazo planteados por la transición energética en comarcas mineras y en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas o plantas nucleares sin planes de reconversión.
Según explicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, este plan forma parte de la Estrategia para la Transición Justa que aprobó el Consejo de Ministros, dentro del paquete de energía y clima del que también forman parte la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este plan, para el periodo 2019-2021, tiene como fin abordar esos desafíos a corto plazo planteados por el cierre de minas, de centrales térmicas que no han realizado inversiones o no las realizarán para continuar con su actividad más allá de 2020 (9 de las 14 existentes en España) y de centrales nucleares sin planes de reconversión, como las de Garoña y Zorita.
En concreto, el plan recoge un importe de 158 millones de euros a 5 años para la restauración de las minas y el plan de eficiencia y energías renovables, con el fin de mantener el empleo en los territorios afectados, que está previsto que pueda implementarse en junio. Asimismo, cuenta con otros 134 millones de euros procedentes de acuerdos de los fondos Miner no utilizados cuyo destino es dar apoyo a los municipios afectados, también con una vigencia de 5 años. Además, se contempla otra partida de 130 millones de euros cuyo fin serán los convenios de transición justa para todos los territorios afectados, con una vigencia de 3 años.
No obstante, parte de estas partidas estarían pendientes de los resultados de las urnas en abril, ya que se cuenta con unos presupuestos prorrogados y, en el caso de los convenios de transición, sus firmas no se empezarían a producir antes. Además, el Gobierno que salga de esa cita electoral deberá decidir si esta Estrategia Justa diseñada por el actual Ejecutivo y en la que trabajan conjuntamente otros ministerios como los de Industria, de Trabajo y de Economía, sigue adelante en esos términos, ya que lo aprobado en Consejo de Ministros es un borrador. El nuevo Gobierno que surja de las urnas podría, si así lo desea, volver a iniciar su tramitación parlamentaria e introducir los cambios que considere oportunos.
Impacto en otros sectores industriales
Con todo, las mismas fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayaron que «una parte» de este Plan de Acción Urgente «ya está hecha». El Gobierno de Pedro Sánchez planea así lanzar una Estrategia de Transición Justa, siendo el primer país del mundo en tenerla, que aborde los desafíos de una transición energética que, a pesar de que generará unas ganancias netas de empleo en torno a más de 300.000 puestos de trabajo hasta 2030 según las estimaciones del Ejecutivo, producirá también impactos negativos, sectoriales y territoriales a corto plazo.
El Ejecutivo también quiere prestar especial atención a los posibles efectos de la transición energética en sectores industriales clave para España como el del automóvil o la industria electrointensiva. En el sector del automóvil, con un objetivo de reinventarse en un camino hacia un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2 hacia ese horizonte de 2050 y con una fecha límite recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático de 2040 para la matriculación y venta de este tipo de coches (diésel, gasolina e híbridos), se trabaja en «un acuerdo estratégico» con el fin de que las empresas españolas estén mejor situadas y se pueda mantener parte de ese empleo industrial “fabricando coches emisiones cero».
La estrategia incluye también las áreas que ofrece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con mayores oportunidades de creación de empleo, como son la rehabilitación, las renovables (subastas, repotenciación, promoción, autoconsumo), así como el desarrollo del almacenamiento, la movilidad eléctrica, el biometano o el hidrógeno. Además, hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación a través del impulso de energías renovables como biomasa o biogás. El objetivo del actual Gobierno es que esta estrategia sea revisable cada 5 años, con el fin de realizar tras esos periodos de tiempo una evaluación del impacto de la transición sobre el empleo.
