Entradas

El Congreso exige al Gobierno el desmantelamiento del almacén de gas Castor, previo informe que garantice la seguridad

Europa Press.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, con los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, ha apoyado una proposición no de ley de ERC por la que pide al Gobierno el desmantelamiento del proyecto Castor, previo encargo de un informe técnico que garantice que este procedimiento no supondrá daños medioambientales en la zona.

El texto urge al Ejecutivo a, una vez esté garantizada la seguridad, se clausure definitivamente el almacén de gas submarino, el sellado de los pozos y el desmantelamiento inmediato de las instalaciones marítimas y terrestres, así como que se revierta a sus propietarios las servidumbres afectadas por el gasoducto. Del mismo modo, reclaman una Comisión Informativa de seguimiento de las acciones de desmantelamiento de Castor, de la que formarán parte los ayuntamientos y gobiernos autonómicos afectados directamente por este proyecto.

El texto votado, transaccionado con el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, también reclama al Gobierno que haga efectiva la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos de pleno derecho los artículos por los que se materializó la indemnización a Escal UGS, que gestionaba la plataforma. Además, se pide transparencia en relación a toda la documentación y contratos referentes al proyecto. Del mismo modo, se llama a realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales y morales que han sufrido las poblaciones cercanas; y un plan de restauración ambiental y paisajístico.

La mayoría del Congreso muestra su preocupación por las prospecciones petrolíferas de Marruecos en aguas próximas a Canarias

Europa Press.- Todos los partidos de la oposición expresaron su preocupación por las prospecciones petrolíferas que planea Marruecos frente a las aguas de las Islas Canarias y se mostraron a favor de una moción en la que Podemos pedía explicaciones al Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la multinacional petrolera italiana ENI en la Cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá unas prospecciones que «pondrán en riesgo» a Canarias, según la parlamentaria de Podemos, María del Carmen Pita.

La diputada ha criticado que «nadie en el Gobierno se haya dirigido al Ejecutivo marroquí para mostrar su rechazo a unas prospecciones que ponen en riesgo el medio ambiente y la principal actividad económica en Canarias, el turismo, para mantener la búsqueda de energías contaminantes». Pita ha acusado al Gobierno de que «no conciba el bienestar de los canarios como una cuestión de Estado», y ha recordado que las aguas españolas que se encuentran frente a las futuras prospecciones están a la espera de ser declaradas santuario mundial de cetáceos, algo que respaldaron el resto de grupos de la oposición.

El diputado del PP, Antonio González, ha acusado al grupo de Podemos de «falta de rigor» y de «ganas de crear alarmismo» con esta moción, alegando que España «respecta» las leyes internacionales y las decisiones «soberanas» del Reino de Marruecos, que mantiene informado al Ejecutivo español de todo lo que le atañe. El diputado ha recordado que una concesión para hacer prospecciones no implica necesariamente «la destrucción del lecho marino».

Frenar las prospecciones petrolíferas marroquíes

En este sentido, el objetivo de Unidos Podemos era que el pleno del Congreso de los Diputados exigiera al Gobierno que emprenda «vías diplomáticas» para «instar a Marruecos» a «desistir» de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, cerca de donde la española Repsol hizo sondeos en 2014. Unidos Podemos quiere que el Gobierno español se movilice, y movilice también a la Unión Europea contra «este tipo de actividades altamente contaminantes» a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, alegó que Marruecos estaba actuando en el marco de su soberanía: «Tiene derecho a gestionar su territorio y sus recursos en la forma que considere oportuno y no cabe objeción posible», afirmó.

Podemos, en cambio, cree que la decisión de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (ONHYM) marroquí puede ser objeto de acciones judiciales internacionales por considerar que la zona afectada, entre Sidi Ifni y Tan-Tan, justo al norte del Sáhara Occidental, corresponde a la plataforma continental del Sáhara Occidental. Asimismo, el grupo morado avisa de las consecuencias que puede tener una actividad petrolera para el turismo y, además, del riesgo de este tipo operaciones en el mar. Por eso, además de expresar su rechazo a las operaciones y reclamar medidas diplomáticas para frenarlas, pide «información veraz y transparente» sobre la situación generada por la concesión, especialmente a la población canaria.

Es más, pide que la información y consulta previa a las instituciones canarias sea «requisito ineludible» en el proceso de tramitación de cualquier actividad de investigación en el entorno de Canarias. También propone crear un grupo de trabajo con la Comisión Europea y las naciones limítrofes para «paralizar las actividades mineras en el canal Canarias-África» y plantear alternativas energéticas limpias. A su modo de ver, el Gobierno debe «anteponer la suprema defensa de los intereses del archipiélago canario y, por ende, del Estado en su conjunto, ante cualquier actividad que se produzca en sus fronteras» y que ponga en riesgo el desarrollo económico y la conservación del medio. Para ello, pide medidas como planes de impacto ambiental y de contingencia.

Además, quiere que el Congreso inste al Gobierno a promover la ampliación a las aguas que separan Canarias de Marruecos del acuerdo ACCOBAMS, para crear allí un área de protección especial de cetáceos, y cooperar con Marruecos en el desarrollo de energías renovables. También incorporar zonas propuestas por los científicos, hasta la costa africana, al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del proyecto LIFE 07, que derivó en la designación del «Espacio Marino Suroriental de Lanzarote-Fuerteventura».

Bruselas concluirá en marzo si lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la contaminación

Europa Press.- Mientras desde Unidos Podemos han pedido la comparecencia de la concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ante la comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados, la Comisión Europea confirmó que ha recibido «información adicional» de España y del resto de países con expedientes abiertos por contaminación atmosférica y ha explicado que tomará la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a mediados de marzo.

«Podemos confirmar que efectivamente todos los Estados miembros involucrados han presentado información adicional que ahora evaluaremos y después volveremos al asunto a mediados de marzo», ha señalado la portavoz del Ejecutivo comunitario Mina Andreeva. «En estos momentos no estoy en disposición de dar información más concreta sobre Estados miembros individuales», añadió después. España y los otros ocho países con procedimientos similares de infracción (República Checa, Alemania, Francia, Alemania, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido) debían presentar documentación con medidas «adicionales, creíbles, a tiempo y efectivas» para atajar sus problemas con la calidad del aire.

De lo contrario, tal y como acordó a finales de enero el colegio de comisarios, Bruselas daría el último paso contemplado para este tipo de procedimientos, que es elevar el asunto ante la Justicia europea. Concretamente, el expediente abierto a España afecta Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), que han excedido de forma «continuada y persistente» los límites de partículas finas (PM10), así como a la ciudad de Madrid, la ciudad de Barcelona y el extrarradio de esta última por sobrepasar los umbrales máximos de dióxido de nitrógeno (NO2).

El Plan A de Madrid

Por otro lado, el motivo de pedir la comparecencia de Sabanés en el Congreso es solicitar información sobre las medidas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid para reducir la contaminación atmosférica en la ciudad, según Equo. El objetivo de esta comparecencia es responder a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y del comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, sobre la responsabilidad de ayuntamientos como el de Madrid en relación a los expedientes abiertos por Europa a España en materia de contaminación.

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid aprobó un Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático, denominado Plan A, que supondrá la puesta en marcha de una treintena de medidas para reducir la contaminación y la emisión de gases efecto invernadero, y para cumplir la legislación europea y nacional en materia de calidad del aire. Este plan pretende reducir un 23% los niveles de NO2 en 2020.

Nadal plantea ajustes a las energéticas por 250 millones de euros y que asuman el coste de desmantelar las nucleares

Europa Press.- Mientras desde el PSOE afirman que el sector energético «no necesita más parches», el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reclamado al resto de fuerzas políticas del Congreso respaldo para aplicar a las compañías eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por un máximo de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Parlamento, Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

El titular de Energía señaló que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las energéticas procede de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha mostrado su deseo de tramitarlo bien a través de una enmienda en el Senado o como proposición de Ley con el respaldo de los grupos políticos.

En concreto, el mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante un periodo de dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. «Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero», indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos pertenecientes a las grandes compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros, así como un ajuste en parámetros de activos de REE que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros, «dependiendo de los cálculos definitivos de la CNMC». Respecto al sector gasista, el ministro de Energía estimó que los ajustes que prevé por sobrerretribución de activos estará en torno a los 50 millones de euros.

Asimismo, Nadal insistió en mantener el actual marco normativo y «aplicar la Ley» para revisar a partir de 2020 la rentabilidad razonable para las actividades reguladas del sector y para las renovables, ya que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. «Creo francamente que hay que aplicar la Ley. Aplicar el bono del Estado más 200 puntos básicos en el caso de la distribución y 300 puntos básicos en el caso de las renovables», indicó Nadal, destacando que conoce «pocas inversiones que obtengan Tesoro más 200 puntos básicos sin riesgo«. Para el ministro, no hacerlo así sería algo «poco entendible por los consumidores que tienen unos costes altos por aquellas políticas energéticas que se han hecho en el pasado».

Por otra parte, Nadal también señaló que sequiere facilitar la instalación de postes de recarga y desregular la figura del gesto de carga. Además, prevé que se permita el suministro eléctrico a buques, aeronaves y ferrocarriles en instalaciones portuarias y aeroportuarias para reducir el consumo de combustibles fósiles en estas instalaciones. Finalmente, Nadal presentó una iniciativa para prevenir el fraude del IVA en el negocio de los carburantes. «Todas las semanas tengo expedientes por este tipo de acciones», apuntó.

El PSOE habla de “parches”

Por su parte, la portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, instó al ministro a buscar «otras mayorías» si quiere aprobar modificaciones en la retribución y consideró que el sector energético en España «no necesita más parches; necesita una reforma integral». Además, cuestionó a Nadal si está teniendo en cuenta los cambios que se avecinan en el sistema energético» y «si su política energética va a ir alineada con la europea y no en la dirección contraria, que es lo que parece forzar».

Asimismo, Lucio ha criticado que el Gobierno haya recurrido al proceso de enmiendas en el Senado de la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía cuando el propio Congreso discute el actual modelo energético en otro grupo de trabajo. «Estamos en un proceso de elaboración de los escenarios de transición energética y no vemos adecuado en este momento la adopción de estas medidas, que son un parche para algo que requiere una modificación en profundidad«, aseveró.

Lucio sostiene que Nadal tendrá que buscarse otros apoyos si quiere sacar adelante una reducción en las retribuciones, una vez el proyecto de ley vuelva al Congreso y se someta a votación en el Pleno de la Cámara Baja. «Si lo que quiere contar es con el PSOE, no vamos a tomar medidas si no es de forma global», subrayó.

Así, ha alertado de «la inseguridad jurídica» por «tomar medidas de ese calado» en torno al modelo energético por ser medidas que, en un breve período de tiempo, fruto de los trabajos de ese grupo dedicado a la transición energética, pueden volver a modificarse. Lucio ha recordado que están a la espera de recibir el informe de los expertos sobre esta cuestión y que, posteriormente, se constituirá una ponencia para debatir el futuro modelo energético y su transición hasta el mismo. «Hasta que eso no se dé, no vamos a hacer ningún paso adelante», aseveró.

De forma más reservada, Unidos Podemos también se ha desmarcado de las intenciones del Gobierno de cambiar estas retribuciones, aunque reconocen que ven positivamente buscar una rebaja en el precio de la factura eléctrica. Sin embargo, recelan de las intenciones de Nadal. «Obviamente, simpatizamos con todo lo que sea bajar los precios, pero con esta gente siempre hay algo de trampa detrás. Estamos convencidos de que están negociando con las empresas», aseguró la portavoz energética de Unidos Podemos, Yolanda Díaz.

Así, Díaz ha optado por adoptar una posición de «absoluta prudencia» hasta no ver con detalle tanto las enmiendas como el texto final de las modificaciones en el sistema de retribuciones eléctricos, pues cree que «con este Gobierno es un escándalo todo lo que tiene que ver con la energía». «Esta gente es un peligro», ha resumido Díaz, que recuerda el efecto de otras medidas que podían compartir, como la de cargar en las empresas el bono social, una operación doblemente anulada por la justicia española y que han agravado el déficit eléctrico y encareciendo la factura de la luz.

Nadal asegura que el almacén de gas de Doñana no funcionará sin el «visto bueno» de la Junta de Andalucía

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo, Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que el almacén de gas Marismas Occidental, que Gas Natural Fenosa tiene previsto llevar a cabo en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, no obtendrá del Gobierno una licencia de funcionamiento sin un «visto bueno 100%» de la Junta de Andalucía y del Instituto Geológico Minero de España (IGME), que elaborará dos estudios, de ámbito geológico y sísmico.

En la Comisión de Energía del Congreso, Nadal ha señalado que este proyecto tiene actualmente un informe de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo andaluz, pero su departamento «por prudencia» y después de lo ocurrido con el Proyecto Castor, decidieron encargar una evaluación al IGME. Según ha insistido, si no está garantizada la seguridad de la zona por parte de estos dos actores, el almacén de gas que se pretendía construir en la zona conocido como Marismas Occidental, no se llevará finalmente a cabo. «Jamás con una declaración medioambiental desfavorable lo ordenaríamos», ha aseverado.

Sin embargo, la portavoz de Unidos Podemos, Isabel Franco, ha acusado al ministro de conocer ya el resultado del informe del IGME que, según ha señalado, acusa a Gas Natural Fenosa de «rebajar» el nivel de riesgo de inundaciones de la zona que, según el instituto, debería ser declarada «de alta peligrosidad». En este sentido, ha pedido que se haga público ya el documento para poder acceder a esa información.

En este sentido, el ministro se refirió al anuncio que el Ejecutivo andaluz realizó sobre su intención de revocar el informe favorable sobre este proyecto. Una decisión que Nadal ha animado a llevar a cabo «por los medios adecuados», es decir, a través de procesos administrativos y no «con declaraciones públicas». El ministro ha indicado que lo que no puede pasar es que el Gobierno tenga ahora un documento favorable «y luego se le pida que deniegue la ordenación de funcionamiento«. A estas palabras se ha unido el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, quien ha aplaudida “la autoenmienda”.

Nadal ha tenido que enfrentarse también a las críticas vertidas por el PSOE. La portavoz socialista, Josefa Inmaculada González, ha demandado al ministro la paralización definitiva del proyecto y señaló que la seguridad no está garantizada en el entorno del Parque Natural si no se hace una evaluación de impacto «acumulativa» de los 4 almacenes. Se refiere así al resto de proyectos de Gas Natural Fenosa en la zona, conocidos como Marismas Oriental, Aznalcázar y Saladillo. El primero, según explicó Nadal, ya cuenta con un informe desfavorable de la Junta desde 2016, mientras que los otros están pendientes de evaluación.

Sin embargo, Nadal ha apuntado que su departamento, aunque tome decisiones en base a los informes de impacto ambiental, no tiene competencias en esta materia, sino que, en este caso, la autoridad es la Junta. «Una cosa es que nosotros siempre priorizamos los sistemas de seguridad ambiental, y otro que seamos nosotros los responsables de hacerlos», insistió. Del mismo modo, ha tranquilizado a los partidos de la oposición que han mostrado su preocupación por la seguridad de este proyecto: «Descuiden, nosotros no vamos a cometer el error que se cometió con el proyecto Castor», concluyó.

Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso sobre las inversiones en el ATC ya que “probablemente no se construirá”

Europa Press.- Mientras desde Podemos Castilla-La Mancha espera que la última sentencia que afecta al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) «dé por finiquitada» esta cuestión, el Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso de los Diputados para saber «por qué se está invirtiendo y mejorando las infraestructuras» en torno a la construcción del ATC cuando «es muy probable que no se construya».

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado así después de que el Gobierno central «sigue licitando y adjudicando contratos, a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), por un monto cercano ya a los 100 millones de euros». Martínez Arroyo indicó que el Ejecutivo autonómico quiere saber «qué empresas han sido las adjudicatarias y con cuántos fondos públicos» porque estas decisiones del Gobierno central pueden suponer «un problema grande».

«Son 100 millones de euros de dinero público gastados en una infraestructura que es probable que no llegue a buen fin y, evidentemente, vamos a pedir responsabilidades», ha continuado, insistiendo en que espera que las personas que han tomado esas decisiones «den explicaciones». Además, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha pedido a los responsables del PP de Castilla-La Mancha que «expliquen por qué ha sucedido esto, por qué se aprobó un Plan de Ordenación Municipal (POM) así, por qué se tomaron esas decisiones y por qué se ha invertido ese dinero en una infraestructura que probablemente no se llegue a construir».

Podemos contra el ATC nuclear

Por su parte, Podemos espera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno regional que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM) de la localidad conquense, «dé por finiquitada» esta cuestión. «No hay más vueltas que darle», ha manifestado la secretaria regional de Organización de Podemos, María Díaz, que añade que «a pesar de que la justicia y la ciudadanía han dicho reiteradamente que no, cuando uno insiste es porque hay intereses ocultos detrás que se tienen que explicar».

Bajo su punto de vista, el PP, «con esto de insistir en que el ATC tiene que instalarse en Villar de Cañas viene a demostrar que tiene un grave problema con la justicia y que tiene una inquina con Castilla-La Mancha». «Si se empeña el PP es porque posiblemente hay intereses ocultos que Rajoy tiene que explicar», indicó. Para Podemos, según Díaz, todo lo que lleva consigo la palabra «cementerio» no puede «traer vida a Castilla-La Mancha». «La región merece otro tipo de proyectos y tiene unas características muy especiales que se pueden aprovechar. Necesitamos proyectos a largo plazo: el sol, el viento, energías renovables y no basureros», ha añadido.

Unidos Podemos pregunta en el Congreso por la subvención del proyecto de Gas Natural en Doñana y reclama su paralización

Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado una nueva pregunta en el Congreso respecto al proyecto de almacenamiento gasista de Gas Natural en Doñana en la que ha pedido explicaciones al Gobierno por la última subvención concedida a Gas Natural. El coportavoz federal de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha tildado de «disparate» que no se frene el proyecto y se subvencione con dinero público. «Por supuesto que pedimos explicaciones y reclamamos de nuevo su paralización», ha sentenciado.

Así, Unidos Podemos ha vuelto a llevar al Congreso el proyecto que Gas Natural pretende poner en marcha en Doñana, preguntando esta vez por «los 6,3 millones de euros que el Gobierno ha concedido a la empresa para sufragar el almacenamiento de gas en el subsuelo del espacio natural». La formación ha instado al Gobierno a pronunciarse sobre si «conoce el informe del Defensor del Pueblo que desaconseja el almacenamiento de gas en Doñana» y sobre el motivo para mantener esta subvención, «teniendo en cuenta la oposición y los informes existentes en contra del proyecto«.

Por su parte, la coportavoz andaluza de Equo, Carmen Molina, aprovechó para volver a pedir a las distintas administraciones, y en especial a la Junta de Andalucía, «contundencia a la hora de dejar claro que el proyecto no se llevará a cabo». Molina ha reclamado que «se acabe con la incertidumbre» y se diga ya «abiertamente» que este proyecto «no se materializará de ninguna de las maneras». «Aunque se agradece que la Junta de Andalucía esté de parte de quienes nos oponemos al proyecto, dejando atrás esa etapa en la que otorgaba autorizaciones ambientales a esta empresa, son necesarias más acciones y menos palabras», indicó.

Para Unidos Podemos, con esta nueva subvención el Gobierno «vuelve a primar los intereses de una empresa extractiva y contaminante» en lugar de elegir «apostar por pequeñas empresas y cooperativas de energías renovables». Así lo señala el también coportavoz andaluz de Equo, Francisco Sánchez Molina, quien ha criticado que el Ejecutivo del PP «no aprenda del pasado». «El proyecto Castor es otro ejemplo de cómo el Gobierno central va de la mano de un oligopolio energético altamente contaminante y destructivo con el medio natural», ha denunciado, al tiempo que ha explicado que «estas empresas se lucran con la connivencia de los gobiernos centrales y autonómicos«.

Con todo, la formación ha insistido en «no bajara la guardia» porque con esta subvención el Gobierno «avala el interés general de un proyecto al que multitud de colectivos, partidos y ciudadanía» han mostrado su «más profundo rechazo». Por ello, ha reiterado que la prioridad «debe ser escuchar al CSIC y al IGME para evitar consecuencias» como la de Castor, porque si «hay que esperar a que la Justicia resuelva, damos tiempo a Gas Natural y al PP para culminar un proyecto inviable para Doñana».

“La subvención es una barbaridad”

Por su parte, la diputada por Huelva de Unidos Podemos, Isabel Franco, ha criticado que «esta barbaridad del Gobierno central de nuevo demuestra que gobierna para Gas Natural», indicando además que «con esta partida y otra en el anterior año, ya ha recibido esta empresa, que quiere utilizar Doñana para almacenamiento de gas, un total de 12,6 millones en concepto de peaje y cánones», estimó. En este sentido, lamenta que el Gobierno «haga oídos sordos» ante todas las denuncias que van contra este proyecto tanto de vecinos, ayuntamientos, Unesco, UICN, ONGs, organizaciones ecologistas, instituciones e incluso el Defensor del Pueblo.

Por otra parte, ha criticado que el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), al que hace referencia el Defensor del Pueblo, «no esté publicado y sea accesible a la ciudadanía y las instituciones«, y asegura encontrarse a la espera de las respuestas a las preguntas registradas en el Congreso para conocer «por qué ocultan dicho informe y cuándo estará accesible su información».

Por su parte Jesús Romero, parlamentario autonómico por Huelva de Podemos Andalucía, calificó de «irresponsables e inmaduras las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, al afirmar que el odio nubla la razón de Podemos al obviar que el PP es responsable del proyecto de gas en Doñana«. Romero recordó que en 2010, cuando el Gobierno era presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se dio la primera declaración de impacto ambiental al proyecto y «ningún diputado ni en el Parlamento ni en el Congreso manifestaron queja ninguna ni emprendieron ningún procedimiento para impedirlo, ni del PP, ni del PSOE».

Por ello, Romero ha criticado «la inacción continua del Gobierno andaluz, incluso cuando en 2013 y 2014 la Unesco advertía de los peligros de Doñana» y ha recalcado que la Junta «sólo comienza a posicionarse en contra del proyecto y tomar alguna medida en 2015 tras las movilizaciones de la plataforma Salvemos Doñana junto con acciones en el Parlamento andaluz de organizaciones políticas como Podemos«.

En ese mismo año, según asegura Romero, «Fiscal hablaba de la seguridad del proyecto y alababa su completa legalidad, lo cual denotaba que seguían con la inercia de la irresponsabilidad», a la par que ha advertido de «la falta de evaluación de impacto sísmico del proyecto, aún estando en la zona del golfo de Cádiz con alta actividad sísmica y que sabemos, como ocurrió con el proyecto Castor, que la inyección provoca aún más actividad«.

Alianza Mar Blava seguirá «vigilante» en 2018 hasta que se archiven de manera definitiva todos los proyectos de prospecciones petrolíferas

Europa Press.- La Alianza Mar Blava ha avanzado que este año seguirán trabajando para lograr el archivo «definitivo» de varios proyectos de prospecciones que todavía “amenazan” el Mediterráneo. «Hasta que no veamos en el BOE que se archivan definitivamente, vamos a seguir vigilantes y vamos a trabajar para que el corredor de cetáceos tenga un buen plan de uso y gestión», indicó su secretario técnico, Carlos Bravo.

Según ha recordado Bravo, este plan «es muy importante» y ha deseado que sea «eficaz» y esté «bien hecho» porque no quieren «que sea una figura que quede sólo protegida sobre el papel». «Vamos a trabajar para generar que haya un plan para reducir los niveles de ruido submarino en la zona y que haya áreas tranquilas para los cetáceos, con medidas de reducción de actividades o regular el tráfico marítimo para evitar que transcurra por determinadas zonas», ha explicado.

Bravo también ha recordado que seguirán la Proposición no de Ley presentada en el Congreso por el PSOE para que «llegue a ser una realidad» y puedan prohibirse en todas las aguas nacionales las prospecciones de hidrocarburos. «Es un tema que no dejaremos de trabajar en él», añadió Bravo, recordando que la Alianza también se centrará en fomentar las energías renovables, entre otros proyectos. La Alianza Mar Blava celebra que se haya protegido internacionalmente al Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear.

Pablo Iglesias anuncia la ley de Cambio Climático de Unidos Podemos para principios de 2018 y asegura que será «histórica»

Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que la proposición de ley de Cambio Climático que prepara su grupo parlamentario en el Congreso estará lista para principios de 2018 y ha señalado que la norma será «histórica» y marcará «un cambio de época».

Así lo ha puesto de manifiesto en el Foro Social por una ley eficaz contra el Cambio Climático que ha sido organizado por Unidos Podemos y en el que han participado diferentes actores relacionados con esta materia. Al término de las exposiciones, que ayudarán a redactar el texto definitivo, Iglesias ha vuelto a convocarles para debatir la propuesta ya redactada.

Para el líder de la formación morada, la participación social es la que «da sentido» a la actividad parlamentaria y ha agradecido a todas las asociaciones, sectores y sindicatos que han pasado por esta jornada por su colaboración. «Queremos hacer una ley, pero no de partidos, ni de técnicos, sino debatida por los colectivos de la sociedad civil», ha señalado.

En este sentido, llamó a la sociedad a movilizarse para presionar en la tramitación del futuro texto. Un documento que, a su juicio, es «necesario sacar adelante» para responder al «reto político y social» que supone para el futuro del planeta. «Hay quien nos dice que somos catastrofistas, pero nos estamos jugando el futuro de la humanidad, porque si el planeta se va al garete, no habrá posibilidad de que la vida siga existiendo», afirmó.

Iglesias se ha congratulado de que «cada vez hay una conciencia mayor sobre lo que significa» el cambio climático, porque la gente «se empieza a sorprender por las numerosas olas de calor en verano, por las sequías o porque haya desaparecido prácticamente el otoño». «Creo que es importante que seamos capaces de colocar esto en primer plano y que seamos capaces de que haya una conciencia cada vez mayor y acabar con los primos de Rajoy y los científicos que lo negaban», apuntó Iglesias, quien ha indicado que estas personas ya han «perdido la credibilidad».

El líder ha defendido ante los asistentes al foro que el objetivo de Podemos es conseguir un «nuevo modelo de productividad» y «un nuevo modelo de país» hablando, por ejemplo de «transición energética, de economía circular o justicia climática«. «Si somos capaces de sacarla adelante, lo que implica un acuerdo con otros grupos, estaremos dejando un legado para el futuro y las bases de un nuevo modelo de país», insistió.

Así, Iglesias ha criticado que España esté actualmente «a la cola de los que hacen algo por el cambio climático» ante un acuerdo del clima de París que, a su juicio, ha sido de mínimos. Su objetivo, según ha apuntado, es también evitar que el Ejecutivo siga recortando en esta materia en los presupuestos generales o que el Gobierno siga dependiendo de las empresas energéticas.

«Hay que señalar una cuestión, por la que nos tacharán de radicales, y es que la lucha del cambio climático es incompatible con que haya sentados expresidentes y exdirigentes de partidos en consejos de administración de empresas energéticas, porque lo que hacen cuando sientan a esos exministros, algunos muy progresistas, es comprarlos para que defiendan sus intereses», ha denunciado Iglesias.

El Congreso reclama al Gobierno que abarate la interrumpibilidad y ajuste la potencia subastada a iniciativa de Podemos y PSOE

Europa Press.- La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Unidos Podemos y el PSOE en la que piden abaratar la interrumpibilidad y ajustar la potencia subastada a las necesidades del sistema eléctrico.

Este mecanismo, a través del cual se recompensa a las grandes industrias por detener su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, ha sido cuestionado por Podemos En Marea, cuya portavoz, Yolanda Díaz, denuncia que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que Francia, Alemania o Italia juntas. La iniciativa fue respaldada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV, mientras que los diputados del PP votaron en contra.

La propuesta pactada por Unidos Podemos y PSOE apuesta por modificar la regulación de la interrumpibilidad para que esta «responda estrictamente a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico español, reduciendo el volumen de potencia interrumpible en la subasta a 90 MW, aumentando así la presión competitiva en la subasta y limitando el valor máximo de la retribución por la prestación del servicio«. Asimismo, la propuesta reclama desarrollar una metodología de necesidades de cobertura y flexibilizar las condiciones de ejecución de la reducción de demanda «de forma que sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda además de cubrir situaciones de emergencia».

Por otro lado, reclama garantizar «por un período razonable» la retribución máxima y los volúmenes de potencia interrumpible «para favorecer la seguridad jurídica», que la adjudicación del servicio se realice con carácter anual, mensual o semanal, y mecanismos para que los adjudicatarios de potencia interrumpible puedan recomprar sus obligaciones de reducir la demanda. El texto también exige que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos y se publique información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, para conocer la utilidad del servicio «de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema«.

La propuesta incluye también un mandato al Gobierno para establecer en los Presupuestos una línea de ayudas directas a la industria, de carácter trienal, dentro del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020. Por último, tras pactar el texto con el PSOE, la propuesta incluye un último punto que insta a publicar, a la mayor brevedad posible, la orden de convocatoria de ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables.