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La OCU se persona en los expedientes de la CNMC a Endesa y Gas Natural por supuestas alteraciones del pool

Europa Press.– La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado su personación en los expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Endesa y Gas Natural, con el objetivo de que en los mismos se acredite de forma adecuada el perjuicio que, en su opinión, se generó a los consumidores.

El pasado 18 de diciembre, la CNMC anunció la apertura de un expediente sancionador a Endesa y otro a Gas Natural Fenosa por la alteración indebida de los precios mayoristas de la electricidad, que llegó a alcanzar los 90 euros MWh y que tuvo como consecuencia una fuerte subida del precio de la electricidad para los usuarios durante diciembre de 2016 y enero de 2017.

Según recuerda la OCU, el efecto de esta subida afectó directamente tanto a los consumidores acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) como al resto de consumidores en el mercado libre, ya que ambos contratos y sus renovaciones tienen muy en cuenta las señales de precios de este mercado mayorista. La OCU ya pidió en enero la apertura del expediente al entender que la escalada de precios del mercado mayorista no se podía explicar por un funcionamiento normal del mercado, y que solo unas alteraciones artificiales de las condiciones del pool podían justificar ese elevado incremento de los precios, precisamente lo que ahora señala la CNMC en los expedientes.

La Generalitat de Cataluña recurre la sentencia que anula el protocolo de la comunidad autónoma contra la pobreza energética

Europa Press.- La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Barcelona contra la sentencia que declara nulo el protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La titular de este Juzgado, Elsa Puig, anuló a principios de diciembre el protocolo por un defecto de forma y de competencias, aceptando el recurso interpuesto por Endesa contra la Agencia Catalana de Consumo (ACC), la Federación Catalana de Municipios (FCM) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La Generalitat ha recordado que la anulación de este protocolo no afecta a la lucha contra la pobreza energética, ya que en este ámbito la ley de pobreza energética de 2015 es de aplicación directa y no requiere de desarrollo reglamentario posterior.

En la sentencia, la juez consideró que el contenido del protocolo es propio de una disposición general que no se aproxima a las leyes vigentes en el momento de su aprobación: «De ahí que, no habiéndose aprobado por la Generalitat, es un acto nulo de pleno derecho». En este sentido, el recurso se fundamenta en que el protocolo es una guía que facilita a los servicios sociales la interpretación de la normativa aplicable para desplegar los mecanismos de protección necesarios para los consumidores vulnerables, y no una disposición de carácter general. Aclara que todos los elementos que la sentencia identifica como indicadores del carácter normativo del protocolo son solo prescripciones de la ley que el protocolo se limita a reproducir.

Endesa también alegó como motivo de nulidad el hecho de que el protocolo fuera aprobado por un órgano que considera «incompetente (la ACC), cuando, en su caso, debió de haberlo aprobado el Gobierno de la Generalitat». El recurso de la Generalitat considera que, como el protocolo no es una disposición de carácter general, no se puede considerar que no ha sido aprobado por el órgano competente ni que no ha seguido el procedimiento legalmente establecido.

La juez consideró que la prohibición de interrumpir el suministro es competencia del Estado. La Generalitat recuerda que ni la ley ni el protocolo vulneran la distribución competencial en materia de energía, ya que la normativa no impone ninguna prohibición a las compañías suministradoras, sino que establece que cuando la empresa tenga que hacer un corte de servicio debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o familia está en situación de riesgo de exclusión. La Generalitat puntualiza que del protocolo no se derivan sanciones ni ninguna empresa ha sido objeto de expedientes sancionadores basados en este protocolo.

Facua denuncia que la subida del gas natural para el primer trimestre lo eleva al nivel más alto desde 2015

Europa Press.- Facua ha denunciado que la nueva subida de la tarifa regulada TUR de gas natural sitúa su precio en el nivel más alto desde abril de 2015. La asociación señala que la TUR 1, para consumos superiores a los 5.000 kilovatios hora (kWh) anuales, será un 6,3% mayor que en el último trimestre de 2017, mientras que la TUR 2, para los que sobrepasan esa cantidad de consumo con agua caliente y calefacción con gas natural, será un 5,5% superior.

En concreto, los usuarios de la TUR 1 con un consumo de 400 kWh pagarán ahora 32,31 euros, frente a los 30,62 euros que les costaba en octubre de 2017, mientras que en el caso de los acogidos a la TUR 2 con un consumo de 800 kWh abonarán 57,82 euros, frente a los 54,38 euros anteriormente. Así, Facua critica que, «lejos de aliviar la situación económica actual de las familias españolas, el Gobierno toma medidas insuficientes y no baja la tarifa de gas natural para alcanzar al menos los niveles del comienzo de legislatura».

El recibo soporta varios impuestos

Además, subraya que los incrementos aprobados en el término fijo del recibo yla tarifa por el consumo se han visto «agravados» con la subida del IVA en septiembre de 2012, que pasó del 18% al 21%, y la introducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos en enero de 2013, «que ha incrementado el precio del kWh«. Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes a 2016, en España hay 7,6 millones de clientes de gas natural y el consumo medio doméstico-comercial es de 8.748 kWh al año, según indicó la asociación.

La factura de la luz se encareció un 10,28% en 2017, lo que supuso un mayor gasto de 77,39 euros

Europa Press.- Un consumidor doméstico medio pagó 830,48 euros en su factura de la luz de todo el año 2017, por lo que esta factura se encareció en un 10,28% respecto a los 753,09 euros de 2016, lo que supuso un mayor gasto en el recibo de 77,39 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada PVPC con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De los 830,48 euros abonados en los 365 días del 2017, 181,09 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada, una partida que permaneció invariable, congelada, respecto a 2016. Del resto de la factura de 2017, 471,88 euros obedecen al consumo, 33,38 euros al impuesto eléctrico y 144,13 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Unas cifras al alza respecto a los 407,13 euros de consumo de 2016, 30,27 euros de impuesto eléctrico y 130,7 de IVA para totalizar los 753,09 euros de la factura del año anterior.

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia media con dos hijos. Eso sí, por primera vez la factura de la luz de un mes de 2017 fue más barata que la de un mes de 2016: la factura en el mes de diciembre de 2017 fue de 74,27 euros, un 0,67% menos que los 74,77 euros registrados en diciembre del 2016, lo que supone un ahorro en el recibo eléctrico de 0,50 euros.

De los 74,27 euros abonados en los 31 días de diciembre del 2017, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de diciembre, 43,01 euros obedecen al consumo, 2,99 euros al impuesto eléctrico y 12,89 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Asimismo, la factura de la luz de diciembre respecto al mes anterior, noviembre, permaneció prácticamente invariable con una subida del 0,42%, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,40 euros en diciembre respecto a los 2,39 euros de noviembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses a efectos de garantizar la homogeneidad estadística

Así, el recibo eléctrico sube por cuarto mes consecutivo después de dos meses de estabilidad tras la ligera caída de junio que siguió a tres meses consecutivos de subidas tras los descensos que registró febrero y marzo, que dejaban atrás el episodio alcista de enero. El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad,13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

El arranque del ejercicio 2017 se caracterizó por el fuerte alza de precios provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, frente al arranque de 2016, en el que se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 9%.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. La fuerte sequía que sufren los embalses, que ha hecho que la producción hidroeléctrica se haya visto mermada con respecto a los ejercicios anteriores, así como una menor presencia de renovables, han mermado, al igual que en los últimos meses, la presión de ambas fuentes de energía baratas en el mix. Esto implica la entrada de las fuentes fósiles, ciclos combinados y carbón, para la generación, lo que presiona al alza los precios de la electricidad, el conocido como pool.

El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que disponen de contadores inteligentes y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el PVPC y disponen de estos aparatos.

Por su parte, la asociación de consumidores Facua denuncia «la pasividad» del Gobierno ante la escalada tarifaria, que denota «su escandalosa complicidad con las eléctricas para ayudarles a seguir engordando beneficios anuales milmillonarios a costa de mantener unos escandalosos índices de pobreza energética«. Asimismo, critica que, además de no actuar para reducir unas tarifas que están entre las más elevadas de la Unión Europea, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital haya recortado el descuento que representa el bono social, «además de establecer limitaciones desproporcionadas para acceder a él».

La OCU pide “sanciones ejemplares” para Gas Natural Fenosa y Endesa mientras Facua quiere que los tribunales investiguen ”la manipulación”

Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción pedirá la apertura de una investigación en los tribunales si se confirma que Gas Natural Fenosa y Endesa manipularon los precios de la electricidad después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abriera un expediente sancionador a ambas compañías tras observar indicios de alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017, decisión aplaudida también desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En este sentido, la OCU señala que la presunta manipulación del mercado de restricciones técnicas «causó una elevación del precio de la electricidad y un grave perjuicio que afectó a todos los consumidores, tanto a los que están sujetos al PVPC, la tarifa regulada, de manera directa, como a los que estaban en el mercado libre ya que, a diferencia de otros países europeos, la mayoría de la energía eléctrica se adquiere en ese mercado mayorista y no mediante negociaciones bilaterales entre generadores y comercializadores».

Para la OCU, este expediente evidencia «una vez más lo fácil que resulta a las empresas manipular el precio de la electricidad en su beneficio» ya que el sistema de precios marginalista contribuye «a extender el perjuicio a todos los consumidores». La asociación de consumidores, que recuerda que no es la primera vez que se producen hechos similares, lamenta «la lentitud» con la que se llevan a cabo estos procedimientos de sanción y pide castigos ejemplares para las empresas implicadas, «de forma que paguen no solo por el beneficio obtenido de forma ilícita, sino por el perjuicio real causado a los millones de usuarios de la electricidad en nuestro país».

Facua quiere verlos en tribunales

Por su parte, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, señaló que «si se confirma el fraude y hay sanción», la asociación de consumidores «exigirá» la apertura de esta investigación en los tribunales ya que supone «un suma y sigue en unas prácticas difíciles de detectar, donde sólo los esfuerzos de los inspectores del supervisor logran detectar prácticas presuntamente irregulares como éstas«. Finalmente, Facua pidió la intervención del sector eléctrico por parte del Gobierno y la modificación del sistema de fijación de tarifas, «para evitar que precios por encima de la media de la Unión Europea, provocando unas costes brutales», subrayó.

El gas licuado por canalización sube un 2,7% en su parte variable

Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha subido un 2,7%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el BOE. En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 84,2755 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 82,0534 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros mensuales, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subió un 3,3%, desde los 67,4746 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 69,6967 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

Iberdrola ahonda en su campaña informativa sobre el nuevo bono social a entidades sociales y de consumidores

Europa Press.- Iberdrola ha ahondado en su campaña informativa sobre el nuevo bono social eléctrico, aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre, mediante la remisión de información actualizada de la normativa a más de 1.500 responsables de consumo y de servicios sociales de organismos públicos, asociaciones de consumidores y entidades sociales. Así, la compañía envió información a estas organizaciones sobre las últimas novedades en la gestión del bono social y las acciones realizadas para facilitar la información y la gestión a sus clientes.

En concreto, el grupo energético remitió un correo electrónico en el que informa de la reciente puesta en marcha de la aplicación telemática desarrollada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que permite a los comercializadores de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos de renta para ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo.

En la información recuerda que esta aplicación telemática funciona para todo el territorio nacional, salvo en País Vasco y Navarra, y señala que, no obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a las comercializadoras de la declaración o declaraciones de cada uno de los miembros de la unidad familiar relativas al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. En País Vasco y Navarra los clientes deben seguir aportando a los comercializadores de referencia la declaración de la renta hasta que esté finalizada la aplicación telemática específica para estos territorios.

La compañía también recuerda a sus clientes beneficiarios actualmente del bono social que seguirán disfrutándolo, como mínimo, hasta abril de 2018. Eso sí, todos aquellos que reúnan las condiciones para beneficiarse del nuevo bono social tienen que solicitarlo, aunque sean beneficiarios actualmente. El grupo energético ha remitido esta información a un total de 1.240 responsables de organismos de consumo y organizaciones de consumidores, a 236 miembros de servicios sociales de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de zonas de alto ratio para la compañía, así como a unos 56 responsables de las entidades con las que la empresa tiene suscritos convenios de vulnerabilidad, entre otros.

Además, la compañía puso en marcha un plan de visitas en persona para explicar el bono social a los responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas y municipios de más de 100.000 habitantes de zonas donde tiene una importante presencia. Iberdrola cuenta con unos 862.700 clientes acogidos al bono social, reformado por el Gobierno después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria. Asimismo, la compañía presidida por Ignacio Galán ya procedió al envío de más de un millón de cartas explicativas a los clientes y preparó sus canales para la gestión de las solicitudes del nuevo bono social.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social.

El descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables. El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables.

Unidos Podemos exige una reforma eléctrica para prohibir la concentración de actividades del sector en grandes grupos empresariales

Europa Press.- En Comú Podem quiere prohibir por ley la concentración de actividades empresariales en el sector eléctrico, de manera que se garantice «la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados» en este sector. Así figura en la proposición no de ley que la formación catalana, integrada en el grupo confederal de Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso a través de su portavoz energético Josep Vendrell.

Con ella, quieren que la Cámara Baja inste al Gobierno a aprobar iniciativas legislativas que permitan esta separación de actividad con el fin de que «se garantice la libre competencia y se asegure que la posición dominante de un grupo empresarial en una actividad del sector eléctrico nunca pueda beneficiar a una empresa en otros segmentos de actividad». La formación catalana recuerda las diferentes directivas comunitarias en las que se impone «la separación efectiva de las empresas integradas», que realizan actividades como la generación, el transporte, la distribución y comercialización.

«Tener una posición dominante en una actividad puede suponer, si se trata de empresas del mismo grupo empresarial, una ventaja competitiva clara para el resto de actividades», argumenta Vendrell. Así, señala que el control de actividades relacionadas con las redes, que suponen «monopolios naturales», supone «información privilegiada» para el resto de actividades, como conocer en qué puntos de conexión existe capacidad para conectar nuevas instalaciones, proporcionando la capacidad de ejecutar altas y cambios de comercializadoras.

En España, asegura que las instalaciones de generación de las empresas de grupos integrados «tienden a ubicarse en zonas en que ese grupo empresarial tiene el monopolio de la distribución». «Los cambios de cliente en favor de comercializadoras del grupo de la distribuidora se producen sistemáticamente más deprisa y con menor tasa de rechazo que los que son en favor de una comercializadoras que no forme parte del mismo grupo empresarial», apostilla. En este sentido, recuerda que la propia Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia «viene advirtiendo reiteradamente» esta situación en sus informes sobre cambio de empresa comercializadoras.

La India planea que los consumidores paguen la modernización de las empresas eléctricas para combatir la contaminación

Europa Press.- El Gobierno de la India planea realizar modificaciones legislativas con el objetivo de reducir la contaminación, entre las que se incluiría permitir que las empresas de electricidad traspasen a los consumidores el coste de instalar equipos que reduzcan las emisiones de gases. Las autoridades han definido esta propuesta como políticamente sensible ante los alarmantes niveles de contaminación que existen en las grandes ciudades.

Por su parte, algunas compañías privadas como Reliance Power, Adani Power, GMR o NTPC han solicitado miles de millones de dólares en financiación para modernizar sus instalaciones para reducir las emisiones de gases contaminantes. Estas empresas también han pedido autorización para traspasar esos costes en forma de tarifas más altas a los consumidores, algo que fue recibido con polémica en un país donde muchas personas consideran como un derecho el acceso barato a la electricidad.

Un funcionario del Ministerio de Energía, A.K. Bhalla, ha subrayado que, en la medida de lo posible, el Ejecutivo busca «hacer cambios legislativos que permitan que los costes por modernizaciones amigables con el medioambiente sean traspasados» a los consumidores. El Gobierno indio ha explicado que se plantea modificar los acuerdos de acceso a la electricidad, que en la actualidad contienen cláusulas que limitan los precios a pagar por los consumidores.

Bhalla también ha informado de que el Ejecutivo planea conceder créditos a las empresas eléctricas mediante instituciones financiadas por el Estado para que puedan asumir los costes iniciales por modernizar sus instalaciones. Las empresas eléctricas han advertido de que la instalación de nueva tecnología incrementaría las tarifas entre 0,50 y 1,25 rupias más (lo que equivaldría a 0,01 céntimos de euro). Grupos ambientalistas y funcionarios del Gobierno han estimado que los costes serían mucho menores.

La CNMC defiende la tarifa regulada de la luz a pesar de que está siendo un año de precios «incómodos»

Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha afirmado que 2017 está siendo un año en que los precios de la luz «no van a ser cómodos», aunque ha mostrado su preferencia por la tarifa regulada, el conocido como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), frente al mercado libre.

Marín Quemada señaló que este año está siendo «complejo en cuanto a precios» debido a la sequía, lo que hace difícil que se pueda tener una «generación barata». A este respecto, el presidente de la CNMC insistió en que los países donde hay una mayor dependencia de la generación de origen hidráulico para abaratar el recibo, como España, es difícil que «puedan aspirar a que los años secos tengan el mismo precio que los años de gran cantidad de lluvia«.

En 2016, el PVPC fue la opción más económica, siendo un 5% más económica que cualquiera de las ofertas disponibles en el mercado libre. No obstante, en 2017 se ha producido un repunte en los precios de la electricidad debido a la presión en el mercado mayorista por la ausencia de agua y la menor presencia de renovables que ha llevado al recibo de la luz a encarecerse en torno a un 12% en los diez primeros meses del año.

Por otra parte, Quemada consideró necesario «trabajar» para que los servicios energéticos cuenten con una tarificación que resulte para los usuarios «más clara». Así, indicó que las empresas tienen «mucho que hacer y mucho que decir» a este respecto y destacó que la función de la CNMC es que los mercados funcionen». «Y una manera es que los que pagan los recibos a final de mes entiendan qué es lo que están pagando y por qué lo están pagando», añadió.

Finalmente, Marín Quemada calificó de «extraordinariamente preocupante» la percepción que tienen los consumidores sobre su grado de satisfacción de los servicios de suministro energéticos. Así, afirmó que la percepción de los consumidores sobre estos servicios «está lejos de ser satisfactoria». Además, Quemada consideró que vivimos actualmente en unos tiempos en los que los mercados están sufriendo «muchos cambios y con una gran rapidez», lo que supone un desafío para todas las instituciones y «exige ir más allá de la legislación«.