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El consumidor vulnerable deberá tener un certificado de los servicios sociales para impedir los cortes de luz

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EFE / Europa Press.- Los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas deberán acreditar mediante la expedición de un documento que un consumidor es «vulnerable severo», lo que le protegerá de los cortes de luz, según se recoge en el real decreto-ley. La norma, que regula la financiación del bono social, incluye varias modificaciones de la ley del sector, entre ellas la de incluir la citada categoría de consumidor «vulnerable severo» en el epígrafe de «suministros esenciales», es decir, que no se les puede suspender el suministro.

Así, se incluye en el apartado 4 del artículo 52, en el que se establecen esos supuestos de suministros esenciales, una nueva categoría que se suma a los 8 ya existentes, como hospitales, fuerzas de seguridad, alumbrado público entre otras, y en las que en «ningún caso» puede suspenderse el suministro. En ese nuevo apartado se incluye a «aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a estos suministros, por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social».

El texto también añade que estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual y que «todo lo anterior deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las referidas Administraciones Públicas». Sobre los cortes de suministro, contempla además que, para los consumidores vulnerables, no se pueda cortar la luz en un periodo de cuatro meses desde la notificación del impago, pero sólo si son clientes del PVPC. También se incluye la obligación de que haya respuesta por parte de los servicios sociales cuando se les consulte sobre la situación de las familias vulnerables. Además de incluir a estos consumidores “vulnerables severos”, el texto prohíbe que se puedan aplicar recargos posteriores a esas situaciones de morosidad.

El borrador de la normativa, que podría ir este viernes al Consejo de Ministros, también regula el nuevo modelo de financiación del bono social, que pasarán a costear todas las comercializadoras eléctricas en función del número de clientes y no solo las que tienen además actividades de producción y distribución como ocurría hasta ahora. Además, será asumido por las matrices de los grupos de sociedades. El Tribunal Supremo tumbó recientemente el anterior modelo de financiación por considerarlo discriminatorio. El nuevo repartirá el coste del bono, que supone unos 200 millones de euros anuales, entre un mayor número de empresa aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres principales compañías, Endesa, Iberdrola y Gas Natural, por sus cuotas de mercado.

El bono tendrá mayor coste

La propuesta de normativa también incluye, tal y como había señalado el Gobierno, que las compañías eléctricas «cofinancien» con las Administraciones Públicas el suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores que entren en esa categoría de «vulnerables severos». Posteriormente, el Gobierno prevé acometer una revisión de esta ayuda para vincular su percepción a la renta. El texto también pone un plazo máximo de tres meses para aprobar las normativas de desarrollo necesarias para su aplicación. El Gobierno y el PSOE firmaron un acuerdo sobre estas reformas, que también apoya Ciudadanos.

En el desarrollo reglamentario quedan pendientes la articulación del procedimiento para evitar los cortes de suministro, la modificación de la definición de consumidores vulnerables que pueden acogerse al bono social y la fijación de mejores prácticas de comercialización para que los usuarios puedan conocer de forma clara las ofertas energéticas. El Gobierno calcula que actualmente hay 2,6 millones de hogares con consumidores vulnerables, que suponen unos siete millones de personas, que reciben un descuento en la factura de la luz a través del bono social.

El Gobierno podrá imponer además sanciones de hasta 60 millones de euros a las comercializadoras de electricidad que no cumplan con sus obligaciones referidas al nuevo sistema de financiación del bono social, según consta en el borrador del real decreto por el que se regula el nuevo mecanismo de fijación de esta ayuda a consumidores vulnerables. El borrador modifica en su artículo 1 varios aspectos de la Ley del Sector Eléctrico 24/2013. En concreto, el real decreto-ley incorpora por primera vez al catálogo de conductas consideradas «muy graves» dos apartados relacionados con las obligaciones de las comercializadoras con el bono social. Estas infracciones implican penalizaciones por importe de entre 6 y 60 millones de euros.

La sanción de entre 6 y 60 millones es la mayor de las recogidas por la ley eléctrica y, a partir de la aprobación del real decreto, se podrá aplicar cuando la comercializadora «deje de ingresar dentro de los planes legal o reglamentariamente establecidos las cuantías que correspondan al reparto del coste del bono social», siempre que la cantidad anual que deba aportarse sea superior a 5 millones de euros. La infracción por conducta «muy grave» también se podrá imponer cuando se produzca «el falseamiento u ocultación de datos sobre número de clientes o energía eléctrica suministrada o de cualquier otra información que se solicite por la Administración a efectos de la aplicación del mecanismo de financiación del bono social».

El borrador incorpora al régimen de sanciones «graves» las conductas consistentes en dejar de ingresar los importes del bono social en cantidades de entre 500.000 y 5 millones de euros. Las multas para este tipo de actuaciones oscilan entre 600.000 y 6 millones de euros. Serán sanciones «graves» la comunicación de datos inexactos sobre el número de clientes o la energía suministrada por las comercializadoras encargadas de costear el bono social. Hasta la fecha, la normativa sobre consumidores vulnerables y el bono social no recogía ningún tipo de sanción explícita.

Podemos presenta en Castilla-La Mancha una PnL para prohibir los cortes de luz a los consumidores vulnerables

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EFE.- Podemos ha presentado una Proposición no de Ley (PnL) en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que exige al Gobierno central la puesta en marcha de diferentes medidas para garantizar el acceso al suministro eléctrico, entre ellas, prohibir los cortes de luz “a las familias más necesitadas”.

La formación morada pide que sean las compañías eléctricas las que se dirijan a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos y, si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías. La PnL, calificada por la Mesa de las Cortes y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, tiene como objetivo «garantizar el acceso al suministro eléctrico, entendido como parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada, y como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana».

Entre otras medidas, solicita que se ponga fin a «los abusos tarifarios» y que se apruebe una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. Del mismo modo, el grupo parlamentario de Podemos propone crear una «auténtica tarifa social» y sustituir el actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.

Además exigen la devolución de los CTC y proponen realizar un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas y aplicar el tipo de IVA reducido a la electricidad, por ser considerado, según afirman, «un servicio esencial para la ciudadanía».

La guerra del bono social

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Una de las primeras patatas calientes del Gobierno, aunque más que primera y que caliente es recalentada, es la aplicación y asunción de la sentencia del Tribunal Supremo respecto al controvertido bono social de electricidad, hasta ahora un descuento de un 25% en la factura a quienes cumpliesen unos determinados requisitos y tuviesen una potencia contratada inferior a 3 kW.

La sentencia del Supremo vino a declarar que la medida era discriminatoria puesto que no involucraba a todos los agentes del sistema de suministro eléctrico en España. Por otra parte, el mecanismo de gestión del mismo deja varios huecos de difícil gestión de forma que, tal y como se ha venido denunciando, entre sus beneficiarios figuran titulares de segundas viviendas cuya adscripción patrimonial y de rentas no estarían encuadrados en la vulnerabilidad económica propiamente dicha. Los beneficiarios del bono social son, según el Gobierno, 7 millones de ciudadanos. A la vez, según la Asociación de Ciencias Ambientales, las personas que no pueden calentar su hogar en invierno son 5,1 millones.

Por otra parte, una figura como ésta, consistente en una ayuda (reducción en la factura) a los consumidores teóricamente vulnerables, debería tener un tratamiento de política fiscal en los Presupuestos Generales del Estado, máxime cuando los precios de la factura absorben importantes partidas ajenas al suministro y errores de decisión política que inflan estos precios. Pero esta fórmula sería la adecuada si el Estado también decidiese un bono alimentario, un bono de transporte público o un bono de telefonía e internet. En todo caso, volviendo a la realidad y abandonando la ucronía, en nuestro país se sigue con la tendencia a sindicar costes añadidos al suministro eléctrico en forma de tarifas de acceso. Ante esto surgen dos alternativas, a saber:

La del nuevo ministro Álvaro Nadal, que afirmó en el Parlamento que la financiación del bono social es “responsabilidad” de «las empresas», con la pretensión del Gobierno de atribuir a todas las comercializadoras el coste del bono social, que en su versión anterior recaía fundamentalmente en las principales compañías eléctricas. El ministro, haciendo un silogismo respecto al sistema anterior, señalado como discriminatorio como el Supremo, busca un acuerdo político (que no sea discriminatorio entre formaciones parlamentarias) para que blinde «políticamente» esta nueva fórmula 2.0 del sistema anterior ampliado moderadamente, intentando evitar otro proceso en los tribunales y sus resultados adversos.

Por su parte, PSOE y Podemos promueven una versión más extensiva en la que consideran que deben ser todos los agentes del suministro eléctrico (incluyendo, por tanto, a generadoras, renovables y transporte, esto es, Red Eléctrica de España), sobre los que consideran que deben contribuir a la financiación del mismo. Tratan de evitar otro recurso por motivos semejantes (es decir, por tratamiento discriminatorio entre agentes). Esta opción especialmente ha encendido las alarmas en las tecnologías renovables afectadas por el recorte retributivo vía rentabilidad razonable con las medidas para controlar el déficit tarifario implementadas en la legislatura anterior. Guerra política y lanzas en alto entre los distintos agentes del sistema nuevamente.

Sea como fuere, el Gobierno debe pactar una solución con la oposición en la medida que deberá usar la fórmula del Decreto Ley y necesita la convalidación del mismo en el Parlamento. El tiempo corre y toda la ejecutoria en materia de pobreza energética existente (ilegal, reducida al ámbito de lo eléctrico y con todas las limitaciones y cuestionamientos anteriores) está en esta situación. Además, en días anteriores, en materia de pobreza energética el Parlamento propuso que no se podrían producir cortes de luz sin consulta previa a los servicios sociales. La guerra ha comenzado.

El PSOE cree que extender la financiación del bono social a más empresas, como Red Eléctrica, dará seguridad jurídica

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Redacción / Agencias.- Mientras el sindicato UGT propone sustituir el bono social eléctrico por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta, el PSOE considera que su propuesta de que todas las empresas que desarrollan actividades en el sector eléctrico se encarguen de la financiación del bono social dará seguridad jurídica al nuevo mecanismo y reducirá las opciones de que sea recurrido con éxito ante los tribunales, según la portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio.

La propuesta del PSOE, que cuenta con el apoyo de Podemos, implica que no solo las comercializadoras de electricidad, ya sea de mercado o reguladas, asuman los cerca de 190 millones anuales de coste del bono social, sino que lo hagan también las empresas con actividades reguladas, entre ellas las que realizan actividades de transporte o distribución. Para Lucio, esta medida sería «más razonable» y «aportaría más seguridad jurídica». «Lo que nos importa es que se resuelva la financiación del bono social y que se tramite como proyecto de ley», lo que permitirá a su grupo parlamentario ofrecer aportaciones, añadió.

Cinco Días y El Confidencial adelantaron que el PSOE y Podemos quieren ampliar la financiación del bono social a todas las empresas con actividades en el sector, lo que haría también partícipes a compañías como Red Eléctrica de España, Acciona o Abengoa, aparte de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, presentó recientemente en el Congreso la propuesta del Gobierno para financiar el bono social mediante las aportaciones de todas las comercializadoras, tanto de mercado como reguladas, pero no otras empresas. Así, el Gobierno prevé aplicar un nuevo mecanismo que sustituya al anterior, anulado por el Tribunal Supremo y por el que las empresas con actividades verticalmente integradas deben financiar la ayuda.

A finales de noviembre, el pleno del Congreso aprobó sin votos en contra una moción en la que insta al Gobierno a prohibir los cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad sin dirigirse a los servicios sociales, tras recabar Podemos el apoyo del PSOE, ERC, PNV y PDECat en una enmienda transaccional, apoyada por Ciudadanos. El PP no quiso votar en contra y optó por la abstención. Según el texto, el Congreso reconoce la energía «como un bien público y común» y por este motivo se insta a establecer «garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales».

La enmienda transaccional aprobada también llama a impulsar una «tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta», que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), estimados en más de 3.500 millones de euros, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa. Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad y gas, y exige a las compañías publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.

UGT propone tarifa social reducida

Por su parte, el sindicato UGT instó al Gobierno a sustituir el bono social eléctrico, el descuento del 25% al que pueden acogerse los consumidores más vulnerables, por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta. UGT considera que el bono social, al que se acogen unos 2,4 millones de hogares en nuestro país, no protege realmente a los que más lo necesitan y ha reclamado al Ejecutivo que asegure el acceso universal a suministros como la luz y el gas “para proteger a los grupos más vulnerables y con renta más bajas”. El sindicato también solicita el establecimiento de un IVA “súper reducido” para todos los bienes y servicios vinculados a la energía.

Según UGT, desde 2011, los recibos de los suministros se incrementaron muy por encima de la inflación, la luz más del 50% y el gas cerca de un 33%, lo que supone que el 10,6% de los hogares, casi 5 millones de personas, no puedan mantener una temperatura adecuada en su vivienda y que otros muchos, se hayan visto afectados por cortes por no poder afrontar los recibos. UGT recordó que actualmente España cuenta con 666.600 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos y existen 1.438.300 familias con todos sus miembros activos en paro.

El sindicato ha denunciado que la cobertura de prestaciones para paliar la pobreza, como las rentas mínimas de inserción, que rondan los 420 euros y cubren a un 5,61% de la población, «no son suficientes» para cubrir las necesidades más básicas. Asimismo, el sindicato ha pedido que se desarrolle un plan estatal de lucha contra la pobreza, se incrementen las ayudas de emergencia social, tanto en la cobertura de las rentas mínimas como en su cuantía, y que se establezca un sistema de garantía de rentas, ya que es «básico» para acabar con la pobreza.

UGT resaltó que las situaciones de necesidad son propias tanto de personas sin ningún tipo de ingresos como también de aquellas con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades más «básicas». En este contexto, ha apuntado que es necesario dar una respuesta a las familias que tienen más dificultades para pagar la energía, tanto por la falta de energía como por las tarifas «abusivas» del sector eléctrico. «Las situaciones de pobreza actuales nos indican que las políticas formuladas en nuestro país no suponen ni la prevención ni la solución para la lucha contra la pobreza y la exclusión social», denunció UGT.

Endesa recurre el reparto del pago del bono social de 2016

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EFE / Europa Press.- Endesa ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden con la que se fijaron las cantidades que cada empresa debe aportar para financiar el bono social de 2016, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta orden establecía que los porcentajes con los que cada empresa distribuidora, de un total de 23, tenía que asumir el coste de esta herramienta que supone un descuento del 25% sobre el importe de la factura para determinados colectivos y cuyo coste total ronda los 200 millones.

Para este año, a Endesa le correspondía el 41%, a Iberdrola el 37,9% y a Gas Natural Fenosa, el 14,7%, acaparando prácticamente entre estas empresas la financiación del bono social de la luz. Otras 20 sociedades participarían en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%. Hay que recordar que el Tribunal Supremo anuló recientemente este sistema de financiación por hacer discriminaciones entre las empresas que deben pagarlo y considerarlo incompatible con la directiva europea. El Ministerio de Energía ultima un decreto ley para cambiar este modelo y que el coste se cargue a todas las comercializadoras.

En dos sentencias, en las que estima los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo (antiguamente E.ON España), la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo reconocía el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación. El bono social consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).

Podemos considera que las compañías eléctricas deberían asumir el coste del suministro a los consumidores vulnerables

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Servimedia / EFE.- El presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, considera que el suministro eléctrico de garantía para los hogares en situación de vulnerabilidad «es un coste que debe ser asumido sobre todo por las compañías, puesto que se trata de una cuestión social». Así se expresó Sixto, diputado de Unidos Podemos, que sostuvo que «está claro que tiene que ser un coste compartido entre las compañías y las administraciones».

A este respecto, señaló que la Comisión de Energía del Congreso «va a tener que desarrollar un trabajo muy interesante y muy importante para no dejar en la estacada a la gente que más sufre los efectos de la crisis y que puede acabar padeciendo una situación de indefensión frente a unas compañías enormes que acaban marcando unos precios que mucha gente no puede asumir».

«Es una situación compleja que lo que tiene que llevar en un primer momento es sensibilidad por parte de la empresa cuando se producen estos cortes de suministro, porque son ellos los que manejan los datos, son ellos los que conocen cuáles son las circunstancias del corte que se está produciendo», añadió. En esta línea, argumenta que desde las empresas «son ellos los primeros responsables y los primeros que tienen que estar interesados en que no se produzcan situaciones de este tipo, de extrema vulnerabilidad».

Por otro lado, pidió al Gobierno que aborde este problema, porque «el que haya una cobertura estatal a toda esta normativa sería positivo». «El que las comunidades autónomas tengan que ir cada una por su lado regulando estas cosas puede dar lugar a ciertas disparidades que no tendrían sentido», apostilló. En concreto, abogó por que el departamento dirigido por Álvaro Nadal establezca la obligatoriedad por ley de que las compañías eléctricas tengan que comunicar a los ayuntamientos los cortes de suministro en situaciones de vulnerabilidad, en la línea de lo contemplado en la ley catalana.

Sixto considera necesario hacer que las empresas, a la hora de suministrar los datos, puedan hacer una primera criba de cuáles son esas situaciones de vulnerabilidad que se producen, porque las situaciones de corte son muy diferentes, y «eso las compañías son las que más posibilidades tienen de poder visibilizarlo«. Asimismo, advirtió sobre el problema para las administraciones locales que supone la ley de financiación local, que, según Sixto, les impide contratar personal suficiente para dar los servicios que tienen que prestar a la ciudadanía.

En cuanto a la financiación del bono social, explicó que la opción que «parece contar con más respaldo por parte de los grupos parlamentarios y del Ministerio es buscar una solución similar a la que se venía aplicando hasta ahora, que sean las compañías las que asuman el coste», sin valorar que el sistema de financiación aplicado hasta ahora fue anulado por el Tribunal Supremo.

Asimismo, advirtió de que «hay una cuestión más complicada, que es a quién se aplica», ya que considera que «ha tenido un criterio muy generalista, ligado a un consumo menor de un determinado nivel y a pocas cuestiones más». Esto, según Sixto, «ha llevado a que gente con poderes adquisitivos muy diferentes tengan derecho al bono social, cosa que no tiene mucho sentido». «Hay que ligarlo a las rentas que tiene cada unidad familiar», sentenció.

«El problema no es cómo se hace, el problema es que según los cálculos que manejan las empresas eléctricas ahora mismo hay 2,5 millones de contratos con el suministro en bono social y si se aplicasen criterios de renta probablemente habría un millón menos», advirtió. «Hay un millón de contratos que tienen bono social que si aplicásemos criterios de renta no tendrían derecho a ello. Eso debe tener un coste político para asumirlo en un determinado momento y a veces hay Gobiernos que no han querido asumir ese coste», lamentó.

Pobreza energética “inadmisible” en España

Diputados del Congreso y miembros de la Ejecutiva Estatal de Podemos celebraron en La Granja (Segovia) una jornada de trabajo para preparar la movilización del 21 de diciembre contra la pobreza energética. En este sentido, el secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, sostuvo que es «inadmisible» que la conocida como pobreza energética «exista en España, uno de los países más ricos de Europa». Mayoral aseguró que «los abusos tarifarios existentes son intolerables y más en un país en el que las compañías energéticas tienen los beneficios más altos».

En su opinión, las movilizaciones que se han desarrollado hasta la fecha han logrado que la pobreza energética forme parte de la agenda política, aunque Mayoral ha insistido que «se sigue violando» la observación de Naciones Unidas que aboga por el derecho a disponer de la energía suficiente para poder alumbrar la casa, cocinar y mantener la temperatura adecuada. En este sentido, ha subrayado que «no sirve de nada una moción» y ha exigido medidas legislativas que «garanticen los derechos de la mayoría y pongan límites a las eléctricas para que dejen de jugar con la vida de la gente». 

Endesa espera «ver un cambio» del Gobierno en la financiación y reparto del bono social

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que su compañía espera «ver un cambio» tanto en la financiación del bono social de la luz como en los criterios para definir a un consumidor vulnerable, que deberían basarse en los ingresos. Bogas realizó estas consideraciones tras recordar que el Tribunal Supremo anuló el esquema de financiación actual del bono social por considerarlo discriminatorio, teniendo que devolverse las cantidades aportadas por las eléctricas entre 2014-2016.

A este respecto, el grupo ha enviado a las autoridades una propuesta que incluye criterios de vulnerabilidad y señala que debe definirse nuevo esquema de financiación para 2017 en adelante. En todo caso, Endesa mantiene en su plan estratégico la financiación del bono social, con unos 80 millones de euros anuales, aunque consideró que en el futuro se podrían dar varias posibilidades a este respecto, como que sea asumido por el Estado. Además, Bogas afirmó que todavía se está pendiente de abordar algunas cuestiones regulatorias, aunque indicó que hay un nuevo Gobierno «comprometido en concluir» estos frentes abiertos, entre los que figuran los pagos por capacidad o la generación extrapeninsular.

Cataluña abre expediente sancionador contra Gas Natural al considerar que cortó la luz indebidamente a la mujer de Reus

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Redacción / Agencias.- La Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente sancionador contra Gas Natural Fenosa al considerar que cortó indebidamente el suministro eléctrico a la mujer de Reus (Tarragona), que falleció recientemente a causa de un incendio en su casa por tratar de iluminarse con unas velas. Así lo expuso el secretario de Empresa y Competitividad de Cataluña, Joan Aregio, que recriminó a la compañía no avisar a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus de que iba a cortar el suministro.

Tras analizar la información presentada por Gas Natural al requerimiento hecho por Consumo, la Generalitat considera que la empresa “no justifica por qué no trasladó a los servicios sociales municipales que se produciría el corte de la luz a la anciana”, por lo que decidió abrir un expediente por un «corte indebido». «Lo que pasó es muy grave, gravísimo, pero esto no es una calificación jurídica; se tiene que incoar el expediente y con lo que salga se pondrá la sanción que corresponda», manifestó Aregio, que no precisó el importe de la sanción. «La ley dice que no se puede cortar sin haber notificado a los servicios sociales. No hace falta dar más vueltas», sentenció.

El secretario de Empresa ha informado de que, hasta el momento, la Generalitat ha incoado 115 expedientes a compañías por cortes indebidos de suministro y que ha impuesto 25 sanciones administrativas, la mayoría a Endesa, ya que es la compañía con más abonados, y ninguna de ellas sobre Gas Natural. Aregio ha explicado que «se han evitado 39.000 cortes ya que hay muchas compañías que cumplen, y una cosa está clara: antes de cortar el suministro se tiene que informar a los servicios sociales municipales«.

El secretario de Empresa subrayó que la ley es «muy clara» y reivindicó que existen unos protocolos de la Generalitat que tienen fuerza legal y que fueron notificados en diciembre de 2015. Un protocolo que está recurrido ante los tribunales por la patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). A este respecto, explicó que Gas Natural «consultó en diciembre a la Agencia Catalana de Consumo sobre cómo debía proceder y se le respondió por escrito que se debía ceñir a los protocolos presentados».

Sin embargo, Gas Natural defendió tras el accidente que el protocolo al que hace referencia la Generalitat es una guía informativa de noviembre de 2015 disponible en Internet que no tiene validez legal porque no tiene rango normativo. Además, ha trascendido que, en la pasada reunión de junio de la Mesa de Emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la directora de la ACC, Montserrat Ribera, explicó que se estaba trabajando en los protocolos que permitan desarrollar el artículo 6 de la ley contra la pobreza energética para evitar dudas de aplicación por parte de las empresas y los servicios sociales, según consta en el acta.

En cuanto a los convenios a firmar entre la Generalitat y las compañías suministradoras para luchar contra la pobreza energética, Aregio anunció que el Gobierno catalán enviará un escrito final a las grandes suministradoras eléctricas y que, si pasado un tiempo «prudencial y lógico» no se llega a ningún acuerdo, estudiarán otras medidas para que la ley se cumpla. Aregio participó en la Mesa de Emergencia de la Vivienda y la Pobreza Energética en Cataluña, en la que participan el Gobierno autonómico, entidades sociales y empresas. Las entidades sociales han reclamado que se imponga la sanción máxima para estos casos de un millón de euros.

Gas Natural respondió al requerimiento

La compañía no se ha pronunciado aún sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña. Previamente Gas Natural Fenosa había respondido al requerimiento de información realizado por el Gobierno autonómico catalán tras el accidente de Reus. Fuentes de Gas Natural Fenosa explicaron que han respondido antes de finalizar el plazo pero declinaron detallar el contenido «por respeto al procedimiento». Eso sí, la empresa ha venido insistiendo de que no informó al Ayuntamiento de Reus del corte de luz porque el consistorio no le había comunicado que la anciana fallecida se encontraba en una situación vulnerable.

Endesa pide que el Ministerio de Energía lidere la respuesta a la pobreza energética con una normativa nacional

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Servimedia / EFE.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera, en relación con la pobreza energética, que «la situación de vulnerabilidad de las personas debe ser abordada de forma nacional» y que debería hacerse desde el nuevo Ministerio de Energía. «Hay que buscar soluciones a lo que ha sucedido», afirmó Bogas, quien lamentó la muerte de la mujer de Reus como consecuencia de un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminarse porque se le cortó el suministro eléctrico desde hacía dos meses.

«La situación de vulnerabilidad de las personas debe ser abordada de forma homogénea a nivel nacional con la colaboración de ayuntamientos y autonomías, con las peculiaridades de cada territorio y la colaboración de todos», continuó el ejecutivo de Endesa, quien agregó que «hay que definir bien esta situación y hay que reglarla bien». A este respecto, advirtió de que «las continuas discusiones, las descoordinaciones, los protocolos, la falta de disposiciones organizativas coherentes, las diferencias entre comunidades autónomas y el bono social no ayudan absolutamente a nada». «Se debería unificar, revisar, definir al cliente vulnerable y buscar una solución que, de una vez por todas, prevenga este tipo de situaciones», señaló.

En cuanto al bono social de electricidad, defendió que tiene que ser reformado para que sea efectivo basándose en criterios como la renta y el conocimiento de los Servicios Sociales sobre la verdadera situación de las familias o las personas. «El Gobierno es consciente de esto, que tiene que ajustar estos criterios y que tiene que hacerlo con una regla nacional con el apoyo de comunidades autónomas y ayuntamientos», concluyó Bogas, que se ha mostrado convencido de que es una de las prioridades que tiene el Gobierno sobre la mesa.

Las eléctricas, explicó, han firmado «múltiples convenios de colaboración» con servicios sociales y ayuntamientos, «pero la falta de una reglamentación puede llevar a lamentables sucesos» como el ocurrido. Lo cierto es que Endesa ya planteó la necesidad de «rediseñar» el bono social, una rebaja del 25% en la factura a la que pueden acogerse algunos colectivos, y crear un fondo para luchar contra la pobreza energética. La eléctrica apuntó que debían asignarse recursos a financiar un Fondo centrado en asegurar el suministro a las familias que no pueden pagar la factura ni con descuento y que deberá identificar cada Ayuntamiento.

Gas Natural insiste en la necesidad de reglamentar la ley de pobreza energética mientras el Ministerio ofrece colaborar con Cataluña

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EFE / Servimedia.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que ha ofrecido a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Reus (Tarragona) su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética. En este sentido, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha pedido más concreción en la ley de pobreza energética, de la que falta crear un reglamento.

Villaseca indicó que la ley de pobreza energética «se tiene que reglamentar» para especificar cómo se tienen que coordinar y llevar a cabo las comunicaciones entre los servicios sociales de los ayuntamientos y las compañías suministradoras. Apuntó, en este sentido, que en la web de la Agencia Catalana del Consumo existen unas «propuestas de protocolo» de actuación, pero que «no es ningún documento que tenga validez legal», y ha subrayado que el propio Parlamento le recordó al Gobierno que estaba pendiente de reglamentar la ley.

«En ausencia de una adecuada reglamentación, que no existe», ha explicado Villaseca, Gas Natural Fenosa ha firmado acuerdos con 400 municipios catalanes que, a través de sus servicios sociales, le comunican los casos de vulnerabilidad y que han permitido atender a 9.000 hogares en situación de riesgo de exclusión. Villaseca remarcó que en Reus existe un convenio de este tipo que funciona desde 2014 y que en este tiempo los servicios sociales han comunicado a la empresa 150 casos de familias en situación de vulnerabilidad. En lo que va de año, se comunicaron 88 casos.

«No podemos entender cómo si el Ayuntamiento sabía desde 2013 que estaba en situación de vulnerabilidad, no nos ha comunicado nada en estos más de tres años», afirmó el directivo, que tampoco comprende «cómo es posible» que después de dos meses de corte de luz «nadie informara de esta situación». «El Ayuntamiento lo ha hecho en 150 casos, pero desgraciadamente no en este», precisó Villaseca respecto a la anciana con la luz cortada que murió en un incendio en su casa provocado por una vela.

Villaseca cree, en cualquier caso, que ante esta tragedia «no se trata tanto de hablar de responsabilidades», sino de «hacer todo lo posible para que hechos como este no vuelvan a suceder». «La coordinación entre servicios sociales, la compañía y la Generalitat no ha sido la que tendría que ser», ha reconocido Villaseca, en la que ha rechazado que se responsabilice a la multinacional de estos hechos, cuando «es la administración la que ha de poner las reglas del juego».

El Ministerio ofrece su cooperación

Así, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ofreció su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética. Así lo expresó Nadal, que indicó que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía». A este respecto, recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas.

En el caso de Reus, lamentó que «no se pudo actuar de la manera que todo el mundo había deseado», ya que existe tanto un fondo municipal para hacer frente a estas situaciones como una normativa autonómica que no se aplicó. En esta línea, destacó que la mujer fallecida como consecuencia de un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminar su vivienda, al no contar con electricidad, se había beneficiado de ese mismo fondo para pagar el agua.

Cataluña sancionará a Gas Natural

El consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat catalana, Jordi Baiget, advirtió que «sancionarán a Gas Natural Fenosa por el caso de la anciana de Reus que murió, si no le informaron previamente antes de cortar la luz, porque la ley es muy clara». Baiget indicó que la Generalitat está pendiente de recibir la respuesta de la compañía a su requerimiento de información. Asimismo informó de que el Gobierno se reunirá con Gas Natural para «resolver lo que nos falta para cumplir con la ley catalana que es firmar convenios con las compañías para condonar la deuda que generan las familias en situación vulnerable».

El responsable de Empresa y Conocimiento de la Generalitat insistió que «la ley es muy clara y funciona sin el reglamento» que reclama ahora Gas Natural Fenosa. Baiget respondió así al consejero delegado de la energética, Rafael Villaseca. Asimismo, el consejero confirmó que recibió la llamada del ministro Álvaro Nadal para interesarse sobre el tema y los dos coincidieron que las administraciones deben trabajar conjuntamente para evitar otros casos como el de Reus. Desde que está en vigor la ley, la Generalitat asegura que se actuó en 39.000 ocasiones para evitar cortes en los suministros.

En el pacto contra la pobreza energética, Baiget aseguró que uno de los puntos que faltan es el de definir quién debe asumir la deuda de las facturas impagadas. Así, lamentó que «nos hemos reunido 25 veces con las empresas eléctricas para poder llegar a un acuerdo: lo hemos conseguido con las empresas de agua, pero no con las empresas de electricidad». El consejero señaló que «no tiene sentido que las compañías eléctricas con un beneficio conjunto, hasta el tercer trimestre de este año, de 4.500 millones de euros, no acepten el bono social ni firmen convenios de pobreza energética».

Durante su discurso, Baiget reivindicó un pacto empresa-sociedad que integre las «políticas de responsabilidad social empresarial como un valor de cada empresa» y en este sentido, dijo que «cortar la electricidad a las personas vulnerables no es responsabilidad social empresarial». Baiget considera poco «productiva» la petición de Unidos Podemos de que el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso. “Tienen la libertad de pedirlo pero los políticos y la Generalitat tienen que trabajar para resolver problemas de pobreza energética”, dijo.