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Arias Cañete urge a Madrid y Barcelona a cumplir al 100% sus planes de mejora de calidad del aire

Europa Press.- El comisario europeo responsable de Acción por el Clima y Energía, Miguel Ángel Arias Cañete, insistió en que son Madrid y Barcelona los que concentran en España los principales problemas en materia de calidad del aire y urgió a sus ayuntamientos a cumplir «al 100%» sus planes para mejorar esta situación.

Cañete se une así a las críticas que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, realizó en sede parlamentaria a los gobiernos de Manuela Carmena y de Ada Colau, a quienes les pidió «responsabilidad» ante este problema «importante». Aún así, el comisario ha reconocido que en toda Europa son los «grandes ayuntamientos y las aglomeraciones urbanas» las que concentran los problemas «localizados» en materia de calidad del aire y, es por eso, que el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, se reunió hace semanas con los representantes de los países más atrasados en este tema «para decirles que había que cumplir los objetivos y poner en marcha medidas potentes«.

«La calidad del aire afecta a la salud de 400.000 europeos al año», ha indicado el exministro a su llegada a la Comisión para el estudio del Cambio Climático del Congreso. En este sentido, Cañete ha sugerido a los grupos parlamentarios que pidan la comparecencia de Vella en la Cámara Baja como responsable directo de esta materia. Según ha explicado, él podrá detallar mejor cuáles son los problemas que se pueden registrar en ciudades como Madrid y Barcelona y los conocimientos que tiene de los planes que allí se están poniendo en marcha y que, a su juicio, si se cumplieran «tendrían un impacto» en materia de calidad del aire.

Sí que es competencia del comisario la lucha contra el cambio climático, una materia que, según ha apuntado, es el «mayor reto con el que se enfrenta el planeta en la actualidad». El exministro, que ha calificado la situación de «extremadamente preocupante«, ha señalado que desde 2011 se han vivido 16 de los 17 años más calurosos de la Tierra desde que se tienen registros y que la suya es «la primera generación que experimenta los efectos del calentamiento global”.

«Urge actuar contra el calentamiento por debajo de los 2ºC y sería mejor por debajo del 1,5ºC», reconoció. En este sentido, ha garantizado su compromiso para que la Unión Europea «avance en una economía baja en emisiones de carbono». Parte de la descarbonización de la economía depende de las renovables y Cañete ha explicado que España «está cumpliendo los objetivos que se trazaron a 2020» y que, incluso, «está por encima de la senda de cumplimiento». En concreto, el país tenía que cumplir el desarrollo de un 20% de renovables y, en 2016 este porcentaje estaba «por encima del 17%». «Hay otros países con más dificultades para cumplir» ha reconocido.

Pero, en general, cree que la Unión Europea está en buen camino. «Está trabajando para estar lista en 2020 y ahora en el Parlamento estamos discutiendo los objetivos de 2030, que son más ambiciosos», señaló. A su juicio, Europa tiene «un liderazgo muy claro» en esta materia, así como «seriedad para cumplir los objetivos» con una «legislación suficiente» para ello. «Ahora mismo estamos discutiendo las directivas de renovables, de eficiencia energética en edificios y hemos puesto en marcha nuestro sistema europeo de carbono y de derechos de emisión», ha declarado, para señalar que se trata de «una legislación muy potente».

Estas palabras no han calado entre los portavoces de la oposición, que criticaron el optimismo presente en el discurso del comisario. Así, el socialista Marc Lamuà y el morado Juan López de Uralde, han denunciado la «inacción» del Gobierno en esta materia y la «falta de liderazgo» que España necesita para «el ambicioso avance» al que se ha comprometido. «Algo falla en el análisis cuando España se sigue hundiendo en los rankings de lucha contra el cambio climático», apuntó Lamuà.

Para el portavoz de Ciudadanos, José María Martínez, la credibilidad del Gobierno está en entredicho ya que Tejerina aporta unos datos y unos objetivos que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, no apoya. «Hay mensajes confusos», apunta el diputado, que ha preguntado a Cañete sobre su visión al respecto. «Viajen por Europa y verán lo que pasa con la discordancia de ministerios», respondió el exministro, quien ha defendido la «buena coordinación» entre políticas energéticas y de clima para obtener resultados. Según explicó, esa es su misión: «conseguir que los planes que presenten los estados miembro integren energía y clima, con medidas definidas». «Son fundamentales», insistió.

Uno de estos planes conjuntos en los que deberían estar trabajando los países es en el cambio del parque automovilístico, para dejar atrás los actuales coches para pasar a los vehículos eléctricos menos contaminantes. La formación naranja ha cuestionado por este tema también al comisario, quien reconoció que la Unión Europea no es, precisamente, un referente. Cañete explicó que sólo en China hay una variedad de hasta 400 vehículos eléctricos a disposición de los usuarios, mientras que en Europa no cree ni que haya 20.

Finalmente, preguntado por el representante de Compromís, Enric Bataller, sobre las prospecciones de gas y petróleo en las costas españolas, el exministro señaló que la directiva que regula la seguridad de estas prácticas exige que antes de que empiece la exploración se lleven a cabo informes de riesgo y sobre los medios necesarios; además de obligar a que los países aseguraren que las compañías responsables tengan experiencia técnica suficiente para llevarla a cabo. Del mismo modo, se pide verificar, a través de expedientes externos, que se garantiza la protección medioambiental. A su juicio, esta materia está bien controlada desde Bruselas.

Compromís exige a Nadal no facturar a los consumidores gasistas «los chanchullos de PP y PSOE con ACS» en Castor

Europa Press.- Compromís denució ante el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que el coste de la indemnización por el fallido proyecto de almacenamiento de gas Castor, que entienden como un «chanchullo de los gobiernos del PSOE y del PP con ACS», acaben cargándose en la factura del gas.

Ante el fallo del Tribunal Constitucional que anulaba las indemnizaciones aprobadas tras la hibernación del almacén por los seísmos causados en la zona, la formación valenciana espera que el Gobierno «recalcule a la baja» estos pagos. Asimismo, pide que el departamento de Nadal «depure las responsabilidades políticas pertinentes y que sean los culpables de las cláusulas abusivas los que las paguen de su bolsillo«. «Lo que han llevado a cabo es un auténtico atentado contra los derechos más básicos de la ciudadanía», subrayó la portavoz energética de Compromís, Marta Sorlí.

En este sentido, ha criticado que «miles de familias en situación de pobreza energética parecen no ser suficientes para Rajoy» pues «apuesta por que toda la ciudadanía pague a través de la factura del gas los 4.700 millones, entre la indemnización y los intereses, de sus errores y los del PSOE». «Se ha demostrado que el Castor fue una autoadjudicación sin precio para ACS», ha criticado Sorlí, que reitera «que los chanchullos de los Gobiernos del PSOE y del PP con Florentino no se pagan con la factura del gas».

El PSOE lamenta que el Gobierno sea “incapaz” de controlar el precio de la luz por la subida de 2017

Europa Press.- La subida del precio de la luz en 2017 provocó que el precio de este recurso alcanzara su nivel más alto desde 2008. Para el consumidor medio, el encarecimiento ha supuesto un alza del 10,3% y la factura pasó de 753 euros en 2016 a 830 euros el pasado año.

Tras recordar los argumentos del ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre el encarecimiento, como las condiciones meteorológicas, el encarecimiento del petróleo o la utilización del gas natural y carbón, la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio ha criticado que el ministro sea “incapaz de controlar» el precio. «El Gobierno sigue culpando a la meteorología. No nos sorprende: forma parte de la inacción del Gobierno, marca de la casa», ha ironizado, lamentando que «si no hubiera paralizado el desarrollo de renovables» este precio «sería más barato».

Por su parte, Unidos Podemos y Compromís han recordado las recientes informaciones acerca de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acerca de la presunta manipulación del precio en 2013. «Rato nos diría »Es el mercado, amigo’, pero la UCO no sólo habla de abusividad, de esa fórmula Juan Palomo para asignar precios, sino a indicios razonables de criminalidad, de saqueo que responde al modelo de puertas giratorias», han aseverado desde Unidos Podemos, añadiendo que la subida «engrasa» esas puertas.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, subrayó que no se trata sólo de esa subida, sino que, a finales del pasado año, la CNMC abrió un expediente ante una subida de la luz similar por subidas entre octubre de 2016 y enero de 2017. El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha pedido al Gobierno hacer el mercado «eficiente, competitivo, sostenible con el medio ambiente y que no se cargue toda su factura a los ciudadanos».

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, ha recordado que los peajes contenidos en la factura de la luz cargan «malas políticas energéticas», como un déficit tarifario de 2.500 millones o las primas renovables. En este sentido, esgrime que la parte regulada de los peajes, los costes de transporte y distribución, se encuentra congelada desde 2016, y que si la generación de energía se encareció fue por una apreciación del 20% del carbón y del 27% del gas, necesarios para garantizar el suministro.

Compromís pide que el CSN explique en las Cortes de la Comunidad Valenciana los «incidentes» en la nuclear de Cofrentes

Europa Press.- El diputado autonómico de Compromís, Juan Ponce, anunció que su grupo ha pedido la comparecencia en las Cortes de la Comunidad Valenciana del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o la persona en que delegue para abordar «los incidentes que están ocurriendo en Cofrentes».

Ponce ha explicado que hubo una parada en la central para la recarga y tareas de mantenimiento pero, «al poner en marcha de nuevo la central, detectaron un problema y estuvo dos meses parada porque no encontraban una pieza de una válvula que se reventó cuando se puso en marcha«. «El tema es grave porque ya se habían detectado problemas de presión en el sistema de refrigeración y el CSN ha pedido explicaciones por escrito, informes detallados de qué ha pasado y cómo se va a solucionar», ha incidido Ponce.

Por ello, considera necesario que acuda a comisión algún responsable de ese órgano porque «ya no procede que venga el director de Cofrentes, que lo que hace la mitad de su intervención es propaganda de las bondades de Cofrentes». En este sentido, ha recordado que las Cortes Valencianas han pedido su cierre en 2021 y que no se autorice la construcción de un nuevo almacén individualizado de residuos porque hay capacidad con el actual hasta esa fecha y «lo que tiene que hacer el CSN es instar a Iberdrola a que se cierre en 2021″.

El Gobierno quiere analizar técnica y económicamente las alternativas en el almacén de gas Castor antes de empezar su desmantelamiento

Europa Press.- El almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) está en la actualidad en una situación «estable» y el Gobierno considera «necesario» analizar técnica y económicamente las alternativas para proceder de forma segura para las personas y el medioambiente y de la manera más eficiente de cara a su futuro desmantelamiento seguro.

En una respuesta del Gobierno al senador de Compromis, Carles Mulet, el Ejecutivo recuerda que se acordó la hibernación segura del almacén subterráneo de gas cuyas tareas de llenado provocaron movimientos sísmicos en agosto de 2013 que motivaron su posterior cierre. Entonces, el Ejecutivo acordó hibernar las instalaciones asociadas al almacenamiento y extinguió la concesión de explotación a su titular, Escal UGS, cuyas instalaciones pasaron a ser administradas por Enagás para garantizar la seguridad de las personas, los bienes, el medioambiente y el correcto mantenimiento de la operatividad del almacén Castor y optimizar los recursos disponibles del sistema gasista español. Desde entonces, el Gobierno asegura que Enagás «ha adoptado las medidas técnicas necesarias para la hibernación segura de la instalación».

En este contexto, añade el Gobierno en su respuesta, que el estudio encargado por Enagás al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a expertos de la Universidad de Harvard concluyó con claridad que volver a operar Castor podría desencadenar «con muy alta probabilidad» por la desestabilización de las fallas de la zona «nuevos episodios sísmicos«. En definitiva, el Gobierno considera que ahora que Castor está en situación estable y teniendo como prioritaria la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, «antes de proceder a cualquier operación tendente al desmantelamiento» ve «necesario» analizar técnica y económicamente las alternativas a ello de forma segura.

El senador de Compromis, Carles Mulet, lamenta la falta de «medidas reales» para desmantelar el almacén al que define como un «amasijo de ferralla en el mar» y critica la falta de «transparencia en todo lo que rodea al proyecto de almacén de gas. Así, reprochó la práctica «enquistada» en las respuestas del Gobierno respecto a este «proyecto energético fracasado» porque considera que el Ejecutivo no concreta las medidas que se adoptarán para su desmantelamiento.

Mulet critica que el Gobierno le conteste que ha decidido que la instalación de almacén gasista Castor siga «en su estado actual de hibernación que garantiza la estabilidad del mismo». El senador denuncia que «el método Rajoy» de resolver los conflictos no sirve a los vecinos afectados por los terremotos y considera que no se puede tener sine die «toda esa ferralla en medio del mar a expensas de algún accidente o movimiento geológico que genere peligro a la población.

Por ello el senador propone sellar el almacén de la mano de expertos, como ya hizo la empresa Shell cuando abandonó la planta al haber constatado durante décadas los episodios sísmicos que producía la explotación del yacimiento petrolífero. Por otro lado, Mulet considera que el coste de desmantelar la planta deberían abonarlo «quienes planificaron mal» y ejecutaron con más de un año de retraso un proyecto innecesario y que dio toda clase de problemas. En definitiva, Compromis lamenta que 2017 vaya a terminar sin tomar medidas reales tras el estudio que se encargó al MIT.

Unidos Podemos y Compromís exigen explicaciones a Nadal por declararse «incompetente» ante la subida de la luz

Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís han exigido en el Congreso que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparezca ante el pleno del Congreso para explicar la subida del precio de la luz y por qué justifica que «no tenía capacidad para reducir» este precio.

«En un primer momento podemos pensar que es de incompetentes, si dice que no es capaz, cosa que es falso. Pero entonces, ¿por qué su Gobierno recurre las leyes contra la pobreza energética? Eso no es de incompetentes, es de sinvergüenzas», ha dicho Ignasi Candela, de Compromís. Por parte de Unidos Podemos, Josep Vendrell criticó que no haya sido el propio ministro el que haya solicitado comparecer, aunque ha lamentado que la respuesta ante el encarecimiento sea «la misma»: «El ministro siempre invoca al dios de la lluvia para solucionar un problema que es estructural».

Así, ha señalado que España es el tercer país con la energía más cara de Europa, «consecuencia del fracaso de la reforma energética de 2013 del PP», pues cree que el Gobierno «no tiene desgraciadamente una respuesta a esa problemática». Por ello reclaman “nuevas soluciones” como introducir retribuciones diferenciadas para acabar con los beneficios caídos del cielo a las energías más baratas, que son retribuidas con el mismo precio que la última en llegar al pool, potenciar las energías renovables y garantizar la energía como un derecho de la ciudadanía.

Precisamente, en esta situación ha incidido la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ioane Belarra, que ha lamentado que el ministro haya «tardado» 10 meses en aprobar el reglamento para articular el bono social, que criticó como «no más que un parche», y que la situación se vaya a «recrudecer» durante el invierno. Belarra atribuye esta situación al «altísimo número de altos cargos del PP» que cuentan con «retiros dorados» en el sector eléctrico, como el expresidente José María Aznar, o Pío Cabanillas o Manuel Pizarro. «Creemos que eso tiene relación con las decisiones y no decisiones que está tomando el PP en materia energética», concluyó.

Compromís quiere saber cuánto le pueden costar al Estado los arbitrajes internacionales por los recortes retributivos a las energías renovables

Europa Press.- Compromís quiere saber a cuánto puede ascender el coste de los juicios que tiene abiertos el Estado por los recortes a las energías renovables, teniendo en cuenta que el primer juicio en el Ciadi se saldó con una condena de 128 millones de euros más 20 millones en asesoría, y aún hay 25 litigios pendientes.

El diputado de la formación naranja, Ignasi Candela, ha registrado una pregunta en el Congreso en la que recuerda que España lidera las denuncias de arbitraje contra su política energética, ya que empresas e inversores de Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, entre otros países, mantienen causas abiertas por los recortes que supusieron la reforma del sector en 2014. Candela ha preguntado qué iniciativas piensa llevar a cabo el Ejecutivo ante la avalancha de reclamaciones y ha criticado la postura del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha anunciado nuevos recortes en renovables para 2019.

Por otro lado, el diputado valenciano ha preguntado por el rechazo del Gobierno a negociar con las empresas denunciantes ya que, según señala, algunos de los inversores han explicado que fueron a los tribunales de arbitraje después de que el Gobierno no contestara a la oferta de una solución amistosa del conflicto. Candela ha recordado que la primera condena a España supuso una multa de 128 millones de euros más costas e intereses, más al menos 20 millones de euros en asesoría jurídica, y que el Estado aún tiene más de 25 litigios pendientes. De hecho, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) estima el coste total en unos 7.000 millones de euros.

Un coste que, además, deberán asumir los consumidores de electricidad en España, habida cuenta de que los Presupuestos de 2017 incluyeron una disposición para poder utilizar parte del superávit eléctrico en el abono de laudos de arbitraje y que el propio ministro Nadal asumió que, en caso de perderse estas causas, la factura de la luz debería incrementarse. Una postura que critica Candela, lamentando que «se socializan pérdidas y se privatizan ganancias». «La reforma eléctrica de 2014 es injusta, perjudica la imagen en el exterior y va contra los objetivos europeos de transición energética», ha sentenciado. Tras conocerse la multa interpuesta por el Ciadi, Compromís ya reclamó la dimisión de Nadal como ministro de Energía.

Compromís propone en el Congreso que la publicidad de las compañías eléctricas informe de sus emisiones de CO2

Europa Press.- Compromís registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a exigir que la publicidad de las eléctricas informe sobre la cantidad concreta de emisiones de gases contaminantes y de residuos generados por las mismas el año anterior.

El diputado Ignasi Candela ha defendido el derecho de los ciudadanos a tener toda la información posible respecto a los productos de consumo, como reconoce la Constitución. «Con esta iniciativa queremos garantizar que los consumidores conocen el impacto sobre el calentamiento global», ha señalado. La formación valenciana señala que esta propuesta extiende a las empresas eléctricas una obligación con la que ya cuentan otros artículos de consumo. En este sentido, la etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos es obligatoria desde 1995, mientras que desde 2013 los inmuebles nuevos, en alquiler o en venta deben informar de la certificación energética.

El partido fundamenta la propuesta en las garantías constitucionales reconocidas como son la protección al consumidor, y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Además, recuerdan que la legislación española permite regular la publicidad en base a la protección de los valores y derechos recogidos en la Carta Magna. Por otra parte, indica que la Eurocámara aprobó en agosto un nuevo marco que simplifica el etiquetado energético, para facilitar la información a los ciudadanos, y que entrará en vigor en enero de 2019.

Compromís pide en el Congreso el cierre de la central nuclear de Cofrentes al término de su licencia en 2021

Europa Press.- Compromís registró en el Congreso una proposición no de ley en la que exige el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) una vez expire su licencia de funcionamiento, en marzo de 2021. La iniciativa, presentada con Unidos Podemos, señala los riesgos y peligros que, a su juicio, supone la estrategia energética del Gobierno de prolongar la vida útil de las nucleares más allá de 25 años.

La solicitud de Compromís llega, además, después de que el director de Cofrentes, Tomás Lozano, anunciara que pedirá la renovación de la licencia en 2020. Con esta decisión, la central sigue la senda de otras plantas como Garoña, en la que el Gobierno estudia alargar su funcionamiento hasta los 60 años. Desde Compromís exigen al Gobierno «la apuesta por fuentes de energía alternativas», en lugar de «prolongar hasta la agonía el funcionamiento de las centrales».

Por otra parte, la iniciativa también insta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, a rechazar la construcción de un almacén temporal de residuos (ATI). A su juicio, es un proyecto «innecesario» y evidencia «el fracaso de la política de gestión de basura radiactiva», según indicó el portavoz de la formación, Joan Baldoví. Para Compromís, la energía nuclear es «uno de los principales obstáculos para las fuentes renovables limpias» e incide en la necesidad de poner en marcha un plan estatal de cierre definitivo de centrales.

Compromís exige la dimisión de Nadal tras la indemnización de 128 millones que pagará España por los recortes renovables

Europa Press.- Compromís pide la dimisión del ministro de Energía, Álvaro Nadal, después de que un tribunal estadounidense haya ratificado la multa de 128 millones impuesta a España por la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), que el pasado mayo dio la razón a dos empresas que vieron perjudicadas sus inversiones por la retirada de apoyo público a las energías renovables.

Además, la formación valenciana ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a aprobar un real decreto para evitar que el coste de los arbitrajes no recaiga en los consumidores ante el temor de que, por este asunto, se acabe incrementando el recibo de la luz. Según adelantó InfoLibre, el Tribunal Federal del distrito Sur de Nueva York confirmó la sentencia del Ciadi, que estableció que el recorte del Gobierno en renovables fue «excesivo, abrupto y devastador» y fijó una multa de 128 millones de euros. España recurrió ese laudo.

Compromís remarca en su iniciativa que, según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), los recortes renovables ascendieron a 1.700 millones de euros y que el 80% de la inversión en el sector tenía origen español. Asimismo, recuerda que hay 26 denuncias pendientes de resolución, lo que puede originar una cascada de sentencias contra España y supondría un «alto coste para el contribuyente», puesto que durante la tramitación de los Presupuestos se dispuso que los costes de estos arbitrajes recayeran en la factura de la luz.

Según el diputado de Compromís, Ignasi Candela, esta multa de 128 millones deja en una situación de «agravio comparativo» a los inversores nacionales, que no han podido acudir al arbitraje internacional». Por eso en su iniciativa instan al Gobierno a llegar a un acuerdo con esos inversores para compensarles por las reformas. Por último, Candela ha recordado que Compromís presentó en el Congreso una proposición de ley para «garantizar una retribución mínima a los inversores» pero el Gobierno la vetó.