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Economics for Energy pide que la renta sea el «criterio principal» para definir el bono social si quiere ser efectivo

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Europa Press.- El centro de investigación privado Economics for Energy considera que el bono social debe considerar la renta como «criterio principal» a la hora de definir los considerados consumidores vulnerables si desea ser efectivo. En un análisis sobre el Decreto Ley del Gobierno, los expertos del centro aplauden la iniciativa de definir al consumidor vulnerable, pero confían en que en el desarrollo reglamentario de la normativa se «identifique adecuadamente esta categoría».

En concreto, Economics for Energy estima que actualmente al bono social se acogen 2,5 millones de hogares, mientras que los hogares identificados como en riesgo de pobreza energética ascenderían a unos 1,8 millones. Sin embargo, señala que estas cifras no son un indicador de que el bono social cubre bien a los hogares en riesgo, sino que «realmente está apoyando a mucha gente que no lo necesita, y en cambio quizás no apoya a los que si les hace falta».

Así, el centro de investigación destaca que el principal colectivo que se beneficia del bono social, las personas físicas con potencia contratada inferior a 3 kW (1,8 millones) no tienen por qué estar en riesgo de pobreza energética, mientras que para las familias numerosas, otro de los colectivos beneficiados, muestran «un claro problema de falsos positivos», ya que al menos un 40% de las que pueden beneficiarse no necesitarían ninguna ayuda. Asimismo, respecto a los pensionistas con pensión mínima, dependería de la configuración total del hogar en el que viven.

Para Economics for Energy, el único de los casos en que «claramente» se sitúan en zona de vulnerabilidad es el de los hogares con todos los miembros en paro, pero este grupo es el que menos se acoge al bono social, con 70.000 hogares de 2,5 millones. Además, pide extender el bono social a otros servicios, como el gas, y articularlo como un descuento variable de la tarifa, en función de las necesidades energéticas básicas de la familia, «para que la señal de precio siga activa para fomentar el ahorro».

Comunicación y electricidad

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La evolución de los precios de la electricidad en el mercado mayorista durante la primera quincena de diciembre ha desatado un proceso comunicativo que suele ser bastante virulento, intenso y previsible cuando su resultado anticipa una posible evolución al alza de los mismos (por las circunstancias que sean y que en el caso que nos ocupa, esbozaremos) y que podemos describir de acuerdo al histórico anterior de procesos semejantes, cumpliendo los siguientes pasos, con los matices lógicos.

En primer lugar, este proceso comunicativo, como se puede apreciar, se produce con mucha mayor intensidad en el ámbito del suministro eléctrico con respecto a otras energías finales, sea al suministro gasista o incluso los hidrocarburos, dónde los consumidores parece que son más precio aceptantes. Por una parte, existen más agentes opinando, con un grado más grueso en su expresión así como en sus demandas y pretensiones (pueden llegar a solicitar la estatalización del suministro).  Por otra parte, existe una maquinaria muy engrasada y entrenada al respecto que lo ceba.

En segundo lugar, se produce en términos catastrofistas de forma que se extrapolan las posibles variaciones de precios por la mayor que resulte de las comparaciones que se barajen o sea posible realizar con la calculadora. Por tanto, se emiten comparaciones con el mes anterior, en un sistema que sólo admite comparaciones homogéneas respecto al año anterior. Aún así, no dudan en aislar la evolución del mercado o incluir los peajes, según convenga para que el porcentaje resultante resulte mayor. El objetivo, lógicamente, es amplificar sus posibles resultados para que los efectos comunicativos sean mayores.

En segundo lugar, se produce de forma adánica, omitiendo los períodos en que por razones concretas se producen abaratamientos o descensos del precio de la electricidad: por razones meteorológicas, de estacionalidad o de circunstancias de mercado. También se produce de forma adánica respecto a las decisiones en torno al modelo de fijación de precios horarios o de los costes de acceso. En consecuencia, la electricidad, en este desarrollo discursivo que disimula las evoluciones negativas, ha de ser un suministro cuyo precio sólo podría descender y los más condescendientes, otorgándole el título de precio político, admitirían una evolución ajustada al IPC.

Seguidamente, se involucra a la CNMC, para que valore si la evolución de los precios al por mayor es «mucha o poca», haya razones meteorológicas o incluso, como ocurre actualmente, porque se esté exportando energía (a mercados que por circunstancias de producción de la electricidad nuclear tienen la energía más cara en generación, como es actualmente el caso francés). La CNMC, organismo cuyo supuesto correlato en otros países debe ser el de regulador independiente, supervisión y control de los mercados en su conjunto, se convierte en una especie de Junta Superior de Precios. Las declaraciones de los portavoces del organismo en las que responden a las preguntas de la evolución del precio del mercado mayorista supone la asunción del marco.

Sea como fuere, una vez caldeado el ambiente de forma suficiente, el proceso enfrenta dos alternativas. Si se conocen los resultados definitivos y no coinciden con las previsiones alarmistas preventivas, se produce un decoroso mutis por el foro de estas voces. Y si coinciden, la presión ejercida sobre el Gobierno puede llevar a hacer ajustes contables, tocar magnitudes de costes de acceso, dependiendo del escenario político y electoral del momento. En todo caso, se renuncia a la revisión de los componentes de los costes de acceso y a una reflexión seria de dónde se producen las variaciones en los precios de la electricidad, según su proceso de formación y componentes.  Nada nuevo, esta vez tampoco.

Competencia estudia por qué el precio de la electricidad al por mayor se ha disparado en diciembre un 30%

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Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha avanzado este martes que el organismo está estudiando las razones por las que en diciembre se ha disparado en más de un 30% el precio de la electricidad al por mayor, desde 40 euros por kilovatio hora a 60 euros.

«Esto es inquietante. Es un incremento notable en un mes y estamos mirándolo con mucho detalle porque nos preocupa», ha subrayado Marín Quemada en declaraciones a RNE.

El presidente de la CNMC ha precisado que el organismo está analizando si esta subida del precio se ha producido por razones justificadas (menor entrada de renovables, problemas de viento y otras condiciones meteorológicas) o se debe a actuaciones injustificadas y, por tanto, sancionables.

«Si fuera así (injustificado) actuaríamos como en el pasado. En alguna ocasión detectamos un comportamiento indebido y lo cortamos de raíz y se sancionó con 25 millones de euros a una compañía», ha recordado.

En cualquier caso, Marín Quemada ha indicado que por ahora la CNMC sólo está «en la fase de mirarlo». «Pero lo estamos mirando mucho, porque el precio de la electricidad es muy importante a nivel de la competitividad de la economía española y de las grandes empresas, pero también a nivel de los bolsillos de cada uno de los españoles», ha subrayado.

Además de la electricidad, que ha definido como un sector «delicado», otros sectores que «preocupan y ocupan» a Competencia son los carburantes, principalmente su distribución; las telecomunicaciones, por las ofertas de las operadoras, y el transporte por ferrocarril, materias sobre las que la CNMC hace un seguimiento continuo.

Marín Quemada ha defendido la labor de la CNMC y ha destacado que gracias a sus actuaciones se ahorran hasta 600 millones de euros anuales a los compradores de bienes y servicios. También ha explicado que se pagan el 80% de las multas que impone el organismo y que las grandes empresas y «cada vez más las medianas» recurren en los tribunales las resoluciones del organismo.

Defiende el modelo unificado, pero depende del parlamento

Asimismo, el presidente de la CNMC defendió el modelo unificado actual del organismo, ya que ha sido de «éxito» y permite «dar respuesta a una realidad cada vez más complicada».

No obstante, sobre la posibilidad planteada en el acuerdo del PP y Ciudadanos de volver a un modelo con las funciones de supervisión regulatoria y competencia separadas, Marín Quemada subrayó que se trata de una decisión del Parlamento.

«Ya veremos. Hay que dejar que los partidos políticos en esta etapa se asienten, fijen sus prioridades, tomen sus decisiones y que el Parlamento luego decida», dijo.

Respecto al procedimiento abierto por Bruselas contra el Gobierno español debido a la asignación de competencias a la CNMC, Marín Quemada subrayó que está «en vías de resolución» y se mostró confiado en que se resuelva en «las próximas semanas» con la asignación a la Comisión de estas competencias que reconocen las directivas europeas.

Nomascortesdeluz.org llama a hacer un «apagón protesta» este miércoles y manifestarse contra la pobreza energética

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EFE / Servimedia.- Cerca de 30 organizaciones, impulsoras del manifiesto nomascortesdeluz.org, convocaron para este miércoles un «apagón» y manifestaciones en ciudades contra las «tarifas abusivas» de las compañías eléctricas y los cortes de luz a las familias sin recursos. Se trata de unas 60 concentraciones que estarán secundadas además por sindicatos y varios partidos políticos, con el fin de que a través de una nueva legislación se prohíban todos los cortes de luz, se cree una «auténtica» tarifa social y se aplique el IVA superreducido a la electricidad.

Estas son algunas de las reclamaciones que los convocantes han recopilado en un manifiesto, en el que además de pedir el fin de los «abusos tarifarios», instan al reconocimiento y devolución por parte de las eléctricas de los 3.500 millones de euros que, a su juicio, cobraron «indebidamente» en conceptos de Costes de Transición a la Competencia. Asimismo, instan a ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos a que aprueben declaraciones institucionales de apoyo a las movilizaciones. Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Cádiz, Cáceres, La Rioja, Jaén, Huelva, León, Guadalajara, Granada, Murcia, Navarra, Orense, Teruel, Sevilla, Salamanca, Toledo, Bilbao o Zaragoza son algunas de las ciudades que están convocadas mañana por estas organizaciones.

Apagón protesta de una hora

Aparte de las movilizaciones, los promotores de la iniciativa han convocado también un «apagón» de luz durante una hora, que comenzará a las 19.00 horas y hasta las 20.00 horas, que hacen extensible a las instituciones y consistorios para que muestren su compromiso contra la pobreza energética apagando la luz de edificios o monumentos y la iluminación navideña exterior. Los convocantes subrayan que la pobreza energética es uno de los principales problemas sociales y económicos desde que comenzó la crisis y destacan la «escandalosa subida» de tarifas de electricidad, lo que ha provocado un escenario de «evidente vulnerabilidad». Recuerdan que 7 millones de personas tienen dificultades para pagar la luz y más de 5 millones no tendrán calefacción este invierno.

Las organizaciones impulsoras de la iniciativa son Alianza contra la Pobreza Energética, la ONG ecologista Amigos de la Tierra, Anticapitalistas, Asgeco, Attac, CCOO, CGT, Confederación Intersindical, Convocatoria Cívica, Democracia Real YA! y Ecologistas en Acción. También participan Facua, Frente Cívico Somos Mayoría, Fundación Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace, InspirAction, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma Garanticemos las Pensiones, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red de Solidaridad Popular, Somos Izquierda, Somos Sindicalistas, UGT, Unccue, USO y WWF.

Madrid contra la pobreza energética

La Plataforma Nomascortesdeluz.org protestará este miércoles en Madrid contra la pobreza energética, en una marcha que transcurrirá entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol. La protesta, convocada a las 18.30, exigirá una tarifa social asumida por las compañíasy la auditoría del sistema eléctrico. La plataforma denuncia la vulnerabilidad producida a causa de la «cronificación del desempleo», la «drástica reducción de salarios» y la «escandalosa» subida de tarifas y consideran el acceso a la electricidad como un derecho fundamental de las personas. Los convocantes critican además el actual bono social de la tarifa eléctrica, que consideran una «medida paliativa y estética» que, dicen, excluye a dos terceras partes de las personas necesitadas.

Apagarán las luces en Sevilla

Los edificios públicos de Sevilla apagarán su iluminación entre las 19:00 y 20:00 horas de este miércoles para respaldar la campaña nacional Nomascortesdeluz contra la pobreza energética. Según indicó el Ayuntamiento sevillano, «la finalidad principal es que el Gobierno central adopte las medidas necesarias para evitar la paralización del suministro por parte de las compañías eléctricas a las familias con problemas económicos”. Los grupos políticos municipales (IU, Participa, Ciudadanos, PP y PSOE) han rubricado una declaración institucional en la que proponen tal apagón eléctrico durante una hora, al considerar importante que el Ayuntamiento hispalense se sume a esta iniciativa social.

«La propuesta pretende que se ponga fin a los abusos que afectan a un servicio esencial, por lo que exigen al Gobierno central que regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta«, según indicó el Ayuntamiento, que reseña que, «desde el estallido de la crisis económica», la pobreza energética se convirtió «en uno de los principales problemas sociales y económicos de España». «Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis económica», agrega la declaración institucional.

El Ministerio de Energía revisará las normas de protección al consumidor para elevar la transparencia

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EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital quiere revisar la normativa sobre protección al consumidor en los suministros energéticos para aumentar la transparencia en la contratación, ha avanzado hoy en el Senado su titular, Álvaro Nadal.

«Hace mucho tiempo que no revisamos la normativa de protección al consumidor. Nuestra intención es hacer una revisión de esta normativa que mejore la transparencia en la contratación», ha explicado Nadal durante su comparecencia en la Comisión de Energía de la Cámara Alta.

Nadal ha defendido la introducción de un indicador «fácil de entender por el público» -similar al TAE que se emplea en el sector financiero-, que permita a los consumidores comparar los distintos contratos.

«Queremos desarrollar un indicador de esas características para los distintos contratos energéticos y que permita una comparación más directa», ha explicado.

Además, esa revisión de la normativa sobre protección al consumidor implicaría «obligaciones de información adicional» sobre ofertas, alternativas y derechos de los usuarios.

Nadal ha reiterado que el Ministerio de Energía está dialogando con los diferentes grupos parlamentarios con el objetivo de encontrar vías para proteger a los consumidores más vulnerables.

Se trabaja, ha dicho, para garantizar un nuevo modelo de financiación del bono social, que seguirá pagando el sector eléctrico, y para redefinir quiénes pueden acogerse a él, una definición que estará ligada a los niveles de renta.

Nadal ha destacado también que el Gobierno trata de conseguir que el dinero destinado a mejorar la eficiencia energética en los edificios públicos no se compute como gasto sino como inversión y que, por lo tanto, no afecte al déficit.

Esfera Luz quiere llegar en un año a los 15.000 clientes en toda España

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EFE.- La compañía Esfera Luz, la comercializadora online del Grupo Nexus Energía, se ha marcado como objetivo llegar a 15.000 clientes en España en el primer año y a 20.000 más en el segundo con su oferta de energía verde procedente de productores solares. Con estas pretensiones, la firma, con sede en Barcelona, se expandiría en el sector de los consumidores domésticos y pequeños negocios, según indicó.

El director de Marketing Corporativo de Esfera Luz, Alberto de Alvarado, ha destacado que la compañía ofrece al consumidor escoger el productor del que quiere que proceda su electricidad, «con lo que se garantiza el origen de la energía y se promueve un mercado de energía renovable de proximidad». Esfera Luz ofrecerá electricidad y gas, así como servicios de optimización del consumo. «El consumidor podrá escoger la planta de suministro de energía verde en nuestra web, a la vez que podrá realizar todos los trámites para optimizar su consumo eléctrico y realizar cambios en su cuenta de cliente», explicó Alvarado. Esfera Luz, que defiende un cambio en el modelo energético actual, pretende ser una alternativa a las grandes comercializadoras convencionales.

GasIndustrial advierte de una «subida encubierta» del gas para la industria en el borrador de Energía

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Europa Press.- GasIndustrial, la asociación que representa a los industriales españoles consumidores de gas, ha advertido de que la propuesta de orden de peajes y cánones de gas para 2017 supone «una subida encubierta» que puede «poner en riesgo» los esfuerzos del sector por ganar competitividad.

En un comunicado, la asociación, cuyas empresas suponen más del 60% del consumo nacional de gas, señala que, aunque en la propuesta del Ministerio de Energía se recoge la congelación de los peajes y cánones que se venían aplicando en el ejercicio anterior, los términos en que se redactan algunas de las cláusulas en el nuevo borrador «suponen de hecho una subida encubierta, con trabas a la flexibilidad y a la competitividad».

En concreto, GasIndustrial advierte de la disposición final tercera, en la que se propone que «los productos de capacidad no podrán modificarse ni cancelarse hasta su finalización».

Para la asociación, el escalón de peaje a aplicar debe corresponder al consumo global en el punto de suministro y no a los consumos parciales que se deriven de cada uno de los contratos que existan sobre ese punto.

El escalón de peaje vendrá determinado por la suma del contrato anual inicial más todos los adicionales contratados durante ese año. En cualquiera de los dos casos, bien subir o bien bajar, la propuesta de orden de peajes «siempre penaliza al consumidor industrial», añade GasIndustrial.

Así, considera que «lo lógico» sería que la redacción permitiera la modificación transcurridos doce meses desde su última modificación y no desde la contratación, tal y como se viene haciendo hasta ahora.

Para la asociación, la nueva redacción de la propuesta implica «una mayor rigidez» en relación a la actual norma en vigor que permite modificar la capacidad contratada una vez cada 12 meses.

Respecto a los coeficientes de productos a corto, los contratos de corta duración permiten flexibilizar la contratación de la capacidad necesaria de forma que se ajuste al perfil de consumo del usuario, afirma.

Ello no debe suponer una penalización para el consumidor, en aras de contribuir a la flexibilización que se pretende con los nuevos productos. «Penalizar de octubre a marzo y pagar el doble en productos mensuales o un 75% más en productos trimestrales, no tiene sentido en un momento en el que las infraestructuras están infrautilizadas, de esta manera se incentivaría el uso de las redes y se ganaría competitividad», subraya GasIndustrial.

Alegaciones respecto a MibGas

Asimismo, la asociación también ha realizado alegaciones respecto a MibGas, en el sentido de que se debe favorecer que sea un mercado de referencia de precio, promoviendo que todos aquellos índices que afecten al sector estén referenciados a productos que se puedan negociar en este ‘hub’ ibérico.

Por ello, cree que se debería incluir en la nueva orden de peajes la habilitación para negociarse la tarifa de último recurso de gas, «dotando así al mercado de más liquidez y ayudando a que se convierta en una referencia fiable de precios».

Unión Fenosa Distribución cuenta ya con un 75 % de contadores inteligentes

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EFE.- Unión Fenosa Distribución, filial de distribución eléctrica de Gas Natural Fenosa, ha informado hoy de que ya ha instalado contadores inteligentes en el 75% de su parque de equipos domésticos, frente al 70% exigido por el Gobierno a las compañías para este año.

En total, Unión Fenosa Distribución ha superado los 2,7 millones de contadores inteligentes domésticos instalados e integrados en el sistema de telegestión.

Por comunidades autónomas, Unión Fenosa Distribución ha colocado 1,12 millones de contadores nuevos en 282 municipios de Galicia; más de 890.300 contadores en 44 localidades de Madrid; unos 441.000 contadores en 426 municipios de Castilla-La Mancha, y casi 260.000 en 358 localidades de Castilla y León.

En todas las comunidades, la compañía ha superado el umbral del 70% exigido por el Gobierno para antes del 31 de diciembre de este año.

Asimismo, la compañía ha instalado otros 150.000 contadores inteligentes que serán integrados en los sistemas de la compañía durante las próximas semanas.

La sustitución de los contadores continuará hasta 2018, cuando todos los equipos domésticos deben ser inteligentes.

Unión Fenosa Distribución distribuye energía a 3,6 millones de puntos de suministro con una potencia contratada inferior a 15 kilovatios, principalmente en la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, y Castilla-La Mancha.

Energía subastará 3.000 MW de renovables en la primera mitad de 2017

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital subastará nueva capacidad de renovables por 3.000 megavatios (MW) en la primera mitad de 2017 y conforme a principios de «neutralidad tecnológica», según anunció en su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados el ministro del ramo, Álvaro Nadal.

El Gobierno realizó ya a principios de este año una subasta, la primera desde la ‘moratoria a las renovables’, que sirvió para licitar 700 MW de renovables, de los que 500 fueron de eólica y 200 de biomasa. Los ganadores se llevaron esta potencia sin incentivo.

Esta nueva subasta se lanzará «en breves semanas», será con «criterios competitivos», al menor coste y basada en la neutralidad tecnológica, «ya que es lo justo y no prejuzgas qué tecnología es la más eficiente», indicó Nadal.

Además, advirtió que se llevarán a cabo unos «controles generales» a los proyectos que se presenten a estas subastas, a través de la petición de garantías, para que, una vez sean adjudicados, «sepamos que van a ser realizados».

El ministro subrayó que España es «un país líder» en la generación de energía con fuentes renovables, con un 41% de la generación procedente de estas tecnologías, aunque señaló que «no hay que dormirse en los laureles» en esta materia.

A este respecto, apuntó que España va «muy adelantado» en sus objetivos de cumplimiento fijados en renovables, con un porcentaje del 17,3% en el peso de estas tecnologías sobre el consumo final de energía, frente al 12,1% previsto.

En su comparecencia, Nadal aseguró que el momento actual es «crucial» y está marcado por la transición energética necesaria para hacer efectivos los acuerdos medioambientales del conjunto de Europa y del Mundo tras el acuerdo alcanzado en la cumbre contra el cambio climático de París de 2015.

Más interconexión

Así, destacó que el ‘paquete de invierno’ de la UE se «alinea bastante bien con la línea del Gobierno» al marcar como objetivos la eficiencia energética, la mejora medioambiental y la protección del consumidor, aunque consideró que parte de «un supuesto irreal» de que todos mercados europeos están conectados.

Por ello, afirmó que España tiene que cumplir «de forma realista» con estos objetivos fijados por Europa, aunque subrayó que para ello es necesario pedir unos niveles mayores de interconexión con el Viejo Continente.

Junto a la falta de interconexión con Europa, Nadal aseguró que el sistema eléctrico en España está cargado con otra «gran hipoteca», como son «los costes de decisiones» políticas del pasado, con la instalación prematura de renovables que supuso «un coste muy caro» y el déficit tarifario, que derivó en una deuda financiera de casi 30.000 millones de euros cuya amortización se va a realizar a lo largo de los próximos 30 años. «Eso nos diferencia del resto de sistemas, estas decisiones del pasado que hace que tengamos estas grandes hipotecas», dijo.

En lo que se refiere a materia de defensa del consumidor, Álvaro Nadal indicó que se trabaja en medidas de transparencia y control de los productos financieros, así como en mantener la vigilancia sobre las prácticas anticompetitivas.

Asimismo, recordó el diálogo abierto con el resto de fuerzas políticas para definir el consumidor vulnerable y regular la financiación del bono social. «Debemos definir un nuevo marco para los consumidores en situación de vulnerabilidad, debemos definir el bono social», dijo.

A este respecto, defendió que el bono social debe seguir con un sistema que haga que sea financiado por el sector, en este caso por todas las comercializadoras. «Necesitamos un acto normativa en esta Cámara y en el Senado que nos permita mantener esa financiación, y a partir de ahí hay que discutir cómo queremos que sea y diseñarlo», añadió al respecto.

Colaborar con las Comunidades Autónomas

En lo referente a los cortes de luz a consumidores, respaldó la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de no permitirlos sin existir un informe previo de los servicios sociales, y se mostró abierto a colaborar en las competencias autonómicas sobre política social, «solamente si ellas quieren».

No obstante, subrayó que la protección del consumidor vulnerable no debe formar parte de la política energética, «no se debe alterar los precios para los distintos tipos de consumidores», subrayó, sino que se debe derivar a la política social.

Por otra parte, Nadal defendió que «la mejor política» es la eficiencia energética y señaló que le gustaría que en España se llevará a cabo un «esfuerzo mayor» en esta materia.

«La eficiencia energética será prioritaria y proponemos profundizar en su inversión», destacó al respecto, subrayando que es necesario mejorar en el diseño de los programas de eficiencia energética.

El ministro plantea que las eléctricas cofinancien los impagos de luz de los hogares vulnerables

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Servimedia/Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ve «posible» establecer algún tipo de contribución del sistema eléctrico, a través del bono social, para financiar los costes de los impagos del suministro de los hogares vulnerables que se sume a la aportación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Así se expresó Nadal durante su comparecencia en la comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, donde presentó las principales iniciativas que pretende llevar a cabo durante la legislatura.

En relación con la pobreza energética, calificó de «muy acertada» la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que sean los ayuntamientos los que determinen quienes son las personas con vulnerabilidad severa a las que no se puede cortar el suministro.

«Hay que trabajar en esta línea», añadió el ministro, quien reiteró su posición de que el tratamiento de la pobreza energética en los casos más graves es una competencia de los servicios sociales autonómicos y municipales. «El factor determinante es la evaluación por parte de los servicios sociales», apostilló.

Por ello, apuntó que las comunidades autónomas deberán decidir si comparten sus competencias para coordinar una solución similar en todo el Estado.

Además ha pedido a los grupo políticos de la oposición la necesidad de definir un nuevo bono social eléctrico, cuyo cargo siga siendo asumido por las empresas eléctricas, para mejorar su diseño a través de una mejor definición del consumidor vulnerable.

A este respecto, defendió que el bono social debe seguir con un sistema que haga que sea financiado por el sector, en este caso por todas las comercializadoras. «Necesitamos un acto normativa en esta Cámara y en el Senado que nos permita mantener esa financiación, y a partir de ahí hay que discutir cómo queremos que sea y diseñarlo», añadió al respecto.

Por último, defendió que «el objetivo de protección del consumidor empieza por garantizar unos precios competitivos y asequibles», algo que se consigue evitando que se incrementen los costes del sistema como consecuencia de actuaciones políticas.

No obstante, subrayó que la protección del consumidor vulnerable no debe formar parte de la política energética, «no se debe alterar los precios para los distintos tipos de consumidores», subrayó, sino que se debe derivar a la política social.