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Gas Natural se suma a Endesa y recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

Europa Press.– El Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Gas Natural Fenosa en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso ha sido publicado en el BOE y se suma al interpuesto por Endesa por la misma cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 9 de marzo y concede un plazo a las partes interesadas para personarse en el caso, que afecta a los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos de Energía incluidos en la memoria del borrador, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

La Comisión Europea admite a trámite una denuncia de las gasolineras desatendidas contra España por las prohibiciones de las autonomías

Europa Press.- La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) contra España por su inacción ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas. La asociación señala que, tras varios meses en los que la Comisión realizó una investigación preliminar de los hechos denunciados por la AESAE, la semana pasada tomó la decisión de admitir a trámite el expediente.

Como parte del proceso, asegura, el Ejecutivo comunitario ha procedido a enviar la preceptiva carta al Estado español en la que se recogen los hechos fundamentales que constituyen la base del argumento de la Comisión y se esboza la valoración jurídica de los mismos. El Gobierno tendrá de plazo hasta el 8 de julio para presentar sus alegaciones. LA AESAE había presentado su denuncia en julio al considerar que las normativas autonómicas en contra de las gasolineras automáticas constituyen «una clara restricción al libre mercado», en línea con la posición del organismo regulador, la CNMC.

Entre las legislaciones incluidas en la denuncia de la AESAE se encuentran las de Navarra, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares y Murcia, mientras que las que están en tramitación son las de Madrid, Asturias y Extremadura. Posteriormente, indica, esta denuncia fue ampliada el 16 de diciembre, con la Ley de Castilla y León y el proyecto legislativo en tramitación en Euskadi.

El Tribunal Supremo eleva a 10,3 millones lo que debe pagar Red Eléctrica a Endesa por el apagón de 2007

Europa Press.- Al tiempo que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Endesa en contra de la refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas, el alto tribunal ha aumentado de 8,3 a 10,3 millones la cantidad que debe pagar la compañía Red Eléctrica a Endesa y concluye que las dos empresas fueron corresponsables del incendio de la subestación eléctrica Maragall en Barcelona el 23 de julio de 2007, que originó un gran apagón.

Así lo estableció el alto tribunal después de la estimación parcial de un recurso presentado por Endesa contra una sentencia de la Audiencia de Barcelona, dentro del litigio que mantenían desde hacía años las dos compañías eléctricas por el incidente que afectó a unos 320.000 afectados. El apagón se debió a la caída de un cable de 110.000 kilovoltios en la subestación de Collblanc, que se desplomó sobre el parque de transporte de REE de 220 kilovoltios y, como consecuencia, se perdió tensión en las subestaciones de Urgell y Maragall.

Recurso contra la refacturación territorial

Por otro lado, se admitió a trámite el recurso que la compañía eléctrica planteó en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas. En un anuncio publicado en el BOE, el Supremo concede un plazo a las partes interesadas para personarse en el caso, que afecta a los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos de Energía incluidos en la memoria del borrador, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017, o 0,489 euros al mes, para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

El presidente de Unesa ve «bien» que se investigue el funcionamiento del pool porque mejorará la imagen del sector

Europa Press / EFE.- Mientras el precio mayorista baja un 4,3% para este jueves, el presidente de Unesa, Eduardo Montes, ve «muy bien» que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como la Fiscalía del Tribunal Supremo investiguen las subidas de la electricidad si estas iniciativas sirven para «aclarar» la situación.

«El mercado eléctrico es exactamente igual que en el resto de Europa. Es un mercado muy supervisado por la CNMC y todo lo que sea aclarar la situación, ya sea mediante un análisis por la CNMC o por la Fiscalía, nos parecerá muy bien porque tenemos necesidad de darle al público la imagen que se merece un sector que da un servicio de calidad», afirmó Montes. En este sentido, la patronal eléctrica, asociación en la que participan Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, afirmó que el sistema eléctrico español es «probablemente uno de los mejores de Europa» y consideró que, en todo caso, el sector «no ha sabido hacer pedagogía y explicar exactamente cómo funciona el mercado«.

Junto a esto, señaló que el precio de la electricidad se ha disparado en toda Europa por la ola de frío. Si en España el megavatio hora ha alcanzado los 91 euros, en Italia asciende a 101 euros, en Francia a 121 euros y en Suiza a 117 euros. «Con la ola de frío que recorre Europa y la situación climatológica, todos los precios del entorno se han disparado», afirmó.

Montes recordó que, aparte del precio de la electricidad, en el recibo de la luz se pagan impuestos y costes regulados en porcentajes que suman el 70%. Además, señaló que las puntas de estos días se aplican a los consumidores con precio regulado y con contadores inteligentes, capaces de permitir la facturación por horas. Aparte de expresar su «inclinación personal» por el suministro eléctrico en mercado libre, Montes repasó las causas de las últimas subidas en el precio mayorista, entre las que citó la mayor demanda por la ola de frío, la indisposición de centrales nucleares franceses y la ausencia de recurso eólico e hidráulico.

El precio baja un 4,3%

Por su parte, el precio de la electricidad en el mercado mayorista bajó un 4,3% respecto a los 91,88 euros alcanzados el miércoles y se situó en 87,88 euros el megavatio hora (MWh), aunque sigue en niveles que no se veían desde diciembre de 2013, según datos de OMIE, el operador del mercado. Aunque los niveles de estos días son elevados, aún están lejos del máximo diario, que se marcó el 11 de enero de 2002, con una media de 103,76 euros. Del mismo modo, no se alcanzarán los picos de más de 100 euros por MWh que se alcanzaron en varias horas del miércoles.

El precio de la luz en el mercado mayorista supone en torno al 35% del recibo de los consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos 12 millones, pero no afecta a quienes han contratado el suministro en el mercado libre, en torno a 13 millones. El 65% restante del recibo depende de los denominados peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año, y de los impuestos. El pool funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto.

Más demanda y menos oferta

La subida del precio eléctrico mayorista responde a la ola de frío, que disparó la demanda, a la escasez de agua y viento, que limita el uso de las plantas hidroeléctricas y los parques eólicos, las dos tecnologías más baratas para generar electricidad, y al encarecimiento del gas natural en los mercados internacionales, combustible que usan las centrales de ciclo combinado, así como la mayor exportación a Francia por la indisponibilidad de algunas de sus centrales nucleares. No obstante, el Ministerio de Energía, la CNMC y la Fiscalía del Tribunal Supremo investigan la evolución de los precios para comprobar si hay comportamientos anticompetitivos por parte de algún agente del sector.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparece este jueves en la comisión correspondiente del Congreso para explicar el comportamiento del mercado. El Gobierno ha decidido dinamizar el mercado organizado del gas, Mibgas, para conseguir precios más competitivos. En la situación actual, el precio en el mercado eléctrico mayorista lo marcan las centrales de ciclo combinado. Por eso, el Ejecutivo entiende que una bajada del gas reduciría también los precios de la electricidad. El Gobierno ha decidido incorporar la figura del creador de mercado en la sociedad Gunvor Internacional para que el Migbas tenga más liquidez y pretende obligar a los operadores dominantes a ofrecer un volumen determinado de gas natural.

Estos precios son los más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el mercado mayorista llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio de cada hora en el mercado. La demanda eléctrica prevista para este jueves asciende a 636 gigavatios hora (GWh), por encima de los 630 GWh previstos para el miércoles, según datos de Omie.

Críticas desde la Comunidad Valenciana

Por otro lado, el consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, Rafael Climent, ha criticado que el Gobierno «juega a los intereses de unos cuantos frente a los intereses generales o del bien común» y parece que los dirigentes «no saben para quién trabajan, o sí». Climent se pronunció así sobre el reciente incremento en los precios de la electricidad. El consejero considera que el Gobierno no debería preocuparse por que «ganen dinero unos cuantos, ese oligopolio» sino pensar en que «cuanto más abaratamos los costes a la ciudadanía, mejor».

En el caso del Gobierno valenciano, «tenemos claro trabajar por la ciudadanía y mejorar el bienestar de la gente», asevera Climent, quien se refirió a las ayudas del plan de autoconsumo que ya ha puesto en marcha el Gobierno de la Comunidad Valenciana, frente al impuesto al sol del Ejecutivo central. En el ámbito doméstico, el plan recoge bonificaciones directas del 20% en el IRPF en la parte autonómica correspondiente para quienes instalen placas solares, aerogeneradores o vendan a la red, con unas desgravaciones máximas de 8.000 euros. Además en el primer trimestre las empresas podrán solicitar préstamos de hasta 100.000 euros a interés cero y con un plazo de devolución de 7 años para la instalación de energía renovable.

El PSOE pregunta al Gobierno si prolongará el funcionamiento de Cofrentes mientras vigilantes de la central nuclear denuncian presiones laborales

EFE.- El sindicato Alternativa Sindical ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que los cerca de 60 vigilantes de seguridad privada de la central nuclear de Cofrentes, de la empresa Casesa, sufren presiones y hostigamiento por parte del jefe de vigilancia, empleado de la misma empresa. Por otro lado, el diputado del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha registrado unas preguntas para que el Gobierno explique si tiene previsto prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes.

El dirigente socialista ha reclamado información al Ejecutivo sobre los planes de gestión de los residuos nucleares y, en concreto, de la central valenciana, tras conocerse que la planta planea la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) para almacenar el combustible radioactivo agotado. «Es necesario que el Ejecutivo explique qué proyecto se va a ejecutar, por qué hay que construirlo en Cofrentes y si la futura instalación no supondrá un riesgo añadido para la central y su entorno», indicó. Ábalos señaló que esta medida se adopta «ante la previsible saturación en 2021 de la piscina donde se guardan hasta el momento» los residuos nucleares.

Según el diputado, «Iberdrola, la compañía que opera Cofrentes, ha iniciado los trámites administrativos para ejecutar esta nueva infraestructura, que entraría en funcionamiento en 2019», una actuación que, a su juicio, choca con los planes previstos por el Gobierno para crear el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares (ATC) en Villar de Cañas. «Resulta sorprendente que este proyecto, previsto para 2011, esté paralizado mientras las centrales nucleares proyectan sus propios almacenes individuales». Por ello, el parlamentario ve «necesario que el Gobierno explique con qué argumentos permite que cada central actúe por su cuenta, mientras este proyecto sigue en los cajones».

Ábalos recordó, además, las críticas mostradas por organizaciones ecologistas y recalcó que la escasa información pública de este proyecto «nos lleva a pensar que detrás de esta actuación puede existir una intención clara de prolongar la vida útil de la central nuclear». El diputado socialista también exigió que el Gobierno explique si la puesta en funcionamiento del futuro almacén implicará una prórroga en la autorización para que la central siga operando más allá de 2021.

Vigilantes denuncian presiones y hostigamiento

Según el sindicato Alternativa Sindical, tal y como consta en la denuncia presentada a la Inspección de Trabajo, la plantilla de vigilantes, de la empresa Casesa, es «hostigada y exprimida en turnos de trabajo de 12 horas diarias sin descanso y 7 días seguidos, lo que ha provocado cuadros de estrés y ansiedad«. «Desde que en el año 2011 una veintena de activistas de Greenpeace burlasen los controles de seguridad y accediesen a la central nuclear, sumado al estado de nivel de alerta 4 por atentado terrorista, hay una obsesión continua por las medidas de seguridad del recinto nuclear», señalaron.

Desde Alternativa Sindical se denuncia además que a los vigilantes se les impone de forma unilateral el disfrute de los periodos vacacionales y que el jefe de vigilancia, un ex guardia civil también empleado de Casesa, no respeta los descansos establecidos ni entrega la planificación de horarios a los vigilantes. «Además, el cerca de centenar de horas en formación específica que han de completar todos los vigilantes de la plantilla a lo largo del año no son remuneradas por parte de la empresa y siempre coinciden con la finalización de los largos turnos de trabajo», indicaron las mismas fuentes sindicales.

Estas actuaciones, según Alternativa Sindical, cuentan con el «beneplácito del departamento de seguridad corporativa de Iberdrola». Al respecto, la empresa energética propietaria de la central ha explicado que las empresas que desarrollan trabajo en la central como contratistas cumplen con la legalidad. Alternativa Sindical anunció que los hechos denunciados ante la Inspección de Trabajo serán comunicados también a la Brigada de Seguridad Privada de Valencia.

La Junta de Castilla-La Mancha considera que “será difícil demostrar que no hay otro lugar más idóneo para el ATC”

EFE.- El consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha calificado de “sorprendente” que el Gobierno central quiera declarar de Interés General el ATC en Villar de Cañas (Cuenca), después de que el Ministerio de Industria situara a Villar de Cañas como el cuarto emplazamiento en el informe técnico de idoneidad, situando el mejor emplazamiento en Zarra, un municipio de la Comunidad Valenciana.

“Si quieren saltarse la normativa tienen que demostrar que no hay otro lugar más idóneo en España y lo van a tener muy difícil», ha asegurado Martínez Arroyo y advirtió de que «como autoridad ambiental, desde la Consejería, estaremos vigilantes”. Castilla-La Mancha mantiene su posición de garantizar la protección del espacio natural, “hemos dicho reiteradamente que hay que proteger ese espacio, no solo por la fauna, sino también por la vegetación exclusiva de esa zona en terrenos yesosos” que son, precisamente, “los que hacen que no sea el lugar idóneo para la construcción del ATC».

Martínez Arroyo ha manifestado que la entrada de España en la Unión Europea obliga a cumplir con la legislación comunitaria, en este caso en materia de conservación de especies y espacios naturales, siendo la Red Natura 2000, con sus ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) de El Hito y ZEC (Zonas de Especial Conservación) las denominaciones de las estrategias de conservación de la biodiversidad.

Avaesen lamenta ante la Generalitat que el bloqueo del Plan Eólico Valenciano impedirá una inversión de 500 millones de euros

EFE.- La Asociación Valenciana de Empresas de la Energía (Avaesen) ha lamentado que la falta de soluciones al Plan Eólico Valenciano supondrá para la Comunidad Valenciana perder la oportunidad de captar inversiones que podrían alcanzar los 500 millones de euros. La asociación ha explicado que la situación actual de este plan impide a las empresas valencianas acogerse a la subasta del Gobierno de España de 3.000 megavatios (MW) de energías renovables.

En este sentido, han criticado que, 15 años después de su adjudicación, apenas se ha sobrepasado la ejecución del 50% del Plan Eólico Valenciano, con lo que queda «bloqueada cualquier opción de desarrollar esta energía en la Comunidad Valenciana en la actualidad«. «Desde Avaesen se viene alertando de esta situación desde hace años, habiendo manifestado esta problemática a los diferentes equipos de gobierno, sin éxito hasta el momento», han recordado.

Para Avaesen, la subasta de 3.000 MW de energías renovables supone «una oportunidad como no ha vivido el país en los últimos años», ya que se trata de «la acción más ambiciosa emprendida para que se cumplan los objetivos de emisiones del Horizonte 2020 marcado por la Unión Europea, para cumplir con el 20% de peso de la energía renovable en el consumo final de energía en el año 2020″.

«Es la primera vez que se lanza en España una subasta de energía renovable de esta magnitud, y la actual situación del Plan Eólico va a suponer perder la oportunidad de captar inversiones que podrían alcanzar los 500 millones de euros, así como de avanzar en la autosuficiencia energética de la Comunidad», ha denunciado. De esta forma, ha añadido, otras autonomías «donde se dan más facilidades administrativas para instalar parques eólicos» generarán un «valor» y «atraerán una inversión de gran calado en los próximos años». Así lo ha expresado el presidente de Avaesen, Marcos J. Lacruz, quien asegura que «la Comunidad pierde la oportunidad de aprovechar este incentivo a las renovables que sí van a desarrollar otras regiones de España».

Energía prepara otra refacturación de la luz por orden del Supremo en las comunidades autónomas con tributos territoriales al sector

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobará una orden ministerial en la que recogerá una refacturación a los consumidores de electricidad de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas. La refacturación se refiere a los tributos autonómicos aplicados durante el 2013.

La medida tiene como objetivo cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio.  Esta refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes o la aprobada recientemente, en la que se revisa el margen de comercialización del PVPC de las comercializadoras de referencia, cuyo coste apenas supondrá un encarecimiento del 0,04%.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Energía se ve ahora obligada a tener preparada la orden ministerial antes del 20 de enero para evitar una multa del Supremo.

Según fuentes oficiales, el Gobierno amortiguará el impacto de esta medida en los ciudadanos, porque las cantidades no se empezarán a cobrar hasta 6 meses después de que se apruebe la orden ministerial y su pago se repartirá a lo largo de un año. Las comercializadoras deberán informar previamente a los consumidores y el recargo se incluirá en la factura en un concepto separado que especificará que se trata de un suplemento territorial por los tributos autonómicos del año 2013.

Según sus cálculos, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros, o 0,489 euros al mes, para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013. Por su parte, los usuarios de la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, o 0,065 euros al mes, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña, o 10 céntimos al mes, o los 0,05 euros anuales de La Rioja, o 0,004 euros más al mes.

Según consta en el borrador de orden ministerial sobre la medida, el importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual.

«El impacto económico en los consumidores es relativamente reducido, suponiendo los suplementos objetivos entre el 1,955% y un 0,006% sobre los peajes de 2013», afirma Energía en el borrador de orden ministerial. Conforme a la norma que prepara el departamento dirigido por Álvaro Nadal, los valores de cada uno de los suplementos territoriales se aplicarán sobre los usuarios que hubieran tenido contrato entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Las empresas distribuidoras deberán calcular las cantidades correspondientes a cada uno de los conceptos de regularización.

Así se cumplirá con lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 y en el real decreto ley 20/2012, en los que se indica que, «en caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma».

Esta redacción estuvo vigente durante 2013. En diciembre de ese año se aprobó la actual Ley del Sector Eléctrico, la 24/2013, en cuyo artículo 16 se mantiene esta filosofía de que los consumidores de cada territorio costeen los tributos de su zona. El Supremo considera que el Gobierno no puede ampararse en la falta de desarrollo de la norma para dejar de aplicar la medida.

Para dar cumplimiento a la medida, el Ministerio de Hacienda pidió a las comunidades autónomas afectadas la información relativa a los distintos tributos existentes en 2013 en los que se gravasen actividades e instalaciones destinadas al suministro eléctrico. «Dichos requerimientos fueron atendidos de forma desigual por las distintas comunidades autónomas», advierte Energía, que informa además de que el Supremo le envió una providencia por la que apercibe con la imposición de multas coercitivas si antes del 20 de enero no remite la propuesta de orden ministerial para cumplir la sentencia.

Ecologistas en Acción rechaza que la central nuclear de Cofrentes acoja un almacén temporal individualizado para el combustible gastado

EFE.- Ecologistas en Acción ha enviado al Ministerio de Medio Ambiente un escrito en el que se opone a que la central nuclear de Cofrentes (Valencia) construya un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para el combustible gastado de la central. Según la organización ecologista, la compañía eléctrica Iberdrola ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la construcción de un ATI para el combustible gastado de la central, proyecto al que han planteado una serie de sugerencias.

Para Ecologistas en Acción, el Ministerio debe incluir la evaluación de los impactos radiológicos del almacenamiento en la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental del ATI, y la Administración autonómica tiene que pronunciarse sobre el proyecto, mediante la evaluación de la afección a los espacios incluidos en la Red Natura 2000. Ecologistas en Acción señala que la intención de construir el ATI en Cofrentes está relacionada «con prolongar el funcionamiento de la central nuclear hasta 2031 y más, mucho más allá del año 2024, en que finaliza la vida útil para el que la central fue diseñada», lo que en su opinión es «una enorme imprudencia».

Los registradores de la propiedad informarán a la Generalitat de la Comunidad Valenciana de la certificación energética de las viviendas

EFE.– Los registradores de la propiedad remitirán a la Generalitat de la Comunidad Valenciana con periodicidad trimestral la acreditación acerca del cumplimiento de la aportación de la documentación exigible en certificación de eficiencia energética, lo que permitirá un mayor control sobre este certificado. El consejero valenciano de Economía, Rafael Climent, y la decana del colegio de Registradores de la Propiedad, María Emilia Adán, firmaron un acuerdo de colaboración con este fin.

El acuerdo permitirá un mayor control y seguimiento del cumplimiento de la obligatoriedad de disponer de certificado energético en las viviendas nuevas y existentes que se pongan a la venta o alquiler. La recepción de la información en soporte electrónico permitirá al IVACE, que es el órgano competente de la Comunidad Valenciana en materia de certificación energética, obtener y gestionar rápida y eficazmente esta información, permitiendo una fácil comunicación, archivo y acceso a la misma.

El certificado de eficiencia energética es un documento que proporciona información objetiva sobre las características energéticas de los edificios y su objetivo es contribuir al ahorro energético en los hogares y mejorar la información de consumidores sobre la calidad de los edificios y viviendas. A partir del Decreto 235/2013, las viviendas en venta o alquiler deben disponer de este certificado.

Información de interés al ciudadano

La certificación energética pone a disposición del ciudadano que demanda una vivienda la información objetiva de su comportamiento energético, es decir cuánto va a consumir y por tanto cómo va a afectar a la factura energética que va a tener que pagar. El resultado del proceso de certificación de eficiencia energética de edificios se resume en una etiqueta de certificación energética, que califica la eficiencia energética del inmueble dentro de una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio más eficiente) a la letra G (menos eficiente).

La información sobre el certificado, en particular la etiqueta de eficiencia energética, debe figurar en la oferta, promoción y publicidad que se realice para la venta o alquiler del edificio o parte del mismo. Un buen certificado energético va acompañado de un documento de recomendaciones sobre las mejoras que se pueden hacer para obtener un comportamiento energético más eficiente, así como aumentar el confort de la vivienda y por tanto reducir la factura energética si se aplican las medidas propuestas.