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Ribera asevera que «el diésel tiene los días contados» y que hay que «ir pensando en un proceso de salida»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado al anterior Gobierno del PP de haber utilizado partidas presupuestarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para financiar el déficit de tarifa en el sistema eléctrico al tiempo que ha manifestado en el Congreso que «el diésel tiene los días contados» y que su «impacto» en la calidad del aire «es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida».

En todo caso, sobre una posible subida de impuestos que pudiera afectar a este carburante, la ministra se remitió a su colega María Jesús Montero, titular del departamento de Hacienda. Respecto a las restricciones al tráfico que preparan ciudades como Madrid, Ribera las ha celebrado como una medida «muy razonable y muy normal» pues cree necesario facilitar la movilidad pero también que ésta «afecte cada vez menos, en la medida de lo posible, a la salud de los ciudadanos». «Evidentemente, el diésel tiene los días contados. Durará más o menos, pero sabemos que su impacto en partículas y en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida», afirmó.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno debe plantearse qué «señales fiscales y regulatorias» puede aprobar para acompañar a los gobiernos municipales «en ese proceso de cambio» de la movilidad. La ministra ha aclarado que «no se puede culpabilizar a quien compra» un vehículo diesel, aunque el consumidor debe saber que su precio “no está reflejando el coste real del impacto que tiene ese coche». «Un consumidor responsable es lo mejor que podemos tener, pero para facilitar comportamientos de consumidor responsable tenemos que asegurarnos de que las señales de mercado, las señales fiscales, nos permitan discriminar de una manera intuitiva, natural, sin tener que hacer análisis profundísimos sobre qué significa cada compra», ha concluido.

El PP «vacía» partidas medioambientales

Respecto a sus críticas al PP, Ribera aludió a un «vaciamiento» del presupuesto de Medio Ambiente para cubrir el déficit de tarifa, lo que considera «el descubrimiento más importante y llamativo» que ha hecho al llegar a su departamento. En este sentido, la ministra contrapuso la utilización de estas partidas con la de las subastas de derechos de emisión de gases contaminantes, ya que considera «perfectamente legítimo» y «positivo» financiarlo a través de estos ingresos. «Menos mal que había subastas de emisión y que esos ingresos permitían financiar cosas», ha dicho, haciendo un llamamiento a pensar «en un contexto estructural» y dirigir este gasto «de forma más transparente y más estratégica, que no sustituyendo partidas presupuestarias preexistentes que han desaparecido«.

IU solicita al Gobierno que aclare qué pasará con el proyecto Castor y si reclamará los 1.350 millones de euros ya abonados

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Europa Press. – Izquierda Unida ha reclamado al Gobierno que aclare qué piensa hacer ante el desmantelamiento del proyecto Castor y, específicamente, si contempla reclamar los 1.350 millones ya abonados a la concesionaria Escal UGS en concepto de indemnización.

Así, su diputado Ricardo Sixto, que preside la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja, en la que también pregunta al Ejecutivo si contempla promover una auditoría con la que evaluar «posibles negligencias y responsabilidades» en este proyecto.

Sixto, diputado encuadrado en el grupo confederal de Unidos Podemos, recuerda además que el propio Tribunal Constitucional anuló a finales del pasado año varios de los artículos del decreto ley que cubrió esta indemnización a la mercantil Escal UGS, participada por ACS (66,7%) y la canadiense CLP (33,3%).

Una indemnización aprobada «a toda prisa» por el Gobierno del PP tras la paralización del almacén submarino Castor, critica el diputado de la coalición de izquierdas, y anulada porque el Constitucional consideró incorrecto la utilización de un decreto ley «al no existir justificación para no recurrir a una norma ordinaria».

En este sentido, Sixto señala que al anular toda la parte del decreto ley que calculaba la cuantía de la indemnización, fijaba el mecanismo de pago y lo concretaba, el Tribunal Constitucional «declara nulos los artículos que preveían la indemnización y también puede entenderse que deroga todos los efectos que pueda haber producido, en particular la propia indemnización».

Esto anularía no sólo los 1.350 millones, cifra ya entregada a las empresas y financiada por distintas entidades financieras, sino los casi 4.700 millones que, contabilizando los intereses, deberán devolver los usuarios de gas en España a través de sus recibos en los próximos 30 años, según concluye el diputado de IU.

El Gobierno estudia el borrador de la Ley de Cambio Climático de Tejerina y presentará una norma para completarlo

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en el Congreso que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que quiere presentar, en una primera versión, antes del verano. Para ello, está estudiando el borrador que ha dejado la exministra popular Isabel García Tejerina, aunque ha apuntado que este texto era «insuficiente» y propone mejoras.

Ribera explicó que se trata de una norma en la que ha trabajado parte del equipo del anterior Ministerio de Medio Ambiente y que su contenido coincide «bastante» con la ley sobre esta materia que registró en la Cámara Baja el PP. Sin embargo, la titular de Transición Ecológica ha calificado el contenido de insuficiente y ha apuntado la necesidad de fortalecer objetivos y reforzar algo que, a su juicio, está «ausente» en la actualidad y que es «la voluntad de participación» y de que la norma pueda someterse «a crítica y análisis externo por parte de la comunidad científica».

Para la ministra es «fundamental» llevar a cabo este proceso porque, según ha defendido, el cambio climático no puede «sustraerse del debate público» y de las garantías procedimentales a la hora de aprobar normas. «No se debe venir con un texto sin haberlo trabajado antes, cuando el Gobierno tiene la ocasión de abrir este debate respetando a las instituciones y a la sociedad», ha apuntado Ribera, que respondía así al portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde.

Uralde llamó a la ministra a incluir objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones y no quedarse en los que son obligación por parte de la Unión Europea, objetivos también en renovables y eficiencia energética. Además, le pide un plan de cierre de centrales nucleares y carbón, con una transición «justa» para que no se pierdan empleos en este proceso. «Apostamos por la recuperación, por parte de la Administración Pública, de las centrales hidráulicas en cuando las concesiones caduquen», añadió el diputado, quien también aboga por una reforma del mercado eléctrico y la democratización de este mercado, así como medidas contra la pobreza energética.

Ribera, por su parte, acogió estas ideas con agradecimiento y ha asegurado que tratará estos temas con Uralde y otros grupos para lograr el mayor consenso posible en esta materia. En este sentido, apuntó que espera contar con la colaboración de todos los partidos y que estos sientan «el mismo entusiasmo y necesidad por este asunto», algo que no duda después «de que el PP haya mostrado su interés» por el cambio climático con la presentación reciente de su ley.

El PP presenta en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética prometida por Tejerina desde el Gobierno

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Europa Press.– El PP ha registrado en el Congreso su proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética, un texto que ha elaborado la exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y que se había comprometido a presentar antes del verano.

Este texto, incluye los objetivos para España en materia de reducción de emisiones, tanto a 2030 como a 2050. En el primer caso, la norma pone como meta una reducción de, al menos, un 26%, mientras que esta cifra se eleva al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, se pretende que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a la eficiencia energética.

Para lograr estas cifras, explica el PP, se deben tener en cuenta los factores medioambientales y socioeconómicos del país, entre ellos el grado de interconexión con otros Estados de la Unión Europea. Del mismo modo, estos objetivos se deben incluir en los planes integrados de energía y clima que se presentan a la Unión Europea cada 10 años y que podrán ser revisados si cambian los compromisos internacionales o europeos.

Del mismo modo, la ley propone la elaboración de un plan de adaptación a este fenómeno para «hacer frente a los efectos del mismo» y que tenga en cuenta la asistencia de grupos sociales y sectores vulnerables. También se exigirá un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberán tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura.

«Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establece que todas las administraciones públicas, locales, autonómicas y general, deben destinar al menos un 20% de su presupuesto anual a actuaciones con impacto positivo en la lucha contra el cambio climático», ha explicado la portavoz popular en esta materia, Belén Bajo. Del mismo modo, ha señalado que se propone que «toda la normativa que se apruebe por todas las administraciones públicas» debe integrar la variable de cambio climático en términos de mitigación, adaptación, y coste-beneficio.

Más medidas sobre fiscalidad ambiental

El Banco de España deberá elaborar también un informe, cada dos años, en el que explique el estado de la economía española y el sistema financiero frente a los riesgos y vulnerabilidades y oportunidades relacionadas con el cambio climático. La ley también incluye medidas sobre fiscalidad ambiental. En este caso, se determina la necesidad de una reforma para «mejorar la aplicación del principio quien contamina, paga» y que contemple cargas fiscales para aquellas actividades que incrementen las emisiones invernadero. Si por el contrario, la actividad contribuye a la reducción de emisiones, tendrá un incentivo fiscal.

«Las administraciones públicas deberán de dar ejemplo, tanto en las contrataciones, como en los planes de reducción de emisiones o en la compra y uso de vehículos para el impulso de la descarbonización de la economía española», apuntó Bajo. Finalmente, la ley propone la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética que estará formado por expertos de reconocido prestigio que servirá de asesoramiento de las políticas y medidas que se vayan aprobando.

Equo habla de «oportunismo indecente«

Por otro lado, el coportavoz de Equo y portavoz de cambio climático de Unidos Podemos en el Congreso, Juan López de Uralde, ha calificado de «oportunismo indecente» esta proposición de ley de cambio climático. En este sentido, la formación ecologista critica que el Grupo Popular haya presentado esta proposición después de la moción de censura que «derribó» al Ejecutivo de Mariano Rajoy «después de 6 años en el Gobierno sin actuar contra el cambio climático».

Según el diputado López de Uralde, el Gobierno del PP redujo «cada año» el presupuesto destinado a la lucha contra el cambio climático y «obstaculizó» el desarrollo de las energías renovables con medidas como el conocido impuesto al sol. Asimismo, ve «paradójico» que tras «reducir sistemáticamente» las partidas públicas encaminadas a combatir el cambio climático, el PP proponga aumentar este gasto un 20% al año. «Es increíble el grado de cinismo que refleja esta propuesta», concluyó el coportavoz de Equo.

En Comú solicita en el Congreso de los Diputados diferentes informes sobre el proyecto Castor

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Europa Press. – En Comú ha reclamado en el Congreso más información sobre el proyecto Castor y ha registrado dos peticiones en las que reclama sendos informes referentes a este caso: Los de la Abogacía del Estado y el estudio emitido por la empresa concesionaria del mismo ACS-ESCAL.

A iniciativa del portavoz de Energía de Unidos Podemos y diputado de En Comú Josep Vendrell, se solicita estudiar los informes que presentó la Abogacía del Estado y que no avalaban la posibilidad de demostrar negligencia y daños vía declaración de lesividad, para denunciar el contrato del proyecto de almacenamiento de gas natural Castor.

Pero, además, quieren conocer el estudio presentado por parte de ACS-ESCAL para la concesión de explotación de este almacenamiento. Según apunta Unidos Podemos en la petición, este trabajo está aprobado por un auditor técnico, una aseguradora y la autoridad pública correspondiente, según el cual la aseguradora asumía los riesgos derivados de la construcción y puesta en marcha de la planta.

 

Solicitan información sobre la Ley del Cambio climático

Unidos Podemos ha denunciado en numerosas ocasiones que haya tenido que ser «la ciudadanía» la que ha tenido que pagar «el fiasco» del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora. «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», ha declarado en anteriores ocasiones Vendrell.

El grupo de Pablo Iglesias aprovecha para pedir también información al Ejecutivo acerca del borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático que estaba preparando el anterior Gobierno y cuya existencia ha confirmado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

«Hay un texto bastante articulado y dada la incidencia que tiene la ley no entiendo los motivos por los que la ministra no se animó a sacarlo a la luz; dejar en un cajón lo que ya está avanzado tiene poco sentido», explicó Ribera. Su antecesora, Isabel García Tejerina, se comprometió a presentar este texto a lo largo de 2018.

Unanimidad en el Congreso para pedir un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares y soluciones urgentes para el ATC

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso reclamó por unanimidad al Gobierno un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, así como las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Además, le exige soluciones urgentes para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Estas medidas se incluyen en un dictamen acordado con anterioridad por la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara en la ponencia creada para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para analizar las actividades realizadas por el CSN durante 2016. Este informe se divide en varios puntos, entre los que destaca el destinado al desmantelamiento de las centrales. El Congreso exige al Ejecutivo que los cierres se hagan con garantías de seguridad, tanto para las personas, como para el medioambiente y le propone la creación de un plan de desarrollo de las comarcas cercanas a las plantas, para paliar la pérdida económica que suponen los cierres.

En el texto, se habla concretamente de la planta de Garoña, cuyo desmantelamiento ya ha sido comunicado ante su cierre definitivo, y ha instado al Gobierno a impedir que esta instalación se convierta en un centro de alojamiento permanente de residuos y a elaborar un plan de desarrollo de la comarca, situada en el norte de la provincia de Burgos, para paliar las futuras pérdidas económicas. Pero, además, la comisión ha instado al CSN a hacer informes de seguimiento de las implicaciones de la parada en la central de Vandellós II (Tarragona), tras detectarse un aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención, debido a la rotura de una válvula.

Sobre este tema se ha referido el portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien ha mostrado su preocupación por el «envejecimiento» de un parque nuclear que, a su juicio, registra «cada vez un mayor número de incidentes«. En este sentido, ha denunciado la «falta de voluntad del CSN para afrontar esta situación», sobre todo en materia de transparencia y comunicación. «Con estas propuestas de resolución pretendemos poner orden y que el cierre se haga ordenado y de forma progresiva para que se sustituyan por otras fuentes de energía sin que esto tenga consecuencias en el precio de la energía o en las emisiones», ha declarado durante su intervención en el debate.

Uralde mostró también su preocupación por el proyecto del ATC y la falta de resolución en esta materia. De hecho, el dictamen aprobado tiene un apartado específico sobre esta iniciativa. En concreto, reclama «una solución organizada» al problema del combustible gastado entre Gobierno y CSN para su gestión, con un análisis de la instalación que se lleve a cabo «en el plazo más breve posible» y con el objetivo de clarificar, antes de 3 meses, la situación relativa al proyecto y su calendario de ejecución.

También a este tema se refirió la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, quien ha recordado el dato del que alertaron expertos participantes en la ponencia: que las piscinas de residuos están a más del 90% de su capacidad. A su juicio, hay que tener especial atención a los sobrecostes que esto supone y a la necesidad de una planificación, empezando por la reanudación del proyecto del ATC.

Previsión contra terrorismo y ciberataques

El informe insta además al CSN a informar sobre las necesidades de almacenamiento de residuos en las diferentes centrales nucleares con Almacenes Temporales Individualizados (ATIs). En cuanto a la seguridad, las propuestas del Congreso se centran en la necesidad de potenciar la regulación, una medida que dejan al Gobierno. Según apuntan, hay que actualizar los protocolos de emergencia y contemplar los planes de prevención y actuación ante ataques terroristas. Además, piden mecanismos de difusión hacia la ciudadanía que convive con las instalaciones y a que se transponga, durante 2018, la directiva europea sobre esta materia.

Especial es la mención que se hace a la ciberseguridad en las plantas. Los miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, se han mostrado preocupados por la vulnerabilidad de las centrales respecto a ciberataques y riesgos externos. Por ello, han pedido al CSN que remita, antes de abril de 2019, un informe sobre esta materia para establecer mecanismos de mejora y a reforzar las medidas de ciberseguridad para todas las instalaciones nucleares.

Por otra parte, el dictamen recoge algunas de las propuestas del Congreso para cambiar algunas prácticas internas del CSN, comenzando por la elección de sus miembros. El informe propone que los directores técnicos sean elegidos de modo colegiado «con las garantías de independencia exigibles a un consejero, valorando su capacidad de liderazgo y exigiendo elevadas y reconocidas aptitudes técnicas«. El texto también exige que no se prorrogue «en ningún caso» el mandato del «actual y reprobado presidente del CSN» que expira el 28 de diciembre.

También Rodríguez, ha mostrado su «preocupación» en este aspecto, y, en concreto, por «los problemas de gestión de personal del CSN», así como la falta de independencia del Consejo. «Seguimos reclamando que el nombramiento de los miembros se haga de otra manera y no a dedo por algunos partidos políticos«, ha denunciado. Finalmente, el dictamen exige también explicaciones sobre el traslado de dióxido de uranio radiactivo de larga duración al almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdonba), entre otras medidas.

La mayoría de los grupos han coincidido en criticar la falta de compromiso del CSN ya que, según han apuntado, muchas de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen son iguales a las recogidas años anteriores y no se llegaron a cumplir. Entre ellos, el portavoz de Energía de ERC, Jordi Salvador, quien ha reconocido que algunas propuestas se repiten con respecto al informe anterior, el de 2015. Así ha mostrado su «decepción» con el presidente del Consejo. De forma similar se ha expresado la representante de PNV, Idoia Sagastizabal, para quien esta falta de rigor «pone en cuestión» al organismo; y el portavoz de Energía de PDeCAT, Ferran Bel, para quien «habría que distribuir responsabilidades» por esta actitud.

Precisamente, como nuevo partido que sustenta el Gobierno, el PSOE ha señalado que su intención es que la actualización del plan de residuos se produzca en los próximos meses, así como aquellas cuestiones que se puedan resolver y aún no se han hecho. La portavoz socialista en esta materia, Pilar Lucio, ha reconocido su preocupación por las centrales que presentan más incidencias y por el hecho de que el Consejo «no siempre haya atendido» a las informaciones que se le han pedido sobre este tema.

Por parte del PP, su portavoz, José Alberto Herrero Bono, ha defendido que su formación «jamás» va a poner en cuestión la objetividad del Consejo debido a la «enorme responsabilidad» y «sensibilidad social» que supone la seguridad nuclear. Por eso quiso separar la ponencia de «cuestiones ideológicas» y ha recriminado que algunas propuestas de resolución se inmiscuyan en el funcionamiento y las decisiones del CSN.

Compromís propone blindar la retribución de las energías renovables para que no se revise al término de cada período regulatorio

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Europa Press.- Compromís quiere blindar el valor sobre el que gira la rentabilidad razonable para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos. Así consta en la proposición no de ley registrada por la formación valenciana, con la que reclaman la modificación de la Ley del Sector Eléctrico para endurecer los cambios permitidos a estas retribuciones.

En ella se fijó una rentabilidad razonable para toda la vida regulatoria sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda pública a 10 años, incrementada en 300 puntos básicos, si bien abriendo la puerta a una revisión posterior. Ahora Compromís, a través de su portavoz en la Comisión de Energía del Congreso, Ignasi Candela, quiere que este valor no sea objeto de revisión durante toda la vida útil regulatoria de estas instalaciones. La formación valenciana justifica este endurecimiento en que la posibilidad de modificar estos parámetros «no hace sino encarecer su desarrollo».

«Este grado de incertidumbre desincentiva la inversión en el desarrollo de proyectos de energía renovable, lo que resulta diametral a la política de fomento de las energías renovables que debe llevarse a cabo desde el Gobierno», apostilla Candela. Finalmente, la iniciativa también reclama «un proceso de diálogo con familias y pequeñas empresas y cooperativas afectadas con el fin de revertir las pérdidas acumuladas fruto de los cambios legislativos aplicados con carácter retroactivo en el sector».

Unidos Podemos pide que la CNMC investigue a fondo posibles irregularidades y alteraciones en la potencia de la factura eléctrica

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EFE / Europa Press.- Unidos Podemos demanda al nuevo Gobierno que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigue a fondo y sancione presuntas irregularidades en la factura eléctrica por parte de algunas empresas comercializadoras en relación a las tarifas de acceso y distribución de energía. La cuestión es esclarecer si Endesa y otras comercializadoras eléctricas alteraron la potencia contratada sin autorización de la Administración pública ni comunicación a sus clientes.

Unidos Podemos ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso que insta al nuevo Ejecutivo a que la CNMC incoe una investigación sobre posibles irregularidades que habrían cometido algunas compañías, como Endesa Distribución en Andalucía, en torno a la actualización del término de potencia. Estas iniciativas serán debatidas tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Podemos considera que algunas empresas distribuidoras podrían haber aplicado un cambio indebido en el concepto de la tensión nominal de voltios, lo que habría perjudicado a los consumidores en la factura de la luz.

El texto de la iniciativa recuerda que las medidas favorecedoras de la competencia son aquellas que permiten que se establezca concurrencia en la oferta de precio, pero nunca en el concepto de medida. Por ello, Unidos Podemos pide que la CNMC haga las comprobaciones necesarias de las propuestas comerciales de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, y en caso de que se demuestren vulneraciones de las obligaciones en relación al suministro, se inicie los trámites pertinentes para «sancionar» a aquellas empresas que hayan cometido infracción.

Además, reclaman el análisis de la resolución dictada por la Junta de Andalucía, que en 2015 certificó que, si bien se habían producido incrementos en la potencia contratada en más de 400.000 suministros de la compañía Endesa en la comunidad, no constaba ninguna solicitud de autorización para ello. Todo ello tras la reclamación presentada en 2009 por el ingeniero Antonio Moreno Alfaro, quien aseguraba que esta comercializadora había incrementado unilateralmente la potencia contratada, hasta una tensión nominal de 230 voltios, vigente desde 2003 y no aplicable a los suministros con los contratos suscritos con anterioridad. Asimismo, la empresa tampoco habría considerado la aplicación de un coeficiente incluido en la regulación.

Dos años más tarde, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía impuso a Endesa la obligación de regularizar el contrato de suministro, adecuar el término de potencia y devolver las cantidades indebidamente cobradas. Si bien se estimó que este incremento afectó a 424.194 suministros de esta empresa en Andalucía, el aumento de la tensión nominal de 230 voltios podría haber afectado a los 4,6 millones suministros conectados en esta comunidad, ya que existe un mecanismo legal que permite a las distribuidoras actualizar las tensiones.

Asimismo, pide incoar expediente para determinar el número de potenciales afectados por dicha irregularidad tanto en Andalucía como los que pudiera haber habido en el resto de España por haberse seguido prácticas similares por otras distribuidoras. Este cambio debería contar con autorización previa de la Administración competente, sin que constara solicitud alguna para ello, tal y como refleja una resolución de marzo de 2015 de la citada Dirección. En caso de que este cambio de tensión hubiera sido aplicado por el resto de compañías y en el resto del país, el número de suministros afectados sería de aproximadamente 24 millones.

Unidos Podemos lamenta que la electricidad española para los hogares fuera en 2017 la séptima más cara de entre los 28 países europeos. En su opinión, estos precios tan elevados se deben tanto al déficit de tarifa como a los altos costes de distribución y a las prácticas oligopólicas de las eléctricas, «que han sido las culpables de que la factura de la electricidad se haya encarecido de forma abrupta en los últimos diez años».

Ciudadanos pide un plan para renovar instalaciones eólicas y de cogeneración para ampliar su potencia y su vida útil regulatoria

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Europa Press.- Ciudadanos ha propuesto en el Congreso un plan para renovar instalaciones eólicas y de cogeneración, con el fin de ampliar la potencia que aportan al sistema eléctrico y salvar la conclusión de su vida útil. Así, la portavoz de Energía en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha registrado una proposición no de ley en la que advierte de que la longevidad de muchas instalaciones anticipa, por ejemplo en cogeneración, una pérdida de la potencia instalada de unos 2.000 megavatios hasta 2020.

Todo ello a pesar de que todos los compromisos y objetivos futuros pasan por un aumento del peso de la energía renovable y de la cogeneración. En el caso de esta última, el informe del Comité de Expertos de Transición Energética planteaba una potencia instalada de unos 8.500 megavatios. A 31 de diciembre de 2017, explica Rodríguez, este proceso que aprovecha el calor útil en el ámbito de la producción industrial para también generar electricidad aportaba cerca de 6.500 megavatios al conjunto del sistema eléctrico, un 6,4% de la capacidad instalada. Sin embargo, asegura que su capacidad de producción cubrió el pasado año hasta el 11% de la demanda peninsular.

Ante esta situación que califica de «incertidumbre», la diputada de Ciudadanos critica la «inacción del Ejecutivo» de Mariano Rajoy pues cree que por ello se han paralizado inversiones de modernización y de nuevos proyectos, los cuales también considera necesarios para alcanzar los objetivos del 30% de eficiencia renovable planteados por Bruselas para 2030. Rodríguez ve similar la situación de las instalaciones eólicas, y señala que la vida útil regulatoria de varios aerogeneradores instalados desde hace dos décadas está próxima a su final, lo que entiende como una oportunidad para acometer un plan de renovación con el que maximizar su potencial.

Según las estimaciones de Rodríguez, la modernización podría duplicar su producción, entre un 60% y un 100% más sobre los actuales valores. Por ello, considera «conveniente fomentar la posibilidad de repotenciar los parques eólicos existentes más antiguos, con el objetivo de incrementar la producción de energía limpia», incorporando aerogeneradores más eficientes y de mayor tamaño. En todo caso, Ciudadanos subraya que esta «repotenciación» debe ser «una libre elección empresarial», y recuerdan que, con el fin de favorecer estas inversiones se necesita «un marco regulatorio estable que fortalezca la confianza de los inversores y las entidades financiadoras, y que de esta forma se puedan abaratar los costes de capital para los propietarios de instalaciones a repotenciar».

Por todo ello, reclama un plan Renove e instalación de nuevas cogeneraciones, en línea de las recomendaciones del informe de expertos para la transición energética, que «prime criterios medioambientales, económicos y de seguridad de suministro». Asimismo, insta a impulsar la renovación de las infraestructuras eólicas de mayor antigüedad a través de un plan que potencie la industria española en renovables, y que atienda a las necesidades específicas del sector «del modo más eficiente y competitivo».

La oposición critica la falta de partidas en los Presupuestos para impulsar la transición energética y preparar el cierre nuclear

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Europa Press.- PSOE, Unidos Podemos y ERC han criticado en el Congreso al Gobierno y a los partidos que han mostrado su apoyo al proyecto de ley de los Presupuestos (PGE) de 2018, por la falta de partidas destinadas al futuro cierre de las centrales nucleares, la electrificación del transporte y el impulso a la transición energética.

Estas formaciones han señalado que las cuentas presentadas por el Ejecutivo en materia de Energía demuestran una «falta de compromiso» e «inacción» para que el país cuente con un proyecto «real» de transición energética. Además, han criticado que el PP y sus «socios» hayan rechazado las enmiendas presentadas sobre esta materia. «Los presupuestos, los vetos y la negativa a aprobar enmiendas demuestra que el Gobierno no tiene un proyecto claro en esta materia y hay una completa ausencia de proyectos para abordar la transición energética», ha apuntado la portavoz del PSOE de Energía, Pilar Lucio.

Para la diputada, la «ingente cantidad de dinero que mueve el sector energético» debería destinarse a «otros fines» como cambiar a un modelo más sostenible, mejorar en la competitividad de las empresas o luchar contra la desigualdad. A su juicio, estos puntos son claves para «adaptar la economía española al futuro». En este sentido, ha criticado que no existan presupuestos para «electrificar el transporte» cuando el petróleo y el gas están subiendo sus precios. «También en esto estamos a la cola de Europa», ha advertido la socialista, quien ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo «se adelante» a las necesidades de los usuarios.

El discurso de la portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Yolanda Díaz, ha sido similar y ha reprochado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no se hayan hecho unas partidas «serias», invirtiendo en renovables «para crear empleo y modernizar el país». Así, Díaz también se ha referido a la necesidad de electrificar el transporte y ha cuestionado a Nadal acerca de sus intenciones de cambiar este punto. «Todos sabemos que el transporte es el mayor generador de CO2», ha apuntado. En este sentido, ha reprochado al Gobierno que no se haya previsto en los PGE la Ley de Cambio Climático y se ha dirigido a los «socios» del Ejecutivo, Ciudadanos, para señalar que son «corresponsables» de estas políticas.

Además, la diputada ha echado en cara al responsable de Energía que no se hayan aceptado ninguna de las enmiendas que el grupo confederal ha registrado en relación a la Igualdad en el sector energético. Por su parte, el representante de ERC en este debate, Joan Capdevilla, ha recriminado al ministro que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuente para 2018 con una partida de 47 millones de euros que considera «insuficiente» ante el «presente panorama de cierre de centrales nucleares en los próximos años«. A su juicio, «causa pavor» el hecho de que aún no esté claro «quién pagará» los desmantelamientos de estas plantas.