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El Ministerio para la Transición Ecológica modifica las nuevas reglas de funcionamiento del mercado eléctrico que aprobó el anterior Gobierno

Europa Press / EFE.- El nuevo Ministerio para la Transición Ecológica modificó la resolución aprobada por la anterior Secretaría de Estado de Energía sobre las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica. Esta resolución aprobada en mayo por el Ministerio de Energía que dirigía Álvaro Nadal provocó que la CNMC abriera una nueva batalla judicial con el Gobierno pugnando por las competencias para fijar, entre otros aspectos, la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

Según consta en el Boletín Oficial del Estado, una orden, firmada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aboca la competencia de la Secretaría de Estado de Energía y modifica la resolución. Todo coincide con el inicio del proyecto europeo de mercado intradiario continuo en el que los operadores de mercado y del sistema español confirmaron su participación.

La CNMC recurrió ante la Audiencia Nacional la resolución de la Secretaría de Estado de Energía al entender que se habían vulnerado sus competencias. En su recurso, la CNMC denunció el apropiamiento por el Gobierno de unas reglas para fijar el mercado intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada hora y que supone un volumen de entre un 3% y 5% de la energía. Solicitaba también medidas cautelarísimas para suspender de forma inmediata la normativa, para evitar cualquier inseguridad jurídica.

En la orden del BOE, se procede a modificar «dos aspectos concretos» de las reglas aprobadas en la resolución de mayo, «que entran en contradicción con lo aprobado por la CNMC a fin de dar más claridad al proceso de presentación de ofertas y que los agentes tengan definidos con precisión los términos en que tienen que hacerlas«. Se deja sin efecto la regla 11, «en lo que se refiere a la obligación de presentar ofertas por cada unidad de venta, que no será de aplicación para el mercado intradiario continuo», así como el guión relativo a la unidad de oferta de la regla 46.1.

Prevalece el criterio del regulador

Además, la orden establece que, en lo no previsto en la resolución de la anterior Secretaría de Estado de Energía para el mercado intradiario continuo, así como en contradicción o incompatibilidad con la resolución que se aprobó en junio por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC sobre procedimientos de desarrollo de la metodología de subastas regionales intradiarias entre España y Portugal, se aplicará lo dispuesto por el regulador.

La CNMC negoció con el regulador portugués un sistema transitorio por el que se mantendría un modelo de subasta parecido al actual para este mercado intradiario para, posteriormente, dentro de dos años proceder a su evaluación definitiva y decidir si se modificaba. La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que el gabinete dirigido por Nadal respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones.

En septiembre de 2016 Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno planteó a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

La nueva ministra ya ha señalado, respecto a los varios expedientes que la Comisión Europea tiene abiertos contra España, tanto en materia energética como en materia medioambiental, que forma parte de las «aspiraciones» del Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible». Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.

Bruselas ve «prudente» dar un margen de actuación al Gobierno ante el conflicto con la CNMC por los peajes eléctricos

Europa Press / EFE.- El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que Bruselas ha preferido ser «prudente» y hablar con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez antes de tomar la decisión de denunciar o no a España por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad.

«La Comisión ha tenido conversaciones con el Gobierno anterior sobre la independencia de la autoridad nacional reguladora. Se había conseguido avanzar un poco pero no a la velocidad que hubiera deseado la Comisión, que desea que el regulador sea el que regule los precios. Algunas de estas infracciones estaban preparadas pero pensamos que es prudente, en un escenario de cambio de Gobierno, hablar con el nuevo Gobierno«, indicó el comisario español. «Así que visitaré España y debatiré con el nuevo Gobierno cuál es la situación, qué soluciones se podrían encontrar y a qué ritmo se podría hacer», añadió el comisario en el marco de la reunión de ministros de Energía de los Veintiocho en Luxemburgo.

El Gobierno fija las tarifas

En cualquier caso, Arias Cañete ha subrayado que se trata de una infracción que se produce ya desde hace años, así como también hay otros socios comunitarios que tienen el mismo problema. El anterior Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que en la actualidad, esa comisión valida la metodología y el Gobierno fija las tarifas de peaje, que suponen más de un tercio de la factura.

El comisario y el Ejecutivo español vienen discrepando abiertamente desde que Bruselas abriese en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción a España, especialmente con el que fuera ministro de Energía del anterior Ejecutivo, Álvaro Nadal. En concreto, la Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, contraviene dos directivas comunitarias. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo de la luz, mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a los denominados peajes que fija el Gobierno.

Tras el cambio de Gobierno, Arias Cañete tendrá que establecer un diálogo con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha asumido las competencias energéticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo de Ribera será, por tanto, convencer a Bruselas para evitar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Precisamente, respecto a los expedientes abiertos contra España en materia energética y medioambiental, Ribera ha confiado en que puedan cerrarse «cuanto antes y de la mejor manera posible».

La CNMC y el Gobierno

Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, espera que el nuevo Gobierno no divida este organismo y le ceda las competencias para fijar los peajes eléctricos. En este sentido, Marín Quemada ha afirmado que todavía no sabe si el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de «partir» la CNMC, como había manifestado el anterior ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, pero reiteró que «ojalá no lo haga«.

Sobre los peajes eléctricos, indicó que tampoco conoce las ideas del Gobierno, aunque comentó que espera que les ceda las competencias, «como les ha conminado Bruselas». El presidente de la CNMC quiere que su institución tenga unas competencias en materia de energía «parecidas al resto de reguladores y agencias independientes de supervisión de Europa, similar a lo que hay en Francia, Alemania o Reino Unido».

Tras un primer aviso, la Comisión Europea abrió a España un procedimiento de infracción en 2016, al considerar que la fijación de los peajes debe estar en manos de organismos independientes, tal y como obligan las reglas comunitarias. Marín Quemada ha afirmado que todavía es «extraordinariamente» pronto para tomar estas decisiones, puesto que el nuevo Ejecutivo acaba de iniciar su gestión, pero ha manifestado que «la CNMC siempre está a disposición de hablar de todos estos temas porque son críticos«.

Unidos Podemos pide que la CNMC investigue a fondo posibles irregularidades y alteraciones en la potencia de la factura eléctrica

EFE / Europa Press.- Unidos Podemos demanda al nuevo Gobierno que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigue a fondo y sancione presuntas irregularidades en la factura eléctrica por parte de algunas empresas comercializadoras en relación a las tarifas de acceso y distribución de energía. La cuestión es esclarecer si Endesa y otras comercializadoras eléctricas alteraron la potencia contratada sin autorización de la Administración pública ni comunicación a sus clientes.

Unidos Podemos ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso que insta al nuevo Ejecutivo a que la CNMC incoe una investigación sobre posibles irregularidades que habrían cometido algunas compañías, como Endesa Distribución en Andalucía, en torno a la actualización del término de potencia. Estas iniciativas serán debatidas tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Podemos considera que algunas empresas distribuidoras podrían haber aplicado un cambio indebido en el concepto de la tensión nominal de voltios, lo que habría perjudicado a los consumidores en la factura de la luz.

El texto de la iniciativa recuerda que las medidas favorecedoras de la competencia son aquellas que permiten que se establezca concurrencia en la oferta de precio, pero nunca en el concepto de medida. Por ello, Unidos Podemos pide que la CNMC haga las comprobaciones necesarias de las propuestas comerciales de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, y en caso de que se demuestren vulneraciones de las obligaciones en relación al suministro, se inicie los trámites pertinentes para «sancionar» a aquellas empresas que hayan cometido infracción.

Además, reclaman el análisis de la resolución dictada por la Junta de Andalucía, que en 2015 certificó que, si bien se habían producido incrementos en la potencia contratada en más de 400.000 suministros de la compañía Endesa en la comunidad, no constaba ninguna solicitud de autorización para ello. Todo ello tras la reclamación presentada en 2009 por el ingeniero Antonio Moreno Alfaro, quien aseguraba que esta comercializadora había incrementado unilateralmente la potencia contratada, hasta una tensión nominal de 230 voltios, vigente desde 2003 y no aplicable a los suministros con los contratos suscritos con anterioridad. Asimismo, la empresa tampoco habría considerado la aplicación de un coeficiente incluido en la regulación.

Dos años más tarde, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía impuso a Endesa la obligación de regularizar el contrato de suministro, adecuar el término de potencia y devolver las cantidades indebidamente cobradas. Si bien se estimó que este incremento afectó a 424.194 suministros de esta empresa en Andalucía, el aumento de la tensión nominal de 230 voltios podría haber afectado a los 4,6 millones suministros conectados en esta comunidad, ya que existe un mecanismo legal que permite a las distribuidoras actualizar las tensiones.

Asimismo, pide incoar expediente para determinar el número de potenciales afectados por dicha irregularidad tanto en Andalucía como los que pudiera haber habido en el resto de España por haberse seguido prácticas similares por otras distribuidoras. Este cambio debería contar con autorización previa de la Administración competente, sin que constara solicitud alguna para ello, tal y como refleja una resolución de marzo de 2015 de la citada Dirección. En caso de que este cambio de tensión hubiera sido aplicado por el resto de compañías y en el resto del país, el número de suministros afectados sería de aproximadamente 24 millones.

Unidos Podemos lamenta que la electricidad española para los hogares fuera en 2017 la séptima más cara de entre los 28 países europeos. En su opinión, estos precios tan elevados se deben tanto al déficit de tarifa como a los altos costes de distribución y a las prácticas oligopólicas de las eléctricas, «que han sido las culpables de que la factura de la electricidad se haya encarecido de forma abrupta en los últimos diez años».

La CNMC presenta un nuevo recurso contra el Gobierno por una norma que le arrebata competencias relativas al mercado eléctrico

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una nueva batalla judicial contra una de las normas aprobadas por el Gobierno, al presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se aprobaron las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica.

Los mercados diarios de electricidad europeos están acoplados y funcionan con un sistema común de cálculo de precio y, de acuerdo con un reglamento europeo de 2015, son los reguladores europeos los encargados de diseñar la metodología para realizar esta actividad. La CNMC y ERSE, la autoridad reguladora portuguesa, habían acordado por esta razón la metodología de las subastas regionales intradiarias complementarias entre España y Portugal para que el sistema estuviera preparado para el próximo 12 de junio, fecha en que está previsto el lanzamiento del mercado intradiario continuo europeo.

Según la CNMC, la normativa fue aprobada el pasado 9 de mayo, y ha decidido recurrirla al entender que vulnera las competencias de la Comisión. El recurso supone un paso más en el frente que se abrió entre el organismo presidido por José María Marín Quemada y el exministro de Energía, Álvaro Nadal, en la pugna entre regulador y Gobierno por las competencias para fijar, entre otros aspectos, la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos. Ya en diciembre, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la CNMC contra el Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

En este nuevo recurso ante la Audiencia Nacional, la CNMC denuncia la apropiación por el Gobierno de unas reglas para fijar el mercado intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada una de las horas y que supone un volumen de entre un 3% y 5% de la energía. A partir del 12 de junio este mercado intradiario debe acoplarse con los del resto de Europa y operar como la Bolsa, aceptando ofertas de manera continua y a precios diferenciados. No obstante, la CNMC defiende que había negociado con el regulador portugués un sistema transitorio por el que se mantendría durante al menos dos años un modelo de subasta parecido al actual para este mercado intradiario.

Inseguridad jurídica la próxima semana

El acuerdo entre estos dos reguladores fue puesto en conocimiento de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ARCE) y del Ministerio de Energía, que lo recibió el pasado abril, aunque posteriormente cambió la regulación. Por eso, la CNMC ha presentado el recurso contencioso-administrativo y ha solicitado a la Audiencia Nacional una medida cautelarísima que suspenda la norma de forma inmediata, a fin de evitar la inseguridad jurídica a los participantes del mercado intradiario a partir del 12 de junio. Asimismo, fuentes conocedoras del proceso indicaron que, ante el cambio de Gobierno producido tras prosperar la moción de censura, hay lugar a una desestimación de este recurso si hubiera por parte del nuevo Ejecutivo algún cambio.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que el gabinete dirigido por Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC. Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En septiembre de 2016, Bruselas abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno planteó a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno. Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.

El margen de las petroleras descendió en marzo pero sigue por encima de la media registrada en la Unión Europea

EFE.- El margen bruto de las petroleras descendió en marzo, un 8,3% en la gasolina súper y un 5,8% en el gasóleo, aunque sigue estando por encima del indicador promedio de la Unión Europea (UE), según el informe de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El informe analiza la evolución de los precios de los combustibles en marzo, en el que el precio de la gasolina bajó un 0,5% y el gasóleo un 0,4%.

El margen bruto de distribución engloba los costes asociados a la distribución del carburante desde la refinería o los puertos hasta la estación de servicio, así como la rentabilidad del operador mayorista y distribuidor minorista, además de otros costes derivados de obligaciones como el mantenimiento de existencias mínimas de seguridad o la comercialización de biocarburantes con fines de transporte.

El margen bruto medio mensual de la gasolina súper 95 disminuyó en 1,55 céntimos en marzo y se situó en 17,2 céntimos, mientras que el del gasóleo bajó 1,08 céntimos hasta los 17,4 céntimos.

A pesar del descenso de dicho margen en marzo, el de la gasolina súper 95 en España fue superior en 7,2 céntimos de euros el litro al indicador de la UE y la diferencia con el mismo se incrementó un 33,8% con la que hubo el mes anterior.

En el gasóleo, el margen bruto medio en España fue superior en 5,7 céntimos de euros el litro al indicador de la UE, con lo que la diferencia fue un 23,6% superior a la registrada en febrero.

En relación a Francia, en marzo el margen bruto fue superior en 4,3 céntimos de euros en la gasolina súper 95 y en 4,9 céntimos en el gasóleo.

La diferencia con Alemania en el margen bruto fue aún mayor, de 10,3 céntimos en la gasolina súper 95 y en 6,8 céntimos el litro en el gasóleo.

En cuanto a los precios antes de impuestos de la gasolina en España, en marzo superaron los de la media europea y fueron 6,3 céntimos más caros que en la zona euro, aunque los de venta al público estuvieron 15,2 céntimos por debajo.

Los precios antes de impuestos del gasóleo en España superaron los de la media europea y fueron 4,1 céntimos más altos que los de la zona euro, mientras que los de venta al público se situaron 11,2 céntimos por debajo.

España fue el segundo país de la UE con la gasolina más cara antes de impuestos en marzo y el quinto en el caso del gasóleo.

En marzo, la evolución de los precios de venta al público de los carburantes fue desigual, ya que, aunque hasta mediados de mes bajaron, a partir de ese momento iniciaron una tendencia al alza.

Según el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), en la última semana de abril los precios de la gasolina han subido en España un 0,55% y los del gasóleo un 0,59%, con lo que se mantienen en los niveles del verano de 2015 que alcanzaron hace ya unas semanas.

La penúltima liquidación del sector eléctrico refleja un superávit provisional de 117 millones de euros en 2017, según la CNMC

Europa Press / EFE.– La penúltima liquidación del año del sector eléctrico arroja un superávit de 117 millones de euros, 107,6 millones más de lo previsto, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo publicará a finales de año la liquidación definitiva (la número 15), en la que se conocerá la distribución definitiva de ingresos y costes de los distintos sistemas y si finalmente incurren en superávit o déficit de ingresos.

Dado que en la liquidación 14 los ingresos son superiores a los costes reconocidos, no es necesario aplicar coeficiente de cobertura. La demanda registrada en la liquidación 14 fue de 243.005 GWh, un 2% superior a la prevista según la memoria de la orden de peajes de acceso de 2016 (230.288 GWh) y un 1,4% superior a la demanda prevista para el cierre del ejercicio en la orden de peajes de acceso de 2017 (239.567 GWh). Este hecho ha posibilitado un superávit de 117 millones de euros, frente a los previstos de 9,4 millones de euros y de 3,8 millones en las órdenes de peajes del año 2016 y 2017.

El consumo por periodo horario fue superior al previsto para el ejercicio, excepto en el caso de los pequeños consumidores con peajes 2.0 A, 2.1 A y, con carácter general, los conectados en media y alta tensión. Sin embargo, la potencia por periodo horario registrada fue inferior a la prevista inicialmente para 2017, excepto para los consumidores de alta tensión.

Los ingresos regulados fueron inferiores a los previstos tanto en la facturación por el término de energía, como en la facturación por el término de potencia. Así, en los peajes de acceso se registraron 58,9 millones de euros menos con respecto a las previsiones. Las causas fueron la diferente estructura de consumo por grupo tarifario y por periodo horario, y la evolución negativa de la potencia contratada por los clientes conectados en baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW y en media tensión.

Por otra parte, los ingresos tributarios derivados de la Ley 15/2012 también fueron inferiores a los previstos y alcanzaron los 2.829 millones de euros, un 10,3% (325,5 millones de euros) inferiores a los ingresos previstos para el ejercicio. Los costes regulados en la liquidación (17.433 millones de euros) han resultado 445 millones de euros inferiores a los previstos para el ejercicio debido fundamentalmente a que la retribución adicional y especifica de los sistemas extrapeninsulares ha sido inferior a la prevista.

En cuanto a las energías renovables, en la liquidación 14 se han realizado reliquidaciones según la metodología de retribución establecida en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 68,622 millones, antes de IVA o impuesto equivalente. Al cierre de esta liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares.

En cuanto al sector gasista, el déficit del gas fue de 12 millones de euros, nueve veces inferior al de 108 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados ascendió a 2.977 millones de euros, cantidad un 4,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos netos liquidables ascendió a 2.712 millones de euros, un 1,3% superior al de la misma liquidación del ejercicio anterior.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.694 millones de euros, cifra que incluye las retribuciones aprobadas en la Orden ETU/1977/2016 pero que descuenta la retribución por operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló varios artículos del decreto que fijó las indemnizaciones, y las aprobadas mediante resoluciones de la DGPEM en el 2017. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acredita en esta liquidación una retribución variable de 31 millones de euros. Como resultado se tiene una retribución total acreditada de 2.725 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del año anterior.

En esta liquidación se obtiene un déficit en términos de caja de 12 millones de euros, frente al déficit de 108 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. El índice de cobertura fue del 99,5% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2017 facturada hasta el 28 de febrero de 2018, ascendió a 348,4 TWh incluida carga de cisternas desde plantas. Esta cantidad es 28,6 TWh superior a la del ejercicio 2016, lo que supone un aumento del 8,9%.

El Gobierno estará «vigilante» con la evolución de los precios de los carburantes ante el repunte del barril de petróleo

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno estará «vigilante» con los márgenes de comercialización de los carburantes ante el episodio actual de repunte en los precios del petróleo, que ha consolidado el barril por encima de los 75 dólares. En este sentido Nadal indicó que, cuando «hay tensión de precios, lo que queremos que los precios reflejen el verdadero coste del barril y no otras cosas».

Nadal recordó que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien debe actuar si existe cualquier tipo de anomalía al respecto, aunque señaló que el Gobierno «siempre puede hacer su análisis para poner de manifiesto elementos, por si los considera adecuados para vigilar y actuar sobre ellos la propia CNMC». No obstante, afirmó que «por ahora» el Gobierno no ha visto «un comportamiento diferenciado» en este sentido del precio de los carburantes respecto al resto de mercados europeos. «Pero estamos siempre mirándolo, lo miramos semanalmente», apuntó.

No obstante, Nadal mostró su preocupación por el nuevo repunte en los precios del petróleo, después del que ya se registró en 2017 que llevó el barril por encima de la cota de los 60 dólares, ya que «cuando sube el petróleo es malo para España«. «No puedo predecir qué va a ocurrir en el futuro, pero es una cosa que siempre le preocupa al Gobierno, ya que España es un país que necesita un petróleo a precios adecuados para que la economía funcione», añadió.

De todas manera, Nadal consideró que todavía es pronto para saber si este incremento en los precios del petróleo va a suponer un descuadre en los Presupuestos, que se basan en las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión Europea. «Por ahora, no se está trasladando al mercado de futuros esa volatilidad que vamos viendo en el mercado spot, por tanto es pronto para saber si la previsión es incorrecta o no», afirmó Nadal, quien subrayó que el impacto de los actuales precios del petróleo podría suponer un ajuste de «alguna décima».

Equilibro entre competitividad y medioambiente

Por otro lado, el ministro de Energía ha abogado por lograr un equilibrio entre el cumplimiento de los compromisos medioambientales fijados por la Unión Europea y lograr unos precios de la energía eléctrica que garanticen la competitividad de la economía española. En este sentido, Nadal ha explicado que la política energética debe tener el mínimo componente ideológico posible y más realismo. Por ello, no ve lógico tratar de conseguir los máximos objetivos medioambientales en un país, como España, con más de 3 millones de desempleados.

El titular de Energía indicó que la postura del Gobierno es cumplir los compromisos fijados por la Unión Europea y minimizar los precios para lograr un máximo de competitividad. Nadal ha criticado la posición de algunos grupos políticos que apuestan por maximizar las políticas medioambientales «como si fuéramos Suecia«. El ministro recordó que la energía producida en España es más cara porque el país no cuenta con los recursos hidráulicos y de gas que existen en el norte de Europa.

Nadal ha advertido de que las decisiones de política energética «van al final al recibo» de la luz que pagan los consumidores. El ministro cree que «no son sensatos» los planteamientos de algunos grupos que piden eliminar algunas tecnologías de generación sin tener en cuenta su impacto en los precios de la energía. Nadal ha defendido la continuidad de las centrales nucleares como energía de base y ha dicho que a algunas empresas, en concreto si tienen plantas hidroeléctricas y parques eólicos antiguos, les podría convenir su cierre porque el precio de la electricidad subiría.

El ministro ha defendido la Proposición de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Popular para ampliar los criterios que se pueden tener en cuenta para autorizar el cierre de centrales eléctricas. Según Nadal, cualquier decisión en ese ámbito debe responder al interés general y no sólo a una decisión empresarial y, aunque admitió que la regulación «es un mal sucedáneo del mercado», ha recalcado que, cuando no hay suficiente competencia, «hay que regular«.

Desestimados los recursos de las comercializadoras contra el Ayuntamiento de Madrid por exigir la etiqueta A de suministro 100% renovable

Europa Press.- El Tribunal Administrativo de Contratación Pública ha desestimado los recursos presentados por Gas Natural Fenosa, Endesa e Iberdrola contra las cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica renovable de edificios municipales y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

La Junta de Gobierno aprobó en marzo los nuevos pliegos. En los anteriores, recurridos por Gas Natural, en función de la etiqueta se otorgaban 5 puntos adicionales si la empresa acreditaba la etiqueta A. En esos pliegos, la exigencia de certificación estaba en los criterios de adjudicación. En los pliegos del acuerdo de marzo de 2018 dicha exigencia está «en la solvencia», según el Consistorio.

El actual acuerdo marco incorpora como criterio de solvencia técnica la certificación emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de que la energía comercializada es de origen 100% renovable. Un total de 76 comercializadoras suministran esta energía, siendo empresas de tamaño grande, mediano y pequeño. Esto supone el 64% de las comercializadoras. Desde enero de 2017 toda la energía que circula por los 1.300 puntos de suministro eléctricos que hay en los edificios municipales es íntegramente de origen renovable (mezcla de hidráulica, eólica y solar).

Con fecha 4 de abril, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública acordó la suspensión del expediente de contratación a partir del momento previo a la apertura de las ofertas. Los demandantes señalaban su interés por participar en la licitación y verse perjudicadas pues «la redacción actual de las cláusulas les impedía concurrir en igualdad de condiciones a la licitación y con la impugnación se pretende conseguir la anulación del pliego y poder participar en otra licitación que remueva las dificultades que advierten en esta licitación».

Los recursos inciden fundamentalmente en dos aspectos de los pliegos. Por una parte, consideran que no existe vinculación entre el objeto del contrato y los criterios de solvencia que se exigen. Por otra, Gas Natural considera que se trata de un criterio de capacidad técnica de imposible cumplimiento legal puesto que los certificados de garantía de origen de la energía suministrada a un consumidor se expiden una vez cumplido el contrato y por tanto no se pueden adjuntar en la documentación acreditativa de la solvencia de los licitadores. Pero el Tribunal Administrativo de Contratación Pública acumuló los tres recursos, y procede a desestimarlos. Asimismo, acuerda levantar la suspensión del procedimiento.

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha destacado en los pasillos del Palacio de Cibeles que hoy es «un grandísimo día para la responsabilidad social del Ayuntamiento con la contratación responsable que puede servir de precedente para administraciones de toda España». «La decisión del Tribunal de la Administración de la Comunidad da la razón al Ayuntamiento a la hora de valorar de forma positiva el acuerdo marco de suministro de energía, un contrato de 82 millones con el que se adquiere la energía de edificios municipales y que exigía como criterio de solvencia técnica que las empresas que concursan tenga etiquetado A de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia», ha explicado.

Este plan supone «menos emisiones para la ciudad y generar un entorno social y empresarial que favorece la concurrencia». Ahora las empresas suministradoras de energía que trabajen con el Ayuntamiento de Madrid deberán acreditar que emplean energías renovables al 100%. El acuerdo, vigente entre julio de 2018 y el 30 de junio de 2020, facilita el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas, incorpora criterios de eficiencia energética y de inclusión social y recoge la exigencia de que la energía comercializada sea de origen 100% renovable.

Con él se incorpora como criterio de solvencia técnica la certificación emitida por la CNMC de que la energía es de origen 100% renovable. De acuerdo con la CNMC en 2016, más del 65% de las empresas que participan en el sistema de garantía de origen comercializarían energía con un mínimo impacto ambiental. Este acuerdo facilitará el acceso a la licitación de pequeñas y medianas empresas al dividirse en cuatro lotes y elevar el porcentaje de pago mediante cuotas mensuales desde el 80% al 90%. Esto posibilita que los concurrentes con menor capacidad financiera puedan acceder a la contratación pública.

También recoge la exigencia de que la energía sea de origen 100% renovable en consonancia con los compromisos recogidos en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático, que incluye la incorporación de criterios de sostenibilidad en la contratación municipal. Para ello incorpora como medio de acreditación de la solvencia técnica de la empresa aportar la certificación emitida por la CNMC de que la energía comercializada es de origen renovable. Otras exigencias del contrato se refieren a las medidas de eficiencia energética, entre las que figura la corrección del factor de potencia, las operaciones de ajuste de potencia contratada a la demanda real y la obligación de disponer de una plataforma para la lectura remota de los contadores.

Acciona consigue la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para la venta de sus termosolares en España

Europa Press. – Acciona ha logrado la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la venta de su cartera de plantas termosolares en España.

Esto se traduce en la transacción de cinco instalaciones en operación, que suman un total de 250 megavatios (MW) de potencia, a la firma ContourGlobal, una operación acordada el pasado mes de febrero por un importe de entre 1.093 y 1.120 millones de euros.

El grupo que preside José Manuel Entrecanales destinará a reducir 760 millones de euros de deuda el importe que obtenga en la transacción, que se enmarca en su estrategia de rotación de activos maduros.

Específicamente, Acciona ha vendido cinco plantas de generación de energía termosolar, cada una de ellas de 50 MW de potencia, repartidas por las provincias de Badajoz, Cáceres y Córdoba.

Estas cinco plantas españolas han supuesto una inversión conjunta de más de 1.200 millones de euros y actualmente producen energía limpia equivalente al consumo de más de 200.000 hogares, evitando la emisión de más de medio millón de toneladas de CO2.

En cuanto al comprador, se trata de un operador independiente de plantas de generación de energía con sede en Londres y con instalaciones repartidas en 19 países de Europa, América Latina y África, que suman aproximadamente 4.100 MW de potencia.

El cierre de esta desinversión quedó condicionado a la consecución de la correspondiente autorización de las autoridades de competencia españolas, que ahora otorga la CNMC.

La CNMC critica que Energía no introduzca ninguna novedad en el mecanismo de interrumpibilidad para cumplir con la Unión Europea

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no haya aprovechado para llevar a cabo una revisión del mecanismo de interrumpibilidad para adaptarlo a la normativa europea, de cara a la nueva subasta que se realizará para el periodo comprendido de junio a diciembre de este año, después de la primera, destinada a cubrir el periodo enero-mayo, que se celebró en diciembre.

La CNMC ha recordado que en la anterior orden de esa subasta ya expuso que el Ministerio de Energía debería haberla planificado mejor, de forma que cubriese todo el año. En su informe sobre la propuesta de orden del Gobierno para subastar potencia interrumpible durante los 7 últimos meses del año, la CNMC señala que el Ministerio justificó la existencia de dos subastas este año por necesitar más tiempo para adaptar el servicio de interrumpibilidad a las exigencias de Bruselas y los cambios que introducirá el nuevo marco regulatorio europeo, cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2018. Sin embargo, el organismo señala que no aprecia en la propuesta del Ministerio «ninguna de las reformas regulatorias prometidas anteriormente».

Asimismo, al igual que en noviembre en su informe sobre la primera subasta de potencia interrumpible para 2018, la CNMC advierte del elevado coste que implica el mecanismo y considera que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad». A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros.

Dos cambios para la subasta

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio de Energía, la CNMC considera que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente» para aumentar el número de empresas en la subasta, por lo que recomienda considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW.

Asimismo, comparte que se impida la participación en la próxima subasta a aquellas empresas con deudas pendientes con el operador del sistema, Red Eléctrica, en relación con el servicio de gestión de la interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar. A este respecto, señala que en el primer trimestre de este año, el servicio se ha activado 35 horas, con un total de potencia interrumpida de 16.749 megavatios (MW), según Red Eléctrica.

Energía publicó en noviembre pasado una orden para que la interrumpibilidad pudiera ser usada no sólo como un mecanismo de ajuste del sistema cuando falta potencia, sino también como herramienta para la contención del precio de la electricidad. En los dos primeros meses de 2018, la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones por motivos económicos, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

En la subasta que se hizo para el periodo entre enero y mayo de 2018, se adjudicaron un total de 384 lotes de potencia interrumpible a 117 pujadores de los 128 que se presentaron. El precio medio de asignación fue de 108.245 euros por megavatio y año en los bloques de 5 MW y de 235.167 euros por megavatio y año en los de 90 MW, mientras que la media ponderada se situó en 143.393 euros por megavatio y año.