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El parque La Plana III en La Muela (Zaragoza) es la primera instalación eólica de Iberdrola que cumple 20 años

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Europa Press.- El parque eólico de Iberdrola, La Plana III, en La Muela (Zaragoza), ha cumplido 20 años de funcionamiento desde su puesta en marcha, a finales de 1996. Se trata de la primera instalación eólica de la compañía en España que alcanza esa edad y lo ha hecho en perfectas condiciones, según indicó la compañía eléctrica.

Durante este periodo de tiempo, el parque ha registrado una producción neta de casi 950 gigavatios hora (GWh), el equivalente al consumo anual aproximado de una ciudad de 726.000 habitantes, y lo ha logrado realizar con una disponibilidad superior al 98%. El parque eólico La Plana III está ubicado en la localidad de La Muela y tiene una potencia total de 21 megavatios (MW), suministrados en su mayor parte por aerogeneradores de la firma Gamesa.

Los buenos datos de producción y disponibilidad registrados por La Plana III son fruto de la aplicación de los diversos programas de eficiencia en la operación y mantenimiento que Iberdrola desarrolló. Las principales líneas de actuación fueron la optimización de la gestión del servicio de mantenimiento prestado por empresas proveedoras y la mejora de las actividades de operación del personal propio, que ha redundado en una mejora de la eficiencia.

Según los datos de la compañía, Iberdrola es la principal compañía productora de energía generada por el viento en España, donde cuenta con una potencia eólica consolidada de más de 5.500 MW: Castilla-La Mancha cuenta con 1.804 MW; Castilla y León, con 1.453 MW; Andalucía, con 857 MW; Galicia, con 627 MW; Aragón, con 305 MW; Región de Murcia, con 161 MW; País Vasco, con 143 MW; Asturias, con 74 MW; Cataluña, con 50 MW, y Cantabria, con 32 MW.

Iberdrola eleva un 8% su dividendo a cuenta con cargo al ejercicio 2016

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EFE / Servimedia.– Iberdrola abonará 0,135 euros brutos por cada derecho de asignación gratuita repartido a modo de dividendo a cuenta del 2016 a los accionistas que opten por venderlos a la compañía, lo que supone un incremento del 8% respecto a la cifra comprometida hace un año. Los accionistas que opten por vender sus derechos a la eléctrica en el marco del programa Iberdrola Dividendo Flexible, para así recibirlo en efectivo, deberán solicitarlo hasta el 16 de enero, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La eléctrica ha señalado su compromiso de pagar 0,135 euros brutos por cada derecho de asignación gratuita, frente a los 0,125 euros brutos comprometidos en enero de 2016. El pago a los accionistas que hayan optado por vender sus derechos a la compañía se realizará el 23 de enero. Además de esta opción de vender los derechos de asignación gratuita a Iberdrola, la eléctrica ofrece otras dos opciones a sus accionistas: vender los derechos de asignación en el mercado o recibir nuevas acciones de la empresa. Las tres opciones no son excluyentes, por lo que el accionista puede elegir una de las alternativas o combinarlas de acuerdo con sus preferencias.

Iberdrola explicó que, para recibir la retribución en acciones, se necesitarán 45 derechos de asignación gratuita por cada nuevo título de la compañía. La opción asignada por defecto es recibir nuevos títulos de Iberdrola, por lo que los accionistas que opten por la retribución en efectivo deben comunicarlo a sus entidades depositarias antes del 19 de enero. Los 0,135 euros brutos por cada derecho de asignación se completarán con la retribución complementaria con cargo a 2016, que deberá aprobar la Junta de Accionistas para que se haga efectiva en julio.

Navantia firma la construcción de 42 jackets para East Anglia One, el parque offshore de Iberdrola en Reino Unido

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EFE.- Navantia ha anunciado la firma junto a Windar del contrato definitivo para construir 42 jackets destinadas al parque eólico marino de East Anglia One, contrato que reportará más de un millón de horas de carga de trabajo a su astillero en Fene. Así culminaron las negociaciones con Iberdrola y su filial británica, «continuación al acuerdo de compromiso para la construcción de 34 jackets, firmado por las partes en octubre» y ampliado «a 42 en noviembre».

Además, el pacto supone la ejecución de 126 pilotes, que se construirán en las dependencias de Windar en Avilés. Por su parte, el grupo naval público español ha subrayado que los trabajos se realizarán durante el año recién iniciado «y gran parte del 2018». La faena, «en su mayoría», se llevará a cabo en Navantia Fene, ha añadido. El parque eólico citado, localizado al sur del Mar del Norte y en su zona sureste, abarca una superficie de 300 kilómetros cuadrados y alcanzará una potencia instalada de unos 714 megavatios gracias a 102 aerogeneradores offshore.

Las instalaciones tendrán que estar «completamente en funcionamiento antes de finales de 2018», para lo cual Iberdrola «ya ha formalizado varios de los contratos para este parque». Entre ellos, figura el adjudicado en fechas recientes a Navantia para la construcción en su planta de Puerto Real del módulo para su subestación eléctrica y su jacket correspondiente. Dicha subestación permitirá conectar el parque, emplazado a unos 45 kilómetros al sureste de la ciudad de Lowestoft, a la red eléctrica del Reino Unido, indicó la compañía estatal.

Para Navantia, tras su «éxito en el cumplimiento de plazo y calidad en los contratos del campo eólico Wikinger en aguas alemanas del mar Báltico», la firma «de este encargo con Iberdrola representa un nuevo paso en la consolidación como un suministrador preferente de Iberdrola en el sector eólico«. Por otro lado, la eléctrica española «está también desarrollando los parques East Anglia 2 y 3, los cuales se encuentran en fase de estudio de viabilidad».

La central de ciclo combinado de Endesa en As Pontes es premiada con el galardón PH 2016

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EFE.- La central de ciclo combinado de Endesa en As Pontes ha sido distinguida con el galardón PH 2016, resultando elegida entre todas las instalaciones con las que cuenta el grupo eléctrico en España y Portugal. Así lo anunció la propia empresa, que ha subrayado que el premio se justifica «por sus mejoras en sostenibilidad medioambiental y eficiencia química».

La distinción se ha otorgado en el marco del XXI Foro Ibérico de Química. Según Endesa, el galardón pone en valor «el buen acondicionamiento químico que se realiza en la central, así como el carácter innovador de los proyectos que se están implementando«. El jurado resaltó la ejecución de «una iniciativa pionera en todas las centrales de Enel, consistente en la protección del interior de los tubos de la caldera mediante la dosificación de anodaminas».

La FEMP plantea que el acuerdo para prohibir cortes de luz a los consumidores vulnerables se extienda al gas natural

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Europa Press.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha afirmado que el acuerdo del Gobierno con el PSOE y Ciudadanos para evitar los cortes de electricidad a las familias más vulnerable y paliar la pobreza energética, no tiene un coste «inasumible» por las administraciones públicas, y ha abogado por su extensión en el caso de imposibilidad de pago a las facturas de gas natural.

Así lo señaló Caballero, quien denuncia que la pobreza energética está siendo «severa», especialmente en esta fase de la crisis en la que «se acumulan todos los efectos de la crisis de todos los años». Caballero indicó que en términos económicos se está produciendo un repunte, pero en términos sociales «se sigue profundizando», si bien «no es nada que tenga ningún coste inasumible por las administraciones públicas», de forma que desde el Gobierno y los ayuntamientos «se puede asumir sin que produzca ningún quebranto». La cuestión es que Caballero obvia que parte de la financiación recaerá nuevamente sobre las compañías.

«Se trata de voluntad política y yo la vi reflejada en la conversación que tuve con el ministro Nadal y después en el pacto que se llevó al Parlamento y que dio lugar al decreto ley», ha valorado Caballero. La norma, aprobada en el Consejo de Ministros, establece que las comercializadoras eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores. El dirigente socialista, que ha abogado por la extensión del acuerdo también a los casos de familias vulnerables que no puedan hacer frente al pago del gas, ha explicado que las medidas acordadas con Nadal eran «principios políticos de actuación».

Entre otras, ha citado la prohibición de cortar el suministro a ninguna familia o domicilio en situación de pobreza o vulnerabilidad, para lo que los servicios sociales elaborarán un informe, y que no lo pueda hacer una compañía eléctrica por su cuenta. A modo de ejemplo, Caballero ha indicado que en Vigo se paga la factura a unas 700 familias y ha valorado el avance «importantísimo» que supone el acuerdo sobre cortes de suministro al evitar los cortes de luz a familias vulnerables. «Se está avanzando a buena prisa en la buena dirección», ha subrayado.

Endesa desmonta 6 torres eléctricas al norte de Tenerife

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EFE.- Endesa desmontó 6 torres eléctricas distribuidas en el municipio de Los Realejos, mediante un soterramiento de líneas en casi 2 kilómetros para mejorar el impacto visual en el paisaje de la zona. Endesa indica que esta actuación constituye la última fase de las obras de repotenciación de la línea Maritim, que suministra al municipio de Puerto de la Cruz y que parte desde la subestación Realejos.

El nuevo doble circuito de la línea de media tensión está en servicio desde el 18 de noviembre y permite que 21.423 clientes se beneficien de un suministro más seguro. Estas mejoras han supuesto una inversión de alrededor de 800.000 euros para esta última fase de la obra. La obra incluyó el soterramiento de dos kilómetros de línea aérea que discurría por el municipio de Los Realejos, donde se ubicaban las torres que Endesa desmontó.

El Supremo desestima el incidente de nulidad del Gobierno en contra de la sentencia de la financiación del bono social

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Europa Press / EFE.- La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo desestimó el incidente de nulidad presentado por el Gobierno en contra de la sentencia del mismo tribunal en la que se anulaba el mecanismo de financiación del bono social de la luz, un descuento del 25% para determinados consumidores considerados vulnerables que supone 200 millones de euros anuales, según el auto judicial.

La Administración del Estado había presentado este incidente de nulidad el 18 de noviembre. Entre otros argumentos, el Gobierno consideraba que la sentencia vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva por no haberse presentado cuestión de inconstitucionalidad ni una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Supremo desestima estos argumentos y aprovecha para recordar a la Administración que son coincidentes “en gran medida” con los que el propio incidente de nulidad que el Abogado del Estado presentó en febrero de 2012, después de que el mismo tribunal anulase por primera vez el mecanismo de financiación del bono social. Por este motivo, reproduce de forma literal la contestación que dio al Gobierno hace cuatro años.

La sentencia denunciada por la Administración, publicada en octubre, anula el mecanismo de financiación del bono social recogido en la reforma energética, por el que el coste de esta ayuda recaída sobre las eléctricas con actividades verticalmente integradas, que son en su mayor parte Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo. La sentencia obliga a diseñar un nuevo mecanismo de financiación, lo que ya ha hecho el Gobierno junto al PSOE y Ciudadanos a través de un real decreto ley de financiación del bono social que carga el coste sobre las comercializadoras. Además, el Supremo obliga a compensar a las eléctricas por haber sufragado el bono desde 2014. En total, esta compensación rondará los 500 millones de euros.

En el incidente de nulidad desestimado, la Abogacía del Estado denunciaba una incongruencia omisiva del Supremo porque el tribunal «viene a afirmar que podría haber otras opciones para elegir a los financiadores del bono social que a su juicio serían más adecuadas», sin afirmar «cuál de ellas sería mejor» y limitándose a indicar que «la elegida por el legislador no le gusta». El Supremo responde que «no le gusta el sistema de financiación elegido» porque es «contrario al Derecho de la Unión Europea». El mecanismo de financiación, recuerda, «no es una decisión que corresponda al órgano jurisdiccional», sino al legislador.

El auto del Supremo impone además a la Administración unas costas por valor de 2.000 euros. Como parte del proceso, la sala solicitó las alegaciones de las partes implicadas, entre ellas Iberdrola, que es una de las empresas que denunciaron el mecanismo de financiación y a las que el tribunal había dado la razón. En su escrito como parte personada, remitido al tribunal el 1 de diciembre, Iberdrola no solo pidió que se desestime el incidente de nulidad, sino que también se impusiera «la pertinente multa a la Administración del Estado por temeridad en la presentación de dicho incidente». El Supremo ha rechazado este extremo.

El pasado 26 de octubre, el Supremo anuló el régimen de financiación del bono social por incumplimiento de la exigencia establecida en la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. En concreto, el documento establece que «las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables». La directiva reconoce además la obligación de garantizar a las empresas eléctricas de cada comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales.

En opinión de los magistrados, la metodología empleada desde 2014 para repartir entre las compañías eléctricas que desarrollan actividades verticalmente integradas el coste del bono social no ha quedado debidamente justificada ni en la normativa ni tampoco en los alegatos de la propia Administración. De este modo, el Supremo tildó de «carente de sentido» que la financiación recayera en agentes, algunos de ellos «con muy escaso peso en el conjunto del sector», y por el contrario se eximiera de dicha carga a otras entidades o grupos empresariales «en mejores condiciones».

Gas Natural Fenosa vende cuatro edificios corporativos en Madrid por 206 millones de euros

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EFE / Servimedia.- La multinacional energética Gas Natural Fenosa ha cerrado la venta de cuatro edificios de la compañía en Madrid por unos 206 millones de euros, una operación que le reportará unas plusvalías netas de unos 35 millones por 57.000 metros cuadrados y sus 1.695 plazas de aparcamiento. En una comunicación a la CNMV, Gas Natural ha precisado que ha vendido su sede en Madrid, situada en la Avenida de San Luis, 77 a Zambal Spain, la socimi del fondo IBA Capital Partners, por 120 millones de euros.

El edificio de oficinas adquirido por Zambal dispone de una superficie cercana a los 31.900 metros cuadrados y 979 plazas de aparcamiento situadas bajo rasante. En cuanto a los otros tres inmuebles, se han vendido por 86,5 millones a un inversor institucional cuya identidad no se reveló por motivos de confidencialidad. Se trata de los inmuebles situados en la Avenida América, 38; en la calle Antonio López, 193; y en la calle Acanto, 11-13, que suman una superficie cercana a los 25.100 metros cuadrados y disponen de 716 plazas de garaje. Tras la venta de los edificios de Madrid, Gas Natural Fenosa continuará ocupando los inmuebles en régimen de alquiler.

Abanca vende Gas Natural Galicia

Por otro lado, la Xunta de Galicia y Gas Natural Fenosa cerraron la adquisición a Abanca del 9,94% de Gas Natural Galicia por un importe total de 9 millones de euros. La multinacional energética compró el 6,85% del capital de la empresa distribuidora por 6,2 millones de euros, mientras que la Xunta se hizo con alrededor del 3,1% restante por 2,8 millones, según indicó Gas Natural Fenosa. Tras esta operación, Gas Natural Fenosa pasa del 61,6% al 68,5% del capital de Gas Natural Galicia, mientras que la Xunta eleva su participación del 27,8% al 30,9%. El 0,6% restante es propiedad del Ayuntamiento de A Coruña.

Crecimiento de Gas Natural Galicia

«Esta operación reforzará el proyecto de crecimiento que Gas Natural Galicia tiene para los próximos años», resaltaron. La compañía cuenta en la actualidad con una red de distribución de casi 3.400 kilómetros y da suministro a cerca de 263.000 clientes en 73 municipios, lo que supone que el 68% de la población gallega está en disposición de utilizar esta energía. Para alcanzar estas magnitudes, la compañía distribuidora ha invertido cerca de 440 millones de euros en los últimos 15 años.

El delegado general de Gas Natural Fenosa en Galicia, Manuel Fernández Pellicer, destacó que esta operación demuestra la confianza de la empresa energética en el desarrollo de Galicia. «El incremento de nuestra participación en Gas Natural Galicia nos permitirá seguir creciendo de la mano de un socio tan relevante como la Xunta que, desde el primer momento, entendió los beneficios que aporta esta energía a la sociedad y apoyó el proyecto de gasificación, como también lo hizo Abanca con su participación durante 18 años vitales para el desarrollo de esta infraestructura en Galicia», afirma Pellicer.

El Gobierno deberá permitir a las eléctricas que repercutan al cliente el bono social, según expertos

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Europa Press.- El Gobierno se verá obligado a permitir que las comercializadoras de las compañías eléctricas encargadas de suministrar el precio regulado de la luz puedan repercutir el bono social al consumidor final si quiere que el nuevo mecanismo de financiación sea legal, según indicaron desde fuentes jurídicas y del sector.

El nuevo mecanismo de financiación del bono social pactado entre el Gobierno y el PSOE carga el coste de esta ayuda, de unos 250 millones de euros anuales, sobre el conjunto de las comercializadoras de electricidad, y lo hace en función del número de clientes de cada empresa, según el decreto ley aprobado por el Ejecutivo. Dentro de las comercializadoras, existen dos grupos, las de mercado y las de referencia. Estas últimas suministran a los clientes domésticos el precio regulado, conocido como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), y son en su mayor parte filiales de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo.

Las fuentes explican que las comercializadoras de mercado repercutirán sin cortapisas el bono social al consumidor final, cosa que no podrán hacer las de referencia, ya que el PVPC se configura con la adición por el Gobierno de diversos costes reconocidos, ya sean los de mercado, los regulados y los de comercialización. Si durante el desarrollo normativo del decreto a las comercializadoras de referencia no se les reconoce la posibilidad de repercutir al cliente el coste adicional del bono social, podrán recurrir ante los tribunales al sentirse discriminadas con respecto a las comercializadoras de mercado. Muy probablemente ganarán. La jurisprudencia acumula numerosos ejemplos de empresas con actividades reguladas que denuncian una insuficiencia de ingresos y que ganan en los tribunales.

Las propias comercializadoras de referencia han logrado recientemente que el Tribunal Supremo les dé la razón y obligue al Gobierno a reconocerles un margen de comercialización suficiente. Precisamente, el decreto del margen de comercialización eléctrica también reconoce a estas comercializadoras reguladas su capacidad para repercutir al cliente el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cuyo coste, como el bono social, también había cargado el Gobierno a las empresas. Las fuentes consideran que lo ocurrido con este fondo de eficiencia es un caso análogo al bono social. Las empresas denunciaron ante los tribunales la obligación de costearlo y el Gobierno les ha reconocido la posibilidad de trasladar este coste al consumidor final, sin esperar la resolución judicial.

Las comercializadoras de mercado también dispondrán de margen para recurrir, ya que al repercutir el coste del bono social al consumidor verán cómo sus ofertas pierden atractivo con respecto a un PVPC que no incorpora este importe y que se convertirá en una «tarifa subsidiada» en la que no se reconocen todos los costes. «El PVPC es un agente recaudador del sistema que se calcula recogiendo todos los costes. Que no recoja un coste nuevo para la comercializadora, en este caso el bono social, plantea un debate jurídico serio», asegura un abogado especializado en Energía.

El bono social será ahora financiado en un 89% por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, indemnizada por el Gobierno

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Servimedia.- El Ministerio de Energía indemnizó a Gas Natural Fenosa por la responsabilidad patrimonial del Estado con 2,63 millones de euros por los daños y perjuicios causados por un real decreto de 2013 que trataba de poner coto al déficit eléctrico. Por otro lado, el 89% de la financiación del bono social de electricidad recaerá ahora en Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, según lo recogido en el decreto que aprobó el Gobierno para cargar la financiación sobre todas las comercializadoras.

Este nuevo reparto de la financiación se mantendrá hasta que el Ejecutivo apruebe, en 3 meses, un nuevo decreto que recogerá el desarrollo normativo del ahora aprobado. Dicho reparto transitorio, basado en el número de clientes de las comercializadoras, establece que Endesa, a través de dos sociedades, hará frente al 37,7% del bono, Iberdrola del 35,5% a través de dos sociedades y Gas Natural Fenosa del 15,85% a travésde tres sociedades. Otras dos empresas que tendrán una participación significativa son EDP, del 5%, y Viesgo, del 2,2%. Con ello, estas cinco eléctricas harán frente al 96,2% de la financiación, quedando en otras 200 empresas la financiación del 3,8% restante.

El decreto impone, como obligación de servicio público, la asunción del coste del bono social eléctrico a las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o a las propias sociedades que así lo hagan, si no forman parte de ningún grupo societario. Hasta ahora, la financiación corría solo a costa de las matrices. El texto establece que la CNMC calculará anualmente los porcentajes de reparto aplicables y dará publicidad a la información. El decreto señala también que «esta obligación de que todas las comercializadoras paguen el bono social no tiene carácter permanente, previéndose que se procederá a su revisión al menos cada cuatro años, para adecuarla a la situación del sector eléctrico».

Indemnización a Gas Natural Fenosa

El Estado indemnizó a Gas Natural Fenosa por los daños y perjuicios causados por un real decreto de 2013 que trataba de poner coto al déficit eléctrico. El Ejecutivo justificó ese decreto, que contenía medidas para asegurar el equilibrio económico del sistema eléctrico, en tratar de no perjudicar a los consumidores mediante un aumento de la tarifa de la luz, en un contexto de crisis económica. El decreto modificaba el sistema de retribución de las actividades reguladas y la fórmula de retribución a las instalaciones del régimen especial para ahorrar entre 600 y 800 millones de euros anuales. Para ello, establecía que la retribución se actualizara tomando como referencia el IPC sin alimentos ni energía.