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El PSOE tilda de «demasiado conservador» el informe de los expertos en transición energética y propone debatirlo en el Congreso

Europa Press / EFE.- El PSOE quiere que las personas que integran la comisión de expertos creada por el Gobierno para plantear escenarios de transición energética comparezcan ante el Congreso y cree que su informe, entregado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, es «demasiado conservador«. Así, su portavoz en la comisión de Energía, Pilar Lucio, ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia para todos los expertos, pues cree que «es urgente traer al Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética».

«Es la hora de ponerse a trabajar», ha afirmado la portavoz socialista. En todo caso, entiende que «es un informe muy abierto y, en principio, demasiado conservador en algunos aspectos, como el mantenimiento del actual sistema regulatorio», ya que, según ha explicado, no plantea cambios en el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico. «Sin modificaciones en el modelo de mercado es muy difícil favorecer la penetración de las renovables necesarias para cumplir con los objetivos que ya ha marcado el Parlamento Europeo. Además, incide en la reducción de costes del sistema, pero no en la reducción del precio para los consumidores», ha apuntado.

Falta de ambición en renovables

Asimismo, critica que, a su juicio, el informe peque de «falta de ambición en el cumplimiento del 35% de implantación de renovables en 2030 o el mantenimiento de todo el parque nuclear más allá de los 40 años de vida útil». Por último, Lucio ha recordado que su propia formación cuenta con su propio informe, elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE). «Dicho informe está ahora mismo sometido a debate dentro del partido y con los distintos agentes implicados», indicó Lucio. «Para conocer en profundidad las propuestas, urge trasladar el debate al Congreso para que, de una vez por todas, haya un acuerdo base para abordar la transición energética y aprobar la ley», afirmó.

En todo caso, celebra la publicación de este informe que debe servir, a su juicio, para comenzar con la próxima tramitación de una ley de cambio climático. «Ahora toca diseñar la política energética, sin más demora», subraya. Lucio ha afirmado ante los distintos grupos parlamentarios que «ya no hay excusas para seguir demorando la presentación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética». La responsable socialista recuerda que el informe presentado es fruto del trabajo de un grupo de expertos que se constituyó «a instancias del Grupo Parlamentario Socialista». Este grupo de expertos independientes trabajó durante los últimos 8 meses para elaborar un informe sobre los asuntos clave para la transición energética en España y sobre los escenarios posibles.

El PSOE reclama al Gobierno más publicidad para asegurar que los consumidores vulnerables no se queden sin el bono social

Europa Press.- El PSOE demanda al Gobierno el desarrollo de campañas institucionales de publicidad y comunicación sobre la solicitud del bono social de electricidad con el fin de que su renovación sea efectiva y evitar que sus potenciales beneficiarios se queden sin este descuento en su factura.

Para ello, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley, que deberá debatirse en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que piden también la evaluación de las actuaciones relacionadas con la aplicación de este bono social y la suspensión del suministro por impago de la factura. Así, reclaman al Gobierno que convoque «con carácter urgente» una reunión conjunta del Consejo Territorial de Servicios Sociales y la Conferencia Sectorial de Energía. Para desarrollar las campañas de información, exigen al Ejecutivo que colabore con los servicios sociales de las administraciones autonómicas y las organizaciones de consumidores.

Tal y como recuerdan en su iniciativa, el Gobierno se ha visto obligado a ampliar el plazo para poder acogerse a las nuevas categorías del bono social tras su nueva reglamentación pues, según denuncian, «no está funcionado correctamente ni la información, ni el procedimiento para acogerse a dicho bono». Así, critican que «la información al consumidor es muy insuficiente». «Debe ser el Gobierno quien, de forma sencilla y unificada, establezca unas instrucciones básicas para que las compañías informen a los posibles beneficiarios», asevera la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio.

Lucio asegura que «aproximadamente 2,4 millones de consumidores eléctricos vulnerables deberían haber renovado antes del 10 de abril su derecho a descuentos de entre el 25% y el 40% en el recibo de la luz, conforme a la nueva legislación aprobada en octubre del pasado año». «Sin embargo», apostilla, «el ritmo de renovaciones parece que no es el adecuado». Según las propias comercializadoras eléctricas, subraya Lucio, «quedan aproximadamente un millón de consumidores potenciales que no han iniciado los trámites de renovación del citado bono social».

Al igual que Unidos Podemos y ERC, que critican la información ofrecida sobre las renovaciones del bono social, el PSOE exige también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se implique en esta evaluación de resultados del bono social, reclamando en la iniciativa que someterán a votación en el Congreso un informe anual sobre la eficacia y eficiencia del bono social. En este informe también quiere que el regulador examine su financiación, la información relativa al número de cortes de suministro, y las razones de los mismos. Finalmente, piden que la CNMC pueda realizar recomendaciones para la modificación de la normativa sobre el bono social.

Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno por las «declaraciones contradictorias» y retraso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Europa Press.- Ciudadanos exige explicaciones al Gobierno acerca de las declaraciones realizadas por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, respecto a que la Ley de Cambio Climático no se redactará hasta que se apruebe la normativa europea en esta materia. Los naranjas advierten de que estas palabras contradicen las de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que habla de un texto en fase de borrador.

Esta iniciativa de Ciudadanos, registrada en el Congreso, cuestiona los plazos dados por el Ejecutivo hasta ahora para presentar este proyecto de ley. En este sentido, Nadal respondía a una pregunta parlamentaria en el Congreso acerca de la puesta en marcha de esta normativa asegurando que «una vez que esté aprobada» la ley europea de Cambio Climático «se llevará a cabo la transposición al ordenamiento jurídico» español. Un proceso que, según apuntó, «siempre se ha hecho así» y que ahora «no se iba a cambiar».

A los de Albert Rivera les ha «sorprendido» que el responsable de Energía rompa la línea de declaraciones que, hasta ahora, mantenía su homóloga de Medio Ambiente, quien aseguró que el borrador de esta ley se redactaría durante «la primera parte» de 2018. Ciudadanos cuestiona al Ejecutivo sobre estas «dos opiniones contrapuestas» de dos miembros de su gabinete. Finalmente, piden explicaciones acerca de cuándo es la fecha en la que estará listo el texto de la Ley de Cambio Climático.

Lambán (Aragón) se muestra convencido de que el PSOE apoyará la ley para evitar el cierre de las centrales térmicas

EFE.- Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado en León el compromiso del Gobierno y del grupo parlamentario popular con la minería del carbón, como demuestran sus iniciativas, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se ha mostrado «prácticamente convencido» de que el PSOE apoyará en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para regular el cierre de las centrales térmicas anunciada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Lambán ha explicado que los responsables socialistas de Asturias, Castilla y León y Aragón se han reunido con la dirección del partido para abordar este asunto. Sobre este encuentro, Lambán constató una «predisposición bastante favorable» por parte de su partido a apoyar la proposición de ley anunciada por el Gobierno para regular el cierre de las centrales térmicas, en el caso de que finalmente se lleve el texto al Congreso de los Diputados. En este sentido, el Gobierno de Aragón apoya «sin fisuras» que el Gobierno pueda intervenir para evitar el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel). «Y estoy prácticamente convencido de que si el ministro Nadal lleva esa ley al Congreso, el PSOE la apoyará», ha resaltado.

El PP y el carbón

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha criticado la postura de la oposición en el Congreso en lo que respecta al carbón y al mantenimiento de las centrales térmicas, y ha lamentado que no se les haya visto preocupados por este asunto. «Nuestro compromiso como grupo parlamentario está ahí y contamos con el apoyo, entre otros, del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera», ha precisado la vicepresidenta. «Ahora lo que nos gustaría es tener el apoyo del resto de grupos políticos a los que no hemos visto muy interesados por esta cuestión, pero trabajaremos para tener su apoyo en el Congreso«, ha apuntado.

Ha recordado que el grupo parlamentario popular, en contacto con el Ministerio de Energía, tiene previsto presentar una iniciativa para la pervivencia del sector a través del mantenimiento de las centrales térmicas. «Creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante y con una gran sensibilidad hacia un sector clave y en el ámbito de lo que es el futuro de nuestra energía podemos encontrar mecanismos para poderle dar la solución que siempre hemos buscado», concluyó.

UGT pide que la proposición de ley que presentará Nadal apueste por mantener las centrales térmicas de carbón hasta 2050

Europa Press / EFE.- Mientras desde Asturias y desde Castilla y León el PSOE ha avanzado que trabajará de manera conjunta en «aspectos «fundamentales para ambas regiones como el carbón y el futuro de las centrales térmicas, desde UGT piden que la proposición de ley que presentará el Gobierno al Congreso de los Diputados para regular el cierre de centrales de generación eléctrica apueste «inequívocamente por primar el interés público» y por mantener en funcionamiento las centrales térmicas que utilizan carbón nacional hasta 2050.

De este modo, el sindicato reitera su defensa de las centrales térmicas que se abastecen de carbón autóctono, así como de sus empleos y del futuro de «pueblos enteros y comarcas que, sin estas centrales, están abocadas al empobrecimiento y la despoblación». Asimismo, recuerda que «todas» las fuentes de energía son necesarias para dar estabilidad y seguridad al sistema, incluida la térmica de carbón, cuya fecha límite de cierre ha fijado Bruselas para 2050. Asimismo, rechaza los argumentos utilizados por las compañías eléctricas, respecto a que su cierre reducirá las emisiones de CO2, «por ser claramente sesgados, cuando no engañosos».

Por ello, reclama que una parte de los beneficios empresariales se destinen a invertir en tecnologías que contribuyan a proteger el medio ambiente, mejorando la eficiencia de las centrales térmicas mediante su adaptación, desulfurización y desnitrificación, tal y como se estableció en 2013 en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón, «que no han cumplido ni el Gobierno ni las compañías que pretenden cerrar las térmicas». Asimismo, UGT reitera la necesidad «imperiosa» de alcanzar un Pacto de Estado sobre Energía, con la participación de todos los agentes directamente implicados, «en el que se defina el futuro mix energético».

El Gobierno había preparado con anterioridad un real decreto para regular el cierre de centrales de generación eléctrica, al no obtener apoyos de otros grupos parlamentarios para hacerlo mediante un decreto-ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre las diversas objeciones que hizo al proyecto, cuestionaba que con una norma de menor rango como esa se fuera a modificar una ley, como la del Sector Eléctrico.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Energía señalaron que continuarían adelante con el real decreto, al considerar que tenía encaje legal y por ser una cuestión urgente, aunque admitieron que si el Consejo de Estado o la Abogacía del Estado advirtieran de que la norma podía tener riesgos jurídicos, buscarían otra vía u otra formulación de rango legal adecuada. El proyecto de decreto ampliaba las causas para denegar el cierre de centrales de generación eléctrica, a las que actualmente sólo se puede recurrir para garantizar la seguridad del suministro, a cuestiones como el encarecimiento de los precios de la electricidad, la reducción de la competencia o afectar a los objetivos de planificación energética del país.

Energía impulsó este real decreto alegando que la planificación energética del país no podía depender sólo de decisiones empresariales, en medio de un contexto en que se produjo el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos), al desistir uno de sus propietarios, Iberdrola, de reabrir la planta. Además, Enel, propietario de Endesa, había dado a conocer que podría cerrar algunas plantas de carbón en España e Iberdrola pidió autorización para cerrar las dos últimas centrales térmicas de carbón que la compañía tiene en el mundo, la de Velilla (Palencia) y la de Lada (Asturias).

El PSOE, con el carbón

Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, y su homólogo de Castilla y León, Luis Tudanca, han manifestado sus «coincidencias» a la hora de abordar temas como la minería del carbón y la transición energética. «Queremos exigir al Gobierno de España que deje de marear la perdiz y ponga encima de la mesa el cumplimento del Marco de Actuación 2013-2018 y qué espacio va a quedar para el carbón nacional«, ha destacado Barbón, que ha remarcado la oposición del PSOE al cierre «indiscriminado» de las centrales térmicas mientras no haya un plan de cierre acordado con todas las administraciones y agentes sociales y económicos.

Citando la enmienda del PSOE a una proposición no de ley (PNL) de Foro Asturias debatida en el Congreso de los Diputados, Barbón ha puesto sobre la mesa la posición del PSOE, que pasa por diseñar un plan del carbón en el que se hable de qué hueco le va a quedar al carbón nacional y por ver qué sucede con los 250 millones de euros para las comarcas mineras españolas que no se han invertido. Respecto al anuncio del ministro de crear una ley para regular el cierre de las térmicas, Barbón aseguró que «no se está negociando nada» con el PSOE y le ha pedido que ponga dinero.

«Reitero la unidad de castellanos y leoneses y los asturianos de defender nuestro carbón», ha afirmado Tudanca, que ha criticado la «absoluta inutilidad» del Gobierno del PP, que ha sido incapaz de sacar una norma que impida el cierre de las térmicas. Tras considerar que el Gobierno está «más preocupado» por evitar los posibles cierres de las centrales nucleares antes que de salvar el carbón, ha indicado que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que pide que, en el nuevo marco presupuestario europeo, se establezca un fondo global para apoyar iniciativas de transición justa.

Unidos Podemos propone no renovar las licencias de las centrales nucleares para poder cerrarlas en el año 2024

Europa Press. – El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una iniciativa en el Congreso de los diputados instando al Gobierno a no conceder nuevas licencias de explotación a los reactores nucleares operativos en España. De esta manera, conforme vayan expirando las que están en vigor, todo se pretenderá cerrar progresivamente todas las centrales nucleares del país en un plazo de seis años.

Ejemplos de eso, lo tendríamos con la central de Almaraz (Cáceres) que cerraría en 2020, la de Vandellós (Tarragona) en 2020, la Asco (Tarragona) en 2021, la de Cofrentes (Valencia) en 2021, y la de Trillo (Guadalajara) en 2024.

Para este grupo político, «Cada vez es mayor el consenso social y político sobre que España debe transitar de forma urgente hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, en el ahorro y en la eficiencia energética». Por todo esto, Unidos Podemos pretende, también, actualizar el Plan General de Residuos Radioactivos para «garantizar que la dotación del mismo garantice la viabilidad de asumir los costes del tratamiento de residuos radiactivos y acomodar los planes de gestión al cierre escalonado de las centrales nucleares y a la no disponibilidad del Almacén Temporal Centralizado (ATC)».

 

Terrenos que vuelvan a ser utilizados y «sin peligro»

Para la formación morada, «las instalaciones deben ser descontaminadas de sustancias radioactivas y cerradas de forma que el emplazamiento original «pueda reconvertirse a otros usos, sin peligro alguno para la salud y el medio ambiente». La proposición ha sido firmada por Juan López de Uralde (Equo) y Josep Vendrell (En Comú) reclama además que ENRESA siga siendo la responsable de llevar a cabo, tanto la gestión de los residuos radiactivos, como el desmantelamiento y clausura de las centrales e instalaciones del ciclo de combustible.

Por último, destacar que la iniciativa desea que se modifique la ley española para «establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento de las centrales y planificar la transición económica para los territorios y las personas afectadas por este cierre que, además, «garantice el número de empleos ligados a la actividad de las centrales».

Nadal pide paciencia a la oposición para disponer de los informes técnicos que avalen el desmantelamiento del almacén gasista Castor

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido paciencia y sacar el tema de Castor de la discusión política mientras se dispone de los informes técnicos necesarios que determinen que no hay riesgos y que avalen el desmantelamiento del almacén subterráneo de gas situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

A pregunta del diputado Jordi Salvador, de Esquerra Republicana, sobre el calendario de actuaciones definido por el Gobierno para desmantelar el Castor, Nadal ha señalado la conveniencia de esperar y de dejar que los técnicos trabajen para que se asiente el gas. «No hagamos política de lo que tiene que ser una solución técnica», ha reclamado. «Estamos de acuerdo en que no se pueden volver a hacer proyectos de estas características para que no haya riesgo a las poblaciones circundantes. No es cuestión de hacer debate político de esto antes de que tengamos los análisis adecuados», ha señalado el ministro.

Nadal ha señalado que Enagás, el gestor técnico del sistema gasista, está vigilando constantemente la evolución del almacén de gas. «Cuando los técnicos nos digan que podemos desmantelarlo, lo haremos. Dejemos que trabajen los ingenieros», ha instado. En su opinión, uno de los muchos errores en política energética del anterior Gobierno socialista fue Castor, que ha definido como un proyecto «demasiado grande y caro, con un fallo de diseño tan grande que provocó problemas graves».

Asimismo, ha destacado la prudencia con la que ha actuado desde el principio el Gobierno popular sobre este «problema heredado», desde cuando ordenó hibernarlo al empezar los movimientos sísmicos hasta sobre la forma de pago por el Tesoro español. Por su parte, el diputado de Esquerra le pidió al ministro transparencia sobre este proyecto y resaltó que su grupo nunca apoyó este almacenamiento de gas y que en 2007 ya solicitó su paralización. Asimismo, explico que su formación ha buscado otros estudios sobre el tema y ha planteado la posibilidad de que el almacén sea sellado sin extraer el gas.

El Congreso insta al Gobierno a incluir a las bicicletas eléctricas en el Plan MOVEA para impulsar la movilidad sostenible

Europa Press.- La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso aprobó, pese a los votos en contra del PP, una proposición no de ley del PSOE para mejorar la fiscalidad de la bicicleta, tanto convencional como eléctrica. Asimismo, la iniciativa insta al Gobierno a incluir en el Plan MOVEA 2018 a la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido mediante una batería como uno más de los vehículos eléctricos que podrán beneficiarse de la concesión de subvenciones directas destinadas a su adquisición.

Además, pide evaluar la aplicación del tipo reducido del IVA del 10% a las compras de bicicletas convencionales y eléctricas solicitando, en su caso, a las instituciones europeas correspondientes la modificación de la Directiva Europea relativa al sistema común del IVA, para añadir dicho supuesto en la lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que pueden estar sujetas a los tipos reducidos del IVA. Igualmente, apunta a la necesidad de analizar la posibilidad de considerar como renta en especie exenta las ayudas que las empresas destinen para la adquisición y/o utilización de bicicletas por parte de sus empleados.

Unidos Podemos propone reformar el sistema de nombramientos del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para garantizar su independencia

Europa Press.– Unidos Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso en la que propone una «profunda reforma» en el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, más concretamente, en el sistema de nombramientos, con el objetivo de garantizar la independencia de este órgano.

El texto recoge que los miembros del Consejo del CSN serán nombrados por el Congreso de los Diputados, en donde deberán contar con el apoyo de, al menos, tres quintos de la comisión competente, lo que supondría una mayoría reforzada. «El objetivo de esta proposición de ley es adaptar el organismo a la creciente demanda social en materia de transparencia, información y participación pública sobre seguridad nuclear y protección radiológica», explicaron los firmantes de la iniciativa, el portavoz morado de Medio Ambiente, el diputado de Equo Juan López de Uralde, y el portavoz de Energía del mismo grupo, el diputado de En Comú, Josep Vendrell.

Los morados destacan que, en los últimos años, se ha denunciado en reiteradas ocasiones «la progresiva pérdida de independencia» del CSN, y las limitaciones a la participación en cualquier proceso de decisión. Por ello, también plantean ampliar el derecho de acceso ciudadano a sus registros, archivos y, en general, a todos los documentos que formen parte de los expedientes administrativos, en curso o terminados, que tengan alguna implicación en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, siempre que dichos documentos no se encuentren en proceso de elaboración o conciernan a comunicaciones internas. Igualmente, piden que las sesiones plenarias del CSN, que actualmente son a puerta cerrada, seAn de carácter público.

López de Uralde se ha mostrado «convencido» de que «una mayor transparencia en las actividades del CSN redundará en más seguridad para las centrales«. «La participación ciudadana garantizaría en el largo plazo un seguimiento más riguroso de la seguridad nuclear”, ha explicado. Por su parte, Vendrell ha señalado que esta proposición de ley «pretende garantizar la plena independencia del CSN, evitando que el organismo regulador y supervisor esté al servicio de los intereses y las políticas del gobierno de turno«. El diputado ha insistido que «el CSN es un organismo fundamental para garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica y en los últimos tiempos esa transparencia e independencia se han visto cuestionados por la actuación del presidente del CSN».

PP y Unidos Podemos acuerdan condicionar la bajada de impuestos al autoconsumo energético a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico

Europa Press.- El Congreso, con votos a favor de PP, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís, EH Bildu, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, abstención de PSOE, PDeCAT, PNV y Nueva Canarias y el voto en contra de Ciudadanos, ha confirmado un cambio en la Ley del Sector Eléctrico introducido en el Senado recientemente para condicionar por ley la reducción excepcional de peajes a determinadas formas de autoconsumo a que el sistema energético sea económica y financieramente sostenible.

Esta condición se incluyó en la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas a su paso por el Senado y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La citada enmienda modifica el apartado dedicado a autoconsumo en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y venía a permitir la posibilidad de reducir los peajes, la carga impositiva que deben hacer frente los autoconsumidores, en sectores intensivos en el consumo energético o de actividad estacional.

Una redacción final más restrictiva

Sin embargo, si en la redacción original esta posibilidad se hacía con el fin de «garantizar la viabilidad económica» de esta producción de energía, la modificación introducida en el Senado, y respaldada por el Congreso ahora, condiciona esta bajada de impuestos a la sostenibilidad económica y financiera. Esto es, «siempre que la modificación propuesta sea consistente con la seguridad y sostenibilidad económica y financiera recogida en la Ley del Sector Eléctrico, así como en la normativa comunitaria de aplicación». Además, la enmienda concreta que esta reducción podrá hacerse «de forma excepcional» y para «determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad«.