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El PDeCAT quiere que Nadal explique en el Congreso las actuaciones del Gobierno respecto al proyecto Castor y su desmantelamiento

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Europa Press.- El PDeCAT exigió en el Congreso la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que explique las actuaciones del Estado en relación con el almacén de gas Castor, así como su futuro desmantelamiento. La formación catalana quiere que Nadal ponga «especial atención» al «cumplimiento de la legislación en las adjudicaciones de este proyecto y detalle costes que tienen que pagar los contribuyentes y los usuarios del sistema gasístico” tras la indemnización de 1.700 millones de euros a Escal UGS.

Del mismo modo, el PDeCAT quiere que se dé cuenta del estudio y las evaluaciones de impacto ambiental realizadas a raíz de los movimientos sísmicos que se registraron en la zona y, más concretamente, el trabajo realizado recientemente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard. Precisamente, a raíz de este estudio, el ministro señalaba que «lo ideal» era cerrar el almacén de gas y desmantelarlo, siempre que fuera un trabajo seguro. Por este motivo, la petición de comparecencia de PDeCAT también pide explicaciones sobre la fecha y el procedimiento para el desmantelamiento del almacén Castor.

El PSOE pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y volver a extender a 25 años sus ayudas

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Europa Press.- El PSOE reclama facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. Los socialistas alegan que los recortes aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras una sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que tres plantas tuvieran que detener su actividad.

Asimismo, advierten de que a 16 de las 29 plantas de tratamientos de purines les quedarían 3 años de vida útil regulatoria, período en que las plantas devengan prima, «además de no disponer de un marco adecuado a la inversión y puesta en marcha tras más de 3 años paradas». Por esta razón, el PSOE registró una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Energía en la que piden facilitar la reapertura de estas plantas, pues defienden que éstas «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica», adoleciendo únicamente una regulación adecuada.

Asimismo, también instan a restablecer «en el menor tiempo posible el plazo de 25 años de vida útil regulatoria», argumentando que la propia Ley del Sector Eléctrico señala que «en ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores«. Por último, los socialistas instan al Gobierno a elaborar en el plazo de seis meses un Plan Nacional de Tratamiento del Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental en coordinación con las comunidades autónomas, los municipios y con los departamentos ministeriales implicados.

Podemos quiere que Nadal explique en el Congreso la condena a España en el arbitraje por los recortes en renovables

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rinda cuentas en la Comisión del ramo del Congreso por la condena a España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) por los recortes a la energía renovable.

La sentencia, dictada el 4 de mayo, estima parcialmente la demanda del fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limites, compensándola con 128 millones de euros por el perjuicio que, estima el tribunal, sufrió tras sus inversiones realizadas en tres plantas termosolares, a raíz de los recortes a las energías renovables aplicados tras las reformas realizadas por los últimos gobiernos en el sector.

Según Podemos, las conclusiones dictadas en el laudo apuntan a que «España realizó una revisión del régimen regulatorio sin precedentes y basado en premisas totalmente diferentes», considerando el nuevo sistema «profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión«.

Unidos Podemos critica que el Gobierno habría dejado sin contestar la invitación que los inversores realizaron para pedir una negociación previa bajo el argumento de que se le remitiera el documento redactado en castellano y, posteriormente, sin dar respuesta. Una posición que, continúa Podemos, el arbitraje «valora como contradictoria, al existir un alegato por parte del Gobierno diciendo que el demandante no intentó llegar a un acuerdo«. Podemos pregunta si este hecho es cierto, las razones por las que fue así y por el lugar en el que se «deja al Gobierno no dignarse a responder este tipo de misivas».

Apuntan a la defensa jurídica

Podemos advierte de que los peritajes realizados y las declaraciones de testigos fueron «contradictorias y carentes de solidez», ante lo cual preguntan si el Gobierno ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe que explique «los cambios sustanciales en la línea de defensa«, y si es así, qué motivos llevaron a ello. También quieren saber si el Gobierno considera que la defensa jurídica pudo afectar al resultado del laudo.

En este sentido, destacan que la principal alegación habría consistido en la carencia de jurisdicción por parte del Ciadi y que existieron «incoherencias e incertezas en la testifical del director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)». «Igualmente, la defensa y alegatos de los representantes jurídicos del Estado habrían cambiado sustancialmente a lo largo del proceso», apostillan. Unidos Podemos pregunta al Gobierno si considera que estos representantes del IDAE «estuvieron a la altura en sus testificales» y si han solicitado «las explicaciones oportunas tras las presuntas contradicciones del director de renovables del IDAE».

También destacan que «los propios árbitros consideran los informes periciales aportados por la demandante como completos y profesionales», mientras que la valoración de las conclusiones presentadas por los peritos contratados al efecto por el Gobierno «fueron consideradas poco convincentes». Por esto último, Unidos Podemos cuestiona al Ejecutivo por los criterios que condujeron a la contratación de BDO Abogados a la hora de defender al país en el Ciadi, si se valoraron otras opciones y si se continuarán utilizando sus servicios en el resto de arbitrajes pendientes por esta misma controversia.

El PSOE reclama al Gobierno un bono social para el butano tras encarecerse un 20% en menos de un año

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Europa Press.- El PSOE ha reclamado al Gobierno un bono social para abaratar el precio que las personas con menos recursos abonan por el butano que, tras la última subida acumula, apuntan los socialistas, un incremento del 20% desde julio de 2016.

Según los nuevos precios máximos de venta recogidos en el BOE, la bombona de butano puede llegar a costar 13,52 euros, lo que supone una subida del 4,89% respecto al anterior precio. Esta subida es la cuarta revisión bimestral consecutiva al alza y supone un 20,2% más que el precio máximo estipulado hace menos de un año. Por ello, el PSOE registró en el Congreso una batería de preguntas dirigidos al Ejecutivo para conocer las causas que sustentan este incremento acumulado de la bombona de butano y le cuestionan por las medidas previstas a corto y medio plazo para evitar que este precio siga aumentando.

Asimismo, preguntan al Gobierno si tiene previsto aprobar un bono social para la bombona de butano con el fin de garantizar el acceso a esta fuente de energía a los colectivos más desfavorecidos. Según recuerdan los socialistas, «el Gobierno se comprometió hace dos años a crear un bono social del gas para las familias más vulnerables que contaba con el acuerdo del sector del butano». «La Comisión Europea ha exigido en reiteradas ocasiones al Gobierno de España que atendiera los problemas que generaba su política energética para amplios colectivos que sufren de pobreza energética», apostillan.

El autor de esta iniciativa, el secretario general del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «que actúe ya y no retrase más la adopción de estas medidas» y que «explique a los jubilados y familias con pocos ingresos «cómo llegar a fin de mes con la constante subida generalizada de precios en los recursos básicos, personas a las que el Gobierno se niega a ayudar para salir de la vulnerabilidad a la que le han conducido sus políticas antisociales?», ha cuestionado.

El Congreso ya examina la propuesta legislativa impulsada desde el Parlamento de Baleares para prohibir las prospecciones en el Mediterráneo

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Europa Press.- La Alianza Mar Blava ha confirmado que la Proposición de Ley para proteger el Mediterráneo de las prospecciones ya está siendo examinada por la Mesa del Congreso de los Diputados. La entidad ha hecho llegar a todos los grupos parlamentarios el informe jurídico sobre la ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley.

Dicho informe ha sido encargado por la Alianza Mar Blava y concluye que*las disposiciones de la Proposición de Ley «no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado». El estudio ha sido emitido por Javier Sánchez, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Madrid.

Así, en los antecedentes se destaca que los grupos del Parlamento balear, Més per Menorca, PP, PSOE, Podemos, El Pi-Proposta per les Illes y Mixto, presentaron ante la cámara autonómica una Proposición de Ley con fecha 15 de febrero de 2017 sobre Protección del Mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales. Cumplimentada su tramitación en la Cámara autonómica, la Proposición de Ley ha sido enviada al Congreso de los Diputados.

Sobre el análisis de la Proposición de Ley, se destaca que consta de un artículo único para excluir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del Mediterráneo sobre el que España ejerza jurisdicción.Igualmente queda excluido de dicho espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad para el medio marino esté científicamente demostrada.Como conclusión, el académico reitera que la Proposición «no supone jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado».

Ciudadanos cuestiona al Gobierno si la condena a España por los recortes renovables afectará a la factura de la luz

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Europa Press.- Ciudadanos quiere saber si la condena a España por los recortes a las empresas de energía renovable por parte del Ciadi, el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial, afectará a la factura de la luz. Por ello, su portavoz de Energía en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha registrado una batería de preguntas en las que cuestiona al Gobierno por el impacto que esta decisión supondrá para el sistema eléctrico.

El Ciadi condenó a España a pagar 128 millones de euros más intereses por los recortes aplicados a las energías renovables tras la demanda interpuesta por Eiser. Ciudadanos destaca la unanimidad de los tres árbitros a la hora de acordar la violación por parte del Estado del artículo 10 de la Carta de la Energía, «privando de un trato justo y equitativo» a Eiser, así como la «contundencia en relación a la ilegalidad del cambio radical en el marco regulatorio«.

Asimismo, advierte de que el fallo podría sentar precedente e iniciar una serie de resultados similares en el resto de procesos abiertos por inversores extranjeros en renovables, algo que «podría impactar decisivamente en la financiación del sistema eléctrico y la factura de la luz». Por esto mismo, pregunta también qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno para asegurar que no se produzcan episodios similares en el futuro, y si contempla la posibilidad de establecer alguna compensación para los inversores nacionales.

El Gobierno retira el veto a la ley de Podemos/Equo para prohibir el fracking y se tramitará en el Congreso

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Europa Press.- El Gobierno retiró el veto que presentó contra la proposición de ley de Unidos Podemos para prohibir el fracking como técnica de investigación y extracción de hidrocarburos, por lo que ahora se podrá tramitar en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo alegó en abril que la puesta en marcha de esta norma supondría «un impacto presupuestario de 625.000 euros» relacionados con el canon de superficie que exige la Ley del Sector de Hidrocarburos, y que se devenga por cada emplazamiento de sondeos en los permisos de investigación. Según confirmaron fuentes oficiales, finalmente el Gobierno ha retirado el veto a esta norma al entender que el coste de su puesta en marcha podría ser cero al no cobrarse la tasa.

Equo ya anunció en su momento que elevaría un escrito a la Mesa del Congreso para pedir la retirada del veto en el que, además, se pediría un informe a la oficina presupuestaria de la Cámara Baja. La coportavoz de la formación ecologista, Rosa María Martínez, acusó al Ejecutivo de «bloquear cualquier iniciativa legislativa de la oposición», ya que ya ha vetado iniciativas relacionadas con el autoconsumo y con el cierre de las centrales nucleares. La proposición de ley podrá continuar ahora su tramitación parlamentaria y la Mesa del Congreso abrirá un plazo de enmiendas para que el Pleno de la Cámara pueda debatir y votar su toma en consideración.

El Congreso, sin el PP, pide al Gobierno la reducción inmediata de la contaminación y una revisión del modelo energético

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Europa Press.- El Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PP, instó al Gobierno a tomar medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético nacional. Entre ellas, una revisión de todas aquellas normativas actuales que impiden crecer a las energías renovables, el impulso de la rehabilitación de viviendas o la puesta en marcha de incentivos para aumentar el uso del coche eléctrico.

El texto votado, una moción consecuencia de una interpelación urgente a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, es una iniciativa del PSOE pactada con Unidos Podemos, en la que se llama al Ejecutivo a apostar por las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética eliminando las barreras administrativas y económicas que «impiden» transitar hacia un modelo energético de producción descentralizada, con la ciudadanía en el centro del proceso de producción y consumo de electricidad. «Todo ello, mediante incentivos y ayudas al autoconsumo, con el objeto de contribuir a la maduración del mercado fotovoltaico«, apunta la propuesta.

Otra de las medidas que plantea la moción es realizar cambios en los patrones de movilidad, apostando por el uso del transporte público y del vehículo eléctrico como «claves». En este sentido, se insta al Gobierno a impulsar la aprobación de una ley de movilidad sostenible; a desarrollar una estrategia industrial y de inversiones en I+D+i para el desarrollo de baterías y motores eléctricos y a consensuar medidas que reduzcan el tráfico de vehículos convencionales.

También en materia de transporte, se pide una «mejora y refuerzo del servicio ferroviario de cercanías y regionales y potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril», así como aprobar una ley de financiación del transporte público e incrementar la financiación del mismo, permitiendo un servicio de proximidad sin emisiones contaminantes, incluyendo actuaciones para la habilitación de BUS VAO en los accesos a grandes núcleos urbanos.

Por otra parte, se llama a implementar las medidas necesarias para impulsar planes de rehabilitación de viviendas: revisando las normas de edificación y aplicando requisitos máximos de consumo energético o mínimos de eficiencia energética en edificios. Además, se pide un plan de rehabilitación y construcción con criterios de eficiencia energética que permita fomentar la creación de empleo.También proponen la aprobación, durante el año 2017, de un Plan específico para la transición del modelo energético para la industria; el impulso de una fiscalidad medioambiental real próxima a la media europea; crear un informe anual de evaluación del aire; implantar de forma inmediata un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares; o impulsar subastas de electricidad renovable, entre otras medidas.

Podemos negocia con el PSOE

Unidos Podemos condicionó su apoyo a la negociación de un texto transaccional. Entre las peticiones que la formación morada planteó, se encontraba la de exigir un «calendario real» para que España pueda llevar a cabo una «verdadera» transición energética, con potentes políticas autonómicas y estatales para que esta labor sea «más efectiva», según apuntó el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell. En la iniciativa original, el PSOE reclamaba al Ejecutivo que cumpla con las directivas europeas relacionadas con una atmósfera limpia en Europa y a colaborar con las administraciones que incumplen con esta directiva a tomar las decisiones necesarias para llegar a los niveles que se le exigen.

Además, se sugería el impulso a medio plazo a la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de los planes de rehabilitación de viviendas; llevar a cabo campañas de concienciación; fomentar la reducción de consumo energético en los edificios de organismos públicos. La portavoz del PSOE en materia de energía, Pilar Lucio, ha exigido también que el Ejecutivo apueste, con incentivos fiscales, por el vehículo eléctrico. Para ello, el PSOE pide que se defina un modelo por el que se incentive la adquisición de coches eléctricos «a un precio razonable», según matizó Lucio, y que se facilite un sistema de recargas de acceso público.

Tras las peticiones socialistas, la portavoz del PP en esta materia, María Teresa de Lara, ha mostrado su «sorpresa» por esta iniciativa ya que «se insta al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo» y «le obliga a cumplir lo que ya cumple«. Así, asegura que muchos de los puntos que se incluyen en la moción estarán dentro de la nueva Ley de Cambio Climático que ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate de investidura.

Finalmente, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, se mostró a favor de la moción del PSOE al considerar que recoge muchas de las necesidades que el país precisa en esta materia. Pero además, llama a crear un Pacto de Estado de Energía e insiste en la necesidad de un nuevo Plan Nacional del Aire y de una Ley de Cambio Climático. «Me abruma todo lo que necesitamos», reconoció ante el Hemiciclo, en donde ha defendido la educación en el medio ambiente «sin crear impuestos», sino en «las aulas y hablando con la sociedad» del tema.

Unidos Podemos pide que Nadal explique en el Congreso el futuro de Castor; Greenpeace espera que no se repita

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama protocolos para evitar «despropósitos» de alto riesgo medioambiental y económico como el del almacén de gas Castor. Mientras, En Comú Podem, a través de su portavoz de Energía en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha solicitado la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para que dé cuenta del informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre Castor.

El estudio asegura que la inyección de gas que se realizó frente a las costas de Castellón y Tarragona generó los terremotos que desestabilizaron la falla de Amposta. Tras conocer estos resultados, Nadal anunció que el almacén no volverá a operar y que se realizarán estudios para conocer si sería viable un desmantelamiento de la plataforma. Desde la formación catalana denuncian que Castor fue un proyecto «especulativo» e «innecesario», además de «irresponsable» en su gestión, teniendo en cuenta que estaba ubicado en una zona sísmica.

Del mismo modo, denuncia que haya sido «la ciudadanía la que ha tenido que pagar el fiasco del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora Escal UGS». «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», apunta Vendrell. A su juicio, se trata de «un nuevo caso de rescate de una gran empresa» tal y como ha ocurrido «con los bancos, las eléctricas o los concesionarios de las autopistas». Por ello, Podemos también pedirá a Nadal, durante su comparecencia, que explique a quién pedirá responsabilidades así como los planes que tiene el Gobierno sobre Castor para el futuro.

Castor no volverá a operar

Por su parte, el diputado en las Cortes de la Comunidad Valenciana del grupo parlamentario Podemos, César Jiménez, ha mostrado su satisfacción ante el informe sobre el almacén Castor que «ha dictaminado que esta plataforma no podrá volver a operar». Jiménez celebra que los expertos hayan determinado que fueron las inyecciones de gas realizadas en el almacén las causantes de los centenares de movimientos sísmicos que se registraron en la zona, por lo que «el almacén no puede en ningún caso volver a ponerse en funcionamiento, y tampoco se debe intentar extraer el gas inyectado porque podría nuevamente causar movimientos en la falla de Amposta».

En este sentido, Jiménez ha resaltado que «por fin la población de la comarca del Baix Maestrat podrá dormir tranquila sabiendo que la plataforma Castor no podrá volver a poner en riesgo su integridad, ya que no podrá volver a operar». No obstante, ha lamentado que «la actuación del PSOE como impulsor del proyecto, y del PP, que aprobó en solitario indemnizar con más de 1.350 millones de euros a su propietaria, Escal UGS, además de poner en riesgo a la población de esta comarca, les ha dejado como legado algo similar a un Chernobil, ya que, según los expertos, ni se puede desmantelarni se puede volver a utilizar».

Jiménez recordó que Podemos impulsó en el Congreso de los Diputados, en coordinación con el grupo parlamentario de las Cortes de la Comunidad Valenciana, una iniciativa que fue aprobada hace un año por la Comisión de Industria del Congreso para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de «exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS, cuya presidencia ostenta Florentino Pérez«.

La iniciativa también instaba a impulsar las actuaciones necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión, al entender que la compañía «incurrió en dolo o negligencia imputable» y a establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS, «por los movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén». El parlamentario aseveró que Podemos considera «injusto que el fracaso de una iniciativa privada tuviera que ser asumido por la ciudadanía».

Greenpeace: que no se repita

Por otro lado, según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén de gas es «uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público» que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en «energías sucias». Así, la organización ecologista subraya que la empresa constructora del proyecto, ACS, recibió 1.350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. «Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4.400 millones de euros«, recalca, para añadir que con esta suma se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio.

La organización añade que en abril de 2015 el Parlamento Europeo solicitó al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago. «Es necesario desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas, y para ello hay que revisar los procesos de evaluación de impacto ambiental con exhaustividad», ha advertido.

Navia advierte de que «sería kamikaze» intentar forzar la transición energética con mayores recursos desde los Presupuestos Generales del Estado

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Europa Press.- Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 destinarán 3.746 millones de euros, 149 millones menos que en 2016, a la financiación de los costes del sistema eléctrico, según el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que advirtió de que «sería kamikaze» intentar forzar la transición energética más allá de los ritmos lógicos que se derivan de la tecnología, por lo que rechazó las críticas a los Presupuestos por ser poco ambiciosos en esta materia.

Así se expresó Navia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2017. En cuanto a la transición energética, defendió que se debe hacer «de forma gradual» y añadió que «el papel fundamental no corresponde a los Presupuestos». En esta línea, afirmó que «incluso con presupuestos ilimitados sería imposible porque no sabemos cómo van a estar las distintas tecnologías en los próximos 3, 4, 10 o 20 años».

Por ello, apuntó que dicho proceso se debe gestionar desde la evolución de la tecnología, del interés del mercado y de la contribución pública. A este respecto, criticó el apoyo a las renovables de años anteriores, que calificó de «una apuesta tecnológica y financieramente muy ambiciosa por una tecnología no madura de la que estamos pagando las consecuencias con 9.000 millones de euros al año».

El área de Energía cuenta para 2017 con un presupuesto de 4.246,7 millones de euros, de los que 3.746 corresponden a la financiación de costes del sistema eléctrico, que incluyen las ayudas a las renovables, transporte, distribución, ayudas a las extrapeninsulares y el pago de la deuda. De estos 3.746 millones, 360 millones provendrán de las subastas de gases de efecto invernadero, 2.650 millones a diferentes tributos que gravan actividades de generación eléctrica y residuos, y 736 millones serán aportados para compensar los extracostes de generación en los sistemas extrapeninsulares.

Navia señaló que el presupuesto de la Secretaría es suficiente para llevar adelante las prioridades de política energética del Gobierno, pese a haber sido hechos en «un marco de rigor presupuestario». Entre las acciones previstas en materia de eficiencia energética, Navia citó diferentes partidas, como los 59 millones de ayudas para la rehabilitación de edificios o los 50 millones para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible.

A la minería del carbón se destinan 273,4 millones de euros. Este presupuesto corresponde a una transferencia desde Energía al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. La principal partida está asociada a medidas sociales (prejubilaciones y bajas indemnizadas). Las ayudas a la producción serán de 38,5 millones y para la restauración medioambiental de las zonas en que se cierren minas serán de 25 millones. Para sufragar el marco de protección social a los trabajadores, el presupuesto será de 247 millones de euros, 245 millones para prejubilaciones y 2 millones para bajas incentivadas.