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El CSN aprueba recortar el plazo para que las centrales nucleares pidan renovar su licencia

Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado por mayoría, pero con el voto en contra de la consejera Cristina Narbona, informar favorablemente una propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dirigida a modificar el plazo con el que las centrales nucleares han de solicitar su renovación al regulador. Con ello se acortaría el plazo de los tres años actuales hasta, como mucho, un año antes de que concluya la licencia de explotación de la planta.

Se trata de una modificación de las órdenes ministeriales por las que se conceden las autorizaciones de explotación vigentes a las centrales nucleares. En la actualidad, el plazo para pedir la renovación de la licencia de explotación tiene una fecha límite de 3 años antes de que expire el permiso en vigor pero, con esta modificación y ante el escenario de incertidumbre respecto al futuro energético nacional, los titulares de las centrales podrán solicitar la renovación dos meses después de que el Gobierno apruebe el Plan de Energía y Clima.

Según ha indicado el CSN, el texto propuesto por el Ministerio recoge «todas las modificaciones» aprobadas por el pleno del CSN en su reunión del 1 de febrero de 2017 e incorpora también una modificación administrativa por la cual el plazo para presentar una nueva solicitud de renovación de la autorización de explotación, queda supeditada a la aprobación de un Plan Integral de Energía y Clima, aunque deberá ser presentada, como muy tarde, en la fecha establecida para presentar la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS). Esto es, más o menos, un año antes de concluir la licencia en vigor.

Eso sí, la modificación propuesta mantiene la obligación del titular de presentar tres años antes de la expiración de la autorización vigente los documentos asociados a una eventual operación a largo plazo. Estos documentos son el Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE); el Suplemento del Estudio de Seguridad (ES); la Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF); el estudio del impacto radiológico; las revisión del plan de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado Revisión de la Guía de Seguridad GS-1.10.

Las centrales nucleares más inminentemente afectadas por este cambio normativo son Almaraz (Cáceres), que con la legislación vigente debía presentar su solicitud de renovación antes del 8 de junio, y Vandellós II (Tarragona), cuya fecha límite era el 26 de julio. De este modo, estas centrales contarán con dos años más de plazo para conocer la planificación energética nacional y optar así por pedir o no una nueva renovación de su licencia, algo que, con esta modificación, podrán esperar hasta mediados de año de 2019.

Según ha informado el CSN, el texto propuesto recoge todas las modificaciones aprobadas por el pleno en su reunión de febrero. En aquella reunión, el organismo regulador propuso al Ministerio estas modificaciones con el objetivo de incorporar la nueva sistemática para realizar las Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) que se recoge en la revisión 2 de la Guía de Seguridad del CSN, GS-1.10. La revisión aprobada establece los objetivos, el alcance, el contenido, los plazos de presentación y la forma de documentar RPS de las centrales nucleares en operación, en cumplimiento de la Instrucción del CSN IS-26, de 16 de junio de 2010, sobre requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables a las instalaciones nucleares.

Además, se incluyen aspectos específicos como el envejecimiento y obsolescencia de los equipos, la posible operación a largo plazo de las instalaciones más allá de la vida inicialmente prevista, y las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima de 2011. Del mismo modo, el CSN señaló que con esta revisión de la GS-1.10 busca cumplir la recomendación incluida en el Plan Nacional de España (NAcP) que se aprobó para cumplir el Plan de Acción aprobado por el Grupo Europeo de Reguladores Nucleares (ENSREG por sus siglas en inglés) una vez completadas las pruebas de resistencia como consecuencia del accidente de Fukushima.

Greenpeace critica celeridad del CSN

Por su parte,Greenpeace ha lamentado que el Consejo de Seguridad Nuclear «se dé más prisa» en atender y admitir una propuesta del Ministerio de Energía para «favorecer» a las empresas eléctricas que en aprobar cuestiones que pueden suponer una mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica de los ciudadanos.»Es la misma historia de siempre», ha manifestado la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

La mayor celeridad a la que se refiere Greenpeace es respecto a que también se ha aprobado el plan de acción de las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima, que «sí suponen una mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica» y que ha tardado siete años en ver la luz, frente a esta modificación en la que «se han dado prisa».

«Supongo que el plan de acción lo habrán hecho de forma sesuda y esto otro, que no plantea problemas, lo han hecho en pocas semanas», ironizó Montón, que recordó al CSN que su misión no es atender al Gobierno ni a las empresas eléctricas, sino proteger y mejorar la seguridad nuclear de los ciudadanos y del medio ambiente. Por ello, concluye que esto da «apariencia de arbitrariedad» en el CSN donde «parece que las cosas se hacen sin rigor a la hora de establecer prioridades».

En todo caso, admite que la reducción de los plazos no debería suponer una rebaja de la seguridad pero tanto el operador como los técnicos del CSN tendrán que «correr» para tener a tiempo las renovaciones. «Habrá que hacer los deberes más rápido y eso no siempre es lo mejor. No se entiende que se quite esa salvaguarda de tener el tiempo necesario para hacer las cosas con los mínimos que ellos mismos habían establecido», señaló la portavoz de Greenpeace.

Similar es la opinión de la formación ecologista Equo, cuyo coportavoz Juan López de Uralde, ha calificado de «gravísima» la decisión del órgano porque, a su juicio, «permite que las empresas eléctricas sigan especulando con las centrales nucleares durante dos años más». «Se trata de una nueva modificación legal para facilitar, sin debate social, ni político, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, con independencia de los riesgos que ese alargamiento suponga para el medio ambiente y las personas», ha apuntado, antes de recordar que esta modificación llega días antes de que venza el plazo para que la central nuclear de Almaraz solicite alargar su vida útil por encima de los 40 años.

El diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía, Josep Vendrell, también se ha pronunciado insistiendo que el CSN ha tomado una decisión «hecha a medida de los intereses de las grandes eléctricas», que pretenden alargar la vida útil de las nucleares «en las mejores condiciones económicas para garantizar los altos beneficios que generan dichas centrales para el oligopolio».

Un bidón cae al suelo en Garoña y vierte 3 litros de agua radiactiva aunque no excede los límites permitidos

Un contenedor con un bidón con agua radiactiva que estaba siendo transportado en un contenedor extraído del Almacén Transitorio de Residuos y Bidones (ATR) en la central nuclear de Garoña (Burgos) cayó al suelo de forma accidental de una altura de tres metros y se vertieron unos tres litros de agua radiactiva, según recogió el acta de inspección trimestral del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, sin embargo señala que no superó los niveles permitidos.

La incidencia, no notificable, se produjo el 24 de marzo, cuando un contenedor transportaba en su interior un bidón extraído sin tapa al que se colocó un cierre provisional de aluminio. El aro metálico que sujetaba la tapa del contenedor se rompió y cayó al suelo desde unos tres metros de altura. La tapa quedó suspendida de la pinza y, al caer el contenedor, la tapa de aluminio que llevaba en su interior cedió y desparramó unos 3 litros de residuo del contenido del bidón.

Según refleja el acta de inspección trimestral de la planta burgalesa, el titular «inmediatamente» cubrió con plástico la zona del derrame e instaló un recinto cerrado con plásticos para que se pudiera recuperar el vertido en su interior. El vertido se recuperó ese mismo día, para lo que los operarios retiraron unos 2 o 3 centímetros del asfalto afectado. Según han indicado fuentes del CSN, de acuerdo con la normativa vigente este suceso «no es notificable» porque se produjo en una zona de la central clasificada radiológicamente cuyos límites de dosis están establecidos y, en este caso, no se superaron.

No obstante, señalan que el regulador pidió al titular un análisis de «notificabilidad» del incidente radiológico. Según la IS-10 donde se recogen los criterios de notificación de las centrales, no se superaron los límites de dosis establecidos en una zona radiológica, por lo que no fue notificable. De acuerdo con el acta firmada por el inspector residente, atendiendo a criterios de contaminación superficial, la zona estaba por debajo de 0,4 Bequerelios por centímetro cuadrado y, tras recoger el vertido se optó por retirar la capa superficial de asfalto para recuperar los valores iniciales y esto se hizo en menos de 12 horas. Si se hubiera superado este plazo sí habrían tenido que notificarlo al regulador.

Fallo en pestillo del contenedor

Del mismo modo, no se detectó contaminación fuera de este área cubierta con plásticos, por lo que los técnicos no establecieron medidas ambientales ya que se habían recuperado los niveles normales. En este contexto, el titular analizó las causas del suceso y advirtió que la pinza eléctrica estaba funcionando con tres pestillos operativos de los cuatro que posee y que precisamente la holgura entre el pestillo y el aro metálico es suficiente para que con tres pestillos se sostenga el contenedor. Sin embargo, sin el aro, el contenedor se desprende. Por ello, el inspector del CSN estipuló que antes de utilizar las pinzas se compruebe el correcto funcionamiento de sus pestillos y, en caso contrario, que se prohíba su utilización.

En la descripción de lo ocurrido, se analizaron las posibles consecuencias radiológicas de que se liberase un 10% del contenido del bidón y también de si se hubiera volcado por completo el bidón: supondría una dosis efectiva al público muy inferior a la restricción operacional para el conjunto del año. Aunque en el análisis de notificabilidad realizado por Nuclenor, al principio se limitaba a uno de los criterios de la Instrucción de Seguridad, se solicitó al titular que se considerara adicionalmente la posible aplicabilidad de cualquier liberación, parcial o total y se determinó que en todo caso habría sido inferior a los niveles permitidos y por debajo de 1 microsievert, que constituye el límite del criterio para notificar al CSN.

En todo caso, el inspector subraya que en este incidente se produjo un retraso en la comunicación a la sala de control de lo ocurrido y advierte de que esto sí podría ser importante en los casos en los que el titular sí debe informar «prontamente» al jefe de turno y al inspector residente en el informe de incidencia menor.

El Gobierno confirma que el incidente por un pequeño incendio en la central nuclear de Ascó está «absolutamente controlado»

Redacción / Agencias.- El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, confirmó que el incidente ocurrido en la central nuclear Ascó I está «absolutamente controlado» y «no ha tenido ninguna consecuencia» ni peligro para los ciudadanos. La central nuclear tarraconense recuperó la alimentación eléctrica exterior en los sistemas de seguridad, por lo que ha desclasificado la situación de prealerta de emergencia, según indicó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El titular de la central nuclear Ascó había comunicado al CSN una alerta de emergencia conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior (PEI), siguiendoel criterio de notificación de incendio de duración superior a 10 minutos. El cortocircuito por caída de agua sobre los interruptores de una barra de alimentación eléctrica normal durante los trabajos de recarga en el edificio de turbina provocó el incendio. Como consecuencia, se perdió el suministro eléctrico normal y entró en funcionamiento el generador diésel de emergencia de forma correcta, sin riesgo de emisión radiactiva. El incidente obligó obviamente a detener su programa de parada de recarga y a activar las maniobras de descarga del combustible.

Millo ha asegurado que la situación está «absolutamente controlada»: «El incidente ha sido absolutamente controlado y no ha tenido consecuencias. En ningún momento ha habido peligro para las personas de contaminación radiológica de ningún tipo», ha explicado. El delegado del Gobierno en Cataluña ha explicado que el Plan de Emergencia, que estuvo activado durante 5 horas, ha funcionado «con absoluta normalidad» y todos los grupos de seguridad han estado en funcionamiento desde el primer momento. «Máxima tranquilidad. Todo ha funcionado correctamente y no ha habido peligro para nadie», ha señalado Millo, que subrayó su «satisfacción» por el «perfecto funcionamiento» de los operativos del Estado, la Generalitat y el ámbito local.

El CSN activó el retén de emergencia de su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) en modo 1 (activación reducida) y ha seguido la evolución de la situación desde la Sala de Emergencias (SALEM) en continua comunicación con la Inspección Residente, con la instalación y con la Subdelegación de Gobierno en Tarragona. Se han comprobado los niveles de radiación ambiental recogidos de forma continua en las estaciones de la red de vigilancia, sin que se hayan observado variaciones de los niveles normales. Este suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medio ambiente y ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Como consecuencia del accidente, la Subdelegación del Gobierno en Tarragona activó el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (PENTA) en situación 0 tras una prealerta y se ha convocado a todos los grupos operativos del PENTA. Además, informó de la evolución de la situación a los alcaldes del ámbito de la central. Una vez la central nuclear recuperó la alimentación eléctrica exterior, se desclasificó la situación de prealerta de emergencia y se desactivó el PENTA.

La nuclear de Garoña realiza su simulacro anual simulando un terremoto que la dejaría sin suministro de electricidad

Europa Press.- La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) realizó su ejercicio de simulacro anual en el que ha simulado un terremoto que ha afectado a la planta, que se ha quedado sin suministro eléctrico externo ni suministro interno de emergencia.

El simulacro es preceptivo, según los requerimientos que establece el Plan de Emergencia Interior. En el ejercicio han participado la Organización de Respuesta ante Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Subdelegación del Gobierno en Burgos. El CSN ha seguido el estado de la planta y las actuaciones del titular para recuperar las condiciones de seguridad y se mantuvo en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Burgos para recomendar las correspondientes medidas de protección radiológica.

El simulacro comenzó cuando el titular ha declarado el estado de alerta de emergencia que se produjo a consecuencia de un terremoto que afectó tanto al suministro eléctrico exterior como al interior de emergencia. El seísmo provocó simuladamente daños en 5 elementos combustibles que estaban almacenados en la piscina, una fuga en la piscina que ha provocado un descenso del nivel de agua y un aumento de los valores de radiactividad en el interior de la instalación. Sin embargo, las dosis en el exterior de la zona bajo control del titular de la central han estado «en todo momento» por debajo de los límites establecidos.

Igualmente, se ha simulado que dos trabajadores han resultado heridos y contaminados externamente cuando estaban llevando a cabo labores de recuperación de la planta por lo que han sido atendidos y descontaminados en los servicios médicos del emplazamiento. Por su parte, el CSN ha recomendado al CECOP que estableciese el control de los accesos en el exterior de la central nuclear y la activación del Plan de Emergencia Nuclear de Burgos (PENBU). De haberse producido, un suceso de estas características habría sido clasificado con nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), lo que significa incidente.

La central nuclear de Ascó detiene preventivamente su reactor por una incidencia en el sistema de refrigeración

Servimedia / Europa Press.- La central nuclear de Ascó I (Tarragona) ha tenido que desconectar preventivamente su reactor como consecuencia de un aumento del caudal de fuga de agua no identificada en el sistema de refrigeración. Según comunicó el titular de la central al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la parada se realizó al no poder descartar que se tratase de una fuga de la barrera de presión del sistema de refrigeración.

La central identificó el origen de la fuga en una válvula que permite el drenaje de la caja de agua de un generador de vapor, con lo que ha descartado la fuga en la barrera de presión. El suceso, que no tuvo impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente, se clasifica como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

La Eurocámara insta al Gobierno a aclarar si la central nuclear de Garoña cumple los requisitos de seguridad para reabrir

Europa Press / EFE.- La Comisión de Peticiones de la Eurocámara enviará una carta al Gobierno español para saber si la central nuclear de Garoña cumple «todos los criterios de seguridad nuclear» para poder reabrir después de que la Comisión Europea haya confirmado que no recibió «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista» para las mejoras exigidas en el caso de que se reabra y se prolongue su vida útil.

Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström, tras discutir la petición del alcalde de Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, para pedirle «al Gobierno español que no reabran la central de Garoña», «una central obsoleta», «parada desde diciembre de 2012» y cuyo ciclo vital finalizó «hace seis años», tras cumplir «sobradamente su cometido» y que se debía desmantelar «por mandato gubernamental».

El alcalde de Valle de Zamanzas ha defendido que la planta de Nuclenor, a su juicio conocida como «la central de las mil grietas«, «es una central peligrosa» que tiene que cerrarse «para siempre» a fin de «salvaguardar la seguridad de las personas» de la zona, tras recordar que “se han notificado 136 incidentes, arrastra desde hace 30 años fallos estructurales de diseño» en la vasija del reactor e «incumple» los parámetros «mínimos» de seguridad.

Además, ha dejado claro que su reapertura no se justifica porque no hay «ningún problema» de abastecimiento eléctrico en España y representa menos del 1% de la generación eléctrica. «No es necesario reconectarla a la red», ha defendido, al tiempo que ha instado al Gobierno «que deje de multar por usar la energía solar«. Por ello Asensio ha defendido la necesidad de revisar el modelo energético. A su juicio, el Gobierno debería apostar por energías renovables y limpias, en lugar de «improvisar» licencias que solo benefician a las grandes eléctricas.

El experto jurídico de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Andrei Ionut Florea, ha dejado claro que la decisión para operar plantas nucleares compete a los Estados miembro dado que «la primera responsabilidad de la seguridad nuclear es de los operadores bajo la supervisión de las autoridades nacionales«. Eso sí, subrayó que si España tomara una decisión para reabrir «a largo plazo» la central de Garoña «todas las mejoras de seguridad necesarias tendrán que ser implementadas» en virtud de la normativa europea y ha dejado claro que «hasta la fecha la Comisión no ha recibido» un plan de inversiones para Garoña, que deberán notificarse, y “cumplir todos los criterios de seguridad nuclear que fija el Tratado Euratom”.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, ha alertado de que «la situación en Garoña es verdaderamente alarmante» porque se ha excedido su vida útil, recordando su forma y composición «similar» a un reactor de la central de Fukushima y ha reclamado que la Comisión de Peticiones envíe una carta a las autoridades españolas «pidiendo que informen sobre el estado de seguridad de la central» porque las medidas se deben tomar «antes» de que «lleguen los problemas». «La prórroga significa una chapuza del Gobierno», valoró, dejando claro que su cierre «no supone un problema para el abastecimiento energético» de España.

Reapertura de Garoña sentaría precedente

Su colega, Marina Albiol, aseguró que la reapertura de la central «no son rumores» dado el dictamen «favorable» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la reapertura de Garoña y alertó del «precedente» de avalar una central nuclear hasta los 60 años de vida y sin «una revisión integral cada 10 años» sino a los 14. «Estamos hablando de una revisión para el año 2031», indicó, denunciando que las centrales se han construido para 25 años, se ampliaron hasta los 40 y ahora se quiere extender hasta los 60 años. Por ello instó a la Comisión Europea a realizar «un estudio de todas las centrales nucleares de más de 40 años en toda Europa» para ver sus condiciones de seguridad.

El eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, ha apoyado el cierre «definitivo» de Garoña y ha rechazado que el Gobierno alargue su vida por criterios «puramente políticos» y «no de seguridad ciudadana y ecológica» como precedente para «dejar abiertas otras centrales al final de su vida útil». «España ya sobreproduce electricidad» y hay que apostar por las energías limpias, indicó. Además, el eurodiputado considera «bastante grave» que España no haya notificado los planes de inversión en la central ni el dictamen del CSN y ha apoyado el envío de la carta al Gobierno español para «tener toda la información en torno a Garoña» y que la Comisión estudie la seguridad de las centrales en Europa que han superado su vida útil.

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, ha denunciado que con «este permiso» para reabrir «la tercera central nuclear más antigua de Europa» en su opinión «se está vulnerando la legislación europea» porque las medidas de seguridad exigidas «no se han instalado aún» y ha considerado «legítimo pedir que la Comisión Europea estudie esto y que actúe ante esta situación de atropello a la legislación» teniendo en cuenta el «riesgo alto» para la población «sólo por el 1% de la electricidad en España» que generaba la planta, al tiempo que ha incidido también en que España durante este año exporta electricidad.

El eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, reclamó archivar la petición porque el peticionario «no presenta pruebas de ningún incumplimiento» de la legislación europea y ha explicado que en caso de el Gobierno decida reabrir la central «tendrá que comunicar mejoras de seguridad realizadas» pero «sólo si son de cierta entidad y sobrepasan ciertos umbrales«. Asimismo, ha rebatido que España sí tiene «déficit energético» para defender la central de Garoña. «Compramos el 80% de la energía que necesitamos», argumentó. La autorización de la renovación de la licencia solicitada por la propietaria, Nuclenor, está ahora en manos del Gobierno central.

La presidenta de la Comisión de Peticiones ha anunciado al término del debate que se mantendrá abierta la petición y se enviará una carta al Gobierno español para pedirle «información precisa» y «rápida» para «saber si todos los criterios de seguridad nuclear» que exige el Tratado Euratom se cumplen en el caso de Garoña teniendo en cuenta que la Comisión no ha recibido «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista para volver a poner en servicio la planta de Garoña». «Tenemos que saber si esto es verdad o no», apunta la Comisión, que quiere conocer  los cambios que se han llevado a cabo en las instalaciones ante una hipotética reactivación de la producción, paralizada desde 2012.

El presidente del CSN defiende la transparencia del organismo ante Podemos y Ciudadanos: asegura no percibir «desencanto» en los trabajadores

Redacción / Agencias.- Los portavoces de Energía de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Podemos reprocharon al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, «falta de transparencia» en el organismo regulador y la ausencia en su presupuesto de más fondos dedicados a esta materia. En este sentido, Martí reivindicó la transparencia del organismo y señaló que, aunque es «mejorable», son muchos los avances realizados en los últimos años en este aspecto hasta ser «referencia para otras instituciones» que han pedido asesoramiento.

Durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Martí fue preguntado por los portavoces de Unidos Podemos y Ciudadanos en esta materia, Josep Vendrell y Vicente Ten, sobre la forma en que el CSN rinde cuentas de su actividad ya que consideran que el presidente del CSN «hace un flaco favor a la transparencia» cuando «no acude a dar explicaciones al Congreso, o cuando no se hacen públicas las deliberaciones en el seno del consejo». Es un tema sobre el que Martí cree que «se han hecho esfuerzos» últimamente, sobre todo con la web en la que se informa sobre incidentes de seguridad o se publican las actas de las reuniones del pleno del CSN, entre otros contenidos.

«Su actitud produce desconfianza en las instituciones y rechazo social», le ha espetado Ten, quien ha dicho que España necesita un CSN «independiente, despolizado y técnico». De los cinco consejeros del CSN, tres fueron nombrados a propuesta del PP y dos a petición del PSOE. Ambos diputados han urgido también «un debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, para no seguir improvisando en las decisiones en esta materia». «Yo no veo esa falta de transparencia ni de confianza», les ha contestado Martí, que aún así se comprometió a mejorar la política de transparencia del organismo en términos de voluntariedad para incrementar el 3,75 sobre 10 que le ha otorgado el Consejo de la Transparencia en esta materia.

Además, en su intervención, el presidente del regulador ha señalado que está dispuesto a publicar el kilometraje o los gastos que se le requieran de los habituales viajes que realizan los técnicos y consejeros tras detectar «cierta incredulidad» de los diputados sobre ellos. En este sentido, también ha indicado que existen «muchas garantías» sobre la transparencia de estos viajes ya que conviven las 24 horas con un interventor que da constancia al Ministerio de todos estos movimientos, además de la fiscalización que, posteriormente, realiza el Tribunal de Cuentas. Aún así, Martín ha señalado que no les costará nada incluir en la web el kilometraje de los viajes y los datos que se requieran sobre ellos.

Vendrell también le ha cuestionado sobre el «ambiente de desencanto» denunciado por trabajadores del CSN que no ven reconocido su trabajo y que ha denunciado ASTECSN. Sobre este tema, Martí aseveró que no percibe esa situación y ha llamado a los diputados a «buscar información» a través de los miembros del pleno del consejo, elegidos por ellos mismos y que son los responsables de dar cuentas en la Cámara Baja. «Me duele que digan eso, que es una situación que trasladan unas personas interesadas», afirmó.

El presidente del organismo negó también una «relajación de la cultura de la seguridad» de la que le ha acusado la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, apuntando que «la cultura de la seguridad se va incrementando gracias al trabajo de control de todos». Finalmente, Martí señaló que la bajada de las partidas de formación para los trabajadores, de más de la mitad desde 2013, se debe a que nunca se ejecutaba la totalidad de los presupuestos destinados, por lo que se decidió ir adaptando la cifra al gasto real. El presupuesto del CSN para 2017 se mantiene en la misma cifra que el año anterior: 46,1 millones de euros.

PSOE y Podemos piden cerrar las nucleares a los 40 años mientras el PP descarta alternativas porque subirían los precios

Europa Press.– PSOE y Podemos defienden el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas cumplan su vida útil de diseño, es decir, a los 40 años de vida, mientras que el PP asegura que, actualmente, no existe ninguna alternativa a la energía nuclear en España que permita “mantener la seguridad del suministro, la fiabilidad del mismo y con precios razonables«. Así lo expresaron durante su participación en un debate en el Congreso sobre El futuro de la energía nuclear en España.

El posicionamiento del portavoz de Energía del PP, Alberto Herrero, se ha centrado en el «lastre económico» que el cierre de las nucleares puede suponer para el país y señaló que esta situación llevaría a España a «un escenario negativo de incertidumbre y de improvisación» cuando, a su juicio, lo que se necesita es «seguridad y confianza» en el sistema eléctrico para el fortalecimiento de la industria. El popular recordó las actuales fuentes de energía que se utilizan para cumplir con el suministro, como la hidráulica, eólica, carbón, ciclos combinados y nuclear, un despliegue de opciones que, para Herrero, son «todas imprescindibles» para «caminar hacia la transición energética», a pesar de que algunas tengan «inconvenientes».

Tanto PSOE como Unidos Podemos se han mostrado contrarios a esta postura ya que, aunque reconocen que no se puede prescindir actualmente de la energía nuclear, no creen que sea «imprescindible» en un futuro próximo. En ambos casos abogan porque las centrales se cierren cuando los permisos de vida útil que están en vigor actualmente se terminen, es decir, que se vayan cerrando según vayan caducando sus licencias de actividad.

El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, defiende el cierre de las plantas «a través de planes ambiciosos de eficiencia energética» que, según ha señalado, también «pueden generar decenas de miles de empleos«. En contraposición a la postura del PP, para Uralde «no todo puede convivir» y, aunque reconoce que su propuesta de un plan energético basado al 100% en renovables «no es fácil», cree que se debería «empezar ya a trabajar para lograr llegar hasta ahí cuanto antes».

También el diputado del PSOE, Álvaro Abril, ha criticado el estancamiento en el que, a su juicio, se encuentra desde hace años el debate sobre la transición energética. «Son posiciones complicadas, pero hay que tomar una decisión en el Congreso teniendo en cuenta a la parte social, ecologistas y sindicatos, y decidir cuál es el modelo energético que se quiere«, ha apuntado el portavoz socialista.

Finalmente, el portavoz en la Comisión de Energía de Ciudadanos, Vicente Ten, considera que estas medidas que se están reclamando para avanzar en la transición energética del país se lleven a cabo ahora, «cuando el arco parlamentario es propicio» a que se puedan llevar a cabo acuerdos ante la falta de mayorías absolutas que, en su momento, «limitaron las decisiones». «Es bueno que la llegada de nuevos partidos al arco parlamentario dé estabilidad a la democracia interna», aseveró Ten, para llamar a lograr un Pacto de Estado en esta materia.

Asimismo, y aunque el diputado de Ciudadanos no se pronunció acerca de un calendario de cierre de las nucleares, sí que ha señalado que su postura en esta materia es confiar en los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Para ello, reclama una despolitización de este organismo público cuya imagen, a su juicio, no transmite confianza a la población.

El debate ha sido organizado a iniciativa del presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, el diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que, además, estará acompañado del presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Portugués, Pedro Soares. Ambos políticos han estado trabajando en los últimos meses sobre este tema debido a la preocupación del país vecino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) previsto junto a la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a unos 140 kilómetros de Portugal.

En los últimos meses la energía nuclear ha estado presente en la actualidad del Congreso. El Gobierno comunicaba a la Cámara Baja su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú para el cierre progresivo de las centrales nucleares, argumentando que su aplicación tendría importantes efectos presupuestarios. Del mismo modo, la Mesa del Congreso vetaba en marzo una visita de la Comisión de Energía al Parlamento de Portugal para tratar el tema de Almaraz.

Técnicos del CSN (ASTECSN) denuncian que se infravalora su trabajo para ocultar fallos en la gestión de las centrales nucleares

Europa Press.- La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha denunciado la «política de silencio» que practica el regulador, “infravalorando su trabajo” con el objetivo de ocultar que en las centrales nucleares se cometen fallos de gestión.

«El regulador no hace visible hacia el exterior sus logros como administración pública puesto que reconocer su labor eficaz de supervisor significaría aceptar que existen fallos de los entes regulados; en la política actual del organismo, eso es inadmisible», denuncian. La misiva también critica que se haya trasladado al público una imagen de «un organismo funcionarial que realiza un trabajo protocolario y meramente administrativo» y no la de un cuerpo técnico «cuya labor ha evitado la ocurrencia de accidentes y detecta problemas de forma continuada».

Ante esta situación, el sindicato pide al pleno del CSN una reflexión general sobre su gestión y les invitan a «salir de su burbuja de desinformación» en la que, a su juicio, se encuentran por no tener contacto directo con los trabajadores. En este sentido, aseguran que hay «muchas voces críticas» desde el gremio de técnicos que no están siendo escuchadas y, en algunos casos, fueron «silenciadas con amenazas», mientras toda la labor se hace «desde los mandos del CSN» con el objetivo de «transmitir al exterior una imagen de normalidad institucional y de adecuado comportamiento de las instalaciones nucleares».

El consejo de administración de Nuclenor se reúne el miércoles para decidir el futuro de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- El consejo de administración de Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña y participada al 50% por Endesa e Iberdrola, se reunirá el próximo miércoles 26 de abril para analizar el futuro de la planta, según indicaron fuentes empresariales.

Esta reunión de la sociedad llega en un momento en que está sobre la mesa la petición de Iberdrola a Endesa, como su socio en Garoña, para que respalde la presentación de un escrito de desestimiento de solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear. Iberdrola ya había solicitado a finales de marzo a las partes implicadas, Nuclenor y Endesa, la convocatoria de este consejo, así como de una junta general extraordinaria, para el pasado 6 de abril, que finalmente tendrá lugar a finales de mes.

La reunión de este miércoles coincidirá con la celebración de la junta general de accionistas de Endesa y con la presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2017 de Iberdrola. Hay que recordar que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aprovechó el marco de la pasada junta de accionistas de la compañía para asegurar que la central nuclear de Garoña «no es viable económicamente, con pérdidas cuantiosas» desde hace años, y anunció que había pedido a Endesa que desista de su explotación.

Por su parte, Endesa remitió a tomar las decisiones en el seno de Nuclenor, «que es la propietaria de la central», cualquier decisión final respecto a la reapertura o no de la planta nuclear de Garoña. Fuentes de la compañía indicaron que todavía se debía conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto, sobre la continuidad de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de la planta.

Mientras, el Ministerio de Energía continúa el proceso de «escuchar a todas las partes interesadas» en la eventual renovación o cierre de Garoña. El Ministerio remitió a las partes interesadas el informe preceptivo aprobado por el CSN para que presenten alegaciones y comentarios. El Gobierno tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre la continuidad de Garoña, tras el informe del CSN. No obstante, de ser favorable, la última palabra corresponderá a Iberdrola y Endesa, propietarios de la central a través de Nuclenor.