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Ciudadanos quiere prohibir las prospecciones en el Mediterráneo europeo mientras el PSOE exige que comparezca Nadal para explicar su veto

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Europa Press.- El grupo socialista del Congreso exigió la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para explicar su veto a la tramitación de la ley para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. Por su parte, los diputados de Ciudadanos, Antoni Cantó, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, y Fernando Navarro, han asegurado a la Alianza Mar Blava que mantienen su «total apoyo» a esta ley y que les gustaría ampliar la prohibición a «todas las aguas europeas del Mediterráneo».

Desde la Alianza se ha insistido a los representantes de Ciudadanos en que la prerrogativa que tiene el Gobierno central de vetar una proposición de ley tiene que basarse en argumentos ciertos, lo que «no es el caso del veto» del Gobierno. Según dicen, la justificación de este veto se basa «en argumentos que no se sostienen jurídicamente y, además, que un veto sólo está justificado cuando hay una afección real al presupuesto corriente», es decir, a los Presupuestos estatales que están en vigor, y que «ese tampoco era el caso» con la proposición de Ley de protección del Mediterráneo.

Por esto, les han aportado a Ciudadanos un informe jurídico sobre «la falsedad» de los argumentos del veto del Gobierno. En este sentido, los representantes de Ciudadanos aseguraron que lo que habían hecho había sido pedir «inmediatamente» explicaciones al Gobierno sobre los argumentos económicos contenidos en su informe de veto. De esta manera, en virtud de la respuesta del Gobierno, que tendría que ser enviada, de acuerdo con los plazos, a principios de agosto, y de lo «convincente» que ésta fuera, tendrán que replantearse su veto en la Mesa del Congreso, la cuál no se reunirá hasta mediados de septiembre.

PSOE exige comparecer a Nadal

El diputado socialista por Baleares, Pere Joan Pons, ha reclamado explicaciones al ministro por su bloqueo a una ley que «surgió de la iniciativa popular y que fue aprobado por unanimidad» de todos los partidos en el Parlamento autonómico, «incluso con los votos del PP aunque ahora su portavoz reconozca que no lo deberían haber hecho», según indicó el PSOE.

Con todo, Pons ha recordado que los socialistas del Congreso han defendido en varias ocasiones la tramitación de esta iniciativa legislativa tras el veto de la Mesa, pidiendo a este órgano que reconsidere su decisión siguiendo el camino marcado por el Gobierno. Así, los socialistas pretenden que el ministro de Energía explique a la ciudadanía por qué el Gobierno no quiere prohibir las prospecciones petrolíferas en aguas del Mediterráneo y recordaron el «peligro ambiental y económico que suponen estas actividades ante las costas de Baleares».

ERC y PDeCAT piden que Nadal explique en el Congreso la subida del 67% de la luz desde 2008

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Europa Press.- Esquerra Republicana y el PDeCAT registraron en el Congreso la convocatoria de la Diputación Permanente para que convoque una sesión extraordinaria de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que el ministro Álvaro Nadal explique las razones por las que el precio de la electricidad se ha incrementado en un 67% desde 2008.

Para el PDeCAT, el aumento de este precio para el consumidor doméstico es «desmesurado», habida cuenta que el encarecimiento de estos servicios en la Unión Europea ha sido de un 30% de media. Además, las formaciones catalanas piden que el ministro de Energía explique también por qué ha aumentado el precio de la electricidad del pequeño productor industrial en un 80% desde 2008, mientras en la Unión Europea esta subida ha sido de un 24%.

El Congreso pide al Gobierno con la abstención del PP paralizar cautelarmente el almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- La Comisión de Energía del Congreso ha instado al Gobierno a paralizar cautelarmente el subproyecto de almacén de gas Marismas Occidental, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, con 20 votos a favor de Unidos Podemos, PSOE, Ciudadanos y ERC y con 16 abstenciones del PP y Foro Asturias.

La proposición no de Ley, defendida por la diputada de Unidos Podemos, Isabel Franco, pide al Gobierno que garantice la «máxima protección, preservación y conservación» del espacio natural de Doñana y que establezca las vías «legales necesarias y posibles» para paralizar cautelarmente el subproyecto, al tiempo que reclama informes sísmicos e hidrogeológicos. Además, reclama que el proyecto se evalúe de manera conjunta y global para poder conocer los efectos «sinérgicos y acumulativos» del proyecto ya que en la actualidad las evaluaciones ambientales se han realizado de forma parcial, al subdividirse en cuatro el proyecto total. Del mismo modo, la diputada propone revisar el proceso para conceder las Declaraciones de Impacto Ambiental para evaluar de forma correcta y conjunta los proyectos.

Franco acusó al PSOE y al PP de estar durante varios años en «clara connivencia» para favorecer a una corporación multinacional como es Gas Natural. En concreto, culpó a los Gobiernos de Zapatero y Rajoy y al expresidente Griñan de la Junta de Andalucía de dar las distintas autorizaciones ambientales. También se refirió al expresidente Felipe González a quien culpa de convertir Doñana en «un espacio de la gran corporación» cuando era presidente del Consejo Permanente de Doñana mientras era miembro del consejo de administración de Gas Natural. «Esto solo se puede comprender si se ha gobernado para proteger los intereses de las grandes empresas dando la espalda a la ciudadanía, a la sociedad civil y a Doñana», concluyó Franco.

Podemos celebra postura del PP

Asimismo, resaltó que «ha imperado el sentido común» en los grupos parlamentarios ya que no se ha emitido ningún voto en contra de paralizar el proyecto, «ni siquiera el PP se ha podido oponer». «Esto es muy buena noticia para los ciudadanos», subrayó la diputada que está sorprendida por la postura del PP. Sin embargo, reconoció que no confía mucho en el Gobierno porque «ha demostrado en muchas ocasiones que desoye lo que el parlamento le dice», aunque ha destacado que «por primera vez el PP, ha estado en contra del criterio mantenido hasta ahora».

Por su parte, la diputada socialista, Josefa Inmaculada González, ha defendido «de forma rotunda y clara» que la conservación del enclave para el PSOE «no tiene discusión ninguna ni es negociable» y ha pedido mantener la integridad del entorno y su buen estado. De este modo, considera que el proyecto gasístico se ha «desmembrado o desmenuzado» por el Gobierno de España. Por ello, ha apoyado la proposición no de ley porque estima necesario conocer los efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto en su conjunto y no dividido en cuatro partes. «No podemos trocearlos y hay que ver la influencia de Doñana y todo el entorno, pero al Gobierno de España no le preocupa«, ha lamentado.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha coincidido en la necesidad de evaluar de manera global el impacto del proyecto y ha sumado una enmienda transaccional in voce para evitar una «inseguridad jurídica de la iniciativa» que se ha incorporado al texto definitivo. Desde Esquerra Republicana, Francesc Xavier Eritja ha criticado que el Gobierno «sigue» dependiendo del petróleo y el gas, con buenas voluntades pero sin hechos.

Mientras, el diputado del PP, Jesús Postigo, ha explicado que las competencias de autorización son autonómicas y ha defendido que Doñana es mucho más que vida para todos los miembros de su partido y ha responsabilizado al PSOE del proyecto en su inicio, tramitación y aprobación y, en particular, a la Junta de Andalucía de «trocear el proyecto». En cuanto a la solicitud de la iniciativa de realizar informes geológicos e hidrogeológicos, Postigo ha asegurado que a lo largo de toda la tramitación se han emitido informes sobre riesgos geológicos y sísmicos por parte del IGME y del IGN sobre los riesgos geológicos y sísmicos.

Ciudadanos propone una moratoria a nuevas solicitudes de prospecciones en el Mediterráneo mientras el Gobierno balear pide cuentas a Madrid

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Europa Press /EFE.- El Gobierno balear reclamó por escrito al Ministerio de Energía información sobre los datos en los que se amparó su veto en la mesa del Congreso al proyecto de ley para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo propuesto desde el Parlamento balear. Mientras tanto, Ciudadanos presentó una proposición no de Ley para pedir que se aplique una moratoria a nuevas solicitudes de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas bajo jurisdicción española en el Mediterráneo.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Medio Ambiente, insta al Gobierno a destinar dotación presupuestaria adecuada para alcanzar los objetivos ambientales detallados en la Estrategia Marina Demarcación Marina Levantino- Balear. Además, solicita que se acelere la declaración de la Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim) en el Corredor de Migración de Cetáceos localizado entre las costas de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Para ello, piden que se reduzca el nivel de contaminación acústica en las áreas de presencia de especies de cetáceos vulnerables y prohibiendo realizar operaciones de prospección sísmica marina con cañones de aire comprimido de alta presión, o por cualquier otro medio, salvo cuando se acredite la utilización de tecnologías inocuas.

Veto a ley de prospecciones

Por otro lado, ante el escrito del Ministerio al Congreso de los Diputados expresando su oposición a la tramitación de la proposición de ley por cifrar su impacto fiscal sobre la recaudación fiscal en 4,7 millones de euros, el consejero de Medio Ambiente de las Islas Baleares, Vicenç Vidal, envió una carta al Ministerio solicitando la cuantificación que supone cada uno de los actuales proyectos de prospecciones de hidrocarburos. Vidal pretende aportar los datos a la Mesa del Congreso para que atienda el recurso presentado por los grupos parlamentarios de la oposición en contra de la decisión de no tramitar el proyecto legislativo y rectifique.

El Ministerio alegó en contra de tramitar la proposición de ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas como zona libre de prospecciones de hidrocarburos porque aprobar dicha iniciativa «atendiendo a los proyectos actualmente existentes» en el área, «podría representar un impacto presupuestario mínimo de 4,7 millones de euros«. Vidal expresa en su carta “el enorme interés del Gobierno balear ante la tramitación de todos estos expedientes” y solicita una relación de esos proyectos «actualmente existentes en el área», y una cuantificación de los conceptos de cada uno hasta llegar a la cifra de 4,7 millones de disminución de ingresos del Estado a los cuales hace referencia el Ministerio.

El Gobierno balear considera «absolutamente insuficientes» los argumentos del Gobierno para vetar la tramitación de la ley y recuerda que se han planteado recursos a la decisión de la mesa del Congreso. Vidal considera que las preguntas al Gobierno español que ha registrado Ciudadanos sobre esta cuestión también “expresan las dudas de esta formación acerca de la solvencia de los motivos del Ministerio para oponerse a la tramitación” de la proposición de ley. El consejero confía en que dicho grupo parlamentario aproveche el recurso contra el acuerdo de la Mesa para rectificar su posición o que, como mínimo, espere a las explicaciones del Gobierno antes de ratificar definitivamente su veto.

El PSOE insta al Gobierno a que las personas con electrodependencia sean beneficiarias del bono social de electricidad

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Servimedia / EFE.- El grupo socialista registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a establecer medidas de apoyo a las familias que cuenten entre sus miembros con personas con electrodependencia por razón de salud, entre las que destacan incluir a estas personas como beneficiarias del bono social eléctrico.

Esta proposición, que será debatida en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, pretende defender a las personas con electrodependencia por razón de salud que hay en España, es decir, aquellas que dependen de una máquina conectada a la red eléctrica que los mantiene con vida. El PSOE critica que aún «no existen ayudas para estas personas, a pesar del elevado precio de la electricidad y de los fuertes incrementos producidos en los últimos años».

En este sentido, la propuesta pide que se incluya a estas personas como beneficiarias del bono social eléctrico; garantizar que tengan la consideración de suministros esenciales para que, en ningún caso, se les pueda suspender el suministro de energía y que, en caso de cortes imprevistos, tengan la máxima prioridad para su restablecimiento; e instalar en sus domicilios, de manera gratuita, un sistema de alimentación ininterrumpida para que, en caso de cortes imprevistos, puedan contar con unas horas de electricidad.

El PSOE reclama también que las ambulancias de transporte no urgente, que se utilizan para trasladar a los pacientes con electrodependencia, tengan habilitados los enchufes, y que los traslados de estos pacientes tengan la máxima prioridad. La diputada socialista María del Sol Pérez reivindicó que «es necesario garantizar que no se pueda suspender el suministro de energía eléctrica en los casos de personas electrodependientes, pues su vida depende de ello«.

Compromís recurre en el Congreso el veto del Gobierno a una iniciativa que presentó sobre la retribución a las fotovoltaicas

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Europa Press.- Compromís ha presentado un recurso ante la Mesa del Congreso con la intención de que reconsidere su decisión de aceptar el veto planteado por el Gobierno que impidió la tramitación de una proposición de ley de la formación valenciana sobre la retribución a las fotovoltaicas.

El Ejecutivo está facultado para frenar las iniciativas legislativas que supongan un aumento del gasto o una disminución de ingresos y en lo que va de legislatura ya ha recurrido a esta herramienta en 34 ocasiones. Para Compromís, el uso de este instrumento debería ser «extraordinario» pero el Gobierno lo está usando habitualmente de forma «partidista, partidaria y a la carta» para «trampear las incomodidades de una legislatura en minoría«.

Ante el veto a su ley, Compromís solicitó un informe de la Oficina Presupuestaria de las Cortes que, según el diputado Ignasi Candela, les respondió con un texto plagado de «errores». «Utiliza criterios diferentes, no explica la metodología utilizada y entra en juicios de valor que nada tienen que ver con el presupuesto», señaló Candela, quien también se queja de que, en lugar de estudiar el impacto presupuestario de su iniciativa se limita a hacer un «análisis jurídico para avalar la decisión del Gobierno». Candela niega que la iniciativa implique un aumento de gasto y por eso han solicitado a la Mesa del Congreso la reconsideración del acuerdo por el que no admite su tramitación.

El PSOE pide que Nadal explique sus planes para intervenir el cierre de las centrales de generación de electricidad

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EFE.- El grupo socialista ha pedido la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la Comisión de Energía del Congreso con el fin de que explique sus planes para regular el cierre de centrales eléctricas, según indicó esta formación. Nadal expresó su intención de regular por la vía reglamentaria el proceso de cierre de las centrales de generación eléctrica al no encontrar apoyos en el resto de las fuerzas políticas, en concreto en el PSOE, para hacerlo con rango de ley.

La portavoz de Energía del grupo socialista, Pilar Lucio, ha criticado que resulta «difícil» apoyar una iniciativa legislativa que no conocen. En su opinión, resulta «imprescindible» que Nadal dé explicaciones y aclare «qué es lo que propone y cómo pretende hacerlo». «Nadal está haciendo declaraciones que no se corresponden con la realidad, ya que el PSOE nunca ha conocido de manera formal cuáles son sus intenciones respecto a la intervención de estas centrales», ha indicado.

Nadal explicó que el objetivo de la normativa que pretende elaborar es que el eventual cierre de centrales sea ordenado y tenga en cuenta, además de la seguridad del suministro, criterios medioambientales, de flexibilidad del sistema y de precio de la energía eléctrica. Según Nadal, el cierre de las centrales no puede depender únicamente de decisiones empresariales porque influye en la configuración del mix energético, una cuestión que, a su juicio, es competencia del Estado.

Podemos pide que Montoro y el exministro Soria expliquen en el Congreso sus contactos con las eléctricas y con Abengoa

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Europa Press.- Podemos ha pedido las comparecencias del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y del exministro de Energía, José Manuel Soria, en el Congreso para que expliquen las noticias aparecidas en relación a posibles presiones recibidas por empresas eléctricas y para beneficiar a Abengoa.

Podemos ha solicitado que Montoro comparezca en la Comisión de Hacienda y Soria en la Comisión de Energía, al tiempo que también ha pedido que acuda a esta última comisión el exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen. En el mismo sentido, ERC también solicitó la comparecencia de Soria para que informe si recibió presiones de las compañías eléctricas así como del ministro Montoro para beneficiar a Abengoa. ERC, además, exige que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, acuda al Congreso a explicar la multa por la no construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Por otra parte, el grupo parlamentario de Podemos ha registrado varias preguntas para que el Gobierno responda por escrito si Hacienda le ha informado privadamente en alguna ocasión sobre la situación de algún contribuyente, como pudieran ser el caso de algunos familiares de Soria. Asimismo, sobre la autorización del Gobierno para que las compañías eléctricas refacturen de una sola vez las tarifas. Al respecto, Podemos pregunta si el Ejecutivo es consciente de que este sistema puede provocar aumentos de más del 50% en la factura de los consumidores más vulnerables.

Nadal defiende revisar la rentabilidad razonable de las plantas renovables para bajar hasta un 10% el recibo de la luz

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Europa Press.- Así como desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital insisten en que las interconexiones energéticas deben «tener un foco y preponderancia» en las negociaciones en la Unión Europea de los objetivos del conocido como paquete de invierno, el ministro Álvaro Nadal se ha mostrado a favor de revisar la rentabilidad razonable de las plantas renovables a partir de 2020, ya que puede rebajar la factura de la luz de los consumidores españoles «entre un 5% y un 10%».

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Nadal afirmó que el Gobierno «sí que está a favor» de esta revisión para que suponga «una rebaja sensible al recibo de la luz de todos los españoles». El titular de Energía defendió ligar la retribución al bono del Estado, tal y como recoge la norma, lo que implicaría una caída de esta rentabilidad a las renovables con respecto al 7,39% fijado para el periodo actual.

En 2013 se fijó este primer periodo regulatorio para las renovables, que termina en diciembre de 2019, con una rentabilidad calculada con el rendimiento del bono del Estado a 10 años más un diferencial de 300 puntos básicos, lo que suponía ese 7,4%. Sin embargo, el descenso en este tiempo del interés del bono y el no proceder a un cambio normativo para aumentar el actual diferencial llevaría a caer esa rentabilidad razonable para las plantas renovables para el periodo que se iniciará en 2020.

«Dado que está en la Ley y que todo el mundo sabe las reglas del juego, sí que queremos que baje entre un 5% y un 10% la luz de los consumidores españoles. Cada uno puede tener su opinión y la del Gobierno es esta», sentenció el ministro, que subrayó que la «prioridad número uno» del Gobierno es que todas las empresas y los consumidores «paguen lo menos posible» en la tarifa de la luz.

Las interconexiones deben ser «preponderantes»

Respecto a las negociaciones con la Unión Europea, Nadal advirtió que el tema de las interconexiones debe estar «al mismo nivel» que el resto de los objetivos planteados, como las renovables, el mercado interior energético o la eficiencia energética. A este respecto, resaltó que defendió ante el resto de socios comunitarios que se otorgue un tratamiento adecuado a los Estados en las obligaciones y exigencias incluidas en las propuestas que tenga en cuenta el grado de interconexión real, por lo que la normativa europea debería «tener un cierto grado de flexibilidad con los sistemas aislados».

Nadal apuntó que la falta de interconexiones representa un sobrecoste para España de unos 1.200 millones de euros anuales. Por ello, apostó por ligar los objetivos medioambientales con el nivel de interconexión energética y pidió un consenso a las fuerzas políticas. A este respecto, la diputada socialista, Pilar Lucio, criticó al Gobierno el justificarse en el «mantra de las interconexiones» para situarse en contra de las objetivos para 2030. «No querer objetivos vinculantes hace sospechar que el compromiso no es el que debería ser», indicó.

En materia de eficiencia energética, destacó la importancia del reconocimiento en Bruselas de un mejor tratamiento para las inversiones en esta materia acometidas en el periodo 2018-2021, lo que facilitará las inversiones «a largo plazo». Además, destacó el acuerdo alcanzado por los Estados miembros para fijar un objetivo de eficiencia energética para 2030 del 30%, tres puntos superior al anterior del 27%, y aclaró que al final «se quitó la palabra vinculante» para estos objetivos.

Respecto al pacto entre el PNV y el Gobierno para rebajar los peajes eléctricos a las empresas de baja tensión, Nadal señaló que se trata de «un acuerdo de política presupuestaria, no de política energética» y, por tanto, se mostró «abierto» a acuerdo de este tipo con cualquier partido político. Además, insistió en que se trata de una medida de apoyo industrial que tiene más incidencia en el País Vasco pero que afecta a todo el territorio nacional, por lo que no hay trato de favor hacia las empresas vascas.

Asimismo, indicó que este pacto «no le cuesta un euro» al resto de consumidores, por lo que cual deberá aparecer una partida presupuestaria en el presupuesto de 2018, y afirmó que existe la dificultad de que Europa lo valide y no lo considere como ayuda de Estado y de que reciba el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El Congreso pide el cierre de Garoña y exige al CSN cambiar su normativa interna para mejorar en transparencia

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Europa Press.– La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital ha pedido al Gobierno que decrete el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos), se prepare su desmantelamiento y ponga en marcha un plan de desarrollo de las zonas que se vean afectadas económicamente por el cierre de la planta.

Así aparece en el dictamen de la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sobre los informes de actividad del regulador, aprobado junto a las propuestas de resolución planteadas por los parlamentarios. Entre ellas, destaca el texto acordado por todas las formaciones, excepto el PP, en el que se llama al CSN a modernizar la normativa y el estatuto que regulan su funcionamiento interno y, de este modo, garantizar su credibilidad ante la sociedad y su independencia. Unas características que, para la mayoría de partidos, el CSN perdió tras permitir la reapertura de Garoña a pesar del informe de sus técnicos, que la condicionaban a una inversión en sus instalaciones.

En este sentido, el portavoz de Energía del PSOE, Javier Lasarte, ha defendido la necesidad de que el CSN publique todos sus documentos más relevantes, que el presidente presente un informe al final del mandato, que se hagan públicos sus plenos y que se haga un registro de lobbys, entre otros. Para Lasarte, el CSN también debería reforzar la independencia de sus consejeros cambiando su sistema de elección, para que esté basada en su capacidad.

También el representante de Unidos Podemos, Josep Vendrell, cuestionó la imagen de independencia del CSN que, a su juicio, se ha ido debilitando coincidiendo con la llegada del actual presidente, Fernando Martí. «Las decisiones que ha tomando nos llevan a plantear su reprobación e instar al Gobierno a su cese en beneficio de la independencia del CSN», aseveró el diputado de En Comú. La formación morada ha conseguido para esta reprobación el apoyo del PSOE que, junto a las abstenciones de Ciudadanos, PNV, ERC y PDeCAT, ha permitido que esta propuesta de resolución salga adelante.

La formación naranja también ha tenido palabras críticas para el trabajo del organismo regulador. Su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, ha reconocido que en las comparecencias escuchadas a lo largo de los últimos meses en la ponencia, se ha encontrado con discursos «vacíos de contenido» y «faltos de rigurosidad», algo que, a su juicio, demuestra esa actitud de falta de transparencia que se ha denunciado.

Sólo el PP se ha mostrado contrario a estas acusaciones y, a través de su portavoz, Teodoro García, ha reprochado su actitud a quienes «pretenden sustituir al presidente del regulador» para que el CSN tome las decisiones en el sentido que ellos quieren, es decir, en contra de las nucleares. En este sentido, subrayó que «el 90% de las decisiones del CSN se han tomado por unanimidad», una cifra que, a su juicio, no refleja lo escuchado sobre el regulador.

La oposición también se ha unido en un texto transaccional para pedir al CSN un informe detallado sobre el estado del proyecto del Almacén nuclear Temporal Centralizado (ATC), que está previsto que se construya en Villar de Cañas (Cuenca), aunque lleva tiempo paralizado. Tanto Lasarte como el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, han recordado que existen informes que determinan que la localización no es la más adecuada, una denuncia a la que se ha unido la diputada de Ciudadanos. En este sentido, también se ha pedido al Gobierno un nuevo plan de residuos radioactivos.