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Soria ve su gestión «más que aceptable» aunque admite que es «mejorable»

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, hizo un balance «mejorable», pero «más que aceptable», de la política de su departamento en esta legislatura, al tener España «más industria», ser «más digital», «haber eliminado el déficit de tarifa junto con una reducción de los precios de la luz» y volver al «pódium mundial» en turismo.

Así lo señaló el ministro durante su intervención en el pleno del Congreso, ante una pregunta de la parlamentaria socialista Pilar Lucio, quien acusó al ministro de tomar decisiones «contrarias a los intereses de nuestro país» y le recordó que «incluso su propio partido ha llegado a pedir su dimisión», en alusión al consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.

Soria dijo hacer un balance «mejorable, pero más que aceptable», de la gestión de Industria desde 2011, ya que «en España hay más industria que hace cuatro años» y la energía es «más sostenible» desde el punto de vista medioambiental, económico y financiero que entonces, como se aprecia en la evolución del déficit de tarifa». Además, el titular de Industria recordó que la evolución alcista de los precios de la electricidad entre 2004 y 2012 se saldó con un incremento acumulado del 82%, mientras que los precios bajaron en 2013 y 2014 «por primera vez en los últimos 12 años».

Por su parte, Lucio acusó a Soria de aplicar una «política letal» con las renovables y de tomar «decisiones en la dirección contraria a los intereses del país, de las empresas grandes y pequeñas, y de los consumidores». «Amparándose en informes inexistentes perpetró el hachazo a las renovables, un engaño sin precedentes para un sector puntero», y «el real decreto de autoconsumo parece una propaganda disuasoria» que hace «imposible para la ciudadanía» lo que «debería ser un derecho civil», afirmó.

En este sentido, José Manuel Soria subrayó que «estamos metiendo el autoconsumo en un decreto» que por primera vez regula esta actividad. Al respecto, el ministro explicó que aquel usuario que se decante por el autoconsumo «no tiene que pagar energía al operador, ni impuestos ni peajes por la red» en instalaciones que permanezcan aisladas, pero el autoconsumidor que quiera eventualmente engancharse a la red para abastecerse cuando no esté generando «tiene que pagar las infraestructuras energéticas porque de lo contrario el resto de consumidores estarían pagando lo que consume».

De esta manera Soria respondió a las críticas vertidas desde distintos ámbitos en los últimos días después de que se enviase a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador de real decreto de regulación del autoconsumo. Esta normativa, tal y como estaba previsto desde la aprobación de la reforma energética en 2013, prevé que los autoconsumidores conectados a la red paguen un peaje para contribuir a sufragar los costes del sistema, un cargo que el sector considera inasumible porque elimina toda rentabilidad de la actividad.

Industria recuerda que las medidas para ayudar al carbón deben ser compatibles con el derecho comunitario

Europa Press / Servimedia.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que al Gobierno central no le falta voluntad para ayudar al carbón y precisó que el problema no es ése, pues se trata de que las medidas a adoptar en este ámbito sean «compatibles» con el derecho comunitario ya que el carbón nacional es más ineficiente y caro que el importado del extranjero.

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso y en respuesta a las críticas del diputado socialista Antonio Ramón Trevín, el ministro recordó que el decreto que aprobó el Ejecutivo socialista en 2009 para obligar a las eléctricas a comprar carbón nacional no ha podido extenderse más allá del 31 de diciembre de 2014, cuando finalizaba su vigencia, porque la Comisión Europea no permite que se siga dando ayudas de esta naturaleza para consumir carbón nacional.

«Se considerarían ayudas de Estado», insistió Soria, que explicó que por eso el Gobierno preparó una orden ministerial que remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que aporte su valoración y que luego enviará a las instituciones comunitarias, para seguir con un sistema de compra de carbón nacional. Soria destacó que con esta orden ministerial se consumirían 6 millones de toneladas de carbón, lo que sería un 66% más que las 3,6 millones de toneladas de 2014, cuando aún estaba en vigor el decreto de restricciones de 2009.

«El problema no es que el Gobierno tenga más o menos voluntad, la tiene absolutamente toda. El problema es que las medidas que tenemos que tomar para que el carbón siga siendo parte del mix nacional tienen que ser compatibles con el derecho comunitario«, subrayó. Soria recordó además a Trevín que los planes de reestructuración de la minería del carbón comenzaron en 1992 y que después de 22.000 millones de euros invertidos por gobiernos de distinto signo, la producción se redujo de 20 millones de toneladas a 5,5 millones y el empleo del sector bajó de 45.000 a 4.000 trabajadores.

Por su parte, Trevín denunció que «la minería está prácticamente parada» a la espera de la orden ministerial y afirmó que «se encuentra en peligro de extinción». Además, acusó al Gobierno de «no tener voluntad y ser insensible» ante la situación «límite» que está viviendo el sector, y emplazó a Soria a modificar la orden ministerial porque las eléctricas «ni comprarán carbón nacional ni lo quemarán«. Trevín sugirió como medida inmediata para ayudar al sector el eximir al carbón español del céntimo verde, lo que eliminaría la diferencia de precio respecto al importado, según argumentó.

El PSOE pide al Gobierno que «cumpla su compromiso» con el Plan del Carbón

Europa Press / EFE.- El grupo socialista en el Congreso de los Diputados reclamó al Gobierno que «cumpla su compromiso» adquirido con el sector minero, al tiempo que registró una proposición no de ley sobre el cumplimiento del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras para el periodo 2013-2018, proposición en la que se recogen las reivindicaciones del sector minero.

En la iniciativa socialista se pide el cumplimiento del Plan 2013-2018, que se reúna su comisión de seguimiento y que se aborde el asunto del carbón nacional, garantizando su consumo para 2015. También se exige específicamente «concretar las medidas que impidan el cierre de la empresa Elcogás en Puertollano y garanticen su futuro y viabilidad«. La semana pasada, los socialistas se reunieron con los representantes de UGT y CCOO del sector de la minería para valorar la orden ministerial por la que se da cumplimiento a lo acordado en el Plan 2013-2018, sobre los consumos de carbón nacional, y les trasladaron su respaldo ante los incumplimientos del Ejecutivo, apoyo concretado ahora en la iniciativa registrada.

En la proposición se defiende que «las razones para el mantenimiento de la producción nacional se deben, por supuesto a la preservación de la actividad económica y el empleo en las comarcas mineras, pero también a un interés de interés estratégico de país». Además, se subraya que «el carbón nacional junto con las energías renovables constituyen las únicas fuentes energéticas autóctonas, siendo ambas fuentes de suministro de energía complementarias dentro del mix energético nacional», por lo que «el mantenimiento de esta fuente energética, en un país que sigue manteniendo una enorme dependencia de terceros países, constituye un elemento estratégico no sólo para las comarcas mineras, sino para el interés general».

Soria afirma que el fracking es una «cuestión de seguridad energética nacional»

Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sostuvo en el Congreso de los Diputados que el desarrollo de las técnicas de facturación hidráulica para obtener gas, el fracking, es «una cuestión de seguridad energética nacional». Así se expresó Soria con motivo de una interpelación del diputado del grupo mixto Iker Urbina, quien denunció «el rechazo social a este tipo de método de extracción de la energía» y pidió que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de su regulación.

Soria indicó que el Plan de seguridad Nacional contempla que «la energía tiene que ser segura, equilibrada y sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico» y que no se descarta ningún tipo de fuente. Por ello, según defendió, la regulación de esta técnica es potestad del Estado y no de las autonomías, lo que explica que el Tribunal Constitucional haya fallado siempre a favor del Ejecutivo en esta materia. Sobre la capacidad de las autonomías para no permitir extracciones, admitió que pueden hacerlo ya que deben dar la autorización, aunque advirtió que si lo hacen sin respetar la normativa estatal se verán expuestas a que los inversores las denuncien ante los Tribunales con una gran probabilidad de perder.

Por otro lado, afirmó que «la verdadera revolución en materia de energía es la que ha supuesto el fracking en Estados Unidos», lo que le permite atraer empresas europeas gracias a que su gas cuesta 3,5 dólares, mientras en el viejo continente se triplica este coste. En cuanto a las actuaciones del Gobierno en esta materia, Soria explicó que ha consistido en aumentar los requisitos medioambientales para poder llevar a cabo este tipo de actividades.

En este sentido, el ministro sostuvo que «no se conoce ningún tipo de actividad industrial que esté exenta al 100% de riesgo» por lo que «las instituciones deben legislar para minimizar la posibilidad y la probabilidad de que haya y se materialicen estos riesgos». Además, recordó que la modificación de la ley de hidrocarburos contempla compensaciones tanto para los propietarios de los terrenos como para las comunidades autónomas y los entes locales próximos al territorio.

Iker Urbina (Amaiur) propuso al ministro apostar por «otro modelo energético que respete los recursos naturales» y a las personas. «¿Otro modelo energético? ¿Qué modelo?», cuestionó el ministro para defender el mix de energías existentes en España: nuclear, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, biomasa, solar, carbón, gas. Además, sobre un mayor peso de las renovables, recordó que en 2014, del total de generación de la energía eléctrica, un 43% provenía de renovables.

En cualquier caso, Soria matizó que detrás de estas energías limpias debe haber otras «de respaldo». «El discurso de ‘todo renovables’ me parece muy bien, pero digamos cuál es la realidad del sistema energético, que si se produce todo con viento o sol tiene que tener una tecnología de respaldo y pagarla, se utilice o no y ese pago se envía a final de mes en el recibo de la luz a todos los españoles», aseveró. Finalmente, Urbina acusó al Gobierno de velar «por los intereses de ciertos lobbies económicos», un extremo que Soria negó, para afirmar que actúan » para reducir «los 100 millones de euros que diariamente los españoles emplean en importaciones energéticas».

Soria dice que la luz bajó un 8,6% para un consumidor medio en los últimos tres años

Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, asegura que el recibo de la luz para un consumidor medio ha bajado un 8,6% en los últimos tres años, o lo que es lo mismo, 67 euros en términos absolutos, frente a la subida experimentada del 82,8% en los ocho años anteriores.

Soria precisó que la tarifa para un consumidor medio, sujeto al PVPC y que se corresponde con el 60% de los consumidores, bajó un 8,6% en los últimos tres años, lo que «contrasta totalmente con la evolución de los ocho años anteriores, donde la misma factura subió en 351 euros, un 82,8% más». Así, este consumidor medio soportaba en 2003 una factura anual de 424 euros, que ascendió a 751 euros en 2011 y que pasó a 708 euros en 2014. «Esto no ocurre por ciencia infusa; es fruto de los resultados de las reformas en el sector de la energía por el Gobierno», subrayó.

Por su parte, el diputado del PP Ricardo Tarno pidió a José Manuel Soria que continúe con las reformas, porque sólo de esa manera España seguirá en la senda de crecimiento y empleo, y contrapuso la política del Gobierno, que ha permitido que las familias que sufren la crisis tengan una «importante bajada» en la factura eléctrica, a la política «progresista» del PSOE, en la que mes a mes «progresaba» el precio de las facturas.