El ministro plantea que las eléctricas cofinancien los impagos de luz de los hogares vulnerables

Servimedia/Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ve «posible» establecer algún tipo de contribución del sistema eléctrico, a través del bono social, para financiar los costes de los impagos del suministro de los hogares vulnerables que se sume a la aportación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Así se expresó Nadal durante su comparecencia en la comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, donde presentó las principales iniciativas que pretende llevar a cabo durante la legislatura.

En relación con la pobreza energética, calificó de «muy acertada» la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que sean los ayuntamientos los que determinen quienes son las personas con vulnerabilidad severa a las que no se puede cortar el suministro.

«Hay que trabajar en esta línea», añadió el ministro, quien reiteró su posición de que el tratamiento de la pobreza energética en los casos más graves es una competencia de los servicios sociales autonómicos y municipales. «El factor determinante es la evaluación por parte de los servicios sociales», apostilló.

Por ello, apuntó que las comunidades autónomas deberán decidir si comparten sus competencias para coordinar una solución similar en todo el Estado.

Además ha pedido a los grupo políticos de la oposición la necesidad de definir un nuevo bono social eléctrico, cuyo cargo siga siendo asumido por las empresas eléctricas, para mejorar su diseño a través de una mejor definición del consumidor vulnerable.

A este respecto, defendió que el bono social debe seguir con un sistema que haga que sea financiado por el sector, en este caso por todas las comercializadoras. «Necesitamos un acto normativa en esta Cámara y en el Senado que nos permita mantener esa financiación, y a partir de ahí hay que discutir cómo queremos que sea y diseñarlo», añadió al respecto.

Por último, defendió que «el objetivo de protección del consumidor empieza por garantizar unos precios competitivos y asequibles», algo que se consigue evitando que se incrementen los costes del sistema como consecuencia de actuaciones políticas.

No obstante, subrayó que la protección del consumidor vulnerable no debe formar parte de la política energética, «no se debe alterar los precios para los distintos tipos de consumidores», subrayó, sino que se debe derivar a la política social.