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El banco alemán Portigon demanda a España ante el Ciadi por las renovables tras el fallo a favor de Eiser

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EFE / Europa Press.- Portigon, el antiguo banco público alemán WestLB, presentó una demanda contra España ante la Corte Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por el cambio en el marco retributivo de las energías renovables, según los registros de la entidad. Se trata de la primera demanda presentada ante este organismo, desde que el Ciadi multó a España con 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios causados a tres plantas termosolares promovidas por el fondo británico Eiser Infrastructure.

Esta nueva demanda es la 28ª presentada por diversos inversores internacionales contra España ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, al considerarse perjudicados por el recorte en la retribución de las energías renovables. La demanda de Portigon, cuyos propietarios eran el Estado de Renania del Norte-Westfalia y las cajas de ahorro alemanas, está elaborada por el bufete británico Freshfields Bruckhaus Deringer. Los laudos del Ciadi «son definitivos y obligatorios respecto de las partes en la diferencia», aunque el convenio que regula esta institución contempla algunas posibilidades, limitadas, de recurrir y nunca «ante los tribunales locales sobre la base del derecho interno o de otros tratados».

No obstante, ante el fallo del tribunal de arbitraje en el caso de Eiser, el Ministerio de Energía consideraba que “no podía ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante» para otros casos. Además, a juicio del Ministerio, tampoco cuestionaba la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno. Lo cierto es que el laudo estimaba parcialmente la demanda de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg en relación a las consecuencias, para las tres instalaciones termosolares, de la reforma eléctrica ejecutada en 2013 y 2014.

La anterior demanda ante el Ciadi contra España databa del mes de agosto, cuando Cordoba Beheer recurrió el recorte aplicado a las renovables. Las denuncias ante los organismos internacionales contra España se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el Gobierno del PP en la pasada legislatura. Hasta el pasado fallo del Ciadi, solo se había resuelto uno de estos procesos internacionales, presentado por la firma Charanne and Construction Investment ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). En este caso, en el que se abordó el recorte de 2010, los jueces dieron la razón a España.

Entre las compañías y fondos internacionales que han llevado a España ante el Ciadi figura Eurus Energy, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota que cuenta con 552 MW de renovables en España. En noviembre del 2015 se cursó la demanda de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSN Nordbank, Landesbank Hessen-Thüringen Gironzentrale y Norddeutsche Landesbank-Gironzentrale. Anteriormente, se tramitaron las denuncias presentadas por Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden e Hydro Energy 1, SolEs Badajoz y los fondos OperaFund Eco-Invest, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, radicado en Estados Unidos.

También la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia ante el organismo, así como las firmas alemanas KS Invest y TLS Invest, además de un grupo de inversores alemanes encabezado por Matthias Kruck. Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por Steag, BayWa, RREEF y un consorcio en el que participa RWE. El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN. Además, el organismo había iniciado la tramitación, entre otras, de las demandas de Infrared, Masdar y Antin, que ya se encuentran en fase avanzada, así como de Renergy, Nextera o el resuelto de Eiser.

Nadal presume de que España tiene energía renovable “sin prima” pero el Ministerio no descarta introducir cambios en las subastas

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EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, no descarta analizar el sistema de subastas de renovables para que en un futuro puedan «ser más efectivas» o para que exista la posibilidad de cupos para tecnologías que se queden fuera. Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, subrayó que ahora, «por primera vez», España cuenta con energía renovable «sin prima» y que, además, «va a ser autóctona» porque las empresas que lo han obtenido producen «mucho» en España.

Nadal ha defendido que España debe «llegar a un objetivo del 20% de renovables» en 2020 y por eso apoya que se realicen subastas como la que se celebró el pasado 17 de mayo. Ha expuesto que así se tendrá una cuota de renovables superior a la de otros países como Alemania y Reino Unido y ha defendido que el criterio para adjudicar proyectos fuera que «tuviera el precio más bajo». Para el ministro, «esto supone que no le va a costar un sólo euro a los consumidores» y ha abogado por planificar cómo será la energía que se consuma en el 2030 desde una manera «realista» porque entiende que «no se puede prescindir de ninguna fuente de energía actual».

Subastas de renovables «más efectivas»

Navia señaló que en la subasta de renovables, en la que se adjudicaron 3.000 megavatios (MW) verdes, hubo «muchísima oferta, tanto de eólica como de fotovoltaica, en costes muy competitivos», por lo que ahora hay que ver «cómo se aprovecha» este hecho para el futuro. El secretario de Estado no considera la fotovoltaica como una tecnología «marginal», ya que acudió con mucha oferta a la subasta, aunque finalmente apenas se adjudicó un megavatio mientras que la eólica se hizo con casi la totalidad de la potencia en juego. Navia subrayó que será necesario ver cómo la fotovoltaica puede entrar «de la forma más efectiva posible«.

No obstante, aseguró que la consideración de coste tiene que seguir siendo «fundamental» a la hora de decantarse por una tecnología, aunque añadió que sí que es posible que se puedan introducir cambios en las subastas futuras de renovables «para que sean más efectivas o para que, si hay bolsas de tecnologías que no pueden entrar, entren«. Por otra parte, Navia indicó que el Gobierno está trabajando en el recurso contra el laudo arbitral del Ciadi, en el que se da la razón a Eiser Infraestructure por el recorte a las renovables, aunque señaló que se cuenta con un plazo de 120 días para presentarlo. «Estamos trabajando en ello y se trata de prepararlo de la mejor forma posible», aseguró.

Podemos quiere que Nadal explique en el Congreso la condena a España en el arbitraje por los recortes en renovables

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rinda cuentas en la Comisión del ramo del Congreso por la condena a España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) por los recortes a la energía renovable.

La sentencia, dictada el 4 de mayo, estima parcialmente la demanda del fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limites, compensándola con 128 millones de euros por el perjuicio que, estima el tribunal, sufrió tras sus inversiones realizadas en tres plantas termosolares, a raíz de los recortes a las energías renovables aplicados tras las reformas realizadas por los últimos gobiernos en el sector.

Según Podemos, las conclusiones dictadas en el laudo apuntan a que «España realizó una revisión del régimen regulatorio sin precedentes y basado en premisas totalmente diferentes», considerando el nuevo sistema «profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión«.

Unidos Podemos critica que el Gobierno habría dejado sin contestar la invitación que los inversores realizaron para pedir una negociación previa bajo el argumento de que se le remitiera el documento redactado en castellano y, posteriormente, sin dar respuesta. Una posición que, continúa Podemos, el arbitraje «valora como contradictoria, al existir un alegato por parte del Gobierno diciendo que el demandante no intentó llegar a un acuerdo«. Podemos pregunta si este hecho es cierto, las razones por las que fue así y por el lugar en el que se «deja al Gobierno no dignarse a responder este tipo de misivas».

Apuntan a la defensa jurídica

Podemos advierte de que los peritajes realizados y las declaraciones de testigos fueron «contradictorias y carentes de solidez», ante lo cual preguntan si el Gobierno ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe que explique «los cambios sustanciales en la línea de defensa«, y si es así, qué motivos llevaron a ello. También quieren saber si el Gobierno considera que la defensa jurídica pudo afectar al resultado del laudo.

En este sentido, destacan que la principal alegación habría consistido en la carencia de jurisdicción por parte del Ciadi y que existieron «incoherencias e incertezas en la testifical del director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)». «Igualmente, la defensa y alegatos de los representantes jurídicos del Estado habrían cambiado sustancialmente a lo largo del proceso», apostillan. Unidos Podemos pregunta al Gobierno si considera que estos representantes del IDAE «estuvieron a la altura en sus testificales» y si han solicitado «las explicaciones oportunas tras las presuntas contradicciones del director de renovables del IDAE».

También destacan que «los propios árbitros consideran los informes periciales aportados por la demandante como completos y profesionales», mientras que la valoración de las conclusiones presentadas por los peritos contratados al efecto por el Gobierno «fueron consideradas poco convincentes». Por esto último, Unidos Podemos cuestiona al Ejecutivo por los criterios que condujeron a la contratación de BDO Abogados a la hora de defender al país en el Ciadi, si se valoraron otras opciones y si se continuarán utilizando sus servicios en el resto de arbitrajes pendientes por esta misma controversia.

Ciudadanos cuestiona al Gobierno si la condena a España por los recortes renovables afectará a la factura de la luz

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Europa Press.- Ciudadanos quiere saber si la condena a España por los recortes a las empresas de energía renovable por parte del Ciadi, el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial, afectará a la factura de la luz. Por ello, su portavoz de Energía en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha registrado una batería de preguntas en las que cuestiona al Gobierno por el impacto que esta decisión supondrá para el sistema eléctrico.

El Ciadi condenó a España a pagar 128 millones de euros más intereses por los recortes aplicados a las energías renovables tras la demanda interpuesta por Eiser. Ciudadanos destaca la unanimidad de los tres árbitros a la hora de acordar la violación por parte del Estado del artículo 10 de la Carta de la Energía, «privando de un trato justo y equitativo» a Eiser, así como la «contundencia en relación a la ilegalidad del cambio radical en el marco regulatorio«.

Asimismo, advierte de que el fallo podría sentar precedente e iniciar una serie de resultados similares en el resto de procesos abiertos por inversores extranjeros en renovables, algo que «podría impactar decisivamente en la financiación del sistema eléctrico y la factura de la luz». Por esto mismo, pregunta también qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno para asegurar que no se produzcan episodios similares en el futuro, y si contempla la posibilidad de establecer alguna compensación para los inversores nacionales.

El arbitraje desvela que los peritos del Estado cifran en un 5% la rentabilidad de Eiser frente al 7,39% prometido

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Europa Press.- Los peritos de Brattle y BDO designados en el arbitraje internacional contra España en el Ciadi (Banco Mundial)  acerca de los recortes a las instalaciones de renovables de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg calculan que la rentabilidad de estos inversores se situó entre el 3,7% y el 5% tras la reforma eléctrica de 2013, frente al 7,39% recogido en la nueva legislación (calculada en torno a las Obligaciones del Estado a 10 años incrementando  en 300 puntos básicos).

Estas consideraciones aparecen recogidas en el laudo del Ciadi remitido a las partes la semana pasada, en el que por primera vez esta institución se pronuncia acerca de los recortes a las instalaciones de renovables en España. En este caso lo ha hecho a favor de los demandantes, que tendrán derecho a una indemnización de 128 millones. El Ciadi aún tiene que resolver una treintena de denuncias por este asunto.

En este sentido, ni el perito designado por el abogado del Estado ni el de Eiser cifraron los retornos económicos de las plantas en el porcentaje de rentabilidad razonable establecido por el Gobierno. Brattle, designada por Eiser, cifra la rentabilidad de los proyectos termosolares del inversor en el 3,7%, mientras que BDO, elegido por el Estado, lo hace en el 5%. «La rentabilidad real antes de impuestos de las plantas se encuentra muy por debajo de la tasa meta prevista por el nuevo régimen», señala el laudo a la vista de estos testimonios, antes de constatar que las instalaciones de Eiser no se ajustaban al estándar de plantas eficientes aplicado, eso sí, «de manera retroactiva» en 2013 por el Gobierno.

Los costes de capital de las plantas eran cerca de un 40% superiores al nivel considerado eficiente por la reforma. Los peritos de la demandante, de Brattle, atribuyen esta diferencia a aspectos como el de que las plantas eran propietarias, en vez de arrendatarias, de los terrenos sobre los que se asentaron los proyectos. Los costes operativos y de mantenimiento de las plantas también superaban los considerados eficientes, más aun cuando en 2012 se aprobaron impuestos que también gravaban el gas usado por las plantas termosolares. Como consecuencia de ello los ingresos de las instalaciones registraron un descenso del 66% tras la reforma de 2013.

En 2014, una de las plantas, Aires Solar, tuvo ingresos operativos de 19,92 millones, frente a los 27,76 millones necesarios para responder a las deudas de la sociedad, mientras que otra instalación, Dioxipe, ingresó 7,79 millones, frente a los 13,94 millones necesarios para devolver la deuda. El laudo muestra precisamente que el endeudamiento de los inversores en renovables y sus dificultades para devolver la deuda tras los recortes no se tuvieron en cuenta a la hora de definir el nuevo régimen retributivo de la reforma.

En un interrogatorio, el director del departamento solar del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), Carlos Montoya, confirmó que fueron los funcionarios del Ministerio los que realizaron las «estimaciones y cálculos cruciales» para definir los estándares retributivos «sin tener en cuenta las características reales y la producción de las plantas». «El nuevo régimen no tiene en cuenta los costes reales, incluido el servicio de deuda, o las eficiencias reales de determinadas instalaciones de CSP (termosolar) existentes», señala el laudo. Montoya admitió en su testimonio que “el proceso no se basó en un análisis matemático de datos riguroso, al afirmar que si usted busca […] una media o una fórmula matemática, no la hay«, indica el laudo.

La sentencia del tribunal también describe las expectativas sobre las que Eiser decidió invertir en renovables en junio de 2007. Para ello, realizó due diligences y contó con el asesoramiento de Gómez Acebo & Pombo. En ese momento, el principal riesgo identificado era que el proyecto no se pudiera construir en los 36 meses de plazo recogidos en el real decreto 661/2007. La deuda de los proyectos equivalía al 70% del capital en el caso de la planta Astexol, y al 63,5% en el de las otras dos plantas, conocidas como Aste. En diciembre de 2011, Eiser valoraba sus inversiones en 148 millones de euros.

Las costas del laudo, que incluyen los honorarios de los árbitros y los costes del tribunal, ascienden a 956.159 dólares, de los que 277.929 dólares corresponden al presidente John R. Crook, 177.439 al árbitro Stanimir Alexandrov y 123.964 dólares al otro árbitro, Campbell McLachlan. El tribunal internacional ha concluido que no sea el Estado español el que asuma el coste total, sino que cada parte sufrague sus propios gastos legales, así como la respectiva cuota de los honorarios y gastos de los miembros del tribunal y de los derechos devengados por la utilización del Ciadi.

España pierde su primer arbitraje internacional en el Ciadi por los recortes a las renovables ante la firma británica Eiser

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Europa Press.- El Estado español perdió el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables, según indicaron fuentes cercanas. El laudo, notificado ya a las partes, da la razón en sus pretensiones a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que contó en el proceso con el asesoramiento de Allen&Overy.

Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz. La inversión comprometida en estas centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Tras ese momento, el sector fue sometido a diversos recortes retributivos, el primero con el PSOE en el poder, y el último con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Gobierno del PP. El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. En 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor de España.

España acumula ante el Ciadi casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables. Eso sí, a nivel nacional, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno en esta materia en los últimos años. Los inversores nacionales no pueden acudir al tribunal internacional de arbitraje.

El PP plantea usar el superávit eléctrico para pagar los arbitrajes adversos mientras la fotovoltaica española reclama igualdad de trato

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) reclama al Gobierno el mismo trato a los productores nacionales que a los internacionales, después de que el Ciadi haya fallado a favor de la firma británica Eiser Infraestructure y en contra del Estado español. En relación con este asunto, el PP quiere extender al sistema de arbitrajes el uso del superávit eléctrico para pagar indemnizaciones por sentencias condenatorias derivadas de la normativa del sector eléctrico.

Así figura en una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, registrada ahora que España ha perdido su primer arbitraje internacional por los recortes aplicados a las energías renovables. En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ya había incluido en una disposición adicional la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Sin embargo, esta aplicación se amplía de esta forma para «dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales», señala el PP en la justificación de su enmienda, «aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a los Presupuestos».

Estas enmiendas, con rango de ley, suponen una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se han acumulado unos 1.130 millones hasta 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros.

Anpier exige el mismo tratamiento

Respecto al laudo del Ciadi, Anpier destaca que se da la razón a la firma británica frente a los «drásticos recortes retroactivos» impuestos por el Gobierno español en las «sucesivas reformas del marco regulatorio» a la producción de energía renovable. Por ello, los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue «la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional» y que, «muy probablemente», recibirá también el resto de fondos extranjeros con recursos pendientes de resolución en el Ciadi.

«El quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaicas es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales», indicó el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca. Los productores fotovoltaicos han soportado, según indica Anpier, «recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca exigía el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancarias».

Pese a todo, «el Gobierno mantuvo que la reforma era legal y sólida, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones», señala, antes de resaltar que ahora «una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia, que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado». Este resarcimiento ha de producirse «con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y, sobre todo, cuando se trata de familias que actuaron confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor», añade.

Energía cree que el laudo del Ciadi contra el recorte renovable no es «extrapolable» y “no cuestiona” la reforma Soria-Nadal

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Europa Press.- El Gobierno ha defendido que la reforma eléctrica desarrollada por el exministro José Manuel Soria y el exsecretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, fue «la adecuada» y ha asegurado que «no se cuestiona» por el laudo arbitral del tribunal internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, en el que se da la razón a la firma británica Eiser Infraestructure frente a los perjuicios que le causó el recorte a las renovables.

En este sentido, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital considera que el laudo «no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante» para otros casos. El Ministerio anuncia además que el Gobierno español estudia recurrir el laudo. Fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal indicaron que el recurso ha de presentarse ante el propio Ciadi. El laudo, señala Energía, estima parcialmente la demanda de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg en relación a las consecuencias de la reforma eléctrica llevada a cabo en los años 2013 y 2014 para tres instalaciones termosolares.

El laudo, afirma, «única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del tribunal de arbitraje, se considera excesivo«. «Dado el carácter estrictamente singular de tal pronunciamiento, no debe asumirse que su resultado puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante para otros arbitrajes pendientes», afirma Energía.

El Ministerio sostiene que cada procedimiento arbitral «es diferente, tanto en la información como en los argumentos aportados«, y recuerda que hasta la fecha se ha producido un desistimiento en un arbitraje, mientras que en otros dos arbitrajes sobre renovables ya resueltos los laudos han dado la razón a España «de manera contundente». Eso sí, el fallo ahora conocido es el primero emitido por el Ciadi. En enero de 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico de la etapa socialista y, en aquella ocasión, se pronunció a favor del Reino de España.

Da 128 pero pedían 300

Energía también destaca que el arbitraje solo estima parcialmente las reclamaciones de los demandantes, al tiempo que condena a España al pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban los demandantes. La inversión comprometida en las tres termosolares alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma tiene un 36,95% en Aste, que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz. El Ministerio asegura además que el tribunal no cuestiona «el derecho soberano de España de tomar medidas regulatorias apropiadas para atender las necesidades públicas, lo que potencialmente incluye la modificación del régimen del real decreto 661/2007».

El laudo, continúa, tampoco cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014, «que permitió acabar con el déficit de tarifa». Su contenido indica que «el demandado enfrentó un legítimo problema de política pública con su déficit tarifario, y el tribunal no cuestiona que fuese apropiado que las autoridades españolas adoptasen medidas razonables para lidiar con la situación», señala el Ministerio. El departamento dirigido por Álvaro Nadal también afirma que «las diversas sentencias nacionales tanto del Tribunal Supremo y como del Constitucional en materia de renovables han avalado la reforma eléctrica y sus pilares fundamentales».

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, afirmó que cuando se acometió la reforma eléctrica la deuda del sistema superaba los 26.000 millones de euros y crecía a razón de 10.500 millones anuales, por lo que era necesario corregir para evitar que el recibo eléctrico subiera un 42%. Méndez de Vigo defendió que «aquellos que se sientan perjudicados puedan acudir a los tribunales», pero subrayó que este laudo del Ciadi no cuestiona la reforma y es susceptible de recurso.

El Gobierno propone a Soria como director ejecutivo del Banco Mundial, donde se dirimen los arbitrajes internacionales de las renovables

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Redacción / Servimedia.- El Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy ha propuesto al exministro José Manuel Soria, que dimitió tras aparecer su nombre en los conocidos como papeles de Panamá como cotitular de una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Jersey, como candidato para ocupar el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial, donde se dirimen los arbitrajes internacionales por las modificaciones retributivas en España a las energías renovables en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Según informó este viernes el Ministerio de Economía y Competitividad en un comunicado difundido tras el debate de la fallida investidura de Mariano Rajoy, la Comisión de Evaluación de candidaturas a las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) ha seleccionado a los candidatos para cubrir los puestos que corresponden a España en el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).

En el caso del Banco Mundial, el puesto a cubrir es el de director ejecutivo para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de octubre de 2018 y el candidato propuesto es José Manuel Soria. El plazo para presentar candidaturas terminaba este viernes y su nominación, junto a los otros 24 directores ejecutivos propuestos por el resto de países, será votada por los 189 Gobernadores del Banco Mundial.

Soria dimitió después de que se difundiera que era cotitular de la empresa UK Lines Limited con sede en el paraíso fiscal de Jersey. Aunque en un principio lo negó, posteriormente reconoció la existencia de la empresa, creada por su padre y gestionada por su hermano sin que él, según afirmó, supiera nada, aunque en los papeles de Panamá aparecieron documentos firmados por el propio ministro. Finalmente, dimitió en abril.

El Gobierno destacó que «José Manuel Soria tiene una dilatada experiencia sobre todo en la Administración Pública, aunque también en el ámbito docente y en el sector privado. Como alto funcionario del Estado, ha sido ministro de Industria, Energía y Turismo durante la X Legislatura y ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en el Ministerio de Economía, en especial, en el área de comercio exterior».

La Comisión de Evaluación, presidida por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la que forman parte también la Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría General del Tesoro, la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional y la Dirección General de Política Económica, también ha seleccionado a Fernando Jiménez Latorre para el FMI y a Pablo Gasós y Casao para el BERD.

Una filial de la japonesa Toyota presenta la 24ª denuncia contra España ante el Ciadi por el cambio retributivo renovable

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Europa Press / EFE.- Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota y en un 40% por la propietaria de la accidentada central nuclear de Fukushima,  Tokyo Electric Power Company (TEPCO), ha sido la encargada de presentar la vigesimocuarta denuncia contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano de arbitraje del Banco Mundial, por los recortes a las renovables.

Esta empresa cuenta con una potencia instalada de 552 megavatios (MW) de renovables en España, de los que 83 se encuentran en Asturias y 469 en Galicia, repartidos en una quincena de parques eólicos construidos a finales de los 90’s del siglo pasado. Esta denuncia es la primera que se inscribe en el Ciadi desde noviembre del año pasado, cuando se cursó la demanda de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSH Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale y Norddeutsche Landesbank-Girozentrale.

Esta demanda de inversores alemanes fue la decimoquinta presentada a lo largo de 2015 contra España por los recortes en la retribución de las renovables. Los inversores alemanes concentran 9 de las 24 denuncias en contra de España presentadas hasta la fecha ante el Ciadi. Anteriormente, se tramitaron las denuncias presentadas por el luxemburgués Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden y la luxemburguesa Hydro Energy 1; la alemana SolEs Badajoz GmbH y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, de Suiza.

También el pasado verano la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia. Además, también han acudido al Ciadi dos firmas alemanas, KS Invest y TLS Invest, y, anteriormente, un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss. Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país, entre ellos también figuran Steag, BayWa, y un consorcio de 8 empresas en el que participa la eléctrica RWE, y otro de la propia RWE a título individual.

El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN. Además, inició la tramitación de las demandas de las británicas InfraRed y Eiser, la árabe Masdar y las luxemburguesas Antin y RREEF, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de la luxemburguesa Renergy y la estadounidense NextEra, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones.  Además, aparte de las denuncias ante el Ciadi, el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana, ha anunciado su intención de denunciar internacionalmente también a España.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares  y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.

Tras conocerse el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que “no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría”.  Finalmente, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con dos en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity, por la Carta de la Energía.

A finales de enero se conoció el primer fallo de un tribunal arbitral acerca de los recortes a las renovables en España. En concreto, el Tribunal Arbitral de Estocolmo resolvió a favor del Reino de España y desestimó la demanda presentada por Charanne y Construction Investments por las medidas aplicadas en 2010, por Miguel Sebastián. A juicio del Tribunal Arbitral, los demandantes no podían tener la expectativa legítima de que el marco regulatorio que establecía las primas a las renovables pudiera permanecer inmutable durante toda la vida de sus plantas. Además, el Tribunal reconoce que la normativa española dejaba «abierta claramente» la posibilidad de que se modificara el sistema de retribución de la energía fotovoltaica.