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En torno a la sentencia del bono social discriminatorio

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España no está para argumentos que requieran atención y precisión. Las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la financiación del bono social, por otro lado esperable y predecible con unos conocimientos básicos de Derecho, lo demuestran. El bono social es una forma imperfecta, por su forma indirecta de entender la renta disponible en el domicilio, de trasladar a la legislación española el concepto de consumidor vulnerable y de pobreza energética en lo que se refiere al suministro eléctrico.

El bono social supone una reducción del 25% de la tarifa para aquellos consumidores que cumplían una serie de condiciones. Dicha reducción está sufragada fundamentalmente por las cinco grandes distribuidoras eléctricas, como está reglamentariamente fijado por decisión del regulador. La sentencia, por su parte, pone en cuestión que el bono social deba ser sufragado por los grupos que integran las actividades de producción, distribución y comercialización, cuando, en realidad, existen más agentes en el sistema.

No hay que olvidar la dimensión de “política social” que tiene el bono social y que debería ser resuelta de forma pública vía política fiscal y no con la tarifa eléctrica. Hagamos una analogía. Imaginemos que, el Estado determina una entrega de alimentos gratuita para los individuos que estén por debajo de un umbral de pobreza y se determina por norma legal que lo tienen que sufragar las tres principales cadenas de supermercados. Lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo ha sido que, esa fórmula no es posible, es ilegal y no se adapta a las normas comunitarias por su propio desequilibrio, discriminación y desigualdad.

Lo que subyace debajo del diseño de la medida es una mirada oblicua sobre los propios agentes empresariales (a efectos de determinar el descuento, pagado selectivamente por elección discrecional del Gobierno) y la tendencia española a solucionar vía subsidios cruzados, frente a una ortodoxia hacendística y fiscal que sea responsable de aquellas materias que deben tener naturaleza pública. Todo ello en los tiempos de la demagogia económica de corte colectivista, por un lado, y de la superación de las previsiones de déficit en los Presupuestos Generales del Estado por otro.

Empiezan las turbulencias para el nuevo gobierno en ciernes, como cosecha de las tropelías pasadas. Ahora tocará la propia reliquidación al respecto. Por eso, en lugar de pedir intervención, es mucho más necesario pedir rigor y ortodoxia en la regulación.

Guindos señala que Industria cumplirá la sentencia sobre el bono social mientras los sindicatos cargan contra el Supremo

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Redacción / Agencias.- Mientras el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, asegura que la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de la luz favorece «a las élites y a las eléctricas», el ministro de Economía en funciones y responsable del departamento de Industria, Luis de Guindos, señaló que el Gobierno cumplirá la sentencia, de la que resaltó que no cuestiona esta ayuda, sino su financiación.

«No tenemos todavía la sentencia. Hemos visto lo que ha salido por la prensa», si bien su contenido «no cuestiona el bono social, sino la financiación del mismo», indicó el ministro, titular de Industria desde la dimisión de José Manuel Soria, respecto al descuento del 25% en el recibo de la luz que supone el bono. «Cuando tengamos la sentencia, los servicios jurídicos de Industria y Energía la analizarán para conocer el detalle. Cumpliremos la sentencia», añadió. Sobre si cabe la posibilidad de presentar un recurso, Guindos aseguró desconocerlo pero recordó que el Supremo es la instancia más alta que existe en la judicatura española.

El Supremo declaró inaplicable el sistema de financiación del bono social, que desde 2014 recayó sobre las principales compañías eléctricas conforme a lo previsto en la reforma energética anunciada en 2013, al entender que es incompatible con la normativa comunitaria. En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó los recursos interpuestos por E.ON España (ahora Viesgo) y Endesa, y reconoce el derecho de ambas a cobrar una indemnización por las cantidades aportadas en concepto de bono social. Para el Supremo, el régimen de financiación del bono social incumple la exigencia establecida en las directivas europeas para el mercado interior de la electricidad, que establece que “las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables”.

CCOO: “favorecer a las élites”

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, criticó que la sentencia del Supremo favorece «a las élites y a las eléctricas«. «Una vez más, la Justicia es ignorada por algunos tribunales de justicia, al favorecer a las élites y a las eléctricas a costa de agravar la situación de las personas que peor lo pasan y desentenderse de la más elemental responsabilidad social de las empresas«, según denunció el sindicalista.

De acuerdo con el sindicato, es «inaceptable» que España, que cuenta con «una de las tarifas eléctricas más elevadas de la Unión Europea», asista a «una nueva vuelta de tuerca» para «hacer más difícil la vida de las personas en situación de pobreza energética». Górriz ha criticado que el Alto Tribunal ha sido «sensible» a los recursos de las compañías eléctricas y ha «dejado en la estacada» a los colectivos «más desfavorecidos». En su opinión, esta sentencia es una «mala noticia» para la democracia, que ensanchará «aún más» la brecha de la desigualdad y la pobreza en España. Górriz reclamó a los poderes públicos que «activen todas las iniciativas para paliar, al menos, la situación de los colectivos más vulnerables».

UGT: cuidado con los ciudadanos

Por otro lado, UGT pidió que, tras las sentencias del Supremo, el coste del bono social «no recaiga sobre los ciudadanos y ha reclamado que se establezca una regulación que «asegure el acceso a la energía a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas». El sindicato subrayó que el Estado «debe proteger» a aquellos colectivos más vulnerables de la sociedad, “que sufren la pobreza en todos sus ámbitos, incluida la energética», por lo que considera que el bono social era «una medida de justicia». A este respecto, UGT afirma no compartir el fallo, ya que «da la razón a las eléctricas y obliga a devolverles lo que pagaron«.

Para el sindicato, el coste de esta decisión judicial no puede recaer «en ningún caso» sobre los ciudadanos, que «han sufrido en primera persona los efectos de la crisis y de las políticas económicas que se han aplicado para combatirla», e insiste en que es necesario establecer una regulación «para asegurar el acceso al suministro energético con carácter universal a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas, evitando el corte de suministro por falta de pago». También pide un IVA súperreducido para todos los bienes y servicios vinculados a la energía. Asimismo, pide poner en marcha un plan integral de choque contra la pobreza, «que ha aumentado en los últimos años como consecuencia de las políticas de austeridad».

Los consumidores creen que las sentencias del Supremo ponen de manifiesto que es «urgente» una reforma del bono social

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Redacción / Agencias.- Mientras Facua considera que las sentencias del Tribunal Supremo contra el decreto que regula el régimen de financiación del bono social de la luz «deja en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno”, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pone de manifiesto que es «urgente» una reforma de las condiciones de acceso a éste, «de forma que llegue a todos los consumidores que se encuentran en una situación precaria».

En este sentido, la asociación subraya que el fallo del Alto Tribunal no cuestiona que sean las empresas del sector las que tengan que asumir el coste de financiación del bono social en España «ya que la normativa europea recoge expresamente que, en aras del interés general, sean las empresas que obtienen beneficios en el sector las que financien las obligaciones de servicio público». Por ello, señala que se deben revisar los criterios de reparto para que cumplan los criterios de transparencia, no discriminación y garanticen la igualdad entre las empresas, pero de forma que al mismo tiempo se garanticen unas condiciones adecuadas de competencia.

Asimismo, OCU cree las sentencias ponen de manifiesto una vez más «la pésima regulación del sector eléctrico», que tienen consecuencias «muy negativas» para los consumidores por lo que considera necesaria una «reforma urgente» del bono social para adecuarse a los criterios que establece la normativa europea, unos criterios que a juicio del Tribunal Supremo no cumple la normativa española, y se evite así el riesgo de que sean los consumidores quienes asuman una vez más su financiación mediante los peajes.

La OCU estima que, en la práctica, la aplicación de las sentencias supone la devolución de 360 millones de euros a las compañías eléctricas. Así que, además de la financiación, la OCU considera que hay que reformar las condiciones de acceso al bono social, «de forma que llegue a todos los consumidores que se encuentran en una situación precaria», ya que subraya que el actual bono social no cumple esa función. De esta manera, pide al Gobierno que aproveche «la necesaria reforma del bono social para crear una autentica tarifa social» basada en la renta para combatir la pobreza energética.

“Evidencia fracaso del modelo energético»

Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción (Facua) considera que las sentencias del Supremo «dejan en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno, heredado de un proceso de privatización del servicio de un bien básico como es el suministro de electricidad». En este sentido, la asociación señala que la decisión del Supremo «vuelve a poner de manifiesto la inseguridad de un sistema que es continuamente cuestionado en los tribunales, algo que encarece continuamente el servicio y que por lo tanto convierte a los consumidores, la parte más vulnerable, en los principales perjudicados».

Asimismo, Facua recuerda que es la segunda vez que el Supremo tumba el sistema de financiación del bono social ya que en 2012, cuando el alto tribunal anuló el marco legal que lo regulaba y que estaba en vigor desde 2009 tuvo que ser modificado. Entonces, el Gobierno decidió repercutir temporalmente el coste de su financiación sobre la factura de los consumidores, pero en 2014 puso en marcha el sistema de financiación que ahora el Supremo ha vuelto a anular.

Facua considera que estas sentencias son muestra de que el modelo eléctrico actual es «un sistema opaco, que genera inseguridad y que no protege a la ciudadanía en un servicio esencial, especialmente a las más vulnerables y en riesgo de exclusión social». Para Facua, este estado permanente de litigio provoca «un encarecimiento de un servicio con el que los consumidores están profundamente en descontento, tanto por el desproporcionado coste de la electricidad como por las irregularidades que cometen las compañías».

“Que no desaparezca el bono”

La Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) pidió al Gobierno que tome las medidas oportunas para mantener las ayudas económicas que permitan el acceso a la electricidad a las familias que lo percibían para evitar el riesgo de que aumente la pobreza energética con su desaparición. Hispacoop sostiene que las situaciones que marcan la finalidad del bono social siguen estando presentes en la situación actual española. Por ello, advierte de que la desaparición del bono social representaría «un duro golpe» para las familias afectadas, ahondando más en la situación de riesgo de pobreza energética que pueden sufrir.

“No afecta a los beneficiarios”

Precisamente el consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, el socialista José Luis Navarro, ha llamado a la «tranquilidad» a los ciudadanos beneficiarios del bono social eléctrico, pues la sentencia emitida por el Tribunal Supremo «no les afecta». Navarro explicó que la sentencia establece que «no deben ser determinadas empresas del sector eléctrico las que lo paguen, y quien impuso que fueran ellas, el Ministerio de Industria, es el que ahora debe buscar la solución alternativa». Mientras tanto, no va a dejar de existir el bono social y quienes lo perciben «no deben tener ni la más mínima preocupación«, ha subrayado Navarro.

Las compañías eléctricas dedicaron cerca de 500 millones de euros a costear el bono social de la luz desde 2014

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Europa Press.- Las principales compañía eléctricas, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España, han dedicado cerca de 500 millones de euros a costear en 2014, 2015 y los primeros nueve meses de 2016 el bono social de la luz, según indicaron fuentes de las empresas. Unas cantidades que podrán recuperar después de que el Tribunal Supremo haya declarado inaplicable el sistema de financiación del bono social, que desde el ejercicio 2014 ha recaído sobre las principales compañías eléctricas.

Las fuentes consultadas indican que las eléctricas deberán recibir como compensación 184 millones por el dinero dedicado en 2014, 188 millones por el de 2015 y una cantidad adicional por los nueve primeros meses de 2016 que elevará la cifra a unos 500 millones. Desde las empresas destacan que el fallo responde a los criterios fijados por la normativa comunitaria y que «las eléctricas no están en contra del bono social, sino de la manera con la que se ha ido aplicando, que es discriminatoria».

También califican de «victoria» la resolución judicial y consideran «bastante justo» que la ayuda a los consumidores vulnerables no se cargue sobre las eléctricas, sino sobre otras fuentes como los Presupuestos Generales del Estado. «Las empresas ya están haciendo los deberes por su cuenta para proteger a los consumidores vulnerables mediante acuerdos con distintas administraciones públicas e iniciativas propias«, aseguran.

El fallo del Supremo afecta al 2014 e indica que se deben reintegrar a los demandantes todas las cantidades que hayan abonado por este concepto conforme a la cifra que se detalle en la ejecución de sentencia, más los intereses. Las empresas, que han ido recurriendo los distintos porcentajes de reparto del coste del bono social, dan por hecho que esta victoria judicial también implicará la devolución de los importes devengados en 2015 y 2016.

Para 2016, Endesa ha de financiar un 41% del bono social, frente al 37,9% de Iberdrola y el 14,7% de Gas Natural Fenosa. Otras 21 sociedades participarán en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%. El bono social consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).

Iberdrola gana 2.041 millones de euros hasta septiembre, un 6,4% más, por la buena evolución de sus negocios

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Redacción / Agencias.– Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 2.041,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 6,4% más que en el mismo periodo de 2015, gracias a la buena evolución de sus negocios y a la reducción de los gastos operativos y financieros, que le permitieron compensar el impacto de la libra y los menores extraordinarios por temas fiscales, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán se incrementó un 4,2% entre enero y septiembre, hasta los 5.729,5 millones de euros. Sin tener en cuenta el efecto del tipo de cambio, este aumento alcanzaría el 6,7%. De hecho, el beneficio neto recurrente aumentó un 17%, hasta los 1.957,6 millones de euros. Las ventas del grupo energético alcanzaron los 21.537,7 millones de euros, un 9,1% menos, afectadas por las depreciaciones de la libra esterlina y el real brasileño. El margen bruto mejoró un 2,3%, hasta los 9.740,5 millones de euros. Iberdrola destacó que estos resultados le permiten confirmar sus previsiones para este ejercicio y avanzar en su compromiso de incrementar la remuneración al accionista.

En este sentido, la compañía llevará a cabo una nueva edición de su programa Iberdrola Dividendo Flexible, por el que la empresa asume un precio mínimo de compra del derecho de asignación gratuita de al menos 0,135 euros brutos por acción, en lo que habría sido el dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2016. Este importe supone un incremento del 8% respecto al precio de compra asumido por Iberdrola el pasado mes de enero y se completará con la remuneración complementaria que deberá aprobar la junta general de accionistas y que se hará efectiva en julio de 2017.

De hecho, se espera que el Ebitda aumente en torno a un 5% con respecto al año anterior y que el beneficio neto del grupo presente un crecimiento mayor al final del ejercicio. Así, Iberdrola efectuó inversiones por valor de 3.040 millones de euros, un 45% más que en 2015. El 64% de este importe se destinará a crecimiento y el 91% a negocios regulados o con contratos a largo plazo, de acuerdo con la estrategia del grupo de centrarse en áreas «estables y predecibles». Por su parte, su filial Avangrid, participada en un 81,5% por la compañía, obtuvo un beneficio neto de 404 millones de dólares (unos 370,8 millones de euros) en los nueve primeros meses, un 45% más.

Buen comportamiento del negocio español

Por áreas de negocios, el de redes obtuvo un Ebitda de 2.935 millones de euros, un 8,6% más que en el mismo periodo del 2015. Este resultado, que procede de fuera de España en un 60%, está respaldado sobre todo por el buen comportamiento en España y Estados Unidos, donde el negocio aumentó su beneficio operativo bruto un 6,6%, hasta los 1.192,6 millones de euros, y un 50,6%, hasta los 973,5 millones de dólares, respectivamente.

Por su parte, generación y clientes mantuvo sus resultados en línea con los nueve primeros meses de 2015 y registró un Ebitda de 1.733,8 millones de euros, un 0,1% menos. En España, esta magnitud creció un 1,6%, hasta 1.200,2 millones de euros, impulsado por el incremento de la producción hidroeléctrica en un 56,2% y nuclear en un 4,6%. En Reino Unido, el Ebitda ascendió a 208,9 millones de euros, un 2,6% más, mientras que en México ha descendido un 7,7%, hasta 321,37 millones de euros, debido a las menores tarifas.

Mientras, la división renovable obtuvo un Ebitda de 1.143,1 millones de euros hasta septiembre, un 3,3% menos, afectado por el peor comportamiento y el efecto del tipo de cambio en Reino Unido. Destaca la buena evolución en España, donde el beneficio operativo bruto de renovables creció un 15,9%, hasta 410,2 millones de euros, impulsado por un incremento de la producción del 5,8%. También en Latinoamérica, donde el Ebitda del negocio se situó en 55,1 millones de euros, un 20,9% más, gracias a la mayor aportación de México en un 41,7%.

Por otra parte, la compañía emitió deuda por valor de 2.700 millones de euros a largo plazo en condiciones muy ventajosas y se convirtió en líder en el mercado de bonos verdes. A 30 de septiembre, la deuda financiera neta total del grupo se situó en 28.418 millones, 2.259 millones más que en septiembre de 2015 por la consolidación de la estadounidense UIL. Asimismo, Galán destacó que en paralelo a esta etapa de crecimiento, el grupo ha realizado 1.917 nuevas contrataciones hasta el mes de septiembre y puso en marcha su campus corporativo de Madrid, que cuenta con una superficie superior a 180.000 metros cuadrados de superficie y 70 laboratorios.

Greenpeace cree que el fondo de gestión de residuos radiactivos es insuficiente y sólo financiará un 30% del coste

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Redacción / Agencias.- Greenpeace advierte de que la dotación del fondo destinado a la gestión de residuos radiactivos y futuros desmantelamientos de centrales nucleares resulta «insuficiente» puesto que «sólo alcanza para financiar el 30% del coste». Según esta organización, las inversiones vinculadas al desmantelamiento de las centrales son públicas y se llevan a cabo con dinero ya recaudado pero señalan que la cifra actual es de 4.200 millones de euros «frente a los 22.200 millones de euros requeridos, según cálculos del Tribunal de Cuentas».

A esos 4.200 millones de euros, “un 19% del gasto total”, se añade que si el almacenamiento temporal de los residuos es mediante ATIs se añaden 370 millones de euros, y si es mediante ATC son 1.232 millones de euros, “lo que significa un 2% y un 5% por ciento, respectivamente, de la inversión total”. Por tanto, “a pesar de que el parque nuclear en España ya ha alcanzado el 84% de la vida útil, las ayudas disponibles ni siquiera alcanzan el 30% del total que se va a requerir”, según ha denunciado la organización.

El director de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha calificado el fondo como «infradotado» ya que con él «no podría afrontarse una situación crítica» y denunció a las compañías eléctricas por la existencia de este «enorme agujero que estas empresas no han pagado». En este sentido, el grupo ecologista insta al Gobierno a que «no se conceda la licencia de explotación a los reactores nucleares operativos» a medida que vayan finalizando las concesiones, entre 2021 y 2024.

Para Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, el plan vigente de residuos radiactivos es «obsoleto» a pesar de la actualización agregada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en 2015. Por ello propone elaborar un nuevo plan que gestione los residuos producidos hasta la finalización de las licencias de explotación en vigor. También plantea revitalizar las comarcas que, hasta ahora, eran dependientes de las nucleares por su emplazamiento. Montón ha explicado que existen unos 20 años «de colchón» en la que el propio desmantelamiento de la central y la colocación de renovables supone trabajo para el entorno. Sin embargo, advierte de que «si no se revitalizan las comarcas, tras los 20 años habrá un gran bajón».

Tasas “insuficientes” para las eléctricas

Montón reconoce que «las eléctricas sí están pagando las tasas, pero éstas son insuficientes» y por ello ha instado a modificar el modelo de recaudación por otro «más apropiado» ya que «mientras el fondo disponible no alcanza, las empresas propietarias de las centrales ingresaron por la producción nuclear 30.837 millones de euros entre 2005 y 2015. «Es imprescindible que la financiación del desmantelamiento nuclear y la gestión de residuos radiactivos no recaiga en los ciudadanos del futuro sino en las compañías que han obtenido los beneficios», ha insistido la responsable de nucleares de Greenpeace. A su juicio, «aún hay tiempo de hacer las cosas bien».

Por ello, desde Greenpeace consideran «imprescindible» el establecimiento de un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento que desarrolle un marco legal adecuado y, sobre todo, parta de una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al desmantelamiento como de forma periódica durante las sucesivas revisiones de costes. Además, señalan que para asegurar que el coste no se traslada a la ciudadanía y se asegure el principio de justicia intergeneracional y no se deje a generaciones futuras es necesario provisionar los fondos necesarios durante el periodo de vida útil de las centrales nucleares.

Sobre esta situación, Greenpeace denuncia que las empresas dueñas de las centrales no tienen preparado esa cuantía necesaria para tener cubierto el cierre, a pesar de que sus beneficios son de 72.000 millones de euros. «Podría tratarse de una situación similar a la del rescate bancario, porque las eléctricas se han dedicado a invertir sus beneficios y no aguardarlos para la llegada del cierre, por lo que no podrán afrontarlo económicamente», denuncian desde la organización. En este sentido, critican la falta de control sobre este tema de los diferentes gobiernos que han ido pasando a lo largo de los años.

Impacto económico del desmantelamiento nuclear

Greenpeace insistió en que el cierre gradual de las centrales nucleares tendría «un claro impacto positivo en términos ambientales y de seguridad«, además de suponer un «importante incentivo» para la economía española y la creación de empleo. Respecto al impacto económico ligado al cierre de las centrales nucleares españolas, implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros según el estudio El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social, realizado por la organización.

Según su informe, las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes «supondrían la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento de las nucleares y 200.000 a la instalación de nueva potencia renovable». Montón precisó que los dos sectores más beneficiados serían el comercio y la hostelería, que aglutina la mayor parte de los impactos inducidos y las actividades financieras, profesionales y científicas, que concentran una parte muy significativa del impacto directo de las inversiones. La ONG ha organizado cinco carreras populares simultáneas en las poblaciones cercanas a las centrales nucleares este domingo, con objeto de recoger apoyo ciudadano contra la industria nuclear.

El Supremo tumba el régimen de financiación del bono social y reconoce una indemnización a las compañías eléctricas

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Redacción / Agencias.- El Tribunal Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social de la luz, al considerarlo incompatible con la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, por lo que estima que no debe ser financiado por las eléctricas, como ocurre desde 2014, a las que reconoce el derecho a ser indemnizadas.

En dos sentencias, en las que estima los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo, la antigua E.ON España, la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo reconoce el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación,  impugnada hasta la fecha de ejecución de la sentencia. De esta manera, el Alto Tribunal falla que se debe reintegrar a los demandantes todas las cantidades que hayan abonado por este concepto, que se determinarán en ejecución de la sentencia, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro.

Para el Tribunal Supremo, el régimen de financiación del bono social incumple la exigencia establecida en las directivas europeas sobre las normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que establece que «las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales». Asimismo, considera que vulnera el principio de proporcionalidad, «en cuanto que hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria».

Además, el Supremo subraya que no ha quedado debidamente justificado en las normas impugnadas que la financiación del bono social se haga recaer sobre determinados agentes del sistema eléctrico, algunos de ellos con muy escaso peso específico en el conjunto del sector, eximiendo de dicha carga a otras entidades o grupos empresariales que pueden estar en mejores condiciones para asumir aquel coste, sea por su volumen de negocios, por su importancia relativa en algunos de los sectores de actividad o porque desarrollan simultáneamente y de forma integrada dos de aquellas actividades. En otras palabras, el Tribunal Supremo se pregunta de forma indirecta por qué se exime al gestor del sistema y operador del transporte de electricidad, Red Eléctrica de España.

Jurisprudencia de la Justicia comunitaria

Para resolver estos recursos, el Supremo destaca que fue «determinante» la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) respecto a una consulta del Gobierno francés acerca de la posibilidad de aplicar un bono social del gas con una financiación parecida a la española, en la que una serie de empresas se encarga de sufragar la ayuda. Concretamente, el Tribunal considera que, debido a sus coincidencias, las consideraciones de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la intervención estatal en los precios del gas son trasladables al sector eléctrico en lo que se refiere a la necesaria observancia del principio de proporcionalidad.

Las dos sentencias cuentan con el voto particular de uno de los ocho magistrados que las suscriben, José Manuel Bandrés, que considera que la medida adoptada por el legislador español en el artículo 45 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, no se opone al artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, «en cuanto respeta los requisitos de certeza normativa, transparencia, no discriminación y ser controlable, y es proporcionada en razón de las circunstancias expuestas». Entiende que se debería haber planteado, con carácter previo a adoptar el fallo, cuestión prejudicial ante el TUE por existir una duda objetiva y razonable sobre la solución del litigio.

Además, en aplicación del artículo 264 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Bandrés estima que, si en hipótesis fuera procedente la decisión de inaplicación del artículo 45 de la Ley 24/2013, debería haberse limitado en cuanto a sus efectos temporales, teniendo en cuenta «las relevantes repercusiones que produce en el acceso al servicio básico de electricidad de colectivos vulnerables y la afectación a la sostenibilidad del régimen económico financiero del sector eléctrico, en aras de que el legislador de urgencia pudiera resolver los defectos de la norma controvertida y colmar el vacío legal«.

El coste total de las ayudas ronda los 200 millones de euros al año. Desde la fijación de la nueva metodología en la Ley del Sector Eléctrico, las principales compañías eléctricas, que son las que soportan fundamentalmente el bono social, habían ido recurriendo todos los repartos anuales de costes fijados en distintas órdenes ministeriales de Industria. Conforme al esquema de reparto, en el que se tienen en cuenta aspectos como el número de suministros conectados a la red de distribución y de clientes de las filiales de comercialización, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa deben financiar el 93% de la ayuda, destinada a colectivos vulnerables.

Iberdrola aumenta un 8% su dividendo a cuenta con cargo al ejercicio 2016

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Servimedia / EFE.- Iberdrola lanzó una nueva edición de su programa de dividendo flexible, con el que abona la remuneración a cuenta para el ejercicio 2016, en el que la compañía asume un compromiso de compra de al menos 0,135 euros brutos por cada derecho de asignación gratuita, un 8% más de los 0,125 anunciados en enero. De este modo, vuelve a ofrecer a sus accionistas la posibilidad de elegir entre recibir su retribución en efectivo o en nuevas títulos del grupo de forma gratuita, combinando las opciones según preferencias.

Para los que elijan la primera opción, existen dos posibilidades: vender los derechos de asignación gratuita a Iberdrola (al menos 0,135 euros brutos por acción) o hacerlo en el mercado. La suma comprometida se completará con la remuneración complementaria con cargo al 2016 y que deberá aprobar la próxima junta general de accionistas, para que se haga efectiva en julio de 2017. La compañía avanza así en su compromiso de incrementar la remuneración anual de sus accionistas en línea con la evolución de sus resultados.

Ampliación de capital en marcha

Con el objetivo de llevar a cabo esta nueva edición de Iberdrola Dividendo Flexible, el consejo de administración de la compañía aprobó la ejecución de un aumento de capital con un valor de mercado de referencia comprendido entre un mínimo de 867 millones de euros y un máximo de 938 millones de euros. La opción asignada por defecto es la de recibir nuevos títulos de la sociedad, por lo que aquellos accionistas que prefieran recibir su retribución en efectivo deben comunicarlo a sus entidades depositarias entre los días 5 y 19 de enero de 2017, o hasta el 16 de enero si se acepta el compromiso de compra de Iberdrola.

La eléctrica finlandesa Fortum obtuvo 357 millones de euros de beneficio hasta septiembre, un 91% menos

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EFE.- La compañía eléctrica finlandesa Fortum redujo su beneficio neto un 91% en los nueve primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2015, hasta los 357 millones de euros, según indicó la empresa. La fuerte caída de la rentabilidad se debió principalmente a que Fortum, una de las mayores eléctricas del norte de Europa, vendió en 2015 su red eléctrica en Suecia, operación que generó unos ingresos extraordinarios de 6.400 millones de euros.

Con esta transacción Fortum culminó la desinversión de todos sus negocios de distribución eléctrica en los países nórdicos, tras la venta de sus redes en Finlandia y Noruega en 2013 y 2014, para concentrarse en la producción de energía. Así, entre enero y septiembre, Fortum obtuvo un beneficio operativo de 430 millones de euros, un 89% menos que en el mismo periodo del 2015, aunque su ganancia operativa comparable (excluyendo ingresos y gastos extraordinarios) disminuyó en menor medida, un 33%, hasta 455 millones de euros. El beneficio bruto de explotación (ebitda) comparable alcanzó los 717 millones de euros, un 24,5% menos que en el 2015.

No obstante, si se contabilizan sólo los negocios restantes tras la venta de la red sueca, Fortum obtuvo un beneficio neto de 357 millones de euros, frente a los 246 millones de pérdidas generadas en 2015. Comparando sólo sus operaciones actuales, la facturación de la eléctrica finlandesa apenas se redujo dos décimas y alcanzó los 2.489 millones de euros. La producción total de energía de Fortum alcanzó los 54,7 teravatios hora (TWh), un 2,1% menos, aunque logró compensar esta caída gracias al aumento del precio medio de la electricidad en el mercado nórdico, que alcanzó los 24,4 euros por megavatio hora (MWh), un 17,8% más.

Viesgo juega con Contador para popularizar la app que facilita información a sus clientes sobre sus consumos eléctricos

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Europa Press.- El ciclista Alberto Contador es el protagonista de la campaña en televisión, medios tradicionales y redes sociales de la aplicación de la compañía energética Viesgo, que pretende revolucionar la relación de los consumidores con la factura eléctrica, según indicó la propia empresa.

El ciclista de Pinto, que cuenta en su palmarés con dos Tours de Francia, dos Giros de Italia y tres Vueltas a España, recomienda la nueva aplicación para móviles de la compañía energética Tu Oficina Online, que permitirá por primera vez a los clientes conocer su consumo en euros por horas y días. La primera campaña televisiva nacional de Viesgo gira en torno al lema si quieres ahorrar en tu factura de la luz, consulta tu Contador, un juego de palabras que convierte al popular ciclista en gestor de energía por un día. Los otros dos lemas son ahora puedes saber cuántos euros llevas gastados en luz sin esperar a que llegue la factura y pásate a Viesgo y evoLUZiona.

Viesgo ha escogido a Alberto Contador como imagen de la campaña porque «es un claro ejemplo de deportividad y esfuerzo, valores que la empresa apoya a través de múltiples iniciativas». «Es un líder reconocido y cercano que hace que hazañas como ganar el Tour parezcan sencillas, y eso es lo que Viesgo quiere para sus clientes: hacerle las cosas más fáciles y accesibles», indicaron. «Cuando miro hacia atrás y pienso en cómo he logrado mis objetivos, veo que el esfuerzo, mis ganas de superación, la competitividad sana y la persistencia, me han acompañado durante todo el camino. Pero la clave ha sido saber gestionar mis energías desde el principio al fin e innovar para afrontar los retos», señaló Alberto Contador.