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La industria pide a Iberdrola elevar la tensión de la red de distribución en Comunidad Valenciana para beneficiarse del euskopeaje

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EFE.– El euskopeaje, la bajada del precio de la electricidad a las redes con una tensión entre los 30 y 36 kilovoltios, es una medida que beneficia fundamentalmente a las industrias de País Vasco después de establecerse en la negociación de Presupuestos entre el PP y el PNV. En este marco, la Confederación de Organizaciones Empresariales Industriales de la Comunidad Valenciana (Confeindustria CV) demanda a Iberdrola tarifas más económicas que compensen las inversiones necesarias en las empresas de consumo eléctrico intensivo.

Para ello, insta a realizar actuaciones que contemplen elevar la tensión de la red de 20 a 30 kilovoltios para evitar sobrecostes energéticos a aquellas empresas, territorios y/o áreas industriales intensivas en consumo eléctrico de la Comunidad Valenciana que vean lastrada su competitividad y supongan agravios comparativos respecto a otras autonomías como el País Vasco. Confeindustria reclama que se respeten las reglas de unidad de mercado para que todas las empresas, territorios y sectores «tengan la oportunidad de operar en las mismas condiciones», según reivindicaron.

Repotenciar las redes de industrias

La energía eléctrica es uno de sus costes de producción más relevantes y su precio es uno de los factores decisivos de la competitividad de las empresas, según el presidente de la confederación, Vicente Lafuente, que defiende que cualquier medida relacionada con la disminución del coste de la energía es «bienvenida». Solicita a Iberdrola que repotencie sus redes de 20 a 30 kilovatios para los sectores muy intensivos en consumo de electricidad y potencia contratada; en aquellas zonas con alta concentración de empresas industriales; y en áreas geográficas con mayor deslocalización de empresas cuya suma de costes energéticos sea elevada.

Por otro lado, y para mantener la unidad de mercado, pide que, en caso de eliminación de peajes eléctricos consecuencia de pactos políticos a nivel estatal, las empresas valencianas no se vean desfavorecidas en relación a otras autonomías, máxime cuando ya de por sí se están abonando tarifas más elevadas como consecuencia de la diferencia de potencia de la red.

Iberdrola inicia una campaña informativa del bono social de electricidad para los consumidores vulnerables en las principales ciudades

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EFE.- Iberdrola ha comenzado una gira por las principales ciudades españolas para exponer las novedades del nuevo bono social de electricidad con el fin de asesorar a las entidades de información al consumidor y a los servicios sociales de la Administración pública. Los primeros encuentros se celebraron en Bilbao y Valencia, y se celebrarán otros en Toledo, Madrid, Valladolid, Cáceres, Murcia o Pamplona.

Responsables de Iberdrola explicarán las condiciones en las que los consumidores pueden solicitar el nuevo bono social y los procedimientos a seguir, con especial hincapié en las principales modificaciones introducidas. Con esta iniciativa, Iberdrola quiere que los consumidores vulnerables renueven su condición de beneficiario del bono social antes del 10 de abril o que lo soliciten por primera vez para poder tener descuentos en la factura de la luz que pueden ser, en función de la renta, de un 25% o un 40% y llegar, incluso, al total en el caso de que pertenezcan a colectivos en riesgo de exclusión total atendidos por los servicios sociales de la comunidad autónoma.

En Valencia arrancó la gira

De este modo, como punto de partida de la gira, Iberdrola y la Diputación de Valencia llaman a la «acción» a los consumidores vulnerables para que renueven su condición de beneficiarios del bono social o lo soliciten por primera vez. El delegado de Iberdrola en la Comunidad Valenciana, Joaquín Longares, el diputado de Proyectos Europeos, Bartolomé Nofuentes, y el jefe de departamento de Relación con Consumidores de la compañía, Javier Paradinas, fueron los encargados de explicar las modificaciones regulatorias y nuevos requisitos del bono social.

Datos de la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, Iberdrola ha recibido 60.000 solicitudes, de las que han respondido a 33.420 y de éstas, 26.860, el 80%, han sido positivas. De las 6.560 restantes, 3.460 están incompletas y 3.110 han sido denegadas por no cumplir con los criterios establecidos. El nuevo bono social cuenta con un periodo transitorio de 6 meses, que termina el próximo 10 de abril, y durante este tiempo, y mientras acreditan la condición de consumidor vulnerable, los actuales beneficiarios siguen disfrutando de él. Además, cuando alguno de estos consumidores solicita el nuevo bono social y no tiene derecho al mismo, no pierde su condición de beneficiario hasta que finaliza el periodo transitorio, indicaron las mismas fuentes.

Varias organizaciones ecologistas piden el cierre de la central nuclear de Cofrentes para no asistir a “un Fukushima 2″

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Europa Press.- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), la plataforma Tanquem Cofrents y Ecologistas en Acción han exigido el cierre definitivo de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) antes de su renovación en 2021, tras los tres incidentes registrados y notificados al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Una «acumulación» de averías que, para los ecologistas, pone en duda tanto la seguridad de la instalación como la supervisión del CSN: «Estamos jugando con fuego. Podemos asistir a un Fukushima 2».

Así lo han advertido el portavoz del MIA, Francisco Castejón, y el de Tanquem Cofrents, José Juan Sanchis, a raíz de los últimos incidentes comunicados por la central al CSN. «Un accidente en Cofrentes pondría patas arriba todo el turismo y la industria del Mediterráneo», ha alertado Castejón. La primera incidencia tuvo lugar en octubre de 2017, después de la última parada para recarga, al constatar una irregularidad en las medidas de caudales de los dos lazos de enfriamiento. El Consejo estableció una parada no programada y calificó el suceso en nivel 0 al no constatar impacto en los trabajadores.

Las organizaciones denuncian que, por el contrario, se decidió poner la central en funcionamiento y esto tuvo como resultado un nuevo incidente el 8 de noviembre: la rotura de una válvula de uno de los lazos y la parada forzosa de la central, en lo que ven «falta de rigor del CSN y dejadez del titular» de las instalaciones. Según los antinucleares, el procedimiento de extracción de esta válvula fue «extremadamente complicado» y los trabajadores recibieron «dosis radioactivas extra a pesar de que la recuperación se realiza con un robot». Cofrentes se puso en marcha nuevamente el 10 de diciembre tras reparar la pieza dañada, un incidente reclasificado como nivel 1 (anomalía) por el Consejo.

Finalmente, en enero, la central tuvo que parar de nuevo por una fuga en los accionadores de las barras de control, elevadores hidráulicos que actúan como los «frenos» de la central en los elementos combustibles del reactor, piezas que «ya se tuvieron que sustituir en 2005 por corrosión». Las plataformas señalan que esta fue una parada programada porque los titulares de Cofrentes avisaron al CSN con 48 horas de antelación.

Sin embargo, aseguran que los responsables de la central «habían observado la existencia de las fugas y anunciaron con antelación que pararían para anticiparse así a una parada no programada» que habría supuesto «un nuevo incidente a comunicar públicamente». La causa de este incidente, según las organizaciones, es que en las operaciones de mantenimiento «no se apretaron correctamente los tornillos de los accionadores». Un error «de parvulitos de ingeniería», ha ilustrado el portavoz de Ecologistas.

El 13 de enero se produjo otro suceso al poner la central en marcha: una vibración anómala en una pieza de la turbina que obligó a una nueva «parada forzosa» y de la que «tampoco se sabe la causa». El Consejo lo clasificó en nivel 0 al no constatar ningún impacto. Los ecologistas subrayan que esta «acumulación» de incidentes se produjo «tras un mes de inspecciones», durante la parada para recarga, y cuando el titular de la central está «a punto» de pedir la renovación del permiso de explotación por 10 años al CSN, que entraría en vigor en 2021.

Aunque reconocen que «sería improbable», las plataformas consideran que los elementos que han fallado ahora podrían hacerlo en el futuro al mismo tiempo y «no habría forma humana de pararlo». De esta forma, ha advertido en este punto el portavoz de Ecologistas, «podemos asistir a un Fukushima 2». Denuncian que, al mismo tiempo, las incidencias han supuesto «un aumento de la exposición a la radiación» para los trabajadores y ponen de relieve 3 cuestiones: «el envejecimiento y degradación de la central, la baja o nula cultura de seguridad nuclear por parte de la empresa y la falta de rigor y de medidas serias del CSN».

En cualquier caso, remarcan que no cuestionan el trabajo de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sino «la dirección política de los consejeros». «El PP es claramente pro-nuclear y por eso prepara, desde el Gobierno central, un decreto ley para evitar la discrecionalidad en el cierre», ha subrayado el portavoz de Tanquem Cofrents. Las organizaciones defienden que la central «ya está sobradamente amortizada» y agregan que la energía que produce Cofrentes «se vende al triple de su precio» y supone «un millón diario de beneficios antes de impuestos».

Podemos pide al Gobierno el desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes en 2021 porque es «innecesaria»

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Europa Press.- Unidos Podemos ha presentado en el Senado una moción por la que insta al Gobierno a desmantelar la central nuclear de Cofrentes (Comunidad Valenciana) en 2021, cuando cumpla 37 años de operación, porque es «innecesaria» y a no autorizar la construcción dentro de la central del almacén temporal individualizado (ATI) para sus residuos.

El grupo parlamentario explica que la autorización de Cofrentes expira en 2021, cuando llegue a los 37 años de vida útil, y señala que esa edad es superior a «lo aconsejado por la Agencia Internacional de la Energía». La moción, para su debate en la Comisión de Energía de la Cámara Alta, se ha presentado después del último suceso nuclear que la planta comunicó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al producirse una desconexión de la red exterior por la parada automática de la turbina a consecuencia de la vibración de uno de sus cojinetes.

Para Unidos Podemos las centrales españolas están «envejecidas y agotando su vida útil» y destaca que Cofrentes es «una de las mejores pruebas de ello» en España. La central valenciana empezó a funcionar en octubre de 1984 y alcanzó su plena capacidad de producción en enero de 1985. Esta central recibió un permiso de 25 años y en marzo de 2011 se prorrogó otros diez años, hasta 2021. Además, la moción reclama que de manera «urgente» se apruebe un Plan Estatal de cierre de las centrales nucleares en España y de sustitución progresiva por fuentes de energías limpias y renovables.

En ese contexto, el grupo parlamentario advierte también de que los residuos que las centrales generan, «muy tóxicos y peligrosos, permanecerán activos durante miles de años». Por ello, Cofrentes insta también a no autorizar la construcción del almacén temporal individualizado de residuos radioactivos dentro de los terrenos de la planta porque es «innecesario» puesto que la central dispone de capacidad de almacenaje suficiente hasta 2021.

La moción de la formación morada asegura que la central de Cofrentes es «absolutamente prescindible» en el sector energético español. Cofrentes tiene una potencia de 1,1 GW en un momento en el que las subastas de renovables de 2017 han adjudicado unos 8 gigavatios entre eólica y fotovoltaica que no tardarán mucho tiempo en estar disponibles y que podrán compensar el cierre de todo el parque nuclear español, que suma 7,6 gigavatios. La senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, considera “una irresponsabilidad” por parte del Ministerio competente ampliar la vida de una central con tan malo historial de incidentes considerando, además, que las recomendaciones del AIE especifican los peligros que conlleva el funcionamiento de centrales con una tecnología tan obsoleta».

Tanquem Cofrents exige el cierre de la central nuclear de Cofrentes y ve «sospechosa» la última parada de la planta

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Europa Press.- La central nuclear de Cofrentes (Valencia) realizó una parada programada para realizar actividades de mantenimiento en el sistema hidráulico de accionamiento de barras de control, según indicó la instalación, propiedad de Iberdrola. No obstante, fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital explicaron que esta parada de mantenimiento no entra dentro de las programadas para el conjunto del año y señalaron que se comunicó «con tres días de antelación».

Por su parte, la plataforma Tanquem Cofrents ha exigido el cierre de la central nuclear para «salvaguardar la seguridad de las personas y el medio ambiente» ya que ve «sospechosa» e «incomprensible» esta parada, que asegura que fue «no programada», puesto que la instalación llevaba «menos de un mes» en funcionamiento, tras mantenerse sin actividad durante 75 días consecutivos antes de diciembre por una «parada programada que se encadenó con la avería de una válvula«.

Ya sustituyó los elevadores hidráulicos

La plataforma sostiene que la «única explicación posible» es que «haya pesado más la urgencia de poner en marcha la central que la seguridad de las personas y el medio ambiente» y critica que Iberdrola, propietaria de la central, priorice «su beneficio económico a corto plazo». Tanquem Cofrents asegura que «no es la primera vez» que la central nuclear valenciana tiene problemas con los elevadores hidráulicos y sostiene que la de Cofrentes es la única del mundo que ha tenido que sustituir todos estos dispositivos, algo que hizo en 2007.

La plataforma exige una «explicación pública y completa» de las circunstancias de la última avería y considera que la «reiteración» en las incidencias es la causa de una «falta de cultura de seguridad mínimamente adecuada por parte de los gestores de una instalación tan peligrosa como Cofrentes». Del mismo modo, denuncian que esta acumulación de averías demuestra que las instalaciones están «envejecidas y deterioradas», por lo que es una «irresponsabilidad» mantener la central en marcha después de 2021, cuando expira su permiso de funcionamiento, aunque exigen su «cierre definitivo ya«.

El PSOE ve «inaudito» que nadie del PP explique por qué se pagó la indemnización del almacén de gas Castor

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Europa Press.- La vicesecretaria general primera del PSOE en la provincia de Castellón, Ana Edo, considera «inaudito» que después de que el Tribunal Constitucional anulara la indemnización para las promotoras de Castor, «nadie de peso en el PP se haya atrevido a dar la cara» y a explicar qué «extraños motivos» movieron al Gobierno de Mariano Rajoy y el PP «a pagar una indemnización de 1.350,7 millones de euros a Florentino Pérez con nocturnidad, opacidad y alevosía».

Edo cree «que deben ser los actores principales del PP los que expliquen qué hubo detrás de la celeridad con la que Rajoy llenó la caja del señor Florentino Pérez». «Nos parece que en aquella decisión del Gobierno hubo gato encerrado, porque de lo contrario no se entienden las prisas de Rajoy», ha señalado Edo, a quien le parece que «ya es hora» de que los presidentes del PP en la Comunidad Valenciana y del PP de la provincia de Castellón, Isabel Bonig y Miguel Barrachina, respectivamente, «den la cara».

Edo cree que una vez que se produjeron los terremotos, «se debería haber impuesto la cordura». Según ha dicho, «lo lógico era analizar lo que había ocurrido y, una vez que se tuvieran todos los datos encima de la mesa, adoptar las medidas que fuera menester, atendiendo a la realidad económica, social y judicial del momento». «Lo que no tiene ninguna lógica», según la socialista, es que «por su cuenta y riesgo, Rajoy decidiera que los españoles pagaríamos de nuestro bolsillo 1.350,7 millones de euros».

«Menos mal que el hoy presidente de la Generalitat, Ximo Puig, instó al grupo socialista en el Congreso a presentar un recurso que ahora ha dado sus frutos», ha añadido. En este sentido, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha anulado el pago de la indemnización», pero, subrayó, «lo que no se ha anulado es su culpa, la que le llevó a regalar 1.350,7 millones de euros a un grupo de empresas, mientras se aplicaba un salvaje programa de recortes».

El PSOE y Cecot critican que el Gobierno «antepuso los intereses privados a los generales» con la indemnización de Castor

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Europa Press.- Al igual que organizaciones empresariales e industriales, como la patronal catalana Cecot, el diputado del PSOE por Castellón, Artemi Rallo, expresó su «satisfacción» por el fallo del Tribunal Constitucional que ha declarado «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto que contemplaba la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa promotora del almacén de gas Castor, Escal UGS, y asegura que el Gobierno, al arbitrar un mecanismo «tan urgente» para la indemnización, «antepuso los intereses privados a los generales».

Rallo ha calificado la decisión que adoptó entonces el Gobierno de «arbitraria e injustificada», pues el decreto ley «hacía que se abonara de forma inmediata, en 30 días, una indemnización escandalosa, que los ciudadanos debían de pagar en 30 años». «Esto suponía un despropósito general que el Tribunal Constitucional ha reparado», asevera el diputado, quien considera que el Gobierno «ha salido por peteneras aludiendo a un supuesto defecto formal que no es tal, sino que es una excusa recurrente y que también utilizó cuando se declaró inconstitucional la amnistía fiscal». Rallo ha resaltado el papel del Grupo Parlamentario Socialista, que promovió el recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, el PSOE de Castellón también ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional, con el cual adquiere «rango de verdad judicial» lo que el PSOE ya advirtió en 2014, que el Gobierno de Rajoy «no gobierna para el conjunto de la sociedad, sino para favorecer a los sectores más poderosos, a cuyo dictado parece actuar«. Como el PSOE puso de manifiesto entonces, estaba «fuera de toda lógica» que en un momento como aquel, en el que se estaba aplicando una «despiadada» política de recortes sociales, se decidiera aprobar un decreto ley para tramitar por la vía de urgencia el pago de una indemnización multimillonaria, «a todas luces injusta».

El PSOE ha pedido que el PP aclare cuáles fueron los motivos que le llevaron a pagar de forma «tan rauda y veloz» una indemnización de 1.350,7 millones de euros a las empresas de Florentino Pérez, que tenía una participación mayoritaria en Escal UGS. «Lo que se imponía en un momento como aquel era realizar un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en el que se produjeron los terremotos, para tomar una decisión con calma, que se ajustara al Derecho y a la lógica», concluyó.

Entidades industriales celebran la sentencia

Diversas entidades del sector industrial han celebrado la sentencia del Tribunal Constitucional, así como desde la patronal catalana Cecot, y han garantizado que han seguido de cerca las gestiones del caso por la incidencia en los consumos de determinadas industrias «como resultado de la mala gestión de la administración del Estado», según indicó la patronal. El presidente de Cecot, Antoni Abad, ha criticado que «no es de recibo que el coste lo tengan que asumir los consumidores» por un problema de planificación y mala gestión.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reclasifica como “anomalía” el incidente de octubre en la central nuclear de Cofrentes

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Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reclasificado como nivel 1 (anomalía) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) el suceso que fue notificado por la central nuclear de Cofrentes (Valencia) el pasado 31 de octubre, una vez efectuada la revisión de la información obtenida tras las inspecciones.

La central notificó al CSN una parada no programada para inspeccionar las líneas y válvulas del lazo A del sistema de agua de alimentación. El suceso fue detectado en el arranque tras una parada de recarga. Concretamente, se trata de un desequilibrio de caudales de agua entre el lazo A y el lazo B del sistema de agua de alimentación que aporta agua a la vasija para producir el vapor necesario para mover la turbina.

Como resultado de las inspecciones, el titular de la central identificó que parte de las piezas de una válvula se habían desprendido. Posteriormente fueron localizadas hasta ser extraídas en el difusor de agua de alimentación de la vasija del reactor. Para esclarecer lo ocurrido, el CSN realizó una inspección reactiva y mantuvo varias reuniones con el titular. Paralelamente, estableció un plan específico para el seguimiento de las actividades llevadas a cabo por el titular, reforzando la inspección habitual en Cofrentes.

Desde el CSN señalan que los hechos descritos en el suceso notificado «no tuvieron repercusión ni dentro ni fuera del emplazamiento», por lo que, aplicando el manual de la escala INES, se clasifican siguiendo los criterios de defensa en profundidad. Se trata de un conjunto de niveles que combina un diseño de múltiples barreras para alcanzar el objetivo de eliminar o minimizar los riesgos en caso de que alguno de ellos falle sin suceso iniciador.

El CSN niega que hubiera intervención política en el cierre de la nuclear de Garoña y defiende a sus técnicos

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Europa Press.– El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, ha señalado que en la decisión del cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) «nadie ha intervenido políticamente» y que él mismo «no lo hubiera consentido» si así fuera. En este sentido, ha defendido también el trabajo de los técnicos del organismo que, según ha señalado, «han hecho lo que han tenido que hacer».

Así lo ha aclarado durante su intervención en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, en donde desde los partidos de la oposición se han puesto en duda las decisiones del organismo regulador en esta materia, y más concretamente las tomadas por el Pleno del Consejo del CSN. «Me acusan de estar haciendo gestiones para el Gobierno, como que somos los portavoces y es mentira. Jamás me han dado una instrucción sobre nada, ni yo lo toleraría. No me iría a dormir tranquilo», ha insistido Martí, para después señalar que «en todo lo que se hace en el CSN, lo hacen los técnicos de abajo a arriba».

Garoña fue uno de los temas por los que más preguntaron los partidos de la oposición en esta intervención, así como por la situación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) o la mina de Uranio de Retortillo (Salamanca). En estos dos últimos casos, el presidente del CSN ha asegurado que tiene una opinión personal, pero que no puede hacerla pública como miembro del órgano que preside. Martí ha recordado que estos temas son decisiones del Gobierno y el Consejo sólo trabaja en lo que se le encarga en materia de seguridad.

La presencia de Martí en la Cámara Baja se había solicitado por la propia Comisión de Energía para presentar el Informe Anual del órgano en 2016, un documento que recoge información del funcionamiento interno del CSN, su organización, sus planes y recursos, así como las actividades propias del regulador. Entre los datos de este documento se recogen las incidencias detectadas en las centrales nucleares en 2016 que, según el presidente del CSN, fueron 22, siendo 20 de nivel 0 y 2 de nivel 1, «ambos detectados en Almaraz y relacionados con inoperabilidades en un tren de sus cambiadores de calor«.

Por otra parte, ha explicado que el organismo regulador emitió 2 apercibimientos en 2016. Uno a la central nuclear de Ascó (Tarragona) y el otro a Cofrentes (Valencia). «No se ha propuesto apertura de ningún expediente sancionador», apuntó. Precisamente sobre Cofrentes fue cuestionado Martí y, más concretamente, sobre el último suceso registrado allí por problemas en una de sus vasijas de agua. Según indicó la propia central, se perdieron piezas de esta vasija que se quedaron en el interior de su sistema. En este sentido, el presidente ha señalado que los principales responsables de la seguridad de la planta son los directivos de la misma y que los miembros del CSN inspeccionan lo que hacen los técnicos de las centrales.

Según indicó Martí, lo que quería Cofrentes era operar los 24 meses que tenía por delante con las piezas perdidas en su interior porque, según explicaron, ha habido casos en Estados Unidos que se ha hecho así. Sin embargo, desde el regulador se le instó a parar la actividad de la planta, sacarlas y reanudar. «Lo peor de todo esto han sido los cuarenta y tantos días sin poder producir. Para ellos es importante», señaló, para responder a las críticas sobre la falta de transparencia señalando que no es obligatorio avisar de las incidencias de nivel 1 «porque no tienen importancia en materia de seguridad».

Durante su intervención, el responsable de la seguridad nuclear en España destacó que el organismo que preside elaboró en 2016 un Código Ético en el que, a través de un conjunto de valores, se promueve la excelencia de los trabajadores del organismo regulador y se refuerza la confianza de los grupos de interés en la misión que realiza el Consejo.

En general, según explicó, 2016 supuso para el CSN un paso más en la consolidación de uno de los principales retos que afronta a medio y largo plazo, como es la política de recursos humanos, la renovación de la plantilla técnica y la gestión del conocimiento, con la oferta de seis plazas de nuevo ingreso al cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN.

Finalmente, ha señalado que el Consejo de Seguridad Nuclear asumirá, en 2018, la segunda misión de verificación del sistema regulador (IRRS, por sus siglas), solicitada por España, puesto que la primera tuvo lugar en 2008. En esta ocasión esta misión vendrá acompañada de una revisión del sistema de la gestión de los residuos radiactivos y el combustible gastado, denominada Artemis.

Compromís pide que el CSN explique en las Cortes de la Comunidad Valenciana los «incidentes» en la nuclear de Cofrentes

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Europa Press.- El diputado autonómico de Compromís, Juan Ponce, anunció que su grupo ha pedido la comparecencia en las Cortes de la Comunidad Valenciana del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o la persona en que delegue para abordar «los incidentes que están ocurriendo en Cofrentes».

Ponce ha explicado que hubo una parada en la central para la recarga y tareas de mantenimiento pero, «al poner en marcha de nuevo la central, detectaron un problema y estuvo dos meses parada porque no encontraban una pieza de una válvula que se reventó cuando se puso en marcha«. «El tema es grave porque ya se habían detectado problemas de presión en el sistema de refrigeración y el CSN ha pedido explicaciones por escrito, informes detallados de qué ha pasado y cómo se va a solucionar», ha incidido Ponce.

Por ello, considera necesario que acuda a comisión algún responsable de ese órgano porque «ya no procede que venga el director de Cofrentes, que lo que hace la mitad de su intervención es propaganda de las bondades de Cofrentes». En este sentido, ha recordado que las Cortes Valencianas han pedido su cierre en 2021 y que no se autorice la construcción de un nuevo almacén individualizado de residuos porque hay capacidad con el actual hasta esa fecha y «lo que tiene que hacer el CSN es instar a Iberdrola a que se cierre en 2021″.