La presente legislatura ha supuesto un cambio capital en el capítulo de los órganos reguladores de los sectores económicos de España. Sin contar con el apoyo de la oposición, el PP aglutinó los 6 organismos anteriores, desde la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en un único macroregulador: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la consecuente mezcolanza de departamentos bajo el mandato de José María Marín Quemada.
Un modelo en el punto de mira de Bruselas, que cuestiona cómo se ha ejecutado el proceso y que tenga cabida en las directivas europeas. Debe considerar el PP que hizo lo correcto al crear el nuevo organismo macroregulador cuando en su programa electoral no lleva ninguna referencia a la CNMC. Tampoco lleva referencias al papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), carencia compartida por el resto de partidos políticos.
Tampoco se menciona a la CNMC en el programa de Podemos. Y eso que tienen una visión bastante negativa de lo acontecido con el regulador. Precisamente, en entrevista a Energía Diario, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, apuntaba que «el nuevo superregulador ya no es independiente puesto que sus miembros son nombrados por Real Decreto del Gobierno. En definitiva, tal y como está planteada, la CNMC no se ha creado para fomentar la competencia y la transparencia, sino todo lo contrario, para blindar al oligopolio. Es evidente que habría que modificar todo esto y adoptar medidas para que este organismo realmente sirva para favorecer la libre competencia, la transparencia y la defensa de los derechos de los consumidores».
Quién sí que lleva una propuesta de cambio en su programa es el PSOE. En primer lugar plantean «evaluar» el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013 y, en su caso, «estudiar su transición hacia un modelo de regulador convergente, similar al existente en Alemania«. Según explican los socialistas, se trataría de separar la CNMC en un organismo regulador «para los sectores económicos en red (energía, telecomunicaciones, sector audiovisual, transporte, sector postal)» y en un organismo de Competencia.
El PSOE se propone «impulsar el reforzamiento de los organismos de competencia y de regulación de mercados dotándolos de mayor independencia funcional y recursos» con un modelo que consideran más próximo a los países de nuestro entorno. Finalmente, los socialistas aseguran que este modelo «dispondrá de la autoridad necesaria de Competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado».
La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, denunció en Energía Diario que el Gobierno del PP había «debilitado» al organismo regulador con una modificación «en contra del criterio de la Unión Europea, de la racionalidad económica y de nuestra radical oposición«. Según sus palabras, desde el PSOE garantizarán su independencia ya que consideran el regulador básico para «promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia efectiva y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores». Por ello anunció la intención de «modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos reguladores».
Otro partido que acude a las urnas con un modelo claro de regulador es Ciudadanos. «La independencia de la CNMC no ha existido porque el Gobierno nunca ha creído en tal. Hay que volver a empezar en el diseño de este organismo clave ya que la estructura actual de la CNMC es el peor de todos los mundos posibles«, denuncia el programa electoral de Ciudadanos, que propone su reforma. «Proponemos la separación de Competencia de Regulación, que puede estar a su vez dividida en dos o tres áreas», dice Ciudadanos.
El programa va más allá e incorpora un procedimiento completamente detallado para proceder al nombramiento de los consejeros así como propuestas para asegurar su independencia funcional y presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Asimismo, Ciudadanos resalta que la CNMC debe cumplir con sus obligaciones de transparencia y publicar los órdenes del día del organismo regulador y publicar las actas y las resoluciones de una forma más rápida que la actual ya que «tardan meses en ser publicadas». Finalmente, aseguran que el regulador debe tener su propio servicio legal para no depender de la Abogacía del Estado.
«La fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados en único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro», indicó a Energía Diario el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.
