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La oposición reclama un pacto para frenar la subida de la luz e insiste en auditar los costes

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Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han planteado al ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo» en materia energética para frenar la subida del precio de la factura de electricidad y han reclamado indistintamente la intervención del Gobierno en la parte fija y variable del recibo y, por unanimidad, la realización de una auditoría de los costes energéticos.

Estas peticiones han sido realizadas por los distintos portavoces parlamentarios en la comparecencia del ministro Nadal en la Comisión de Energía en el Congreso. La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha pedido a Nadal que asuma su «responsabilidad» y haga una auditoria de costes del sector eléctrico como primer paso para la elaboración de una reforma del sector que facilite la transición energética y la bajada de la luz. Lucio considera que «existen costes que se imputan al sistema que son excesivos»; unos sobrecostes que, según sus cálculos, oscilan entre los 2.300 y los 3.300 millones. «Estamos pagando sardinas a precio de besugo y los que venden sardinas se están forrando a costa de los consumidores», ha indicado Lucio.

A su juicio, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el informe solicitado a la CNMC para ver qué elementos del sistema eléctrico pueden mejorarse para contribuir a la moderación de los precios y la puesta en marcha de un market maker en el mercado del gas, son una «intervención quirúrgica» dentro de un «cuadro médico grave». Lucio subrayó que el Gobierno tiene la posibilidad de intervenir tanto en la parte fija como la variable del recibo, por lo que reclama cambios en el modelo de funcionamiento del mercado, y sugiere la vuelta a una mayor utilización del carbón autóctono si eso facilita abaratar el coste de la producción energética.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha defendido que en la actual coyuntura «no se trata de poner parches», sino que es necesario sentarse «entre todos» para hallar una solución al encarecimiento de la luz. Rodríguez asegura que se podría reducir en unos 400 euros al año el recibo de la luz para el consumidor medio si se intentasen aplicar medidas similares de mejora de competencia a las tomadas por otros países de Europa, y destacó el papel del autoconsumo como vía para abaratar también la factura.

En este sentido, apuntó respecto a que el autoconsumo disminuyese la recaudación por los impuestos que se dejen de pagar de la luz, al final el erario público podría llegar a ingresar una cifra mayor gracias al IVA de las instalaciones, por lo que aseguró no entender los vetos del Gobierno. Así, apeló a un Pacto de Estado por la Energía y también a la elaboración de una auditoría de costes para avanzar hacia la eficiencia energética. Rodríguez ironizó con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en las que ha augurado una bajada del precio de la luz porque «va a llover», al proponer ante esas palabras realizar la «danza de la lluvia».

Desde las filas de Unidos Podemos, Josep Vendrell apuntó que estamos ante un «problema estructural» que muestra el «fracaso en España de la liberalización del sector eléctrico». «No tenemos ni más competencias ni mejores precios, el sistema es ineficiente y con una regulación absurda», agregó Vendrell, que reclamó también la realización de una auditoría de costes y propuso una reforma del mercado eléctrico para que las tecnologías sean retribuidas conforme a su coste de generación con una rentabilidad «razonable». También abogó por pasar a un modelo de subasta competitiva en lugar de pagos fijos por capacidad, de forma que no sea el mercado marginalista quien determine los precios de la electricidad, así como recuperar la gestión pública de centrales hidroeléctricas.

Desde la oposición han hecho referencias en varias ocasiones a la complejidad para interpretar los recibos de la luz. De hecho, el diputado de ERC Joan Capdevilla ha propuesto obligar a las compañías eléctricas a que en sus facturas pongan «en negrita y Arial 16» si el contrato está sujeto o no a la aplicación de bonos sociales. Como el resto de grupos, ha solicitado una revisión del sistema y la elaboración de una auditoría de costes. También ha pedido al ministro Nadal “que el Gobierno reconsidere su posición” ante la proposición de ley de fomento del autoconsumo presentada por la mayoría de los grupos.

A su vez, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, considera que la normativa es «descoordinada» y «castiga a los consumidores», debido a un mercado mayorista «sometido a la volatilidad de las tecnologías». Por ello, desde el PNV se defendió la necesidad de impulsar cambios legales y buscar soluciones. Sagastizabal ofreció a Nadal la colaboración del PNV para lograr «sinergias», impulsar una política energética «coordinada» con la industrial y social, y que «se implemente de manera adecuada», a la vez que reclamó una auditoría de costes.

Dentro del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria, agradeció las explicaciones del ministro, a quien ha pedido trabajar para conseguir mayor «transparencia» y ha dicho parecerle «lógico» que ante la «alarma social» por la luz se elabore una auditoría de costes. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha hecho hincapié en que España presenta una de las tarifas eléctricas más altas de Europa, y ha culpado al exministro socialista de Energía, Miguel Sebastián, del «tarifazo» que aprobó en su momento, «origen» de la situación actual.

Entre tanto, Joan Baldoví (Compromís), ve necesario cambiar el sistema de fijación de precios, ya que «se paga la luz a precio de caviar», y se ha opuesto a que se pague el agua de las empresas nucleares e hidroeléctricas «a precio del gas, proponiendo que se haga una media ponderada entre lo que vale el kilovatio producido por una energía y otra. Ha reclamado también una auditoría de costes y el desarrollo de las renovables, y ha recordado al ministro que el 21% de IVA que soporta la factura de la luz en España se sitúa tres puntos por encima de la media europea.

Por último, el portavoz del PP en la Comisión de Energía, Guillermo Mariscal, ha defendido que el PP «no tiene la culpa del anticiclón ni del cierre nuclear en Francia» que ha propiciado la reciente subida del precio de la electricidad. Mariscal ha recordado el Gobierno ya llevó a cabo una auditoría de los costes del sistema para poder elaborar la reforma energética “que permitió acabar con el déficit tarifario”.

Además, ha augurado que la energía solar será la «energía del futuro», si bien ha criticado la «dinámica de cierto folclore» reflejada en la presentación de la proposición de ley apoyada por todos los grupos junto a la presencia de la patronal fotovoltaica UNEF. «¿Si el Grupo Popular hubiese aparecido con una proposición de ley acompañados por el presidente de una gran compañía eléctrica o presidente de la patronal qué hubieran dicho de nosotros?», se preguntó Mariscal, quien defendió la política energética del PP al congelar los peajes del recibo y aprobar las medidas relativas al mercado del gas con las que la factura «bajará».

La oposición se une en el Congreso para pedir el fomento del autoconsumo

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Europa Press.– La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea, PSOE, Ciudadanos, ERC, PDECat y Compromís, se han unido para presentar una proposición de ley para el fomento del autoconsumo eléctrico. En concreto, la mayoría parlamentaria registrará su iniciativa legislativa este miércoles, un día antes de que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparezca ante la comisión del ramo para explicar la subida de la luz.

La iniciativa pactada por la mayoría parlamentaria exige que se reconozca el derecho a autoconsumir electricidad en España «sin ningún tipo de cargo». Precisamente, el pasado diciembre el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción de Ciudadanos que demandaba al Gobierno avanzar en la transición energética marcada por Bruselas hacia un modelo de energías renovables y la supresión del llamado impuesto al sol.

El Gobierno aprobó en octubre de 2015 el decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas para el suministro y la producción de electricidad con autoconsumo. La normativa estableció que quienes producen y consumen su propia energía sin estar conectados a la red eléctrica no han de asumir ningún coste del sistema eléctrico, pero sí que los autoconsumidores conectados contribuyesen a los costes generales del sistema. Estos se refieren sobre todo a la solidaridad con los sistemas extrapeninsulares donde la generación es más cara, la amortización del déficit tarifario, los incentivos a las renovables y los costes de respaldo.

Compromís exige explicaciones al Gobierno sobre el ATI en Cofrentes y reclama que comparezca Nadal

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EFE.- Después de solicitar la comparecencia en el parlamento autonómico de la Comunidad Valenciana del director de la central nuclear de Cofrentes para que explique la posible instalación en este espacio de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para su combustible nuclear gastado, Compromís ha exigido la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que dé explicaciones sobre el ATI que Iberdrola prevé construir en Cofrentes, para lo que, según Compromís, la compañía ya ha iniciado los trámites administrativos para construir esta infraestructura de residuos radioactivos.

La formación ha preguntado al Gobierno por qué no ha informado al respecto a la Generalitat de la Comunidad Valenciana pese a haber recibido la solicitud formal de autorización. El portavoz de la formación en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado que el proyecto supone «prolongar la vida de la central de Cofrentes más allá de 2021, fecha en la que expira su licencia» y que el almacén nuclear, previsto para funcionar para 2019, evidencia «el fracaso de la política de gestión de residuos nucleares».

Compromís considera que la energía nuclear es «uno de los principales obstáculos para las energías renovables limpias», que garantizarían el suministro eléctrico, e incide en la necesidad de poner en marcha un calendario «progresivo y definitivo de cierre de centrales». La coalición apunta que los trámites para construir el ATI coinciden con la cumbre del clima de Marrakech y que a la falta de compromiso medioambiental «se añaden también los riesgos para la población». Además advierten de que Iberdrola «quiere construir el almacén en un lugar inundable y con riesgo sísmico que incumple las garantías de seguridad para la población».

Comparecencia del director de Cofrentes

Por otro lado, Compromís solicitó la comparecencia en Les Corts Valencianes del director de la central nuclear de Cofrentes para que explique la posible instalación de un ATI. En este sentido, el portavoz parlamentario adjunto de la coalición, Juan Ponce, aseguró que «haría falta que Iberdrola tuviera presentes que los mismos argumentos técnicos que desaconsejaron construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) son válidos para no hacer el ATI de Cofrentes«, ha manifestado. El diputado de esta coalición recuerda que su grupo ha reclamado en numerosas ocasiones el cierre de Cofrentes y advierte de «su peligrosidad». Asimismo, anunció que están trabajando en una propuesta para pedir al Gobierno central «que no se tramite el ATI en la central nuclear de Cofrentes”.

«Desde Compromís insistimos en que la apuesta de futuro es el uso de las renovables limpias, que nos permiten luchar contra el cambio climático y que son fuentes de creación de ocupación estable y de calidad», defendió Ponce, que explicó que el modelo energético que defiende Compromís se basa «en las renovables limpias y en la eficiencia energética», que, según indicó, «permitirían cerrar ya las centrales nucleares» y eliminar los riesgos que comportan, «como por ejemplo esa posibilidad del 50% de que, según numerosos estudios, pueda producirse un nuevo Chernobyl».

Podemos exige saber el contenido de la reunión de Nadal con las energéticas mientras Compromís pregunta por la MAT

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Europa Press / EFE.- Compromís ha pedido que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, comparezca en el Congreso para aclarar la situación de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) a su paso por la Comunidad Valenciana después de que el Gobierno autonómico aprobara su paralización. Mientras tanto, En Comú recrimina al Gobierno su «falta de transparencia» al haberse enterado en los medios de la reunión que Nadal mantuvo recientemente con las principales compañías energéticas. Asimismo, exigió conocer el contenido del encuentro.

Así, la formación catalana ha presentado en el Congreso una batería de preguntas inquiriendo al Gobierno por esta reunión, desvelada por Expansión. Según este medio, Nadal mantuvo un encuentro con representantes de los grandes operadores de gas y electricidad en España en el que se analizaron las próximas reformas en el sector energético y se sugirió a las empresas que hicieran sus propuestas al respecto.

En este sentido, En Comú quiere saber si ése fue el propósito de dicho encuentro, las propuestas que pusieron sobre la mesa las empresas, y si el propio Gobierno en funciones presentó alguna en concreto. Asimismo, preguntan si el Ejecutivo considera correcto «celebrar reuniones a puerta cerrada con representantes de grandes grupos energéticos sin que haya información pública al respecto» y señalan que actuaciones como estas «en ningún caso ayudan a ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública».

La MAT en Comunidad Valenciana

Por su parte, Compromís está promoviendo iniciativas en todas las instituciones para que se paralice la MAT, que en su primera fase se prevé que atraviese 16 localidades de Castellón y que Red Eléctrica de España quiere seguir desarrollando por toda la Comunidad Valenciana. La diputada de Compromís Marta Sorlí criticó la actitud del Gobierno central, que hasta ahora no ha contestado a ninguna pregunta parlamentaria sobre la MAT. Compromís preguntó en agosto sobre la situación actual de la MAT, la declaración de impacto medio ambiental y sobre quién asumiría la responsabilidad en caso de efectos adversos sobre la salud.

Ciudadanos pide que la central nuclear de Cofrentes informe si planea crear algún ATI mientras desde Compromís exigen su cierre

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EFE.- Juan Ponce, portavoz de Compromís en el parlamento autonómico valenciano, pedirá la comparecencia parlamentaria del director de la central nuclear de Cofrentes, que a su juicio «tiene que cerrar ya para dejar de ser un peligro», para que explique la posible ampliación del almacenamiento de residuos, hecho por el que el grupo parlamentario de Ciudadanos también ha pedido su comparecencia para que confirme si tienen previsto crear nuevos almacenes de materiales radioactivos «ante el retraso de las instalaciones en Cuenca«.

Así lo indicó el diputado Toni Subiela, quien ha explicado que la iniciativa deriva de las informaciones que se han publicado sobre movimientos que al parecer se están produciendo, y «a la vista de la demora en la entrega de los informes mensuales» que la central debe hacer al parlamento autonómico. Subiela ha incidido en que si se prevé este almacén, Ciudadanos quiere saber «cómo y para qué va a llevarse a cabo», cuáles son las implicaciones y efectos medioambientales, y «cómo funcionan y deberán funcionar los protocolos de seguridad».

Compromís pide que Cofrentes cierre

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo de Compromís en el parlamento autonómico, Juan Ponce, señaló que solicitarán al Gobierno valenciano que «inste al Gobierno central a no conceder prórrogas en el funcionamiento ni ninguna autorización de ampliación de capacidad de almacenamiento, de forma que la central cierre definitivamente y de forma segura en el año 2020«. Para el portavoz de Compromís, «la energía nuclear es muy peligrosa y muy cara, puesto que hay que internalizar todos los costes, como el de la gestión de los residuos nucleares, que deja un problema enorme sin resolver para las generaciones futuras».

Gobierno progresista y cierre nuclear

La, en su opinión, «sucesión de problemas» en la nuclear valenciana es la evidencia de que llega “al final de su vida útil y debe cerrar para dejar de generar residuos radiactivos, imposibles de neutralizar». Ponce indicó que «el cierre de Cofrentes es posible porque el abastecimiento energético está garantizado con otras fuentes de energía» y señaló que «todas las centrales nucleares tienen que ser cerradas, con un plan de cierre definitivo y progresivo». Además, añadió que mientras se espera «la formación de un Gobierno central progresista, hay que recordar que los gobiernos anteriores siempre han apostado por políticas erróneas que maltratan las energías renovables para poder mantener las nucleares«.

Juan Ponce ha indicado que no es la primera vez que desde Compromís reclaman el cierre de Cofrentes, y que incluso presentaron una proposición no de ley en marzo del año pasado, «dada su peligrosidad actual y los efectos nocivos sobre las personas y el medio físico a corto, medio, largo y larguísimo plazo». Desde Compromís han insistido en que la apuesta de futuro es el uso de las renovables limpias, que “permiten luchar contra el cambio climático y que son fuentes de creación de empleo estable y de calidad”.

Compromís pide que Soria informe al Senado sobre la situación de Castor tras completar su hibernación

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Europa Press.- Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Dolors Pérez, exigen que el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, informe a la Cámara Alta sobre la situación en la que se encuentra la plataforma Castor, después de que la empresa Enagás concluyera el proceso de hibernación. En este sentido, los senadores reclaman que el actual ministro, o su posible sustituto, comparezca ante el pleno del Senado o ante la Comisión de Industria para relatar el punto en el que se encuentra este proyecto.

«El ministro ha de explicar los pormenores del procedimiento por el cual se ha sellado el almacén subterráneo de Castor y también las previsiones de futuro de este proyecto, ya que la decisión no puede limitarse a mantener aparcado el problema sine die«, piden los responsables de Compromís, que recuerdan que las Cortes Valencianas acordaron por unanimidad exigir el desmantelamiento de Castor, una posibilidad que el Gobierno se reservó pero que no ha sido adoptada.

En este sentido, el portavoz de Industria de Compromís en las Cortes Valencianas, Víctor García, recuerda que «todos los partidos con capacidad para condicionar un futuro Gobierno se han posicionado en Valencia a favor de desmantelar la planta», por lo que «ahora tienen que cumplir su palabra”. “Sabemos que la decisión de desmantelar Castor es difícil, pero los políticos deben priorizar los compromisos con la ciudadanía a los compromisos con las grandes empresas», concluyó García.

Compromís advierte de que luchará desde todas las instituciones hasta que Castor deje de ser un «peligro potencial»

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Europa Press.- El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, advirtió en Vinaròs (Castellón) de que la formación luchará desde todas la instituciones hasta garantizar que el proyecto Castor deja de ser un «peligro potencial«. «Es un insulto que una planta que ha costado cerca de 1.700 millones de euros siga siendo un peligro potencial para la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de estas comarcas», ha indicado Mulet.

Para el senador, «la experiencia con el PP al frente de las instituciones ha clarificado, una vez que han perdido las mayorías, cuáles son sus prioridades y para quién gobiernan, ideología que a menudo no coincide con el interés de los vecinos, como se ha visto con los vertederos, el fracking, comunicación o con la infrafinanciación a la que nos han sometido a los valencianos».

«Los informes encargados al Instituto de Tecnología de Massachussets nos hacen temblar», ha apuntado Mulet, quien cree que «la única garantía para evitar para siempre la inquietud que nos provoca ver la planta del Castor es que las fuerzas del cambio lideren el gobierno central», de manera que «los partidos como PP y PSOE nunca más puedan ser cautivos de intereses de energéticas y grandes multinacionales especializadas en hacer negocio a costa del dinero de la gente y a base de BOE y Reales Decretos».

Según Mulet, «el futuro ha de ser las energías limpias», y se preguntó «cómo hubiera cambiado el panorama energético si esos 1.700 millones de euros se hubieran invertido en energías renovables para que muchas familias e instituciones pudieran ahorrar en las facturas de la luz y el gas». El senador anunció que Compromís investigará en todas las instituciones donde tiene representación «todo lo que envuelve al Castor para que deje de ser un peligro potencial».

Mulet avanzó que presentará en el Senado una batería de preguntas dirigidas a conocer los plazos sobre los informes encargados a la Universitat de Standford y el Instituto Tecnológico de Massachussets, sobre los peajes del transporte que deberán de abonar los consumidores de gas, sobre la legalidad de que los consumidores comiencen a pagar por los costes de la infraestructura, así como sobre los medios de que dispone el juzgado de Vinaròs encargado de investigar el caso Castor o si han modificado los procedimientos para evitar «nuevos y costosos fracasos».

PSOE, Podemos y Ciudadanos se comprometen a derogar el real decreto de autoconsumo si el Gobierno lo llega a aprobar

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Redacción / Agencias.- 18 partidos políticos, entre los que figuran PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPyD, entre otros, han firmado su compromiso con el desarrollo del autoconsumo energético «sin barreras discriminatorias» y se han comprometido a derogar durante la próxima legislatura el real decreto actualmente en tramitación por el Gobierno y que puede ser aprobado el próximo septiembre.

Además, el manifiesto presentado por los partidos está firmado por una amplia representación de la sociedad civil entre los que figuran asociaciones de consumidores (Adicae, Asgeco, Facua u OCU), sindicatos (CCOO y UGT), asociaciones empresariales (ACER, Aifoc, Anpier, APPA Fotovoltaica, UNEF o Pimec), ecologistas, como Greenpeace, SEO/BirdLife o WWF España, y movimientos sociales como Ingenieros sin Fronteras o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en defensa, según expusieron en el manifiesto, «del derecho reconocido por la Comisión Europea a la democratización de la energía«.

Asimismo, tanto los partidos políticos como las diversas asociaciones han firmado un manifiesto por el que reconocen «los beneficios económicos, sociales y ambientales del autoconsumo, solicitan la retirada de la propuesta del Gobierno de real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo para que sea modificado íntegramente considerando las mejores prácticas disponibles«. Los firmantes de este manifiesto señalaron que «cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como objetivo favorecerlo«, pues «crea empleo y fomenta la economía local».

Adicionalmente, en caso de ser aprobado en sus términos actuales, en los que el Gobierno propone imponer peajes al autoconsumo, los partidos políticos se comprometen a contribuir a derogar el real decreto y a crear «con la máxima urgencia una normativa realmente favorable» al desarrollo del autoconsumo. En este sentido, se comprometen a eliminar el conocido como impuesto al sol, reconociendo la idoneidad del ahorro y eficiencia energética que supone el autoconsumo energético de fuentes renovables y comprometiéndose a eliminar cualquier cargo adicional a estos consumidores que resulte discriminatorio con respecto a otras medidas incluidas.

Asimismo, las fuerzas políticas denunciaron que la propuesta del Gobierno es parte de «una clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética», junto a muchas otras medidas «disuasorias» de un uso más eficiente de la energía como el incremento «abrupto» del término fijo de la tarifa eléctrica. Además, destacan que la propuesta del Gobierno «va en contra de la democratización energética, viola la normativa europea en materia de energías renovables y eficiencia energética y carga de manera innecesaria al autoconsumidor con cargos y dificultades administrativas que impiden de facto el desarrollo de este derecho».

Según la Fundación Renovables, los políticos mostraron su apoyo al manifiesto, que pretende modificar la normativa para fomentar el autoconsumo. La representante de Ciudadanos en la presentación del manifiestoy portavoz del partido en el Parlamento valenciano, Carolina Punset, afirmó que «se está legislando en favor de una minoría privilegiada, que es la del oligopolio de las eléctricas», y agregó sobre el autoconsumo energético que supone «la única posibilidad de ahorro de las familias en un momento de emergencia social«.

Por su parte, Pilar Lucio, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, se mostró «en contra de cualquier tipo de peaje al autoconsumo», y resaltó la necesidad de «eliminar las puertas giratorias en sectores estratégicos», como es el de la energía. Para el PSOE «porque lo sabemos, hemos tomado esta decisión», señaló en referencia a la presencia de algunos ex dirigentes socialistas en consejos de administración de empresas energéticas.

El ministro Soria defendió el real decreto anunciando que los autoconsumidores «tendrán que contribuir a financiar los costes del sistema y otras infraestructuras porque se están beneficiando de ello». Juan López Uralde, co-portavoz de Equo y ex director de Greenpeace en España, apuntó la paradoja de que «estando en el país del sol, éste no se pueda aprovechar». Asimismo, Uralde señaló que «si en vez de energía pensamos en tomates, esto parece abusivo», al plantear la situación de que una persona que plantara tomates en su balcón tuviera que pagar por la red de transporte de tomates a nivel nacional.

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, afirmó que «el PP hace el kamikaze al ir en contra de todos», y criticó duramente la iniciativa del Gobierno por tener a toda la oposición en contra de este proyecto de real decreto. Al finalizar la lectura del manifiesto, los representantes de la oposición al completo, salvando a Unió, que no se adhirió a la iniciativa a diferencia de Convergéncia, se fotografiaron junto a los leones del congreso. También se adhirieron al manifiesto Amaiur, BNG, CHA, Coalición Canaria, UPyD, entre otras formaciones.

IU-ICV, PNV, BNG y Compromís exigen revisar los tanques enterrados de almacenamiento de productos petrolíferos

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Europa Press.- La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís-Equo registraron en el Congreso una proposición no de ley conjunta para exigir al Gobierno de los Diputados una revisión de los tanques enterrados de almacenamiento de productos petrolíferos para garantizar que han cumplido con la normativa de seguridad vigente.

En el texto, las cuatro formaciones recuerdan que el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos en este tipo de tanques es una actividad de «elevado riesgo medioambiental» por la pérdida de estanqueidad que se produce con la oxidación de los tanques de pared simple que están instalados sin cubeto estanco de contención. Además, creen que quince años después de la aprobación del real decreto por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolífera se observan «carencias en su aplicación» e «injustificadas actuaciones administrativas que han dado lugar a rebajas de las exigencias de revisiones periódicas, como la contenida en una orden ministerial del año 2010.

Por eso, quieren que el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial realice un informe sobre el cumplimiento reglamentario en este tipo de almacenamientos, analizando el resultado de las inspecciones periódicas que se hayan realizado. En concreto, quieren saber si se ha aplicado la corrección de errores del decreto publicada en 2000, que anulaba la exención de realizar pruebas de estanqueidad durante cinco años a los tanques reparados; qué porcentaje de fugas sobre el total de instalaciones ha sido notificado a las comunidades autónomas desde 2002 y cuántos sistemas de detección de fugas fijos por variación de nivel o conciliación de inventario han solicitado la exención de pruebas de estanqueidad neumática en el mismo periodo.

Finalmente, los firmantes de la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Industria del Congreso, quieren que se retire la revisión del decreto que modifica el Reglamento de instalaciones petrolífera por sus «evidentes medidas de relajación en la seguridad» y que se redacte un nuevo texto que «no introduzca medidas más laxas en un tema tan importante». Si no consiguen esta pretensión, reclaman que se cumpla la Ley de Industria de 1992 y se garantice la «compatibilidad y adaptación de las actividades industriales con las exigencias medioambientales» y se «estimule y respete el fomento de la innovación y el desarrollo de tecnologías propias e infraestructuras tecnológicas de utilización colectivas».