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Un grupo de bancos alemanes presenta la 23ª denuncia contra España ante el Ciadi por los recortes a las renovables

Europa Press / EFE.- España recibió una nueva denuncia ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la vigesimotercera, por los recortes a las renovables. Según consta en el organismo dependiente del Banco Mundial, la demanda ha sido presentada por un grupo de bancos alemanes, entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSH Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale y Norddeutsche Landesbank-Girozentrale.

Ésta es la decimoquinta demanda presentada en lo que va de año contra el Gobierno de España por los recortes en la retribución de las renovables. Los inversores alemanes concentran 9 de las denuncias en contra de España presentadas hasta la fecha ante el Ciadi. Las denuncias más recientes fueron presentadas por el luxemburgués Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden y la luxemburguesa Hydro Energy 1; la alemana SolEs Badajoz GmbH y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, de Suiza.

También el pasado verano la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia. Además, también han acudido al Ciadi dos firmas alemanas, KS Invest y TLS Invest, y, anteriormente, un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss. Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país, entre ellos también figuran Steag, BayWa, y un consorcio de 8 empresas en el que participa la eléctrica RWE, y otro de la propia RWE a título individual.

El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN. Además, inició la tramitación de las demandas de las británicas InfraRed y Eiser, la árabe Masdar y las luxemburguesas Antin y RREEF, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de la luxemburguesa Renergy y la estadounidense NextEra, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones. Finalmente, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity, por la Carta de la Energía.    

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares  y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.

Tras conocerse hace un año el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que “no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría”. Aparte de las denuncias ante el Ciadi, el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana, ha anunciado su intención de denunciar internacionalmente también a España.

España suma su 22ª denuncia ante el Ciadi por los cambios retributivos a las renovables

Europa Press / EFE.- España recibió una nueva denuncia ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la vigesimosegunda, por los recortes a las renovables. Según consta en el organismo dependiente del Banco Mundial, la demanda la encabeza la sociedad Watkins Holdings, que demanda junto a otras sociedades como Redpier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga.

Marmellar es propietario de un parque eólico en la provincia de Burgos de 49,5 megavatios (MW) y La Boga de siete parques eólicos en esta misma provincia, por un total de 280,5 MW. Ésta es la decimocuarta demanda presentada en lo que va de año contra el Gobierno de España por los recortes en la retribución de las renovables. Los inversores alemanes concentran 8 de las denuncias en contra de España presentadas hasta la fecha ante el Ciadi. Las últimas denuncias fueron presentadas por las sociedades Hydroxana Sweden y la luxemburguesa Hydro Energy 1; la alemana SolEs Badajoz GmbH y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, de Suiza.

También el pasado verano la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia. Además, también han acudido al Ciadi dos firmas alemanas, KS Invest y TLS Invest, y, anteriormente, un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss. Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país, entre ellos también figuran Steag, BayWa, y un consorcio de 8 empresas en el que participa la eléctrica RWE, y otro de la propia RWE a título individual.

El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN. Además, inició la tramitación de las demandas de las británicas InfraRed y Eiser, la árabe Masdar y las luxemburguesas Antin y RREEF, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de la luxemburguesa Renergy y la estadounidense NextEra, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas. Finalmente, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares  y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.

Tras conocerse hace un año el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que “no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría”. Aparte de las denuncias ante el Ciadi, el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana, ha anunciado su intención de denunciar internacionalmente también a España.

El Ciadi ordena a Ecuador indemnizar con 1.061 millones a la estadounidense Oxy

EFE.- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi) redujo la condena de 1.700 millones de dólares impuesta a Ecuador, tras una demanda de la petrolera estadounidense Oxy, pero le obligó a abonar aproximadamente unos 1.061 millones, según informó el presidente del país, Rafael Correa, que calificó de «injusticia tremenda» ya que reclamaban la «nulidad de la condena» emitida en 2012. «Llegó laudo OXY. Logramos nulidad de 40% de laudo original, es decir 700 millones menos, pero nos ordenan pagar cerca de mil», escribió Correa.

Oxy demandó a Ecuador ante el Ciadi en 2006, después de que Quito declarara la caducidad de un contrato de explotación en una zona petrolera en la Amazonía por haber cedido, sin avisar al Estado, el 40% de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la canadiense Encana. El Gobierno ecuatoriano, tras la salida de Oxy, asumió las operaciones del campo que operaba, lo que para la petrolera fue una especie de confiscación de sus activos y una supuesta violación al Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.

«Tratan la caducidad por incumplimientos legales, como confiscación. ¡Otro atentado a nuestra soberanía!», añadió Correa en Twitter, al reiterar que su Gobierno mantiene conversaciones con la petrolera estadounidense para llegar a un acuerdo amistoso. «Ya hemos presentado una propuesta a OXY y con el laudo definitivo continuaremos negociando», subrayó Correa que atribuyó este revés para el país como «¡Otra obra más de los tratados firmados en la larga y triste noche neoliberal!», en referencia a los gobiernos conservadores del pasado.

Por otro lado, el procurador del Estado, Diego García, indicó que la decisión del Tribunal de reducir la condena a 1.061 millones de dólares, «contrasta con lo pretendido inicialmente por Oxy de 3.370 millones de dólares». La Procuraduría y el Ministerio de Finanzas, añadió García, «confirman su intención de seguir trabajando en un acuerdo con Oxy, con miras a alcanzar acuerdo con la petrolera». Además, sostuvo que ambas entidades «informarán oportunamente al pueblo ecuatoriano sobre el resultado» de las negociaciones.

Nadal: el impacto de los arbitrajes internacionales por las renovables sería «muy pequeño» para el sistema en el «peor escenario»

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró en el Senado ante la Comisión de Presupuestos que el impacto para el sistema eléctrico de la veintena de arbitrajes internacionales presentados ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) contra España por los recortes efectuados a la retribución de energías renovables sería «muy pequeño» en el «peor escenario» ya que el arbitraje afecta «exclusivamente» al inversor que arbitra contra el Estado y «a nadie más».

De esta forma, auguró que en el «peor escenario» para España el impacto para el conjunto de la estabilidad del sistema sería «muy pequeño», tras recordar que «muchos» de los arbitrajes se dirigen contra medidas del Gobierno socialista de 2010 y algunos recogen planteamientos «bastante peregrinos». En este sentido, apuntó que «ninguna empresa española podría arbitrar contra el Reino de España», y recordó que la posición de la Comisión Europea sobre este asunto es que al tratarse de empresas europeas arbitrando contra un Estado miembro «no se está utilizando adecuadamente la Carta de la Energía«.

Esto se debe, según explicó, a que existen «suficientes medios jurídicos en tribunales europeos y españoles para garantizar la seguridad jurídica de todos inversores en territorio español de origen europeo». En cualquier caso, Nadal sostuvo que la sostenibilidad del sistema eléctrico está «garantizada» para los próximos seis años «si se mantiene el marco regulatorio estable que se ha creado en esta legislatura» y que «elimina el principal problema del sector», en referencia al déficit tarifario.

La CNMC vigila a petroleras

Respecto a la admisión a trámite por la Audiencia Nacional de una querella contra las principales petroleras por si podrían haber actuado de manera concertada para alterar precios, Nadal señaló desconocer esta decisión por parte de la Justicia, aunque subrayó que «quien vigila que no existe situación oligopolística o de concertación de precios es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo regulador». «Nosotros ponemos a disposición de ella toda la información que tenemos a nuestra disposición para que analicen continuamente el mercado. En su momento hubo una petición de la Fiscalía de que le diéramos toda la información que teníamos en nuestro poder, y no sé exactamente qué es lo que ha ocurrido», añadió al respecto.

Respecto a los presupuestos del área de energía para 2016, Nadal indicó que la reducción del 12,5%, hasta 4.227 millones de euros, se debe a la reducción de los costes eléctricos, los cambios en los cánones hidráulicos, la caída del precio del petróleo y la modificación del sistema de financiación de la política de eficiencia energética. Esta política sostuvo que deberá ser la «prioridad» en la política energética para los próximos años tras conseguir atajar el déficit eléctrico en 2014, alcanzando el equilibrio, y previsiblemente conseguir «superávit» para este ejercicio, poniendo así fin a una serie de 12 ejercicios con déficits de tarifa «muy importantes».

Además, defendió que el Gobierno ha bajado la parte del recibo correspondiente a los costes regulados, con un descenso del 2% que entró en vigor en agosto, en la que tiene capacidad de actuar, ya que en lo que respecta al mercado no tiene margen. «Hemos rebajado por primera vez la parte de costes regulados, mientras que en las dos anteriores legislaturas subían y encima se iba generando déficit», añadió al respecto, subrayando que de no haberse actuado se habría producido una subida en el coste del recibo de un 40%, «que es lo que recibimos y hemos intentado evitar».

El Gobierno actuará «con absoluta contundencia» para que la bajada del petróleo llegue a los precios y defiende la reforma eléctrica pese a los arbitrajes

Servimedia.- El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, afirmó este jueves que el Gobierno «va a actuar con absoluta contundencia» para garantizar que la bajada del precio del petróleo se traslade al consumidor, un tema que seguirá de forma «cercana» para que se cumpla.En la rueda de prensa de los últimos datos de Contabilidad Nacional, el secretario de Estado explicó que la moderación del precio del petróleo «afecta positivamente a la evolución de la economía española» porque reduce el gasto de las familias y les permite tener más renta disponible.

En este sentido, garantizó que el «Gobierno va a actuar con absoluta contundencia» para garantizar que la bajada «repercuta de forma directa en el consumidor» y que «no vaya a mayores márgenes empresariales».Para ello, explicó, el Ejecutivo empleará «todos los instrumentos legales a su alcance para asegurar que se cumple ese objetivo».

Fernández de Mesa dijo que, se puede actuar para asegurar que haya una «adecuada competencia en el sector» e instar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a que analice cómo evoluciona la competencia del sector. La «caída sustancial» que se está produciendo en el precio del petróleo «tiene que repercutir de forma directa en el consumidor».

Reforma energética buena pese a los arbitrajes en la CIADI

El secretario general de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, además,  destacó que la reforma energética fue «buena» ya que logró «reequilibrar» el sector a pesar de las 20 denuncias contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, por el recorte a las renovables. «La reforma energética fue una buena reforma por parte de España, logró reequilibrar el sector energético», indicó Fernández de Mesa, quien subrayó que los inversores «siguen apostando por España».

Las demandas contra España ante el CIADI por los cambios retributivos a la fotovoltaica se elevan a 20

EFE.- La sociedad SolEs Badajoz ha presentado una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por la normativa sobre energías renovables, según consta en la página web del organismo.
Con éste, son ya veinte los procesos abiertos por la regulación de las energías renovables en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados.

A estos 19 casos se suma uno más por cuestiones inmobiliarias, lo que convierte a España en el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina.

Desde noviembre de 2013, han presentado demandas de arbitraje las sociedades RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, y Cavalum; la eléctrica alemana E.ON; un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München; y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, los últimos hasta ahora. Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.

Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las primas que ofrecía la regulación española y que se vieron modificadas con posterioridad. Dichas demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones retributivas.

Dos nuevos fondos denuncian a España ante el Ciadi por los cambios retributivos en las energías renovables

EFE- Los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings han presentado una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por la normativa sobre energías renovables, según consta en la página web del organismo. Con estas dos ultimas denuncias, España tiene ya 19 procesos abiertos por la regulación de las energías renovables en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados.

A estos 19 casos se suma uno más por cuestiones inmobiliarias, lo que convierte a España en el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina.

Desde noviembre de 2013, han presentado demandas de arbitraje RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, Cavalum y la alemana E.ON, la última hasta ahora.

Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.

Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por la retribución establecida por España para  promover la inversión en producción de energía mediante tecnologías renovables (principalmente fotovoltaica), con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.Al no contar con límites de instalación, el desarrollo de estas energías encareció el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.Los fondos de inversión que interponen la denuncia han sido asesorados por el despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Perreira.

La alemana E.ON demanda a España ante el Ciadi por las energías renovables

EFE.- El grupo energético alemán E.ON presentó una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por la normativa sobre energías renovables, según la web del organismo. España tiene ya 18 procesos abiertos por la regulación de las energías renovables en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados.

A estos 18 casos se suma uno más por cuestiones inmobiliarias, lo que convierte a España en el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina. Desde 2013, presentaron demandas de arbitraje RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation y la portuguesa Cavalum, la última hasta E.ON.

Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment. Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia tecnológica. Pero el acelerado desarrollo, impulsado sin límites de instalación, causó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos. E.ON era propietaria hasta el mes de marzo de la eléctrica Viesgo (E.ON España), que opera principalmente en Cantabria, pero la vendió a los fondos Macquarie European Infrastructure Fund 4 (MEIF4) y Wren House Infrastructure (WHI).

La portuguesa Cavalum demanda a España ante el Ciadi por las renovables

EFE.- La compañía portuguesa Cavalum ha presentado una demanda de arbitraje ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra España, que suma 17 procesos abiertos por cuestiones renovables.

Según figura en la página web del Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a la resolución de controversias entre inversores y países, la demanda ha sido registrada hoy, por lo que todavía no se ha elegido tribunal.

Cavalum es una empresa portuguesa especializada en energías renovables, que cuenta en España con once plantas fotovoltaicas, tres termosolares, una biomasa y una eólica.

España es actualmente el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina, ya que suma 18 demandas -17 renovables y 1 por cuestiones inmobiliarias-.

Las demandas de arbitraje contra España por motivos renovables han llegado progresivamente desde noviembre de 2013, presentadas por RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS y JGC Corporation, a los que se suma ahora Cavalum.

Además, también cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, por parte de la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.

Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, causó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.

Soria advierte de que vigilará el mercado eléctrico tras el alza en julio que empaña la bajada de peajes

Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se mantendrá «vigilante» ante el comportamiento del mercado mayorista de electricidad, o pool, después de que las subidas de precios durante el mes de julio hayan empañado el recorte en un 4% de los peajes eléctricos aplicados desde el pasado sábado y encaminados a provocar un descenso en el 2,2% en el recibo de la luz.

«Siempre estamos vigilantes y también lo está el propio regulador del sistema», cuya función es «velar para que las reglas de competencia se cumplan y no haya ningún tipo de distorsión que pueda afectar a los precios«, afirmó el ministro al ser preguntado por las fuertes subidas en el mercado eléctrico en un momento en el que el Gobierno ha apostado por rebajar la parte regulada del recibo desde agosto.

«Lo que sí que hay este año es una realidad: las condiciones meteorológicas no están favoreciendo una mayor generación de renovables», ya que «hay poco viento y poco sol, poca eólica y solar», y esta circunstancia, junto a una demanda en verano desconocida en «varios años», provoca subidas en la parte de mercado del recibo de la luz, señaló. En todo caso, Soria presentó el recorte de los peajes como «una bajada real en uno de los componentes de la factura eléctrica». «Los beneficios de la reforma energética llegan al consumidor en términos de bajada de precios», aseguró el ministro.

Respecto a la evolución del recibo a lo largo de 2015 y de si se producirá una bajada con respecto al ejercicio anterior, consideró «prematuro» realizar un vaticinio. «Creo que cuando acabe el año habremos tenido un comportamiento similar a lo que fue 2014″, indicó Soria. En todo caso, el ministro rebajó las expectativas ante una posible nueva bajada de peajes antes de fin de año. «El colchón que hay de 250 millones de euros es el que ya se ha utilizado» y el que ha permitido aplicar la rebaja del 2,2% entre agosto y diciembre, de modo que ahora «habría que ver cómo van evolucionando los primeros meses los ingresos y costes del sistema«.

Por otro lado, el ministro quitó importancia a las críticas al nuevo sistema de tarifa por horas de electricidad, entre ellas la de que no permite conocer los precios con antelación suficiente o la de que resulta demasiado compleja e induce al consumidor a conductas como la de poner la lavadora por la noche. «Eso es lo anecdótico de la medición horaria de la facturación», afirmó, antes de destacar como «importante» la eliminación de un sistema de fijación de precios mediante subastas que provocaba un sobrecoste adicional de 300 millones de euros al año y de 1.500 millones en el periodo entre 2009 y 2013.

Además, Soria se mostró confiado ante cualquier denuncia interpuesta contra la tarifa por horas, así como acerca de los arbitrajes que se libran en el Ciadi a propósito de los recortes a las renovables. «El Gobierno no ha tomado ninguna decisión o medida que haya supuesto ninguna discriminación entre inversores nacionales y extranjeros, por lo que no ha lugar en términos de fundamento jurídico a que se planteen ese tipo de arbitrajes internacionales», dijo. «Toda la reforma energética que impulsó el Gobierno en lo referido a incentivos de energías renovables está basado en la doctrina del Tribunal Supremo, que dice que estos incentivos no pueden ser independientes de cómo evolucione el ciclo económico«, señaló Soria.

Sobre el decreto de autoconsumo, el ministro indicó que incorporarán algunas recomendaciones de la CNMC que «mejoran» el texto. «En septiembre ya irá al Consejo de Ministros», avanzó Soria. «No he visto a nadie que sea capaz de explicarme qué es el impuesto al sol. Eso no está en la ley. Lo que hay es que si alguien se instala una placa solar en su casa y sólo consume de esa instalación, no tiene que pagar absolutamente nada, pero si aparte se quiere estar enganchado a la red, en ese caso se debe pagar esa red como el resto de los consumidores, y eso es lo que hemos establecido», señaló.