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La información sobre la evolución de los precios de la electricidad

Pocos países occidentales mantienen una tensión informativa alrededor de los precios eléctricos como en España. De hecho, el cruce de informaciones es tal que se roza el amarillismo, de forma que información que es de alcance público se convierte de facto en una especie de posición u opinión a la hora de ser publicada.

La causa proviene de la combinación de cuatro factores: primero, la tradición intervencionista española en el precio de la electricidad, que no de la energía; segundo, la ausencia de un modelo de liberalización eléctrica que permita la realización de ofertas reales a las empresas frente a una compleja tarifa regulada de precios por horas; tercero, que sea el sector eléctrico el que asuma los costes de adecuación ambiental a las normativas internacionales, un logro del resto de sectores; finalmente, el modelo de comunicación política española, procedente del falangismo ideológico, de supuesta protección al consumidor como sujeto político que vota y del que se contagian todos los agentes, cuestión que curiosamente no se extiende a otros servicios y bienes de consumo.

Cuatro factores, más un quinto, que es que todos participan (o participamos) de esta ceremonia. Fruto de ello, el Gobierno en sus tribulaciones busca las fórmulas comparativas cada período publicado para tratar de convencer a la opinión pública de que la electricidad «siempre baja» con respecto a algo, con respecto al mes anterior, con respecto a principios de año,  en el interanual respecto al mismo período, en el interanual acumulado…

Del mismo modo, las asociaciones de consumidores, especialmente las  que están asesoradas por el colectivo retroprogresivo, intentan mostrar que siempre sube en uno de sus parámetros o con respecto a algo. Da igual que, en la cesta global del IPC, la energía venga cayendo en su participación en los presupuestos familiares de los consumidores españoles. De igual modo, se abstrae que la parte fija (los costes de acceso y sus componentes) sea tan elevada que haya pasado a ser casi una tarifa plana y desincentiven la eficiencia o los subsidios cruzados con los distintos consumidores.

A su vez, las entidades más beligerantes de las tecnologías renovables intentan mostrar que las oscilaciones del mercado eléctrico (con independencia de su variación porcentual, su estacionalidad o estacionaridad o que coincidan con la evolución de los precios internacionales de la energía) son las causantes de las subidas, sean coyunturales o momentáneas. Tampoco hay rastro de análisis sobre los costes regulados, su volumen e impacto.

Los propios medios de comunicación incurrimos en el ejercicio de ser arrastrados por esta tensión informativa, y esa pretensión protectora, frente a una información de precios como ocurre en los mercados del petróleo o del gas, dónde se analizan realmente los factores que inciden en la coyuntura. De esa forma se alinean con los modelos de comunicación política subyacente en cada momento, de cada agente y sus intereses, y en ese plan. El resultado es una comunicación política falaz y llena de trampas en la que los malabares estadísticos asientan la teoría de que las estadísticas son utilizadas como las farolas para los borrachos, para apoyarse pero no para iluminarse.

A todas las maniobras políticas se une el cruce de datos entre Ministerio, Instituto Nacional de Estadística y las organizaciones de consumidores, contribuyendo algunos medios de comunicación con cifras obtenidas de forma errónea de la calculadora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues excluyen el primer día de cada mes. Una herramienta, la de la CNMC, que además utiliza el perfil de consumo medio elaborado por Red Eléctrica, que es puesto abiertamente en cuestión por algunas asociaciones de consumidores respecto a que responda al consumidor moda.

Por eso, y para no dejar en manos de la turba el aquelarre, a partir de este momento, la información mensual de la evolución de precios eléctricos se realizará en Energía Diario comparativamente con el mismo mes del año pasado y con información sobre el acumulado de todo el año, explicando la participación de la parte fija y variable en la factura final. Todo ello con evidente economía de medios, adjetivos y calificaciones, haya procesos electorales o no. Solo nos queda que cunda el ejemplo.

Andalucía multa a Endesa con 400.000 euros por cobrar más por el alquiler de los contadores inteligentes sin tener telegestión

EFE.- La asociación de consumidores Facua ha celebrado el «éxito en la lucha por los derechos de los consumidores» que supone la multa impuesta por la Junta de Andalucía a Endesa, a la que sancionó con 400.000 euros por introducir cláusulas abusivas en sus contratos de contadores con posibilidad de telegestión y cobrar precio de alquiler por servicios no prestados, y ha instado al resto de gobiernos autonómicos a que sancionen a las grandes distribuidoras de electricidad por este fraude masivo.

Esta infracción, que ha afectado a más de 350.000 usuarios de la compañía en la comunidad autónoma, está considerada como muy grave por la vigente legislación de defensa de los consumidores, según recordó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez. La sanción incluye también el comiso del beneficio ilícito obtenido en 2014, que se cifra en 1,39 millones de euros, según Vázquez, que ha asegurado que esa cantidad «lógicamente» será devuelta a cada uno de los usuarios (3,96 euros al año por cada usuario).

El procedimiento sancionador se inició en noviembre de 2014 a raíz de una denuncia que señalaba la existencia de un gran número de contadores de telegestión instalados pero que no cumplían su función al no estar integrados en el sistema y, por tanto, no reportaban ninguna ventaja adicional a los tradicionales ni prestaban más servicios. Pese a ello, la compañía cobraba un precio de alquiler de 0,81 euros/mes, precio aplicable a un equipo telegestionado, por lo que los consumidores pagaban 33 céntimos más de lo que les correspondería, teniendo en cuenta que las prestaciones recibidas eran las mismas que las de un contador analógico, explicó.

Tras requerir información y documentación a la distribuidora, la Administración autonómica confirmó la existencia de 351.050 contadores de telegestión no integrados, por los que se estaba cobrando un precio de alquiler abusivo, y el correspondiente expediente sancionador se abrió en diciembre de 2015. Una vez analizadas y descartadas las alegaciones de la compañía, la multa se impone en la cuantía más elevada de las previstas para las cláusulas abusivas en contratos, al darse el agravante de reiteración por haber sido ya sancionada la distribuidora en los dos años anteriores y haber ocasionado perjuicios valorados en más de 50.000 euros. Endesa cuenta con más de 4,64 millones de abonados en Andalucía, acaparando el 94% del total.

Facua insta a sancionar distribuidoras

Según Facua, esta práctica la aplican también las otras grandes distribuidoras y, tras sustituir los contadores por sus nuevos equipos de medida digitales, cobran las tarifas que la normativa del sector sólo permite cuando tienen la telegestión, pese a que cientos de miles de equipos no ofrecen estas prestaciones. Facua recuerda que presentó en noviembre de 2014 ante la Secretaría General de Consumo de la Junta esta denuncia, que fue derivada por al servicio de Consumo de Jaén, que procedió a archivarla. Posteriormente, en julio del 2015 la federación de consumidores presentó una denuncia y meses más tarde la Junta le notificó que abría expediente sancionador, «sin que hasta la fecha le haya facilitado más información sobre el caso», lamentó.

En julio de este año la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sevilla dictó una sentencia en la que determina que Endesa incurre en cláusulas abusivas al cobrar por el alquiler de sus nuevos contadores una tarifa que «sólo es aplicable si tienen habilitadas las prestaciones propias de la telegestión». La demanda fue interpuesta por la secretaria general de Facua Sevilla, Rocío Algeciras, asegura esta federación. Además, esta organización ha denunciado estas irregularidades ante el resto de autoridades autonómicas de protección al consumidor a finales del 2014 y ante el Ministerio de Industria. Y critica la «pasividad del Ministerio ante este fraude masivo», pese a que la CNMC le ha advertido de su ilegalidad en dos informes.

Leroy Merlin se une a I+D Energía para promover la implantación de las renovables en los hogares

Europa Press.- Leroy Merlin firmó un acuerdo a nivel nacional con I+D Energía para promover la implantación de energía renovables en los hogares españoles. Gracias a esta colaboración, los clientes de Leroy Merlin podrán acceder a soluciones y productos sostenibles, además de un asesoramiento personalizado para optimizar al máximo el ahorro energético en la vivienda.

Leroy Merlin creará, de la mano de I+D Energía, espacios expositivos donde el cliente podrá comprobar de primera mano las ventajas de la instalación de este tipo de tecnología respetuosa con el medio ambiente. Estos espacios contarán con muestras del acabado final del montaje de placas solares térmicas. Ambas compañías ya mantenían un acuerdo para 8 tiendas en Andalucía, que ahora se irá ampliando paulatinamente al resto del territorio nacional gracias a la buena aceptación por parte de los consumidores.

De esta forma, I+D Energía se convierte en partner especializado en materia de energía renovable de Leroy Merlin España, lo que supone «un hito muy importante para la trayectoria de I+D Energía que da un paso más como referente en el sector», según Isidro Reguera Gil, gerente de la empresa andaluza. Por su parte, Carlos Fernández, director de mercado de Leroy Merlín España, ha recalcado que «nuestro compromiso es fomentar hábitos de consumo saludables y sostenibles en el hogar proporcionando tanto formación como productos. Es lo que nos están demandando y nosotros debemos ser capaces de ofrecerles un catálogo de calidad y que inspire confianza».

Según el Observatorio del Hábitat de Leroy Merlin, los españoles se preocupan cada vez más porque sus hogares sean sostenibles, haciendo un uso eficiente de los recursos naturales y optando por fórmulas de ahorro energético en el hogar, con el consecuente beneficio económico para las familias. Este estudio muestra que un 66% de los hogares están altamente interesados en adoptar hábitos y soluciones sostenibles en la vivienda. Esta preocupación por el medio ambiente se ve reflejada en la implementación de equipamiento sostenible en los hogares. Así, el 63% de los hogares españoles utiliza bombillas LED.

Facua califica de «indignante» la defensa de la CNMC de las gasolineras desatendidas

Europa Press / Servimedia.- Facua-Consumidores en Acción considera «indignante» la defensa realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de las gasolineras desatendidas. La asociación critica los argumentos utilizados por el organismo en su reciente informe sobre gasolineras desatendidas, que reducen a su juicio «a una traba para la competencia los derechos de los usuarios». «Con el supuesto objetivo de defender la competencia, la CNMC aprovecha para promover la desprotección de los consumidores y la rebaja de los niveles de seguridad y del empleo», afirma la organización.

El regulador, considera la organización, también recurre a «argumentos falaces», entre ellos el de que disponer de hojas de reclamaciones y de guantes y papel de un solo uso “son un coste administrativo desproporcionado” para las gasolineras. Igualmente, señala Facua, la CNMC considera que el derecho del consumidor de comprobar in situ y en el momento la medida del carburante suministrado es un derecho prescindible.

Facua ve indignante que la CNMC «fomente la competencia a costa de arremeter contra los elementos más básicos de protección de los consumidores, y especialmente de aquellos colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad». La asociación consideró también preocupante, además, que «con los niveles de desempleo que hay en España, la CNMC no valore el impacto que el cambio de modelo tendría en el empleo en el sector y abogue por una competencia ficticia construida sobre mayor desempleo y menos derechos de los consumidores».

La defensa de las estaciones desatendidas que realiza la CNMC en su informe «se basa exclusivamente en el precio», afirma, ya que las gasolineras desatendidas tienen menos costes, abaratan precios y fomentan la competencia, «y eso hará bajar en general los precios en beneficio del consumidor». «Este argumento, ya defendido en otros sectores, es engañoso y no tiene en consideración otros factores de funcionamiento del mercado de los carburantes en España, marcado por el oligopolio en el ámbito mayorista y otras disfunciones graves, entre ellas una regulación incompleta y deficitaria y escasos controles e inspecciones sobre el sector», señala Facua.

La organización también considera que la CNMC olvida que existen problemas de fondo en este mercado que inciden de manera directa en el precio final del carburante. Facua insistió en que las estaciones de servicio desatendidas suponen un «atentado contra la seguridad, dado que la vigilancia de los establecimientos no está garantizada, y por lo tanto, no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes». Por ello, Facua reclamó a las autoridades nacionales y autonómicas que primen la protección de los consumidores y la seguridad con inspecciones y controles que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente.

La OCU pide mejoras en los contadores inteligentes para que sean más útiles para los consumidores

Europa Press / Servimedia.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destacó que los nuevos contadores inteligentes de luz presentan ventajas para los consumidores, pero ha pedido que se lleve a cabo una serie de mejoras para que resulten más útiles. La organización de consumidores considera que el usuario debe ser el titular de la información de su contador y tener acceso a la misma en tiempo real.

En este caso, «lo ideal» para la OCU sería contar con una base de datos centralizada y accesible para entidades (no solamente comercializadoras) autorizadas por el usuario. Mientras no esté disponible, las distribuidoras deberían armonizar la información mínima que el usuario recibe y facilitar el acceso a la misma. Por otra parte, la OCU considera que los consumidores deberían tener la posibilidad de contratar potencias diferentes por tramos horarios como tienen actualmente las empresas o aprovechar la existencia de un maxímetro integrado en el contador.

Según la OCU, en general los nuevos contadores «exigen revisar y reformar las relaciones entre el consumidor, la distribuidora y comercializadora» ante las nuevas posibilidades que estos ofrecen. La organización de consumidores indica, además, que los usuarios no cuentan con «información suficiente» sobre el procedimiento de sustitución de los antiguos contadores por los inteligentes. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo obliga a que a finales de este año el porcentaje de nuevos contadores alcance el 70% del parque instalado.

Área de cliente de distribuidora

No obstante, en opinión de la OCU, los nuevos contadores presentan ventajas, como que los consumidores pueden acceder a su consumo hora a hora en el área de cliente de su distribuidora, que desaparecen las facturas estimadas y considera que deberían reducirse las pérdidas del sistema. «Todavía son pocas las mejoras que los nuevos contadores inteligentes están provocando entre los consumidores», indica la OCU, que realizó un análisis de las nuevas tarifas indexadas o variables, anteriormente destinadas sólo a empresas, que han surgido a raíz de los nuevos contadores digitales.

Como ocurre con el PVPC, estas nuevas tarifas trasladan al consumidor el riesgo de las posibles fluctuaciones de precio en el mercado y a cambio cobran un cargo por el servicio de suministrar la energía. “Estas tarifas casi nunca mejoran la propuesta del PVPC ya que aplican un margen de comercialización superior”, indicaron los consumidores. En opinión de la OCU, estos precios, aunque compiten bien con otras propuestas de tarifas fijas, «deben mejorar ciertos aspectos».

Según concluye, la tarifa Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) del último año, regulada por el Gobierno, sigue siendo «una opción barata», aunque «no está exenta de las incertidumbres del mercado, ya que el precio varía hora a hora». La OCU considera que con las nuevas tarifas se deberían reducir los márgenes de comercialización, ya que el riesgo lo asume el cliente y que la publicidad de las mismas debería ser más transparente, pues se trata de “tarifas complejas de entender para los consumidores”.

La Unión Europea prohíbe desde este jueves la comercialización de los focos halógenos, aunque los comercios podrán agotar su stock

Europa Press.- Los focos halógenos, al igual que sucedió hace unos años con la bombilla incandescente tradicional, dejarán de comercializarse en la Unión Europea a partir de este jueves 1 de septiembre con el objetivo de que los consumidores se decanten por soluciones más eficientes, como los focos con tecnología LED. Bruselas ha puesto en marcha un plan para que estos productos menos eficientes dejen de comercializarse desde septiembre, aunque aún será posible encontrar los que queden en stock en las tiendas.

Con esta medida, se busca que el consumidor dé el paso a la tecnología LED, capaz de sustituir a los halógenos en términos de calidad, eficiencia energética y durabilidad. En 2012, la Unión Europea ya decidió acabar definitivamente con la bombilla incandescente tradicional, después de más de 130 años de existencia y tras un periodo transitorio que comenzó en 2009 con la eliminación de las bombillas de 100 watios y continuó con las de 75 watios. El objetivo de esta directiva europea era no solo reducir el consumo energético, sino evitar los residuos generados por este tipo de bombillas, que eran poco eficientes al transformar la mayor parte de la electricidad que consumían en calor.

Ahora, le llega la hora a los halógenos. Los consumidores tienen como alternativas apostar por la tecnología LED, las bombillas halógenas o los fluorescentes. En el caso de los LED, tienen a su favor que son más duraderos y los que menos electricidad consumen y, a pesar de que su precio es más caro, a la larga son más eficientes. Sin embargo, son las luces más nocivas para el medioambiente por la cantidad de materiales que se usan en su fabricación y porque no reproducen del todo bien el color.

En lo que se refiere a las bombillas halógenas, son las que mejor luz dan, aunque duran menos que el resto (unas 2.000 horas) y consumen bastante electricidad. Mientras, el fluorescente es una tecnología madura, con una iluminación muy eficiente, aunque menor que en el caso del LED. Su principal inconveniente es que tarda en lucir a su máxima potencia.

Los comercios agotarán los stocks

Estas restricciones no impedirán que se venda el stock que los comercios tengan en su poder y el de los almacenistas, según precisó el director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM), Alfredo Berges. Berges ha reclamado que las administraciones controlen o realicen inspecciones periódicas sobre las luces halógenas para evitar que los stocks sean «eternos» y sigan apareciendo años después. En todo caso, ha recordado que la venta de lámparas halógenas supone en la actualidad menos del 10% del total y confía en que los plazos para su eliminación se cumplirán.

El representante de los fabricantes ha subrayado que sustituir una lámpara halógena por una de tecnología LED supone un ahorro del 80% del consumo eléctrico. Además, ha aclarado que «no hay que cambiar nada» en los casquillos de los focos halógenos normales, los que se instalan normalmente en viviendas o comercios, debido a que hay productos «perfectamente sustitivos» tras un largo desarrollo y adaptación por parte de la industria. Berges recordó que las luces LED se usan desde hace una veintena de años para señalización por ejemplo en escalones de los cines, en los electrodomésticos o en los intermitentes de los automóviles. «El gran avance, hace no más de diez años, se produjo cuando se logró iluminar a distancia», comentó.

Sin embargo, hay una tipología de halógenos que aún no tienen una tecnología sustitutiva y que tiene un año más de prórroga, en el que se tiene que desarrollar su alternativa, antes de septiembre de 2018. En este contexto, ha destacado el «importante» esfuerzo de la industria para cambiar la tecnología incandescente y la halógena, que ha supuesto cambiar el proceso productivo, la mano de obra y la forma de mercado y «todo ello» para lograr una nueva tecnología a precio razonable para el consumidor.

Respecto al precio, ha apuntado que el precio de una bombilla LED es dos o tres veces el de una incandescente, pero se estima que la inversión se recupera entre uno y dos años y ha hecho hincapié en que la duración es «muy superior», ya que hay algunas que tienen una duración de 40.000 horas. En total, añadió que teniendo en cuenta estas variables, a lo largo de la vida útil de una LED se ahorra de 115 a 120 euros por cada foco halógeno sustituido a lo que se suma el ahorro «muy importante» de emisiones de CO2.

En este marco general, ha pedido una moratoria para reubicar 6.000 puestos de trabajo que «están en peligro» porque la mano de obra de estas nuevas ‘bombillas’ es «muy especializada. «Hay que ver la salida que se da a todo esto», ha comentado. Por último, ha descrito a su sector productivo como la primer industria que ha apostado por la autorregulación y la eliminación de un buen negocio, el de la lámpara incandescente de toda la vida por una nueva tecnología. «Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos invertido en toda la cadena de valor, desde el prescriptor hasta el instalador. Ahora pido que los consumidores hagan lo mismo y rechacen productos sin garantías», ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, ha valorado como positiva la sustitución de este tipo de lámparas, pero cree que se trata de un «paso tímido y discreto» en la vía hacia la eficiencia energética y la producción sostenible. A su juicio, es «positivo» que dejen de fabricarse pero advierte de que hay «poco margen» para la sustitución de estas luces ya que el uso del halógeno está muy extendido y «no son tan fáciles de sustituir» como otras bombillas. «El consumidor tiene poco margen de maniobra y además se les traslada totalmente el coste del cambio», ha criticado.

Mientras, desde la Asociación para el Reciclaje de la Iluminación (AMBILAMP), recuerdan la importancia no solo de sustituir sino de gestionar bien las viejas lámparas. En total, en 2016 se han reciclado hasta finales de agosto un total de 1.642.839 lámparas y en 2015 se superaron los 26 millones entre bombillas de bajo consumo, fluorescentes y LEDs retrofit para su reciclaje. Además, AMBILAMP indicó que desde 2005 se han gestionado 145 millones de lámparas que han evitado la emisión a la atmósfera de 210.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Por otro lado, el investigador del CSIC en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, Xavier Perpiña, considera que los principales beneficios de este cambio están en el consumo y en el tiempo de vida. Así, explica que aunque el funcionamiento no es muy distinto a las incandescentes, el tipo de material que utiliza es diferente, ya que tienen un gas halógeno en su interior, principalmente yodo o bromo, que permite que el desgaste del filamento sea mucho menor. También destacó el tiempo de vida, mayor que en el de las incandescentes, pero recuerda que todas ellas, independientemente de su tipo, generan residuos, por lo que la Unión Europea las prohíbe, por su consumo más elevado y los residuos que genera.

Entre las ventajas, Perpiña se ha referido también a que contribuirá a un menor consumo energético, a aumentar el uso más eficiente de la energía y a reducir la generación de residuos. Por el contrario, ha recordado que estas nuevas lámparas tienen un coste más elevado y que su proceso de reciclaje también conlleva un gasto que no se recupera en su totalidad. Si bien, no cree que el contenido que tiene de bromo o yodo sea lo suficientemente significativo como para contaminar en caso de una gestión inadecuada aunque no descarta que pudiera tener un impacto sobre el ozono.

Endesa finaliza el cierre del anillo eléctrico de El Hierro

EFE.- La compañía Endesa ha puesto en servicio una nueva línea de media tensión en El Hierro, con una inversión que supera el medio millón de euros, con la que culmina el proyecto iniciado en 2010 para el cierre del anillo eléctrico. El cierre del anillo eléctrico ha consistido en unir las líneas previamente existentes, de modo que se pueda enviar energía desde dos puntos indistintamente.

Con este doble circuito, si se produce una incidencia imprevista en un punto de la línea, los clientes no se quedarán aislados y sin posibilidad de que les llegue la electricidad, sino que ésta pueda llegar por otra línea. Esto era especialmente importante para el municipio de La Frontera, pero beneficiará al conjunto de la isla, al reforzar las infraestructuras existentes hasta la fecha, lo cual otorga mayores garantías y mayor calidad de suministro eléctrico al conjunto de los herreños.

Una línea realizada en subterráneo

La última de las líneas construidas y puesta en marcha tiene una longitud de 11,7 kilómetros y su despliegue, en subterráneo, atraviesa espacios naturales de gran valor paisajístico y medioambiental, lo que ha supuesto un gran esfuerzo técnico y humano, debido a la orografía del terreno por el que discurre, por lo que fue fundamental la coordinación con las administraciones locales y autonómicas para poder concluirla con éxito, informa Endesa.

Esta nueva línea, concebida como una red de respaldo en caso de avería de la otra existente y doble alimentación, beneficiará principalmente al suministro eléctrico del Valle de La Frontera, en este término municipal, y las zonas de Erese y Guarazoca, en el municipio de Valverde, unos 3.000 clientes, que se encontraban en lo que se denomina «antena», en términos eléctricos, aislados en caso de incidencia. En el desarrollo de esta última línea, con la que se ha dado por concluido el proyecto del cierre de anillo, se han invertido 531.567 euros, ya que, además de la red subterránea, se construyó un nuevo centro de seccionamiento y se mejoró la infraestructura eléctrica existente, sustituyéndola por otra de tecnología de vanguardia.

UGT califica de «despropósito» el informe de Competencia a favor de las gasolineras desatendidas

Europa Press.- La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) considera que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a favor de las estaciones de servicio desatendidas es un «despropósito», al ofrecer «una visión sesgada del sector» y denotar «una clara insensibilidad social».

El informe ha sido elaborado a juicio del sindicato sobre la base de una «argumentación errónea y sesgada», y aboga «claramente por la destrucción de puestos de trabajo», al tiempo que pone en entredicho «la profesionalidad de los operarios del sector».

UGT también considera que el informe «propone la eliminación de determinadas obligaciones a las instalaciones, algunas encaminadas a la defensa de los consumidores y usuarios, por considerarlas innecesarias y suponer un coste desproporcionado».

Entre estas obligaciones figuran las de disponer de hojas de reclamaciones, de papel o guantes para los clientes, o de una probeta de comprobación de las medidas.

«La CNMC pone de manifiesto que no tiene ningún reparo en pisotear los derechos de los consumidores en aras de la disminución de los costes empresariales», afirma el sindicato.

El informe también recomienda no detallar los usos de las parcelas en los planeamientos urbanísticos para que se pueda instalar una gasolinera en cualquier sitio, al igual que eliminar restricciones a la aparición de nuevos formatos de gasolineras, tales como aparcamientos de supermercados, talleres de automóviles o comunidades de vecinos, indica UGT.

«Con esta propuesta, la institución apuesta por una desregulación total del sector y obvia las estrictas medidas de seguridad necesarias para la instalación de estaciones de servicio cerca de viviendas», afirma.

Al poner a las cooperativas agrarias como ejemplo de funcionamiento sin personal, la CNMC lo hace sin tener en cuenta sus características especiales, argumenta UGT. «Parece ignorar que el cometido de las cooperativas es organizarse para hacer frente a una necesidad común de sus asociados, no para obtener ganancias empresariales», señala.

Facua considera insuficiente la medida de Competencia para el control de calidad del sector energético

Servimedia.- Facua-Consumidores en Acción ha considerado este martes que la medida tomada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de solicitar exclusivamente los datos de las reclamaciones a las comercializadoras y las distribuidoras eléctricas para su control de las denuncias en el sector de la energía es «insuficiente» y conlleva a «una visión parcial y sesgada de la situación».

La asociación comunicó en una nota que los datos deben ser completados con las reclamaciones ante los organismos oficiales y las tramitadas por asociaciones de consumidores.

Además, señaló que, la CNMC dictaminó, en un informe de agosto de 2015, que los servicios de atención al cliente que ofrecen las comercializadoras de luz y gas eran deficientes tanto en la atención de las reclamaciones, que a menudo no se tramitaban correctamente, como en el propio servicio de atención, al contar con teléfonos de tarificación adicional para gestionar las llamadas.

Por tanto, Facua consideró «incoherente» solicitar únicamente los datos de las denuncias a un servicio que se considera que tiene carencias importantes para llevar un control sobe las reclamaciones de los usuarios.

Asimismo, recordó que, «a pesar de que la medida está en la buena dirección para garantizar la protección de los consumidores, los datos deben ser contrastados y completados con las reclamaciones presentadas en organismos oficiales y de protección de los usuarios, así como las denuncias tramitadas por las asociaciones de consumidores».

Además, agregó que el acuerdo previsto por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que indicaba la obligación de que de las distribuidoras de facilitar datos al Ministerio cada año sobre la atención de las reclamaciones de los usuarios, nunca se cumplió.

Por último, Facua criticó que a pesar de la existencia de esta normativa, «la calidad en el servicio realmente nunca se haya controlado por parte del Ministerio y que éste haya dejado caer en la obsolescencia una legislación creada hace dieciséis años que no reconoce los cambios en las estructuras del sector energético actual».

Endesa detectó en 2015 en Canarias 5.000 fraudes eléctricos, un 40% más

EFE.- Endesa detectó el pasado año en Canarias más de 5.000 casos de fraude eléctrico, que sumaron un total de 35 millones de kilovatios/hora (kWh) de energía consumida de forma fraudulenta, el equivalente a algo más de lo que consume la comarca del sureste de Gran Canaria -Agüimes, Ingenio y Santa Lucía- en un mes.

El fraude, además, ha ido incrementándose y en 2015 supuso un 40% más que lo detectado en las islas el año 2014.

En el conjunto de toda su área de influencia en España, Endesa ha sacado a la luz más de 83.522 casos de fraude en 2015, lo que supone casi un 25% más que en 2014, recuperando 600 millones de kWh.

Estas cifras serán superadas ampliamente en 2016, a la vista de los resultados registrados hasta el momento, según ha estimado hoy la compañía en un comunicado.

El 80% del fraude eléctrico detectado fue causado en España en el año 2015 por empresas de diversos sectores industriales y de servicios. Del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo.

Partiendo de estos datos, y teniendo en cuenta a título de referencia el número de familias que están actualmente acogidas al bono social, puede estimarse que, en contra de lo que muchas veces se piensa, menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos, destaca.

Por el contrario, la mayor parte se concentra en puntos de suministro que tienen altos niveles de consumo.

Esto indica que el fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores.

El impacto negativo del fraude no repercute en lo esencial sobre las compañías eléctricas, sino que, al igual que sucede con el fraude fiscal, afecta directamente a los recursos del resto de las empresas y de los ciudadanos, porque se traduce en un incremento de la factura eléctrica que estos pagan.