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El Rey apoya con su presencia la conmemoración del 50º aniversario de la refinería de la británica BP en Castellón

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Europa Press.- El Rey Felipe VI presidió el acto institucional conmemorativo del 50 aniversario de la refinería de BP en Castellón, durante el cual recorrió las instalaciones, en la que supone la primera visita que hace a Castellón como Jefe de Estado.

Felipe VI ha conocido el proyecto empresarial de BP y la «fuerte» apuesta del grupo por esta refinería. Así, acompañado por la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el Rey fue recibido por el presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; el presidente de BP España, Luis Aires; el director ejecutivo de Downstream de BP, Tufan Erginbilgic; y el director de la refinería, José Luis García Galera, entre otros.

Posteriormente, el Rey ha accedido al interior del edificio donde, a través de una exposición gráfica, se le explicó la presencia de BP en el mundo, sus planes de futuro y el papel que BP ha desempeñado en España, haciendo especial énfasis en el «compromiso» del grupo y su apuesta de crecimiento en este país. Felipe VI conoció el funcionamiento de la refinería, algunos de los hitos más relevantes conseguidos a lo largo de estos 50 años, así como su valor estratégico y socioeconómico actual. Tras la exposición, el Rey visitó la sala de control, centro neurálgico de la refinería y desde la que se controla la operativa y todos los procesos de la planta.

El presidente de BP España, Luis Aires, ha destacado la importancia de la refinería «para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos». Aires, que destacó que el desarrollo del Puerto de Castellón está muy ligado a la actividad de BP «ya que generamos un tráfico portuario medio de un barco cada dos días», también ha recalcado que la refinería ha aplicado la ciencia y la tecnología para desarrollar productos «cada vez más respetuosos con el medio ambiente y hemos sido pioneros en desarrollar gasolinas más limpias y eficientes, pues producimos biocombustibles de última generación».

«BP es una empresa comprometida con el desarrollo sostenible y vamos a jugar un papel clave en la transición energética hacia un mundo con bajo contenido de carbono», ha añadido. Finalmente, Aires reconoció que «la refinería aporta, pero también recibe mucho de la Comunidad Valenciana, y ha destacado que las personas que trabajan en ella «la sienten como algo propio y eso es parte del secreto de su éxito». Según indicó, «un entorno abierto a las ideas, que busca la excelencia, que respeta a las personas, que fomenta el trabajo en equipo y que, por encima de todo, tiene en la seguridad la principal prioridad son los valores de BP».

La refinería de BP en Castellón opera desde 1967 y suministra el 85% de la demanda de combustibles de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares. Su actividad está clasificada por el Estado como estratégica a nivel nacional. En la actualidad, cuenta con una capacidad de procesamiento de crudo de 110.000 barriles diarios, equivalente a 6 millones de toneladas al año. Respecto a los productos finales, más del 56% es gasóleo, casi el 28% gasolina, un 7% coque, un 5% queroseno y algo más del 3% son gases licuados.

BP cuanta con 100 estaciones de servicio en la Comunidad Valenciana y la refinería contribuye a la hacienda local con alrededor de 4 millones de euros al año en impuestos municipales. A nivel laboral, cuenta con casi 500 empleados, más de 660 contratistas y genera unos 2.000 empleos indirectos. En los últimos 15 años, BP ha destinado más de 1.170 millones de euros a la mejora de los procesamientos e instalaciones, proyectos de expansión y modernización de la refinería, de los que destaca la construcción de la unidad de coquización retardada, los nuevos atraques en el puerto de Castellón y una nueva torre de vacío.

Cofrentes simula un terremoto que afecta a su seguridad y un incendio con parada del reactor en su simulacro anual

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Europa Press.– La central nuclear de Cofrentes (Valencia) realizó su preceptivo simulacro anual en el que ha emulado un terremoto que ha afectado a su sistema de seguridad, un incendio de más de 10 minutos y la parada automática del reactor, según indicó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha supervisado el ejercicio de acuerdo con los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior (PEI).

El simulacro comenzó con un terremoto que ha afectado a los sistemas de seguridad y que ha llevado al titular a declarar la alerta de emergencia del PEI. Además, también se simuló la declaración de un incendio de más de 10 minutos, la parada automática del reactor y la evacuación de todo el personal de la planta no necesario para la gestión de la emergencia.

Con el simulacro se ha llegado a declarar la categoría de emergencia en el emplazamiento del PEI y el CSN activó su Sala de Emergencia y a todos los grupos operativos, según el modo 2 de su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE). En el marco del simulacro, la Delegación del Gobierno en Valencia estableció los controles de accesos a la zona, tal y como establece la situación 1 del Plan de Emergencia Nuclear de Valencia (PENVA). De haberse producido realmente un suceso de esta naturaleza se habría clasificado como nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Les Coves de Vinromà protagoniza el Día del Viento al recibir el Premio a la Integración Rural de la Eólica

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Redacción.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) se ha trasladado este jueves a Les Coves de Vinromà (Castellón), municipio que recibió el VI Premio a la Integración de la Eólica que otorga esta patronal anualmente, para celebrar el Día Mundial del Viento.

El presidente de AEE, Juan Diego Díaz, ha destacado en su discurso que “el jurado del premio ha valorado cómo la llegada de la industria eólica ha mejorado la vida de los vecinos de Les Coves, y cómo Les Coves ha sabido hacer buen uso de esta circunstancia para mejorar la vida de sus vecinos”. Añadió que “fábricas como la de Les Coves hacen realidad que España sea el cuarto exportador de aerogeneradores del mundo y que año a año exporte tecnología de vanguardia por unos 3.000 millones de euros.”.

La alcaldesa de Les Coves de Vinromà, Mónica Nos, ha agradecido el premio a AEE y ha señalado que “este reconocimiento nos empuja a  seguir trabajando en favor de la energía eólica, una industria que ha significado futuro y empleo para Les Coves de Vinromà. Desde luego, las administraciones tenemos la obligación de unir esfuerzos con empresas como LM Wind Power (empresa propietaria de la fábrica), capaces de crear más de 500 puestos de trabajo y de diversificar el tejido productivo de un entorno rural”.

Adolf Sanmartín, director territorial de la Generalitat en Castellón, destacó que desde el Gobierno »tenemos que hacer esfuerzos para cortar la sangría demográfica en los municipios rurales del interior y aquí tenemos un gran ejemplo: si no hay capacidad de generar empleo, difícilmente se va a conseguir». En el acto de entrega del premio, al que asistieron además numerosos vecinos del municipio, se proyectó el vídeo que AEE ha dedicado a Les Coves. Anteriormente, los invitados tuvieron ocasión de visitar la fábrica, que cumple ya 10 años en la localidad.

Les Coves de Vinromá, un municipio de unos 2.000 habitantes cuya actividad económica ha sido históricamente agraria y ganadera, se vio muy golpeado por la última crisis económica debido al cierre de las fábricas que había hasta entonces, con la consiguiente inmigración hacia las ciudades. En 2007, la empresa LM Wind Power instaló allí una fábrica de palas eólicas, lo que dio un respiro al municipio al crear empleo de forma paulatina. Actualmente la planta da trabajo a 566 personas, de las que 86 son vecinos de Les Coves y el resto de localidades limítrofes.

Desde la construcción de la fábrica, que fue posteriormente ampliada, su colaboración con el ayuntamiento ha sido constante, tanto para adecuar la infraestructura de la zona (el transporte de palas es complejo), como para mejorar la vida de los ciudadanos (organización de actividades deportivas, puesta en marcha de servicios para la conciliación familiar de los trabajadores de la fábrica…). Destaca un proyecto de formación para futuros empleados de la fábrica, que supone una oportunidad para los jóvenes de la localidad de desarrollar su carrera profesional en el sector eólico y seguir viviendo en la región.

En la actualidad en la fábrica de LM Wind Power se construye una de las palas de aerogenerador más grandes del mundo, de 73,5 metros de longitud. Desde allí se exporta a través del Puerto de Castellón con dirección a los parques eólicos marinos del Mar del Norte. De este modo, el municipio es escenario también de la I+D eólica.

La provincia de Castellón tiene un total de 586,55 MW de potencia eólica instalada repartidos en 16 parques. La Comunidad Valenciana cuenta con 1.189 MW y 38 parques eólicos. Es la séptima comunidad autónoma con más potencia eólica instalada en su territorio y representa el 5,17% del total en España. La fábrica de Les Coves de Vinromá es uno de los 210 centros de fabricación eólicos de España que, al estar situados en 16 de las 17 comunidades autónomas, suponen un importante efecto tractor para las economías locales y autonómicas.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) es la voz del sector eólico en España. Con cerca de 200 empresas asociadas, representa al 90% del sector en España, promueve el uso de la energía eólica, representa y defiende los intereses del sector. Desde 2012 concede el Premio Eolo a la Integración Rural de la Eólica a aquellos municipios que han sabido aprovechar las posibilidades que ofrece el sector. Hasta la fecha, los ganadores han sido Lubián (Zamora), Xermade (Lugo), Fuendetodos (Zaragoza), Falces (Navarra) y Medina Sidonia (Cádiz).

El juez prorroga 18 meses más, hasta diciembre de 2018, la investigación por el almacén de gas Castor

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Europa Press.- El juez decidió prorrogar 18 meses más la instrucción de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén gasista subterráneo de Vinaròs (Castellón), tras recibir el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

El juez accede así a la petición del ministerio fiscal, que solicitó la ampliación del plazo de instrucción de la causa, según consta en un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs, que instruye el caso Castor, acordó en enero de 2016 declarar la causa compleja y fijó un plazo inicial de instrucción de 18 meses.

Según el magistrado, no puede decirse que la instrucción se encuentre todavía concluida, teniendo en cuenta que se ha recibido recientemente el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está redactado en inglés, y sólo se ha tenido acceso a las conclusiones, redactadas en castellano. Así, en dicho auto se indica que se hace precisa la traducción del informe para poder efectuar un análisis «más profundo» de cuáles han sido los motivos que han llevado a los técnicos al mismo.

Además, se añade que sólo tras el conocimiento íntegro del informe se podrán determinar las siguientes diligencias instructoras que del conocimiento del mismo puedan derivarse y que podrían conllevar la realización de nuevas pericias que se considerarían «indispensables» para esclarecer los hechos y determinar los presuntos responsables. Así, el juez decide acordar la prórroga de la instrucción de la causa por 18 meses adicionales, la cual deberá concluir el 6 de diciembre de 2018, salvo que se estime conveniente una nueva prórroga de la misma.

El Congreso pide al Gobierno que recupere la indemnización de 1.350 millones concedida a Escal UGS por el proyecto Castor

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Europa Press.- La comisión de Energía del Congreso ha apoyado una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se pide al Gobierno que emprenda las acciones legales necesarias para recuperar la indemnización concedida a Escal UGS S.L. tras la extinción de la concesión para el proyecto Castor. La formación morada entiende que la empresa incurrió en dolo o negligencia imputable y que por tanto «la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones».

Así lo recoge en el texto votado, que contó con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, en la que, además, también pide iniciar acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de Escal UGS por «los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia» de la puesta en funcionamiento del almacén de gas.

Además, llama al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para impedir que, en el futuro, sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio. «Para ello, se dará un mayor protagonismo a la Oficina Nacional de Evaluación para mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control anterior a la licitación y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos», apunta la propuesta.

El ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconocía recientemente que el proyecto Castor “nunca debió existir» y que «lo ideal» es desmantelarlo con cuidado. En este sentido, el texto llama a establecer una calendarización para el sellado de pozos y el desmantelamiento de las instalaciones de Castor, tanto las terrestres como las marinas. Unidos Podemos plantea que, con la participación de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de las localidades afectadas, se busquen soluciones «responsables, transparentes y no onerosas para las arcas públicas».

Así, piden al Gobierno elaborar estudios técnicos sobre la afectación que la hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente y otras instalaciones de riesgo presentes en la zona; realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que sufrieron las poblaciones cercanas a las costas de Castellón y Tarragona, como consecuencia de los terremotos y, de este modo, realizar las reclamaciones que correspondan. Además, piden que se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes elaborados por la Universidad de Standford y el MIT relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto.

En este sentido, el portavoz de la formación morada, Josep Vendrell, ha denunciado «el menosprecio» del Ejecutivo hacia los diferentes informes sobre el riesgo enviados por diferentes centros de investigación y organizaciones, que ya alertaron de las posibles consecuencias del almacén de gas. Además de denunciar que el concurso para la adjudicación de este proyecto «estaba hecho a medida de la única empresa que se presentó» y, por lo tanto, «no hubo concurrencia real», Vendrell también ha criticado que el Gobierno decidiera, finalmente, resolver este problema buscando la solución «más beneficiosa para la empresa y más onerosa para la ciudadanía”.

Compromís pide que el desmantelamiento del almacén de gas Castor se produzca cuanto antes y se identifique a los responsables

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Europa Press.- Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han pedido que el desmantelamiento del proyecto Castor se produzca cuanto antes y que se identifique a los responsables. Así se han expresado tras conocerse las «pretensiones» del Ministerio de Energía de «alargar la agonía» de dicho proyecto, «que seguirá hibernando mientras se estudia su posible desmantelamiento a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, de los contribuyentes».

Compromís lamenta que no se haya hecho «el mínimo esfuerzo en identificar a los responsables políticos de la mala gestión y actuaciones imprudentes que permitieron poner en funcionamiento un proyecto energético que pretendía convertirse en el mayor almacén submarino de España y que ha acabado siendo el mayor fiasco económico de los últimos años». Para el senador Jordi Navarrete, «en la coalición no nos vamos a quedar callados como han hecho otros, ya que considerábamos y seguimos considerando que esto es un atropello, un chanchullo, no han justificado los enormes sobrecostes ni la gestión económica que denunciaba la Comisión Nacional de la Energía y no nos han facilitado las memorias y auditorías que les reclamamos».

Compromís entiende que «se actuó de forma imprudente, obviando estudios tan evidentes como los sismológicos, y no es posible que todos los involucrados hayan cobrado, incluso repartido dividendos multimillonarios, y se esté repercutiendo a los consumidores en sus facturas un escándalo de tal magnitud sin que existan culpables políticos y técnicos». Así, ha apuntado que, tras los temblores, la propia empresa promotora «no se demoró en renunciar al proyecto y cobrar la parte que le correspondía por su diseño y construcción». «El Gobierno les pagó también con celeridad y, tras unos años de retrasos que han conllevado los nuevos e innecesarios estudios, se opta por estudiar si se desmonta, alargando de nuevo los plazos y aquí no ha pasado nada».

Se ha pedido el desmantelamiento

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes de la Comunidad Valenciana, Mònica Àlvaro, recordó al Gobierno que «ya en la pasada legislatura, y a propuesta de Compromís, las Cortes Valencianas, la diputación de Castellón y la gran mayoría de instituciones valencianas ya aprobaron proposiciones no de ley reclamando no sólo el cierre del Castor, sino su desmantelamiento«. En todo este tiempo, según lamentó Àlvaro, «el Ejecutivo del PP ha hecho caso omiso a los acuerdos de las Cortes a este respecto».

El almacenamiento se encuentra desde 2015 en hibernación y gestionado por Enagás, que asumió esta función tras el pago de una indemnización a la sociedad adjudicataria, Escal UGS. Su actividad se encuentra detenida desde 2013, cuando se detectaron, durante la fase de llenado de gas colchón, los movimientos sísmicos. En mayo de 2014, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) presentó los resultados de su informe sobre Castor, en el que considera que la sismicidad en la zona de Vinaroz (Castellón) es en parte de origen natural, si bien resulta «razonable» considerar que estuvo relacionada con las operaciones de inyección de gas colchón realizadas en 2013 en la instalación.

El IGME también concluyó que la primera parte de la secuencia sísmica fue de tipo «inducida» y su magnitud resultó «relativamente pequeña», lo que sería «habitual» en muchas operaciones similares. Asimismo, fue sincrónica, es decir, que se produjo al mismo tiempo que las inyecciones de gas. Este informe fue el tercero de los realizados por el instituto nacional e incorporó los datos más avanzados hasta ese momento acerca de la localización de la incidencia sísmica.

El primero fue en 2007, a solicitud de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, relativo a cuestiones generales del proyecto de almacenamiento. Fue emitido antes de la autorización de construcción del almacén y en él no se hacía referencia a la posible sismicidad inducida. El segundo informe se emitió el 20 de diciembre de 2013, después de los terremotos y en respuesta a un requerimiento de la Dirección General de Política Energética (Ministerio de Industria) sobre las causas de la sismicidad acaecida en meses anteriores en el entorno del almacén Castor.

El Movimiento Ibérico Antinuclear reclama el cierre de Cofrentes cuando caduque su permiso de explotación en 2021

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Europa Press.- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que agrupa alrededor de 80 asociaciones, sindicatos y entidades de España y Portugal, ha reclamado el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) «cuando caduque su permiso de explotación” en 2021. De este modo, se da tiempo para «desarrollar las energías renovables y aplicar medidas de eficiencia energética», se mantiene la «estabilidad de la red» y «sus propietarios no tienen derecho a reclamar lucro cesante«, según ha argumentado el coordinador del MIA, Paco Castejón.

Castejón considera que estamos en un «momento clave» para el futuro energético de España desde el punto de vista del diseño del modelo energético, dado que de 2020 a 2024 se van a revisar los permisos nucleares de las centrales españolas. En la actualidad, ha señalado, se opta por un mix entre la energía nuclear y las renovables, lo que a su entender es «un verdadero freno para las renovables» y se prolonga el funcionamiento de las centrales porque generan «un millón de beneficios diarios».

El «problema», alerta, es que «pasan los años y se vuelven más inseguras», ya que «se degradan, y presentan «problemas de corrosión». Eso ocurre, ha explicado Castejón, porque los sistemas están diseñados para 40 años y luego no se sabe cómo se van a comportar». Así, ha insistido en su petición de cierre progresivo de las centrales por cuestiones de seguridad, por los residuos radioactivos que generan, cuyo «volumen se ha incrementado un 50% y no saben qué hacer con ellos», y por el «freno que suponen para el desarrollo de un nuevo modelo energético».

El coordinador del MIA ha asegurado que Cofrentes «tiene una historia negra de incidentes». Ya en los años 90 hay «inestabilidades térmicas», ha relatado, que duplican la potencia y «fisuras de elementos combustibles que entran en el agua y se contamina y sale de la contención y se pasea por toda la central». Además, ha advertido, la metodología para los cálculos sísmicos que se hicieron cuando se construyó la central nuclear «está caducada» y actualmente el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha sacado unos nuevos métodos de cálculo de terremotos que Cofrentes «no cumple«.

Según Paco Castejón, «las centrales no son necesarias porque hay suficiente potencia instalada para sustituirlas sin problema». En este sentido, recordó que en España hay instalados actualmente un total de 108.000 megavatios (MW) entre todos los tipos de energía, de los cuales 7.400 MW son de energía nuclear. Sin embargo, la máxima demanda que se ha alcanzado es de 45.000 MW, de modo que queda una potencia de 63.000 MW que no se usa, ha subrayado. Tanto es así que «mañana se puede prescindir de las centrales nucleares sin problema de garantía de suministro», sentenció.

Además, hizo hincapié en que en estos momentos «estamos pagando el kilovatio/hora nuclear a precio de gas». Según indicó, a las centrales les cuesta 1,05 céntimos producirlo antes de impuestos, mientras en el mercado marginalista se paga a 5,5 céntimos, según el promedio de 2015, y después «el ciudadano tiene que pagar además el impuesto de electricidad, el IVA y los peajes de transporte, distribución y las diferentes primas», añadió.

A su entender, el margen de beneficio es «insensato» y es el «verdadero motivo de prolongar la vida de las centrales nucleares». De hecho, ha asegurado que el Gobierno «miente» cuando dice que sustituir la energía de las centrales nucleares costaría «un 25% más» en la factura del consumidor. Según ha calculado el MIA, supondría «no más del 5%» de incremento en la factura. Por último, ha censurado lo que considera un «problema político y de democracia» y ha criticado que pese a que «la mayoría de la ciudadanía y del parlamento son anti-nucleares», el Gobierno, al cual ha calificado de «pro-nuclear», no pregunta sobre esta cuestión a la sociedad.

Viesgo también recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Viesgo en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se suma a los ya interpuestos por Gas Natural Fenosa y Endesa ante la misma instancia judicial por esta cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 27 de marzo. La orden ministerial contra la que se presenta el recurso recoge una refacturación en el recibo de la luz para los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos que hace Energía, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

Las Cortes valencianas piden desmantelar la central nuclear de Cofrentes en 2021 y el PP augura que subiría la luz

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EFE.- El portavoz de Industria del PP en el parlamento autonómico de la Comunidad Valenciana, Vicente Casanova, ha señalado que el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), provocaría a corto plazo incrementos de coste de la tarifa e impactos ambientales «inasumibles» después de que las Cortes valencianas aprobaran, con los únicos votos en contra del PP, pedir al Gobierno central «el cierre y desmantelamiento» de Cofrentes cuando finalice el actual período de prórroga de funcionamiento, en marzo de 2021.

También reclaman que no se autorice la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos dentro los terrenos de la central nuclear «por ser innecesario», ya que esta infraestructura dispone de capacidad de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en 2021. Así lo recoge una iniciativa presentada conjuntamente por el PSOE, Compromís y Podemos, en la que Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra, y que también propone instar al Gobierno a modificar el marco normativo que ha paralizado la implantación de las energías renovables.

El PP se ha opuesto al cierre al asegurar que la Comunidad Valenciana «no dispone de un parque de renovables suficiente» para cubrir la energía producida por Cofrentes, y Ciudadanos ha criticado que se plantee el cierre sin un plan energético alternativo ni un plan económico para los trabajadores y la región. El diputado de Compromís, Juan Ponce, encargado de defender la iniciativa, se ha alegrado de que «por fin» la mayoría de la Cámara diga «sí al cierre definitivo de Cofrentes» por responsabilidad, solidaridad, economía y porque hay que luchar contra el cambio climático.

Compromís ve Fukushima en Cofrentes

Ponce ha advertido de que las centrales nucleares «son peligrosas, y más las viejas», y ha considerado que «no es tan complicado» ni «tan imposible» que en Cofrentes se pudiera producir «la gran catástrofe» sucedida en Fukushima en 2011, que «nadie pensó que pudiera pasar y pasó». Además, ha recordado que Alemania cerrará todas sus centrales nucleares en 2022, con menos horas de sol que España, y ha reivindicado la necesidad de apostar e impulsar las energías renovables para alcanzar que el 20% de la energía total consumida sea renovable.

La parlamentaria de Ciudadanos, Rosa García, ha acusado al Gobierno de la Comunidad Valenciana de hacer en este caso lo mismo que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las políticas medioambientales impulsadas por Barack Obama, que ha decidido «eliminar de un plumazo» sin tener un plan de contingencia ni justificar los motivos. «Ustedes han hecho lo mismo. Atacan Cofrentes por sectarismo», según García, quien pidió que antes de cerrar esta central nuclear en 2021 «traigan informes sobre el grado de impacto energético y el impacto sobre el empleo y la economía de la zona», al tiempo que abogó por un Pacto de Estado en esta materia.

El socialista, David Cerdán, ha dicho que no están pidiendo el cierre de Cofrentes, sino que no se prolongue vida útil en 2021, con el fin de «acabar con el oligopolio y con la estafa eléctrica de este país», y ha asegurado que la iniciativa planteada es «de responsabilidad y sentido común». «Nada hay más irresponsable, sectario y demagógico e ideológico que la defensa infame y vergonzosa que hacen de un sistema eléctrico que es una estafa», ha criticado Cerdán, mientras que, desde Podemos, Beatriz Gascó acusó al PP de convertir en «chantaje» cualquier decisión.

PP contrario a cerrar Cofrentes

El diputado del PP, Vicente Casanova, asegura que el cierre de Cofrentes tendría «graves consecuencias», como ha ocurrido en Alemania, con el incremento de la tarifa eléctrica un 25%, al tener que recurrir en gran medida al gas natural (ciclos combinados), y de las emisiones de dióxido de carbono un 50%, y sustituirla por energías renovables en 2021 implicaría la construcción de 2.040 aerogeneradores o 26.000 hectáreas de paneles solares. Para Casanova eso «no es razonable», sobre todo teniendo en cuenta que en dos años no se construyó ningún aerogenerador y se instalaron muy pocos paneles solares, y ha señalado que «no hay necesidad de retirar» estas instalaciones, sino que hay que garantizar, con informes y controles, que sean fiables.

Además, la utilización de ciclos combinados llevaría, según ha dicho, a «fuertes» incrementos de las emisiones de CO2 y, por tanto, al «incumplimiento de los compromisos ambientales, que obligan a nuestro país a reducciones del 20% en 2020 y del 30% en 2030». Casanova ha incidido en que las energías renovables todavía no están en disposición de suplir la aportación de Cofrentes y el resto de nucleares al sistema eléctrico nacional y ha señalado como responsable a la «paralización» del Plan Eólico por parte de la Generalitat, que ha provocado que en los dos últimos años no se haya instalado «ni un solo megavatio renovable«, por lo que planteó mediante una enmienda reactivar este programa.

Para el portavoz popular «esta propuesta sería ambientalmente un desastre» y ha añadido que, aunque hay que seguir incrementado el parque de renovables, el cierre de Cofrentes u otras centrales nucleares en 2021 crearía un «colapso del sistema eléctrico». Según el portavoz popular, «la posición del PP es ir incrementando la aportación de las renovables, tanto como se pueda, e ir configurando un nuevo mix energético que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2 y garantizar el funcionamiento fiable del sistema eléctrico, clave para el desarrollo del país». Casanova concluyó que le tranquiliza que sea el Gobierno central el que, «a la luz de los oportunos informes», debe tomar la decisión final de prorrogar la autorización.

También propone que el Gobierno central solo conceda una nueva autorización de explotación de la central a partir de marzo de 2021 si el Consejo de Seguridad Nuclear certifica que se cumplen todos los requisitos de seguridad y del estado de la instalación, que se autorice la construcción del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radioactivos como solución temporal hasta que no se disponga del centralizado y que se incentive la instalación de energías renovables. Según Casanova, se trata de una propuesta «realista y viable».

«Hay que apostar por las renovables de modo que con el tiempo se pueda plantear seriamente la sustitución de las nucleares, y la Comunidad Valenciana debe velar para ir incrementando la aportación de las renovables e ir configurando un nuevo mix energético que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2 y que se garantice la fiabilidad del sistema eléctrico sin incrementos inasumibles de la tarifa«, manifestó.

Cataluña, Asturias y Extremadura se interesan por el plan de la Comunidad Valenciana de apoyo fiscal al autoconsumo en viviendas

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EFE.– Cataluña, Asturias y Extremadura se interesaron por el modelo de deducciones fiscales contemplado en el Plan de Fomento del Autoconsumo del IVACE, que prevé una deducción del 20% en el tramo autonómico del IRPF para las instalaciones de autoconsumo en las viviendas de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana señaló que las tres comunidades autónomas solicitaron información sobre los detalles de la deducción del modelo y sobre el estudio económico del impacto elaborado por IVACE-Energía.

El Plan de Autoconsumo del IVACE establece entre sus ventajas una base máxima de deducción de 8.000 euros, sin límites máximos en las bases de tributación a la hora de determinar la base máxima anual de la deducción. Esas tres comunidades conocieron las medidas contempladas en el proyecto con una explicación del consejero Rafael Climent, que subrayó que la Comunidad Valenciana «es la primera autonomía en contar con un Plan integral para impulsar el autoconsumo y es una gran satisfacción que se fijen en nosotros otros territorios que quieren incorporar medidas para favorecer esta tecnología».

Para el consejero, hay un firme compromiso en el impulso del autoconsumo por «sus indudables beneficios medioambientales, su contribución a la democratización del sistema energético y por su gran potencial de generación de empleo a escala local». Asimismo, el Plan prevé una línea específica de financiación con un presupuesto inicial de 2,4 millones de euros, que estará destinada a empresas con un importe máximo del préstamo de 300.000 euros, sin intereses y a devolver hasta en 10 años. Junto a estas medidas, el Plan contempla una inversión total de 40 millones de euros en acciones específicas para desarrollar el autoconsumo con solar fotovoltaica en los propios edificios de la Generalitat.