Entradas

PSOE y Podemos piden cerrar las nucleares a los 40 años mientras el PP descarta alternativas porque subirían los precios

Europa Press.– PSOE y Podemos defienden el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas cumplan su vida útil de diseño, es decir, a los 40 años de vida, mientras que el PP asegura que, actualmente, no existe ninguna alternativa a la energía nuclear en España que permita “mantener la seguridad del suministro, la fiabilidad del mismo y con precios razonables«. Así lo expresaron durante su participación en un debate en el Congreso sobre El futuro de la energía nuclear en España.

El posicionamiento del portavoz de Energía del PP, Alberto Herrero, se ha centrado en el «lastre económico» que el cierre de las nucleares puede suponer para el país y señaló que esta situación llevaría a España a «un escenario negativo de incertidumbre y de improvisación» cuando, a su juicio, lo que se necesita es «seguridad y confianza» en el sistema eléctrico para el fortalecimiento de la industria. El popular recordó las actuales fuentes de energía que se utilizan para cumplir con el suministro, como la hidráulica, eólica, carbón, ciclos combinados y nuclear, un despliegue de opciones que, para Herrero, son «todas imprescindibles» para «caminar hacia la transición energética», a pesar de que algunas tengan «inconvenientes».

Tanto PSOE como Unidos Podemos se han mostrado contrarios a esta postura ya que, aunque reconocen que no se puede prescindir actualmente de la energía nuclear, no creen que sea «imprescindible» en un futuro próximo. En ambos casos abogan porque las centrales se cierren cuando los permisos de vida útil que están en vigor actualmente se terminen, es decir, que se vayan cerrando según vayan caducando sus licencias de actividad.

El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, defiende el cierre de las plantas «a través de planes ambiciosos de eficiencia energética» que, según ha señalado, también «pueden generar decenas de miles de empleos«. En contraposición a la postura del PP, para Uralde «no todo puede convivir» y, aunque reconoce que su propuesta de un plan energético basado al 100% en renovables «no es fácil», cree que se debería «empezar ya a trabajar para lograr llegar hasta ahí cuanto antes».

También el diputado del PSOE, Álvaro Abril, ha criticado el estancamiento en el que, a su juicio, se encuentra desde hace años el debate sobre la transición energética. «Son posiciones complicadas, pero hay que tomar una decisión en el Congreso teniendo en cuenta a la parte social, ecologistas y sindicatos, y decidir cuál es el modelo energético que se quiere«, ha apuntado el portavoz socialista.

Finalmente, el portavoz en la Comisión de Energía de Ciudadanos, Vicente Ten, considera que estas medidas que se están reclamando para avanzar en la transición energética del país se lleven a cabo ahora, «cuando el arco parlamentario es propicio» a que se puedan llevar a cabo acuerdos ante la falta de mayorías absolutas que, en su momento, «limitaron las decisiones». «Es bueno que la llegada de nuevos partidos al arco parlamentario dé estabilidad a la democracia interna», aseveró Ten, para llamar a lograr un Pacto de Estado en esta materia.

Asimismo, y aunque el diputado de Ciudadanos no se pronunció acerca de un calendario de cierre de las nucleares, sí que ha señalado que su postura en esta materia es confiar en los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Para ello, reclama una despolitización de este organismo público cuya imagen, a su juicio, no transmite confianza a la población.

El debate ha sido organizado a iniciativa del presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, el diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que, además, estará acompañado del presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Portugués, Pedro Soares. Ambos políticos han estado trabajando en los últimos meses sobre este tema debido a la preocupación del país vecino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) previsto junto a la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a unos 140 kilómetros de Portugal.

En los últimos meses la energía nuclear ha estado presente en la actualidad del Congreso. El Gobierno comunicaba a la Cámara Baja su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú para el cierre progresivo de las centrales nucleares, argumentando que su aplicación tendría importantes efectos presupuestarios. Del mismo modo, la Mesa del Congreso vetaba en marzo una visita de la Comisión de Energía al Parlamento de Portugal para tratar el tema de Almaraz.

El Gobierno veta la ley de Podemos para el cierre progresivo de las centrales nucleares por su efecto presupuestario

Europa Press.- El portavoz de Energía de Unidos Podemos y diputado de En Comú, Josep Vendrell, ha tildado de «arbitrario» y «tramposo» el veto planteado por el Gobierno a la tramitación parlamentaria en el Congreso de la proposición de ley del grupo parlamentario de Podemos sobre el cierre progresivo de las centrales nucleares. El Ejecutivo esgrime que su aplicación mermaría la recaudación fiscal en unos 250 millones y obligaría a aumentar el gasto para compensar a las empresas titulares de las centrales.

Con este escrito son ya 28 las iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos que el Gobierno del PP lleva vetadas esta legislatura, acogiéndose al precepto constitucional que le permite negar la conformidad a propuestas que supongan alteración de los presupuestos en curso, sea por merma de ingresos o por aumento de gasto. La proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú pretende cerrar las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no y hacer una apuesta clara por la transición hacia un modelo energético eficiente basado en las energías renovables y en la eficiencia energética.

En el escrito enviado al Congreso, el Gobierno alega que «la contribución tributaria total de la industria nuclear en España1 ascendió a los 1.141 millones de euros en 2013» y que el cierre de las centrales mermaría la recaudación fiscal sin que ello fuera compensado por la energía alternativa. Así, señala que la recaudación fiscal sufriría «una disminución muy notable» en relación con los impuestos específicos de la actividad nuclear (Impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado e Impuesto sobre residuos radiactivos), cifrando entre 210 y 280 millones de euros que se dejarían de recaudar.

En su opinión, una fuente de energía alternativa de sustitución no compensaría el hueco dejado por la nuclear dado que, en rigor, la nueva generación eléctrica sólo estaría sometida al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que también soporta la generación nuclear en idénticas condiciones. Pero, además, el Gobierno argumenta que el cierre de las nucleares obligaría a aumentar los créditos ya que «podría generar la exigencia de responsabilidad patrimonial por los titulares de instalaciones que tengan solicitada, en este momento, una renovación de su autorización y que puedan haber incurrido en gastos e inversiones».

Tampoco le vale al Gobierno la prevención de Podemos, que había incluido una disposición antibloqueo para demorar la entrada en vigor de las medidas que supongan aumento de gasto o disminución de ingresos, pues advierte en esa cláusulas «serias dudas» en cuanto al principio de seguridad jurídica «toda vez que no podría saberse con certeza cuales son las disposiciones que adquirirían vigencia inmediata y cuáles la verían demorada». Pero, en todo caso, recalca que el derecho de veto del Gobierno por motivos presupuestarios «debe, cuando menos, entenderse referida a un escenario presupuestario plurianual, con vigencia para tres ejercicios, al que debe sujetarse la acción de gobierno, y éste a su vez en el objetivo de estabilidad presupuestaria con idéntica vigencia».

Un veto «arbitrario» y «tramposo»

Vendrell ha denunciado que lo que pretende el Gobierno del PP es «preservar la energía nuclear y que el Congreso, que es la representación de la ciudadanía, no pueda decidir sobre la política energética». Por eso, su grupo intentará buscar el apoyo del PSOE y de Ciudadanos para levantar el veto.Desde su punto de vista, se trata de un veto «arbitrario» porque, en contra de lo que mantiene el Ejecutivo, la proposición de ley «no afecta al presupuesto en vigor ni a los siguientes ejercicios presupuestarios». El Gobierno alega en su escrito de veto que no le basta con que demoren un año la aplicación de las medidas que implican coste porque la contención del déficit abarca un trienio.

Además, añade que el veto «no se ajusta a Derecho» porque tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como los servicios jurídicos del Congreso han dejado claro que la capacidad de del Gobierno de impedir tramitaciones sólo rige sobre proposiciones de ley «que afecten al ejercicio presupuestario en vigor» y no a «presupuestos futuros».Sin embargo, Vendrell asegura que se trata de un veto «tramposo» porque los objetivos de estabilidad presupuestaria ratificados por las Cortes afectan a 2017, 2018 y 2019, pero no al 2020 que es cuanto, según la proposición de ley se cerrarían las centrales de Almaraz y de Vandellós. Por tanto, agrega, la proposición de ley no afecta los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En su opinión, al intentar frenar la tramitación de la iniciativa de Podemos, el Gobierno pone de manifiesto que son las empresas las que deciden la política energética de este país y no la ciudadanía a través de sus representantes en las Cortes.»La energía nuclear es cara y peligrosa. El Gobierno no tienen en cuenta los enormes costos de la gestión de los residuos, de los riesgos en la seguridad y que ya existe una alternativa renovable para sustituir a las nucleares», denuncia Vendrell.

El Parlamento de Baleares trasladará al Congreso de los Diputados su propuesta de prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo

Europa Press.- El pleno del Parlamento autonómico de Baleares ha aprobado por asentimiento una proposición de ley, propuesta por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, para rechazar las prospecciones petrolíferas y proteger el Mediterráneo, por lo que tres diputados autonómicos viajarán a Madrid para que defiendan la iniciativa en el Congreso.

Con esta proposición de ley quedarían excluidas en el Mediterráneo las exploraciones, investigaciones y explotaciones de hidrocarburos u otras sustancias minerales, en las zonas en las que España ejerza jurisdicción que abarque al menos la protección de los recursos naturales. Igualmente, la iniciativa propone excluir de este espacio marino la exploración mediante adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías de las que haya quedado científicamente demostrada su completa inocuidad. Asimismo, propone que las exploraciones de hidrocarburos incluidas en esta ley, pero ya concedidas, permanezcan vigentes hasta su extinción sin que haya ninguna prórroga posible. Eso sí, la Ley sería de aplicación para todas aquellas solicitudes que a su entrada en vigor no hayan sido resueltas.

En la exposición de motivos, los grupos parlamentarios señalan que no es «coherente explorar o investigar nuevos yacimientos de combustibles fósiles cuando la Agencia Internacional de la Energía y Naciones Unidas señalan que si se quieren evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, se debe dejar de quemar la mayor parte de las reservas disponibles de combustibles fósiles, para no aumentar de forma irreversible las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), gas causante del calentamiento global del planeta». Además, «estas actividades suponen realizar un esfuerzo en el sentido contrario a los compromisos adquiridos, que constituyen la única respuesta sostenible al problema del cambio climático».

El PSOE pide que los presidentes de Red Eléctrica, Enagás y Enresa expliquen en el Congreso los Presupuestos del Estado

Europa Press.– El PSOE quiere que los presidentes de Red Eléctrica, José Folgado, de Enagás, Antonio Llardén, y de Enresa, Juan José Zaballa, comparezcan en el Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos del Estado, que remitió el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Así consta en la lista de comparecientes registrada por los socialistas para la próxima semana. Asimismo, el PSOE ha pedido que comparezca el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada.

Las organizaciones ecologistas piden en el Congreso una ley de fiscalidad ambiental basada en el principio de «quien contamina, paga»

Europa Press.- Las cinco principales organizaciones ecologistas en España, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han pedido en el Congreso de los Diputados una nueva ley de fiscalidad ambiental con la que se primen las buenas prácticas.

Según el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez Vargas, que ha actuado como portavoz de las asociaciones, se trata de poner en marcha el principio de que «quien contamina, paga» que, además, según ha indicado, «es una medida rápida y que se puede poner en marcha inmediatamente«. Esta ley, junto con otras medidas son parte de la Hoja de Ruta medioambiental para 2017 que los ecologistas han presentado ante la Comisión de Medio Ambiente. Rodríguez Vargas ha criticado la ausencia de las políticas ambientales dentro de las «prioridades» del Parlamento y ha asegurado que «la sensación» es que estas medidas suelen ser «un tema marginal».

En este sentido, denunció la inacción que existe en cuanto a la puesta en marcha de un cambio de modelo energético para España, una de las principales reclamaciones desde hace años que el Ejecutivo aún no ha abordado o, al menos, según indicó Rodríguez, no se conocen medidas que se estén aplicando actualmente al respecto. La sugerencia de Rodríguez al respecto es la puesta en marcha de una auditoria energética que permita al Gobierno conocer «la situación real» del país y poder, a partir de ahí, «trazar la transición que permita cumplir con los objetivos de París» en esta materia.

Finalmente, el último bloque de esta hoja de ruta plantea una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía con el desarrollo de una Ley de Cambio Climático y apostando por la calidad del aire; y el freno a la contaminación química. Sobre este punto se ha centrado en la toma de medidas necesarias para que el aire que respiren los españoles sea de calidad a mitad de siglo y, entre sus principales iniciativas está la de eliminar y regular las emisiones de automóviles.

El Grupo de Crecimiento Verde pide al Congreso que consensué con urgencia “políticas estables” para luchar contra el cambio climático

EFE / Europa Press.- El vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV), Gonzalo Sáenz de Miera, pidió en la Comisión de Cambio Climático del Congreso, en nombre de las cerca de 40 empresas españolas integradas en este foro, entre ellas algunas del Ibex-35, que consensué «con urgencia» políticas climáticas “ambiciosas, claras y estables» para que las empresas puedan empezar a cambiar sus políticas y estrategias y ponerlas «en la buena dirección» para luchar contra el cambio climático con el horizonte puesto en 2050.

Sáenz de Miera ha explicado a los diputados que la actual es una situación idónea para alcanzar «un consenso parlamentario necesario» en las políticas climáticas y de transición energética, incidiendo en que si España se retrasa en estas materias «será más costoso y habrá otros países que se aprovechen de las oportunidades que presenta». «Estamos ante una revolución a escala global que genera enormes oportunidades empresariales y España está en condiciones para aprovecharlas, pero ¿estamos posicionados para aprovechar esta revolución?», se preguntó Saénz de Miera.

Su propia respuesta ha sido que para coger el tren de la transición energética el país urge de «un marco de objetivos y políticas claras y estables ya», que debe ser consensuado en tanto que las empresas invierten a 30, 40 o 50 años, por lo que «para dar confianza a los inversores hacen falta certidumbres«. Sáenz de Miera advirtió a los diputados de que «cuanto más tarde actuemos, más complejo y costoso será cumplir con los objetivos adquiridos en el marco del Acuerdo de París», por lo que les pidió que no «pierdan 5 o 10 años sin cambiar las políticas» ya que «es necesario adelantar los cambios para generar ahorros a largo plazo».

El vicepresidente del GECV se mostró convencido de que la transición hacia una economía baja en carbono es «irreversible», y considera que el Congreso debe legislar en tres grandes ejes. Fundamentalmente una fiscalidad ambiental «basada en el principio de que quien contamina paga», en la que se aplique un precio al CO2 «que elimine las distorsiones actuales, sirva para dar señales a la inversión y al consumo, y permita obtener fondos para la transición energética». También ha destacado que deben establecerse políticas de limitación de emisiones en sectores muy contaminantes, como el transporte o la edificación, así como exigencias de información sobre los riesgos y oportunidades que supone el cambio climático, y sus implicaciones para las cuentas de las empresas.

«El principal reto es cambiar totalmente el modelo de transporte y pasarlo a un sistema limpio», señaló Sáenz de Miera que ve fundamental apostar por el coche eléctrico, algo que también redundará en la mejora de la calidad del aire que afecta a la salud. En este contexto, ha insistido en que es urgente, aunque supone «un reto importante«, y forma parte de los compromisos adquiridos al ratificar el Acuerdo de París, lograr un sistema «plenamente descarbonizado» que no genere CO2 en 2050. Así, reconoció que en 2050 los sistemas de producción deberán generar lo mismo pero sin CO2 y esto pasa, a su juicio, por un cambio en el modelo de consumo y hábitos de vida de la sociedad.

Saénz de Miera también apeló a que se fomente la comunicación y la concienciación social sobre la lucha contra el cambio climático en la sociedad, ya que «los ciudadanos no conocen ni está informados de la urgencia de estos temas; si queremos aplicar políticas que sean entendidas y aceptadas». Finalmente, aseguró que las empresas españolas son conscientes de que la solución al cambio climático pasa por un cambio de modelo energético que debe estar basado en la eficiencia, y en la sustitución de combustibles fósiles por energía libre de emisiones, fundamentalmente procedente de fuentes renovables.

Asimismo, expuso que los ciudadanos deben conocer, por ejemplo que apostar por la economía verde generará utilidades y que un cambio en el modelo energético redundará en la mejora de la calidad de vida, de la calidad del aire o en un sistema energético más barato. «Es necesario un cambio de la política climática», ha apostillado, al tiempo que recuerda que las empresas deben realizar acciones para descarbonizar sus empresas entre un 80-95% de las emisiones por tanto, por lo que sus inversiones no deben poner la vista en 2030 sino en 2050. Entre las empresas presentes en el GECV se encuentran Iberdrola (a la que pertenece Sáenz de Miera), Acciona, Endesa o Gas Natural.

El Congreso veta una visita de diputados al Parlamento de Portugal por su posicionamiento contrario al almacén nuclear de Almaraz

Europa Press.- La Mesa del Congreso ha negado su permiso para la visita de una delegación de la Comisión de Energía al Parlamento portugués. Una visita destinada a analizar la situación del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), obras cuya paralización es reclamada por la Cámara lusa.

En el escrito remitido por la Mesa del Congreso no se precisan los motivos, si bien fuentes parlamentarias han señalado que el viaje no se considera oportuno habida cuenta de que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, acaba de realizar una visita bilateral a Lisboa y que en próximas semanas ya se va a celebrar una cumbre interparlamentaria entre los dos países, prólogo de otra entre los dos Gobiernos.

No obstante, fuentes de la comisión critican la decisión de la Mesa del Congreso ya que, a su juicio, se trata de una «visita de cortesía obligada, más allá de mantener la buena relación entre ambos países«. En este sentido, recordaron que se trata de un tema que afecta a ambos estados, ya que la central de Almaraz, en Cáceres, se encuentra próxima a la cuenca del Tajo. En su momento, el Parlamento portugués votó de forma unánime en contra de la construcción del ATI.

Mediación europea, solución en curso

Portugal también envió a principios de año a su ministro de Medio Ambiente a negociar sobre el tema con su homóloga en España, Isabel García Tejerina, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo, lo que llevó al país vecino a presentar una queja formal ante la Unión Europea. Finalmente, la Comisión Europea medió entre ambos países para evitar el choque judicial. Para las fuentes consultadas, la negativa de autorizar la visita puede deberse también a que «no conviene más presión» internacional sobre esta tema.

La visita al Parlamento portugués era la respuesta a una invitación que el Congreso realizó al presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento portugués, Pedro Soares, que visitó el Congreso de los Diputados en enero para tratar este mismo tema. Entonces, el parlamentario luso pidió al Gobierno de España que hiciera del caso de Almaraz una «cuestión ibérica» y trasladó la importancia que esta materia tiene en su país, ya que este ATI se construirá a menos de 100 kilómetros de la frontera.

Equo (Unidos Podemos) presenta en el Congreso una ley para prohibir el fracking

Europa Press.- Equo, en nombre de Unidos Podemos, registró en el Congreso una proposición de ley para prohibir la fractura hidráulica o fracking como técnica para la investigación y extracción de hidrocarburos en todo el territorio español. El texto señala que el incumplimiento de esta norma tendría carácter de infracción muy grave con multas de hasta 30 millones de euros, así como la revocación o suspensión de la autorización administrativa y la consecuente inhabilitación temporal para el ejercicio de la actividad durante 5 años.

La coportavoz de la formación ecologista, Rosa Martínez, criticó esta práctica por ser «perjudicial para la salud», suponer un «alto riesgo sísmico» y dañar los recursos hídricos. Según explicó, debe ser responsabilidad política «cerrar la puerta a esta técnica» que, a su juicio, «lo único que hace es poner el beneficio económico por encima de las personas». Martínez defendió, también, que no se trata del «modelo de desarrollo económico» que Equo desea para el mundo rural. «Apostamos por un modelo sostenible, en el que se cree valor y beneficios económicos sociales y ambientales», apuntó la diputada ecologista, que cree que el fracking «sólo deja beneficios a las grandes corporaciones energéticas».

En este sentido, reclamó apoyo para las renovables y recordó que, para cumplir con el Acuerdo del Clima de París, ratificado por España, no tiene sentido «seguir invirtiendo en conocer y extraer nuevas reservas de combustibles fósiles de energías sucias». «Busquemos en el cielo el futuro y dejemos de buscarlo bajo tierra», apuntó. La ley presentada por la formación ecologista también incluye la modificación de algunos puntos de la Ley del sector de hidrocarburos relacionados con la regulación de las medidas tributarias y no tributarias en relación con la explotación de hidrocarburos y la investigación.

El PSOE lleva al Congreso una ley para extender el bono social de la electricidad al consumidor de gas natural

Europa Press.- El PSOE registró una iniciativa legislativa para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, con idea de que sea financiado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. De esta forma, los socialistas confían en esquivar el veto que el Gobierno podría plantear a la iniciativa, bajo el pretexto de un aumento presupuestario.

«Proponemos que la financiación sea en los mismos términos del bono social de la electricidad», anunció la portavoz de Energía del PSOE en la Cámara Baja, Pilar Lucio, que recordó que muchas comunidades autónomas y ayuntamientos dedican partidas a costear suministro energético. «El coste para el Gobierno es cero», ha zanjado. Durante la presentación de esta iniciativa, Pilar Lucio ha destacado que la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre noviembre y marzo, y en ningún caso a aquellos servicios considerados esenciales, para personas consideradas como consumidores vulnerables severos.

Propuesta socialista de consumidor vulnerable

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior, aunque Lucio indicó que su propuesta es que se considere como tal toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). El bono social recogido en la proposición de ley cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función de la categoría de consumidor.

La iniciativa delega en el Ministerio de Energía el tope máximo que deberán aportar las comercializadoras, así como las tarifas de último recurso y valor base para los consumidores vulnerables, mientras que los porcentajes de financiación que deberán asumir cada suministradora sería calculado anualmente por la CNMC. Lucio aclaró que no han dialogado previamente ni con el Gobierno ni con otros grupos para presentar la iniciativa aunque le «consta que seguramente la mayor parte de la oposición estará a favor de esta iniciativa». «Y el Gobierno no debería estar en contra. Estamos convirtiendo en ley unas recomendaciones de una directiva europea», aseveró. Asimismo, Lucio reclamó al Ejecutivo que ponga en marcha medidas de eficiencia energética y de rehabilitación de edificios.

El Congreso apuesta por priorizar los vehículos eléctricos en las ciudades

Europa Press.- El Congreso ratificó su apuesta por el coche eléctrico y ha pedido dar prioridad a estos vehículos en las ciudades, tanto favoreciendo su circulación y abastecimiento, como su incorporación al parque público. Así se refleja en la moción aprobada por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso tras un acuerdo entre el PP y Ciudadanos y apoyada por el PNV, Foro Asturias, Coalición Canaria. El PSOE decidió abstenerse, mientras que Unidos Podemos y Esquerra Republicana votaron en contra por considerarla insuficiente.

La iniciativa insta a estudiar normas que permitan la circulación de vehículos propulsados mediante energías alternativas en los carriles que priman los turismos de alta ocupación dentro de las ciudades. Asimismo, llama a impulsar la introducción de estos vehículos en las flotas de transporte público, el despliegue de una infraestructura de recarga y un marco regulatorio que favorezca estas instalaciones, así como analizar y estudiar las necesidades de estos puntos.

El texto respaldado por el Congreso también llama a crear programas especiales con líneas de investigación relacionadas con estos vehículos, garantizando una gestión «agil» de las ayudas y una evaluación anual de los resultados de estos planes de subvención. Por otro lado, pide desarrollar la tecnología necesaria para dar soporte a las funcionalidades requeridas en los vehículos de energía alternativa, como la medida de consumo, la facturación y el pago, y dar soporte a «otros servicios energéticos a través del desarrollo de las Smart Grids.